Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno N° 8

Autoridades Ministro de Modernización Lic. Andrés Horacio IBARRA .........................................................................................................................................................................

Secretario de Empleo Público Ing. Pablo Martín LEGORBURU .........................................................................................................................................................................

Subsecretaria de Planificación de Empleo Público Lic. Cecilia María KLAPPENBACH .........................................................................................................................................................................

Director Nacional de Formación en Políticas Públicas Lic. Gonzalo Martín STRAFACE .........................................................................................................................................................................

Coordinador de la Escuela Superior de Gobierno Lic. Maximiliano CAMPOS RÍOS .........................................................................................................................................................................

Coordinador de Formación Lic. Mario KATZENELL

Equipo de trabajo Director: Gonzalo Straface ......................................................................................................................................................................... Secretario de redacción: Maximiliano Campos Ríos ......................................................................................................................................................................... Coordinador académico: Silvio Castro ......................................................................................................................................................................... Equipo editorial: Karina Nieto, Leila Tirpak, Isidoro Sorkin, Nicolás Vázquez, Paula Bercovich ......................................................................................................................................................................... Asesor editorial: Pablo Bulcourf ......................................................................................................................................................................... Corrección: Nadia Gabriela Caratti ......................................................................................................................................................................... Diseño y diagramación: Lucía Fernández Carrascal

El editor no se responsabiliza por los conceptos, opiniones o afirmaciones vertidas en los artículos de los colaboradores de la publicación, que son a título personal y de exclusiva responsabilidad de los respectivos autores. Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno es una publicación de la Escuela Superior de Gobierno y de la Dirección Nacional de Formación en Políticas Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización de la Nación. Es de carácter mensual y de distribución gratuita, tiene por objetivo la divulgación de la producción científica y académica del área de trabajo de la Escuela Superior de Gobierno. El contenido de esta publicación o las opiniones de los autores aquí incluidos no reflejan necesariamente el posicionamiento de la Escuela Superior de Gobierno, de las demás áreas de la que dependen, ni del Ministerio de Modernización de Nación de la República Argentina. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 511 (Oficina 706) — Barrio: San Nicolás — Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires — Código Postal: C1035AAA — Teléfono: 4343-9001 — int. 706. Correo electrónico: escueladegobierno@modernización.gob.ar / formación@modernización.gob.ar ISSN 2469-2417

ÍNDICE 05. EDITORIAL

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06. ENTREVISTA A Rudi Borrmann

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10. ESTADO DE LA CUESTIÓN La formación superior en Administración Pública: investigación, evaluación y redefinición curricular Por Dora A. Bonardo

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16. ESTUDIOS Y ARTÍCULOS Governo Aberto: lições da experiência brasileira Por Leonardo Granato El Estado abierto en la dimensión municipal: algunos desafíos Por Miguel Hero

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29. RESEÑAS Políticas públicas. Retos y desafíos para la gobernabilidad Autor: Dulfray Calderón Sánchez (comp.) Por Ramiro Gamboa Hacia una epistemología del sur. Las mercociudades: punto de partida de un nuevo modelo de integración. Ensayos Autor: Gloria Edel Mendicoa (comp.a) Por Pablo Bulcourf

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31. PROGRAMAS Y PROYECTOS Telesalud: Atención virtual a distancia para chicos de todo el país Cierre del Programa Federal

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33. AGENDA Agenda de eventos

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34. COLABORACIONES Página de colaboración 4

Editorial

Cecilia Klappenbach Subsec. de Planificación de Empleo Público Ministerio de Modernización de la Nación

Llegamos a fin de año y cerramos un primer ciclo de actividades en la Escuela Superior de Gobierno y en la Secretaría de Empleo Público. Nos gustaría compartir con ustedes parte del recorrido hecho y los planes futuros relacionados con la jerarquización del empleado público. A principio de año, nos propusimos acercar el Estado nacional a todo el país y lo logramos. Lanzamos el Programa Federal de Formación en Políticas Públicas y el Programa de Gestión Pública Municipal. Recorrimos seis regiones del país, invitamos a todas las provincias, dimos más de 750 horas de capacitación, y participaron unos 1600 funcionarios de gobiernos provinciales y municipales. En materia editorial, publicamos de manera mensual e ininterrumpidamente desde mayo el boletín Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno y lanzamos en noviembre la revista científica Estado abierto. Con ambas publicaciones, proponemos un espacio de reflexión y análisis sobre la conformación del Estado, su sustentabilidad, el diseño de políticas públicas y el estudio de casos de gestión gubernamental. También nos propusimos jerarquizar al empleado público a través de la consolidación de la política de cobertura de vacantes por concurso; se lanzaron así los primeros 20 concursos para Alta Dirección Pública y 2700 concursos internos para empleados. Estamos convencidos de que el desarrollo institucional del Estado se funda en el compromiso, la vocación y la calidad de sus empleados. Los Programas de Fortalecimiento y Transformación de la Cultura Organizacional intentan acompañar el proceso de cambio y desarrollo de los participantes. Durante el año, trabajamos con 70 jóvenes, 22 directores de Recursos Humanos, 55 directores nacionales, 1500 empleados de diferentes áreas funcionales para ofrecerles talleres de desarrollo de habilidades socioemocionales, liderazgo, comunicación y definición de compromisos con el ciudadano. En esta línea, trabajamos con más de 30 organismos en el programa Carta Compromiso. En el 2017, queremos ofrecerles más calidad, cantidad, diversidad. Queremos seguir construyendo un Estado moderno e innovador, ágil, eficiente, y centrado en el ciudadano y sus necesidades. Felicitaciones a todos los equipos de la Secretaría de Empleo Público que han hecho posible estos logros y muchos más. Felicitaciones, en particular, a los integrantes de la Escuela Superior de Gobierno por su empeño, su dedicación y sus valiosos aportes. ¡Felices Fiestas!

Cecilia Klappenbach

Entrevista Entrevista a Rudi Borrmann, subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización de la Nación Rudi Borrmann nos cuenta acerca del Plan de Apertura de Datos, la importancia del gobierno abierto, los avances en esa materia y las herramientas de participación ciudadana que desarrolla la Subsecretaría de Innovación y Gobierno Abierto

—¿En qué estadio se encuentra el Plan de Apertura de Datos? —Muy avanzado. A través del Decreto 117/2016, el Presidente fijó no solo una dirección clara, sino también expectativas altas en el camino hacia lo que llamamos apertura por defecto: los datos del gobierno son públicos, y, como tales, deben estar disponibles a la ciudadanía en forma proactiva, por los medios, formatos y licencias que mejor permitan su reutilización. En la práctica, el cumplimiento de dicho decreto requiere que los organismos alcanzados elaboren un listado de sus activos de información y establezcan compromisos claros para su publicación. Es un trabajo complejo, pero en extremo enriquecedor, fundamentalmente, porque les permite a las áreas relevar y conocer su propia información y, a partir de ahí, comenzar a derribar los muros tanto internos como externos que impiden su puesta en valor. 6

Poder acompañar a los distintos ministerios en ese proceso ha sido un privilegio para la Subsecretaría. El desafío es ahora avanzar junto con los ministerios en la implementación de los planes acompañando a los organismos con políticas, capacitación y tecnología para que sean ellas mismas quienes se apropien de la política de apertura, quienes establezcan sus propios nodos o catálogos de datos, y, en el camino, avancemos hacia una verdadera infraestructura nacional de datos con la apertura como principio de diseño. Lo importante es que la voluntad política y la capacidad técnica se están conjugando en la misma dirección. —¿Por qué es importante desarrollar una estrategia en materia de gobierno abierto? Porque más gobierno abierto implica más transparencia, más participación y más colaboración,

“Lo importante es que la voluntad política y la capacidad técnica se están conjugando en la misma dirección”

Entrevista

algo que, en la Argentina, aún significa innovar en el diseño de políticas públicas. Es importante que la ciudadanía pueda conocer lo que el Gobierno hace, cómo lo hace y que pueda aportar ideas, comentarios e incidir realmente en el diseño de lo que impacta en su vida diaria. —¿Cuáles son los avances que se produjeron en los poderes Judicial y Legislativo en materia de gobierno abierto? En la Argentina, aún no ha habido avances contundentes en los poderes Judicial y Legislativo en materia de apertura. —¿Qué importancia tiene ser sede de la Cumbre Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto en el 2017? Por un lado, demuestra la confianza que la Alianza para el Gobierno Abierto tiene en esta nueva etapa de políticas de gobierno abierto en la Argentina, dado que, a 10 meses de la nue-

va gestión, nos han concedido semejante honor. Los avances demostrados y el apoyo del presidente Macri hacen saber que la política de gobierno abierto es un eje central de la nueva gestión. Por otro lado, creemos que ya era momento de que la creciente y fuerte comunidad argentina pudiera ser anfitriona en su propio país de un evento que permite mostrar y conocer el estado del arte del gobierno abierto de toda la región. Vamos a poder tener participantes tanto del Gobierno como de la sociedad civil de muchos países, que, a su vez, podrán conocer y aprender todo lo que se hace en la Argentina tanto en el Gobierno nacional como en todas las provincias y municipios. —¿Qué herramientas de participación ciudadana se desarrollan en la Subsecretaría de Innovación y Gobierno Abierto? Desde la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, se trabaja constantemente en acercar el Estado al ciudadano 7

Entrevista

y viceversa. Algunos de los dispositivos que más se utilizan por su gran capacidad para generar conversaciones, promover la colaboración, la reutilización de datos públicos y la rápida construcción de soluciones y propuestas son los hackatones y los concursos de innovación abierta. En el caso de gobierno abierto, los procesos por excelencia son las mesas de diálogo para la creación de compromisos y las plataformas de participación ciudadana. Un hackathon consiste en un maratón de ideación o prototipado de soluciones que dura entre 24 y 48 horas. Puede ser de programación, pero, lentamente, se está aplicando a otras disciplinas que no implican código, como diseño, ideas, edición de textos, música, visualizaciones, etc. Se invita a participar a individuos con perfiles diferentes: programadores, comunicadores, emprendedores, diseñadores y la comunidad en general sobre el tema que trata el evento para reunirse y trabajar en equipos para resolver desafíos puntuales de la administración pública. Estos son variados y bien definidos, por ejemplo, desde las particularidades que presenta el control del descarte en la pesca de arrastre —Hackaton Agro— al desafío nacional que implica la inclusión financiera —Hackaton de Innovación Financiera—.

Los concursos de innovación abierta son similares a los hackatones en su esencia, pero más largos e intensos, ya que implican un proceso de entre 4 y 8 meses, y nos permiten presentar desafíos públicos a través de plataformas virtuales, donde se genera una comunidad de innovadores cívicos que se interrelacionan y presentan ideas y proyectos relacionados con los desafíos planteados. En estos dispositivos, no solo se presentan los desafíos, sino que también, en concordancia con una visión abierta y transparente del Estado, se ponen a disposición de los participantes datasets —conjuntos de datos—, gracias al Plan Nacional de Apertura de Datos, para que estos puedan trabajar y generar valor sobre ellos. En resumen, estos dispositivos nos ayudan a construir una sociedad que trabaje activamente en colaboración con el Estado para resolver desafíos públicos y poner en valor la información que este genera. Asimismo, hemos diseñado la Plataforma de Consulta Pública, en la cual los distintos ministerios pueden abrir un espacio para poder interactuar con la ciudadanía en general sobre temas específicos. Alojada en www.consultapublica.gob.ar y basada en la tecnología de código abierto, Democracy OS, ya

Entrevista

cuenta con alrededor de 3500 participantes, ya ha sido usada por 4 ministerios para abrir consultas de diferentes temas. En 2017, esperamos poder ampliar tanto su uso como su cantidad de usuarios y abrir cada vez más espacios para la participación ciudadana. —¿Cuáles son los principales avances en materia de innovación pública aplicada a municipios? A nivel municipal, se ha trabajado durante todo el año en promover e instalar capacidades de innovación facilitando herramientas para llevar adelante procesos creativos y pensar así las políticas públicas. Hemos trabajado en este proceso para presentar la colaboración con la sociedad civil como una herramienta clave para diseñar y consolidar las políticas públicas del Ministerio. En esa línea, la tecnología, aliada a la hora de llegar a mucha gente en poco tiempo, es un recurso clave que, poco a poco, los municipios van adoptando y comprendiendo cómo utilizar para optimizar la gestión.

primera etapa fue en junio de 2016, cuando los representantes del área de Modernización de las 36 ciudades —24 capitales y 12 ciudades de la provincia de Buenos Aires y GBA— se encontraron en la Ciudad de Buenos Aires durante 4 días para desarrollar un proceso de aceleración en el que recibieron capacitación intensiva y entrenamiento en buenas prácticas de innovación pública, gobierno abierto, tecnología, tendencias y la gestión de datos e información pública. La segunda etapa consistió en viajar a cada municipio por 2 días para acompañar al equipo de Modernización y a otras áreas de gobierno en la resolución de un reto local; un desafío real del municipio en donde se identificaran problemas y en donde se trabajaran experiencias metodológicas de innovación. Antes del trabajo en territorio y luego de él, se acompaña al municipio a través de un proceso de seguimiento virtual para lograr que se llegue a un prototipo del proyecto presentado y trabajado.

“El programa Ecosistema de Ciudades Innovadoras, del que participan 36 ciudades de todo el país, tuvo como fin instalar capacidades de innovación y transferir herramientas”

El programa Ecosistema de Ciudades Innovadoras, del que participan 36 ciudades de todo el país, tuvo como fin instalar capacidades de innovación y transferir herramientas. La 9

Estado de la cuestión

La formación superior en Administración Pública: investigación, evaluación y redefinición curricular

Por Dora A. Bonardo

Lic. en Ciencias Políticas (UNR). Mg. en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos (UNC) y en Administración Pública (UNC). Doctorando en Ciencias Políticas (UNR). Profesora e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue.

Antecedentes sobre la cuestión Pública se ha constituido en una La formación en Administración Pública ha sido y es un desafío para los gobiernos y los sistemas de enseñanza. Desde la ola reformista en los ochenta, e inclusive antes, organizaciones gubernamentales y educativas, como el Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y un conjunto de universidades de América Latina, España y los Estados Unidos han dado impulso a acciones conjuntas para la enseñanza sobre la materia. En 1991, un documento presentado en el marco del taller “Desarrollo de políticas y criterios técnicos para la modernización curricular de la formación de gerentes públicos en Iberoamérica”, realizado en Bogotá, Colombia, destacó los principales desajustes observables en la práctica entre la formación usual y las necesidades del sector público (Pérez Salgado, 1999). A partir de allí, se inició un proceso en el que la evaluación de la enseñanza en Administración 10

tarea de análisis de investigadores, académicos y responsables públicos. Se propuso conocer la brecha existente entre lo que se enseña en las escuelas de Administración Pública, sobre todo, en el nivel de pregrado, y las necesidades reales del sector público; establecer las tendencias actuales en la enseñanza de la disciplina; y observar qué orientaciones debieran tener los estudios de posgrado en Gerencia Pública. Respecto de la administración pública como área de investigación, para el caso argentino, Oscar Oszlak (1997) planteó las siguientes observaciones: 1) una gran atomización de los proyectos; 2) la escasa permanencia de los grupos de investigación; 3) las pocas instituciones dedicadas a la temática; 4) una gran rotación de los investigadores; 5) la falta de consolidación de línea de investigación y formación en el sistema universitario; 6) poca comunicación entre investigadores y equipos; 7) el condicionamiento que el financiamiento

“La formación en Administración Pública ha sido y es un desafío para los gobiernos y los sistemas de enseñanza”

Estado de la cuestión

internacional tiene sobre el tipo de cuestiones para abordar; 8) el insuficiente sostén institucional que el INAP tiene para mantener la investigación en el tiempo. En 2010, en el marco del Simposio Iberoamericano “Formación, investigación y cooperación técnica para la mejora de la gestión pública: el rol de las universidades públicas y las instituciones gubernamentales especializadas”, realizado en Santo Domingo, República Dominicana, se observaron debilidades, como los bajos presupuestos destinados a la formación en Administración Pública, el escaso vínculo entre las competencias enseñadas y las necesarias para la gestión pública, la dificultad en la complementación entre universidades y organismos estatales, la reticencia de los altos funcionarios a la formación, entre otras. Así indica el informe final del Simposio: La formación convencional, más teórica, ofrecida en la actualidad por la mayoría de las universidades en el campo de las ciencias políticas y de la administración pública en América Latina, incluyendo los centros de capacitación del Estado, no se condice con la formación por competencias que se da con bastante más frecuencia en el mundo laboral. Esta disonancia genera dificultades

de compatibilización y reconocimiento de estudios, así como de armonización de los planes y programas de formación de las instituciones que las imparten (Espinoza y González, 2010). No obstante, y si bien la Administración Pública como campo de estudio e investigación ha avanzado en los últimos quince años, algunas de estas dificultades aún permanecen. De la lectura de las áreas temáticas que se abordan en congresos nacionales e internacionales de los últimos cinco años, puede observarse una tendencia a tratar temas que la agenda gubernamental, devenida de los cambios en los Estados y su gestión, marca como relevantes (Bonardo, 2013). Sin embargo, quedan extensas áreas de vacancia o con relativo interés para indagar o profundizar, como la formación superior en Administración Pública. Tal como se ha mencionado, si bien esta se ha extendido en el sistema universitario y no universitario, no se cuenta con una evaluación conjunta o sistemática respecto de los resultados de los esfuerzos realizados. En 2014, el CIDE, el Centro CLEAR para América Latina y la Red Inter-Americana de Educación en Administración Pública editaron 11

Estado de la cuestión

“En España, a través del INAP, actualmente, se están impulsando acciones de formación y evaluación sobre innovación en Administración Pública”

La evaluación de políticas públicas en América Latina: métodos y propuestas docentes (Ríos Cázares, 2014) como experiencia evaluativa de la enseñanza sobre políticas públicas. En España, a través del INAP, actualmente, se están impulsando acciones de formación y evaluación sobre innovación en Administración Pública, de acuerdo con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación tanto en los sistemas de gestión pública como de enseñanza superior (González González, y Gutiérrez Díaz, 2013). Estudios que sirven como referentes metodológicos en esta línea de trabajo son el realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (2009) y el liderado por Francisco Longo y Eduardo Gil (2006), que focaliza en la formación de posgrado en Gerencia Pública. En la Argentina, pueden mencionarse los trabajos realizados por el grupo de docentes-investigadores del Departamento de Administración Pública de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR (Grandinetti, 2015), quien evalúa las acciones devenidas de propuestas de formación superior de posgrado en Gestión y Políticas Públicas ofrecidas

por dicha universidad. También pueden sumarse dos proyectos de investigación en desarrollo dirigidos por investigadores de las universidades nacionales del Comahue y de Sarmiento, donde se aborda la educación superior universitaria en el campo de la administración pública. Indagar y evaluar para conocer el estado de situación Se observa que no han existido propuestas programáticas y sistemáticas para realizar investigaciones y evaluaciones que permitan conocer la formación superior en Administración Pública. Como disciplina, comprende una amplitud de miradas para su abordaje que permite situar el tema frente a una gama de posibilidades. En este caso, esta situación no es indiferente, dado que influye en la orientación sobre los modelos de enseñanza en la materia. Francisco Longo (2002) estima que, para estudiar la formación en Administración Pública, se requiere un triple modelo de referencia: un modelo de ejercicio de la función pública que permita conocer cómo y en función de qué actúan los funcionarios públicos —tanto políticos como de carrera—; un modelo de competencias técnicas-gerenciales coherentes con aquel y que

Estado de la cuestión

pueda utilizarse como horizonte; y un modelo de aprendizaje que presente filosofía, contenidos, metodologías del proceso de formación. Se entiende que las características que asume la formación en Administración Pública se halla fuertemente ligada a las orientaciones de políticas y de modelo de gestión, según la morfología estatal y su vinculación con su entorno espacio-temporal; con el perfil de competencias que requiere el ejercicio de función pública para esos contextos y con modelos de enseñanza-aprendizaje que los sistemas educativos presentan. Por tanto, no es nada sencillo combinar estos tres aspectos para evaluar los programas formativos en el nivel superior de pregrado, grado y posgrado en la Argentina, en especial, teniendo presente la proliferación en los últimos años de carreras ancladas en universidades e institutos/escuelas con marcadas diferencias ideológicas y políticas. No obstante, es imprescindible contar con información concreta y confiable que permita tener un panorama respecto de los perfiles reales y deseables de gestores públicos para que los planes de formación profesional puedan, al menos, coincidir en la descripción de las principales

competencias necesarias para la gestión pública. En este sentido, resulta provechosa la elaboración de la Guía referencial iberoamericana de competencias laborales en el sector público (CLAD, 2016). Algunos de sus objetivos se orientan a fortalecer las áreas rectoras de la gestión de las personas en cada país con un modelo de competencias para el siglo XXI que asegure la mejora continua de la calidad del servicio y homologue la conceptualización sobre competencias estratégicas de servidores públicos en el ámbito iberoamericano 1. Respecto del modelo de aprendizaje, es particularmente importante destacar la iniciativa que, desde fines de 2014, varias universidades han tenido: conformar una red de instituciones formadoras en Administración Pública. Aquí participan carreras de la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Nacional de General Sarmiento, entre otras, y con el auspicio de la Asociación Argentina 13

Estado de la cuestión

“Tener un diagnóstico situacional de la formación actual en Administración Pública y confrontarlo con un referencial de competencias para el sector público implicaría un avance…”

de Estudios en Administración Pública (AAEAP). Esta Red de Carreras en Administración Pública tiene actualmente como cometido principal conformar una base de datos sobre planes de estudio de pregrado, grado y posgrado que se imparten en la Argentina, a los fines de analizar sus componentes curriculares: perfiles profesionales de competencias, incumbencias laborales, enfoques teóricos-metodológicos, estrategias didácticas, utilización de TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, duración, etc. Es decir, pretenden elaborar un mapa de situación de la formación superior en nuestro país. Quizás, el tercer componente de esta tríada de análisis —el modelo de ejercicio de la función pública— resulta ser el más dificultoso y el menos logrado. Ligado a las concepciones político-ideológicas de tradiciones administrativas, modas e imitación de propuestas o a la impronta política de los gobiernos, definir parámetros de ejercicio de la función pública es complejo. En este sentido, se debiera poner esta cuestión en la agenda de debate en los ámbitos académicos —espacios naturales de análisis crítico y formulaciones propositivas de cambios paradigmáticos—, junto

con responsables políticos institucionales —administradores naturales del Estado— para, al menos, trazar ciertas líneas rectoras que respondan a los postulados y las directrices que vienen siendo refrendados desde hace años en los acuerdos de países iberoamericanos sobre profesionalización de la función pública (Carta Iberoamericana de la Función Pública, 2003). Sin menoscabar la libertad de pensamiento y la diversidad de entornos organizativos, resultaría un sano ejercicio poner en discusión qué función pública se pretende, qué perfiles profesionales se requieren y que estrategias formativas debieran implementarse para mejorar la gestión pública. Reformar para adecuar y mejorar Tener un diagnóstico situacional de la formación actual en Administración Pública y confrontarlo con un referencial de competencias para el sector público implicaría un avance respecto de vincular la formación académica con las competencias deseables. Mejorar los formatos curriculares según las competencias profesionales requeridas permitiría ir acotando las diferencias entre lo que se necesita y lo que se enseña. El desafío está en llevar al terreno de la práctica que lo que

Estado de la cuestión Referencias bibliográficas

se enseñe se adecué a las tareas y a las funciones, y que estas tornen paulatinamente en mejores actuaciones de los servidores públicos en términos de calidad en la prestación de servicios, gestión de las políticas públicas y de la administración general del Estado. Esta misión corresponde, fundamentalmente, a los responsables políticos gubernamentales, quienes deben priorizar la formación y al capacitación de funcionarios y empleados públicos, y una estratégica integral de la gestión de recursos humanos como una política de Estado al interior de todas las organizaciones públicas. 1

La Argentina no figura entre los países analizados en este documento. Dicho análisis recorre el período 2003-2014.

Bonardo, D. (2013). “La función pública y su profesionalización como tema de agenda gubernamental”. Ponencia presentada en el XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Noviembre, Montevideo, República del Uruguay. Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003). [En línea]. Disponible en <http://www.sgp.gov.ar/contenidos/cofefup/ documentos/docs/Carta_Iberoamerica_de_la_Funcion_ Publica.pdf> [Consulta: 20 de noviembre de 2016]. CLAD (2016). Guía referencial iberoamericana de competencias laborales en el sector público [en línea]. Disponible en <http://siare.clad.org/fulltext/0082402.pdf> [Consulta: 20 de noviembre de 2016]. Federación Española de Municipios y Provincias (2009). Formación continua y modernización de la administración local: el reto de la evaluación de impacto. Madrid: autor. González L. E. y O. Espinoza (2010). Informe final. Simposio Iberoamericano sobre Formación, Investigación y Cooperación Técnica para la Mejora de la Función Pública: el Rol de la Universidades Públicas y las Instituciones Gubernamentales Especializadas. Junio, República Dominicana. González González, J. C. y M. Gutiérrez Díaz (2013). Formación innovadora. Nuevos modelos para la formación en la Administración Pública. La Coruña: Netbiblio. Grandinetti, R. (2015). Trayectorias y perspectivas en la formación académica para una Administración Pública capaz. Documento del Departamento de Administración Pública de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Longo, F. y E. Gil (2006). “La dirección pública como aprendizaje: una experiencia de diseño y evaluación de la formación en gerencia pública”. En Revista Chilena de Administración Pública, 46, junio, pp. 45-65. Longo, F. (2002). Marco analítico para el diagnóstico institucional de sistemas de servicio civil. Barcelona: BID. Oszlak, O. (1997). “La administración pública como área de investigación: la experiencia argentina”. Ponencia presentada en el Congreso Interamericano del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Venezuela. Pérez Salgado, I. (1999). “Formación y desarrollo de gerentes públicos, una perspectiva comparada”. Ponencia presentada en el IV Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, México. Ríos Cázares, A. (coord.) (2014). La evaluación de políticas en América Latina: métodos y propuestas docentes. México: CIDE, CLEAR, IMPAE. 15

Estudios y artículos Governo Aberto: lições da experiência brasileira Por Leonardo Granato Professor adjunto do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil. Coordenador do Núcleo de Estudos Políticos e Administrativos (NEPA), registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Brasil.

Resumo Neste artigo, discutem-se aspectos centrais da Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership), bem como dos planos de ação do governo brasileiro, visando à identificação de lições da experiência brasileira relativa à implementação dos compromissos emergentes dos referidos planos de ação. Resumen En el presente trabajo, se discuten aspectos centrales de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), así como de los planes de acción del gobierno brasileño en aras de extraer enseñanzas de la experiencia brasileña relativa a la implementación de los compromisos emergentes de los mencionados planes de acción. Abstract In this article, we discuss the central aspects of the Open Government Partnership, as well as the national action plans of the Brazilian government, in order to identify lessons from the Brazilian experience regarding the implementation of measures emerging from the aforementioned action plans.

Estudios y artículos

Introdução Nos últimos anos, nota-se um aumento dos estudos e das discussões no campo de conhecimento da Administração Pública acerca de questões vinculadas à transparência e ao acesso à informação pública, à melhoria da gestão dos serviços públicos e ao uso de novas tecnologias, aos mecanismos de enfrentamento à corrupção, entre outros. Estes temas fazem parte da proposta do Governo Aberto, adotada pelo Brasil desde 2011, e que vem sendo estudada por um amplo número de pesquisadores, que busca determinar em que medida a referida proposta oferece uma oportunidade para dinamizar processos de melhoria da Administração Pública brasileira. Neste trabalho, buscaremos discutir alguns aspectos principais da referida proposta, bem como dos planos de ação do governo brasileiro. A partir do expresso, em primeiro lugar, abordaremos as principais características da Administração Pública brasileira após 2003, enfatizando os principais elementos da proposta do Governo Aberto abraçada pelo País. Em segundo lugar, descreve-

remos alguns aspectos relativos à implementação dos compromissos emergentes de tal conceito pelo Brasil, concluindo-se acerca do objetivo proposto. As novas tendências no Brasil após 2003 Conforme a terminologia adotada por Bresser-Pereira (1996), é possível identificar na evolução da Administração Pública brasileira o paradigma patrimonialista (do Brasil colônia até os anos 30), o paradigma burocrático a partir da década de 30 e até a década de 80, coincidente com o Estado Desenvolvimentista, e o modelo gerencial, em vigência desde 1990, coincidente com o início do período neoliberal no País. Já no século xxi, com a recuperação do papel do Estado como garantia do desenvolvimento com inclusão social, a despeito de não ter havido uma alternativa de proposta de reforma democrática do Estado e do seu aparelho (Lustosa da Costa, 2010), registram-se uma série de iniciativas sobretudo no campo da participação cidadã, da prestação de contas e da transparência, que alguns autores agrupam na abordagem da gestão social 17

Estudios y artículos

e da “administração pública societal” (Paes de Paula, 2005), e que a partir de 2011 passaram a integrar as categorias estabelecidas no Plano de Ação Nacional para o Governo Aberto. Paes de Paula (2005) identifica três dimensões fundamentais para a construção de uma gestão pública democrática: a dimensão econômico-financeira, a dimensão institucional-administrativa, e a dimensão sociopolítica. Conforme a experiência brasileira demostrou, enquanto que no modelo gerencial dos anos 90 a ênfase recaiu principalmente nas dimensões econômico-financeira e institucional-administrativa, a partir de 2003, sem abandonar aprendizagens anteriores, propor-se-iam novas soluções de gestão com maior enfoque social-participativo (Paes de Paula, 2005). Nesse conceito no qual se rearticulam o Estado e a sociedade, combinando a democracia representativa com a participativa (Sousa Santos, 1999), a gestão é entendida como sendo uma ação político-deliberativa, de participação e de controle social, na qual o indivíduo participa decidindo seu destino como cidadão, eleitor, trabalhador 18

ou consumidor; sua autodeterminação se dá pela lógica da democracia e não pela lógica do mercado. Além de a própria Constituição Federal de 1988 garantir aos cidadãos, por exemplo, o direito de apresentar ao Congresso projetos de lei de iniciativa popular e o direito de acesso à informação; os conselhos setoriais, o orçamento participativo, as audiências públicas e diversos programas governamentais, vêm oportunizando, desde 2003, novos meios de interlocução e negociação entre as estruturas de administração pública e a sociedade, visando à participação e ao controle social das políticas públicas. Existem, também, outros instrumentos que colaboram com os objetivos antes mencionados, tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal; a Controladoria-Geral da União; o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PENAGE); o Portal da Transparência do Governo Federal; o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA); e a Lei de Acesso à Informação.

“... é evidente a relevância de que cada país faça um trabalho de adequação das exigências do Governo Aberto às necessidades e demandas das suas sociedades”

Estudios y artículos

Mais recentemente, nesta mesma linha, surgiu a proposta, de cujo surgimento o Brasil fez parte, e sobre a qual será desenvolvida a segunda parte deste trabalho, em atenção ao objetivo proposto. A “Parceria para Governo Aberto” (Open Government Partnership) é uma iniciativa internacional fundada, em 2011, por um grupo de 8 países, dentre os quais se encontra o Brasil1. Atualmente, são mais de 60 os países que aderiram a tal iniciativa, além de diversas organizações da sociedade civil, cujo objetivo é promover esforços para adoção convergente de padrões de transparência, de acesso à informação pública, de prestação de contas e de participação cidadã na gestão pública no âmbito das respectivas realidades nacionais. Sem discutirmos a importância do objetivo perseguido, chamamos a atenção aqui para o fato de que países com grandes assimetrias entre si, sobretudo com relação à estruturação e ao desempenho de suas administrações públicas, tenham “supostamente” as mesmas “prioridades” e “urgências” a serem implementadas nos seus contextos nacionais. Neste sentido, é evidente a relevância de que cada país faça um trabalho de adequação das

exigências do Governo Aberto às necessidades e demandas das suas sociedades. Sem um estúdio de base ou informe diagnóstico prévio, a própria Parceria na Declaração de Governo Aberto (Declaración de Gobierno Abierto, 2011) define o conceito de Governo Aberto de forma muito ampla e vaga, por meio de quatro objetivos ou princípios gerais, a saber: 1. Transparência: as informações sobre as atividades de governo devem ser abertas, compreensíveis, tempestivas, livremente acessíveis e atender ao padrão básico de dados abertos. 2. Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability): devem existir regras e mecanismos que estabelecem como os atores justificam suas ações, atuam sobre críticas e exigências e aceitam as responsabilidades que lhes são incumbidas. 3. Participação Cidadã: o governo deve procurar mobilizar a sociedade para debater, colaborar e propor contribuições, levando a um governo mais efetivo e responsivo (Responsiveness). 4. Tecnologia e Inovação: o governo deve reconhecer a importância das novas tecnologias no fomento à ino19

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vação, provendo acesso à tecnologia e ampliando a capacidade da sociedade de utilizá-la. Esses objetivos ou princípios, segundo o documento fundacional, buscam tornar governos melhores ao avançar sobre um ou mais dos desafios propostos pela Parceria: melhoria dos serviços públicos; aumento da integridade pública; gestão mais efetiva dos recursos públicos; criação de comunidades mais seguras; e aumento da responsabilidade corporativa. A partir desses desafios, o debate atual sobre Governo Aberto aponta para a criação de elementos constitutivos de um paradigma de gestão pública a ser adotado. As ações relativas à Parceria para Governo Aberto são operacionalizadas por meio de um documento chamado “Plano de Ação”. Cada país participante da Parceria deve apresentar Planos, conforme às suas realidade e prioridades, com duração de dois anos, especificando quais são os seus compromissos face aos desafios propostos pela Parceria. Nesse documento, devem estar delimitadas as estratégias e atividades a serem colocadas em prática para alcançar deter20

minados objetivos relativos aos princípios e diretrizes da Parceria. Por último, ao longo do período dos dois anos, os governos precisam publicar, anualmente, um balanço acerca da execução dos compromissos assumidos. Agora, em que medida esta iniciativa pode significar para o Brasil uma “janela” de oportunidades para favorecer ações e processos de melhoria em prol de uma renovada gestão do País? Conforme a questão lançada, passamos a desenvolver, então, a próxima seção. Brasil e o Governo Aberto: planos de ação No Brasil, a instância responsável pela implementação e pela atualização dos Planos de Ação é o Comitê Interministerial Governo Aberto (CIGA), criado por meio do Decreto Presidencial de 15 de setembro de 2011. O CIGA é composto por 18 ministérios do Governo Federal e é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. No Comitê, há um Grupo Executivo formado por sete ministérios, cuja coordenação está a cargo da Controladoria-Geral da União.

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Para atingir os objetivos estabelecidos pela Parceria, o Brasil buscou, através dos compromissos assumidos no primeiro e no segundo Planos de Ação, de 2011 e de 2013, respectivamente, fortalecer iniciativas já em curso, bem como desenvolver novas atividades em pareceria com atores públicos e privados engajados nas áreas afetas à Parceria internacional. Apesar de ambos os Planos, enquanto “cartas de intenções”, terem sido desenvolvidos conjuntamente pelo governo brasileiro e por diversos setores da sociedade civil, não se registram evidências de informes técnicos ou estudos que tenham formulado possíveis linhas de ação com base às necessidades e reais capacidades da gestão pública do País, bem como às demandas sociais. Uma análise dos planos e dos balanços publicados pelo Governo Federal no Portal de Parceria para Governo Aberto (“Governo Aberto no Brasil”, 2014), sem desconsiderar a eventual importância dos resultados obtidos a partir da sua implementação, nos permitiria afirmar que os compromissos assumidos pelo Brasil no marco desta proposta do Governo Aberto têm um caráter bastante conjuntural e carecem

de uma certa “organicidade”, no sentido de contribuir para uma reforma mais integral e modernizadora da Administração Pública brasileira, bem como de propiciar uma maior integração e articulação entre os diferentes órgãos de governo. É preciso haver mais integração entre os diversos projetos e processos dos órgãos de governo para uma maior qualificação das entregas realizadas à sociedade. Dessa forma, ainda que deem continuidade a determinadas pautas que já tinham sido lançadas pela reforma gerencial, e de outras iniciativas do Governo Lula, os compromissos do Governo Aberto parecem não ir além de um conjunto de “logros pontuais”, devido, talvez, à falta de um programa mais amplo de reforma do aparelho estatal norteador e articulador de tais compromissos, adequado às necessidades e projetos da sociedade brasileira. À guisa de conclusão Para finalizar o presente trabalho, com relação à pergunta inicial acerca de se a proposta do Governo Aberto representa uma oportunidade para dinamizar processos de melhoria para a gestão pública do País, julgamos inte21

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ressante expressar que sim, desde que os compromissos sejam adequados as prioridades e capacidades do País, bem como articulados em um verdadeiro programa de reforma do aparelho burocrático que dê organicidade a tais compromissos, e que favoreça a integração dos diferentes órgãos de governo. Embora consideremos que a proposta do Governo Aberto se mostre, ainda, em desenvolvimento, e com um grau “altamente idealista”, não há dúvidas de que o consenso internacional, para o estabelecimento de determinados padrões de gestão pública, tem possibilitado e virá a possibilitar a renovação de novos compromissos neste campo de estudos, bem como no plano da prática profissional no setor público. Desta forma, ao finalizarmos o presente trabalho, acreditamos estar abrindo um convite para pesquisas que, com o perpassar dos anos, se voltem aos efeitos dos compromissos aqui expressos. 1 Além do Brasil, são membros funda-

dores África do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega, e Reino Unido.

Referências bibliográficas Bresser-Pereira, L. C. (1996). Administração Pública Gerencial: estratégia e estrutura para o Novo Estado. Brasília: ENAP. “Declaración de Gobierno Abierto” (2011). En La Alianza para el Gobierno Abierto [em linha]. Disponível em <http://www.opengovpartnership.org/es/acerca-de/ declaraci%C3%B3n-de-gobierno-abierto> [Consulta: 15 de novembro de 2016]. “Governo Aberto no Brasil” (2014). En Parceria para Governo Averto. Governo Federal [em linha]. Disponível em <http:// www.governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/governoaberto-no-brasil> [Consulta: 15 de novembro de 2016]. Lustosa da Costa, F. (2010). “Contribuição a um projeto de reforma democrática do Estado”. En Revista de Administração Pública, (44), 2, pp. 239-270. Paes de Paula, A. P. (2005). Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da experiência contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV. Sousa Santos, B. (1999). “A reinvenção solidária e participativa do Estado”. En Bresser-Pereira, L. C.; J. Wilheim; L. Sola. Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: UNESP; Brasília: ENAP.

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El Estado abierto en la dimensión municipal: algunos desafíos Por Miguel Hero Lic. en Ciencia Política (UNSTA). Asesor legislativo en el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Resumen Este trabajo analiza los desafíos del Estado abierto en sus aspectos generales focalizando su dimensión en la gestión municipal. Transparentar, modernizar y comunicar son algunos de los pilares que nos presenta este nuevo paradigma de construcción y gestión del espacio público, que fortalece tanto la calidad de las políticas públicas como la construcción de una ciudadanía más activa y democrática. Abstract This paper analyzes the challenge of Open State in its general aspects but focusing its dimension in municipal management. Transparency, modernize and communicating are some of the pillars that presents this new paradigm of construction and management of public space by strengthening both the quality of public policy and building a more active and democratic citizenship.

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A modo de introducción En la Argentina, la crisis de 2001 transparentó la ruptura entre la sociedad y sus representantes. Los dos grandes partidos políticos que hasta entonces colmaban los escenarios electorales sufrieron la erosión del capital político institucional y de sus líderes. Esto determinó una diáspora de sus dirigentes, que pasaron a engrosar las filas de los ciudadanos desencantados y excluidos del sistema o que continuaron participando desde la modalidad del free riding, o que, en el mejor de los casos, apostaron a participar de causas sociales y benéficas a través del tercer sector. Quince años más tarde, en el país, se presenta una oportunidad de superar la apatía política y cívica a través de los canales que ofrece el gobierno abierto. Reencontrar una relación que proteja y fortifique el sistema democrático es una misión que deben abordar tantos los representantes como los representados. Pero, esta vez, teniendo en cuenta la falta de transparencia en los actos de gobierno de los últimos años, la responsabilidad opera, principalmente, sobre el Estado, en cuyos funcionarios deberá existir la voluntad 24

política de asumir la apertura de datos, y de la participación y la colaboración como ejes de la reconciliación con la ciudadanía, que presenta mayores reflejos y capacidades de reacción y crítica que en tiempos pasados (“Entrevista a Daniel Abadie”, 2016). De los últimos años, datan manifestaciones de las sociedades latinoamericanas que dan cuenta de un cambio en los patrones de conducta política, que fueran resabios de la cultura política en tiempos de autoritarismos. Ello genera oportunidades para repensar el rol de la participación ciudadana desde el fortalecimiento del Estado. Del gobierno abierto al Estado abierto En paralelo con el proceso de democratización en América Latina en las décadas de los ochenta y noventa, se hizo presente el proceso de descentralización. Provincias y municipios asumieron competencias en forma concurrente con el orden central y llevaron la gestión de lo público al nivel más cercano al ciudadano. Por la amplitud y diversidad de funciones asumidas y, fundamentalmente, por el incremento de la disposición de fondos públicos,

“Reencontrar una relación que proteja y fortifique el sistema democrático es una misión que deben abordar tantos los representantes como los representados”

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la lupa comenzó a posarse sobre los gobiernos locales (OEA, 2014). Los mecanismos de rendición de cuentas y control gubernamentales resultaron insuficientes ante la mirada atenta de actores, como la prensa, las ONG y algunos sectores afectados por la toma de decisiones de los gobernantes. El gobierno abierto es un nuevo paradigma que permite anticiparse al control gubernamental de los organismos técnicos y presta estrecha colaboración con los mecanismos administrativos de control interno en la estructura organizativa y operativa de un municipio. Tal como lo expresa Oscar Oszlak (2013, 2014a), el gobierno abierto no es un nuevo desarrollo tecnológico; es una verdadera filosofía acerca de cómo gobernar y de cuál es el rol que juegan el gobierno y los ciudadanos en la gestión pública y en sus resultados (cf. Pando 2016). La senda de la apertura dejó de ser patrimonio exclusivo de los poderes ejecutivos, y comenzó a delinearse una nueva concepción que involucra al Estado en su conjunto. Los tres poderes son depositarios de información pública, y todos ellos están involucrados en la administración de bienes y patrimonio público.

Hablar de Estados abiertos es hacer parte de este nuevo paradigma a las diferentes instancias que conviven dentro del aparato estatal, incluyendo empresas públicas, organismos descentralizados, entes públicos no estatales e, incluso, empresas y organismos que reciben financiamiento o subsidio estatales (Oszlak, 2013). Los desafíos del Estado abierto a nivel municipal El nivel municipal se caracteriza por ser el orden de gobierno más próximo al ciudadano. Fue creado para prestar servicios públicos elementales que hacen posible la convivencia en las comunidades locales. Por esta razón, los gobernantes locales son depositarios de una estrecha relación con sus vecinos. Relación que se ha visto afectada en las últimas décadas por la pérdida de confianza en la clase política, teniendo en cuenta la incapacidad sistémica del Estado por atender las demandas de la ciudadanía, así como también la creciente corrupción en todos los niveles de gobierno. El nuevo paradigma del open government les otorga a los Estados, y sobre todo a los 25

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gobiernos locales, una oportunidad trascendental para retomar esa estrecha relación con sus representados. El mayor desafío para los gobiernos locales está en determinar la voluntad política para implementar la agenda de cambios que involucra la apertura (Oszlak, 2014b). Sin la firme decisión de llevar a cabo la apertura del gobierno, no será posible el alineamiento de toda la estructura a los principios de transparencia, participación y colaboración, y, difícilmente, sea posible el cambio de la cultura organizacional en la administración local. Poner en práctica estos tres fundamentos que fortalecerán a los municipios en su rol de Estados abiertos es una rápida orientación para funcionarios y gobernantes municipales. 1. Transparentar el municipio: Se trata garantizar el acceso a la información pública. Para ello, es clave disponer de un instrumento jurídico que prescriba este derecho para los ciudadanos y el correlativo deber para los funcionarios. Desde hace pocas semanas, la Argentina cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, en los otros órdenes de gobierno, no siempre existe tal normativa o la adhesión a ella. En los últimos años, y 26

ante la ausencia de esta ley, numerosos concejos deliberantes han tomado la iniciativa de sancionar ordenanzas para garantizar este régimen a nivel local. Transparentar el municipio es también aceptar la rendición de cuentas como un mecanismo de ejercicio del control gubernamental, y ponerlo en práctica es parte del entrenamiento que las instituciones democráticas requieren para fortalecerse. 2. Modernizar el municipio: Hacer un gobierno local más eficiente y eficaz es un asunto de la tecnología y de las herramientas de la gestión de las organizaciones. Por supuesto, los avances en el uso de las TIC y su correcto uso han derivado, por ejemplo, en una disminución de los plazos de espera para resolver instancias administrativas, o bien han facilitado nuevos servicios públicos para los vecinos, como puede ser una red de puntos WIFI de ingreso público. Sin embargo, existen otros desafíos que involucran el capital humano del cual dispone un gobierno, su organización y su productividad. Por su historia política, América Latina mira con desconfianza los métodos y las herramientas que provienen del ámbito privado y de las ciencias de la administración. Al hacerlo, pierde de

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vista que las organizaciones públicas tienen mucho que imitar del ámbito privado en cuanto a examinar los procesos administrativos y burocráticos para rediseñarlos y enfocarlos a los resultados, al cumplimiento de metas y objetivos por cada dependencia local, y a planificar las políticas públicas para brindar previsibilidad al resto del sistema, incluyendo los propios ciudadanos. 3. Comunicar lo que el municipio hace y lo que planifica hacer: Siempre se habla de la importancia de la comunicación en todos los ámbitos a pesar de que su uso en los gobiernos locales sea insuficiente, errático y poco atractivo para los destinatarios. Comunicar es una acción de gobierno indispensable para lograr la apertura del Estado. No solo tiene que ver con el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno, sino que, implícitamente, afirma la voluntad política de mostrar claridad sobre lo que el municipio planifica hacer y hace. La apertura de datos es una política que modifica sustancialmente la relación entre el Estado y los vecinos y se enfrenta con una cultura de la retención y el ocultamiento de la información entendida según el paradigma de que “la información es poder”.

Ocultar, omitir, tergiversar, desinformar no contribuye al paradigma del Estado abierto. Conclusiones Las oleadas de participación ciudadana sustentadas por la accesibilidad, la masividad y la instantaneidad de las tecnologías de la información y de la comunicación han descripto los acontecimientos históricos políticos desde 2008 hasta la actualidad. Durante la próxima década, los gobiernos confiarán en la construcción de legitimidad en torno a los principios del gobierno abierto con el objetivo de restaurar el vínculo de confianza con los ciudadanos que representan; esto no significa que el paradigma del Estado abierto pueda reducirse solamente a una cuestión instrumental de aplicación de nuevas tecnologías (Pando, 2014; Pando y Poggi, 2014). En 2011, se lanzó la Alianza para el Gobierno Abierto, y, hasta la fecha, unas 60 naciones han adherido a sus principios y diagraman planes de acción. Por su parte, un desafío enorme es el que atañe a los gobiernos locales. Los municipios deberán incorporar rápidamente y trabajar en forma incremental en la apertura de datos y 27

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la apertura a la participación y la colaboración para capitalizar un renovado vínculo de confianza entre el Estado local y la comunidad. El desarrollo de los principios del Estado abierto requiere de un fuerte compromiso tanto de los sectores políticos como de los diferentes ámbitos de la sociedad, donde los conflictos de intereses, las tensiones sociales, la diversidad sociocultural y la enorme desigualdad socioeconómica nos presentan un desafío muy complejo por resolver, donde no existen recetas mágicas (Pando, 2014, 2016). La formación y la capacitación constantes de los servicios civiles constituyen un elemento fundamental para que estos objetivos puedan llevarse a cabo (Bulcourf, 2016). Los principios del Estado abierto no solo deben analizarse y evaluarse desde una perspectiva instrumental, sino que debe generarse un cambio profundo en la cultura política de los ciudadanos y en la forma de gestionar los asuntos públicos. La dimensión municipal nos ofrece un ámbito propicio para ir haciendo realidad una concepción que nos plantea más y mejor democracia.

Referencias bibliográficas Bulcourf, P. (2016). “La formación en administración y políticas públicas: perspectivas y desafíos”. En Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno, 5. “Entrevista a Daniel Abadie” (2016). En Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno, 7. OEA (2004). Gobierno municipal abierto en América Latina: De la proximidad administrativa a la acción colaborativa [en línea]. Disponible en <https://www.oas.org/es/sap/dgpe/ pub/OEA-Gobierno_Municipal_Abierto.pdf> [Consulta: 15 de noviembre de 2016]. Oszlak, O. (2014a). “Gobierno abierto: promesas y desafíos”. En Revista Voces en el Fenix. La Sombra del Poder, 3, (18). — (2014b). “Gobierno abierto: Hacia un nuevo paradigma de gestión pública”. En Oszlak, O. y E. Kaufman. Teoría y práctica del gobierno abierto: Lecciones de la experiencia internacional. IDRC-RedGEALC-OEA. — (2013). “Estado abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública”. Ponencia presentada en el XVIII Congreso Internacional del CLAD, Montevideo. Pando, D. (2016). “Gobierno abierto en Argentina: notas para un debate pendiente”. En Mariñes, F. (comp.). Democracia, colaboración y compromiso cívico. Para entender las instituciones de la poliarquía plus. México: Plaza y Valdés. Pando, D. (2014). “Desafíos y oportunidades de la planificación estratégica en la utilización de tecnologías de información en las administraciones públicas latinoamericanas”. En Walter, J. y D. Pando (comps.) Planificación estratégica. Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito público. Buenos Aires: SAAP-CERALE. — y E. Poggi (2014). “Hacia un modelo de madurez acerca del uso de las tecnologías de información para el gobierno abierto”. En Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática (RECAI), 3, (6).

Reseñas

Políticas públicas. Retos y desafíos para la gobernabilidad Dulfray Calderón Sánchez (comp.) Bogotá - Universidad de Santo Tomás. 200 páginas ISBN 978-958-631-955-3 Ramiro Gamboa Las políticas públicas efectivas y astutas son las que lograrán influir suficientemente en el tejido social para generar sociedades más justas, igualitarias, modernas y prósperas. A la vez, la gobernabilidad es un valor codiciado y deseado por toda gestión gubernamental, y las políticas públicas son un elemento crucial para la consecución de una dinámica política saludable. Organizada por Dulfary Calderón Sánchez, esta compilación aborda multi y transdisciplinariamente distintos aspectos de las políticas públicas: el crisol de experiencias históricas dilucidado por Peña; el modelo relacional de políticas públicas elucidado por Graglia; semejanzas y discrepancias entre distintos casos latinoamericanos, explicados brillantemente por Tassara; la importancia de la formación de los funcionarios públicos ejemplificada con el caso colombiano, desarrollada por Blanco Arias; e incluso el enfoque de derechos humanos y elementos migratorios, esclarecidos por Hernández Valbuena y García Sicard.

Como aseveró Harold Lasswell, debemos realizar el intento de integrar la moral, la dignidad humana, la ciencia y la política, y perfeccionar la inteligencia y la moralidad de lo gubernamental. Gobernar por políticas y con sentido público; estas premisas son abordadas por los distintos académicos que participaron en la producción de la obra. Es trascendental el desafío que significa construir y resolver paso a paso un estado de políticas públicas, el cual es un reto para gobernantes, instituciones, cientistas sociales, medios y la ciudadanía en su totalidad. La coordinación y armonía entre las funciones orgánicas: legislativas, judiciales o administrativas y del órgano material que prescinde del organismo al cual están atribuidas es fundamental para lograr la efectividad en la toma de decisiones. Este libro es una pieza esencial para analizar y reflexionar sobre los desafíos que afrontan las estructuras de la administración pública para dar respuesta a las demandas sociales, políticas, culturales y económicas que atraviesan las naciones. 29

Reseñas

Hacia una epistemología del sur. Las mercociudades: punto de partida de un nuevo modelo de integración. Ensayos Gloria Edel Mendicoa (comp.a) Espacio Editorial. 154 páginas ISBN 978-950-802-397-1 Pablo Bulcourf Coordinado por Gloria Mendicoa, este trabajo colectivo nos plantea una interesante conjunción entre los estudios sobre políticas públicas y los análisis vinculados al área internacional, específicamente, a los procesos de integración regional. Estos adquieren un nuevo enfoque cuando se los aborda desde unidades menores a los propios Estados-nación. Esta perspectiva nos brinda una oportunidad tanto desde el punto de vista de la articulación política como de la dimensión analítica, que incluye municipios y actores de la sociedad civil. Esta obra no puede analizarse en forma aislada, sino como un programa de investigación más amplio que se viene desarrollando hace más de una década. Un conjunto de publicaciones previas son necesarias para comprender la dinámica de la integración, la institucionalidad social y las políticas públicas locales orientadas a fortalecer estos procesos, como Hacia una institucionalidad social del Mercosur y Fronteras abiertas para el Mercosur. 30

El título ya nos propone un desafío de ampliación conceptual, ya que la epistemología es abordada en un sentido amplio y no meramente restringido al estudio filosófico de la ciencia, sino que indaga sobre las bases cognitivas de los procesos sociales y políticos. La idea de sur abre el camino hacia lo espacial y lo específico de ciertas realidades, y generar así una cartografía dinámica con matices que nos permite proyectar comparaciones más finas y también un diálogo fecundo entre centros y periferias, no alejados, por cierto, de conflictos y tensiones. La obra nos plantea una estrategia de investigación y ahonda en los marcos conceptuales para el análisis empírico de la integración nacional en una escala multinivel que tiene como eje de gravedad las mercociudades. Entre estos aspectos, la cooperación inter-redes se transforma en un concepto central para poder comprender un proceso de elevada complejidad en donde toman sentido articulado los conceptos de fortalecimiento, cohesión, promoción e inclusión. Por esta razón, el libro es una visita obligada si se pretende analizar el Mercosur.

Programas y proyectos Telesalud: Atención virtual a distancia para chicos de todo el país

El Gobierno nacional presentó el Programa Nacional de Telesalud Pediátrica, que facilitará la atención médica a distancia de niños, niñas y adolescentes en todo el país mediante el acceso a una plataforma en línea. El programa fue diseñado por un equipo de más de 80 profesionales de los ministerios de Salud y de Modernización, del Hospital Garrahan y de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).

de casi dos millones de chicos. Así, miles de familias van a ahorrar costos de viajes y traslados. En 2017, el programa se extenderá a 75 hospitales de 12 provincias, y, en 2018, todas estarán incorporadas. De esta manera, se conformará una red de 225 centros de salud.

En una primera etapa, el programa se pondrá en marcha en ocho establecimientos sanitarios de la provincia de Jujuy, en conjunto con el Garrahan, y, próximamente, se prevé la incorporación de hospitales y puestos sanitarios en Salta, Tucumán y Santiago del Estero. A través de la plataforma conectada a las redes de internet, los hospitales podrán gestionar consultas, transferir estudios y administrar calendarios. Esta iniciativa se plantea como meta inicial llegar en los primeros meses de 2017 a una población potencial 31

Programas y proyectos Cierre del Programa Federal

Con la participación de funcionarios de las 23 provincias y de la Capital Federal, se realizó el cierre del Programa Federal de Formación en Políticas Públicas. El programa tuvo como objetivo formar a la Alta Dirección Pública provincial y se desarrolló en dos encuentros en cada una de las seis regiones del país: Pampeana, Centro, Patagonia, NEA, NOA y Cuyo. En este tercer y último encuentro, los representantes de las diferentes provincias presentaron políticas públicas destacadas alrededor de cuatro ejes temáticos: comunicación estratégica; habilidades y competencias en el desarrollo de los recursos humanos; innovación en la gestión pública y gestión por resultados; y administración electrónica. Entre otras actividades, se realizó una conferencia magistral sobre comunicación estratégica, a cargo de Luciano Elizalde, y un taller de innovación pública, a cargo de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto. Asimismo, se llevó a cabo la presentación de la revista 32

académica Estado abierto, dirigida por Oscar Oszlak, con la presencia del ministro Andrés Ibarra y de Marta Oyhanarte.

Agenda

EVENTOS 2016-2017 7 al 9

DIC

Open Government Partnership Global Summit 2016 OPG París, Francia http://www.opengovpartnership.org/events/ogp-global-summit-2016-paris

............................................................................................................................ 11 al 16

DIC

IV Seminario Interamericano sobre Herramientas para la Toma de Decisiones de los Gerentes Públicos del Siglo XXI: Casos Prácticos y Vivenciales Miami, Florida, Estados Unidos de América http://www.ciabapm.org/

........................................................................................................................... 7 al 8

ENE

VII Edición de la Escuela de Verano IPSA-USP IPSA-USP San Pablo, República del Brasil

http://summerschool.fflch.usp.br/ ............................................................................................................................ 26 al 28 JUL

IX Congreso ALACIP (Asociación Latinoamericana de Ciencia Política) ALACIP Montevideo, República Oriental del Uruguay www.congresoalacip2017.org

............................................................................................................................

Colaboraciones Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno Los trabajos con pedido de publicación deben ser remitidos a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno mediante comunicación electrónica a escueladegobierno@modernizacion.gob.ar, con copia a formacion@modernizacion.gob.ar. En todos los casos, deben ser trabajos originales o inéditos, que no hayan sido enviados para su publicación a otras revistas. Se podrán presentar artículos y reseñas en idioma castellano y portugués. Todas las contribuciones recibidas serán evaluadas preliminarmente por la dirección y la secretaría de redacción de la Revista, y aprobadas acorde a su pertinencia temática y requisitos formales. El proceso de selección durará, como mínimo, entre uno y seis meses; y, una vez finalizado, el comité de la revista se pondrá en contacto con el autor o los autores para comunicar la decisión de publicación. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados. En caso de sugerencias y correcciones, los autores deberán dar cuenta de estos. El envío de un artículo a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno implica la cesión de los derechos de autor para que este pueda ser editado, reproducido o difundido públicamente con fines exclusivamente científicos, académicos o culturales. Para la presentación de los trabajos, se deberán observar los siguientes criterios: 1. Deben ser enviados a ambas direcciones electrónicas. 2. Los artículos no deben exceder los 13 000 caracteres (con espacios incluidos), y las reseñas bibliográficas, los 500. Esto incluye resúmenes y referencias bibliográficas. 3. Todos los trabajos deben presentarse en programa Word, con letra Times New Roman, número 12, a espacio sencillo. Se utilizará hoja tipo A4 con margen superior de 3 cm; inferior, 2,5 cm; izquierdo, 2,5 cm y derecho, 2.5 cm. 4. Los artículos deberán estar acompañados con una foto de cara de cada uno de los autores con definición mínima de 300 DPI en JPG. Asimismo, las reseñas bibliográficas deberán ser enviadas con una foto de la tapa del libro con la misma definición. 5. El título deberá estar alineado a la izquierda en negrita y con letra Times New Roman, número 14. Los nombres y apellidos del autor o de los autores se expresarán de igual forma, pero en letra itálica (en caso de ser dos, la “y” entre estos estará en cursiva, y, si son más de dos, habrá comas entre ellos hasta el último, donde se ubicará la “y”). 6. Toda aclaración con respecto al trabajo, así como la pertenencia institucional del autor o de los autores y su dirección electrónica, deben consignarse mediante asterisco (y doble asterisco si fuese necesario) desde el título o el nombre del autor al pie de la primera página. 7. Las citas aclaratorias deberán ir al final del texto y no podrán superar el número de cuatro. 8. Las referencias bibliográficas deberán seguir preferentemente el formato americano: apellido del autor, año y número de página luego de dos puntos para los casos de citas textuales. Por ejemplo: Varios países latinoamericanos son casos de democracia delegativa (O’Donnell, 1997). “El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intereses” (O’Donnell, 1997: 293). 9. En el apartado bibliográfico, las referencias deben observar el siguiente orden, separado por comas: apellido

Colaboraciones del autor, letra inicial del nombre del autor, año (entre paréntesis), título de la obra (entre comillas si es un artículo; en itálica si se trata de un libro o título de una publicación), volumen, tomo, etc., lugar de edición y editorial. Por ejemplo:

Para libros y capítulos de libros: Bourdieu, P. (2008). Homo academicus. Buenos Aires: Siglo XXI. O’Donnell, G. (1997). “¿Democracia delegativa?”. En O’Donnell, G. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. Gutiérrez Márquez, E. (2013). “La ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”. En Reveles, F. (coord.). La Ciencia Política en México hoy: ¿Qué sabemos? México: UNAM y Plaza y Valdés. En caso de titularidad por parte de organizaciones, se pondrán los nombres en mayúsculas. ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Para revistas: Altman, D. (2005). “La institucionalización de la ciencia política en Chile y América Latina: una mirada desde el sur”. Revista de Ciencia Política, 25, (1). En este caso, el “25” corresponde al volumen de la revista, y el “(1)”, al número. .............................................................................................................................................................................................................................................................

Para participaciones en eventos científicos: Rocha, C. (2012). “La ciencia política en Uruguay (1989-2009). Un estudio de los temas, teorías y metodologías predominantes en la investigación y la enseñanza en el Instituto de Ciencia Política”. Ponencia presentada en el IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política. Noviembre, Montevideo. ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10. La bibliografía obtenida en espacios virtuales deberá consignarse con su sitio correspondiente junto con la fecha de consulta: Oszlak, O. (2016). “Hacia un Estado al servicio del ciudadano”. En diario La Nación [en línea]. Disponible en <http:// www.lanacion.com.ar/1901788-hacia-un-estado-al-servicio-del-ciudadano> [Consulta: 5 de octubre de 2016]. 11. Todos los artículos deberán estar acompañados por un resumen en castellano y otro en inglés, de hasta 100 palabras cada uno. En caso de tratarse de un artículo en portugués, se agregará un resumen en castellano. 12. Los cuadros, diagramas e infogramas realizados en otros programas deberán ser enviados en archivos aparte. Se deberá señalar específicamente el lugar en el cuerpo del texto donde deberán colocarse. En la medida de lo posible, se deben utilizar programas generalizados y compatibles con Word. Cada elemento deberá contar con su propio archivo. Incluyendo los cuadros, el artículo no podrá superar las 4 páginas en el formato antes mencionado. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados.