Los ODM ante el reto de la igualdad de género by Ars Satellit

Los ODM ante el reto de la igualdad de género MUJERES, TRABAJO Y DESARROLLO. REFLEXIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Edita Fundació Pau i Solidaritat - CCOO Catalunya Via Laietana 16, 1ª planta 08003 Barcelona Tel. 93 481 29 12 Fax 93 481 28 57 pauisolidaritat@ccoo.cat www.pauisolidaritat.ccoo.cat © 2010 Fundació Pau i Solidaritat - CCOO Catalunya

Autores Soledad García Muñoz Pablo Martínez Osés María Teresa Blandón Gadea Mertxe Larrañaga María Elena Valenzuela María Bastidas Aliaga Staša Zajović Awa Wade Michal Schwartz Violeta Elena Lacayo Coodinación del proyecto y la edición Paula Señán Castellano Traducción Miriam del Val Espejo Coordinación lingüística Josep Maria Benito i Bassas Diseño © Ars Satèl·lit Fotografía Portada: © Ed Simpson Interior: © Corbis, © Cordon Press, © Comstock, © Ingram, © Image100 © Photospin, © Istockphoto, © Shutterstock, © M. A. Corvinos, WAC, ADC, Žene u Crnom , CCOO, UNSAS, Plataforma 2015 y Más, M. J. Mora Impresión Agpograf D.L. B000000000

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Contenido 5 Prefacio 7 Introducción Derechos Humanos de las mujeres y ODM Logros y reivindicaciones 13

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Breves reflexiones sobre los ODM . Derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos de las mujeres Soledad García Muñoz Los Objetivos del Milenio: seguimiento del incumplimiento de un compromiso internacional de lucha por el desarrollo sostenible Pablo José Martínez Osés ¿Qué sigue después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio? María Teresa Blandón Gadea

El Trabajo Digno como instrumento de lucha contra la pobreza en la Globalización 35 41

Mujeres, crisis y Objetivos de Desarrollo del Milenio Mertxe Larrañaga Trabajo Digno y equidad en el marco de la crisis económica María Elena Valenzuela

Las mujeres como protagonistas de la transformación social para el desarrollo equitativo 47 53 59 65 71

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los derechos laborales de las mujeres en el Perú María Bastidas Aliaga Estrategias de Mujeres de Negro para paliar los efectos de la guerra Staša Zajović Los derechos de las senegalesas del sector informal en el punto de mira de los Objetivos del Milenio Awa Wade WAC: Empoderamiento económico y social de las mujeres árabes en Israel Michal Schwartz Feminización de la pobreza y feminización de los flujos migratorios en América Central Violeta Elena Lacayo Anexo Declaraciones ODM y Derechos Humanos (extracto)

Prefacio La Globalización del mercado laboral, tal y como se viene desarrollando en las últimas décadas, está profundamente marcada por la desregularización, la precariedad, la informalidad, la subcontratación, las deslocalizaciones de las empresas y la violación extendida de los Derechos Humanos Laborales; y la desprotección que se deriva de todo ello recae en su mayor parte sobre las mujeres. A menudo estrechamente vinculadas a procesos de explotación laboral, ellas sufren en mayor medida la discriminación por género, raza, y edad; generalmente experimentan también mayores dificultades que los hombres en el acceso a la educación, la formación, el mercado de trabajo, y a una remuneración digna en función de la actividad desempeñada. Sabemos que “siete de cada diez personas que pasan hambre en el mundo son mujeres, pese a que éstas aportan las dos terceras partes de las horas de trabajo a nivel mundial. Aun así, ellas tan sólo poseen el 10% de los ingresos mundiales y un 1% de los medios de producción”1. Existe, por lo tanto, una invisibilidad de la contribución que las mujeres realizan al desarrollo social global; por otra parte, el no reconocimiento de sus derechos en relación con el trabajo supone también un factor limitante para aquél. Pero ¿son las mujeres más vulnerables a los procesos de explotación como consecuencia de la pobreza o bien es la falta de políticas de generación de empleos dignos la que las une a los procesos de explotación, provocando así la retroalimentación de la pobreza? Pese a todos los factores estructurales que dificultan el empoderamiento de las mujeres, no renunciamos a la aspiración colectiva de poder contar con el cumplimiento efectivo de sus Derechos Humanos. Para lograrlo seguiremos trabajando, ya sea desde la reivindicación político-sindical o el respaldo a la puesta en marcha de iniciativas concretas que lo fomenten. Por ello, la Fundació Pau y Solidaritat CCOO Catalunya, a través de proyectos de cooperación sindical para el desarrollo, lleva veinte años apoyando el fortalecimiento de las organizaciones sindicales del Sur y el impulso del diálogo social y equitativo, con el objetivo de promover sociedades democráticas más fuertes. Para facilitar dicho proceso, uno de nuestros ejes de acción, presente en todos los proyectos, se centra en la promoción de la formación, la organización, la defensa jurídica y la inclusión de las mujeres trabajadoras en las estructuras sindicales. Pero, como veremos, la construcción de una sociedad más justa y equitativa no sólo supone un desafío para los sindicatos, sino que implica el esfuerzo explícito de todos los actores nacionales e internacionales con capacidad de intervención en la transformación del funcionamiento de la sociedad global. Esta publicación pretende ser un instrumento útil en la sensibilización de los afiliados/as y miembros de la estructura sindical y de la población en general –a través del incremento de la información sobre la situación laboral de las mujeres en el mundo–, y desea contribuir al aumento de la conciencia y el compromiso social, así como al impulso de una mayor solidaridad entre trabajadores/as del Norte y del Sur. Todavía queda mucho camino por recorrer. Espero que nos acompañéis.

Mercè Campabadal Directora de la Fundació Pau i Solidaritat CCOO Catalunya

Muñoz, Ana. La mujer, motor de desarrollo. COMFIA-CCOO (2008).

Introducción Este trabajo intenta analizar en qué medida la violación de los Derechos Humanos Laborales de las mujeres puede estar comprometiendo el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Partimos de la hipótesis de que las condiciones en que se realiza el trabajo en el mundo constituyen un eje transversal, fundamental y determinante para el desarrollo –personal, familiar, local y global–, entendiendo el desarrollo como el medio para lograr el bienestar y la justicia social mundial. Con este material se pretende contribuir, desde una perspectiva crítica y de género, al desarrollo de los conocimientos de los afiliados/as, de la estructura sindical y de la población en general, en torno a la violación de los Derechos Humanos laborales –en este caso, relativos a las mujeres–, y sus consecuencias sobre el aumento y la feminización de la pobreza. Lo que se pretende, por lo tanto, es poner en evidencia la relación existente entre la precariedad del empleo de las mujeres y el incremento de su vulnerabilidad frente a fenómenos como las crisis alimentarias, el difícil acceso a la escolarización y la formación, la desprotección sanitaria, etc., o las dificultades estructurales que encuentran para participar democráticamente en la toma de decisiones en pie de igualdad con los hombres. El contenido de esta publicación se presenta en tres partes diferenciadas que, siguiendo los objetivos anteriormente señalados, van trasladando el análisis de la reflexión teórica a la realidad cotidiana de las mujeres. Para ello, se transversalizan los ámbitos económico, social, cultural y jurídico en las diversas escalas de análisis abordadas.

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

1 Globalización y patriarcado

2 Derecho a un Trabajo Digno

El objetivo de la primera parte es introducir al/la lector/a en el marco en que nos encontramos (globalización y patriarcado), poniendo de manifiesto la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico internacional y nacional, y en las políticas públicas puestas en marcha para lograr los Objetivos comprometidos. Como veremos, los esfuerzos de numerosos grupos de mujeres que luchan activamente por incidir en el reconocimiento de la discriminación de facto para actuar a favor de la transformación social, han sido la piedra angular del inicio de la articulación de los principios de igualdad y equidad, a pequeña y a gran escala.

Los objetivos de la segunda parte de este estudio monográfico son varios. Por un lado, se quiere explicar las causas de la actual crisis económica como producto de las líneas políticas emprendidas por el sistema hegemónico capitalista (liderado por los Estados Unidos); por otro, se pretende facilitar, a través del análisis macroeconómico del contexto actual, nuestra comprensión de la dirección hacia la que se dirigen los cambios, de qué modo se perfilan los nuevos “equilibrios” de fuerzas entre la economía real y el capital, y el vínculo resultante entre capital y trabajo o entre el descontrol financiero y la desprotección de las personas, especialmente de las mujeres. Finalmente, se analizan las consecuencias de la crisis sobre las tendencias actuales en el empleo de las mujeres.

El sistema o modelo de funcionamiento actual (de la economía, el comercio, el desarrollo empresarial y financiero a nivel internacional) es explotador, desequilibrador, excluyente y por ello, insostenible. Para contrarrestarlo, la sociedad civil ha luchado y se ha dotado de valiosos instrumentos de protección jurídica universal (por lo que queremos rendir ahora un especial homenaje al movimiento feminista y a las mujeres en general). Para reflejar los resultados y valorar ampliamente su significado, en esta parte se hace un análisis de los “olvidados” derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) desde la perspectiva de género, y de su estrecho vínculo con la puesta en marcha de las disposiciones necesarias para el logro de los ODM. Se explican también los antecedentes de los compromisos adquiridos, se ofrece un seguimiento actualizado sobre el grado de impulso y consecución de cada una de sus metas, y se señalan las tendencias registradas para su alcance (o no) en el futuro. Veremos también que la unanimidad alcanzada en su momento por 189 Jefes de Estado (en su mayoría hombres) concluyó con un acuerdo de mínimos que, para ser aceptado, implicó la renuncia del reconocimiento, desde ese foro internacional, de diversos derechos íntimamente ligados con el bienestar y las necesidades estratégicas de las mujeres.

Pero, ¿en qué medida este modelo de funcionamiento financiarizado1, liberalizado y desregulado, que es el principal responsable de las brechas mundiales de desigualdad social, permite la generación de políticas de empleo basadas en la extensión del Derecho a un Trabajo Digno? Antes de responder queremos mencionar nuestro convencimiento de que la propuesta de promoción del Trabajo Digno, impulsada por la OIT2, constituye un instrumento de gran potencial en la lucha contra la desigualdad social y la pobreza y a favor de la autonomía de los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Por ello, a continuación entraremos de lleno en dicha propuesta para analizar las limitaciones coyunturales y estructurales que enmarcan las tendencias actuales del trabajo de las mujeres, vinculando la violación de sus DHL con la dificultad para lograr los ODM.

1 “Financiarización” es un término relativamente nuevo, presente desde hace unos años fundamentalmente en la literatura económica. Según varios autores (como Epstein, Palley, Kotz y Krippner), el concepto se refiere al papel creciente jugado por motivaciones financieras, mercados financieros, agentes financieros e instituciones financieras en el funcionamiento de la economía nacional e internacional (…) y cuyo impacto sobre los países empobrecidos está asociado con unos costos económicos considerables: entre otros, una mayor desigualdad de ingresos, una mayor proporción de PIB destinada a los propietarios de los activos financieros –que tienden a estar entre los muy ricos en la mayoría de países–, y la orientación a corto plazo de los inversores financieros que, a través de su poder sobre la toma de decisiones de las grandes corporaciones, tienden a socavar la inversión a largo plazo en detrimento de un desarrollo económico sano. En La financiación y la economía mundial. Escrito por Gerald A. Epstein. Pág. 3. (2006) 2 Para más información, ver en el sitio web de la OIT, la página siguiente: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/ lang--es/index.htm

3 Acciones concretas En la tercera parte pretendemos situar sobre el terreno el marco, los conceptos y los datos anteriormente analizados para encontrar su reflejo en la realidad específica de las mujeres de diversas zonas del mundo; lo hacemos de la mano de especialistas que conocen, a través de la práctica de su trabajo cotidiano, las vicisitudes de la vida de las trabajadoras y las consecuencias que la violación de sus derechos provoca en su situación personal y familiar, así como en el desarrollo local.

Así, este monográfico “nace” con la voluntad de ser un instrumento sensibilizador capaz de, por un lado, aclarar y denunciar los factores que perfilan a la mujer trabajadora actual como una mujer con escasa educación formal, desprotegida, infrarremunerada, explotada y expuesta a riesgos de carácter físico y sanitario en su lugar de trabajo y, por otro, relacionar las consecuencias directas de la violación de sus Derechos Humanos Laborales con las problemáticas abordadas por los ODM y sus diversas metas.

En función de la región (por ejemplo, América Central) o del país abarcado (como Senegal, Israel, Serbia y Perú), la experiencia nos llevará a comprender el impacto que las condiciones laborales de las mujeres (y las barreras asociadas a su situación, posición y contexto cultural) producen sobre uno o varios de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El material sigue con la exposición de sus reivindicaciones concretas y las estrategias de acción, propuestas o en funcionamiento para promover su empoderamiento, ya sea a través de la organización (asociativa o sindical), el emprendimiento de un proyecto migratorio o la participación activa en un proceso de paz. Como veremos, los testimonios aportados por las autoras ponen en evidencia que sus protagonistas tienen un nexo común a través de la solidaridad encontrada en diversas redes de mujeres, desde las cuales comenzaron a participar en iniciativas de empoderamiento personal y colectivo con efectos muy positivos sobre el desarrollo familiar y local.

Para la elaboración de este importante material hemos contado con la colaboración de grandes especialistas que en diversos países del mundo, desde los ámbitos asociativo, sindical y académico, han aceptado generosamente compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. No me queda más que reiterar la idea expuesta por algunas de las autoras, según la cual, en cuanto al logro de los ODM, el tiempo corre en nuestra contra. Los segundos transcurren transformándose en años ante la atenta y crítica mirada de todas nosotras. Seguiremos exigiendo la implicación de una voluntad política mucho mayor para hacer efectivos los Objetivos del Milenio. Porque si no, ¿qué vendrá después de 2015? Estoy segura de que la propuesta será de vuestro interés.

Paula Señán Castellano

Área de Sensibilización . Fundació Pau i Solidaritat CCOO Catalunya

! Una mujer indonesia muestra su dedo entintado tras votar. Jakarta, 8 de julio de 2009. ÂŠ Foto: Mast Irham / EPA / CORBIS

Derechos Humanos de las mujeres y ODM. Logros y reivindicaciones

ı 1 © Raheb Homavandi/ CORDON PRESS ı 2 © Shutterstock ı 3 © M.J. Mora ı 4 © Istockphoto ı

Derechos Humanos de las mujeres y ODM. Logros y reivindicaciones

1.1 Breves reflexiones sobre los ODM

Derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos de las mujeres Soledad García Muñoz

Acercamiento al concepto de los Derechos Humanos de las mujeres: Género y perspectiva de género Los Derechos Humanos son atributos inherentes a todas las personas por el mero hecho de serlo, cuyo disfrute resulta indispensable para vivir con dignidad. A partir de ahí no habría por qué diferenciar entre los derechos de las mujeres y los de los hombres. Sin embargo, la especificidad de las violaciones de Derechos Humanos que sufren las mujeres en función de su género, así como algunas necesidades que solamente las mujeres tienen (como las que rodean su función reproductiva y la experiencia de la maternidad), han llevado a conferir un carácter también específico al reconocimiento y a la protección de los derechos de la mitad de la población mundial. Los Derechos Humanos de las mujeres se inscriben así en un proceso de especificación1 que, profundizando los efectos de la internacionalización de los Derechos Humanos, ha supuesto la progresiva sensibilización del derecho internacional, como también de los derechos nacionales, hacia las personas y los colectivos humanos cuyos derechos se ven expuestos a violaciones de carácter específico o que, en ra-

1 VID PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, “Curso de derechos fundamentales. Teoría General”; Edit. Universidad Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, p. 181.

zón de su identidad o circunstancias, requieren una protección reforzada2. En el caso de las mujeres, patrones históricos y universales de violación de los Derechos Humanos en razón del género manifestados fundamentalmente en la discriminación y en la violencia, así como la falta generalizada de acceso a y disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, han hecho que, gracias sobre todo al activismo incansable de las mujeres y sus organizaciones, los sistemas nacionales e internacionales de tutela de los Derechos Humanos se hayan orientado a reconocer y a garantizar los derechos de las humanas de manera cada vez más precisa. Comprendiendo la especificidad en que se encuadran los Derechos Humanos de las mujeres, resulta también importante entender que se trata de un concepto dinámico, que ha ido enriqueciéndose a medida que la Comunidad Internacional y los Estados que la integran han intensificado su atención hacia las mujeres y sus circunstancias. Así, en el momento actual de evolución del Derecho de los Derechos Humanos de las Mujeres, los mismos podrían ser definidos como sigue: El derecho universal de cada mujer del mundo a vivir una vida libre de discriminación y de violencias de género, con autonomía sexual y reproductiva, tanto en el ámbito público, como

2 Este sería también el caso, entre otros, de las personas migrantes, de las personas refugiadas, de las personas con discapacidad, de las personas y de los pueblos indígenas, de las y los jóvenes, o de las niñas, los niños y las/ los adolescentes

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

en el privado, tanto en tiempos de paz, como de guerra, como condición indispensable para poder disfrutar efectivamente de la integralidad de los Derechos Humanos –civiles, económicos, políticos, culturales, sociales o ambientales–. Mención especial merece también el aporte realizado por el concepto de género y su correspondiente perspectiva a la comprensión de la situación y del alcance de los Derechos Humanos de las mujeres. La categoría género surge en el movimiento feminista de los años setenta del siglo pasado para explicar la artificialidad de las desigualdades entre mujeres y hombres; a tal impulso debemos su actual vigencia y desarrollo3. Siguiendo el concepto empleado por la Asesora Especial en temas de género y avance de las mujeres del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, género se refiere a: "(…) los atributos sociales y las oportunidades asociados con ser hombre y mujer y las relaciones entre hombres y mujeres y las niñas y los niños, así como las relaciones entre mujeres y entre los hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones son socialmente construidos y se aprenden a través de los procesos de socialización. Son contextuales y cambian en el tiempo. El género determina lo que se espera, permite y valora en una mujer o un hombre en un contexto dado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y control sobre los recursos, así como en cuanto a las oportunidades para la toma de decisiones. El género es parte del contexto socio-cultural ampliamente considerado. Otros criterios importantes para el análisis socio-cultural son la clase, raza, nivel de pobreza, grupo étnico y edad.4”. Un aporte fundamental ha sido hecho por Joan Scott, autora que distingue dos partes interrelacionadas en la conceptualización de la categoría género; reconociéndola como un

3 Un completo análisis de la cuestión puede encontrase en DE BARBIERI, M. Teresita, “Certezas y Malos Entendidos sobre la Categoría Género”, en IIDH, “Estudios Básicos de Derechos Humanos IV”; Ed. IIDH y Comisión de la Unión Europea, 1996, pp.47 a 84. 4 Original en inglés, la traducción me pertenece. Para este y otros conceptos relacionados visitar la página: http://www.un.org/womenwatch/ osagi/conceptsandefinitions.htm.

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos; así como también como “una forma primaria de relaciones significantes de poder”5. A partir de su estudio y el de otras teóricas feministas, resulta claro que el reconocimiento y la acción sobre la asimetría de las relaciones de poder entre mujeres y hombres es un aspecto central para el avance de los Derechos Humanos de las mujeres6. A partir de la idea de género, se ha construido toda una teoría que tiene como una de sus herramientas principales lo que se denomina perspectiva de género, de la cual informa de manera creciente la mayoría de las ciencias e instituciones contemporáneas. La perspectiva de género puede definirse como “el enfoque o contenido conceptual que le damos al género para analizar la realidad y fenómenos diversos, evaluar las políticas, la legislación y el ejercicio de derechos, diseñar estrategias y evaluar acciones, entre otros”7. La Plataforma de Acción de Beijing supuso un importante paso en la aceptación internacional de estos conceptos, al acordarse que: “Los gobiernos y otros actores deberán promocionar una política activa y visible del mainstreaming de género, en todas las políticas y programas, para que, antes de que se tomen las decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres, respectivamente”8 Así, sobre género y perspectiva de género informan cada vez más la protección nacional e internacional de los Derechos Humanos: tanto los ordenamientos jurídicos nacionales, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, o el Derecho Internacional

5 Cf. SCOTT, Joan. 1990. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”; en Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, J. Amelang y M. Nash (coord.); Ed. Universidad de Valencia, pp. 44. 6 VID por ejemplo LAGARDE, Marcela, ‘La perspectiva de género’, en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. HORAS y HORAS, España, 1996, pp. 13-38. 7 Cf. GUZMÁN S., Laura y CAMPILLO C., Fabiola, en IIDH, “Marco de referencia y estrategia para la integración de la perspectiva de género en el IIDH”, San José (Costa Rica), 30 de noviembre de 2000, p. 25. 8 VID Plataforma de Acción de Beijing, 1995: Pár.79, 105, 123, 141, 164, 189, 202, 229, 238, 252 y 273.

Derechos Humanos de las mujeres y ODM. Logros y reivindicaciones

de las Personas Refugiadas, van integrando progresivamente en su seno esta mirada que posibilita una más eficaz protección de los Derechos Humanos. El fenómeno de “transversalización” (mainstreaming) por el género de la protección internacional de los Derechos Humanos, se materializa en numerosos aspectos9. Por ejemplo, en la adopción de instrumentos específicos para proteger los Derechos Humanos de las mujeres, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)10. Asimismo, el concepto género se encuentra incorporado literalmente en textos e instrumentos nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos, lo cual es un claro indicador de la alta asunción y valor que la comunidad internacional ha dado a este concepto. Destaca en este sentido la Convención Interamericana para Prevenir, Investigar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará), que en su artículo 1 define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público como en el privado”11. El Estatuto de Roma para la creación de una Corte Penal Internacional también se ha apropiado del concepto género, que a sus efectos se entiende referido “a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”12. Igualmente lo ha hecho, el Protocolo a la Carta

9 La tesis es sostenida y desarrollada por GARCÍA MUÑOZ, Soledad, en “La progresiva “generización” de la protección internacional de los Derechos Humanos”; publica REEI (Revista Electrónica de Estudios Internacionales), nº2 del 2001. VID en: http://www.reei.org/reei.2/Munoz.PDF. En dicho trabajo se acuña el concepto de “generización” de la protección internacional de los Derechos Humanos, entendido como el “fenómeno de transversalidad o impregnación por el género, como concepto y perspectiva de análisis, de la tarea de reconocimiento, promoción y salvaguardia de los Derechos Humanos en sede internacional.” 10 La CEDAW puede consultarse en http://www2.ohchr.org/spanish/law/ cedaw.htm. Para un profundo análisis de la misma VID la publicación del IIDH “CEDAW y su Protocolo Facultativo”, disponible en: http://www.iidh.ed.cr/ comunidades/derechosmujer/docs/dm_documentospub/CEDAW%20Y%20 Pf/PROTOCOLO%20Facultativo%20-04comp.pdf1.

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos Humanos de las mujeres en África, el cual utiliza el concepto género en varias ocasiones a lo largo de su articulado. Por lo dicho anteriormente, aplicar la dimensión de género enriquece sobremanera el diagnóstico de las realidades bajo análisis, como también las estrategias de actuación sobre las mismas. En materia de Derechos Humanos, y de derechos económicos, sociales y culturales en particular, nos permite, entre otras cosas, visualizar inequidades y detectar mejor las necesidades de protección que precisan quienes padecen esas desigualdades por motivos de género, con base en el análisis fundamentado en el impacto diferencial que el derecho o la situación bajo estudio (por ejemplo, el derecho a la salud, o el fenómeno de la migración) suponga en términos de disfrute de derechos para las mujeres y para los hombres. Ofrece pues grandes ventajas y posibilidades para la efectiva tutela de las personas, especialmente de las mujeres. Por ello es lógico y necesario que el concepto género y su perspectiva calen hondo en la protección de los Derechos Humanos, llegando a constituir un elemento transversal de cualquier acción que se emprenda en la materia.

Género, Derechos de las Mujeres y Derechos Económicos, Sociales, Culturales (… y Ambientales, DESCA) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948, reconoció un amplio catálogo de derechos sin diferenciar entre los de tipo económico, social, cultural, civil o político13. Sería después, en 1966, cuando en la ONU se adoptaron dos Pactos que separaban tales derechos en dos categorías diferenciadas: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por un lado, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por otro. Esa división artificial de los Derechos Humanos en dos tratados separados tuvo como causa principal la tensión

11 Dicha Convención puede consultarse en: http://www.cidh.org. 12 Cfr. art. 7.3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Adoptado en Roma, el 17 de julio de 1998, en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional (81 ratificaciones).

13 Igualmente, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Humanos), adoptada unos meses antes de la Universal, también proclamó derechos de diverso tipo.

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

ideológica propia de la época de la Guerra Fría. Con el correr del tiempo, esta separación ha generado una desigual jerarquización y protección de los derechos civiles y políticos, por encima de los DESC. Cabe señalar que en su concepción más moderna, éstos últimos han incorporado con fuerza una tipología adicional de derechos: los ambientales, razón por la que cada vez se utiliza más el término DESCA. Pero a pesar de esta génesis divisiva, propia de una época profundamente bipolar, la Comunidad Internacional ha sabido evolucionar hacia la afirmación de la “integralidad” de todos los Derechos Humanos; algo que quedó sobre todo evidenciado durante la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en la ciudad de Viena en 1993. Los resultados de la misma supusieron un hito conceptual para los Derechos Humanos en general y para los de las mujeres en particular. Primero, porque al declarar la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los Derechos Humanos, la Declaración y el Programa de Acción de Viena respaldaron de manera clara el carácter universal de los derechos como atributos esenciales de todas las personas, sin discriminación por circunstancia alguna, como el sexo/género14. Además, el reconocimiento de la indivisibilidad, de la interdependencia y de la interrelación de todos los Derechos Humanos, poniendo en un plano de igualdad a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) respecto de los derechos civiles y políticos, tiene una importancia fundamental para las mujeres del mundo que sufren discriminación y violencia de género, viendo así afectado el disfrute de la generalidad de sus Derechos Humanos y no únicamente de los de tipo civil o político. También en Viena se reconoció que: “Los Derechos Humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los Derechos Humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y

14 VID Declaración y Programa de Acción de Viena, párrafo 5. Documento A/CONF.157/23.

Derechos Humanos de las mujeres y ODM. Logros y reivindicaciones

El ritmo de cumplimiento de los compromisos asumidos es mucho más lento del que merece la acuciante realidad que viven las mujeres del mundo, víctimas principales de la pobreza y de la falta de disfrute de sus Derechos Humanos

la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”15. Con esta afirmación la Conferencia reconoció lo que podría parecer una tautología, pero que no debía resultar una verdad tan evidente cuando hubo la necesidad de afirmarla y suscitó no pocas controversias entre algunas de las delegaciones participantes, esto es: que los Derechos Humanos de las mujeres son Derechos Humanos. Otras Conferencias mundiales celebradas en los años 90 del Siglo XX han supuesto importantes avances para la conceptualización de los Derechos Humanos de las mujeres y, en particular en términos de los DESC. Es el caso de la Conferencia sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, fuente directa de reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas, a la cual me remitiré de nuevo más adelante. Por su parte, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, supuso otro importante hito para los derechos de las mujeres, por cuanto los 191 Estados participantes ratificaron su convencimiento de que “los Derechos Humanos de las mujeres son Derechos Humanos” y se obligaron a adoptar numerosas medidas para garantizarlos. Yendo más específicamente al caso de los DESC de las mujeres desde una perspectiva de género, destaca en primer lugar que todos los tratados específicos de Derechos Humanos de las mujeres, comenzando por la CEDAW –también conocida como la “Carta Magna de Derechos Humanos de las Mujeres”– y siguiendo por otros adoptados en el seno de organizaciones internacionales regionales, como la Convención de Belém do Pará o el Protocolo de los Derechos de la Mujer en África, hacen gala de una sólida perspectiva de indivisibilidad de

15 VID Declaración y Programa de Acción de Viena, párrafo 18.

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los derechos reconocidos16. En síntesis, estos tratados reconocen que la discriminación y la violencia contra las mujeres les impiden disfrutar totalmente de todos sus Derechos Humanos, así como que para que las mujeres puedan ejercer su derecho humano a vivir libres de discriminación y de violencia, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la igualdad y la no discriminación contra las mujeres, tanto en el ámbito civil, como político, social, cultural y económico; y ello tanto en el ámbito público como en el privado. En ese sentido, los Derechos Humanos de las mujeres vienen a revolucionar los paradigmas clásicos de división entre categorías de derechos y de espacios para su protección. Otro valioso aporte conceptual en materia de DESC de las mujeres y perspectiva de género lo encontramos en los “Principios de Montreal”, los cuales fueron redactados con el objetivo de “guiar la interpretación y aplicación de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), para que las mujeres puedan gozar de dichos derechos plenamente y en equidad”. Resulta un instrumento especialmente útil para los Estados interesados en comprender y lograr la igualdad sustantiva de las mujeres, incluyendo el uso de medidas especiales de carácter temporal17. Por su parte, el Comité CEDAW ha examinado algunos DESC a la luz de los estándares de la Convención que constituye su base de trabajo. Entre los estándares desarrollados por el Comité en la materia destaca, por ejemplo, la Recomendación General número 24 sobre el

derecho de las mujeres a la salud18. Así también el Comité, en el uso de sus competencias, suele llamar la atención de los Estados sobre la desigualdad en el acceso y disfrute por las mujeres de los DESC, en relación con los hombres. También el Comité de vigilancia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha ocupado de la cuestión. En 2005, dicho Comité dictó una Observación General sobre “La Igualdad del Hombre y la Mujer en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales” (articulo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ella el Comité reconoce la existencia de una serie de barreras, como la condición de inferioridad de las mujeres asignada por tradiciones y por costumbres o la discriminación abierta o encubierta, que impiden que las mujeres disfruten de derechos tales como el de tener una vivienda y una alimentación adecuadas, educación, y el nivel más alto posible de salud o el acceso al agua, en pie de igualdad con los hombres. Asimismo, el Comité reconoce que muchas mujeres se ven privadas de acceder a estos derechos por sufrir otras formas de discriminación, además de la basada en su sexo/género, como las que tienen su origen en la raza, el color, el idioma, la religión, las opiniones políticas u otras, el origen nacional o social, el nivel económico, u otros factores como la edad, la pertenencia étnica, la presencia de discapacidad, el estado civil, o la condición de refugiadas o migrantes, que agravan la situación de desventaja. Consecuentemente, el Comité DESC establece la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres sin discriminación19.

16 Un análisis de estos tratados puede encontrarse en GARCÍA MUÑOZ, Soledad, “Derechos Humanos de las Mujeres en África y América Latina: aspectos conceptuales y normativos”, en “Cuadernos Solidarios 4. Serie Universidad, Género y Desarrollo: II. Buenas prácticas en Derechos Humanos de las Mujeres. África y América Latina”; Edit. Universidad Autónoma de Madrid, 2009, pp. 14-44. En dicha publicación se contienen valiosos estudios de fondo sobre derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en Latinoamérica y África. 17 Pueden consultarse en la dirección: http://www.escr-net.org/actions/ actions_show.htm?doc_id=426628&attrib_id=13457&attribLang_id=13441. Por otro lado, un importante estándar internacional en materia de aplicación de medidas especiales de carácter temporal, también conocidas como medidas de acción afirmativa, lo constituye la Recomendación General número 25 del Comité CEDAW, la cual puede consultarse a través de la página de dicho órgano: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cedaw/index.htm

18 Dicha Recomendación General y los documentos de este Comité se encuentran disponibles en la página web http://www2.ohchr.org/spanish/ bodies/cedaw/index.htm 19 La Observación General Número 16 del Comité DESC, así como el resto de documentos emanados de este órgano internacional puede consultarse en: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cescr/

Derechos Humanos de las mujeres y ODM. Logros y reivindicaciones

Objetivos de Desarrollo del Milenio y Derechos Humanos de las mujeres (ODM) Los ODM fueron adoptados en 2001, como guía de implementación de la Declaración del Milenio, proclamada en Naciones Unidas en el marco de la Cumbre del Milenio, en la que participaron 191 Estados. Se trata de ocho Objetivos, a saber: Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal; Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres; Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil; Objetivo 5: Mejorar la salud materna; Objetivo 6: Combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades; Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Si bien son objetivos loables, compartidos por la sociedad civil a nivel global, y presentan la ventaja de poner metas y tiempos cuantificables, un dato que resulta poco auspicioso es que pese a que el compromiso inicial de los Gobiernos fue el cumplimiento de dichos objetivos para el año 2015, ya los estudios apuntan que esos tiempos están lejos de poder ser logrados a nivel global. Por otro lado, los ODM han suscitado no pocas inquietudes entre la comunidad académica y activista mundial. Así, habría sido deseable que se incluyeran otros –como, por ejemplo, la garantía general de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, conforme a los lineamientos de la Conferencia de El Cairo–; y que estos Objetivos se adoptaran en un marco de mayor conexión con los compromisos y estándares de Derechos Humanos ya asumidos por los Estados de la Comunidad Internacional que los suscribieron. Asimismo, resulta necesario que el cumplimiento de todos los objetivos esté integralmente guiado por la perspectiva de género, ya que todos ellos presentan una línea de base y un impacto ciertamente diferencial en relación con las mujeres y los hombres a quienes aspiran a favorecer. Por ello, desde estas páginas nos sumamos al llamado hecho por numerosas organizaciones y personas expertas, para que los ODM incorporen totalmente el enfoque de derechos y, específicamente, de Derechos Humanos de las mujeres en su implementación, incardinándose de manera explicita y clara en los esfuerzos que

las Naciones Unidas y sus Estados Miembros se han comprometido a llevar a cabo para proteger los Derechos Humanos y para consolidar la integración de la perspectiva de género en el seno del sistema ONU y de las políticas públicas nacionales20.

Conclusiones Como este breve ensayo pone de manifiesto, son ya destacables los esfuerzos conceptuales y normativos desplegados por la Comunidad Internacional en búsqueda de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos de las mujeres. Si bien se observa que estos avances van también impregnando los derechos y las políticas públicas nacionales, el ritmo de cumplimiento de los compromisos asumidos –como recién señalaba en relación con los ODM– es mucho más lento del que merece la acuciante realidad que viven las mujeres del mundo, víctimas principales de la pobreza y de la falta de disfrute de sus Derechos Humanos. Por ello, seguir reivindicando la igualdad en el disfrute real de los derechos de las humanas y, en especial, de los DESCA, debe seguir siendo una prioridad de todas las personas e instituciones comprometidas en serio con los Derechos Humanos. ó

Soledad García Muñoz21 Coordinadora de la Oficina Regional Suramérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Montevideo, Uruguay.

20 Para un breve y completo análisis de los ODM desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las mujeres, compartido por la autora de este trabajo, VID: http://www.cladem.org/espanol/novedades/Breves%20notas%20las%20 ODM-%20Susana%20Chiarotti.asp 21 Abogada. DEA en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Coordinadora de la Oficina Regional Suramérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Montevideo, Uruguay. Profesora de “Derecho Internacional Publico” y de “Género y Derechos Humanos de las Mujeres” en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Diversidad y Perspectiva de Género de Amnistía Internacional. La autora participó en la redacción de los “Principios de Montreal sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres”. E-mail: soledadgarciamunoz@yahoo.com.ar. Este trabajo es una reflexión académica de la autora y no representa postura institucional alguna.

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Derechos Humanos de las mujeres y ODM. Logros y reivindicaciones

1.2 Los Objetivos del Milenio: seguimiento del incumplimiento de un compromiso internacional de lucha por el desarrollo sostenible Pablo José Martínez Osés

Breve introducción histórica de los ODM Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2000, con la unanimidad de los 189 Jefes de Estado y de Gobierno presentes. Culminaban así diez años de trabajos para elevar al mayor rango político una propuesta para la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Los ODM son herederos de los procesos que la ONU puso en marcha a partir de 1990 con la finalización de la guerra fría mediante la convocatoria de las cumbres mundiales dedicadas a las grandes cuestiones sobre el desarrollo humano. La necesidad de promover un concepto de desarrollo multidimensional, que superara la estrechez de miras impuesta por los desarrollistas de lo económico, obligaba a incorporar numerosas cuestiones relativas al acceso a derechos sociales así como la atención al desarrollo de las capacidades de las personas. A partir de 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que añade indicadores sobre el acceso y las oportunidades de las personas a la variable económica, normalmente representada por la capacidad de compra en términos de disposición de la riqueza nacional (Producto Bruto o renta nacional). Por este motivo los ODM son varios –y no se reducen al primero de ellos que se propone reducir el número de personas que viven en situación de pobreza extrema según el baremo de renta (menos de 1,25 dólares diarios)– para atender a las dimensiones fundamentales sobre las que basar la eliminación de la pobreza

proporcionando el acceso a los servicios sociales básicos: Educación (ODM 2), Salud infantil (ODM 4), Salud materna (ODM 5), Salud contra epidemias (ODM 6), Salud Pública y acceso al agua y al saneamiento (ODM 7). Se reconoce también la importancia de la perspectiva de género para los logros del desarrollo, introduciendo además de un objetivo específico sobre el empoderamiento de las mujeres (ODM 3), la desagregación de sus indicadores más importantes en función del sexo, lo que permite visibilizar de manera específica la situación particular de las mujeres respecto de los hombres para cualquiera de los beneficios que promueve la declaración. Cabe destacar que, finalmente, también se introdujo un objetivo que subrayara la corresponsabilidad de los países ricos, de todo el sector privado y de los diferentes actores de la sociedad civil, puesto que los ODM no podrían alcanzarse por parte de muchos de los países empobrecidos sin el concurso y el compromiso de los países más desarrollados. Bajo la denominación de Fomentar una Asociación mundial para el desarrollo (ODM 8), se pretende promover la vinculación de las políticas de los países del Norte con los resultados de desarrollo propuestos en la declaración. De esta forma se sugieren varias metas concretas relativas específicamente a la Ayuda al Desarrollo, a la problemática de la Deuda Externa y a algunos elementos esenciales del comercio internacional. Aunque los ODM son aprobados en septiembre de 2000, los principales países del Norte y el capital privado transnacional, que controla los contenidos de los grandes medios

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

de comunicación, hacen oídos sordos de esta serie de compromisos y no emprenden ninguna medida de difusión de la misma. En marzo de 2002 tiene lugar la primera cumbre de financiación para el desarrollo en Monterrey (México) en la que se proponía responder a la pregunta del millón: ¿cuánto costaría cumplir los ODM en el plazo propuesto, en el 2015? Se habla a partir de entonces de la necesidad de duplicar la AOD mundial, es decir, de aportar 50.000 millones de dólares adicionales cada año. Pero ya para entonces había pasado el 11-S, y ya para entonces se había iniciado la operación Libertad Duradera de invasión del territorio afgano para el control geoestratégico de una zona de la mayor importancia –desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista del control de los recursos energéticos–. Hasta el año 2005 los ODM quedaron invisibilizados por las nuevas estrategias unilaterales de política de seguridad y de exterior de los EEUU y algunos de sus países aliados. Quedaron además ocultados por las guerras de Irak y Afganistán, suponiendo un verdadero desvío de los fondos previstos para la lucha contra la pobreza hacia las operaciones mencionadas. Sólo la articulación social de las organizaciones en más de un centenar de países logró introducir en la agenda de los medios de comunicación los compromisos incumplidos por los principales gobiernos. Fue durante todo el año, con algunos picos de visibilidad mediática en torno a la reunión del G8 en Greeneagles (Escocia). En esa reunión se establecieron algunos compromisos de reducción de la deuda externa de los países africanos, así como de concentración de cierta cantidad de ayuda al desarrollo en el continente con mayores problemas. Las metas específicas relativas al octavo ODM, el que habría de establecer los esfuerzos de los países donantes, quedaban fijadas de forma definitiva.

Mecanismos establecidos y críticas: las barreras externas y carencias del acuerdo Los ODM y su declaración incorporan un sistema de seguimiento que puede ser consultado por cualquier ciudadano con acceso a Internet. Los países empobrecidos tienen la obligación de realizar planificaciones estratégicas e informes de seguimiento de resultados respecto a

los indicadores que recoge la declaración. La batería de 53 indicadores seleccionados por las Naciones Unidas para dar cuenta de los avances y retrocesos en cada país o región, suponen una visión lo bastante amplia como para caracterizar la situación de pobreza en cualquier territorio. Es bien conocido que la debilidad más importante de esta declaración es la incapacidad de las Naciones Unidas para imponer el cumplimiento de sus resoluciones a los países. El carácter intergubernamental de nuestras instituciones de gobierno mundial no permite exigir a los países el cumplimiento de los acuerdos. Por este motivo, todo el desarrollo de la perspectiva de la lucha contra la pobreza basada en un enfoque de Derechos Humanos está adquiriendo gran relevancia, por cuanto considerar la pobreza como una violación de una serie de Derechos Humanos nos permite reclamar a los Estados que cumplan con su obligación jurídica de cumplir y hacer cumplir los derechos. Existen grandes esfuerzos para trabajar en este sentido, siempre en el marco del Comité de DDHH de la ONU con sede en Ginebra. Últimamente han sido de gran valor las declaraciones de dos relatores especiales de la ONU afirmando la conveniencia de establecer un Tribunal Internacional para juzgar a las firmas multinacionales por las violaciones de Derechos Humanos. Precisamente se considera de enorme relevancia el seguimiento de cuanto puedan hacer las empresas transnacionales, puesto que entre las causas identificadas de generación de desigualdad y pobreza, se encuentran muchas de las actuaciones de dichas empresas que, sin someterse a convenciones internacionales, presionan a los países con necesidades para que reduzcan sus condiciones (laborales, ambientales, y de todo tipo ) a cambio de enviarles cierta inversión. Ni la inversión directa está dejando beneficio alguno que pueda ser distribuido a los países, ni el empleo que estas inversiones generan reúne condiciones como para ser apreciado como un empleo con derechos que garantice la dignidad de los trabajadores. Las empresas transnacionales siguen deslocalizando y trasladando cualquier fase de su producción en busca de los menores costos de producción, mientras que nuestros gobiernos y las instituciones internacionales facilitan esos movimientos

Derechos Humanos de las mujeres y ODM. Logros y reivindicaciones

estableciendo facilidades mediante un adecuado derecho mercantil. Los ODM pugnan por lograr un desarrollo del derecho internacional al nivel del derecho mercantil. La lógica de la globalización económica ha sido doble: por un lado desregular lo máximo posible en los aspectos relativos a las garantías y derechos de los ciudadanos (de los trabajadores especialmente), mientras que se asegura unos mínimos en materia de derecho mercantil que sirvan de garantía para sus inversiones. En definitiva, los límites de la declaración de los ODM se encuentran tanto en su definición –que en muchos casos no asume los postulados del desarrollo humano acordados en las cumbres mundiales–, como en su incapacidad para transformar las grandes políticas que rigen el sistema actualmente. Las causas de la persistencia de la pobreza y la desigualdad se encuentran fundamentalmente en la prevalencia de los privilegios del capital privado transnacional sobre el discurso basado en los Derechos Humanos. En qué medida al capital le pueda interesar que la dimensión de la pobreza mundial se mantenga en niveles sostenibles, será lo que determine la respuesta del éxito relativo o no de los ODM.

Contexto de crisis y consecuencias sobre la “solidez” del compromiso El pasado mes de julio la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer los datos de su informe de seguimiento en el que, tal y como era previsible, establece una estrecha vinculación de algunos retrocesos y de no pocos retrasos con un contexto internacional dominado por la crisis financiera y la desaceleración económica. Se subraya de nuevo que la afectación de dicha crisis golpea con más crudeza a los países más pobres, así como a las clases más pobres de los países de renta intermedia. También se señala el aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) mundial publicado por el Comité de Ayuda al Desarrollo

(CAD-OCDE) para 20081, y que viene a corregir los descensos progresivos de los montos netos que se habían anotado desde 2005. En cualquier caso parece muy difícil predecir cuál será el comportamiento de la AOD en los próximos años, puesto que sigue constituyendo un sistema de enorme volatilidad que mantiene su carácter voluntario y discrecional. No en vano en el último año, coincidiendo con el estallido de la crisis financiera, se han sucedido informes que mostraban datos inquietantes para algunos de los indicadores más célebres que miden el progreso de los ODM. En agosto de 2008, el Banco Mundial (BM) considera por fin necesario revisar el umbral de pobreza extrema internacional pasando de 1,08 dólares (vigente desde 1993) en paridad de poder adquisitivo (USD-PPA) a 1,25 USD-PPA (World Bank, 2008). Esta modificación introducía en la estadística de los más empobrecidos a unos 400 millones de personas, según estimaba el mismo informe. Por su parte, la FAO advertía en septiembre de 2008, y confirmaba en junio de 2009, del incremento de personas en situación de desnutrición o padecimiento de hambre hasta superar los 1.000 millones de personas, lo que supone otro récord histórico, esta vez negativo. Sin embargo, estas noticias no deberían ocultar el núcleo de los síntomas y el fondo de los problemas respecto de los retos mundiales del desarrollo. Ya en los años anteriores al estallido de la crisis financiera y al consiguiente estancamiento del crecimiento de la economía numerosas voces advertían, entonces a contracorriente, de las insuficientes tendencias mostradas en el progreso de los indicadores. Por ejemplo la Plataforma 2015 y más publicaba en su informe anual del año 2006 que los objetivos a nivel mundial no sólo no se cumplirán en 2015 al ritmo que han experimentado desde 1990 hasta la actualidad, sino que la mayoría de ellos no llegarían ni al 50% de su cumplimiento. Tampoco en el conjunto de los países en desarrollo. África Subsahariana retrocede en los indicadores relativos a pobreza, enfermedades y medio

1 El 30 de marzo de 2009 la OCDE publicó los datos relativos a la Ayuda Oficial entregada durante 2008, señalando que se alcanzó un máximo histórico de 119.759 millones de dólares, que supone un esfuerzo relativo al Producto Nacional Bruto del 0,30%. www.oecd.org

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

ambiente, mientras que en la mayoría del resto de indicadores no se alcanza el 50% de cumplimiento. En ningún indicador se alcanza el 100% de cumplimiento. Los datos de este informe proyectaban hasta el 2015 las tendencias mostradas por los diferentes indicadores desde 1990 hasta el último año con datos publicados, 2004 o 2005 según el caso. Lo cierto es que después de década y media de crecimiento macroeconómico sostenido, en pleno ciclo expansivo de la economía mundial, los indicadores de la denominada "agenda social de la globalización" mostraban ya la incapacidad del sistema para dar cumplimiento, de forma efectiva, a la extensión de los beneficios de dicho crecimiento a grandes grupos de población mundial. En las últimas dos o tres décadas se han mostrado de forma persistente algunas tendencias que constituyen un contexto ineludible para cualquier propuesta de desarrollo, por más que los ODM hayan podido contribuir a simplificar en exceso la percepción de dichos retos, como si de una especie de inversión económica intensiva basada en la oferta de provisiones para la lucha contra la pobreza durante un tiempo fuera suficiente.

Tendencias actuales El foco principal sobre el que se orientan los ODM es el grupo de población más excluida del mundo, representados por indicadores relativos a la pobreza extrema (personas que viven con menos de 1,25 dólares diarios) y a situaciones de desnutrición severa (personas que no disponen de acceso al alimento para hacer viable su supervivencia). En ambos casos, los ODM se proponen reducir a la mitad el porcentaje de población que vivía en dichas circunstancias en el año 1990, que suponían respectivamente el 42% y el 20% de la población mundial. Las últimas cifras publicadas por las Naciones Unidas en septiembre de 2009 nos arrojan porcentajes del 25% (pobreza extrema) y del 17% (desnutrición severa). Pero es preciso hacer dos consideraciones sobre estas cifras generales. El avance en la reducción de pobreza extrema se circunscribe principalmente a la región de Asia Oriental –donde la presencia de China aporta la mayor reducción de pobreza extrema a las cuentas totales– lograda por cierto durante

la década de los noventa, antes de la declaración. Contrasta con ello la situación de África Subsahariana, cuya población en situación de pobreza extrema continúa rondando el 50% del total de su población de forma persistente, sin poder ofrecer mejoras muy reseñables. Respecto a la desnutrición, donde el avance en términos mundiales es mucho más discreto, lo mismo puede decirse, puesto que los avances prácticamente se circunscriben a los casos de India y China. El último Informe de Seguimiento de Objetivos del Milenio publicado por la ONU alerta sobre los efectos que la crisis financiera mundial, iniciada en 2008, está teniendo sobre el logro de estos Objetivos. Muy particularmente sobre la reducción de personas con hambre, puesto que por primera vez en la historia hemos superado la cifra de 1.000 millones de personas

Por primera vez en la historia más de 1.000 millones de personas pasan hambre como efecto directo del alza de precios de alimentos básicos, uno de los más dramáticos efectos directos que la economía especulativa ha tenido sobre los más pobres

Derechos Humanos de las mujeres y ODM. Logros y reivindicaciones

como efecto directo del alza de precios de alimentos básicos, uno de los más dramáticos efectos directos que la economía especulativa ha tenido sobre los más pobres. Recientemente, Naciones Unidas ha publicado un informe sobre la brecha existente entre los compromisos que estos países habían adquirido y lo realizado, y el panorama es desalentador, puesto que no han cumplido ni uno sólo de los compromisos por ellos mismos adquiridos. Respecto de la cantidad de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), las instituciones internacionales y los gobiernos acordaron invertir 50.000 millones de dólares más anualmente desde el año 2004. Tan sólo se han ampliado 20.000 millones. Además de esa cantidad y, debido a las dificultades especiales de África, se proponía que 25.000 millones fueran destinados a esos países, pero tan sólo se han invertido 7.000 millones adicionales. En esto han quedado hasta ahora los compromisos acordados, de los cuales éste último pertenece al establecimiento de acuerdos durante el año 2005 que hemos mencionado más arriba.

Perspectivas de futuro, con especial énfasis en la situación de las mujeres El tercero de los ODM se centra en la equidad de género, proponiendo diferentes metas para equiparar las oportunidades de las mujeres, así como su acceso a espacios de representatividad o equiparación de sus trabajos y salarios. Este objetivo proponía alcanzar una de sus metas para el año 2005 (equiparar las tasas de matriculación escolar entre niños y niñas) y cuatro años después del plazo aún no se ha alcanzado, puesto que por cada 100 niños aún son 95 las niñas que pueden matricularse. Esta brecha de género es más amplia aún en la enseñanza secundaria. Pero la situación de discriminación de la mujer se presenta de forma más grave en otros indicadores relacionados con el trabajo remunerado o con la representatividad política. La proporción de mujeres con empleo remunerado en el sector no agrícola aún se sitúa entre el escasísimo 19% de Asia meridional, el 29% de África Subsahariana y el 51% en los países de la antigua CEI. En definitiva, las mujeres siguen siendo las personas más vulnerables en el mercado laboral puesto que asumen la

mayor parte de los empleos no remunerados. Por último, la proporción de mujeres en cámaras parlamentarias nacionales sigue mostrando la persistencia de la inequidad. En el conjunto de países empobrecidos apenas alcanza el 17% del total de parlamentarios, aunque en este aspecto el mundo desarrollado no puede considerarse ejemplar, puesto que apenas presenta el 23%. Destaca, por su crecimiento del número de mujeres representantes en los últimos años, la región de América Latina y el Caribe que ha alcanzado el 22%, situándose casi al nivel de los países del Norte. La atención sanitaria adecuada en los partos sigue siendo un privilegio de las mujeres que viven en países enriquecidos. Después de los 18 años transcurridos desde 1990 apenas se han podido evitar 30 muertes de mujeres por cada 100.000 partos, puesto que el índice para el conjunto de los países en desarrollo ha pasado de 480 muertas durante el parto a 450. El ODM 5 se proponía reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna, que para las regiones en desarrollo supondría situar el indicador en 120 muertes por cada 100.000 nacidos vivos; muy lejos de los índices a los que estamos acostumbrados en los países en desarrollo, que se sitúan en 9 muertes por cada 100.000 nacidos. En cualquier caso, vale la pena recordar las afirmaciones del movimiento feminista internacional respecto a la aprobación de los ODM, en el sentido de que dicha declaración, y a pesar de la incorporación de uno de ellos –el tercero– que hablara específicamente del empoderamiento de las mujeres, no era suficiente para visibilizar el factor de discriminación más relevante por cuanto afecta a la mitad de la población mundial. En su caso, se aprecia con rotundidad que los niveles que se desea alcanzar en los indicadores propuestos, no podrán lograrse sin el establecimiento de políticas públicas internacionales específicas que luchen de forma eficaz contra este tipo de discriminación.

Pablo Martínez Osés Coordinador de la Plataforma 2015 y más. Madrid, España.

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1.3 ¿Qué sigue después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio? María Teresa Blandón Gadea

La Declaración del Milenio de la ONU fue el resultado de acuerdos asumidos por 191 gobiernos que participaron en la Cumbre del Milenio realizada en septiembre del año 2000. En la misma, los gobiernos se comprometieron a “promover la igualdad de género y el fortalecimiento de las mujeres como formas efectivas de combatir la pobreza, el hambre y la enfermedad y de estimular un desarrollo que sea verdaderamente sostenible”. La Declaración también se compromete a avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, combatir todas las formas de violencia contra las mujeres e implementar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra ellas (CEDAW). Para avanzar en la implementación de la Declaración, los gobiernos establecieron un conjunto de propósitos específicos (8), conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU que, junto con las metas cuantitativas (18) y los indicadores (48), asegurarían “mejorar las condiciones de vida y resolver desequilibrios globales fundamentales para el 2015”. Erradicar la extrema pobreza y el hambre; lograr la educación primaria universal; alcanzar la igualdad de géneros y el fortalecimiento de las mujeres; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; garantizar la sustentación del medio ambiente; y asignar recursos adecuados e implementar políticas económicas globales equitativas, son los com-

promisos asumidos por 147 jefes (algunas jefas) de Estado que participaron en la Cumbre. En el texto de la declaración la “comunidad internacional” analiza la pobreza no sólo como un problema de falta de ingresos, sino de falta de oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar sus capacidades en un ambiente seguro; precisamente por lo cual, resulta contradictorio que para medir los índices de pobreza utilicen el ingreso del hogar como unidad de medida, la cual supone una distribución homogénea entre hombres y mujeres, desconociendo por completo que las inequidades de género están presentes dentro del hogar. La participación de las mujeres en la toma de decisiones forma parte de los objetivos con los que se pretende reducir la pobreza, para lo cual, los gobiernos se comprometen a incrementar la proporción de cargos parlamentarios ocupados por mujeres. Los objetivos reconocen que enfermedades vinculadas con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, no sólo son un problema biológico, sino que están influenciadas por aspectos socioculturales que limitan la autodeterminación de las mujeres y que esta dimensión también guarda relación con la pobreza de las mujeres; sin embargo, como veremos más adelante, opta por una agenda mínima que ni remotamente da cuenta de la complejidad y multicausalidad de los problemas de salud que enfrentan las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Por otro lado, establecen una relación superficial entre mujeres-familias y recursos

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

naturales, partiendo de dos supuestos problemáticos: uno, que ubica a las mujeres como “intermediarias” del bienestar de la familia; y dos, dando por hecho que las mujeres estarían “naturalmente” dispuestas a cuidar de dichos recursos como medio para mejorar su desempeño como cuidadoras de la familia. En ningún sentido se analiza la falta de acceso y control de los recursos naturales por parte de las mujeres tanto como derecho en sí mismo, así como medio para la efectiva reducción de la pobreza que las aqueja.

El último de los objetivos establece el compromiso de la ONU, los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales de comercio y financieras, de promover líneas de cooperación global, incluyendo aspectos torales tales como la asistencia oficial al desarrollo, la negociación de la deuda, el acceso a mercados y la buena “gobernanza”, para asegurar el cumplimiento del conjunto de los objetivos. De acuerdo con algunas redes globales que dan seguimiento a los compromisos adoptados por la Cumbre, la declaración tiene entre sus principales méritos el de reconocer la igualdad

Desde la formulación de los objetivos se hizo evidente la frágil vinculación que hacen los gobiernos entre pobreza, Derechos Humanos y derechos de las mujeres

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nales de comercio y financieras que asumieron compromisos con las metas temporales de 2015. Más aun, a pesar de reconocer que una de las principales fallas de la declaración es la no inclusión de los derechos reproductivos, llegan a afirmar que los ODM se convertirán en un medio eficaz para evaluar las conferencias y cumbres de la ONU de la década de los noventa, tales como la Plataforma de Acción Mundial de Beijing, respondiendo con ello a reivindicaciones cruciales levantadas por el movimiento internacional de mujeres.

de género y el “fortalecimiento de las mujeres” como parte del esfuerzo de reducción de la pobreza, estableciendo metas con plazos prefijados para que los gobiernos y las instituciones internacionales rindan cuentas. Desde una perspectiva sumamente optimista, redes tales como WEDO (Women’s Environment & Development Organization) afirman que los Objetivos de Desarrollo del Milenio cuentan con un amplio apoyo de los 191 Estados miembros de la ONU, las agencias de la ONU, así como de instituciones internacio-

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

Inconsistencias de nacimiento En la línea de pensamiento de autoras como Maria Betânia Ávila y Guacira César, dos feministas brasileñas, las Metas del Milenio constituyen una forma de simplificación que restringe el conflicto de las desigualdades a una lista de problemas, convirtiéndose en una especie de disfraz que mantiene inalteradas las causas de los problemas que se pretenden superar, a saber: las relaciones del sistema financiero internacional; la concentración de poder en las Instituciones Financieras Multilaterales; la falta de control de capitales; las deudas impagables de los países del Sur, que usurpan recursos que podrían ser aplicados en la superación de la pobreza de millones de personas; y las reglas del comercio injusto, que producen cada vez mas desigualdades entre el Norte y el Sur. Desde el inicio quedó claro que los gobiernos, en el momento de definir metas e indicadores, no asumieron con responsabilidad los desequilibrios de poder existente dentro del sistema económico global, constituyendo el obstáculo principal para el cumplimiento de las mismas. No se establecieron plazos e indicadores cuantificables, ni instrumentos adecuados para la rendición de cuentas por parte de los países industrializados, las instituciones económicas internacionales y las grandes corporaciones. Si bien la meta 13 establece el alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, los donantes bilaterales y multilaterales establecieron una larga lista de condiciones para la asignación de recursos provenientes de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), destacándose entre las principales, la aplicación de la “estrategia de reducción de la pobreza” definida por el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la ONU, en el documento “Un mundo mejor para todos”, recomiendan liberalizar aún más el comercio, atraer inversión extranjera y continuar con la privatización de los servicios básicos; y ello a pesar de las evidencias de que dichas estrategias no sólo no tienen un impacto directo sobre la reducción de la pobreza y las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, sino que en la mayoría de los casos las ha agravado.

Citando a Eveline Herfkens, las estimaciones del Banco Mundial preveían que la eliminación de las barreras comerciales y de los subsidios agrícolas de los países ricos mejorarían el bienestar mundial en unos 120 mil millones de dólares, y que un 1% de incremento en la participación de los países en desarrollo en las exportaciones mundiales sacaría a 128 millones de personas de la pobreza. Pero las actuales políticas comerciales discriminan a los países en desarrollo e impiden la participación de las naciones pobres en la economía mundial. A pesar de que se estimó en US$ 100 mil millones cada año hasta el 2015 la inversión para asegurar el cumplimiento de las metas, no se ha logrado cumplir con el compromiso que establecieron los países ricos de destinar como mínimo el 0,7% de su Producto Interior Bruto a la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). De una manera tramposa, los países ricos incluyeron como parte de las condicionalidades para asignar recursos de la AOD el cumplimiento previo de metas que, precisamente, sólo podrían alcanzarse contando con en el marco de la efectiva implementación de las ODM y, por ende, contando con los recursos de la cooperación al desarrollo (reducción de la pobreza; impacto social y buen gobierno; reducción del gasto militar; lucha contra el narcotráfico y el terrorismo; y desarrollo de la mujer).

Los ODM, la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres Desde la formulación de los objetivos se hizo evidente la frágil vinculación que hacen los gobiernos entre pobreza, Derechos Humanos y derechos de las mujeres. Si durante la Cumbre algunas redes feministas internacionales hicieron esfuerzos por que se incluyeran aspectos vitales para reducir algunas brechas de desigualdad, a nivel nacional y local las mujeres han estado ausentes de los procesos de adaptación de las metas a sus respectivas realidades. En general, las metas en el ámbito de la salud de las mujeres están reducidas al embarazo; se omite toda referencia a la prevención de embarazos no deseados y al aborto; no se menciona la violencia contra las mujeres como un obstáculo principal que impide el fortalecimiento

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de las mujeres; y si bien se pretende reducir las brechas en la educación primaria y secundaria, no existe ningún compromiso para ampliar alternativas de educación técnico-profesional, transformar modelos de educación sexista, y reducir las desigualdades persistentes en los mercados de trabajo. Como señalan Sonia Correa y José Eustaquio Diniz, los objetivos amplios de promoción de la salud y de los derechos reproductivos fueron reducidos a la muerte materna –salud materna– e infecciones por VIH-SIDA como consecuencia de la posición frontal del gobierno de Bush contra la Plataforma de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD). En opinión de ambos autores, la exclusión de las recomendaciones de la CIPD en los ODM contradice abiertamente la meta de promover la igualdad de género, pues no es posible cumplir este objetivo sin asegurar la autodeterminación sexual y reproductiva, el acceso a los métodos anticonceptivos y el aborto seguro. Los ODM, tal y como fueron legitimados, desde una perspectiva minimalista, erosionan la amplitud y cambian el paradigma de El Cairo. A pesar de los esfuerzos realizados posteriormente por la ONU para construir indicadores para las Metas 3 y 5 que integren una parte sustantiva de la agenda del Cairo y de Beijing (como los derechos de herencia y propiedad; la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo; la eliminación de la violencia de género; la participación política y los mecanismos institucionales para la promoción de la igualdad de género; la elaboración de datos desagregados por sexo; así como la asistencia obstétrica de emergencia, el personal entrenado, la asistencia prenatal, el sistema de referencia, el aborto seguro en casos en que sea legal, el tratamiento del aborto incompleto, el acceso universal a anticonceptivos, la educación sexual y los servicios para adolescentes), el problema está en el marco conceptual, el cual no contempla los derechos de ciudadanía ni los derechos en un sentido integral. Por otro lado, interrogándose respecto a si las metas de desarrollo del milenio abrigan una perspectiva de combate del racismo, Fátima de Oliveira afirma que éstas sintetizan la impotencia de los gobiernos para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el así llamado “Ciclo

de Conferencias de la ONU” en la década de los 90, y expresan su no disposición a respetar las recomendaciones de conferencias posteriores como la de Durban; a manera de ejemplo, nos recuerda que la declaración apenas menciona en una ocasión las palabras raza y racismo. Como conclusión hago mías las preguntas que hace ya varios años se planteó Jorge Eduardo S. Durao, respecto de si los ODM constituyen una estrategia adecuada para la lucha contra las desigualdades e injusticias de la actual forma de globalización: teniendo en cuenta que hay que rescatar a más de un millardo de personas viviendo en la pobreza, ¿no es imprescindible una distribución más equitativa de la riqueza y nuevas relaciones de poder entre los Estados?; ¿es relevante una plataforma que tiene por bandera el planteamiento éticamente cuestionable de reducir a la mitad el número de personas viviendo con menos de US $1 por día, dejando a la otra mitad en la situación actual de miseria?; ¿es aún más cuestionable ahora que sabemos que ningún país ha cumplido con dichos acuerdos? ó

María Teresa Blandón Gadea Presidenta del Programa Feminista Centroamericano “La Corriente”, y miembro honorario de la Fundación Entre Mujeres (FEM). Managua, Nicaragua.

El Trabajo Digno como instrumento de lucha contra la pobreza en La Globalización

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El Trabajo Digno como instrumento de lucha contra la pobreza en La Globalización

2.1 Mujeres, crisis y Objetivos de Desarrollo del Milenio Mertxe Larrañaga

Esta Gran Recesión, sin duda la crisis más importante desde la Gran Depresión, surgió en 2007 en el centro financiero más importante del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, y lo hizo como una crisis subprime o de hipotecas tóxicas que, gracias al tren de la globalización financiera, se vendieron a escala internacional y desembocó en 2008 en una crisis financiera internacional que afectó sobre todo al sector financiero de los países del Norte. Cuando a raíz de esta debacle las entidades financieras cortaron el grifo del crédito a las empresas y a las familias, se convirtió en una crisis de la economía real y en una gran Crisis del Empleo que afectó en primer lugar a los países más desarrollados. De todas maneras, el optimismo inicial de que las economías emergentes podrían “desacoplarse” de la crisis financiera ha ido perdiendo fuerza en vista de las crecientes pruebas de que éstas ya se ven afectadas con fuerza, y ello fundamentalmente a través de las relaciones económicas internacionales, es decir, vía comercio, inversiones, ayuda al desarrollo, remesas e incluso vía movimientos migratorios. Ante un panorama que a finales de 2009 sigue siendo bastante desolador, a pesar de los mensajes de las instituciones internacionales que insisten en que la crisis está superada, podemos plantearnos unas cuestiones bastante básicas sobre las que pretendemos reflexionar brevemente. En primer lugar, consideramos que esta crisis es una herencia directa de lo sucedido en décadas precedentes en las que, frente a la economía real, se ha ido imponiendo progresivamente una economía financiera cada vez más irreal e incomprensible. Y esta

progresiva financiarización es producto del proceso de liberalización y desregulación basado en la ideología neoliberal, que se impuso en las últimas décadas del siglo XX a escala mundial. Esta ideología se caracteriza por una fe ciega en el funcionamiento de todos los mercados, cuyo recetario en materia de política económica se plasmó en el denominado Consenso de Washington: un conjunto de recetas económicas que han causado graves daños a las economías más débiles y a los sectores más frágiles del Sur que, en teoría, debían ser los beneficiarios del Consenso. Pero la mencionada financiarización está también muy ligada a los cambios que ha habido en la distribución de la riqueza. Así, en la mayoría de los países se ha producido, en las últimas décadas, una quiebra de la relación capital-trabajo. De acuerdo con un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre 1995 y 2007, cada 1% adicional de crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita generó un aumento de sólo un 0,75% en el crecimiento anual de los salarios. Como resultado, en casi tres cuartas partes de los países del mundo disminuyó la proporción de los salarios en el PIB y, evidentemente, aumentó el peso del capital. Además, la proporción de los beneficios destinados a inversiones productivas también ha disminuido, con lo que una parte cada vez mayor ha sido desviada a los mercados financieros que resultaban alta y sospechosamente rentables. Esta crisis es fruto en gran medida del descontrol en el mundo de las finanzas. Es más, nos atreveríamos a decir que las responsabilidades

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

recaen en un reducidísimo y privilegiado grupo de personas ocupadas en las altas esferas de las finanzas y la política; personas que, no por casualidad, son casi todas varones y, además, varones con un perfil muy similar. Y decimos que no es casualidad que los responsables financieros sean en su inmensa mayoría varones porque el sector financiero es un sector en el que, a pesar de que en la base entran muchas mujeres, éstas van desapareciendo a medida que se avanza en el escalafón profesional. Y, probablemente, el hecho de que el techo de cristal del sector financiero sea tan difícil de traspasar esté relacionado con el enorme poder que ostentan quienes dirigen las riendas de las grandes entidades financieras. Desgraciadamente las consecuencias del comportamiento, cuanto menos bastante irresponsable de los dirigentes económicos y políticos, las están sufriendo y las seguirán sufriendo millones de mujeres y hombres de todo el mundo. Y las seguirán padeciendo, en nuestra modesta opinión, durante bastante tiempo porque ésta no es una recesión normal, y pequeñas tasas de crecimiento no serán suficientes para arreglar las desastrosas consecuencias que ha tenido, por ejemplo, en el empleo. Y si a nivel global nos podemos plantear si la crisis va a suponer un retroceso en los logros conseguidos por las mujeres en las últimas décadas, a nivel del Sur la pregunta es si esta crisis puede frenar los progresos para alcanzar en 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que expresan la aspiración mundial de eliminar el sufrimiento humano y promover un desarrollo inclusivo. Aunque esta crisis fue vista por algunos como una oportunidad para impulsar grandes cambios, para forjar un mundo más igualitario, solidario y sostenible , lo cierto es que, a falta de un fuerte compromiso político de cambio, el empeoramiento de la situación económica no suele ser propicio para fomentar ni la igualdad ni la solidaridad, más bien al contrario. Sin lugar a dudas, una de las consecuencias más visibles y más dolorosas de esta primera gran crisis global del siglo XXI es el elevado crecimiento de las tasas de paro que, por ejemplo, en España se han acercado peligrosamente al 20%. En muchos países del Norte, la crisis del empleo ha golpeado de manera especialmente intensa a sectores tradicionales como la construcción y

el automovilístico, que son sectores muy masculinos, con lo que el desempleo de los hombres ha crecido más rápido que el desempleo de las mujeres. En consecuencia, la histórica brecha que separaba el paro femenino del masculino se ha estrechado e incluso en algunos lugares, como España, ha desaparecido. Este aumento desigual del desempleo se debe, en gran medida, a la persistente segregación ocupacional que, si bien en general ha tenido consecuencias negativas para las mujeres porque se ha traducido en empleos menos valorados y peor pagados, en este caso ha servido para "protegerlas” algo más del desempleo. Y una crisis de empleo es, también, por lo general, una mala noticia para los migrantes porque así como las economías tienden a traer gente de fuera cuando enfrentan escasez de mano de obra, también suelen despedir primero a los migrantes en tiempos adversos. Esto se explica en parte por el hecho de que, en promedio, los migrantes comparten el perfil de trabajadores más vulnerables, son más jóvenes, tienen menor nivel de educación formal, tienen contratos temporales y se concentran en sectores cíclicos. Y hablando de migrantes, no está de más recordar que las mujeres constituyen al menos el 50% de los flujos de trabajadores migrantes africanos y latinoamericanos y entre el 75% o el 80% de quienes provienen de Asia Meridional y el Sudeste Asiático. Ante la nueva situación económica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se plantea, en su último informe, si se producirán grandes retornos aunque se observaron ya ciertos indicios de una disminución en el flujo de migrantes hacia los países desarrollados durante 2008; pero existen motivos para creer que no se producirán grandes flujos de retorno porque la envergadura del movimiento de retorno se ve influido por las perspectivas de reingreso al país anfitrión, la generosidad de su sistema de bienestar, las necesidades de los miembros de la familia y las condiciones en casa, todos ellos factores que tienden a instar a las personas migrantes a quedarse y aguantar la recesión. Ligado a este aumento del desempleo de los migrantes se producirá, de hecho ya se está produciendo, una caída bastante constante en las remesas y esto tiene efectos muy perversos en las familias en el país de origen: alrededor

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de la mitad de las personas que reciben este dinero no tiene otra fuente de ingresos y, además, los sistemas de protección social en las naciones receptoras son muy precarios. Pero el descenso de las remesas también deteriora la situación económica general de dichos países porque algunos dependen mucho de estos flujos, hasta el punto de que son una de las principales fuentes de ingresos y su peso en el PIB a menudo supera el 10% (es el caso de República Dominicana o Guatemala) o incluso, en otros como Honduras, su peso se eleva hasta el 25%. Para hacernos una idea de la importancia de estos recursos, basta decir que casi triplica la ayuda mundial al desarrollo procedente de los países ricos y que además son, en opinión de algunos expertos, los ingresos más eficaces en la lucha contra la pobreza. Pero si el desempleo ha golpeado primero a los países del Norte, también se verán afectados muchos países del Sur, sobre todo aquellos cuyas economías están más orientadas a la exportación; y no debemos olvidar que los sectores más ligados a la exportación, como el textil, el electrónico y el calzado, son sectores muy feminizados, sectores donde las mujeres representan hasta el 70% o el 80% del empleo. De hecho, la OIT pronostica un crecimiento más elevado del paro femenino en la mayoría de las regiones del mundo, entre ellas las regiones más pobres. Y si perder el empleo es tremendo se viva donde se viva, lo cierto es que en los países en desarrollo donde apenas hay ningún tipo de red social, el desempleo puede ser un trampolín hacia la miseria. Es sabido que el empleo en los países del Sur tiene poco que ver con el empleo en los países más ricos. Así, una característica del mercado laboral de los países en desarrollo es el elevadísimo peso de la economía informal, hasta el punto que, según un informe de la OCDE, 1,8 mil millones de personas –o lo que es lo mismo, más de la mitad de la mano de obra global– están trabajando sin un contrato laboral formal ni seguridad social. Y en este sentido, la OIT también pronostica que las mujeres serán forzadas a trabajar en empleos inseguros más rápidamente que los varones. Los países del Norte afectados por la crisis financiera no dudaron en salir al rescate de las poderosísimas entidades financieras en apuros.

Si bien estos rescates no son nuevos, sí ha sido llamativa la rapidez con la que se ha actuado y, sobre todo, la cantidad de recursos económicos empleados, la rapidez y la cuantía que ha puesto en evidencia la extrema lentitud y las promesas incumplidas por esos mismos gobiernos en materia de ayuda al desarrollo, lucha contra la pobreza, Derechos Humanos o cambio climático. Una evidencia de estos contrastes es, por ejemplo, que sólo los dos primeros rescates bancarios anunciados por la anterior Administración estadounidense suponían aproximadamente el 10% del PIB de Estados Unidos y, según los últimos informes sobre desarrollo humano, este país destina escasamente el 0,2% de su PIB a ayuda al desarrollo. Además, un informe reciente de Naciones Unidas estima que para el cumplimiento de las metas asociadas a los ODM habría que aumentar la financiación en 18 mil millones de dólares al año entre todos los donantes, lo que equivale al 1,2% de los dos rescates antes mencionados, aumento que casi con total seguridad no se va a producir. Pero no sólo es poco probable que no aumenten los recursos para el cumplimiento de los ODM, sino que existe el riesgo de que se produzca un retroceso en esta materia. Los millonarios rescates bancarios primero y las posteriores medidas de corte keynesiano, destinadas a reactivar la economía, han disparado los déficits públicos de los países ricos; y la necesidad de controlar estos desequilibrios en las cuentas públicas nos hace temer recortes en algunos gastos, en concreto en los fondos destinados a los países en desarrollo. Desgraciadamente, la historia de crisis recientes mucho más leves no invita al optimismo, porque en episodios de crisis acontecidas a comienzos de los setenta y a comienzos de los noventa el gasto mundial destinado a ayudas disminuyó un 15% y un 25% respectivamente. La gravedad sin precedentes de la actual crisis puede ser una excusa excelente para reducir los recursos destinados a impulsar el desarrollo de los países del Sur y, si esto fuera así, estaríamos ante un desastre de magnitudes extraordinarias para las personas de los países empobrecidos, que pagarían un coste elevadísimo por el descontrol financiero de los países ricos. Los últimos datos sobre el hambre publicados por la FAO son muy deprimentes: 963 millones de personas pasan hambre

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Si perder el empleo es tremendo se viva donde se viva, en los países en desarrollo donde apenas hay ningún tipo de red social, el desempleo puede ser un trampolín hacia la miseria

en el mundo, lo que supone un aumento de 40 millones con respecto a 2007. Con estos datos, el Objetivo del Milenio de reducir a la mitad la desnutrición y la pobreza extrema para 2015 se ha convertido en una quimera. Y en tiempos de crisis las familias tienden a hacer frente al deterioro económico de diversas maneras, pero una estrategia común en todo el mundo es que, ante la reducción de la renta provocada por la crisis, las familias intentan mantener el nivel de bienestar aumentando las horas de trabajo no remunerado. Estos trabajos domésticos y de cuidados suelen tener un carácter contracíclico, es decir, tienden a disminuir en épocas de bonanza porque algunas actividades se transfieren al mercado, pero en

épocas de penuria económica sucede lo contrario. Y aumentar la carga de trabajo no mercantil supone hoy en día, aumentar la carga de trabajo de las mujeres de la familia, porque los avances en el reparto de estos trabajos son todavía muy escasos. Y si es probable que casi en todos los países sacudidos por la crisis aumente la carga de trabajo de las familias, probablemente este aumento sea mayor en los países en vías de desarrollo porque las crisis suelen tener efectos negativos en la provisión de servicios públicos, ya de por sí deficitarios en la mayoría de ellos. Y si los servicios públicos son importantes para hombres y mujeres, lo son más para ellas. La razón más obvia de que los servicios son importantes para

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las mujeres es que promueven los derechos de éstas a la salud, a la educación y a una vida digna; pero además, las mujeres pobres dependen más que los hombres de los servicios públicos debido a que suelen carecer de otras opciones. Evidentemente, la carga de muchas tareas domésticas que realizan las mujeres puede aliviarse sustancialmente mediante la mejor provisión de servicios públicos, ya sea con caminos más transitables, pozos de agua no contaminados o adecuados sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, alivio que difícilmente se dará en períodos de crisis. Esta ha sido una crisis desatada en un mundo de finanzas globales y, por primera vez, en un mundo con una presencia muy importante de

mujeres en el mercado laboral. En crisis anteriores, a las mujeres les preocupaba que se produjera una vuelta a casa, un abandono del espacio público; pero este abandono no se produjo, por lo que es muy poco probable que suceda ahora, por lo menos en los países del Norte. Con esta crisis es incuestionable que las condiciones económicas de muchísimas mujeres y hombres del Norte y del Sur se van a deteriorar; pero creemos que el deterioro económico de las mujeres del Sur puede ser alarmante y lo pensamos porque, por un lado, parten de una situación de gran vulnerabilidad, y por el otro, porque viven en un mundo en el que las desigualdades entre mujeres y hombres son todavía más flagrantes que en los países ricos. Prácticamente desde sus inicios se vio que esta crisis no iba a ser una crisis “normal”, una crisis con forma de V o de U y se pensó que podría tener una forma de L. Hoy en día, transcurridos algo más de dos años desde su inicio, cada vez más voces apuntan la posibilidad de que tras una ligera recuperación se produzca una nueva y abrupta caída. Y será así si no se toman medidas para poner orden en el mundo de las finanzas. Evidentemente las crisis mundiales exigen soluciones a escala global, pero los últimos movimientos resultan muy preocupantes porque se han empezado a cuestionar incluso aquellas medidas sobre las que había unanimidad a inicios de 2008, como la lucha contra los paraísos fiscales o la necesidad de poner límites a algunas retribuciones. Se nos dice que es que la crisis ya ha pasado, pero seguramente lo que se ha alejado es el riesgo de debacle financiera; y pasado este peligro, el sector financiero ha vuelto a mostrar todo su poder y no duda en obstaculizar las necesarias reformas financieras. Si se produce una nueva recaída, no es ya que no se vayan a cumplir los ODM, sino que los retrocesos que se produzcan en la situación socioeconómica de millones de mujeres y hombres del Sur probablemente no tendrán vuelta atrás. ó

Mertxe Larrañaga Profesora del Departamento de Economía Aplicada I y Exdirectora de Igualdad de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Bilbao, España

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2.2 Trabajo Digno y equidad en el marco de la crisis económica María Elena Valenzuela

La igualdad de género en el corazón del Trabajo Decente Las mujeres han logrado significativos progresos en casi todo el mundo en las últimas décadas. Se han incorporado masivamente al mercado de trabajo, han aumentado sus niveles de escolaridad y su participación en los espacios políticos y económicos. A pesar de esto, ellas sufren discriminaciones en el trabajo, perciben menores ingresos que los hombres, son mayoría entre los pobres, están sobrerrepresentadas entre los trabajadores informales y presentan mayores déficits de Trabajo Decente. Las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas de cuidado de la familia, lo que les genera sobrecarga de trabajo y es causa de innumerables desventajas para acceder a un empleo. La mejoría en la situación de las mujeres en el mundo del trabajo ha avanzado a un ritmo lento. Aun cuando la situación varía entre una región y otra, ningún país está en situación de ofrecer igualdad de condiciones en el mercado de trabajo para hombres y mujeres. El desafío de la igualdad de género continúa vigente. El objetivo principal de la OIT es promover el Trabajo Decente para hombres y mujeres, es decir, un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humanas. Para la consecución de ese objetivo, una atención especial debe ser dada a la situación de las mujeres trabajadoras, ya que ellas están en desventaja en muchos aspectos. De tal modo, el objetivo de la igualdad de género es parte consustancial de la Agenda del Trabajo Decente.

Esto implica el respeto a los derechos de los y las trabajadoras, garantizar el mismo status legal para hombres y mujeres, y tomar las medidas necesarias para alcanzar la efectiva igualdad de oportunidades y trato en el mundo del trabajo. No puede existir igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo sin una adecuada protección a la maternidad y al derecho de las mujeres a no ser discriminadas en el trabajo por factores asociados a su capacidad reproductiva. La discriminación de género atenta contra los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los Derechos Humanos y la justicia social. Por eso, los beneficios que derivan de la eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo van más allá del ámbito individual y alcanzan a la sociedad y la economía en su conjunto. La segunda área de la Agenda del Trabajo Decente se refiere a las oportunidades de empleo. Trabajo Decente significa un trabajo productivo y remunerado para hombres y mujeres. Para las mujeres, eso supone aumentar sus posibilidades de acceso al trabajo remunerado y oportunidades de generación de ingreso; disminuir la invisibilidad del trabajo realizado en diversas esferas no reconocidas como tal; y mejorar la calidad de sus empleos. La tercera área estratégica se refiere a la necesidad de extender la protección social, ya que un porcentaje significativo de la población trabajadora del mundo, especialmente aquella ocupada en formas precarias de trabajo, no cuenta con ningún mecanismo de protección social. Las mujeres sufren ese problema en una proporción mayor que los hombres, debido a

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sus patrones de empleo, en general más inestables. A su vez, la desprotección tiene, en su caso, efectos más graves que para los hombres, ya que, además de las contingencias que son comunes a ambos sexos (vejez, invalidez, salud, desempleo, enfermedades y accidentes laborales), ellas necesitan la protección específica a su función reproductiva. La cuarta área estratégica se refiere a la posibilidad que tienen los actores del mundo del trabajo de representarse, hacer valer su voz y constituir instancias, mecanismos y procesos de diálogo social. También en esa dimensión las mujeres se encuentran en una situación de desventaja, ya que están sobrerrepresentadas en los segmentos de la ocupación más precarios e informales, en los cuales la organización y la representación encuentran obstáculos adicionales. Además, ellas enfrentan mayores dificultades y resistencias para participar en los mecanismos y procesos de diálogo social.

del total de mujeres en edad de trabajar. La tasa de participación laboral femenina se sitúa por encima del promedio mundial en la mayor parte de Asia, en el África subsahariana y la mayor parte de los países de la OCDE, mientras que en el sudeste asiático, el Medio Oriente y el Norte de África la tasa es significativamente menor y no alcanza el 40%. América Latina, una de las regiones con el mayor incremento en la participación laboral femenina, presenta tasas similares al promedio mundial. Otra barrera que deben superar las mujeres es el efectivo acceso a una ocupación. Ellas tienen más dificultades para obtener un empleo, e incluso en aquellos países en que presentan credenciales educativas por sobre las de sus pares masculinos, sus tasas de desempleo son recurrentemente mayores y el período de búsqueda de empleo, usualmente más largo.

Las mujeres necesitan y quieren trabajar

El progreso laboral de las mujeres depende, asimismo, de sus posibilidades de encontrar una ocupación que cumpla con las condiciones mínimas de calidad e ingresos adecuados, así como con una cobertura a nivel de protección social. Sin embargo, más de la mitad de las trabajadoras del mundo se desempeñan en la economía informal, en ocupaciones precarias y desprotegidas, ya sea como trabajadoras por cuenta propia, trabajadoras familiares no remuneradas o en microempresas de bajo nivel de productividad.

Un requisito para avanzar hacia la meta del Trabajo Decente es la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Muchas de las mujeres que no se han incorporado al mercado laboral desearían hacerlo. Entre las principales limitaciones para ello están las barreras culturales y la falta de apoyos frente a las responsabilidades familiares. Por la forma en que está estructurado el mercado laboral y la manera en que se relaciona con la economía familiar y del cuidado, la situación de los hombres y mujeres con respecto a la disponibilidad del propio tiempo es muy diferente. Mientras la mayor parte de los hombres venden su tiempo en el mercado de trabajo durante un período de 45 años, y a través de éste generan derechos suficientes para su automantenimiento y el de los restantes miembros de la familia, la mayoría de las mujeres asumen un contrato social implícito a través del cual ceden su fuerza de trabajo sin límites definidos en el número de horas diarias, días o años. Este es un factor que ayuda a explicar la desigualdad en el trabajo y el empleo, y la diferente forma en que hombres y mujeres caen en y viven la pobreza. En la actualidad alrededor de 1,2 mil millones de mujeres participan en el mercado de trabajo, lo cual representa alrededor del 53%

Las mujeres han accedido al empleo pero no a empleos de calidad

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La crisis económica ha golpeado a las mujeres y puesto en riesgo los logros en materia de igualdad de género La crisis financiera y económica mundial ha provocado importantes efectos negativos en el empleo, el cual además tardará más en recuperarse que las economías nacionales. Los episodios de crisis económicas han tenido históricamente implicaciones diferentes para hombres y mujeres, y se corre el riesgo que además de que se profundicen los problemas sociales, también se produzca una pérdida en las ganancias relativas en la equidad de género, dado que: 1. Las crisis promueven el incremento del empleo precario e informal, lo que impacta especialmente en las mujeres, dada su sobrerrepresentación en este segmento del mercado laboral. 2. Las crisis impulsan a la baja las remuneraciones reales, lo cual puede ser especialmente problemático para las personas ocupadas en los sectores con promedios de remuneración menor, en los que las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas. 3. El empeoramiento de las condiciones de empleo (en la cantidad de empleos disponibles, en su calidad y en su remuneración), implican un deterioro en las condiciones de ingresos de los hogares. Frente a esta situación, la incorporación de la fuerza de trabajo “secundaria” al mercado laboral, es una estrategia de supervivencia

Los hombres venden su tiempo en el mercado de trabajo durante un período de 45 años. Las mujeres asumen un contrato social implícito a través del cual ceden su fuerza de trabajo sin límites definidos en el número de horas diarias, días o años

habitual de los hogares. Dado que las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en la fuerza de trabajo “secundaria” (o “complementaria” con respecto a la del hombre, considerado tradicionalmente como el proveedor principal de los recursos económicos1), permanecen relativamente más en el mercado laboral aún cuando lo hacen de manera creciente en situaciones de desempleo o empleo precario. 4. Las crisis generan presión sobre el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres. Esto opera por dos vías. Por un lado, debido a la reducción en los ingresos reales de los hogares, los mismos pueden verse obligados a declinar el acceso a servicios mercantiles de cuidado. Por otro lado, debido a que las crisis suelen implicar restricciones fiscales, es probable que también disminuya la cobertura de los servicios públicos de cuidado. 5. Debido a que las crisis producen incrementos en la incidencia e intensidad de la pobreza es de esperar que, allí donde se verifica la tesis de la feminización de la pobreza, esto impacte de manera relativamente mayor en las mujeres. Un problema adicional aparece cuando la perspectiva de la equidad de género no se encuentra suficientemente asumida e integrada a todas las áreas de política pública. En estos casos, en los períodos de crisis, el objetivo de la equidad de género puede aparecer como no prioritario, y quedar relegado en la agenda de políticas públicas. Es importante por lo tanto resaltar que la equidad de género debe comprenderse como parte de la solución a la crisis y no como parte del problema, tal como lo demuestra la evidencia que da cuenta de las sinergias positivas que se generan entre la equidad y el crecimiento económico. ó

María Elena Valenzuela Especialista de Género y Empleo de la OIT para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile.

1 Ver estudio de Laís Abramo (OIT). ¿Inserción laboral de las mujeres en América Latina: una fuerza de trabajo secundaria? Estudios feministas, Florianópolis, 12(2):264, mayo-agosto/2004.

Las mujeres como protagonistas de la transformación social para el desarrollo equitativo

Violación de los Derechos Humanos Laborales. Análisis de consecuencias sobre el desarrollo local y experiencias prácticas desde una perspectiva de empoderamiento de las mujeres

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Las mujeres como protagonistas de la transformación social para el desarrollo equitativo

3.1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los derechos laborales de las mujeres en el Perú María Bastidas Aliaga

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyen un conjunto de metas y objetivos para el año 2015 que establecen niveles mínimos deseables de 8 objetivos claves. Tratan de sintetizar los problemas más graves que enfrenta una gran parte de la población en el planeta y proyectan un cambio en las condiciones de vida de millones de personas en el marco de un compromiso efectivo1. Esta mirada política y técnica que marca la ruta del planeta en los próximos años también es un llamado para que los gobernantes de los países realicen todos los esfuerzos posibles para alcanzarlos. La preocupación por la igualdad de género, además de ser recogida en la Declaración de los Objetivos del Milenio (ODM)2, es definida no sólo como un objetivo en si mismo, sino también como una dimensión ineludible para garantizar el cumplimiento de las metas del milenio. Ello implica el reconocimiento de que sólo en la medida que se contemplen las necesidades y realidades diferenciales de mujeres y hombres, será posible avanzar en la

1 Estas metas fueron establecidas de manera conjunta por 179 países en septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (NNUU), pero con el tiempo han logrado legitimarse como el conjunto de indicadores de progreso de los países hacia el logro de condiciones mínimas de desarrollo. 2 El párrafo 20 de la declaración explicita el compromiso de los Estados Miembros de las Naciones para “promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible”.

disminución de las situaciones de desigualdad alarmantes que se presentan en los países3. Por otro lado, en el año 2006, el Secretario General de Naciones Unidas presentó nuevas metas, entre las que destaca la incorporación del empleo pleno y productivo y el Trabajo Decente para todos, en particular para las mujeres y los jóvenes, como meta fundamental de las políticas nacionales e internacionales y de las estrategias nacionales de desarrollo. En este marco es importante señalar que, a pesar de los avances hacia la igualdad de los géneros en el mundo del trabajo, la cuestión del género sigue siendo una fuente constante de desigualdades y de inadecuado empleo de los recursos humanos. Hay consenso sobre el hecho de que la discriminación en el trabajo constituye una violación de un derecho humano que entraña un derroche de talento y efectos perjudiciales en la productividad y en el crecimiento económico. Además, en los planos social y económico crea desigualdades que debilitan la cohesión y la solidaridad sociales, amén de dificultar la reducción de la pobreza. La eliminación de la discriminación, tanto en la legislación como en la práctica, presupone y exige promover la igualdad de oportunidades y de trato4.

3 OIT-PNUD: Trabajo y Familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. Santiago, 2009, pág. 31. 4 OIT: La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Informe (B), Conferencia Internacional del Trabajo, 96ª reunión, Ginebra, 2007, pág. 7.

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

En el Perú persisten profundas desigualdades de género, tanto en el ámbito familiar, como en el laboral, social y político, aunque también se han dado algunos avances significativos, especialmente en lo referido al incremento de las tasas de participación femenina, pasando del 46% en 1990, a más del 50% en 2007, o al incremento del número de horas que las mujeres dedican al trabajo remunerado; de igual manera, se está viendo aumentar los años de vida económicamente activa de las mujeres en el país, y es justamente entre las mujeres en edad reproductiva entre las

La participación de las mujeres es un rasgo central de la informalidad urbana, porque son ellas las que tienen mayores restricciones para incorporarse a actividades formales, sobretodo las mujeres que pertenecen a estratos de bajos ingresos

que la participación laboral y económica esta aumentando más acentuadamente. Es un hecho también, en el Perú, que el nivel promedio de instrucción de las mujeres es superior al de los hombres, y que en las zonas urbanas, las mujeres constituyen más del 50% de los/las profesionales y técnicos/as. Y todo esto va acompañado del aumento de la importancia de la contribución económica de las mujeres a la unidad familiar, de tal manera que este aporte se convierte en un factor clave para la superación de la pobreza de un número muy importante de hogares, y no sólo por su

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magnitud, sino también por el destino de su ingreso que va al interior de la familia. No obstante muchos problemas persisten, las desigualdades y discriminación contra las mujeres en el trabajo siguen siendo patentes y todavía estamos lejos de que el trabajo de igual valor genere igual remuneración: para el año 2006 las mujeres percibieron en promedio el 66% del ingreso de los hombres, y estas diferencias se acentúan más en tramos superiores de escolaridad, además de contar con menores oportunidades de ascenso y promoción que en el caso de los hombres. Con la crisis, la brecha de

ingresos de la mujer respecto a la del hombre se amplió del 29,9% al 33,4%. La brecha es mayor en los rangos de ingresos menores; es decir, las mujeres en situación de pobreza o pobreza extrema sufren una mayor discriminación salarial respecto a las mujeres de estratos profesionales. La segmentación ocupacional en actividades asociadas al servicio a terceros completa el panorama: más de un 70% de las mujeres trabaja en comercio, servicios sociales y personales. Oficialmente, el 29% de las mujeres se ubican en la agricultura, ganadería y pesca, aunque estas son ramas especialmente afectadas por la subestimación. El servicio doméstico todavía hoy incluye más del 11% del total de la ocupación femenina peruana y, en la mayoría de los casos, las trabajadoras del hogar se encuentran sin derechos laborales y sin normativa nacional de protección laboral y social, lo que determina un importante grado de vulnerabilidad. El desempleo en el Perú ha afectado de manera diferente a hombres y mujeres. En general, las mujeres encuentran mayores dificultades que los hombres para lograr un empleo, por tanto sus tasas de desempleo son mayores. En los últimos años el desempleo femenino se incrementó respecto al masculino. La tasa de desempleo femenino, de ser 1,3 veces el masculino en 2002, pasó a ser 1,65 en 2008, ampliando las diferencias por género. La incidencia de la “informalidad” sigue también afectando más a las mujeres que a los hombres. La participación de las mujeres es un rasgo central de la informalidad urbana, porque son ellas las que tienen mayores restricciones para incorporarse a actividades formales, sobretodo las mujeres que pertenecen a estratos de bajos ingresos. Es en la economía informal donde las mujeres superan a los hombres: 51,4% frente a 46,3%, respectivamente5. Desafortunadamente, en este sector es donde se producen las mayores inequidades laborales, pues se trata de un empleo precario, desprotegido y, en general,

5 Bolivia es el país con mayor proporción de mujeres en la economía informal, seguido por Paraguay, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Colombia y Perú, todos con tasas superiores al 60%. En: OIT: Panorama laboral 2006. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Lima, 2006.

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no decente, según la terminología de la OIT. Asimismo, la presencia mayoritaria de las mujeres en éste tipo de economía, se explica por las mayores dificultades de inserción laboral que éstas experimentan. A menudo, las trabajadoras de la economía informal no están sindicalizadas y, en consecuencia, se encuentran socialmente aisladas, no reconocidas, subvaloradas, explotadas, sujetas a las peores y más peligrosas condiciones de trabajo, con precarios ingresos, y sin servicios de bienestar ni de defensa sindical. Finalmente, es necesario indicar que el trabajo productivo de las mujeres tiene profundas repercusiones económicas, políticas y sociales, puesto que sus ingresos están destinados fundamentalmente a los gastos propios del hogar. No obstante, la presencia masiva de las mujeres en el mercado laboral no ha estado acompañada por cambios en la distribución de responsabilidades familiares, ni de la prestación de servicios por parte del Estado para cubrir una serie de necesidades que resultan de dicha vinculación. Es así que las trabajadoras peruanas vienen siendo afectadas por el desigual reparto de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, la perpetuación de la división del trabajo en función del género y la carencia de servicios de apoyo. Todas estas dificultades impiden la igualdad de oportunidades en el empleo y repercuten negativamente en el equilibrio social, el entorno familiar, la productividad de las empresas y la calidad de vida de las personas. En este marco, la Asociación de Desarrollo Comunal (ADC) asume el reto planteado por la OIT de integrar el enfoque de género en la agenda de Trabajo Decente, poniendo de relieve los déficits existentes en la economía informal y proponiendo desde su cooperación institucional elementos claves para transversalizar el enfoque de género en una estrategia global e integrada, que aborde tanto las causas subyacentes como las manifestaciones externas de la actividad informal y del proceso de informatización. Para alcanzar dicho objetivo ADC puso en marcha el proyecto denominado “Formación y Asesoría para fomentar la participación de las trabajadoras en organizaciones del sector informal de la provincia de Lima y Huaura” (FATSI), con el auspicio de la Fundación Paz

y Solidaridad de Comisiones Obreras de Andalucía y el financiamiento de la Junta de Andalucía de España. El proyecto se orienta a favorecer la mejora de las condiciones de trabajo y la calidad de vida de las mujeres del sector de la economía informal, quienes se concentraban en las categorías más inestables, desprotegidas y precarias, por lo que las condiciones de su inserción son aún inferiores a las masculinas. Asimismo eran las más proclives a vincularse como empleadas en unidades económicas de pequeña escala, donde su contribución es invisible y casi no se las tiene en cuenta. También era frecuente que se dedicaban a actividades agrícolas, que ni siquiera son consideradas dentro de los sistemas estadísticos y carecen de organizaciones para defender sus derechos. El proyecto también pretende contribuir al fortalecimiento organizacional de las asociaciones y gremios de trabajadores/as del sector informal de las provincias de Lima y Huaura. Comprende el impulso de la organización buscando el empoderamiento femenino de las mujeres trabajadoras de la economía informal. Específicamente se orienta a incrementar la participación activa y sustantiva de las trabajadoras en sus organizaciones y en los espacios de decisión. El proyecto articula un conjunto de estrategias, entre las que destacan: i) la prestación de servicios para las trabajadoras de la economía informal, ii) el establecimiento de espacios de articulación y alianzas entre mujeres trabajadoras del sector informal y formal, iii) la concertación y establecimiento de alianzas, compromisos y convenios con las organizaciones públicas y privadas, iv) la sensibilización y articulación entre las organizaciones gubernamentales, sindicatos y organizaciones de empleadores, v) el fortalecimiento de capacidades institucionales para el abordaje y tratamiento de la problemática de las trabajadoras de la economía informal, vi) y la incidencia política y/o vigilancia a nivel nacional, regional y local para la dación de marcos normativos y/o el desarrollo de programas y proyectos a favor de este sector de trabajadoras. Entre los principales resultados del proyecto se tiene: 1. Incidencia política y asistencia técnica para la incorporación del art. 6, incisos G (Promover

Las mujeres como protagonistas de la transformación social para el desarrollo equitativo

la formalización de trabajadoras y trabajadores de la economía informal) y H (Garantizar un trato no discriminatorio a las trabajadoras del hogar) en la elaboración de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres – LIO,6 2. Un estudio sobre “La trabajadora informal en el Perú” que incorpora transversalmente el enfoque de género, el mismo que contribuye al conocimiento de los mecanismos internos de la informalidad y sus negativas consecuencias desde una perspectiva de género, y a la necesidad de implementar políticas públicas para fundamentar procesos de formalización basados en la dinámica real del empleo informal. 3. Constitución de siete organizaciones (territoriales y sectoriales) de mujeres trabajadoras de la economía informal en las Provincias de Lima y Huaura y articulación de alianzas estratégicas con organizaciones sindicales en el Perú.

6 Ley 28983 (16/03/2007). ADC brindó asistencia técnica en general y en materia laboral en particular para la redacción final de la Propuesta de Ley (articulo 6) como integrante de la Comisión Técnica del Congreso de la República. La Ley sienta un precedente histórico para el país y abre rutas importantes para luchar contra la discriminación en lo económico, social y político, velando por la equidad de género en todas las esferas. La medida legislativa contempla de manera expresa el objetivo principal de la OIT, consistente en promover el trabajo decente y productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, a la formación, promoción y condiciones de trabajo, así como una idéntica remuneración por trabajo de igual valor.

A modo de reflexión Nadie pone en duda el trascendental valor de los Objetivos del Milenio que marca la ruta del planeta en los próximos años. Sin embargo, se requiere redoblar esfuerzos en la mayoría de países para cumplirlos. Es importante reconocer expresamente y valorar equitativamente el trabajo de las mujeres peruanas –tanto en el Perú como en el extranjero–, puesto que realizan múltiples funciones y responsabilidades que contribuyen de manera importante al desarrollo socioeconómico de los países. Es necesario que sus contribuciones sean tomadas en cuenta, puesto que sólo en la medida que se contemplen las necesidades y realidades diferenciales de hombres y mujeres, será posible avanzar en la disminución de las situaciones de desigualdad. Las nuevas fronteras entre el trabajo productivo y reproductivo requieren de medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral y el reconocimiento del trabajo remunerado. El diálogo social se constituye en un instrumento clave para este proceso. ó

María Bastidas Aliaga Presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal. Lima, Perú.

La Asociación de Desarrollo Comunal (ADC) tiene como misión institucional “promover el desarrollo humano y sostenible con igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género" y, desde su fundación en 1995, viene desarrollando acciones de investigación, promoción, comunicación, asistencia técnica (económica, legal y social); y consultorías en materia de género para instituciones públicas y privadas, organizaciones de trabajadores y de empleadores y organizaciones de mujeres, en los ámbitos rural y urbano del Perú. La Fundació Pau i Solidaritat CCOO Catalunya ha colaborado y colabora con ADC en actividades comunes a favor de la reivindicación, defensa y extensión de los Derechos Humanos Laborales de las mujeres del Perú. Para mayor información, consultar la página web siguiente: www.adc.org.pe

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3.2 Estrategias de Mujeres de Negro para paliar los efectos de la guerra Staša Zajović

Contexto político y socio-económico de guerra La República Socialista Federal de Yugoslavia (RSFY) se formó tras la guerra de liberación contra la ocupación nazi-fascista de la II Guerra Mundial; y de la resistencia popular encabezada por Josip Broz Tito durante la guerra, se fue forjando la revolución socialista. De 1945 a 1990, la RSFY se organizó como una federación socialista bajo el control de la Liga de los Comunistas (LCY). Este periodo se caracterizó por un notable crecimiento económico y un fortalecimiento de los derechos sociales de los trabajadores; también fue el periodo de la incorporación de las mujeres a la esfera pública, especialmente a la esfera laboral. Sin embargo, ese periodo de gran prestigio internacional de la RSFY se caracterizó por la falta de libertades políticas como resultado del carácter dogmático y burocratizado del Estado. En los años previos a la muerte de Tito, y especialmente tras su muerte (1980), se produjo una gran crisis económica que afectó muy negativamente a la legitimidad de la elite del poder. En un intento de recuperarla, la LCY recurrió a la ideología nacionalista, es decir, sustituyó el interés hacia la clase obrera por los denominados intereses étnicos, supuestamente amenazados. En ese proceso Serbia jugó un papel protagonista, y en particular desde que S. Milosevic se hizo con las riendas del poder. El régimen serbio es el principal responsable de la desintegración de Yugoslavia, en gran medida porque Serbia es la república más grande de la RSFY, y porque las fuerzas armadas de la RSFY (Ejército popular yugoslavo) tomaron partido por el régimen serbio que, junto con numerosas formaciones paramilitares, cometieron un enorme

número de crímenes de guerra en todo el territorio de la ex Yugoslavia. Durante las guerras, el régimen de S. Milosevic llevó a cabo una economía de guerra. Así, sin ningún control parlamentario, invirtió enormes recursos en ella, siendo también favorecido por el embargo internacional impuesto a Serbia en 1992 dada la agresión a Bosnia-Herzegovina y el apoyo financiero, militar y logístico ofrecido a los títeres serbios en Bosnia (la llamada República Srpska) hasta el final del régimen de Milosevic (en octubre de 2000). En el periodo de las guerras resultaron devastados casi todos los recursos económicos y sociales de Serbia. A comienzos de los años noventa del siglo XX, la producción había bajado en un 50% con respecto a 1989. Durante el embargo internacional, Serbia se convirtió en un sistema extremadamente cerrado, marcado por una ingente regresión económica y la proliferación de la mafia de guerra. En ese periodo, Serbia experimentó la inflación más grande conocida hasta el momento en todo el mundo, llegando a superar los mil millones. Aunque no se han hecho aún estudios serios sobre las pérdidas, se calcula que en ese periodo, debido a la devastación de los recursos materiales, naturales, culturales y biológicos, Serbia perdió entre 200 y 300 mil millones de dólares. Finalmente, la intervención militar de la OTAN contra Serbia (1999) también contribuyó a agravar la devastación que sufría la economía del país.

Una transición demorada tras la caída del régimen de Milošević El proceso de transición ha empezado con diez años de retraso y con una economía totalmente

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arruinada. La riqueza obtenida con el saqueo durante la guerra ha sido legalizada después de la misma, de modo que la transición y la privatización en Serbia están caracterizadas por la venta de empresas públicas a los señores de la guerra, cercanos, por otra parte, a la elite del poder. Los señores de la guerra acumularon su capital durante el periodo del embargo internacional (1992-2000). Un ejemplo llamativo de ello es que 2.600 de las 2.800 empresas estatales fueron vendidas, y casi todas ellas a la citada mafia de la guerra. Esta forma de privatización ‘salvaje’ ha producido un gran descontento obrero, pero la elite en el poder no está en condiciones de buscar una salida, aunque tampoco le interesa hacerlo. Mejor dicho, la elite dominante depende, en términos financieros, de la economía monopolista de la mafia de guerra. Puesto que no se ha efectuado la lustración –la depuración del personal responsable de las políticas durante las guerras–, los servicios militares y civiles de la época de Milosevic mantienen su influencia, lo que explica la profunda regresión y disfuncionalidad del Estado y de las instituciones públicas. Las políticas de guerra y de agresión llevadas a cabo por el régimen de Milosevic están pasando factura y el precio más alto lo pagan los pobres. Por otro lado, la crisis económica mundial ha deteriorado aún más la economía del país y está siendo utilizada por la elite del poder como pretexto para justificar su catastrófica política económica. A diferencia de los años anteriores a la guerra –en los que la pobreza había afectado más a la población rom/gitana y a muchas zonas rurales–, la guerra y la crisis permanente han agudizado la desigualdad social, multiplicándose los sectores laborales que no llegan al mínimo necesario para asegurar la seguridad alimenticia o cubrir los gastos elementales de la familia. He aquí un muestrario reducido de datos que ilustran el estado de devastación de la economía serbia: 1. El 50% de las transacciones económicas se dan en el mercado negro y, a causa de ello, el Estado sufre pérdidas anuales de aproximadamente 4 mil millones de euros. 2. La deuda externa de Serbia ha llegado a finales de diciembre de 2008 a la cifra de 30.708 millones de dólares o 21.806 millones de euros; en los años anteriores a 2008 el nivel de pobreza había disminuido un 50%, pero en 2008 ya había un 7,9%

de la población (o 610.000 personas) por debajo de la línea de la pobreza extrema, una cifra que en los primeros meses de 2009 ha subido hasta el 9,2%, (lo que equivale a 700.000 personas). 3. Serbia ocupa el primer lugar de Europa en número de refugiados y desplazados y el decimotercero, por el mismo motivo, en el mundo. Tras la desintegración de Yugoslavia, en los años noventa del siglo XX, hallaron refugio en Serbia más de 700 000 refugiados y desplazados de Bosnia-Herzegovina y Croacia; según los datos del Alto Comisariado para los Refugiados de Serbia, actualmente hay 104.000 refugiados provenientes de dichas áreas, a los que se sumaron 260.000 desplazados serbios de Kosovo tras la proclamación de la independencia de este territorio (2008). Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un 60% de los refugiados y desplazados se encuentran en situación de desempleo. 4. Actualmente hay 77 campos de refugiados (hace 10 años había 700). La situación desesperante de la población de refugiados y desplazados se refleja en el número de suicidios; en un solo año hubo más de mil casos y, por supuesto, la mayor parte de los refugiados son mujeres y niños.

Impacto de la guerra y de la crisis sobre las mujeres En Serbia, las mujeres han sido el sector que ha pagado más caro la política nacionalista-militarista del régimen serbio; ellas son las que más han sufrido por las movilizaciones forzosas de sus familiares masculinos, por las víctimas de la guerra, por los refugiados y los desertores de guerra. Sin embargo, las mujeres implicadas en los movimientos sociales han sido las que han organizado la mayoría de las acciones contra la guerra en Serbia y han sido la parte más activa en la lucha no violenta contra el régimen. La suya ha sido la principal fuerza que llevó a la caída de Milosevic y su régimen. Desgraciadamente, esta caída (octubre 2000) no trajo los cambios esperados ni cumplió con las expectativas creadas. Actualmente, las mujeres son también las grandes perdedoras de la transición en Serbia, entre otras cosas, como consecuencia del injusto proceso de privatización llevado a cabo. Naturalmente, la situación de las mujeres está afectada por la desigualdad de género. Así lo corroboran los siguientes datos referidos a sus derechos laborales:

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Las mujeres se ven más afectadas por el desempleo que los hombres: las mujeres constituyen el 55% del total de desocupados y la proporción más alta de desocupadas se encuentra en la franja de edad que va de los 31 a los 50 años. Las mujeres son peor remuneradas que los hombres: por el mismo trabajo, las mujeres reciben entre el 15% y el 30% menos de salario que los hombres. Los empresarios despiden a las madres solteras: además, por ejemplo en Novi Sad (segunda ciudad serbia), hay más de 30.000 madres solteras y más de la mitad de los padres se niegan a pagar la manutención de sus hijos; es de señalar que no existe una ley que les obligue a cumplir con ese deber. Las mujeres universitarias se ven más afectadas por el desempleo que los hombres: entre las mujeres desocupadas, la mayoría son mujeres que tienen un nivel de educación elemental y medio, pero el número de mujeres universitarias desocupadas es superior al de los hombres. Las mujeres son más numerosas en la población universitaria: y ello desde comienzos de los años noventa del siglo XX. Otros datos, relacionados con los derechos de propiedad de bienes o con la participación de las mujeres en la esfera política, ponen de manifiesto la situación desfavorable de las mujeres y las diferentes formas de discriminación a que se ven expuestas: a) la pensión de jubilación de las mujeres es en promedio un 22% menor que la de los hombres; b) solamente un 15% de mujeres son titulares de propiedades; c) entre los empresarios hay cuatro veces menos mujeres que hombres; d) en el parlamento serbio hay un 21% de mujeres, etc. Por otro lado, las mujeres sufren la violencia intrafamiliar como consecuencia de la violencia creciente en un país postconflicto, pero también de una fuerte mentalidad patriarcal. Una de cada tres mujeres en Serbia sufre alguna forma de violencia (física, verbal, sexual). Y pese a que ha sido adoptada la Ley sobre la Violencia en el Ámbito Familiar (2002), la sanción más frecuente en Serbia por infligir violencia doméstica es la de una pena condicional de 4 meses para los hombres que la ejercen; sin embargo, solamente un 12,9% de hombres que cometen actos de violencia de género en el ámbito

de la familia han sido encarcelados. Esto indica que los tribunales tienen una actitud benevolente para con los violentos.

¿Cuáles son las alternativas? Las premisas para cambiar la situación actual son las siguientes: La paz justa y duradera no se puede lograr sin condenar a todos los criminales de guerra: para ello es necesario afrontar el pasado criminal de los años noventa y poner en marcha todas las formas de la justicia transicional, sancionando todos los crímenes de guerra y a sus autores. A tales fines, la comunidad internacional debe de presionar a Serbia para que cumpla todas las obligaciones internacionales, especialmente las contraídas con el Tribunal de Crímenes de Guerra en la ex Yugoslavia/Tribunal de la Haya. La integración de Serbia en la Unión Europea es la premisa fundamental de la democratización: sin la reforma de las instituciones y la ayuda internacional financiera a Serbia y a los demás Estados de la ex Yugoslavia (excepto Eslovenia, que entró en la UE en 2004) se cierne el peligro de una nueva catástrofe económica y social, así como la desestabilización política. Esto es así dado que el aislamiento de Serbia favorece el fortalecimiento de la coyuntura entre la elite política, la mafia de guerra y la criminalidad organizada; además, el cierre del país nutre y exacerba las tendencias retrógradas (clerofascistas, fundamentalistas, xenófobas) más nocivas para las mujeres. La democratización no se circunscribe solamente a los cambios en los mecanismos institucionales, sino también a la transformación del poder y del sistema de valores: la experiencia ha puesto de manifiesto que no es suficiente con adoptar los llamados ‘planes de acción’, o lo que es lo mismo, transcribir o copiar formalmente las leyes europeas por la presión y el condicionamiento que ejercen las instituciones internacionales para conceder sus créditos, sino que hace falta poner en marcha esas leyes. Por ejemplo, en Serbia existen actualmente más de 70 planes de acción, pero eso no tiene casi ningún impacto sobre el cambio de mentalidades o el nivel de vida de la población. Para llamar la atención sobre este hecho, los movimientos sociales

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

inician numerosas campañas de presión sobre las instituciones, la opinión pública, los medios de comunicación y los políticos, pero la mayoría de ellas son ignoradas por el poder. Por este motivo el nivel de concienciación y de cultura democrática en Serbia no mejora, repercutiendo especialmente en las defensoras de los Derechos Humanos, las minorías étnicas, las sexuales y otras.

manifestaciones del patriarcado: el nacionalismo, el militarismo y el fundamentalismo. Las MdN de Belgrado iniciamos nuestras actividades en octubre de 1991, como reacción y respuesta a la política de guerra del régimen serbio.

Es indispensable el apoyo internacional al empoderamiento de los Derechos Humanos de la mujer y a la red de mujeres por la paz, tanto en Serbia como en toda la región. Esto es posible a través de la participación activa de las mujeres en la construcción de la paz y en los procesos de paz, así como a través de la solidaridad activa de las mujeres por encima de las pertenencias estatal, étnica y religiosa.

Hacemos visible la resistencia no violenta de las mujeres: a la guerra, al nacionalismo, al sexismo, al militarismo –a todo tipo de discriminación patriarcal–. Hasta ahora hemos organizado cerca de 1.500 acciones no violentas públicas como protestas, performances, teatros en la calle, campañas de sensibilización y marchas; promovemos y creamos la estética de la resistencia no violenta junto con las/los artistas y asociaciones comprometidas/os y, en este marco, hemos creado conjuntamente numerosas iniciativas de arte activista.

Alternativas y respuestas de las mujeres Experiencias de Mujeres de Negro

Las MdN abogamos por los siguientes valores y nos ocupamos de las siguientes actividades:

¿Qué hacen las Mujeres de Negro (MdN) para promover los cambios y crear alternativas al actual y desfavorable estado de las cosas? Mujeres de Negro constituye una red activista de orientación feminista-antimilitarista; la Red de MdN está compuesta por mujeres de diferente pertenencia étnica, diferente estatus social o formación, diferentes estilos de vida y opciones sexuales. Dos de los denominadores comunes entre sus integrantes son el rechazo de todo tipo de política beligerante, tanto en la comunidad como en el Estado en que vivimos, y la resistencia no violenta y visible a las diferentes

Creamos espacios para voces y acciones de mujeres: impulsamos a las mujeres a transformar públicamente la indignación, la ira y el descontento por los roles patriarcales y por el control patriarcal, en actos de resistencia no violenta y de desobediencia cívica, impulsando el movimiento de mujeres y la autonomía de éstas.

Mujeres de Negro nació en Israel, en 1988, a partir de un pequeño grupo de mujeres que salieron a la calle para protestar contra la ocupación israelí de los territorios palestinos. A finales de 1991 se creó Mujeres de Negro de Belgrado. Desde entonces, el movimiento de mujeres feministas y pacifistas de Mujeres de Negro se ha multiplicado, creando una red internacional presente en países como Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, India, Israel, Italia, Japón, Islas Maldivas, México, Países Bajos, Irlanda del Norte, España, Suecia, Suiza, Turquía, y los EE.UU.

La Fundació Pau i Solidaritat CCOO Catalunya ha colaborado y colabora con su coordinadora en Belgrado, Staša Zajović, en actividades comunes a favor de la reivindicación, la defensa y la extensión de los Derechos Humanos de las mujeres de la región.

Impulsamos las redes de solidaridad de mujeres, tanto a nivel internacional como regional y local, y ello por encima de todas las fronteras y barreras;

Para mayor información, consultar: www.zeneucrnom.org www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/ www.womeninblack.org

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por ejemplo, hemos organizado diez encuentros de la Red Internacional de MdN.

impulsando las alianzas de solidaridad de las mujeres contra la impunidad; etc.

Impulsamos las redes de paz, coaliciones y alianzas, fomentando la participación activa de las mujeres en los procesos de construcción de la paz; creamos coaliciones contra la impunidad y la clericalización de la sociedad, etc. He aquí algunas de las coaliciones y redes que hemos creado: Red de Objeción de Conciencia; Red de Mujeres de Negro de Serbia; Coalición de Mujeres por la Paz a nivel regional; Coalición por el Secularismo; Coalición contra la Impunidad/contra los Crímenes de guerra; Coalición para la Paz, Seguridad y Justicia en Europa Sur oriental; Coalición feminista; Coalición Antifascista; etc.

Organizamos la educación para la paz y promovemos la extensión de los Derechos Humanos de la mujer. Lo hacemos en forma de talleres itinerantes, jornadas y encuentros regionales e internacionales sobre: feminismo, antimilitarismo, solidaridad intercultural, justicia de transición desde el enfoque feminista, derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, etc. Hasta ahora hemos organizado varios miles de actividades de carácter educativo.

Reclamamos la justicia de transición: aquella que comprende todo tipo de responsabilidad (penal, colectiva, moral, política) y prevé sanciones para todos los crímenes y criminales de guerra, tanto ante los tribunales nacionales como internacionales. Creamos el enfoque feminista de transición. Hemos creado nuevos modelos de justicia desde la dimensión de género, como por ejemplo: visitando los lugares donde ocurrieron los crímenes cometidos en nuestro nombre; fomentando la ética feminista de responsabilidad y la ética feminista del cuidado; ofreciendo cursos de educación en justicia de transición desde el enfoque feminista; promoviendo la apertura de bibliotecas de justicia de transición;

Impulsamos la historia alternativa de las mujeres: hasta ahora hemos editado más de cien materiales (antologías, monográficos, libros de testimonios, manuales educativos) así como un gran número de folletos, pósteres, etc. Organizamos campañas e iniciativas legislativas: con el fin de lograr una paz justa y estable, trabajamos especialmente contra la impunidad, por la desmilitarización y el fomento de la seguridad desde el enfoque feminista, por el carácter laico del Estado, etc. Hasta ahora MdN han promovido decenas de campañas. ó

Staša Zajović. Co-fundadora y Coordinadora de Žene u Crnom (Mujeres de Negro) en Serbia Belgrado, Serbia

"Staša Zajović fundó Mujeres de Negro el 9 de octubre de 1991, y desde entonces hemos estado en la calle todos los miércoles. Los miércoles por la mañana nos disponíamos a vestirnos de negro. Estar allí, de negro, era nuestro acto público personal para mostrar nuestro desacuerdo con las políticas de nacionalismo y muerte. Buscar por la mañana las camisas negras que nos poníamos los miércoles reducía nuestros sentimientos de impotencia y culpa. Intercambiábamos pantalones negros. Nos vestíamos de negro, lo cual significaba que no estábamos de acuerdo con todo lo que hacía el régimen serbio, especialmente con su lenguaje generador de odio. Durante las vigilias de Mujeres de Negro permanecíamos en silencio. De miércoles a miércoles, las cuatro estaciones del año, varias veces más. Con pancartas y folletos. Completamente decididas. En las vigilias, había muchas de nosotras o pocas de nosotras, tipos de mujeres totalmente diferentes, sintiendo que no estábamos solas. Estar juntas aumentó la solidaridad entre nosotras, un amor hacia aquellas que tienen visiones políticas similares, y esto nos salvó." Testimonio de Lepa Mladjenović y Jadranka Milićević, Women for Peace, 1997. Women’s side of war, Žene u Crnom [Mujeres de Negro].Belgrado, 2008.

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3.3 Los derechos de las senegalesas del sector informal en el punto de mira de los Objetivos del Milenio Awa Wade

Senegal ha hecho, sin lugar a dudas, ciertos progresos en relación con su política de promoción de la mujer. Pero aún quedan pasos importantes por dar antes de llegar a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por otro lado, la inexistencia de estadísticas fiables desagregadas por sexo hace difícil llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de los progresos conseguidos: existen varias fuentes, a veces divergentes en función de si provienen del Gobierno o de la sociedad civil. Pero entre las franjas más vulnerables, las mujeres del sector informal serán las que acaparen más nuestra atención. A partir de los datos de los que disponemos intentaremos, en este escrito, evaluar sus derechos en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio tras una presentación general del país, de la situación de los derechos de las mujeres y de las tendencias del empleo en Senegal.

Encuesta sobre las Prioridades 2006 del Ministerio de Economía, Finanzas y del Plan, estima que hay aproximadamente 1.296.200 hogares, de los cuales cerca del 20% están encabezados por mujeres. A pesar de la urbanización galopante, Senegal, al igual que los demás países del África Occidental, sigue siendo mayoritariamente rural. Las grandes ciudades, aunque privilegiadas en relación con el resto del país, no pueden ocultar las grandes desigualdades socioeconómicas, tal y como muestra la siguiente tabla: Reparto de los ingresos de la población senegalesa Año 2010

Presentación de Senegal

37% 80%

Intermedios Pobres

País del África Occidental con una superficie de 196.722 km², dividido en catorce regiones. El idioma oficial de Senegal es el francés, pero el wólof sigue siendo su lengua comercial junto con 40 idiomas más, según las regiones. La población es en un 90% de confesión musulmana, en un 5% de confesión católica y en un 5% de confesión animista. Según las previsiones del 2009, Senegal tiene una población global estimada de 12.171.265 habitantes, de los cuales 6.150.750 son mujeres y 6.020.515 son hombres. La mayoría de la población vive en el medio rural pero, al igual que en la mayoría de países en vías de desarrollo, el fenómeno migratorio hacia las ciudades se está densificando cada vez más, con un 41,6% de población urbana. La

10%

Ricos

61% 10% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% %80% 90% 100% POBLACIÓN

% INGRESOS

El Derecho de las mujeres en Senegal Comparado con el resto de África, Senegal ha registrado avances en la promoción de los derechos de la mujer. A nivel internacional ha ratificado, entre otros: la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres (CEDEF), en 1985; el protocolo facultativo de la CEDEF, en marzo de 2000; y el protocolo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos Humanos de las mujeres, el 2 de diciembre de 2004.

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

A nivel interno también se han llevado a cabo iniciativas con el objetivo de reafirmar algunos compromisos internacionales, de las que enumero las siguientes: 1. El 7 de enero de 2001 el pueblo senegalés votaba por referéndum una nueva constitución que reafirma, en el preámbulo, su adhesión a la CEDEF y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo importantes derechos a las mujeres así como promulgando la eliminación de la injusticia, las desigualdades y las discriminaciones. Esta Constitución proclama, en su artículo 7, párrafo 4, que "todos los seres humanos son iguales ante la ley; los hombres y las mujeres son iguales en derecho”. El artículo 15 estipula que el hombre y la mujer tienen derecho a acceder a la posesión y a la propiedad de tierras con las condiciones marcadas por la Ley. El artículo 25 prohíbe cualquier discriminación entre el hombre y la mujer ante el empleo, el salario y los impuestos. La lectura del texto constitucional muestra pues la existencia de disposiciones protectoras de las mujeres y de sus derechos fundamentales. 2. La Ley 72-61 del 12 de junio de 1972, referente al Código de la Familia, incluye disposiciones favorables para las mujeres: por ejemplo, la prohibición del uso de los bienes de una mujer por otra mujer en caso de poligamia; la supresión de la domiciliación legal de la mujer en el domicilio de su marido, introducida por la ley 89-01 del 17 de enero de 1989; y la prohibición del matrimonio forzado y de la repudiación. Sin embargo, algunas de estas disposiciones perpetúan la marginación de la mujer: el esposo es el único cabeza de familia [Art. 152] y, por consiguiente, tiene la patria potestad [Art. 177]; la responsabilidad de optar por la poligamia integral o limitada le pertenece al marido; y el régimen dotal –en su totalidad– es discriminatorio, basándose en la incapacidad de la mujer de gestionar los bienes. Por otra parte, existen dos formas de herencia: la herencia de derecho común, que favorece a la viuda y a las hijas; y la herencia de derecho musulmán, que da al hombre una parte y a la mujer la mitad de la del hombre (“regla de la reducción”). Esta regla está basada en el artículo 571, que estipula que el derecho musulmán puede aplicarse "a las personas que, en vida, han manifestado de manera expresa o

por su comportamiento, su voluntad de ejecutar su herencia según las reglas del derecho musulmán…”. 3. La Ley 61-10 del 7 de marzo de 1961, referente al Código de la Nacionalidad, reconoce que la mujer senegalesa no pierde su nacionalidad al contraer matrimonio con un extranjero y, también, le otorga la capacidad de acogerse a otra nacionalidad con la condición de que la ley nacional del marido lo permita. 4. La Ley 83-02 del 22 de enero de 1983 –modificada en agosto de 2003 y referente al Código del Trabajo– en su artículo 104, retoma el principio de igualdad marcado por la Constitución. Los artículos L142 a L146 reconocen el derecho a un contrato laboral que, no obstante, puede ser rescindido en caso de embarazo y de viudedad, según las disposiciones de la ley. Aún así se mantienen algunas ventajas relacionadas con su situación familiar (1 día adicional de vacaciones al año por cada hijo, 1 hora de lactancia diaria, ayudas trimestrales por cada niño a su cargo, una pensión de orfandad para los niños menores de 21 años, un reposo de 11 horas para los trabajos nocturnos, etc.) Asimismo algunas de las disposiciones del Código de la Familia, que son desfavorables para las mujeres, repercuten también en el código general de los impuestos y en el código de la seguridad social, tales como la fuerte presión fiscal y la imposibilidad de encargarse de los derechohabientes de la mujer al no ser considerada cabeza de familia. 5. El Código Penal, en sus artículos 294 y 297, reforzados por las nuevas disposiciones de la Ley 99-05 del 29 de enero de 1999, prevé un cierto número de incriminaciones que garantizan la protección de las mujeres frente a ciertas agresiones: la protección frente a los abusos físicos, los abusos sexuales (incluido el acoso sexual en el trabajo), y los abusos de ambos tipos sucedidos en el marco de la familia. A pesar de estas disposiciones de iure, la mujer senegalesa sufre de facto la no aplicación de algunas leyes. Por ello Senegal ha adoptado y validado, en el año 2000, la Estrategia Nacional por la Igualdad y la Equidad de Género (SNEEG), constituida como instrumento para la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional para la Mujer (PANAF) adoptado tras la Conferencia de Beijing (celebrada en 1995) con el fin de corregir las desigualdades, sobre todo en la práctica.

Las mujeres como protagonistas de la transformación social para el desarrollo equitativo

Sin embargo, a pesar de todo este dispositivo jurídico y de las iniciativas ciudadanas comprometidas, las mujeres senegalesas siguen siendo muy vulnerables debido a su estatus. En efecto, entre los factores estructurales explicativos de esta situación nos quedaremos con el contexto sociocultural, dominado por el sistema del patriarcado, y muchas otras cargas sociales y/o religiosas. En ese sentido la sociedad establece, en su organización y en sus valores, una repartición de los roles sociales entre hombres y mujeres que tiende a confinar a estas últimas a posiciones subalternas; esto es únicamente justificable por la función de guardianas del patrimonio familiar y cultural que, hasta ahora, les ha sido ampliamente atribuida de forma consagrada por la tradición. Es necesario destacar que no se ha producido una armonización entre las leyes internas (Código de la Familia, Código del Trabajo, Código de la Seguridad Social…), la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados para garantizar y promover la protección de las mujeres. A pesar de ello, la situación se ha visto influenciada fuerte y positivamente por la creciente mundialización de los entornos políticos y económicos, provocando una toma de conciencia de los vínculos de interdependencia existentes entre los países y la necesidad de la cooperación internacional para garantizar la igualdad. Esto encuentra su reflejo en dos ejemplos: en primer lugar, en que las senegalesas (que en un 96% son de confesión musulmana), en términos de respeto a sus derechos hacen una mayor referencia a los Derechos Humanos que a la "Sharia"; y en segundo lugar, en que la sociedad civil lucha y se manifiesta constantemente por la promoción de los derechos de las mujeres.

Las tendencias del empleo en Senegal El empleo en el sector moderno, tras haber registrado un fuerte aumento de sus efectivos a lo largo de los años 70, se ha mantenido desde entonces en una situación de casi estancamiento. Según la Encuesta sobre las Prioridades y la Encuesta sobre el Empleo en Dakar (realizada en 1991), el empleo en el sector moderno ha vivido una expansión moderada en el sector privado, una ligera regresión del sector económico semipúblico y un relativo mantenimiento de la función pública. La situación del empleo en el sector público y sobre todo en el sector privado ha afectado negativamente al sistema de protección social, además de que este último

se ha visto enfrentado a la necesidad de ampliar su cobertura hacia al sector informal. El sector informal representa alrededor de la mitad del PIB, el 90% de los empleos y el 20% de las inversiones. En cuanto al sector rural, caracterizado por una débil productividad de trabajo y un subempleo muy alto, contribuye a una reabsorción del paro y da trabajo al 60% de la población activa. La capacidad de creación de empleos del sector informal (sobre todo en el medio urbano) ha conseguido, al contrario que el sector moderno, una expansión regular durante estos últimos años. La mayoría de los trabajadores de este sector provienen de colectivos de población vulnerables como las mujeres y los niños por debajo de la edad legal para trabajar. Sector refugio por excelencia, el sector informal se ha impuesto en el paisaje económico y social debido a su gran dinamismo y capacidad de adaptación. Los empleos informales se reparten entre los servicios (34,9%), el comercio (32,9%) y la industria (28,8%). La artesanía es el segundo generador de empleo dentro de las actividades de producción por detrás de la agricultura. El sector informal es el que emplea la mano de obra más joven, la menos educada y la más feminizada, con una presencia de mujeres del 45,9% frente al 28,8% presente en la administración. Los ingresos medios son claramente más bajos en este sector, con una media de 58,50 € al mes para unas jornadas laborales más largas (47 horas/semana).

Evaluación de la situación de las mujeres en el sector informal en relación con los ODM Senegal, junto a otros países del mundo, ha participado en la definición de los objetivos detallados que deberían, de aquí al 2015, liberar a buena parte de la población mundial de los yugos de la extrema pobreza, el hambre, la ignorancia y la enfermedad. A cinco años de que se cumpla el plazo, ¿en qué punto se encuentra la situación de las senegalesas del sector informal en relación con los ocho Objetivos del Milenio? Si leemos el ODM 1 (erradicar la pobreza y el hambre), el ODM 3 (promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres, sobre todo en el empleo y la representación política) y el ODM 7 (garantizar la sostenibilidad del medio ambiente), para la trabajadoras senegalesas del sector

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

informal las dificultades no han hecho más que empezar. Para ellas, el sector informal juega un papel social ya que, por un lado, les garantiza un empleo y un ingreso, y por el otro, constituye un factor de integración y de solidaridad como consecuencia de su lógica productiva de supervivencia. En todo Senegal, las mujeres muestran una gran creatividad a la hora de desarrollar estrategias de supervivencia basadas en la solidaridad, como por ejemplo, a través de la participación en grupos de promoción femenina, las tontinas y otros. Sin embargo, aunque el sector informal continúa generando empleo y garantizando unos ingresos, está generalmente lejos de reunir las características del Trabajo Decente, el que respeta la dignidad del ser humano (sobre todo en lo que se refiere a la calidad del empleo y a las condiciones de trabajo menos arriesgadas). Por otro lado, debido a las rigideces culturales, las mujeres tienen a menudo dificultades a la hora de elegir libremente el sector de actividades en el que poder desarrollarse: algunas actividades están reservadas a una casta (como la alfarería para las herreras o la peluquería tradicional para las griots), a una etnia (como la tintura tradicional para las soninkés o las pulars, la cestería para las sérères) o a una religión (la cría de cerdos para los cristianos). A esto hay que añadirle el carácter elitista del sistema de protección social establecido en Senegal, que de hecho las excluye: su cobertura está limitada al 5% de la población activa. Las mujeres evolucionan en condiciones de trabajo difíciles, sufriendo la falta de respeto, la no aplicación o la ausencia de normas de trabajo relativas al salario mínimo, a los horarios de trabajo, a la seguridad y a otras normas sociales relacionadas con el sistema de salud y de jubilación. Su dignidad se ve, de esta manera, golpeada por la pobreza, los riesgos de enfermedad y el déficit de seguridad y de higiene en el trabajo, factores que también afectan a su productividad, a la durabilidad del empleo y, por lo tanto, a su entorno. Las mujeres se enfrentan además a otras barreras, en este caso creadas por las dificultades existentes en el acceso a la financiación, que merman significativamente su espíritu emprendedor. Efectivamente, el modo de financiación actual les exige ciertos condicionamientos o requisitos a los que no pueden hacer frente (garantía por aval,

aportación económica inicial y tasas de interés elevadas). Finalmente, aunque las mujeres son la fuerza de trabajo mayoritaria en el sector informal, son las menos representadas en las organizaciones sindicales. Por este motivo, y como consecuencia de las dificultades existentes para negociar una mejoría de las condiciones laborales que responda a sus aspiraciones, se encuentran ante una situación de precariedad. ¿En qué punto se encuentran el ODM 2 (una educación primaria de calidad) y el ODM 8 (fomentar una asociación mundial para el desarrollo)? Las trabajadoras del sector informal siguen siendo las menos instruidas, las menos formadas y las menos informadas. En lo que se refiere a la igualdad de sexos y a la autonomía de las mujeres, muchos investigadores han indicado que el número limitado de oportunidades en materia de educación y de empleo para las mujeres reduce el crecimiento anual por habitante al 0,8%. Sin esta reducción de la tasa de crecimiento, las economías africanas habrían crecido el doble a lo largo de estos últimos 30 años. Pero desgraciadamente, la falta de tiempo no siempre permite que las mujeres sigan los programas de alfabetización impulsados por el Estado, a pesar de que el partenariado internacional pone en marcha cada vez más Programas Marco, que a la vez son más adaptados a sus circunstancias como, por ejemplo, la Iniciativa para la Alfabetización “Saber para Poder” (LIFE), coordinada por la UNESCO. En cuanto a los ODM 4 (reducir la mortalidad de los menores de 5 años), ODM 5 (mejorar la salud materna), y ODM 6 (combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades): A pesar de que el trabajo del sector informal proporciona a las mujeres actividades con horarios flexibles que les permiten, además, asumir el trabajo reproductivo que siguen llevando a cabo solas, estas mujeres trabajan a menudo en puestos de trabajo que se encuentran a las afueras de la ciudad. Así pues, les es muy difícil conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos que, a partir de ese momento, crecen en un medio generalmente hostil como es el de la calle. Al igual que sus hermanas del sector formal, por diversas razones, las senegalesas del sector informal asumen tareas propias del trabajo productivo, pero no dejan de ser, por ello, responsables exclusivas del trabajo reproductivo; asumen una doble

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carga de trabajo que se refleja en la amplitud de su jornada laboral. A esto se añade que su situación precaria y las tentaciones de la calle las exponen al VIH/SIDA y a otras enfermedades emergentes. De toda esta situación se deriva una vulnerabilidad social y una falta de reconocimiento importante. Así, a medida que este sector se desarrolla y se organiza, emerge del campo y de las zonas periféricas un colectivo poblacional muy vulnerable y pobre: se trata generalmente de mujeres cabeza de familia solas (huérfanas, viudas o solteras), que son costureras, vendedoras de la calle, restauradoras ambulantes, etc.

Conclusión Las senegalesas del sector informal viven discriminaciones que comparten con otras conciudadanas. Estas disparidades atañen a varios factores tales como los socioculturales, pero también a ciertas disposiciones jurídicas. Un indicador especialmente significativo de la discriminación por motivo de género tiene que ver con la representación de las mujeres, y ello con todas las consecuencias que ésta implica: por ejemplo, en la familia son considereadas menores de edad y están siempre bajo tutela; además, los matrimonios forzados o precoces, la repudiación, etc., coartan la libertad y la voluntad de las mujeres y las abocan al desamparo familiar en el último caso; finalmente, en materia económica tampoco se les reconoce la capacidad de adquisición de bienes para el trabajo. A esto se unen, en relación con sus condiciones específicas, otras discriminaciones que hemos intentado repasar a la luz de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, y que las exponen a la ignorancia, la pobreza, la precariedad, la

preponderancia de enfermedades endémicas, la vulnerabilidad (abusos sexuales, violencia), etc. Frente a esta situación es evidente que en cinco años, si no se hace nada urgentemente, las mujeres senegalesas no podrán, tal y como promulga la comunidad internacional, aspirar a una vida digna. Tenemos, pues, el tiempo en contra nuestra. Esta es la razón por la cual estimamos que todo debe pasar primero por una organización sistemática y por la creación de unas condiciones más favorables para la participación de las mujeres en la vida económica y pública. El elemento nodal de estas condiciones sigue siendo la ampliación de la protección social para los/las trabajadores/as del sector informal. Y en nuestra humilde opinión, el sindicato es el que se encuentra en la mejor posición para desempeñar esta tarea. Las organizaciones de trabajadores deberían, por lo tanto, invertir en la contratación y la organización de las trabajadoras del sector informal, así como facilitar sus alianzas con los movimientos sociales senegaleses de África y del mundo. Sin embargo, debido al basamento específico de construcción social existente en Senegal, no debería considerarse una solución radical a corto plazo. La estrategia de deconstrucción y de reconstrucción social sobre las bases de los nuevos paradigmas pasa por la educación, la formación y una reconversión de las mentalidades. Mientras tanto, sería útil facilitar el acceso al crédito a las emprendedoras mediante el desarrollo de mutuas de mujeres. ó

Awa Wade. Encargada de Género y Equidad en la Unión Nacional de los Sindicatos Autónomos de Senegal (UNSAS). Dakar, Senegal. E-mail: awade7@orange.sn

Fuentes consultadas para la elaboración de este artículo: Encuestas a los hogares (ESAM II), 2002, Nueva Política Nacional de Ocupación, 2006.

La Unión Nacional de los Sindicatos Autónomos de Senegal (UNSAS) es una confederación afiliada a la Confederación Sindical Internacional (CSI), que se crea en 1990 en Dakar. Los miembros del sindicato pertenecen a los sectores de electricidad, telecomunicaciones, sanidad, ferrocarriles, azucareras y enseñanza. En su estructura, el 40% de la afiliación son mujeres, a pesar de que hoy por hoy tienen una escasa representación en la dirección. Para visionar la lucha de las mujeres trabajadoras por lograr la equidad tanto en el trabajo como en la representación sindical, recomendamos la visión del siguiente vídeo, producido por Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga en colaboración con sus contrapartes, UNSAS y CNTS: www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web_otgvideo/index.asp?idvideo=46

Las mujeres como protagonistas de la transformación social para el desarrollo equitativo

3.4 WAC: Empoderamiento económico y social de las mujeres árabes en Israel Michal Schwartz

Por norma general, las mujeres árabes que son ciudadanas israelíes no existen en la escena económica, social ni política de Israel. La comunidad árabe de Israel, que suma el 15% de la población total del país (sin incluir Jerusalén Este y Altos del Golán), cuenta con más de medio millón de mujeres, el 90% de las cuales vive en localidades periféricas y segregadas destinadas únicamente a árabes, un hecho que permite a la población israelí mantenerse indiferente ante su situación. Lo que provoca que las mujeres árabes sean aún más invisibles es el hecho de que el 83% de ellas no participen en el mercado laboral, ya que esto implica que permanezcan encerradas entre las paredes de sus casas (mientras que, en comparación, más del 55% de las mujeres israelíes son laboralmente activas). El 17% de mujeres árabes que sí trabajan fuera de casa son, en su mayoría, profesionales que trabajan dentro de las comunidades árabes, donde sufren una tasa de desempleo muy alta. Podemos decir que la gran mayoría de mujeres árabes no profesionales son amas de casa, y que su rol principal se desarrolla en torno a la gestión de las tareas reproductivas. Esto hace que las mujeres árabes sean el grupo más vulnerable tanto dentro de Israel como en el marco de la comunidad árabe. Las mujeres y los niños árabes también sufren una incidencia mucho mayor de la pobreza: más del 50% de los hogares árabes se encuentran por debajo del umbral de pobreza, y más de dos tercios de los niños árabes son pobres (en relación a la media de un tercio de los niños en Israel). Además, al ser económicamente

dependientes, las mujeres árabes son consideradas una carga. Como consecuencia de todo lo anterior, no tienen voz ni medios económicos, y tienen un papel muy pequeño en la vida social, cultural y política del país. Irónicamente, su exclusión del mercado laboral provoca que políticos, economistas y medios de comunicación israelíes centren su atención en ellas, aunque sea de manera puntual. Ocurre cada vez que un informe de la OCDE señala a las mujeres árabes (y a los judíos ortodoxos) como la principal causa de la baja participación de los israelíes en la fuerza de trabajo; y es que según un reciente informe de la OCDE (de octubre de 2009), este es el punto más débil de la economía israelí. La OCDE también señala que la discriminación en el mercado laboral entre hombres y mujeres y entre judíos y árabes es el mayor obstáculo para que Israel sea aceptado como miembro dentro de la estructura del organismo. En estas ocasiones, los políticos y los medios de comunicación israelíes habitualmente se dividen en dos grupos de opinión. Un pequeño grupo promete promocionar programas gubernamentales especiales para animar a las mujeres árabes a entrar en el mercado laboral. Sin embargo, estos políticos nunca han hecho nada para implementar dichas promesas. Los planes gubernamentales para fomentar la formación profesional entre las mujeres árabes, por lo tanto, no van más allá de la teoría. Por otro lado, un grupo más mayoritario culpa a la cultura islámica y el conservadurismo de la sociedad patriarcal árabe de la pasividad económica de las mujeres. Este grupo prefiere ignorar

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

la negligencia y el abandono que, a largo plazo, sufre la población árabe, así como la sistemática política de discriminación aplicada en su contra. El hecho es que hay muy pocos trabajos disponibles en las comunidades árabes debido a la ausencia de zonas industriales, oficinas gubernamentales, hospitales, universidades, etc. y los pocos trabajos disponibles en los pueblos para las mujeres tienen un sueldo inferior al 50% del salario mínimo establecido, es decir, 3.500 shekels al mes o menos (un euro equivale a 5,5 shekels). El trabajo en la ciudad tiene otras dificultades añadidas: no existe transporte para desplazarse desde los pueblos árabes hasta los centros industriales y comerciales que hay alrededor de las ciudades judías. Esta carencia implica que las mujeres árabes que quieran trabajar tengan que depender de subcontratistas que dispongan de un coche para llevarlas, tras lo cual, éstos se embolsan alrededor del 40% de sus sueldos. Se trata de un hecho muy común en la agricultura, donde los subcontratistas pagan a las mujeres entre 80 y 120 shekels al día, en vez de pagarles el jornal mínimo, equivalente a 165 shekels. Por este motivo las mujeres no suelen sentirse muy orgullosas de trabajar en este sector. Por su lado, la globalización ha contribuido a una marginación aún mayor de las mujeres árabes. Las industrias textiles, donde muchas de ellas solían trabajar en los años 80 y 90, fueron trasladadas a países con mano de obra más barata. La agricultura es, pues, para las mujeres árabes no cualificadas, la única opción de trabajo. Desafortunadamente, la política del gobierno israelí también crea desempleo entre las mujeres árabes: el gobierno permite que se importen trabajadores agrícolas baratos y explotados de Tailandia, constituyendo actualmente un 60% de la mano de obra del sector. Es importante mencionar que la política de importación de trabajadores agrícolas procedentes de Tailandia practicada por el gobierno israelí no cumple con los acuerdos internacionales sobre mano de obra extranjera (Organización Internacional para la Inmigración de las Naciones Unidas). Los trabajadores tailandeses cobran sólo 13 shekels por hora, cuando el salario mínimo por hora es de 21 shekels, un hecho que presiona a la baja todos los sueldos en la agricultura y provoca que el empleo de mujeres

árabes sea menos rentable para los agricultores. Además, los trabajadores tailandeses pagan entre 10.000$ y 30.000$ a las empresas de selección de personal que les permiten iniciar su proyecto migratorio, y ello con el fin de obtener el visado para trabajar en Israel durante 5 años; pero, en ese tiempo, estos trabajadores se convierten prácticamente en esclavos de los agricultores. Las mujeres árabes son la clave para cambiar la sociedad árabe. No hay duda de que la falta de oportunidades laborales para ellas les conduce a un aislamiento y a una dependencia económica, que al mismo tiempo realza

Por norma general, las mujeres árabes que son ciudadanas israelíes no existen en la escena económica, social ni política de Israel. El 90% de ellas vive en localidades periféricas y segregadas -destinadas únicamente a la comunidad árabe-, lo que permite a la población israelí mantenerse indiferente ante su situación

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Mural de Banksy. Muro de Cisjordania construido por el Estado de Israel.en los territorios ocupados.

las opiniones conservadoras de las corrientes religiosas y bloquea el desarrollo de la sociedad árabe. Esta situación hace que la población árabe se mantenga en unas condiciones extremadamente vulnerables, ya que un ingreso por hogar no es suficiente para superar el umbral de pobreza. Esto también ensancha la brecha existente entre árabes y judíos en Israel, reflejando una distancia que no hace más que incrementar el miedo y la desconfianza en ambos lados.

El proyecto del WAC sobre las mujeres y la agricultura Con este escenario como trasfondo, el Centro de Asesoramiento para Trabajadores (WAC) creó, hace casi 4 años, un proyecto especial de empoderamiento de las mujeres árabes en el que se combinan diferentes niveles de trabajo. La prioridad del proyecto es facilitar la inserción laboral de mujeres árabes en Israel a través de una campaña destinada a ofrecer puestos de trabajo específicamente en el sector agrícola. La condición previa para la realización de contratos es que las trabajadoras reciban por lo menos el salario mínimo, una nómina del sueldo y los beneficios sociales correspondientes. Para ello, los trabajadores/as del WAC visitan regularmente a los agricultores para intentar persuadirles de que contraten a trabajadoras agrícolas que sean miembros del WAC. Sin embargo, habitualmente los agricultores cuentan con muchos trabajadores tailandeses y únicamente contratan a los miembros del WAC en temporada alta (de manera estacional). Esto significa que, para que una mujer pueda trabajar durante todo el año, el WAC tiene que recontratarla varias veces a lo largo de los doce meses. Este proyecto también incluye formación, realizada en grupos de hasta cinco mujeres; en cada grupo debe haber una conductora con coche para facilitar que, después, todas puedan desplazarse a sus lugares de trabajo. Los/as activistas del WAC también suelen hacer visitas a domicilio a las mujeres amas de casa para convencerlas de que participen en el mercado laboral; también publican en los medios de comunicación, o mediante prospectos que van distribuyendo, las oportunidades laborales para facilitarles el acceso a esta información. Finalmente, una vez que las mujeres se hacen miembros del WAC –a través del pago de una cuota simbólica mensual–, las nuevas trabajadoras abren una cuenta bancaria propia –en caso de no disponer de una–, hecho que para ellas también constituye un motivo de alegría. A partir de entonces, el WAC se encarga de defender sus derechos y de resolver los problemas que puedan surgir. El trabajo en la agricultura no es fácil ni para las madres y ni para los niños ya que, por un lado, el trabajo empieza antes de que las escuelas y las guarderías abran por la mañana;

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y por otro, es mucho más duro que trabajar en una tienda o en una oficina ventilada. Aún así, cuanto más se ha acentuado la crisis económica, más hemos notado que las madres jóvenes vienen a nuestras oficinas en busca de trabajo. No tienen otra opción y necesitan ganarse la vida. Con el propósito de promover y combinar los empoderamientos económico y personal, el WAC organiza –semanalmente y después del trabajo- reuniones en las que las participantes aprenden a adaptarse a las múltiples tareas de la casa y del trabajo. En estas reuniones aprenden cómo cambiar la actitud de sus maridos y de sus hijos sobre su trabajo y hacer que participen en las tareas de la casa; a reorganizarse el tiempo y cambiar sus prioridades; a ser más asertivas e independientes; en definitiva, a quererse a sí mismas, a valorar su trabajo y a verse iguales a los hombres de su familia. Estas reuniones también suponen una oportunidad para que expresen sus sentimientos en un entorno solidario, y en el que pueden darse cuenta de que todas comparten problemas similares. Otro nivel de empoderamiento se encuentra en la celebración ocasional de lecturas colectivas destinadas a un público más amplio de mujeres. Se abarcan temas que van desde la educación infantil, la educación sexual, la correcta nutrición y la salud, hasta debates sobre el movimiento de trabajadores en Egipto u otros temas de carácter político. El WAC también da clases especiales de liderazgo para las trabajadoras con más experiencia en las que aprenden a leer una nómina, a saber qué son los derechos del trabajo, las leyes sobre trabajo, la seguridad laboral, la solidaridad en el trabajo, la historia y la importancia de los sindicatos, así como otros temas relacionados. Un nivel de acción muy importante para el WAC es el hecho de llegar a la opinión pública israelí e influir sobre el gobierno y la Knesset1. Por ello, los miembros del WAC comparecen a menudo ante el Comité para los Trabajadores Extranjeros de esta cámara; en él, los agricultores suelen alegar que los trabajadores locales se niegan a trabajar en la agricultura, argumento en el que se basan para continuar solicitando

Knesset significa “asamblea” en hebreo y se refiere al Parlamento Israelí.

más trabajadores extranjeros además de los 29.000 tailandeses ya presentes en el territorio. El WAC siempre lo rebate demostrando que hay cientos de trabajadores agrícolas asociados a la entidad que hacen todo tipo de trabajos bajo el sol y la lluvia, así como otros miles de ellos que están dados de alta pero no consiguen encontrar empleo. El WAC pide que se pare la importación de trabajadores extranjeros para dar una oportunidad a los trabajadores locales. La participación de las mujeres en actividades o manifestaciones reivindicativas también forma parte del trabajo educativo del WAC. Sus miembros femeninos participan anualmente en las marchas que se organizan en Tel Aviv con motivo del Día Internacional de la Mujer –el 8 de marzo– para reclamar su derecho a trabajar. Estas marchas atraen la atención de muchos medios de comunicación y hacen que árabes y judíos se unan con fines solidarios. Con el objetivo de conseguir el apoyo de la Academia y de las organizaciones de derechos de las mujeres y de los trabajadores, el WAC también organiza anualmente una conferencia centrada en la problemática de las mujeres árabes y el desempleo. Estos encuentros académicos generan una amplia e interesante participación tanto de trabajadores/as agrícolas como de activistas y partidarios/as de ambas nacionalidades.

Evaluación de los éxitos del WAC La visión del WAC por fin ha sido aceptada a nivel declarativo por el gobierno. Así lo expresó el Ministro de Finanzas el pasado 18 de noviembre de 2009 en el Knesset cuando, hablando en nombre del gobierno, se refirió al desempleo y a los trabajadores extranjeros. Además, nuestra lucha contra la “política de la puerta giratoria” –con la que el gobierno ha deportado a trabajadores “ilegales” por un lado y ha importado nuevos trabajadores por el otro–, ha sido adoptada por las organizaciones de Derechos Humanos, partidos políticos y amplios sectores de la opinión pública, generando una importante tarea de sensibilización colectiva. Siguiendo esta línea, los activistas del WAC publican artículos regularmente en periódicos de gran tirada y aparecen en los medios de comunicación tratando el tema del desempleo entre las mujeres árabes. Así mismo,

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se organizan visitas y actividades de campo para la prensa y las organizaciones que quieran estudiar la situación. Por todo ello, el WAC se ha convertido en una autoridad reconocida en la materia. Sin embargo y de facto, el WAC aún no ha logrado cambiar la política del gobierno con relación a la mencionada importación de trabajadores extranjeros. Mientras el fuerte lobby de agricultores siga venciendo al resto de consideraciones económicas y sociales, el WAC sólo podrá ayudar a unos cientos de mujeres a encontrar trabajo y a cambiar sus vidas. Pero para llevar a cabo un verdadero cambio es necesario contratar a miles y cientos de miles de mujeres en trabajos continuos y estables, no temporales ni estacionales. También se necesita un cuerpo de líderes sindicales serios/as entre los trabajadores/as agrícolas, respecto a lo cual aún queda mucho por hacer, ya que requiere un cambio en la actitud de la sociedad árabe hacia las mujeres trabajadoras. Necesitamos más tiempo y esfuerzo y trabajar duro y con mucha paciencia para lograr estos objetivos. Dicho esto, esos cientos de mujeres que se han unido al WAC y han empezado a trabajar están siendo testigos de los grandes cambios que se están produciendo en sus vidas y en las vidas de los que las rodean. El pasado 6 de noviembre el WAC celebró un simposio junto con el Academic

College of Emek Yezreel sobre “Mujeres, trabajo y familia”. Unas 75 mujeres árabes, la mayoría de ellas trabajadoras agrícolas, participaron en él junto a estudiantes y académicos, que se quedaron fascinados por todo lo que estas mujeres tenían que decir. Suad, una trabajadora agrícola del pueblo de Tamra, explicó que antes solía trabajar para subcontratistas, pero que no podía soportar que le pagasen sólo 120 shekels al día. Se sentía humillada y explotada. Cuando encontró trabajo a través del WAC y recibió el primer sueldo, se sintió orgullosa y satisfecha. Tiene el apoyo de su marido para trabajar fuera de casa y ha reorganizado las tareas del hogar repartiéndolas entre los miembros de su familia. Antes, cuando estaba siempre en casa con sus hijos pequeños, se sentía asfixiada. Ahora lamenta no tener suficiente tiempo para su familia, pero cree que todos están más organizados y se siente aliviada por trabajar con otra gente, hombres y mujeres, judíos y árabes. Ha ganado mucha confianza en sí misma. Ahora puede permitirse comprarle un ordenador a su hijo, enviar a su hija a un equipo de fútbol, y comprarse ocasionalmente algo de ropa sin tener que pedirle dinero a nadie. ó

Michal Schwartz Coordinadora de estudios del Centro de Asesoramiento para Trabajadores (WAC). Tel Aviv, Israel.

Me siento cansada físicamente pero feliz mentalmente. Si eres miembro del WAC el jefe te trata bien y te respeta. Ahora me conocen en el pueblo. Todas las mujeres que quieren trabajar vienen a mi casa, y yo las envío al WAC. Desearía que hubiese suficiente trabajo para todas ellas. Testimonio de Suad, trabajadora agrícola asociada al WAC. Tamra, ciudad del Distrito Norte de Israel.

WAC Centro de Asesoramiento para Trabajadores. La sede central de la organización WAC se encuentra en Tel Aviv, pero el WAC es activo en las áreas de Galilea, Jaffa y Jerusalén Este y su campo de actuación se sitúa en Natzaret, Um al Fahem, Kufur Qara y Kufur Manda. La zona del Triángulo que se encuentra entre las ciudades de Netanya y Tel Aviv es la zona de mayor incidencia. Es en este “Triángulo” donde se prevé realizar el intercambio de territorios entre Israel y el futuro estado palestino. En Israel residen 1.300.000 árabes palestinos y una gran parte de ellos viven en esta zona.

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Las mujeres como protagonistas de la transformación social para el desarrollo equitativo

3.5 Feminización de la pobreza y feminización de los flujos migratorios en América Central Violeta Elena Lacayo

América Central es una de las regiones que en las últimas décadas ha sido abatida por guerras fraticidas que han dejado como resultado un lento desarrollo con, entre otros, una creciente población joven que se ve sin alternativas para tener una vida digna. El empobrecimiento de la región con las crisis económicas mundiales dio paso a un proceso que empieza a ser más evidente a partir de los años noventa, y es el surgimiento de la mujer migrante: empezaba entonces la feminización de la migración como respuesta a la feminización de la pobreza. La migración de mujeres en América Central hacia los Estados Unidos y hacia Costa Rica, en el caso de las mujeres nicaragüenses, representa actualmente la mitad de todos los flujos migratorios; y en algunos casos, como el de El Salvador, las mujeres están superando ya al número de hombres que emigran. Sin embargo, los temas de género siguen siendo poco abordados en la literatura y en las políticas sobre migración internacional. Las cuestiones de salud reproductiva y de educación y las relativas a la vulnerabilidad específica de las migrantes –como lo son la precariedad de las condiciones de trabajo y el irrespeto a sus Derechos Humanos y laborales– merecen particular preocupación en este contexto. En el análisis de la migración internacional de América Central es importante determinar qué forma adopta la feminización de estos movimientos, es decir, en qué medida se trata de migración en busca de trabajo, con fines de reunificación familiar, de migración circular con retorno, por la búsqueda de refugio y asilo, o bien migración de indocumentados, etc. Hasta hace algunos años las mujeres emigraban generalmente con la finalidad de llevar a

cabo su reunificación familiar, y por consiguiente, se apoyaban en la obtención del dinero destinado a ser remesado a los países de origen; pero en la última década las mujeres han empezado a emigrar con una determinación autónoma, sin estar necesariamente condicionadas por el encuentro con su familiar en el país de destino, siendo otros los factores que las impulsan a moverse: el no encontrar condiciones mínimas de vida para ellas y sus familias en su país de origen, la violencia social y de género y el deseo de independencia y de superación personal. Uno de los primeros aportes de la mirada de género sobre los movimientos migratorios ha sido el pleno reconocimiento de las mujeres migrantes como trabajadoras, como personas que se desplazan movidas por una determinación laboral y una motivación personal de mejorar su situación de vida; esto, por un lado, cambia la imagen a través de la cual se percibe a las mujeres migrantes como acompañantes de un jefe varón, en su calidad de esposas, hijas o hermanas; y por el otro, se observan cambios en las relaciones de género, a efectos de la migración, por su incidencia en la modificación de la dinámica y de la estructura familiar. Y es que las mujeres en los lugares de origen suelen asumir mayores responsabilidades debido a las prolongadas ausencias de los hombres –cabeza de familia–; en este sentido, se flexibilizan los roles tradicionales ya que, al no encontrarse los hombres, las mujeres se ven forzadas a tener que sumar a sus actividades cotidianas nuevas tareas, lo que a su vez estimula su capacidad de decisión, el reconocimiento de su autoridad y un papel más protagónico en el ámbito familiar y comunitario. En la década de los 80 del siglo XX, las mujeres centroamericanas emigraban principalmente

Los ODM ante el reto de la igualdad de género

hacia Estados Unidos para trabajar como empleadas domésticas, trabajadoras agrícolas e industriales, enfermeras, trabajadoras nocturnas y en la prostitución. El tráfico de mujeres en Centroamérica también pasó a engrandecerse, lo cual trajo aparejada la creciente explotación y hasta la desaparición y asesinato de mujeres que deciden emprender el largo y peligroso camino de la emigración. De hecho se ha confirmado que un alto porcentaje de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez –lugar de tránsito y estación antes de cruzar la frontera de México hacia los Estados Unidos–, eran mujeres que en su proyecto migratorio estaban en la zona de paso, provenientes de América Central y el Caribe. Con ello se ha dado visibilidad a la peligrosa travesía de la migración, en la que las mujeres migrantes (en un 90% con edades comprendidas entre los 16 y 45 años) sufren no uno, sino varios atropellos a sus Derechos Humanos por su condición de género como la violencia sexual, la esclavitud sexual –obligándolas a prostituirse a cambio de llegar al país de destino–, la extorsión, y en muchos casos, la muerte precedida por todo lo anterior. La mujer migrante posee atributos definidos como la iniciativa, el valor y la disciplina del trabajo. Siendo en la mayoría de los casos cabeza de familia en su país de origen, toma la decisión de migrar con plena conciencia de lo que implica dejar su país, dejar sus costumbres, y sobre todo, dejar a sus hijos e hijas en manos de una tercera persona que no siempre les garantiza su seguridad; pero aún así se mueven con la convicción de que el enorme sacrificio y la sabida exposición al peligro se hace con la esperanza de un horizonte más digno para ellas y sus hijos e hijas. Esta motivación está generando que el liderazgo de las mujeres en el hecho migratorio sea cada vez mayor, tal y como muestran algunos datos de la CEPAL1: 1. En términos porcentuales, de los migrantes nicaragüenses residentes en Costa Rica, el 50,1% son mujeres (frente al 49,9% de hombres de su misma nacionalidad), y de los residentes originarios del mismo país en los Estados Unidos, las mujeres suman el 67,1% (frente a un 32,9% de hombres). 2. En el caso de Honduras, el 54,8% de los flujos migratorios registrados han sido protagonizados

CEPAL, 2007

por mujeres que se han dirigido hacia diferentes destinos y hoy en día residen en el exterior. 3. En El Salvador, entre la población migrada y residente en Guatemala, el 66,1% son mujeres (frente al 33,9% de hombres); y entre los salvadoreños migrados a los EEUU el porcentaje de mujeres también supera al de hombres, sumando el 52,3% (frente al 47,4% de hombres salvadoreños residentes en el país). Por otro lado, las mujeres que migran viven una serie de experiencias que desencadenan múltiples cambios en su identidad. Un elemento central en este proceso lo constituye su inserción en el mercado laboral porque, a través de su trabajo remunerado, las mujeres acceden a un contexto social que favorece un mayor control de los recursos generados, una mayor independencia en su movilidad, así como su acceso y participación en redes sociales. Sin embargo, la situación de la mujer migrante constituye una condición de opresión que se suma a la de género, la de clase y la de etnia, agudizando así su vulnerabilidad. Aunque los ingresos de las mujeres migrantes tienden a ser menores a los de los hombres, ellas envían a su lugar de origen un mayor porcentaje de su sueldo y, con el transcurso del tiempo, tienden a mantener el patrón de envío de remesas, conservando un nexo cercano con la familia. El marco de normas jurídicas y diferentes políticas juegan un papel importante respecto a la experiencia migratoria y los efectos de las remesas en la vida

Las mujeres como protagonistas de la transformación social para el desarrollo equitativo

de las mujeres debido a que éstas se inscriben como parte del contexto que puede favorecer o no las relaciones democráticas y equitativas entre mujeres y hombres –en la medida que promueven y observan los principios de los Derechos Humanos y, en particular, los derechos de las mujeres–. Por otro lado, las mujeres migrantes, al encontrarse en desventaja laboral frente a los hombres, son víctimas de atropellos a sus derechos, aunque en muchas ocasiones deciden no reclamar por el temor a perder el trabajo o a ser deportadas a su país de origen; esto también ocurre debido a que la gran mayoría de las mujeres migrantes se emplean en ámbitos poco regulados, como son los casos del servicio doméstico y el sector informal o el trabajo por cuenta propia. En relación a ello, el papel de las organizaciones sindicales se está volviendo cada vez más importante para la población migrante y en especial para las mujeres, ya que son una fuente de información y asesoramiento importante en lo referente no sólo a sus derechos laborales, sino también a sus derechos como mujeres. Así, la mujer migrante, a pesar del menoscabo sufrido –en la mayoría de los casos– a su dignidad, es una mujer que está en el camino del empoderamiento y que, al verse motivada a ser parte de una organización sindical, no solamente crece en el conocimiento y la lucha por sus derechos, sino que se convierte en una fuerte multiplicadora de los mismos para con la población migrante.

Tengo 27 años, soy originaria de San Vicente en El Salvador. Hace 4 años llegué aquí a Estados Unidos, ilegal; el coyote me cobró cinco mil dólares para traerme hasta aquí. No conozco a mi papá, y mi mamá tuvo 9 hijos pero se le murieron 2 antes de cumplir los 4 años; éramos muy pobres, trabajábamos en el campo y de eso comíamos, de lo poco que sacábamos. A los 14 años me acompañé y tuve mi primer hijo; actualmente tengo 4 que he dejado en El Salvador con mi mamá...Tardé 2 meses y medio en llegar aquí; me pasó de todo, me hicieron de todo que prefiero no acordarme, pero llegué. Mi marido me abandonó cuando la niña más pequeña tenía 3 meses; él se vino para acá, para Estados Unidos; al principio me mandaba un poco de dinero pero a los 6 meses de que se vino dejé de saber de él, y hasta la fecha no sé si está vivo o muerto. Al principio fue muy duro porque yo no conocía a nadie. Yo llegué hasta sexto grado de primaria y sé leer y escribir, pero no sabía nada de inglés; tuve varios trabajos, pero no duraba mucho porque no tengo papeles. Desde hace un año trabajo limpiando baños en un restaurante aquí en

A continuación, un extracto del relato de vida de una mujer que emigró hacia los Estados Unidos en el año 2004. Esta breve reseña es la historia compartida por miles de mujeres que emigran hacia otro país con la esperanza de encontrar, en ese nuevo lugar, una posibilidad en la que puedan sentirse y ser tratadas como trabajadoras, como seres humanas. Al ver relatos como este, confirmamos la imperante necesidad de fortalecer la agenda internacional para la promoción de los Derechos Humanos de las mujeres migrantes, lo cual representa un gran desafío, ya que implica reconocer la vulnerabilidad que afrontan las mujeres migrantes respecto a la protección y pleno goce de sus Derechos Humanos y libertades fundamentales. Asimismo, es necesario comprender y asumir las demandas particulares de las mujeres para fortalecer y direccionar el diseño, negociación y ejecución de las políticas públicas respectivas; y ello comprometiendo y visibilizando ante la sociedad civil de los países de destino el enorme aporte e intercambio que trae aparejada la emigración, además de la contribución que los migrantes hacen a los mercados laborales. ó

Violeta Elena Lacayo. Abogada y consultora independiente en temas de Género, Derechos Humanos y Desarrollo Organizacional. Montevideo, Uruguay.

Los Angeles; trabajo 12 horas por día y a veces hago horas extras, aunque no tengo seguro social porque no tengo documentos; el patrón me paga un poco menos del mínimo pero me da la comida. Vivo con una mujer y su marido, ellos me dan donde vivir, mejor dicho donde dormir porque los sábados y domingos limpio casas y nunca estoy en el apartamento; de esta manera puedo ganar y ahorrar más dinero para mandar a El Salvador para mis hijos y para terminarle de pagar a la persona que me prestó el dinero que le pagué al coyote que me trajo; porque por lo menos aquí tengo trabajo, y allá conseguía solo en bares y pagaban muy mal y era peligroso…Siempre pienso que algún día voy a ir a mi país, y voy a poder ver cuanto han crecido mis niños. Pero para eso falta mucho; me conformo con las fotos que me mandan de vez en cuando…y con escucharlos cada vez que ellos me pueden llamar… Testimonio de Juana Dolores, migrante indocumentada en Los Angeles.

Anexo Declaraciones ODM y Derechos Humanos (extracto)

Objetivos del Milenio Naciones Unidas, 2000 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 2 Conseguir la educación primaria universal 3 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 4 Reducir la mortalidad infantil 5 Mejorar la salud materna 6 Combatir el sida, la malaria y otras enfermedades graves 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Extracto de la Declaración Universal de Derechos Humanos Naciones Unidas, 1948 Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […]. Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Extracto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –DESC– Naciones Unidas, 1966

Extracto de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer– CEDAW– Naciones Unidas, 1979

Artículo 6 1. Toda persona tiene derecho a trabajar y, asimismo, tiene derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,

Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores/as: i. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. ii. Condiciones de existencia dignas para ellos/as y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto. b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos/as de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, Artículo 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil y sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Artículo 5 […] Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.