Cuadernos para la transformación territorial

Cuadernos

Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc

para la Transformación Territorial Monitoreo a la Implementación del Acuerdo Final de Colombia

Pastoral Social

Cáritas Colombiana Por una Colombia justa y fraterna

Punto 1 Hacia un nuevo

campo colombiano Reforma Rural Integral

Este punto del Acuerdo plantea las mayores transformaciones a largo plazo y fija las bases para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población rural.

A través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Reforma Rural Integral (RRI) contempla la distribución de tierras para quienes no tienen o tienen insuficiente, en procura de cerrar las brechas socioeconómicas entre la Colombia rural y la urbana.

Durante el periodo de este informe (12/2018-11/2019), hubo avances iniciales en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en la política para modernizar el sistema catastral. El Acuerdo también estableció la creación de un Fondo de Tierras que dispondrá de tres millones de hectáreas en el primer año de creación.

El avance

700.000

hectáreas (ha)

ingresaron al Fondo de Tierras, aunque no se inició su adjudicación.

1.078.865 hectáreas (ha)

fueron adjudicadas a campesinos, de las cuales 327.909 fueron destinadas a mujeres rurales, en desarrollo del enfoque de género del Acuerdo.

839.587

hectáreas (ha)

fueron adjudicadas por la ANT a través de procesos de ampliación y constitución de Resguardos Indígenas y Titulación Colectiva a Comunidades Negras.

Para seguir construyendo confianza entre el Estado y las comunidades, es importante garantizar la inclusión y participación efectiva de las organizaciones sociales durante la implementación de la Hoja de Ruta de los PDET. También, apoyar las veedurías e impulsar la construcción de paz a través de los Consejos Territoriales de Paz.

La Reforma Rural en cifras PDET y PATR Más de 200.000 personas de 170 municipios, situados en 16 regiones, se reunieron para pensar cómo transformar sus territorios.

Estas personas idearon 32.808 iniciativas, de las cuales 4.606 (14%) tienen un enfoque de género y mujer rural, y 8.381 (25.6%) tienen un enfoque étnico.

Las iniciativas fueron agrupadas en ocho temas, llamados Pilares.

(1) Ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo, (2) Infraestructura y adecuación de tierras,(3) Salud rural, (4) Educación y primera infancia rural, (5) Vivienda rural, agua potable y saneamiento, (6) Reactivación económica y producción agropecuaria, (7) Derecho a la alimentación, y (8) Reconciliación, convivencia y paz.

Con estas iniciativas se planearon participativamente 16 Planes de Acción para la Transformación Regional Están en construcción 16 Hojas de Ruta, la herramienta que permitirá ejecutar las iniciativas PDET, articulando a las instituciones nacionales y territoriales.

Se han construido 1.109 pequeñas obras de infraestructura y beneficio comunitario, como estrategia de construcción de confianza con las comunidades de los territorios PDET.

Punto 2 Par ticipación política La implementación de este punto representa una oportunidad histórica para construir una democracia más incluyente en Colombia, necesaria para la superación de la violencia. Para este fin, el Acuerdo promueve mecanismos democráticos de participación ciudadana a nivel nacional y local, reconociendo las voces de organizaciones sociales, de mujeres y comunidades étnicas, entre otros.

El Cuarto Informe evidencia avances en procesos técnicos, como la participación de la sociedad civil en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y las campañas para promover la participación en las elecciones locales de 2019. Asimismo, presenta avances en la consolidación de los Consejos Nacional y Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Sin embargo, quedan muchos retos por superar, entre ellos la aprobación de reformas democráticas estructurales, como la reforma política y la reglamentación de la protesta social según el protocolo de 2018 derivado del Acuerdo. El Instituto Kroc sugiere presentar los proyectos normativos pendientes y promover los consensos para su aprobación.

Igualmente, garantizar el buen funcionamiento técnico y financiero del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y los Consejos Territoriales para crear compromisos claros frente a la implementación integral del Acuerdo.

En Junio de 2019, El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) definió 91miembros según cada sector representativo (sociedad civil o Estado).

22% 5% son personas pertenecientes

son mujeres

a organizaciones étnicas

A junio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz había apoyado técnicamente

528

Consejos Territoriales de Paz

que deben replicar la composición del CNPRC.

Por ejemplo: el Consejo Departamental de Paz de Caquetá ha contado con representantes del gobierno local, del partido Fuerza Alternativa y la sociedad civil, así como organizaciones LGBT y de mujeres.

En Chocó, por ejemplo, diferentes actores de la subregión de San Juan han impulsado un espacio de fortalecimiento y encuentro con los concejos municipales de la subregión, llamado el Consejo Subregional de Paz.

Cada Consejo funciona según su realidad territorial.

Punto 3 Fin del conflicto

El punto 3 busca ponerle fin al conflicto armado con las Farc-EP a través de la reincorporación socioeconómica de los y las excombatientes, la provisión de seguridad en los territorios más afectados por la violencia, las garantías de seguridad para quienes se acogieron al Acuerdo y la participación política.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) lidera el acompañamiento a los excombatientes. Los avances son el resultado del trabajo conjunto entre excombatientes, gobierno y la comunidad internacional.

El principal reto está en brindar las garantías de seguridad. Sin embargo, el Cuarto informe evidencia que las medidas implementadas se han dado de manera desarticulada y poco participativa. Según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, 2019 fue el año más violento para los excombatientes y los defensores de derechos humanos, con un impacto devastador para la implementación del Acuerdo Final.

Es fundamental continuar los esfuerzos de la ARN y la ANT para que los antiguos ETCR tengan tierras y sean sostenibles los procesos de reincorporación y desarrollo de proyectos productivos. También, fortalecer el Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección con enfoque étnico y de género, y esclarecer los casos de homicidio y amenaza contra excombatientes.

Es determinante asegurar el cumplimiento y la sostenibilidad de la ruta de reincorporación.

Así avanza la reincorporación socioeconómica

54

proyectos productivos colectivos

han sido aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)

Estos proyectos benefician a

2.712

excombatientes y sus familias.

El reto de la seguridad

De los

24 E TCR

Se han aprobado más de proyectos individuales involucrando alrededor de personas en proceso de reincorporación.

1.387 1.630

11 serán consolidados, 7 serán trasladados y 6 están en proceso de análisis y definición.

El Punto 3 incluye más de

60

medidas como parte

de un sistema enfocado en la prevención y reducción de la violencia política.

Durante 2019 fueron asesinadas

118

personas líderes y defensoras de derechos humanos

77

excombatientes de las FARC-EP también fueron asesinados, siendo el año de mayor violencia para quienes dejaron las armas.

A finales de 2019

12.940

excombatientes, de

los 13.202 acreditados, seguían en el proceso.

Punto 4

Solución al problema de las drogas ilícitas Este punto plantea una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

Sus componentes buscan acabar con el narcotráfico como economía de guerra, y generar oportunidades para que, a corto y mediano plazo, los campesinos transiten de los cultivos de uso ilícito a los legales.

Su implementación incluye acuerdos con los cultivadores, asistencia técnica, apoyo a proyectos productivos lícitos y la creación participativa de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) como parte de los PDET. Es decir, sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito con participación de las comunidades cocaleras, y así construir confianza entre ellas y el Estado.

Durante el periodo del informe, a pesar de las controversias, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se mantuvo, el Gobierno trazó la Hoja de Ruta y hubo progresos en la asistencia técnica y en los proyectos de seguridad alimentaria.

Hay muchas oportunidades para avanzar. Entre ellas, fortalecer las instancias de diálogo y gobernanza dentro del PNIS, ampliar la participación de la sociedad civil en la reforma de la política de drogas, priorizar la implementación de las iniciativas PDET en zonas PNIS o donde hay alta concentración de cultivos de coca sin este Programa, y atender efectivamente esta problemática en Parques Naturales Nacionales.

Cultivo:

Las condiciones agro ecológicas, geográficas y el aplazamiento de la solución de los conflictos agrarios históricos han propiciado el desarrollo de la economía cocalera en diferentes zonas del país. Hoy Colombia es el mayor productor de hoja de coca del mundo.

El cultivo del arbusto de coca se da en

23

departamentos

En 5 departamentos del país se concentra el

81%

del área sembrada Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander (Defensoría del Pueblo, SIMCI 2019)

del país

En 2018 había cerca de

212.000 hectáreas de coca cultivadas.

60.080

hectáreas de cultivos ilícitos constituyen la línea base del Programa

28,3%

Dentro del proceso de seguimiento hecho por la Iniciativa Barómetro se han identificado como avances que generan confianza frente a la implementación de este punto del Acuerdo Final, los siguientes:

del total de hectáreas sembradas en todo el país.

De las 171.000 hectáreas de coca sembradas en 2017 se pasó a 169.000 en 2018 y luego a 154.000 en 2019, rompiendo la tendencia al alza de los últimos años.

Familias en el programa PNIS: 99.097 familias, en 56 municipios están comprometidas con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Algunas de ellas en núcleos históricos de producción, con participación activa de FARC. Al finalizar el programa, cada familia debe tener acceso a un proyecto de productivo de ciclo corto, hasta el momento han comenzado alrededor de 500.

5.701 exrecolectores, se han vinculado a programas de capacitación y obras de beneficio comunitario, como parte de su transformación laboral.

Punto 5

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto Este punto está enfocado en las víctimas y procura la satisfacción de sus derechos. Para ello se acordó la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales que trabajan de manera coordinada e integral. Adicionalmente, se establecieron compromisos para la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos.

El SIVJRNR está conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD). Son entidades con autonomía e independencia para cumplir con sus respectivos mandatos. A esto se suma la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), que constituye el componente de reparación integral.

Durante el periodo del informe, la JEP, la CEV y la UBPD avanzaron en su despliegue territorial y lideraron procesos amplios de participación para las víctimas, especialmente las mujeres, población LGBT y comunidades étnicas.

Entre las recomendaciones para seguir avanzando está fortalecer las buenas prácticas del SIVJRNR en la implementación del enfoque étnico y de género y asegurar su cumplimiento a nivel territorial.

VERDAD: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

De acuerdo con el reporte del Sistema de Información Misional (SIM) de la Comisión de la Verdad, la Dirección de Conocimiento registra un total de 10.755 personas entrevistadas, a través de:

5.988 89 entrevistas

257

entrevistas entrevistas individuales individuales colectivas con actores armados

50

entrevistas a sujetos colectivos

23

diagnósticos comunitarios

La UBPD cuenta con 17 equipos territoriales y seis equipos satélites, los cuales tienen un área de cobertura sobre 864 municipios.

La CEV ha puesto en funcionamiento 22 Casas de la Verdad.

La UBPD ha recibido 5.389 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas.

JUSTICIA: Jurisdicción Especial para la Paz

12.572 personas se han sometido a la JEP, así: 77,6% (9.757)

integrantes de las extintas FARC-EP.

21,5% (2.702)

corresponde a personas de las Fuerza Pública.

La JEP ha recibido

287 informes por parte de

organizaciones de víctimas e instituciones del Estado.

0,8% (101)

0,1% (12)

son personas que son agentes del Estado diferentes a suscribieron acta de compromiso la fuerza pública por protesta social.

740 sujetos de reparación colectiva se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas, 386 sujetos se ubican en los municipios PDET.

Punto 6

Implementación, verificación y refrendación

El espíritu de este punto es crear las estructuras que permitan dar continuidad al diálogo y sostenibilidad al Acuerdo Final, así como promover el seguimiento y la veeduría de lo firmado en 2016.

Así se crearon la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IANPE), el Componente Internacional de Verificación (CIV), el Plan Marco de Implementación (PMI), el acompañamiento internacional y la Instancia Especial de Género, que en noviembre de 2019 publicó su Segundo informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación territorial.

En la Secretaría Técnica están el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). Y aquí se incluye el mandato de apoyo técnico por parte del Instituto Kroc.

En el periodo monitoreado, el Gobierno y el partido Farc utilizaron la CSIVI para alcanzar consensos en asuntos técnicos, pero no lograron acuerdos en la agenda legislativa y la seguridad para los excombatientes.

Las oportunidades de avance incluyen reactivar el rol de los notables –los exmandatarios Pepe Mujica (Uruguay) y Felipe González (España)- para fortalecer a la CSIVI como espacio de diálogo frecuente y enfocado a resolver diferencias; completar la revisión anual del PMI en la CSIVI y crear las comisiones territoriales de la CSIVI para dinamizar la implementación.

Es muy importante la participación de otros actores en las tareas de la implementación del Acuerdo. El Gobierno lideró esfuerzos para involucrar al sector privado y a la cooperación internacional, que así aportaron: El sector privado, a través del programa Obras por Impuestos, aprobó 65 proyectos durante el 2019 por un valor de 290 mil millones de pesos, los cuales beneficiaron a la mayoría de los municipios PDET.

La cooperación internacional, de acuerdo con el informe anual del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF), a diciembre del 2019,

el Fondo contaba con USD 145,7 millones, de los cuales USD 93,7 millones estaban en ejecución.

El Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial contribuyó con USD 7.100.000.

Al final de junio de 2019 el Fondo Europeo para la Paz reportó que alrededor de EUR 70.000.000

estaban en ejecución.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le desembolsó USD 12.000.000 al Fondo Colombia Sostenible para el año 2019.

Nuestro mandato y trabajo El Acuerdo Final de Colombia otorga al Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame la responsabilidad principal de brindar apoyo técnico y hacer el monitoreo a su implementación a través de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM). Como parte del Componente Internacional, desde el año 2016 el Instituto Kroc ha hecho seguimiento a la implementación de 578 compromisos contenidos en este Acuerdo.

Para cumplir con el mandato, la Iniciativa Barómetro cuenta con equipo especializado en recolección y análisis de información que monitorea, rastrea, valida y organiza diariamente datos y eventos de implementación recogidos a nivel local, nacional e internacional.

Con la información recolectada, periódicamente produce y difunde informes comprensivos que analizan, tanto cualitativa como cuantitativamente, los datos y los avances en la implementación de las 578 disposiciones del Acuerdo.

Queremos compartir con ustedes los datos más destacados del Cuarto informe comprensivo del estado de implementación del Acuerdo Final, monitoreo que realizamos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019.

Para conocer el informe completo: https://peaceaccords.nd.edu/cuartoinforme https://peaceaccords.nd.edu/barometro

Para más información sobre la Iniciativa Barómetro de la Matriz del Acuerdo de Paz (PAM): https://peaceaccords.nd.edu/ «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea».