ART: LOGROS Y DESAFÍOS crecer de manera sostenible

el sistema incluye a 10 millones de trabajadores, Pero enfrenta retos clave Para mantener su equilibrio y exPandir su cobertura, como la alta litigiosidad y el desfinanciamiento Por la cobertura de covid-19.

Opinan: Diego Sobrini, David Toranzo sostiene el organismo en un comunicado.

Sin embargo, advierten que, para poder incluir cada vez más trabajadores será necesario corregir desequilibrios y bajar los niveles de litigiosidad que actualmente amenazan al sistema.

El riesgo de los juicios

El sistema de riesgos del trabajo cumplió en julio 27 años, desde su creación en 1996. Durante estos casi 30 años de existencia el sistema se consolidó y alcanzó algunos hitos fundamentales:

• 10 millones de trabajadores cubiertos,

• 1 millón de empleadores asegurados,

• reducción del 76% de accidentes (16.500 vidas salvadas).

En ese sentido, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) señala que la cobertura de ART logró convertirse en un aspiracional. “Se ve y se vivencia la diferencia entre tenerla y no tenerla al momento de padecer un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Hoy la reclaman autónomos, monotributistas, médicos concurrentes, trabajadores informales, entre muchos otros”,

Si bien el sistema ha demostrado su solidez a lo largo de estos años, desde la UART sostienen que es necesario avanzar de manera urgente en la resolución de algunos temas que ponen en riesgo su equilibrio.

La litigiosidad es uno de los más complejos y que demanda atención inmediata. Para fin de año se estima un ingreso de 136.000 nuevos juicios, con lo que se alcanzaría un pico mayor que en 2017, año de la reforma y sanción de la ley N.º 27.348, donde se registraron 130.000 juicios.

Otro de los puntos que remarca la UART es la equidad pericial. Sobre este tema advierte que 15 provincias más CABA (que son las que concentran el 95% de los trabajadores) adhirieron a dicha ley, pero sólo Mendoza avanzó en la creación del Cuerpo Médico Forense.

“Esto implica que en las 14 restantes, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los peritos médicos judiciales siguen conservando el incentivo a sobrevalorar daños porque sus honorarios continúan acoplados al monto de la minusvalía que ellos mismos ponderan. A mayor porcentaje de incapacidad remanente, más honorario”, explican.

Además, indican que otro de los factores que atenta contra el sistema son las tasas de actualización judicial, “excesivamente elevadas y desenganchadas de todo parámetro real de rendimiento de cualquier inversión”.

Por último, a estas variables se suma la deuda del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) con las aseguradoras, que alcanza los 63.000 millones de pesos, un combo que termina generando una infratarifación crónica.

David Toranzo, gerente comercial de Asociart, opina que la litigiosidad atenta contra la sustentabilidad del sistema y, además, plantea una contradicción ya que, a pesar de generarse menos accidentes y disminuir notablemente la cantidad de fallecidos, las demandas judiciales siguen aumentando.

En ese sentido, añade que es de esperar que la ley vaya generando progresivamente una merma de los juicios en tanto plantea la corrección de algunos aspectos del proceso para hacerlo más rápido y transpa - rente, como:

Para fin de año se estima un ingreso de 136.000 nuevos juicios, se alcanzará un pico mayor que en 2017, año de la reforma y sanción de la ley N.º 27.348, donde se registraron 130.000 juicios.

• El procedimiento administrativo previo en las Comisiones Médicas, para evaluar las dolencias de las personas.

• La regulación de honorarios de los peritos en función del trabajo realizado.

• La utilización del baremo (tabla de evaluación de incapacidades) a fin de objetivar el porcentaje de incapacidad correspondiente a cada daño y que todos los que tengan la tarea de dirimir una controversia (en sede judicial o administrativa) utilicen la misma vara para todos los trabajadores.

Sin embargo, señala que para que esto se cumpla “es necesario que cada una de las provincias adhiera a la Ley Nacional y que la justicia en sus diferentes instancias valide mediante sus fallos las previsiones de la ley, para evitar la disparidad de criterios jurisprudenciales que retroalimentan la conflictividad”.

Para Diego Sobrini, presidente de Galeno Seguros y Galeno ART, la Corte Suprema de la Nación debería avanzar en ese sentido ya que tiene jurisprudencia sobre CABA, donde se concentran el 50% de los litigios aproximadamente, y para dar el ejemplo e impulsar al resto de las cortes supremas provinciales.

“Desde 2017 estamos tratando de convencer a las cortes supremas provinciales y de la Nación de que cumplan con la ley que se aprobó en el Poder Legislativo, que se creen los cuerpos médicos forenses, que se apliquen los baremos para que la retribución de los médicos legistas no esté asociada a los puntos de incapacidad”, explica Sobrini.

El segmento pendiente

Hasta el momento el sector no ha podido definir una cobertura para incluir a los trabajadores monotributistas y autónomos, un segmento que crece al margen de este esquema.

Argentina ya tiene casi 2,9 millones de trabajadores monotributistas y autónomos. Según datos del Ministerio de Trabajo, el empleo independiente en su conjunto creció un 11,3% (294.500 trabajadores) interanual en relación a marzo de 2022, impulsado por las categorías de monotributo (39,7% de alza en el monotributo social y 6,6% de aumento en el monotributo común), mientras la cantidad de aportantes al régimen de autónomos subió sólo 1,6%.

En ese sentido, Toranzo afirma que hay una importante población de trabajadores que aún no están registrados, a la vez que se expanden el cuentapropismo y otras formas de trabajo desprotegidas, como las plataformas digitales.

“Esto trae como consecuencia que estas personas no puedan acceder a los derechos y ventajas de este sistema de cobertura y protección. Para incluir a estos segmentos se requiere un análisis multidisciplinario y en profundidad, sector por sector, que permita una transformación estructural y el desarrollo de políticas acordes a los tiempos que corren”, apunta Toranzo.

Por su parte, Sobrini añade que el aumento del trabajo independiente genera un menor incremento de personas dentro de un sistema que desde el 2013 se mantiene con la misma cantidad, y no incorpora nuevos clientes, como sí sucede en otros segmentos del seguro.

Avanzar en una cobertura que abarque un universo bien amplio de trabajadores independientes es necesario, aunque no sencillo, suma Sobrini.

“Como esta iniciativa traería un mayor costo para los monotributistas es un tema que se sigue postergando. Nunca es el momento oportuno, ni político, ni económico para abordarlo. En personal doméstico funcionó de los factores que atenta contra el sistema son las tasas de actualización judicial, “excesivamente elevadas y desenganchadas de todo parámetro real de rendimiento de cualquier inversión. muy bien, una cobertura simple, básica, con precio único. Ojalá que el nuevo gobierno pueda atender esta problemática”.

Ingreso de nuevas compañías

El ingreso de nuevas compañías al mercado de ART suele ser un tema urticante para las aseguradoras, que vienen dando pelea en el mercado desde hace años.

Uno de los motivos es el aumento de la competencia y la consecuente reducción de los márgenes de beneficio para las empresas ya establecidas, en un escenario de atraso tarifario.

Para Sobrini no está mal que se sumen nuevas compañías al mercado, aunque marca que el sistema atraviesa una coyuntura complicada, con una enorme cantidad de juicios y una falta de liquidez por la deuda de 63.000 millones de pesos del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) que se generó por la cobertura de COVID-19.

“Que entren nuevos operadores sin esa mochila es una competencia desleal. Hecha esta salvedad, no nos oponemos a que se sumen nuevos operadores con el capital y el know-how suficientes para poder encarar estos riesgos que son realmente importantes”, opina Sobrini.

Y añade que es necesario resolver el problema de la deuda por COVID-19, que podría solucionarse de forma rápida cobrando un poco más por trabajador al mes para compensar el FFEP, que quedó tan desfinanciado. “Pero, de vuelta, nunca es el momento adecuado por la crisis y por la situación de las empresas, y los problemas se siguen dilatando”, reconoció.