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Abril de 2014
Boletín Informativo
Enero – Abril de 2014
Exigimos el reconocimiento de los Derechos Campesinos Campesinos y campesinas de todo el país están viviendo hoy, como hace décadas en Colombia, una violación sistemática a los DDHH y al reconocimiento de la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos. La crisis alimentaria, la destrucción/inexistencia de vías de acceso, la precariedad en la educación, salud y vivienda, sumadas a la persecución, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamiento masivo, más de 9,500 presos políticos, “falsos positivos” y muertes, hacen parte de las ya conocidas estrategias del poder hegemónico que ha ejercido el Estado colombiano sobre las miles de familias que viven del campo. El informe mundial de Human Right Watch, presentado en enero de este año, indicó que en Colombia “más de 5 millones de colombianos han sido desplazados internamente y cada año al menos 150.000 personas siguen abandonando su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos.” Esto debido a las disputas por las tierras y el dominio en el territorio entre las FFMM, que avalan el paramilitarismo; grupos “sucesores” paramilitares que siguen operando de la mano de poderes políticos y económicos en las regiones del país, y las guerrillas colombianas. Así mismo, estudios realizados por la organización no gubernamental (ONG) colombiana CODES -‐ Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en el 2012 el número de desplazados aumentó a 260.000, cifra que es evidencia clara de los alcances de la guerra silenciosa que afecta al campesinado, a la
población indígena y afro del país, así como a sectores populares en zonas urbanas. En el 2011 el gobierno colombiano sancionó el programa de Restitución de Tierras, en el marco de la Ley de Víctimas, que busca restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados. Sin embargo, a septiembre de 2013 informó que tan sólo tres (3) familias, de las 666 restituciones ordenadas y 45.000 solicitudes recibidas, habían regresado a vivir a sus tierras como sentencia de la Ley de Víctimas. Para agosto de 2013 la Fiscalía informó que investigaba la muerte de 43 “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras”, asesinatos cometidos desde 2008. Sin embargo, no ha imputado cargos por ninguna de las investigaciones, a pesar de que más de 700 desplazados y sus líderes denunciaron recibir amenazas entre enero y septiembre de 2012. En el 2013 se gestaron varios paros a nivel nacional, exigiendo garantías por parte del Estado a la población rural. Iniciando el año vivimos el paro cafetero, el cual dejó decenas de campesinos mutilados y terriblemente golpeados debido a los métodos “antidisturbios” del ESMAD, al mando del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón. A este paro se sumó otro en el Catatumbo, el cual tuvo como bandera la legalización de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) en la región, así como la reparación al campesinado afectado por la erradicación forzada de la hoja de coca: sustitución gradual y concertada e inversión social a través del Plan de Desarrollo Sostenible creado por las comunidades. Para ello se propuso al gobierno