Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno N° 9

Autoridades Ministro de Modernización Lic. Andrés Horacio IBARRA .........................................................................................................................................................................

Secretario de Empleo Público Ing. Pablo Martín LEGORBURU .........................................................................................................................................................................

Subsecretaria de Planificación de Empleo Público Lic. Cecilia María KLAPPENBACH .........................................................................................................................................................................

Director Nacional de Formación en Políticas Públicas Lic. Gonzalo Martín STRAFACE .........................................................................................................................................................................

Coordinador de la Escuela Superior de Gobierno Lic. Maximiliano CAMPOS RÍOS .........................................................................................................................................................................

Coordinador de Formación Lic. Mario KATZENELL

Equipo de trabajo Director: Gonzalo Straface ......................................................................................................................................................................... Secretario de redacción: Maximiliano Campos Ríos ......................................................................................................................................................................... Coordinador académico: Silvio Castro ......................................................................................................................................................................... Equipo editorial: Karina Nieto, Leila Tirpak, Isidoro Sorkin, Nicolás Vázquez, Paula Bercovich ......................................................................................................................................................................... Asesor editorial: Pablo Bulcourf ......................................................................................................................................................................... Corrección: Nadia Gabriela Caratti ......................................................................................................................................................................... Diseño y diagramación: Lucía Fernández Carrascal

El editor no se responsabiliza por los conceptos, opiniones o afirmaciones vertidas en los artículos de los colaboradores de la publicación, que son a título personal y de exclusiva responsabilidad de los respectivos autores. Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno es una publicación de la Escuela Superior de Gobierno y de la Dirección Nacional de Formación en Políticas Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización de la Nación. Es de carácter mensual y de distribución gratuita, tiene por objetivo la divulgación de la producción científica y académica del área de trabajo de la Escuela Superior de Gobierno. El contenido de esta publicación o las opiniones de los autores aquí incluidos no reflejan necesariamente el posicionamiento de la Escuela Superior de Gobierno, de las demás áreas de la que dependen, ni del Ministerio de Modernización de Nación de la República Argentina. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 511 (Oficina 706) — Barrio: San Nicolás — Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires — Código Postal: C1035AAA — Teléfono: 4343-9001 — int. 706. Correo electrónico: escueladegobierno@modernización.gob.ar / formación@modernización.gob.ar ISSN 2469-2417

ÍNDICE 05. EDITORIAL Por Pablo Legorburu

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06. ENTREVISTA

A Enrique Avogadro

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10. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Oportunidades y desafíos de la transversalidad de género en el Estado argentino Por Débora Lopreite

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14. ESTUDIOS Y ARTÍCULOS Evaluar es un arte: aproximaciones para comprometerse con el proceso de gestión emprendedora Por Gloria Edel Mendicoa La burocracia en América Latina. Algunas reflexiones desde la Argentina Por Nelson Dionel Cardozo

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25. RESEÑAS Cambiando. El eterno comienzo de la Argentina, de Mario Riorda Por Pablo Bulcourf Diccionario de Ciencia Política, de María Inés Picazo, Violeta Montero y Jeanne Simon (eds.) Por Gianfranco Scigliano

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27. PROGRAMAS Y PROYECTOS Programa de Movilidad y Búsquedas Internas

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29. AGENDA Agenda de eventos

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30. COLABORACIONES Página de colaboración 4

Editorial

Pablo Legorburu Secretario de Empleo Público Ministerio de Modernización de la Nación

Comenzamos este nuevo año con el claro objetivo de continuar lo que hemos iniciado en 2016: promover un Estado moderno, transparente e idóneo. Ahora, el desafío consiste en fortalecer los principales ejes de gestión y trabajar para lograr mayor eficiencia en los procesos. Si bien se han desarrollado iniciativas que sentaron las bases para un cambio de paradigma en la prestación de servicios por parte del Estado, cuyos ejes centrales son la transparencia, la eficacia y la eficiencia, somos conscientes de la importancia y de la magnitud que un plan como el propuesto tiene y, más aún, de los tiempos que este conllevará. Los protagonistas de este cambio son quienes día a día trabajan para mejorar la calidad de los servicios públicos. Y es allí donde enfocamos nuestros esfuerzos. Por eso, jerarquizar el empleo público a través de la promoción de concursos y programas de movilidad, el restablecimiento de la carrera, la capacitación continua y de calidad, el mérito como forma de promoción y la valorización de los recursos humanos es el punto central. Los concursos transparentan el ingreso a la función pública y le otorgan estabilidad al cargo, independientemente de la coyuntura política. De esta manera, se podrá restablecer y volver estable la carrera administrativa, así como incentivar el ascenso gradual sobre la base del mérito y la capacitación constante y con estándares de calidad. Todo esto permite valorar al empleado público. Es en ellos donde comienza y termina todo proceso dentro del Estado, por lo cual su valoración resulta clave. Nuestro compromiso y desafío es brindar las herramientas necesarias para que este cambio sea posible.

Pablo Legorburu

Entrevista Entrevista a Enrique Avogadro, secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación Enrique Avogadro nos cuenta cuál es la función del Estado y qué políticas desarrolla en industrias creativas, en qué consiste la economía creativa, cuál es el paradigma actual sobre políticas culturales y qué desafíos enfrenta la Secretaría a futuro

— ¿Cuál es la función del Estado en materia de industrias culturales o creativas? La función del Estado en el fomento de estas industrias está muy ligada al reconocimiento mundial del papel de la cultura y de la creatividad como factores clave para crear valor y generar progreso sostenible y bienestar social. Por eso, desde la Secretaría de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación, diseñamos y ejecutamos políticas públicas destinadas a estimular y favorecer el desarrollo del ecosistema cultural y creativo de la Argentina. Cuando hablamos de ecosistema, nos referimos a la relación de las partes entre sí y de estas con el todo. Por eso, impulsamos herramientas tanto para acompañar a los creadores en las diferentes etapas de su desarrollo como para promover la inclusión y el acceso a la cultura de toda la población.

— ¿En qué consiste la economía creativa? La economía creativa es un modelo económico que toma cada vez más fuerza a nivel mundial, porque se basa en la creatividad y el valor intelectual de las personas como materias primas. Por ello, trasciende las manufacturas y commodities como el motor que pone todo en funcionamiento y se enfoca en el talento de las personas y en su capacidad creativa puesta al servicio de cambiar la realidad que nos rodea. Entonces, la economía creativa habla de la oportunidad de generar valor a partir de industrias, como la audiovisual, el diseño, la música, la editorial, las artes visuales y escénicas, entre otras. Estos son sectores que demandan constantemente talento, innovación y creatividad. Por eso, todos los centros urbanos de la Argentina tienen por delante la enorme oportunidad de ligar sus economías creativas con sus economías regionales y sus identidades

«… impulsamos herramientas tanto para acompañar a los creadores en las diferentes etapas de su desarrollo como para promover la inclusión y el acceso a la cultura de toda la población»

Entrevista

culturales para generar más y mejor desarrollo. Esa es nuestra apuesta. — ¿Qué políticas desarrolla el Estado sobre industrias creativas e innovación? A partir del reconocimiento de las políticas culturales como políticas de desarrollo, enmarcamos nuestra estrategia de trabajo alrededor de dos ejes: innovación y accesibilidad. El primero es el que aborda las políticas sobre industrias creativas. Por ello, los programas que desarrollamos en este sentido promueven la autonomía y la sustentabilidad del sector artístico cultural: implementamos acciones relacionadas con la formación del sector tanto en términos artísticos como de gestión cultural; acciones tendientes a fortalecer los vínculos entre los actores del ecosistema, que afianzan el sentido de comunidad; otras que tienen que ver con facilitar el acceso del sector al financiamiento público y privado, y, finalmente acciones que promueven directamente la cadena de valor de las industrias creativas.

Sobre este último punto, da cuenta el programa Red de Ciudades Creativas, cuyo objetivo es visibilizar y fortalecer ecosistemas creativos a nivel local. En 2016, trabajamos con 35 municipios a nivel federal, de los cuales Salta, Godoy Cruz, Neuquén y Córdoba actuaron como nodos. En este 2017, el desafío es escalar esta red y ampliarla a 30 nuevas ciudades que estén trabajando en materia de industrias creativas para ayudarlas a mapear y medir el impacto económico que tienen en su desarrollo local capacitando tanto a sus gobiernos como a sectores culturales con herramientas innovadoras que les permitan seguir apostando a esta agenda de desarrollo. En otro orden, pero también apuntando a fortalecer el ecosistema cultural y creativo, estamos impulsando en el Congreso el proyecto de ley de Desarrollo Cultural, que permitirá el financiamiento del sector cultural por parte del sector privado a través de la creación de un régimen nacional de mecenazgo que promueva dicha participación privada a través de estímulos fiscales. 7

Entrevista

— ¿Cuál es la importancia para el país de desarrollar este tipo de industria?

la cultura debe abordarse a través de una mirada mucho más rica, que eleve las capacidades de gestión ya instaladas en el sector cultural, y por los propios artistas, y en las organizaciones de cultura pública no estatal, y que sume la participación del sector privado. Se trata de brindar instancias de formación y accesibilidad que fomenten la innovación y el fortalecimiento de la cadena de valor del sector cultural y creativo.

Como mencionaba antes, la importancia viene dada en su posibilidad de crear valor, bienestar social y progreso sostenible. Pero también vale decir que la actividad cultural es competitiva en términos económicos, ya que es un aporte directo al PBI y al empleo nacional. En la Argentina, representa el 2,7 % del PBI y el 2,5 % Para todo esto, la clave es contar con indicadores que puedan del empleo. ayudar a medir si, desde el EstaEstos números son relevantes do, estamos haciendo bien o mal tanto por sí mismos, porque las cosas para tomar mejores dedan cuenta de la importancia cisiones de cómo ajustar el rumde estas industrias en la econo- bo. La medida de lo cultural no mía nacional, como por lo que puede acotarse a qué cantidad representan: el impacto de las de público convoca, sino que industrias creativas es expansi- también debe responder a qué vo, ya que generan oportunida- objetivo se persigue y qué se des de trabajo y posibilidades quiere transformar. En ese sende crecimiento y desarrollo. De tido, no hay indicadores claros, esta manera, alcanzan a otros y hay que construirlos. Eso es lo sectores más tradicionales y que estamos haciendo. actúan como catalizadoras de innovación, lo cual genera nue- — ¿Qué desafíos enfrenta la vos modelos de negocio y de- Secretaría a futuro? sarrollo tecnológico. Los desafíos son varios. Desde la — ¿Cuál es el paradigma actual Subsecretaría de Economía Creasobre políticas culturales? tiva —sobre la que estuvimos hablando—, nos proponemos En la Argentina, hay un gran dé- seguir apostando al vínculo de la ficit alrededor de lo que implica cultura con el emprendedorismo pensar una política pública cul- y la economía creativa a través tural. Desde el Estado, en sus di- de capacitaciones en modelos ferentes niveles, se suelen poner de negocio de la industria cultural los espectáculos a la cabeza de sustentables para generar herrala cultura, pero, desde lo público, mientas que faciliten el acceso al 8

Entrevista

financiamiento, el fortalecimiento de los mercados creativos nacionales para que actúen como plataforma de exportación de bienes y servicios culturales al mundo, y la ampliación de la Red de Ciudades Creativas. También, desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, nos proponemos continuar con la formación artística y técnica del sector, la capacitación a los gestores culturales públicos de todo el país, el fortalecimiento de cultura pública no estatal a través del acompañamiento a la red nacional de más de 4600 organizaciones de cultura comunitaria y la circulación artística regional tanto de los organismos estables de música y danza del Ministerio de Cultura como a través del acompañamiento y la asistencia a las fiestas y celebraciones populares de nuestro país. Los desafíos se multiplican si tenemos en cuenta también los organismos descentralizados que dependen del Ministerio y que están en nuestra órbita de gestión: el INCAA, el INaMu, el Fondo Nacional de las Artes, la CONABIP, la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional de Teatro y el Teatro Nacional Cervantes, organizaciones con las que trabajamos para darle mayor coherencia a la política pública cultural impulsada desde el Estado.

trabajar para dotar al país de mejores capacidades de gestión cultural instaladas y generar posibilidades para que todo el que quiera pueda acceder a la oportunidad de crear, crecer y desarrollarse en el campo creativo.

«… desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, nos proponemos continuar con la formación artística y técnica del sector, la capacitación a los gestores culturales públicos de todo el país, el fortalecimiento de cultura pública no estatal»

Todo esto no hace sino reforzar nuestro principal objetivo, planteado claramente por Pablo Avelluto, el ministro de Cultura: 9

Estado de la cuestión

Oportunidades y desafíos de la transversalidad de género en el Estado argentino

Por Débora Lopreite PhD. in Public Policy (Carleton University). Profesora en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Sede Argentina. Investigadora del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

Consideraciones sobre la imparcialidad de la ley y su supuesta neutralidad La contribución feminista a la crítica de los Estados modernos se sustenta en la manifestación evidente de que el andamiaje jurídico del Estado se ha formado sobre la premisa de la imparcialidad de las leyes y el principio de igualdad formal, a partir del cual se construye la ciudadanía universal. Sin embargo, este supuesto choca con dos problemas. En primer lugar, supone que todos tienen que adoptar un punto de vista general y olvidar sus propias experiencias y percepciones. En segundo lugar, que las leyes deben ser ciegas a las diferencias para garantizar la neutralidad y, por ende, la imparcialidad en el trato y en los resultados de las políticas y las acciones del Estado. Fue la filósofa estadounidense Iris Marion Young (1949-2006) quien señaló que el principio de imparcialidad y generalidad impone homogeneidad y perpetúa las ventajas de los grupos 10

privilegiados, en la medida en que la neutralidad no acaba con la discriminación, la marginación ni el desprecio. La desigualdad se hace evidente cuando ciertos grupos o personas son excluidos del trabajo y de posiciones sociales relevantes, cuando son estereotipados y socialmente invisibles y cuando sufren violencia aleatoria a través de amenazas, desprecios, discriminación. Si hay desigualdad entre grupos, adoptar solamente el punto de vista del interés general refuerza el dominio de los privilegiados y obliga a todos a aceptar sus significados, los de la mayoría, que devienen legítimos. Antes que el trato igualitario a personas o grupos en situaciones diferentes, una auténtica ciudadanía universal exige que los grupos tengan presencia como tales en las deliberaciones y en las decisiones públicas y, por tanto, derechos específicos; y que las leyes tengan en cuenta sus diferencias. De este modo, adoptar un enfoque plural trae a la deliberación percepciones y experiencias diferentes (Young, 1989).

«Si hay desigualdad entre grupos, adoptar solamente el punto de vista del interés general refuerza el dominio de los privilegiados y obliga a todos a aceptar sus significados, los de la mayoría, que devienen legítimos»

Estado de la cuestión

Desde la perspectiva que adopta la igualdad de género como un ideal para alcanzar, igualdad no significa neutralidad. En cambio, la adopción de criterios de equidad en el trato y de igualdad de oportunidades exige diseñar medidas o programas que puedan establecer derechos especiales para determinados grupos, sectores o personas, aunque sea de manera transitoria hasta tanto las desigualdades de base se hayan superado. Entonces, el análisis de género en las políticas públicas puede entenderse como las dos caras de una misma moneda: la presencia de mujeres en puestos críticos y la incorporación de la perspectiva de equidad de género en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas. Se entiende que, si las mujeres ocupan puestos de decisión, sus intereses, necesidades y visiones serán escuchados e incorporados en el proceso decisorio (McBride y Mazur, 1995). En lo que hace a los Estados, es posible identificar tres marcos diferentes adoptados, aunque con variados grados de implementación y eficacia en sus resultados. Ellos son los siguientes: I. Medidas de acción afirmativa. Algunas de ellas van más allá de los derechos de las mujeres

para abordar el reconocimiento de la diversidad. En la Argentina, ejemplos de este tipo de medidas lo conforman las leyes de cupo legislativo por sexo en el ámbito legislativo y sindical, y el cupo para personas con discapacidad en la Administración Pública Nacional. II. Igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y varones, marco enraizado en las políticas laborales y en los modelos de carrera de los servicios públicos. Un ejemplo es la conformación de comisiones especiales de verificación de medidas de equidad, recepción de denuncias por discriminación u acoso laboral y otras similares, como ser igualdad de trato y oportunidades en el mundo laboral. En la Argentina, como en otras partes, y, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas medidas se explicitan en los convenios colectivos de trabajo y se institucionalizan a través de la conformación de comisiones tripartitas en los ministerios. III. Incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en todas las políticas públicas, vinculada a la creación de agencias de políticas de equidad de género con mandato específico. 11

Estado de la cuestión

«A pesar de los avances en materia normativa y del establecimiento de los planes y los programas existentes, la transversalidad como actividad coordinada y sistemática encuentra desafíos pendientes»

Estos marcos de implementación tienen diversos recorridos. Podría afirmarse que los dos primeros están relacionados con la adopción de cuotas legislativas y con el desarrollo de códigos laborales y el activismo sindical, mientras que la transversalidad de género es una estrategia global adoptada en las últimas dos décadas. Esta última engloba las dos anteriores, pero las expande y las amplifica más allá de la adopción de medidas puntuales o coyunturales.

La estrategia de transversalidad de género La estrategia de transversalidad de género o gender mainstreaming (GM) es una estrategia global adoptada durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, en 1995. Significa abordar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas con perspectiva de género; es decir, tener en cuenta el impacto diferencial de las políticas adoptadas sobre las personas de acuerdo con su género. Esta estrategia ha sido parte de la Comunidad Europea de naciones y se ha extendido a todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE). De esta manera, se han ido implementando variados programas y propuestas para reducir la desigualdad entre mujeres y varones en distintos ámbitos de la vida pública y privada (Lombardo y Meier, 2006). En la Argentina, a pesar de la ratificación por parte del Congreso argentino de la «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer» (por sus siglas en inglés, CEDAW), de 1985, y de la participación en todos los foros internacionales desde la Conferencia de Beijing, la transversalidad de género ha sido y es una asignatura pendiente de los sucesivos gobiernos. A pesar de los avances en materia normativa y del establecimiento de los planes y los programas existentes, la transversalidad como actividad coordinada y sistemática encuentra desafíos pendientes (Lopreite, 2015). La Ley N.o 26 485, de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009, constituye una oportunidad para la implementación de dicha estrategia. Si bien la ley establece que el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) sea el

Estado de la cuestión

órgano rector de la política contra la violencia, en su artículo 11, expresa que el Estado nacional está obligado a desarrollar acciones prioritarias promoviendo articulación y coordinación entre los distintos ministerios, secretarias del PEN, provincias y municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil1. Este artículo brinda así una definición comprensiva y amplia en cuanto a tipos y modalidades de violencia a los que el Estado argentino está obligado a erradicar y prevenir. Por ejemplo, en lo que compete al ámbito específico de la administración pública, la ley establece la obligatoriedad de implementar medidas para combatir la discriminación en el empleo público —acceso y promoción— y la prevención y la erradicación del acoso sexual y la violencia laboral en el sector público, no solo en la APN, sino también en las administraciones provinciales. Es importante destacar que la agenda de género en el Estado argentino supera ampliamente la problemática de la violencia física —no debe entenderse aquí que este sea un tema menor— y que

los mandatos contenidos en la Ley N.o 26 585, de 2009, proveen el marco normativo para diseñar e implementar políticas desde varios ministerios e influir en varias dimensiones relativas a la desigualdad de género. Además de los avances en legislación y políticas, una coordinación interministerial —que aborde, además, una perspectiva federal— tendría consecuencias positivas sobre los resultados en materia de equidad de género. 1

En particular, establece que el CNM tiene a su cargo la implementación de la Línea 144, el Observatorio de las Violencias, el Plan Nacional de Acción y el Registro Único de Situaciones de Violencia.

Referencias bibliográficas Lombardo, E. y P. Meier (2006). «Gender mainstreaming in the EU: incorporating a feminist reading?». En European Journal of Women’s Studies, 13, (2). Lopreite, D. (2015). «Gender Policy in Argentina after Neoliberalism: Opportunities and Obstacles for Women’s Rights». En Latin American Perspectives January, 42, (1). McBride, D. y A. Mazur (1995). Comparative State Feminism. Nueva York: Sage Publications. Young, I. (1989). «Polity and group difference: A critique of the ideal of universal citizenship». En Ethics, 99, (2), University of Chicago Press. 13

Estudios y artículos Evaluar es un arte: aproximaciones para comprometerse con el proceso de gestión emprendedora

Por Gloria Edel Mendicoa

Doctora en Ciencias Sociales. Profesora Regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Secretaria de Investigación del Dpto. de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM).

Resumen Este artículo pretende llamar la atención sobre la importancia de la evaluación de las políticas públicas como un elemento sustantivo del proceso de construcción de las decisiones colectivas. En este aspecto, se combinan elementos teóricos y metodológicos sin perder de lado el elemento político que siempre está presente, cuyo principal objetivo es la creación de valor público y la solución de los complejos problemas por los que atraviesan nuestras sociedades. Abstract This article aims to draw attention to the importance of the evaluation of public policies as a substantive element of the process of construction of collective decisions. In this aspect, both theoretical and methodological elements are combined, without losing sight of the political element that is always present, whose main objective is the creation of public value and the solution to the complex problems that our societies are going through.

Estudios y artículos

Inspirada en una célebre afirmación que sostiene que «investigar es un arte, y ello es así por cuanto el proceso de educación básico que se lleva a cabo es el de aprender haciendo» (Phillips y Pugh, 2001: 61), se traslada la metáfora al campo de la evaluación —tarea si la hay respecto del aprendizaje que conlleva—. Asimismo, alguna vez, se señaló también que la evaluación es la fase ausente de la agenda pública —podemos dudar si esta hipótesis ha tenido algún cambio en tal sentido—. De todos modos, lo que interesa es reconocer la evaluación como un punto de anclaje sustancial en el proceso de construcción de una política. Evaluar es poner en valor los resultados que se alcanzan en la ejecución de un proyecto, programa, plan. Por supuesto, alguien dirá que no es solo la búsqueda de valoración sobre tales resultados, sino que, si vemos el proceso como tal, o sea un recorrido que se va desgranando en pasos sucesivos, se obtendrá lo que se da en llamar evaluación por monitoreo. Suele considerarse también la evaluación una actividad que conlleva sistematización. En rigor, aparecen aspectos en común.

En tal sentido, la sistematización procura obtener conocimientos de las prácticas para mejorar las acciones futuras. Y, a la par, aparece la investigación, que, claramente, procura generar conocimiento científico para describir, comprender o explicar la realidad. De todas formas, de lo que se trata aquí es de la evaluación como un aspecto de la práctica de gestión. En esta, se considera su primer paso; identificar el problema a fin de propiciar el mejor diagnóstico para determinar qué es lo que se quiere gestionar. De allí, la relevancia de la investigación en el propio seno de la construcción de la política. Pero esta no concluye allí. Es solo el punto de partida. No hay política plena si esta no se ejecuta; y allí, nuevamente, en el desarrollo de esa ejecución mediante los medios y facilitadores técnicos y financieros, se empieza a gestar el proceso de evaluación concebido como monitoreo. Concluir con el recorrido nos lleva a querer saber sobre sus efectos e impactos. No obstante, y antes de entrar en estas dos últimas dimensiones, no puede esquivarse el punto neurálgico en el cual se inserta la evaluación de una política y de esta 15

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en la administración. Aludimos al cuerpo de conocimientos y prácticas que ella tiene consigo. Si bien no se descuidan aportes teóricos y metodológicos, a medida que se van instrumentando, aparecen procedimientos cuya aplicación ayuda a cimentar concepciones o formas de aludir a lo que se va ejecutando. Aquí aparece la generación sistemática de experiencias, que coadyuva a tratar prácticas organizacionales y de gestión para llegar a metas de eficiencia, equidad y sostenibilidad en las iniciativas que involucren el alcance de un plan de gobierno. En todo momento, debe buscarse la generación de valor público en tanto estrategia que se sigue para alcanzar un objetivo/meta a los fines de que la organización en todas sus dimensiones pueda alcanzar la visión a la que se ha comprometido mediante el apoyo y la puesta en marcha de una serie de actividades que dará fortaleza al valor público. Existen distintos tipos de evaluación: de necesidades, de diseño, de evaluabilidad, de implementación, de cobertura, de monitorización y seguimiento, del impacto, de resultados económica. Nos posicionaremos en la evaluación de 16

resultados, ya que contiene las otras. Lo cierto es que lo que se pretende es dar valor —palabra que reiteraremos en varios momentos— a la realidad en la que se interviene, y, desde ese lugar, entendemos la importancia de trabajar en todas las fases que supone construir una política. Por ello, cuando de evaluar se trata, no pueden descuidarse criterios esenciales, como a) la multidimensionalidad e interconexión de problemas: no puede aislarse un elemento específico; b) la intervención y sus fases: la evaluación adopta como estrategia un criterio sistémico y se dirige hacia un esquema como una pluralidad; c) las externalidades o efectos que la intervención provoca; d) la calidad de los logros: avanzar en una posición de corte subjetivo que supere la meta alcanzada para ir hacia el carácter intrínseco de tales logros (Mendicoa, 2006). Se trata de entender que se está frente a un modelo de gestión de ciclo completo en donde aparece el sentido de la visión, aquella que nos ubica en el futuro sin perder de vista el presente. Este tránsito es el círculo —mágico— entre la inevitable detección del problema, la necesidad

«Lo cierto es que lo que se pretende es dar valor… a la realidad en la que se interviene, y, desde ese lugar, entendemos la importancia de trabajar en todas las fases que supone construir una política»

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del consenso para resolverlo, la implementación de la gestión y el reconocimiento inevitable en toda la secuencia de la constatación de los efectos en el mundo real. Ese recorrido no es lineal. En un modelo moderno de gestión, en una mirada crítica del Estado en cambio y con políticas emergentes, inexcusablemente, la postura frente al punto de partida es seguir su recorrido desde un enfoque relacional. Los miembros o actores son todos, están adentro, en la base y con un principio que se visibiliza en poder compartido. En esta lógica relacional, y siguiendo pautas ya defendidas, se valora el paradigma de la complejidad, donde prima la articulación entre cada fase del proceso de construcción de la política, en el cual cada aspecto, la evaluación en este caso, se co-implica en tres niveles: el decisional, el proyectivo y el empírico.

diagnóstico, se siguen las pautas que la investigación indica; cuando formulamos la propuesta, también se siguen un conjunto de aspectos que demuestran el recorrido desde la fase inicial, la realidad, hasta el encuentro con la realidad transformada o el escenario futuro. Y, en este recorrido, el experto no duda en incluir los medios y, en particular, los recursos presupuestarios y cómo estos encajan en una línea de tiempo, que, en este caso, se la asocia a un camino crítico y, asimismo, a la búsqueda de un bienestar emergente que se sustancia en una política que se impregna de programas y proyectos que se «articulan y desarticulan, alteran, intensifican, erosionan, construyen o erradican fracturas económicas, generacionales, étnica y de género, es decir, su impacto es más complejo de lo que parece» (Subirats y Gomà, 2000).

Con la debida salvedad de situar la evaluación en el contexto de un proceso planificador que se nutre de aspectos normativos y, como se adelantó, co-implicado en el estratégico, cada fase está sujeta a características delimitadas y autosuficientes. Es decir, cuando definimos la situación problemática, el

En suma, la garantía del éxito del proceso depende de que su diseño refleje intereses y necesidades de instituciones, grupos, actores pertinentes beneficiados por aquel. Y, nuevamente, en este marco, la evaluación reclama capacidad organizacional, que implica suficiencia técnica, capacidad para lograr resul17

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tados, medios para obtener las capacidades más allá de las que posee. Evaluar exigirá ideas centrales del valor público (Moore, 1999) con los que la gestión debe observarse. Esto supone combinar intereses de las demandas y las expectativas de los que componen el núcleo autorizante, el de la gestión propiamente dicha, la intervención o la instrumentación de la propuesta y, por último, los stakeholders —los grupos de influencia—. Es ineludible que estos sean visibilizados en el proceso de evaluación en tres categorías: a) defensores del proyecto por ser beneficiarios de aquel, miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), administradores del procedimiento, etc.; b) problemáticos, situados en el mismo territorio y que poseen autoridad sobre otros proyectos; c) antagónicos, aquellos que ponen obstáculos por no querer mostrar la ausencia de resultados o de su irrelevancia (Mendicoa, 2006: 56). Si bien los comentarios que anteceden no son suficientes, de todos modos y como conclusión, se defiende esta inexcusable fase en el proceso de gestión de la política. Sin aquella, se está frente a la recurrente omisión y a la ausencia 18

decisional para saber sobre los resultados que, en este caso, es la que se sostiene. El arte de investigar, como el arte de evaluar —tratando de hacer de ambas fases una real interacción—, solo se lo comprende si se lo lleva adelante. Si se aprende, debe ser sabido que hacer política es estar en constante hacer y aprender. Ciertamente, evaluar es un arte.

Referencias bibliográficas Mendicoa, G. (2006). La evaluación social. La fase ausente de la agenda. Buenos Aires: Espacio Editorial. Moore, M. (1999). Gestión estratégica y creación del valor en el sector público. Buenos Aires: Paidós. Phillips, E. y D. Pugh (2001). Como obtener un doctorado. Barcelona: Gedisa. Subirats, J. y R. Gomà (2000). «Cambios en la política de bienestar e innovación social en la Unión Europea. Reforma y Democracia». En Revista del CLAD, (17).

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La burocracia en América Latina. Algunas reflexiones desde la Argentina Por Nelson Dionel Cardozo Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Resumen Este artículo se propone hacer una breve reflexión acerca del desarrollo histórico de la burocracia enfocándose en las especificidades del caso latinoamericano a partir de la relación entre política, administración y profesionalización. Finalmente, busca aportar algunas directrices para una futura reforma del servicio civil en nuestro país y en la Región. Abstract This article intends to make a brief reflection about the historical development of bureaucracy and focuses on the specificity of the Latin American case from the relationship between politics, administration and its professionalization. Finally, it seeks to provide some guidelines for future civil service reform in our country and the region.

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Introducción El Estado moderno implicó una empresa de reducción a la unidad con varias facetas. Como menciona Mann (1991), se logró constituir un conjunto diferenciado de instituciones y de personal, centralizar las relaciones políticas desde un núcleo de poder hacia todo un territorio, delimitar las fronteras y monopolizar los medios de coerción, que supuso el carácter legítimo de la violencia pública.

área de la política —Estado de bienestar—. La existencia de burocracias con un grado mínimo de coherencia ha sido fundamental para el desarrollo de los países capitalistas (Evans, 2008); sobre todo, en los periféricos, dado que, muchas veces, la acción selectiva de las agencias gubernamentales en apoyo a sectores productivos ha sido clave en la industrialización tardía de ciertos Estados. Asimismo, el concepto de capacidades estatales hace referencia a los aspectos vinculados a la efectividad en la implementación de las políticas públicas, entre los que se encuentra una administración gubernamental profesional. Ya desde los primeros estudios de la implementación en los sesenta, se ha mencionado en varias oportunidades que gran parte del éxito o fracaso de las decisiones oficiales se relaciona con el rol que tienen las agencias públicas. Los trabajos de Guy Peters muestran cómo las instituciones representativas deben negociar con la burocracia para elaborar e implantar políticas.

El primer punto nos remite a instituciones que realizan funciones cotidianas para resolver problemas sociales regulando la vida comunitaria y proveyendo bienes públicos a los ciudadanos. Con la evolución de la forma del Estado, la naturaleza de los servidores públicos se ha ido transformando (Oszlak, 2002) desde asistentes personales del gobernante —Estado feudal—, pasando por funcionarios de Estado cuando comenzó a separarse el aparato burocrático del pecunio privado del agente —Estado absolutista—, hasta burócratas que servían a los ciudadanos cumpliendo normas de manera neutral — Estado liberal—. Finalmente, estos se convirtieron en ex- Las agencias estatales tiepertos especializados en un nen mucha información y 20

«… se ha mencionado en varias oportunidades que gran parte del éxito o fracaso de las decisiones oficiales se relaciona con el rol que tienen las agencias públicas»

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conocimientos técnicos que los gobiernos necesitan para la gestión cotidiana. Al mismo tiempo, gobernar implica implantar políticas a través de organismos disponibles (Peters, 1999). Esta tensión entre política y burocracia se ha convertido en el meollo de dos tendencias contrapuestas: por un lado, la direccionalidad que imprime la voluntad de la política y, por el otro, la capacidad técnica que posee un funcionariado profesional que maneja una competencia en un área determinada. Este debate experimenta reactualizaciones y distintas interpretaciones a lo largo del tiempo y de las latitudes. Relación entre política y administración Para definir los tipos de burocracia, se han plasmado los conceptos de politización y burocratización. Echebarría (2006) menciona cuatro tipos de burocracia en América Latina según la estabilidad del cargo y la capacidad funcional que poseen sus integrantes. En primer lugar, la burocracia administrativa clásica posee alta permanencia, pero baja capacidad técnica —escasa o nula formación para la función pública—. Es la que más predomina

en nuestra región y la que desarrolla las labores de manera rutinaria cumpliendo los procedimientos con sus rituales y prácticas cotidianas con un fetichismo sacralizador; esto los hace de carrera. Este tipo de burocracia posee un proceso de selección informal basado en contactos personales y familiares; el acceso al Estado se debe a lazos individuales, y no existe el concurso como mecanismo de selección. En caso de que ocurra, alcanza requisitos mínimos. En segundo lugar, confinada en América Latina a ciertos reductos de eficiencia, en la burocracia meritocrática, predomina el concurso abierto para el ingreso y la promoción sobre la base de criterios uniformes y claros; para ser de la plantilla, habitualmente, el servidor debe tener educación universitaria. Los organismos científicos y técnicos, los cuerpos diplomáticos, los hospitales representan estos nichos en donde la capacidad funcional resulta central, y, generalmente, la estabilidad se encuentra amparada en estatutos especiales. Los servidores gozan de determinados privilegios —como régimen jubilatorio especial, buenos salarios y mayor independencia en el 21

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aplicación de criterios bierno, los funcionarios suede mérito para el ingreso len irse, sea por el mecanis-

o consultores con forma de contratación flexible, generalmente, no perteneciente al escalafón legal. Se trata de posiciones bien remuneradas, pero que, sin embargo, se encuentran en contacto con los cargos políticos de la agencia y dependen de estos gerentes para su acceso y permanencia en el Estado. A pesar de su inestabilidad, no necesariamente deben dejar el Estado cuando cambia el color político del gobierno; estos pueden retornar y asesorar a distintas administraciones en temas específicos.

al Estado resulta casi masivos o la no renovación inexistente» del contrato temporal del tra-

La burocracia en la Argentina: desafíos

Finalmente, en cuarto lugar, la burocracia paralela implica la introducción al Estado de recursos humanos de gran formación —habitualmente, profesionales expertos en un área específica—, pero por fuera del régimen del servicio civil, es decir, como asesores

En nuestro país, la burocracia presenta una realidad multiforme y compleja, y, pese a los diversos intentos de reformar el servicio civil, todos parecen haber fracasado. En el gobierno de Alfonsín, se creó el Cuerpo de Administradores Gubernamentales — que tuvo cuatro cohortes—; en la primera reforma del Estado, en 1991, se sancionó el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) como régimen escalafonario, y, en 1999, se promulgó la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, Ley N.o 25 164. En la gestión de De La Rúa, con el Decreto N.o 103, de 2001, surgió

cumplimiento de las funciones—. En la experiencia latinoamericana, con excepción del caso brasileño, vemos que se encuentra en agencias específicas; esta configuración no ha podido extenderse a otras agencias del gobierno.

«En Panamá, El Salvador, En tercer lugar, la burocracia clientelar supone la prima-

Honduras, Nicaragua, cía de criterios de afiliación

política para la entrada y la

República Dominicana, promoción en el cargo, y no Bolivia y Ecuador, la existe estabilidad en él, dado

que, cuando cambia el gomo de renuncia, los despidos bajador. En Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia y Ecuador, la aplicación de criterios de mérito para el ingreso al Estado resulta casi inexistente, priman altas politizadas, desvinculaciones masivas con la alternancia partidaria y la no aplicación de la carrera administrativa para la promoción.

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el Plan Nacional de Modernización del Estado, el cual proponía incorporar principios de la segunda reforma del Estado en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios. En 2008, durante la década kirchnerista, se aprobó el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), un nuevo escalafón de la carrera profesional administrativa. En 2015, durante el gobierno de Macri, se creó el Ministerio de Modernización, eje central de la reforma administrativa. En los últimos años, se ha criticado la llamada burocracia militante, es decir, la preeminencia de criterios políticos a la hora de seleccionar personal no solamente en puestos clave que hacen de nexo entre los cargos de designación política —gerentes de carrera de primer y de segundo nivel—, sino también ingresos masivos politizados de militantes a la administración pública en áreas operativas. Algunos ejemplos de no gestión de ciertos organismos estatales aparecen como bandera de quienes critican el clientelismo y la política del botín. Sin embargo, muchos actores clave, como los gremios, los propios funcionarios públicos y hasta los medios de comunicación, parecen contraponer a

esta burocracia militante una suerte de Estado patrimonialista con ingresos de hijos de funcionarios, cual herencia de cargo en corte medieval, o la designación a dedo. Ninguno que haya trabajado en la administración pública puede desconocer las plasmaciones institucionales de cláusulas como la preferencia de hijos de agentes para el ingreso en convenios colectivos de trabajo; o ignora las casas de burócratas que extienden ramas del árbol genealógico en el Estado; o el regodeo de los funcionarios que celebran su nombramiento en un puesto de conducción a dedo sin ningún concurso ni formación previa —y su contrapartida, las caras compungidas de lamentación cuando lo despiden del cargo—. Las rispideces y enfrentamientos de los de carrera versus los políticos llevan a intrigas palaciegas entre ellos para buscar el favor de su superior a fin de permanecer en el cargo. Esto resta tiempo a la gestión de las políticas públicas. Delimitar cuál es la esfera política y cuál es la administrativa parece ser el principal desafío de América Latina en el siglo xxi. Para que opere una verdadera reforma en la gestión pública, debe haber un cambio cultural que instaure a largo plazo la idea de que la 23

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idoneidad debe ser el criterio preeminente —y no el único— para el acceso al cargo sobre la base de una selección con procedimientos estandarizados, públicos y abiertos. Esto puede hacerse desde ciertos organismos piloto, pero con algunos recaudos para no crear una nueva nobleza de Estado de una elite privilegiada. Hoy, más que nunca, muchas posiciones pueden cubrirse con personas con escasa capacitación: las nuevas tecnologías muchas veces reducen al funcionario a un data entry; la informatización minimiza la incertidumbre estandarizando el tratamiento. Por ello, es fundamental definir una política de recursos humanos para cada organismo separando qué cargos requieren formación general, formación específica o manejo de determinadas habilidades que no se adquieren formalmente para no caer en otras inequidades. Al mismo tiempo, debe llevarse a cabo otro desafío mayor a la planificación del nuevo recurso humano: capacitación del personal existente y su articulación con las nuevas políticas de servicio civil. Esta es una batalla que América Latina debe dar si quiere un verdadero Estado democrático, abierto y de cara a las demandas de los ciudadanos. 24

Referencias bibliográficas Echebarría, K. (2006). «Caracterización empírica de las burocracias latinoamericanas: configuraciones y roles en el proceso de elaboración de políticas públicas». En Revista del CLAD Reforma y Democracia, (34). Evans, P. (2008). «El Estado como problema y como solución». En Acuña, C. (comp.). Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros. Mann, M. (1991). «El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados». En Zona Abierta, (57/58). Oszlak, O. (2002). «Sistemas de servicio civil: conceptualización y modelos». En Revista de Servicio Civil, (13). Peters, G. (1999). La política de la burocracia. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Reseñas

Cambiando. El eterno comienzo de la Argentina Mario Riorda Buenos Aires, Planeta, 2016, 252 páginas. ISBN 978-950-49-5520-7 Por Pablo Bulcourf La concepción que tienen los principales actores sociopolíticos de la historia argentina es que esta ha sido cíclica. La idea del eterno retorno inaugura continuas refundaciones que intentan orientar hacia el éxito a un país que se concibe condenado a este, pero que es desviado de su destino por extraños y misteriosos factores externos. En este libro, Mario Riorda analiza de manera provocativa los recientes cambios que dieron paso a dos visiones de país que se autoconciben como opuestas. Riorda es uno de los más destacados politólogos latinoamericanos dedicados a la comunicación política que ha combinado el trabajo académico y de investigación con el trabajo de consultor y asesor político. Esto le otorga un valor agregado no solamente desde un punto de vista cuantitativo, sino, principalmente, cualitativo en la forma de concebir la comunicación política.

establecer continuidades y cambios, Cambiando genera inteligentemente más preguntas que respuestas. De carácter provocativo nos estimula a poder procesar los matices existentes en la gestión pública de hoy en día. Esto se produce, a veces, en contrapunto a las construcciones discursivas que encarnan los propios actores políticos, las cuales son materia prima constante en el trabajo cotidiano de Riorda, lo que le permite no solo conocerlas, sino también generar los adecuados anticuerpos para desglosarlas. Blancos, grises y negros son metáforas que expresan un análisis sofisticado que le permiten a Mario Riorda expresar las incertidumbres de un proceso en gestación. Posiblemente, tengamos que esperar al próximo libro del autor que, dada su prolífera pluma, no tardará en convocarnos a una nueva lectura.

Gestado en la cresta de una transición en donde es muy difícil 25

Reseñas

Diccionario de Ciencia Política María Inés Picazo, Violeta Montero y Jeanne Simon (eds.) Buenos Aires, Sello Editorial – Universidad de Concepción, 2016, 437 páginas. ISBN 978-956-227-400-5 Por Gianfranco Scigliano Con el aporte, en su mayoría, de autores latinoamericanos, este libro colectivo atraviesa 61 conceptos clave para comprender, principalmente, nociones básicas sobre el Estado, la administración y las políticas públicas. Estos conceptos guardan un recorrido amplio que nos permite establecer relaciones entre ellos e integrarlos a conceptos que expliquen fenómenos latinoamericanos que nos atañen en nuestra especificidad como región. Su publicación evidencia el gran avance de la ciencia política y, sobre todo, el importante desarrollo que tuvo la disciplina en América Latina, especialmente en Chile. La pujanza de esta ciencia social obliga a realizar un documento colectivo que facilite el acceso al conocimiento con un vocablo coloquial y que permita realizar trabajos de investigación interrelacionando conceptos.

Ganador, en 2015, del premio de Sello Editorial de la Universidad de Concepción, Diccionario de Ciencia Política es un verdadero instrumento para estudiantes, académicos e investigadores enfocados en la materia y en áreas a fines.

Programas y proyectos Programa de Movilidad y Búsquedas Internas

En las próximas semanas, comenzará a desarrollarse el Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MOBI). En toda organización, la movilidad interna es un mecanismo fundamental para la motivación y el desarrollo de los empleados, que permite dar respuesta a las necesidades estratégicas y funcionales de cobertura de puestos. La implementación de un programa como MOBI se encuadra en lo expuesto en el Plan de Modernización del Estado (Decreto N.o 434/2016), el cual tiene entre sus objetivos generales constituir una Administración Pública Nacional al servicio de los ciudadanos en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados. Precisamente, en relación con estos lineamientos, se resume que este programa busca facilitar el desarrollo de las personas en los lugares más adecuados y necesarios.

Sobre la base del uso o desuso que históricamente se hizo en torno a la movilidad interna, concebimos MOBI como promotor de un enfoque disruptivo e innovador del empleo público. Este programa pretende establecer un mecanismo transparente, centralizado y de amplia cobertura que permita concretar la movilidad interna de los empleados a través de la interacción entre la oferta de puestos y la demanda de los interesados. Lo innovador de MOBI es que pueden participar de las búsquedas internas no solamente los agentes planta permanente, sino también agentes con otro vínculo contractual con el Estado. Apuntamos a promover especialmente aquellos talentos que no han podido desarrollarse plenamente por falta de acceso a oportunidades. Estas se publicarán en la Cartelera Central de Búsquedas Internas, ubicada dentro del Portal del Empleado Público.

Programas y proyectos

Asimismo, el programa se propone generar un cambio cultural en relación con el desarrollo laboral promoviendo una visión positiva sobre el acceso a nuevas oportunidades, tanto en los empleados de la APN como en los funcionarios con personal a cargo. En resumen, el objetivo del programa es poder incorporar valores y principios de la movilidad interna como un elemento más de la vida cotidiana del empleado de la APN. Asimismo, se espera que este cambio cultural logre, en un futuro próximo, que los responsables de área no lo visualicen como una herramienta de fuga de talentos, sino como un proceso transparente que ofrezca oportunidades de desarrollo y valoración de todo el personal de la APN.

Agenda

EVENTOS 2017 16 al 17

FEB

VI Congreso de la REPS Red Española de Política Social (REPS) Sevilla, España http://reps-sevilla.com/

............................................................................................................................ 17 al 21

MAR

Conferencia Anual de la ASPA American Society for Public Administration (ASPA) Atlanta, Estados Unidos https://www.aspanet.org/Conference2017/Home/2017-Conference/Conference/Home.aspx

........................................................................................................................... 30 al 31

MAR

I Jornadas de Sociología de la UNMdP Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina http://www.aasociologia.org.ar/2016/11/i-jornadas-de-sociologia-de-la-unmdp.html

............................................................................................................................ 19 al 21

ABR

21.a Conferencia Anual de la IRSPM International Research Society for Public Management (IRSPM) Budapest, Hungría http://www.irspm.net/conferences/2017-irspm-conference

............................................................................................................................ 20 al 21

ABR

1.as Jornadas Nacionales de Estudios sobre Delito, Violencia y Política Universidad Nacional de La Plata - Universidad Nacional de San Martín Universidad Nacional de Quilmes La Plata – Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina https://2.bp.blogspot.com/-Y6bwXU29E0M/WAoImbeCEcI/AAAAAAAATaE/ wwt8wq48A3A8refaB7nqVc4BMkUrvTSAgCLcB/s1600/Flyer%2BJorn adas.jpg goo.gl/zKqg7J

Colaboraciones Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno Los trabajos con pedido de publicación deben ser remitidos a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno mediante comunicación electrónica a escueladegobierno@modernizacion.gob.ar, con copia a formacion@modernizacion.gob.ar. En todos los casos, deben ser trabajos originales o inéditos, que no hayan sido enviados para su publicación a otras revistas. Se podrán presentar artículos y reseñas en idioma castellano y portugués. Todas las contribuciones recibidas serán evaluadas preliminarmente por la dirección y la secretaría de redacción de la Revista, y aprobadas acorde a su pertinencia temática y requisitos formales. El proceso de selección durará, como mínimo, entre uno y seis meses; y, una vez finalizado, el comité de la revista se pondrá en contacto con el autor o los autores para comunicar la decisión de publicación. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados. En caso de sugerencias y correcciones, los autores deberán dar cuenta de estos. El envío de un artículo a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno implica la cesión de los derechos de autor para que este pueda ser editado, reproducido o difundido públicamente con fines exclusivamente científicos, académicos o culturales. Para la presentación de los trabajos, se deberán observar los siguientes criterios: 1. Deben ser enviados a ambas direcciones electrónicas. 2. Los artículos no deben exceder los 13 000 caracteres (con espacios incluidos), y las reseñas bibliográficas, los 500. Esto incluye resúmenes y referencias bibliográficas. 3. Todos los trabajos deben presentarse en programa Word, con letra Times New Roman, número 12, a espacio sencillo. Se utilizará hoja tipo A4 con margen superior de 3 cm; inferior, 2,5 cm; izquierdo, 2,5 cm y derecho, 2.5 cm. 4. Los artículos deberán estar acompañados con una foto de cara de cada uno de los autores con definición mínima de 300 DPI en JPG. Asimismo, las reseñas bibliográficas deberán ser enviadas con una foto de la tapa del libro con la misma definición. 5. El título deberá estar alineado a la izquierda en negrita y con letra Times New Roman, número 14. Los nombres y apellidos del autor o de los autores se expresarán de igual forma, pero en letra itálica (en caso de ser dos, la y entre estos estará en redonda, y, si son más de dos, habrá comas entre ellos hasta el último, donde se ubicará la y). 6. Toda aclaración con respecto al trabajo, así como la pertenencia institucional del autor o de los autores y su dirección electrónica, deben consignarse mediante asterisco (y doble asterisco si fuese necesario) desde el título o el nombre del autor al pie de la primera página. 7. Las citas aclaratorias deberán ir al final del texto y no podrán superar el número de cuatro. 8. Las referencias bibliográficas deberán seguir preferentemente el formato americano: apellido del autor, año y número de página luego de dos puntos para los casos de citas textuales. Por ejemplo: Varios países latinoamericanos son casos de democracia delegativa (O’Donnell, 1997). «El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intereses» (O’Donnell, 1997: 293). 9. En el apartado bibliográfico, las referencias deben observar el siguiente orden, separado por comas: apellido

Colaboraciones del autor, letra inicial del nombre del autor, año (entre paréntesis), título de la obra (entre comillas si es un artículo; en itálica si se trata de un libro o título de una publicación), volumen, tomo, etc., lugar de edición y editorial. Por ejemplo:

Para libros y capítulos de libros: Bourdieu, P. (2008). Homo academicus. Buenos Aires: Siglo XXI. O’Donnell, G. (1997). «¿Democracia delegativa?». En O’Donnell, G. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. Gutiérrez Márquez, E. (2013). «La ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM». En Reveles, F. (coord.). La Ciencia Política en México hoy: ¿Qué sabemos? México: UNAM y Plaza y Valdés. En caso de titularidad por parte de organizaciones, se pondrán los nombres en mayúsculas. ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Para revistas: Altman, D. (2005). «La institucionalización de la ciencia política en Chile y América Latina: una mirada desde el sur». Revista de Ciencia Política, 25, (1). En este caso, el 25 corresponde al volumen de la revista, y el (1), al número. .............................................................................................................................................................................................................................................................

Para participaciones en eventos científicos: Rocha, C. (2012). «La ciencia política en Uruguay (1989-2009). Un estudio de los temas, teorías y metodologías predominantes en la investigación y la enseñanza en el Instituto de Ciencia Política». Ponencia presentada en el IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política. Noviembre, Montevideo. ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10. La bibliografía obtenida en espacios virtuales deberá consignarse con su sitio correspondiente junto con la fecha de consulta: Oszlak, O. (2016). «Hacia un Estado al servicio del ciudadano». En diario La Nación [en línea]. Disponible en <http:// www.lanacion.com.ar/1901788-hacia-un-estado-al-servicio-del-ciudadano> [Consulta: 5 de octubre de 2016]. 11. Todos los artículos deberán estar acompañados por un resumen en castellano y otro en inglés, de hasta 100 palabras cada uno. En caso de tratarse de un artículo en portugués, se agregará un resumen en español. 12. Los cuadros, diagramas e infogramas realizados en otros programas deberán ser enviados en archivos aparte. Se deberá señalar específicamente el lugar en el cuerpo del texto donde deberán colocarse. En la medida de lo posible, se deben utilizar programas generalizados y compatibles con Word. Cada elemento deberá contar con su propio archivo. Incluyendo los cuadros, el artículo no podrá superar las 4 páginas en el formato antes mencionado. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados.