La Habana : Ese manso Caballo de Troya V

La Habana: ese manso Caballo de Troya V* Cualquiera sea el rumbo que defina el pueblo soberano en el inminente pronunciamiento electoral -por continuidad o cambio- el nuevo gobierno de Colombia deberá neutralizar los proyectos de los detractores del Estado por disolver la institucionalidad y las dinámicas democráticas vigentes, que son tradición aceptada en las costumbres organizativas y sociales del país. En particular, deberá aplicar freno a la movilidad de la infraestructura política que surja de La Habana. Ese aparato en construcción no es otra cosa que la derivación y ejecución impecable de los planes convergentes que se han descrito en los cuatro artículos anteriores. Colombia se encuentra ante un peligro mayor que aquél que tenía su vecino inmediato antes del acceso al control de esa sociedad por parte de un coronel “iluminado”, cuyo nombre surgió al primer plano después de un sangriento intento de golpe de Estado, a inicios de los 90. El historiador británico Malcom Deas ha venido advirtiendo sobre “ciertas señales de venezonalización de la vida colombiana”**. En la otra cara de la moneda no son pocos quienes piensan que la solidez de las instituciones y la habilidad de su clase política hacen impensable que eso ocurra en Colombia.

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA*** En ese cuadro de situación que carga las señaladas corrientes de opinión contradictorias, nadie pensaría que las negociaciones de La Habana le van a garantizar un futuro político exitoso a las Farc. Pero, ocurre que la voz cantante en ese hipotético futuro institucional diferente no será de la que es hoy una organización armada al margen de la ley, sino de las “organizaciones de base” y de las transformaciones institucionales que supuestamente se deberán implementar para lograr la paz y sobre las cuales de manera fácil se pretenderá desarrollar los sueños populistas. Los puntos sobre los que se armará la infraestructura indicada, son los siguientes: Primero. Las Farc podrán ser parte de quienes conformen las listas de protagonistas que modificarán la ley 130-94 de los partidos y movimientos políticos, en desarrollo procedimental que ignora las funciones del Congreso de la República. Lo anterior será posible debido a que las garantías para la participación política de los irregulares estarán consignadas en un estatuto.

Estatuto cuyos lineamientos generales serán formulados en primera instancia por una comisión de la cual forman parte, una vez constituidos en partido, los armados ilegales (1).

Segundo. Las Farc podrán reprender en lo social e influir en la judicialización de sus contradictores. Así se deduce del nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, cuyo fin es el de proteger la vida y evitar la estigmatización y persecución de los irregulares. Para este propósito las Farc harán parte del Consejo Nacional de Reconciliación y la Convivencia, de igual forma que de los mismos consejos en los niveles territoriales. También serán parte de las

comisiones de seguimiento y evaluación del desempeño del Sistema Integral, así como de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y del “Comité de impulso” a las investigaciones por delitos cometidos contra quienes ejercen la política” (2).

Tercero. Los armados ilegales dispondrán de mecanismos que servirán, de acuerdo a la experiencia, como purga o chantaje contra empleados públicos que consideren incómodos. Para este fin contarán con “veedurías ciudadanas” y “observatorios de transparencia”, con los cuales van a ejercer vigilancia especial sobre los empleados de la administración y gestión pública (3). Para avanzar en esas formas de persecución administrativa, bastará con construir falsos escenarios en contra de funcionarios con fundamentos democráticos que pudiesen obstruir sus propósitos.

Cuarto. Los ilegales serán cogobierno, con su participación en los consejos territoriales de planeación. Consejos que pretenden fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la ejecución y evaluación de los procesos de planeación y cálculo de presupuestos, así como su incidencia en las decisiones administrativas (4). La posesión de las armas por parte de los violentos será un argumento suficiente para el constreñimiento y acotamiento en la decisión de los gobernantes locales.

Quinto. Los victimarios en lugar de su obligación de reparar a las víctimas, fortalecerán los mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios con recursos de los colombianos –sus víctimas- y, además, obtendrán acceso a espacios en los medios de comunicación institucional y regional para la divulgación de sus programas durante varios años (5). Utilizarán sin duda el modelo de Antonio Gramsci sobre lo que se denomina superestructura en el lenguaje marxista clásico o “hegemonía” en el lenguaje atenuado de los neomarxistas: educación, medios e Iglesia y el resto de las instituciones que conforman y generan aquello llamado “Estado de Derecho”.

Sexto. Las Farc pretenden colocarse en el mismo plano moral y de igualdad con el estado. En primer lugar al desconocer su participación en el narcotráfico, del cual responsabilizan en primer lugar al campesinado, y en segundo lugar al mismo Estado “por culpa de su política neoliberal”. A lo anterior se agrega la actitud de aceptar a medias su condición de victimarios, pues afirman que “las víctimas lo son del conflicto del cual el Estado también es responsable” (6). Maniobra semántica múltiple que genera una aporía en el mejor de los casos y que además muta al sentido común.

Séptimo. Tras el objetivo de promover “el pluralismo, la igualdad y la representatividad política” buscarán desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos del requisito de la superación del umbral en las elecciones al Congreso. Otro propósito similar pretende conformar zonas de “Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz” que elegirán un número por definir de representantes a la Cámara (7).

En la síntesis: los puntos anteriormente expuestos aquí y los desarrollados en los anteriores muestran que los objetivos de interlocutores ilegales de La Habana se orientan a la implementación del “desarrollismo democrático nacional” (y regional), que a la par con la democracia participativa y protagónica y de la conformación de organizaciones de base, constituyen tres de los cuatro fundamentos del socialismo del siglo XXI****.

APERTURA AL POPULISMO DISOLVENTE En la descripción se hace evidente el esfuerzo por “empoderar a las masas” con el fin de desconocer el poder central del Estado, en tanto se construye poder local y regional fácilmente manipulable. Manipulación posible bajo la coacción directa o indirecta, pero siempre ilegítima, de las armas y en colusión con organizaciones y asociaciones afines a su causa, que aparecerán representando a los antes ilegales yarrancando decisiones de la población de manera autoritaria e inconsulta*****.

Por supuesto que todo lo anterior se desarrollaría en el “marco del fin del conflicto”, por consiguiente los ilegales podrán controlar la vida económica y política del país siendo un partido político armado, puesto que las armas no las dejarán aunque se firme un acuerdo de paz, como lo expresara el delegado en Cuba y miembro del secretariado de las Farc, alias “Pablo Catatumbo” (8). Eso al menos hasta la fecha que garantice el cumplimiento de los acuerdos, es decir durante varios años. No se menciona en este ensayo lo acordado en el punto tres -cuarto de la agenda sobre narcotráfico y cultivos ilícitos- puesto que se da por descontado que, en el mejor de los casos, los vacíos que deja una estructura serán llenados por nuevas organizaciones delictivas. Es decir, el narcotráfico no se va a acabar por negociar con las Farc ******. Las Farc tratarán, en últimas, de imponer el “Plan Piloto Cartagena del Chairá”, consistente en financiamiento estatal sin participación del mismo, administrando los recursos en una clara suplantación y reemplazo de la estructura del Estado.

Las demandas políticas de la organización ilegal podrían parecer justificadas, para algunos, en aras de la paz y en caso de tratarse de una reinserción genuina al Estado Social de Derecho, con la idea de hacer bien lo que la clase dominante hace mal. No obstante, éste no es el propósito de los violentos, quienes además tienen tan solo la simpatía del 3% de la población (9) y a despecho del repudio generalizado le exigen al Estado herramientas, oportunidades y recursos para su proyecto insurreccional de largo plazo. Para quienes perciben como lejano e improbable la implantación de un gobierno popular en Colombia, como en realidad parece, vale la pena recordarles lo sucedido en un país petrolero, con un ejército pro americano y vecino de Colombia y,también lo acontecido en las propias entrañas del país: Bogotá.

Llegado a este punto, no sobra recordar que paz es el equivalente de seguridad, entendida como el estado de tranquilidad producto del eficiente cumplimiento de las funciones del Estado: seguridad y desarrollo con justicia. Seguridad que no

sólo se limita a la protección de los intereses vitales de la nación sino al de los ciudadanos en general, conocida como “seguridad ciudadana”. Al respecto, Juan Pablo II expresaba: “…que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”.

Por ello es clara la necesidad de implementar la seguridad, así entendida, como la única forma de negarle espacios a grupúsculos o iluminados, que traten de imponer mediante la combinación de métodos de lucha, gobiernos alternativos como ocurre con algunos vecinos, o el “neocomunismo”. Lo cierto es que el Estado no ha cumplido satisfactoriamente su propósito quizás y, precisamente, por las condiciones que Malcom Deas detecta y señala como “la venezolanización de la vida colombiana”.

Las condiciones referidas por Deas propiciaron la llegada a Venezuela del populismo de Chávez y Maduro, que han llevado a Venezuela a un largo ciclo de desastre con la “petrolización” integral de la vida económica y social, la corrupción, la desigualdad en la asignación de la riqueza y el encono y polarización de la sociedad, vía descalificación mutua de los dirigentes. En otras palabras, mientras el Estado no remueva dichas condiciones adversas, es probable que no pueda cumplir lo que se propone en La Habana en el sentido de la búsqueda de la paz y la reconciliación. En cambio su opositor populista, de entrada, sobre la mesa y de un golpe, estaría logrando su objetivo no alcanzado por la vía armada.

Hay que aceptar, por lo tanto, que ciertas circunstancias en Colombia son relativamente parecidas a las de los vecinos. Tan solo que, de forma irónica, las Farc se han constituido por sus tropelías contra la sociedad en el obstáculo a la aceptación de los movimientos alternativos, por rechazo y repugnancia generalizada contra esa brutal violencia “contestataria”. Ello, por la asociación en sindéresis de los primeros con los segundos, en el imaginario nacional. Pero una vez desaparecido ese obstáculo por lo que ocurra en La Habana, el resultado podría servir de puente sobre el foso del rechazo para que ingrese en el todo social ese manso caballo de madera -con gente adentro- tal como lo hizo “un coronel iluminado que se sintió heredero de Bolívar y prometió la redención de las mayorías y la rabiosa destrucción del (viejo) orden”*******. A esto último sí que lo consiguió, violentando y disolviendo -vía polarización y enfrentamiento abierto- a la sociedad toda (aresprensa).

------* Último artículo de la serie “La Habana: ese manso caballo de Troya”, constituida por 5 unidades. ** Véase al respecto el artículo de MONTENEGRO, Armando.

La venezolanización de Colombia. En: ELESPECTADOR.com. 22, marzo, 2014.

*** Néstor Ramírez Mejía es general en retiro del Ejército de Colombia. Fue Segundo Comandante de su Arma y es hoy integrante de la Reserva Activa de la misma Fuerza. También es arquitecto en lo civil-profesional, docente universitario, investigador y ensayista. **** Falencias de la Revolución Bolivariana en vía de solución en La Habana, que coinciden con el Plan Estratégico del ELN 2003 “Parar la Guerra para Construir la Paz”. ***** Bien vale la pena analizar la composición y funcionamiento, sobre todo interno de cada organización que conforma, como ejemplo, al Consejo Nacional de Paz CNP que será el piñón que engrana la estrategia y va a dinamizar la participación de la sociedad civil, manipulada a favor de proyectos revolucionarios. ****** A este respecto existen estrategias más prácticas, factibles y aceptables no exploradas debidamente para acabar, no solo con esta forma delincuencial, sino con todas las generadoras de violencia que dependen de dicha financiación. ******* MONTENEGRO, obra citada (1) Informe Conjunto de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Farc. Sobre derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política. Enero de 2014. p.15-16.

(2) Ibid p. 16-17.

(3) Ibid p. 21-22.

(4) Ibid p. 22.

(5) Ibid p. 18-24.

(6) “No hemos venido a negociar impunidad”. Entrevista a Iván Márquez en La Habana. Noticias RCN. com. Mayo, 9 de 2014.

(7) Informe Conjunto de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Farc. Op. cit., p. 22-25 (8) Entrevista en “Prensa latina”. 28/06/2013 (9) Caracol 25/01/2013, encuesta Gallup.