Los principios básicos para una nueva Constitución y la economía

Las Constituciones son el texto jurídico que plasma el pacto que existe al interior de una sociedad política determinada para organizar y distribuir el poder, para establecer aquellos principios comunes y derechos fundamentales que todos debemos respetar y que se les encarga a los poderes públicos promover, desarrollar y proteger.

Las constituciones establecen los poderes del Estado (Gobierno, Congreso, Poder Judicial, entre otros) a quienes se les encarga proteger y promover el cumplimiento de los derechos fundamentales que establece, tales como: el derecho a la vida, la igualdad, la libertad, la educación, la salud, entre otros. De esta forma, resulta bastante lógico, que para que una sociedad considere que su Constitución es legítima, al menos, debe sentirse reconocido y protegido por ella y, ojalá, haber participado en el proceso que le dio origen. Por eso, muchos países han aprobado sus constituciones a través de un proceso amplio, democrático, participativo y democrático, es decir, mediante una Asamblea Constituyente. Todo lo anterior, no ocurre en nuestro país y es, precisamente, por ello, que nos encontramos en proceso de cambios.

Entonces, el proceso constituyente que inició Chile no solo es el inicio de un camino para un acuerdo sobre cómo alcanzar arreglos de forma democrática; sino también la ocasión de asentar consensos mínimos sobre la acción pública, es decir, sobre la implementación de dichos acuerdos: se deben sentar las bases de una reforma administrativa que permita que la Nueva Constitución Política llegue a ser percibida en la cotidianidad de las personas. Pero no solo porque las constituciones normalmente establecen lo que se denomina “las bases constitucionales de la Administración”, sino también porque aquellas requieren, para no ser reducidas a un papel, de una estatalidad que se despliegue territorialmente y que, siendo coherente con lo que se entienda ser el acuerdo político constituyente, implemente sus decisiones de forma pertinente a cada contexto social en el que incida.

Por una parte, Guillermo Jiménez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez explica que “probablemente los temas de discusión más importantes van a ser nuevos límites a los derechos, particularmente basados en la protección del medio ambiente, nuevas reglas sobre la administración pública, y probablemente nuevas reglas sobre balance presupuestario o responsabilidad fiscal” (…) “el principal desafío del nuevo texto va a ser generar autoridad política legítima y estable. Ahí sí, más que en el detalle de la regulación económica, se va a jugar el éxito de la nueva Constitución”.

Por otra parte, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, Juan Sandoval, señaló que “es necesario reconocer que la desobediencia civil de las y los jóvenes entregó las condiciones para que hoy estuviéramos discutiendo sobre una nueva Constitución. Es la revuelta popular de octubre la que contra todo pronóstico abrió una línea de debate de reconstrucción de nuestro país”.

Además, sostuvo que “lo primero es la forma cómo se va a desarrollar el proceso constituyente, donde se juega su legitimidad. El encausamiento de la revuelta social no dejó de ser polémica en su interpretación política, pero el modo cómo se articula la relación entre representantes y representados va ser crucial, por eso la estrategia hoy debe radicar en la comunidad, en el colectivo, en la sociedad y la táctica en aquellos que nos representen”.

En lo que respecta las autoridades regionales, el seremi de economía de la Región de Valparaíso, Alejandro Garrido, espera que esta nueva Carta Magna permita mejorar no sólo las demandas, sino que contribuya al desarrollo económico del país. Desde esa perspectiva, señaló que durante el penúltimo mes del año 2020, la Región de Valpaíso anotó 1.427 nuevas constituciones a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES), equivalente a 10,1%, superada solo por la región Metropolitana (45,3%) y por sobre la región del Biobío, que aparece en el tercer lugar con 6,8%.

Para la autoridad estas cifras muestran que pese a todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel nacional como mundial, “tenemos muchos emprendedores y empresarios que han decidido reconvertir sus modelos de negocio encontrando una oportunidad y nueva forma de comercializar sus productos y servicios usando el camino de la digitalización”.

Finalmente, explicó que “frente a los nuevos desafíos que está imponiendo la crisis sanitaria en Chile y todo el mundo, ya estamos trabajando para contar en 2021 con nuevos instrumentos para seguir apoyando con fuerza a los emprendedores y emprendedoras”.