Venezuela avanza en su camino electoral hacia la consolidación autocrática
Por Angel E. Alvarez
Profesor de Teoría Política
Co-coordinador del Observatorio para la Democracia en América Latina
En muchos países de la región, las elecciones competidas han permitido hacer avanzar procesos de democratización y ayudan a consolidar las democracias existentes. En Venezuela, por el contrario, han llevado a la progresiva des-democratización y el fortalecimiento del regímen autoritario. Hay que dejar bien claro que las elecciones autocratizantes de Venezuela han sido con competencia entre partidos. Contrastan con las votaciones que típicamente se efectuaban en las democracias populares de la órbita soviética y las que aún hoy en día tienen lugar en Cuba.
Las elecciones en la Venezuela del siglo XXI no han sido justas ni trasparentes. Solo en algunos casos, la oposición ha optado por abstenerse. En general, los comicios se han llevado a efecto con la participación de partidos de oposición radicalmente enfrentados a los gobiernos del difunto Hugo Chávez y del actual presidente, Nicolás Maduro. Sin embargo, paradójicamente, tras cada elección competida, los gobiernos del Partido Socialista Unido de Venezuela se han tornado más autoritarios y las manipulaciones prelectorales y postelectorales y los fraudes se han hecho más evidentes. Ni participación ni la abstención de la oposición han servido de freno al progresivo autoritarismo y a la concentración de poder en manos de la elite dirigente.
Siendo que la des-democratización no ha sido abrupta, sino gradual y sostenida desde el año 2000, no es fácil determinar con precisión quiebres ni hitos. Aun así, puede afirmarse que la autocratización postelectoral se aceleró tras las elecciones subnacionales del 2008. En ese año, Chávez negó de facto el acceso las instalaciones físicas y los recursos fiscales a ganadores de elecciones locales y regionales postulados por partidos de oposición. En 2008, por primera vez en Venezuela desde 1958, a los ganadores de elecciones se les impidió ejercer el poder del cargo para el que fueron elegidos. Desde entonces, comenzó a resultar claro que en Venezuela la oposición puede ganar elecciones, pero no ejercer los cargos públicos para los que sean elegidos sus líderes. Desde 2008, una práctica común del gobierno nacional ha sido la designación de los así llamados “defensores” de estados o municipios en los que los votantes favorecen a un líder opositor. Los “defensores” son funcionarios no electos que reciben recursos públicos que deberían ser asignados a los órganos subnacionales de gobierno y que promueven políticas y programas dictados desde el gobierno central.
Un segundo gran momento en la historia de elecciones que no llevan al poder a los ganadores de la mayoría de los votos fue el que siguió a la elección legislativa nacional
de 2015. Luego de perder las elecciones con reglas y recursos sesgados a favor del partido de gobierno, Maduro limitó los recursos asignados a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo totalmente controlado por el ejecutivo anuló todas y cada una de las leyes y reformas aprobadas por la legislatura entre 2015 y 2020. En 2017, Maduro convocó a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que, sin la participación de la oposición, fue absolutamente controlada por el partido de gobierno. La constituyente no propuso ni aprobó ningún cambio constitucional, como era su mandato, sino que funcionó en la práctica como órgano legislativo paralelo a la legislatura electa en 2015.
No obstante, la elección presidencial más reciente, realizada el 28 de julio del 2024, han resultado ser el más desnivelado peldaño de una larga escalinata electoral descendente que conduce a la autocratizacion. Aunque tal pendiente ha sido aguda desde 2008, el 28 de julio de 2024 ocurrió algo inédito. Por primera vez desde 1999, un candidato opositor, logró demostrar tener una mayoría de aproximadamente dos tercios del total de los votos emitidos. El gobierno de Maduro no invalidó las elecciones ni despojó al ganador de los comicios de los recursos y poderes del cargo, como ha hecho con gobernadores y alcaldes, sino que directamente, primero, inhabilitó como candidata a la ganadora de las primarias de oposición, María Corina Machado. Luego, el mismo 28 de julio en la noche, Maduro despojó del cargo al ganador, Edmundo Gonzales Urrutia, sin siquiera mostrar resultados electorales que probaran su derrota.
La práctica del desconocimiento de facto de las victorias de la oposición nunca se había sido había tan manifiestamente clara. En procesos electorales previos, la oposición había denunciado fraude, pero nunca había podido demostrar su triunfo con el respaldo de las actas de resultados electorales. Fue este el caso de las presidenciales del 2013, cuando Henrique Capriles adujo fraude tras una elección que le dio un margen de victoria muy estrecho a Maduro. Previamente, tras el referéndum revocatorio presidencial 2004 algunos sectores de la oposición adujeron fraude, pero en su momento el gobierno fue capaz de presentar resultados respaldados con actas que la oposición no pudo desmentir convincentemente.
La ausencia de resultados oficiales de las presidenciales del año pasado ha conducido a cuestionamientos por parte de la comunidad internacional. Desde el día de las presidenciales, la página web de autoridad electoral (https://www.cne.gob.ve/) está fuera de servicio y no hay reporte oficial ni acceso a las actas de votación desde ninguna otra fuente de información oficial.
No obstante, el tratamiento dado hasta ahora a González Urrutia contrasta con el recibido por Juan Gauidó entre 2019. Después de la abstención opositora en las presidenciales del 2018, aduciendo la ilegitimidad de Maduro, la Asamblea Nacional electa en 2015 designa a Gauidó como presidente encargado, siendo reconocido como
tal por más de 70 países democráticos. Por el contrario, González Urrutia, pese ser visto como el ganador de las elecciones es considerado presidente electo por un número pequeño de países (nombradamente, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Italia y Uruguay). Otros países han expresado dudas acerca del triunfo de Maduro y han exigido la presentación de resultados confiables, cosa que no ha ocurrido.
Pese a las críticas de la comunidad internacional democrática y las protestas de los opositores en Venezuela, Maduro conserva el poder, apoyado por una coalición de civiles y militares que no muestra señales de fractura. Su gobierno ha encarcelado líderes sociales, activistas políticos, comunicadores y defensores de derechos humanos en un número que estima cercano a los dos mil ciudadanos, incluyendo menores edad, personas con severos problemas de salud física y mental e incluso transeúntes no involucrados en protestas, pero en cuyos teléfonos la policía, en puntos de control en las calles, halla mensajes considerados subversivos. La práctica de la desaparición temporal e incomunicación de los detenidos se ha hecho habitual, así como las imputaciones y condenas por delitos tales como la traición a la patria y terrorismo sin derecho a legítima defensa. En ocasiones, algunos detenidos son liberados, a veces como resultado de presión internacional, pero seguidamente se detienen más ciudadanos dando lugar a una práctica represiva que en lenguaje común es llamada “la puerta giratoria,” por la que al tiempo que salen algunos detenidos, entran a prisión muchos más. El resultado neto es que el gobierno ha podido reprimir sistemática y prolongadamente a la disidencia civil y militar con costos políticos muy bajos, si son vistos en términos de la estabilidad del gobierno y la cohesión de la coalición que le respalda.
No obstante, las elecciones siguen siendo empleadas como incentivo para algunos sectores de la oposición que buscan evitar ser objetos de represión o supresión y que sostienen que ganar cargos subnacionales o legislativos sigue siendo la mejor vía para representar a los electores, pactar acuerdos de normalización de la vida política y coexistencia con el gobierno y propiciar aperturas económicas y políticas progresivas. Las elecciones subnacionales (de alcaldes y gobernadores) y legislativas se llevarán a efecto en este año, en fecha aún por definirse. La oposición dirigida por Machado y González Urrutia ya ha anunciado su abstención debido al fraude cometido por el gobierno en 2024. Al margen de este anuncio, cabe esperar que los partidos que apoyan a este sector de la oposición sigan anulados y sus dirigentes encarcelados, perseguidos o inhabilitados para para ser candidatos. Estas elecciones, tras la cual es de esperar que se anuncien resultados ampliamente beneficiosos para los candidatos del partido de gobierno, serán un nuevo giro del ciclo de votaciones para consolidar el ejercicio autocrático del poder de Maduro.
Enero 2025