nueva ley universitaria peruana comentada

NUEVA

LEY UNIVERSITARIA COMENTADA

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NUEVA

LEY UNIVERSITARIA COMENTADA LEY 30220 ANÁLISIS POR ARTÍCULO Y CAPÍTULO

DIRECTOR DEL CASTILLO MERMA, BILL ALAN COORDINADOR BETETA AMANCIO, ESPITZ PELAYO

COMITÉ ACADEMICO IZQUIERDO SIFUENTES, ALEXANDER DANTE HEREDIA MERMA MERMA, PILAR DEL CASTILLO ANDIA, LUIS JOHN RAMOS FERNÁNDEZ ANDRÉ BERRIO SALAS, IVAN OMAR MONTERROSO CASTRO, ADOLFO ALEGRIA OSCO, ARTURO CARLOS ESPINOZA CORDERO VERÁSTEGUI HUAYNATE, JOSUE MARLON ROUSSVELT GUTIERREZ BENITES RUPAY MATOS, CRISTHIAN EDISON BETETA AMANCIO, ESPITZ PELAYO 3

NUEVA LEY UNIVERSITARIA COMENTADA • •

Derechos reservados conforme a ley PRIMERA EDICIÓN: AGOSTO 2014

•

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Nª

2014 - 12404

AUTORES: DEL CASTILLO MERMA, BILL ALAN / IZQUIERDO SIFUENTES, ALEXANDER / DANTE HEREDIA / MERMA MERMA, PILAR / DEL CASTILLO ANDIA, LUIS JOHN / RAMOS FERNÁNDEZ ANDRÉ / Marlon Roussvelt Gutierrez Benites / BERRIO SALAS, IVAN / MONTERROSO CASTRO, ADOLFO / ALEGRIA OSCO, ARTURO / VERÁSTEGUI HUAYNATE, JOSUE / RUPAY MATOS, CRISTHIAN EDISON / BETETA AMANCIO, ESPITZ PELAYO

DIRECTOR: © DEL CASTILLO MERMA, BILL ALAN

COORDINADOR: © BETETA AMANCIO, ESPITZ PELAYO

EDITOR: © DEL CASTILLO MERMA, BILL ALAN

Dirección: Ubima 1 c -22 – las joyas, San Sebastián – Cusco Perú IMPRESO EN: E & G – GRAFF - EDITORIAL -IMPRENTA DE: AQUISE ARREDEONDO, NATIVIDAD Ruc: 10434816276 Dirección: Calle San Andres N° 481 – CUSCO – CUSCO – CUSCO JULIO 2014

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método o forma electrónica, incluyendo el sistema de fotocopia, sin autorización escrita de los impresores y el autor.

Impreso en Perú Printed in Perú

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PRESENTACIÓN

Luego de 31 años entra en vigencia una nueva ley universitaria, la que se aprueba en medio de conflicto, protesta y huelgas. Realidad que se toma en cuenta para desarrollar un esquema comentado de la nueva ley 30220, partiendo de forma metódica desde precisiones terminológicas, comparación, hasta la más severa crítica.

Siendo un mismo objetivo el que nos inspira a los autores de los comentarios y editores del presente compendio, el cual es puesto a disposición del Sistema Universitario, denominado “NUEVA LEY UNIVERSITARIA COMENTADA”, donde encontrara análisis y diversos puntos de vista entorno a la referida ley.

Se elabora una herramienta que propone el análisis de la nueva ley universitaria Peruana, esperando con este trabajo contribuir al estudio y correcta interpretación de la nueva ley.

Donde se describe las bases fundamentales para el desarrollo, estructuración, funcionamiento y para asentar bases formalizadas de estudio de la comunidad universitaria.

Tenemos presente que la promulgación de la nueva ley universitaria, tiene muchos detractores, también bastantes personas que están a favor de la referida, así mismo vemos que existe un proceso de inconstitucionalidad presentado por algunas bancadas del congreso. En este contexto la comisión académica de este compendio desea aportar con un accionar, que obedece a una necesidad de informar de forma detallada, real y adecuada de los alcances de la nueva ley.

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En la presente publicación encontrara un comentario por cada artículo, en otros capítulos apreciara que el comentarios es referente a todo el capítulo, porque se considera que el estudio y comprensión de los mismos debe ser de forma completa, como también general.

La justificación de este compendio responde a que sirva como aporte y apoyo para la mejor aplicación e implantación de este nuevo sistema, donde encontramos que la Asamblea Nacional de Rectores, es sustituida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), entre otros muchos aspectos nuevos.

Resulta evidente que será posible implantar estos nuevos cambios, pero solo a través de procesos de formación, capacitación y sobre todo la participación e interacción de toda la sociedad universidad.

Desde luego que somos conscientes que al realizar este tipo de trabajo, estamos expuestos a la crítica, la cual aceptamos mientras sea sana y constructiva. Preferimos pecar por acción que por omisión.

Como corolario final quisiera culminar estas palabras rindiendo mi más profundo agradecimiento a quienes han hecho posible que esta obra pueda ser escrita y publicada.

Agradecerles por brindarme su tiempo escuchándome, proponiendo ideas y temas que serían relevantes, que tenían que estar presentes en este compendio.

En Cusco, a los veinte días de agosto de 2014

DEL CASTILLO MERMA, Bill Alan Director General

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ÍNDICE ESTRUCTURA COMENTADA •

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………………… Pág. 5

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CAPÍTULO I ----------------- COMENTARIO DE - (DEL CASTILLO MERMA, BILL ALAN)……… Pág. 9

DISPOSICIONES GENERALES

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CAPITULO II……………………………………………………………………………………………………… Pág. 14

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (SUNEDU) -

SUBCAPÍTULO I----------------------------- COMENTARIO DE - (DEL CASTILLO ANDIA, LUIS JOHN)

DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (SUNEDU) -

SUBCAPÍTULO II---------------------------- COMENTARIO DE - (DEL CASTILLO ANDIA, LUIS JOHN)

ORGANIZACIÓN DE LA SUNEDU -

SUBCAPÍTULO III --------------------------- COMENTARIO DE - (PILAR MERMA MERMA)

RÉGIMEN SANCIONADOR -

SUBCAPÍTULO IV---------------------------- COMENTARIO DE - (PILAR MERMA MERMA)

ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN -

SUBCAPÍTULO V----------------------------- COMENTARIO DE - (PILAR MERMA MERMA)

RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL •

CAPITULO III------------------ COMENTARIO DE - (DEL CASTILLO MERMA, BILL ALAN)…… Pág. 22

CREACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES •

CAPÍTULO IV------------------ COMENTARIO DE - (DEL CASTILLO MERMA, BILL ALAN……. Pág. 23

EVALUACIÓN, ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN

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CAPÍTULO V------------------- COMENTARIO DE - (DEL CASTILLO MERMA, BILL ALAN)….... Pág. 24

ORGANIZACIÓN ACADEMICA ------------------------ COMENTARIO DE - (VERÁSTEGUI HUAYNATE, JOSUÉ)

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CAPITULO VI------------------ COMENTARIO DE - (MONTERROSO CASTRO, ADOLFO)…….. Pág.31

INVESTIGACIÓN •

CAPÍTULO VII-----------------COMENTARIO DE -(BERRIO SALAS, IVAN OMAR)……….……… Pág. 34

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

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CAPÍTULO VIII---------------- COMENTARIO DE -(GUTIERREZ BENITES, MARLON)………….. Pág. 45

DOCENTES •

CAPÍTULO IX------------------ COMENTARIO DE -(RAMOS FERNÁNDEZ ANDRÉ)………..……. Pág. 56 ESTUDIANTES

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CAPÍTULO X---------------------COMENTARIO DE -(RAMOS FERNÁNDEZ ANDRÉ)…………….. Pág. 63

DE LOS GRADUADOS

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CAPÍTULO XI-------------------- COMENTARIO DE -(DANTE HEREDIA)………………………………. Pág. 66

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

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CAPÍTULO XII------------------- COMENTARIO DE -(DANTE HEREDIA)………………………………. Pág. 74

LA UNIVERSIDAD PRIVADA

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CAPÍTULO XIII------------------- COMENTARIO DE -(IZQUIERDO SIFUENTES ALEXANDER)… Pág. 79

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

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CAPÍTULO XIV-------------------COMENTARIO DE -(IZQUIERDO SIFUENTES ALEXANDER)… Pág. 80

BIENESTAR UNIVERSITARIO •

CAPÍTULO XV--------------------COMENTARIO DE - (IZQUIERDO SIFUENTES ALEXANDER)… Pág. 83

PERSONAL NO DOCENTE •

CAPÍTULO XVI------------------COMENTARIO DE -(IZQUIERDO SIFUENTES ALEXANDER)…. Pág. 83

DEFENSORIA UNIVERSITARIA

• • • •

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

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LEY UNIVERSITARIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1°.- Objeto de la Ley La presente ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura.

Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad.

El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Es de destacar que el presente artículo impulsa recalcar, quien es el nuevo ente rector que dirige a las universidades, que fue problema central de la presente ley para su promulgación. Se entiende que las riendas las toma el poder ejecutivo, donde la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades; serán siempre influenciadas por dicho poder del Estado, pues este punto funciona como fundamento de sustento para quienes sostienen, que este artículo mostrando la intervención del Ministerio de Educación, atenta contra de la autonomía universitaria. Debemos recordar que anteriormente las universidades venían siendo dirigidas por la Asamblea Nacional de Rectores. Del mismo modo poner énfasis de referir que estas disposiciones generales vienen a conformar los pilares básicos e importantísimos para la construcción de este nuevo sistema universitario.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación La presente ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio nacional.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

El artículo presenta lo que se denomina la jurisdicción que tiene la presente ley. Por ende las universidades que se constituyen en territorio Peruano, están sujetas a la presente nueva ley universitaria. Que comprende lógicamente los 24 departamentos que constituyen nuestro país.

Artículo 3º.- Definición de la universidad La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.

Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado.

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Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

En este artículo están configurados los ejes centrales donde gira toda la comunidad universitaria, se presenta una definición que abarca varios niveles, de los cuales encontramos que al referirse a la formación humanística, se desprende que más allá de los criterios académicos, impulsa la formación social, que el estudiante tenga valores éticos. Al tocar como punto de la cientificidad y tecnología, se refiere al parámetro general de todas las carreras profesionales, que es un deber guiarse con razón y comprobación. No olvidando que toda esta formación tiene que estar dirigida a crear conciencia e identidad por nuestro país, que a su vez está compuesta por varias culturas (la multiculturalidad). La educación como derecho fundamental, esto concordado con los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 de nuestra carta magna. De la misma forma encontramos quienes componen la comunidad universitaria, vemos que son Docentes, estudiantes y graduados, esto que es rescatado de la anterior ley que tiene una definición similar.

Artículo 4°.- Redes interregionales de universidades Las universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes interregionales, con criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de pregrado y post grado.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Uno de los puntos es precisamente que a través de estas redes los estudiantes puedan ser beneficiarios de becas y convenios de intercambio. Un ejemplo lo claro encontramos en la Red Peruana de Universidades, la que facilita el intercambio de estudiantes por periodos, con lo que el estudiante adquiere mayores conocimientos.

Artículo 5°.- Principios Las universidades se rigen por los siguientes principios: 5.1. Búsqueda y difusión de la verdad.

5.2. Calidad académica.

5.3. Autonomía.

5.4. Libertad de cátedra.

5.5. Espíritu crítico y de investigación.

5.6. Democracia institucional.

5.7. Meritocracia.

5.8. Pluralismo, tolerancia, dialogo intercultural e inclusión.

5.9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.

5.10. Afirmación de la vida y dignidad humana.

5.11. Mejoramiento continúo de la calidad académica.

5.12. Creatividad e innovación.

5.13. Internacionalización.

5.14. El interés superior del estudiante.

5.15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.

5.16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.

5.17. Ética pública y profesional.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Es menester que estos principios sean realmente entendidos en sus dimensiones más razonables, pues encontramos en la realidad que estos son utilizados de forma oportunista, solo cuando convienen o cuando son de interés para determinadas personas. Esta concepción tiene que cambiar, por ende los principios

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mencionados en esta ley, conjuntamente con otros también reconocidos por nuestra Constitución, tienen que ser respetados por toda la comunidad universitaria, desde docentes hasta estudiantes. Precisando respecto al artículo, todos estos principios están ceñidos a los derechos fundamentales y adecuados para el desarrollo pleno del sistema universitario.

Artículo 6°.- Fines de la Universidad La universidad tiene los siguientes fines: 6.1. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad.

6.2. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.

6.3. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo.

6.4. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social.

6.5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística.

6.6. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.

6.7. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.

6.8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial.

6.9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral.

6.10. Formar personas libres en una sociedad libre.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Las universidades como entes de educación y según su naturaleza de creación tienen fines que surgen de forma inmediata. Entre ellos encontramos dos fundamentales “brindar conocimiento” y “formar personas con criterio de valor y cientificidad”, de esto se desprende fines mediatos, que son los que encontramos referidos en esta ley. Son fines desarrollados para una mejor guía y que responden a una necesidad de la persona y de la sociedad.

Artículo 7°.- Funciones de la Universidad Son funciones de la universidad: 7.1. Formación profesional.

7.2. Investigación.

7.3. Extensión cultural y la proyección social.

7.4. Educación continúa.

7.5. Contribuir al desarrollo humano 7.6. Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto y normas conexas.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Las funciones de la universidad que están ajustadas a un deber ser y un deber hacer, que estas determinan específicamente la operatividad de la universidad, bajo criterios de hacer prevalecer el correcto funcionamiento de estas entidades.

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Artículo 8°.- Autonomía universitaria El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativas aplicables.

Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1. Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria.

8.2. De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo.

8.3. Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanzaaprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.

8.4. Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.

8.5. Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Encontramos en el presente artículo el fundamento mediático del problema que se tuvo para la aprobación y promulgación de la presente ley. Se desprende el plano normativo de forma similar, siempre se faculto a las universidades que realicen su propio estatuto, que rige según parámetros de la presente ley, buscando que se adjunten al referido, las necesidades propias o aspectos específicos que tenga la universidad. En el ámbito de los órganos de gobierno existe cambio, pero no hay cambio en la forma de gobierno que muestra el referido artículo, que implica la conducción y estructuración de toda la universidad como se venía realizando.

Así mismo aun las universidades siguen fijando el marco de proceso de enseñanza, también se sigue los mismos lineamientos en el plano administrativo y económico.

Artículo 9º.- Responsabilidad de las autoridades Las autoridades de la institución universitaria pública son responsables por el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa correspondiente.

Cualquier miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, la comisión de actos que constituyan indicios razonables de la existencia de infracciones a la presente ley.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -SUNEDU, de oficio o a pedido de parte, emite recomendaciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley y otras normas reglamentarias, en el marco de su ámbito de competencia. Dichas recomendaciones pueden servir de base para la determinación de las responsabilidades pertinentes.

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Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Los recursos son una parte fundamental, su correcta administración conduce al buen funcionamiento del sistema, es por consiguiente responsabilidad de todo aquel de la comunidad universitaria la denuncia de cualquier acto que menoscabe o afecte los recursos de la universidad. Este artículo hace un llamado acertado a las autoridades de tener probidad y buena fe en realizar las funciones de gestión.

Artículo 10º.- Garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria El ejercicio de la autonomía en la educación universitaria se rige por las siguientes reglas: 10.1. Son nulos y carecen de validez los acuerdos que las autoridades y los órganos de gobierno colegiados adopten sometidos a actos de violencia física o moral.

10.2. Los locales universitarios son utilizados exclusivamente, para el cumplimiento de sus fines y dependen de la respectiva autoridad universitaria. Son inviolables. Su vulneración acarrea responsabilidad de acuerdo a ley.

10.3. La Policía Nacional y el Ministerio Público sólo puede ingresar al campus universitario por mandato judicial o a petición del Rector, debiendo este último dar cuenta al Consejo Universitario o el que haga sus veces, salvo cuando se haya declarado el estado de emergencia, se produzca un delito flagrante o haya peligro inminente de su perpetración. En estos casos, el accionar de la fuerza pública no compromete ni recorta la autonomía universitaria.

10.4. Cuando las autoridades universitarias tomen conocimiento de la presunta comisión de un delito, dan cuenta al Ministerio Público, para el inicio de las investigaciones a que hubiere lugar.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Al tener presente de forma inherente la autonomía universitaria, nos encontramos frente a garantías que hacen prevalecer o que protegen este derecho. De tal forma conforme a los derechos humanos los actos de violencia mediante el cual se aprueben los acuerdos, son nulos o inválidos. Los locales según los fines que comentamos en precedente tienen que cumplir la función asignada por naturaleza. La policía nacional y el ministerio público deben respeto a esta autonomía, por tanto también están impedidos de ingresar a los claustros universitarios, con excepciones que están expresas.

Artículo 11°.- Transparencia de las universidades Las universidades públicas y privadas tienen la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma permanente y actualizada, como mínimo, la información correspondiente a: 11.1. El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, el Plan Estratégico Institucional y el reglamento de la universidad.

11.2. Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria.

11.3. Los Estados Financieros de la universidad, el presupuesto institucional modificado en el caso de las universidades públicas, la actualización de la ejecución presupuestal y balances.

11.4. Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados en el año en curso.

11.5. Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros.

11.6. Proyectos de investigación y los gastos que genere.

11.7. Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según corresponda.

11.8. Número de alumnos por facultades y programas de estudio.

11.9. Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de vida.

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11.10. El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y carrera.

Las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a las autoridades y docentes en cada categoría, por todo concepto, son publicadas de acuerdo a la normativa aplicable.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

El Estado como política tiene a la publicidad, información y transparencia. Por consiguiente al ser instituciones con protección estatal, están obligadas a brindar la información de manera pública a todos que la requieran, mediante módulos, oficinas o como la ley refiere por páginas web. Con fin de eficacia se hace de forma virtual o electrónica, pero tenemos que criticar que varias páginas de dichas instituciones no se encuentran actualizadas en su totalidad.

CAPITULO II LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (SUNEDU) SUBCAPÍTULO I DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (SUNEDU) Artículo 12°.- Creación Créase la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye Pliego Presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel nacional, con su correspondiente estructura orgánica.

Comentario al sub capítulo, en la parte final del mismo.

Artículo 13.- Finalidad La SUNEDU es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento.

La SUNEDU es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad.

La SUNEDU ejerce sus funciones de acuerdo a la normativa aplicable y en coordinación con los organismos competentes en materia tributaria, de propiedad y competencia, de control, de defensa civil, de protección y defensa del consumidor, entre otros.

La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la SUNEDU es temporal y renovable y tendrá una vigencia mínima de 06 (seis) años.

Comentario al sub capítulo, en la parte final del mismo.

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Artículo 14°.- Ámbito de competencia La SUNEDU ejecuta sus funciones en el ámbito nacional, público y privado, de acuerdo a su finalidad y conforme a las políticas y planes nacionales y sectoriales aplicables y a los lineamientos del Ministerio de Educación.

Comentario al sub capítulo, en la parte final del mismo.

Artículo 15°.- Funciones Generales de la SUNEDU La SUNEDU tiene las siguientes funciones: 15.1. Aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, de conformidad con la presente Ley y la normativa aplicable.

15.2. Determinar las infracciones e imponer las sanciones que correspondan en el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la presente ley.

15.3. Emitir opinión respecto al cambio de denominación de las universidades a solicitud de su máximo órgano de gobierno, con excepción de aquellas creadas por Ley. 15.4. Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio educativo, considerando la normativa establecida respecto a la materia.

15.5./ Normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente.

15.6. Supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos de rango universitario en el marco de las condiciones establecidas por ley.

15.7. Fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines educativos, en el marco de las normas vigentes sobre la materia y en coordinación con los organismos competentes, con el objetivo de mejorar la calidad.

15.8. Proponer al Ministerio de Educación, las políticas y lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia.

15.9. Administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos.

15.10. Supervisar que ninguna universidad tenga en su plana docente o administrativa a personas impedidas conforme al marco legal vigente.

15.11. Aprobar sus documentos de gestión.

15.12. Exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

15.13. Establecer los criterios técnicos para la convalidación y/o revalidación de estudios, grados y títulos obtenidos en otros países.

15.14. Publicar un informe anual sobre el uso de los beneficios otorgados por la legislación vigente a las universidades.

15.15. Publicar un informe bienal sobre la realidad universitaria del país, el mismo que incluye ranking universitario, respecto del número de publicaciones indexadas, entre otros indicadores.

15.16. Organizar y administrar estadística de la oferta educativa de nivel superior universitario bajo su competencia y hacerla pública.

15.17. Otras que le sean otorgadas por Ley o que sean desarrolladas por su Reglamento de Organización y Funciones.

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En los casos que establezca su Reglamento de Organización y Funciones, la SUNEDU puede contratar los servicios necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones antes señaladas.

Comentario

Del Castillo Andia, Luis John

Este es el nombre que la ley le asigna a una entidad que supervisará la calidad de la educación, fiscalizará el uso de los recursos de las universidades y será la encargada de autorizar o denegar la creación de nuevas en el país.

Se trata de un organismo autónomo que reemplazará en funciones a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y será responsable de velar por la calidad de la educación universitaria, estableciendo condiciones básicas para la oferta de carreras públicas y privadas.

La nueva institución será responsable de establecer los estándares básicos de calidad que deberán cumplir las universidades peruanas, así como otorgar licencias de funcionamiento a las casas de estudios que se amolden a las condiciones estipuladas. Además, entre sus funciones también se encuentra fiscalizar que los recursos públicos otorgados sean destinados al fin educativo.

Entre los requisitos para obtener la licencia, las universidades deberán tener objetivos académicos establecidos (grados y títulos, así como planes de estudio), previsión económica financiera, infraestructura y equipamiento adecuado, así como un mínimo del 25% de los docentes contratados a tiempo completo, entre otros requisitos.

La ley recupera la idea de que las universidades son un espacio de conocimiento, de investigación., aparentemente, pero en la práctica habrá que estar a la expectativa de los resultados, todo cambio trae como consecuencia un proceso aplicación a la realidad y los resultados los evaluaremos con el tiempo.

SUBCAPÍTULO II ORGANIZACIÓN DE LA SUNEDU Artículo 16°.- Estructura orgánica.

La SUNEDU, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la estructura orgánica básica siguiente: 16.1 Alta Dirección: Consejo Directivo, Superintendente y Secretario General.

16.2 Órganos de administración interna.

16.3 Órganos de línea.

La SUNEDU cuenta, además, con una Procuraduría Pública y una Oficina de Ejecución Coactiva. La estructura detallada de su organización y funciones se establece en el respectivo Reglamento de Organización y Funciones, en el marco de la normatividad vigente.

Artículo 17°.- Consejo Directivo 17.1.- El Consejo Directivo es el órgano máximo y de mayor jerarquía de la SUNEDU. Es responsable de aprobar políticas institucionales y de asegurar la marcha adecuada de la entidad. Está conformado de la siguiente manera: 17.1.1. El Superintendente de la SUNEDU, quien lo presidirá.

17.1.2. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

17.1.3. Cinco (05) miembros seleccionados mediante concurso público. Dos serán docentes provenientes de universidades públicas y uno de universidad privada. En estos casos cumplirán con

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lo señalado en el punto17.2.1. Los otros dos seleccionados serán personalidades que cumplan con lo señalado en los puntos 17.2.2 o 17.2.3.

Los miembros del Consejo Directivo, con excepción del Superintendente, perciben dietas por las sesiones en que participan, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Los ciudadanos seleccionados son designados por un período de cinco (5) años, en la forma prevista en el Reglamento de Organización y Funciones, con opinión favorable del Consejo Nacional de Educación, aprobada por mayoría simple para cada ciudadano. Todos los miembros del Consejo Directivo son designados mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Educación.

17.2.- Los ciudadanos seleccionados mediante concurso público, deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 17.2.1. Contar con el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios presenciales y un mínimo de 10 (diez) años como Docente Principal, ó 17.2.2. Contar con el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios presenciales y un mínimo de 10 (diez) años de experiencia en el campo de la investigación y el desarrollo de las ciencias y el conocimiento, con investigaciones y publicaciones en revistas científicas indexadas, ó 17.2.3. Contar con el grado académico de Doctor o Maestro habiéndolo obtenido con estudios presenciales y haber desempeñado cargos de gestión en el ámbito público o privado o en el ámbito educativo, por un período mínimo de 10 (diez) años.

Los ciudadanos seleccionados no pueden ser reelegidos de manera inmediata.

El concurso para la selección de miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU otorga el puntaje máximo en la etapa correspondiente, a los candidatos que hayan obtenido el grado de doctor, a tiempo completo y dedicación exclusiva.

En ningún caso se podrá seleccionar a los cinco ciudadanos integrantes del Consejo Directivo bajo el mismo requisito.

Los ciudadanos seleccionados se encuentran sujetos a lo dispuesto por el Código de Ética de la Función Pública.

17.3.- Los miembros del Consejo Directivo, no pueden ser personas que: 17.3.1 Sean titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas vinculadas o en otras personas jurídicas relacionadas a las actividades o materias reguladas por la SUNEDU, ni que lo sean sus cónyuges o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos un año antes de asumir el cargo.

17.3.2 Sean autoridades, directores, representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a éstas. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos un año antes de asumir el cargo. Haber sido usuario de las referidas entidades no resulta causal de inhabilitación.

El representante del CONCYTEC es designado por el mismo período que el Superintendente, pudiendo ser renovada su designación por un período adicional.

Todos los miembros del Consejo Directivo deben ser personas de reconocido prestigio y de conducta intachable públicamente reconocida.

Artículo 18.- Causales de vacancia Son causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo, las siguientes: 18.1. Fallecimiento.

18.2. Incapacidad permanente.

18.3. Renuncia aceptada.

18.4. Impedimento legal sobreviniente a la designación.

18.5. Remoción en caso de falta grave debidamente comprobada, conforme a lo dispuesto en los documentos de gestión de la SUNEDU. 18.6. Inasistencia injustificada a tres (03) sesiones consecutivas o cinco (05) no consecutivas del Consejo Directivo en el período de seis (06) meses, salvo licencia autorizada.

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Artículo 19°.- Funciones del Consejo Directivo.

Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes: 19.1. Proponer la política y lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia.

19.2. Aprobar los planes, políticas, estrategias institucionales y las condiciones básicas de calidad; en concordancia con las políticas y lineamientos técnicos que apruebe el Ministerio de Educación.

19.3. Aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del servicio de educación superior universitaria bajo su competencia.

19.4. Aprobar, cuando corresponda, sus documentos de gestión 19.5. Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la SUNEDU. 19.6. Aprobar el presupuesto institucional.

19.7. Evaluar el desempeño y resultados de gestión de la SUNEDU. 19.8. Otras funciones que desarrolle su Reglamento de Organización y Funciones.

El Consejo Directivo constituye la única instancia administrativa en los casos que sean sometidos a su conocimiento. Las resoluciones que expida son precedentes de observancia obligatoria en los casos que interprete de modo expreso y con carácter general, el sentido de la normativa bajo su competencia.

Comentario general del art. 16 al 19.

Del Castillo Andia, Luis John

En forma muy somera en los artículos de la ley se hace referencia a la creación de filiales. Rectores de universidades como prestigiosas se han quejado de que no puedan llevar su oferta académica fuera de Lima, a pesar que su calidad académica esté por encima del promedio, como mencionan.

Es que en los últimos años la proliferación de filiales en el interior del país sin ningún filtro lo convirtió en un tema bastante complejo. Los legisladores explicaron que el Sunedu verá en su momento volver a autorizar, aunque con profundo análisis, esto viene trayendo en consecuencia la masificación de profesionales en determinadas carreras sin ver el requerimiento de nuestra sociedad

Artículo 20°.- Superintendente de la SUNEDU El Superintendente de la SUNEDU es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y titular del pliego presupuestal. Es designado mediante Resolución Suprema a propuesta del Ministro de Educación por un período de tres años, pudiendo ser renovada su designación por un período adicional. El Superintendente continúa en el ejercicio del cargo mientras no se designe a su sucesor. El ejercicio del cargo es remunerado y a tiempo completo.

20.1 Para ser designado Superintendente se requiere: 20.1.1. Ser peruano y ciudadano en ejercicio.

20.1.2. Tener el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios presenciales y contar con no menos de diez años de experiencia profesional.

20.1.3. Acreditar no menos de cinco años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva pública o privada.

20.1.4. No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para el ejercicio de la función pública en el momento de ser postulado para el cargo, incluyendo las incompatibilidades que señala esta ley para los miembros del Consejo Directivo.

20.1.5. Gozar de conducta intachable públicamente reconocida.

20.2. Son funciones del Superintendente de la SUNEDU las siguientes: 20.2.1. Representar a la Superintendencia.

20.2.2. Ejecutar las políticas y realizar las acciones necesarias para la correcta aplicación de los lineamientos técnicos aplicables al servicio en materia de educación superior universitaria que resulten de su competencia.

20.2.3. Aprobar las normas de regulación del funcionamiento interno de la entidad.

20.2.4. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo, emitiendo las Resoluciones de Superintendencia correspondientes.

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20.2.5. Designar y remover a los Jefes de los órganos de línea y de administración interna de la SUNEDU. 20.2.6. Otras funciones que desarrolle su Reglamento de Organización y Funciones.

Comentario

Del Castillo Andia, Luis John

Siete serán los integrantes del consejo directivo, de los cuales cinco serán elegidos por concurso público nacional, mientras que uno representará al Ministerio de Educación y otro al Concytec.

El Ministerio de Educación será encargado de convocar el concurso público para la elección de los otros cinco integrantes del consejo. Sin embargo, de estos cinco, dos provendrán de las universidades nacionales y uno de las privadas.

En tanto, el Consejo Nacional de la Educación (CNE) será la institución que evalúe a estos candidatos, incluidos a los dos puestos restantes.

SUBCAPÍTULO III RÉGIMEN SANCIONADOR Artículo 21°.- Infracciones y sanciones Constituyen infracciones pasibles de sanción las acciones u omisiones que infrinjan las normas sobre (i) el licenciamiento, (ii) uso educativo de los recursos públicos y/o beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, (iii) condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo universitario o servicio educativo conducente al otorgamiento de grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como las obligaciones establecidas en la presente ley y en su reglamento de infracciones y sanciones. Las infracciones serán clasificadas como leves, graves y muy graves.

La SUNEDU, en función a la gravedad de las infracciones, podrá imponer las siguientes sanciones: a) Infracciones leves: multa b) Infracciones graves: multa y/o suspensión de la licencia de funcionamiento. c) Infracciones muy graves: multa y/o cancelación de la licencia de funcionamiento.

La tipificación de las infracciones, así como la cuantía y la graduación de las sanciones se establecerán en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, el cual será aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Educación.

Comentario

Merma Merma, Pilar

El procedimiento sancionador conforme a la ley es la vía administrativa estará conformado de acuerdo al reglamento de infracciones y sanciones por las instancias que cuentan con autonomía técnica: 1.- Realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones, el órgano autónomo sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas.

2.- Responsabilidades Administrativas, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por la Universidades Públicas y privadas.

Porque previamente a una sanción esta deberá estar establecida por el principio de legalidad, porque cuando no está establecida previamente se cometería abuso de autoridad.

La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, en tanto los bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes, en la vía administrativa estará a cargo de la entidad creada por esta Ley, y se diferencias de las

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responsabilidades de carácter civil o penal, de acuerdo a la Ley 27444, la responsabilidad administrativa es distinta de la judicial.

Faltas graves o muy graves de los funcionarios y servidores públicos que vulneran el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, esto deberá estar descrito previamente por ese principio predictibilidad.

Incumplir las disposiciones legales de las entidades para el buen desarrollo de sus actividades así como las disposiciones internas.

Infracción grave de los principios, deberes y prohibiciones señalados en las normas de ética y neutralidad de la función pública mediante una acción u omisión, esto cuando existe dolo o culpa en la conducta infractora del funcionario o servidor público.

Realizar algún acto persiguiendo un fin prohibido por ley o por reglamento.

Actuar en forma negligente en el desempeño de las funciones o con fines distintos al interés público mediante una acción u omisión, esto generalmente tiene un carácter disuasivo, pero la norma deberá ser difundida en eventos por parte de las universidades por que el desconocimiento muchas veces hace que los funcionarios cometan acciones contrarias a la ley.

SUBCAPÍTULO IV ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN Artículo 22°.- Carácter de autoridad central.

La SUNEDU es la autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo el licenciamiento y supervisión de las condiciones del servicio educativo de nivel superior universitario, en razón de lo cual dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Sector Educación en materia de su competencia.

Comentario

Merma Merma, Pilar

Evaluar en forma permanente y durante el tiempo autorizado a las Universidades Publicas y privadas sobre la calidad de educación que brindan de acuerdo a sus funciones y atribuciones, revocar la autorización o dejar sin efecto la resolución.

Artículo 23°.- Mecanismos de articulación y coordinación.

La SUNEDU establece mecanismos de articulación y coordinación intersectorial con otras entidades del Poder Ejecutivo e intergubernamental con gobiernos regionales y gobiernos locales, con la finalidad de: 23.1. Coordinar la ejecución de las funciones bajo su competencia.

23.2. Implementar mecanismos de seguimiento, supervisión, evaluación y monitoreo, así como indicadores de gestión para la mejora continua.

23.3. Celebrar convenios interinstitucionales de asistencia técnica y ejecutar acciones de cooperación y colaboración mutua.

Comentario

Merma Merma, Pilar

Esta coordinación en la actualidad no se da la universidad se encuentra enclaustrada con el pretexto de autonomía, pero vemos que es necesario coordinar acciones con las distintas entidades estatales, como gobiernos Regionales, Municipales, el mismo ejecutivo, porque en la actualidad no le da esa facultad a los Municipios la ley Nro. 27972, solo se limita a decir que los gobiernos locales apoyaran la educación inicial y primaria, secundaria, pero no universitaria, existiendo esta norma da un instrumento legal para coordinar con las municipalidades.

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SUBCAPÍTULO V RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL Artículo 24°.- Régimen laboral Los servidores de la SUNEDU están sujetos al régimen laboral de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Comentario

Merma Merma, Pilar

Con esta Ley del servicio civil, se propende a que los funcionarios se capaciten permanentemente, y se mejora la calidad en la atención y se tengan que evaluar los resultados, porque actualmente con la Ley D. Leg. 276, y su reglamento los funcionarios públicos son los intocables porque ellos no tratan de mejorar la atención no optimizan los recursos y a nivel del país la administración pública peca de burocratismo y trabas y generalmente de maltrato al usuario al administrado, lo cual cambiara con esta aplicación de la ley del servicio civil en cuanto a los funcionarios del SUNEDU. REGIMEN ECONOMICO: Las partidas presupuestales para cada año fiscal, debe cumplirse para las que han sido programadas en caso de incumplimiento se aplicaran las sanciones, infracciones u otros conceptos.

En las entidades públicas muchas veces no llega a gastarse el presupuesto porque existen una serie de demoras y lo cual trae perjuicio por lo que con esta norma expresa debe cumplirse con gastar las partidas presupuestales, para lo que estaba programado.

RÉGIMEN LABORAL: La oficina de recursos humanos de las entidades públicas es responsable de la gestión, y la relación laboral, en el servicio civil termina con la conclusión del vínculo que une a la entidad con el servidor Civil i se sujeta a las causales previstas en la Ley 30057

Artículo 25°.- Recursos de la SUNEDU Son recursos de la SUNEDU los siguientes: 25.1. Los montos que le asignen en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal.

25.2. Los ingresos que recaude en el marco del ejercicio de sus funciones.

25.3. Los provenientes de donaciones y de la cooperación técnica internacional no reembolsable, de conformidad con la normativa vigente.

Los demás recursos que le sean asignados.

Comentario

Merma Merma, Pilar

Estos recursos con que cuente la SUNEDU, serán asignadas de acuerdo al presupuesto del sector público de cada año, destinadas, con esta norma se le da autonomía económica para que ellos tengan recursos y tengan que alcanzar su presupuesto, también les crea sus propios recursos, eso es bueno para asi consolidar la independencia de este organismo como por ejemplo los Conceptos de acuerdo al TUPA de SUNEDU y las donaciones que pudieran existir ya sea del sector privado, público i/o Internacionales. Con estos ingresos contara la SUNEDU para cada año fiscal, determinando de esa manera el presupuesto Institucional.

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CAPITULO III CREACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES Artículo 26°. Creación de universidades Las universidades públicas se crean mediante Ley y las universidades privadas se constituyen por iniciativa de sus promotores.

Los proyectos de Ley de creación de universidades públicas, deben contar con opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

En este artículo, muestra como nacen las universidades en el Perú, las instituciones públicas siempre están creadas por norma y las universidades privadas por el derecho a la libre iniciativa privada, esto concordado con el artículo 58 del título - régimen económico de la constitución. Según nuestro pensar, es que al momento de crearse las universidades públicas no solo tengan la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que también de otro tipo de instituciones de supervisión y viabilidad. Del mismo modo creemos que estas opiniones de supervisión deben alcanzar a las universidades privadas y que no solo sean para universidades públicas,

Artículo 27.- Requisitos para la creación de universidades.

Los requisitos básicos que se deben contemplar en los instrumentos de planeamiento para la creación de una institución universitaria, en cualquiera de los niveles, son los siguientes: 27.1. Garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y regionales de educación universitaria; 27.2. Vincular la oferta educativa propuesta a la demanda laboral.

27.3. Demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos, para el inicio y sostenibilidad de las actividades proyectadas, que le sean exigibles de acuerdo a su naturaleza.

Estos requisitos también son verificados en el proceso de licenciamiento de las universidades, conjuntamente con las condiciones básicas que establezca la SUNEDU, de conformidad al artículo siguiente.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Los presupuestos que se presentan como requisitos responden a necesidades de varios factores, entre uno de ellos encontramos “El lugar” donde se creara la nueva universidad, porque a esto se presenta la vinculación de la conveniencia de la política de educación, la oferta educativa y la propuesta a la demanda laboral. Es de entender que conjuntamente con el proyecto de creación, se encuentran las condiciones favorables de índole económico, que viene señalando el artículo.

Artículo 28°. Licenciamiento de universidades Las condiciones básicas que establezca la SUNEDU para el licenciamiento, están referidas como mínimo a los siguientes aspectos: 28.1 La existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y planes de estudio correspondientes.

28.2 Previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible con los fines propuestos en sus instrumentos de planeamiento.

28.3 Infraestructura y Equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones (bibliotecas, laboratorios, entre otros).

28.4 Líneas de investigación a ser desarrolladas.

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28.5 Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo.

28.6 Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros).

28.7 Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (bolsa de trabajo u otros).

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Estos requisitos mencionados en el artículo, son parte del proceso de acreditación que tienen que pasar las universidades, se tiene que cumplir para tener un buen estándar de calidad en la educación, son condiciones básicas las referidas, porque con estas se desarrolla de forma correcta la comunidad universitaria en general, apreciamos que se encuentran de forma ordenada, los denominados caracteres académicos, aspecto económico, infraestructura de la institución, el plano de la investigación, personal calificado, servicios complementarios y las oportunidades laborales.

Artículo 29.- Comisión Organizadora Aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación - MINEDU, constituye una Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector, y como mínimo un (1) miembro en la especialidad que ofrece la universidad.

Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le correspondan.

El proceso de constitución de una universidad concluye con la designación de sus autoridades, dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación - MINEDU.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

El referido artículo en mención, es de naturaleza de implantación de la nueva ley universitaria, presenta la formación de la comisión organizadora la que tiene bajo su mando, la aprobación de la normatividad tradicional que constituyen lineamientos internos de las universidades, es el caso del estatuto. Es de señalar que el artículo es reiterativo en cuanto a los plazos, por razones de no dejar duda o vacíos en la presente ley.

CAPÍTULO IV EVALUACIÓN, ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN Artículo 30°.- Evaluación e incentivo a la calidad educativa El proceso de acreditación de la calidad educativa en el ámbito universitario, es voluntario, se establecen en la ley respectiva y se desarrollan a través de normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente. Los criterios y estándares que se determinen para su cumplimiento, tiene como objetivo mejorar la calidad en el servicio educativo.

Excepcionalmente, la acreditación de la calidad de algunas carreras será obligatoria por disposición legal expresa.

El crédito tributario por reinversión y otros beneficios e incentivos que se establezcan, se otorgan en mérito al cumplimiento del Proceso de Acreditación, de acuerdo a la normativa aplicable.

La existencia de Institutos de Investigación en las universidades se considera un criterio favorable para el proceso de acreditación de su calidad.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

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En este dispositivo encontramos que la acreditación en el ámbito universitario, es de carácter voluntario y con excepción de algunas carreras que la acreditación es obligatoria, caso la carrera profesional de Derecho y Medicina. Consideramos que la acreditación tiene que tener modalidades por carrera y que la referida tenga que ser obligatoria para todas las carreras. La educación universitaria del país, en muchas universidades es de pésima calidad, cosa que esperamos que con la nueva ley universitaria cambie y que se fiscalice con mayor rigor.

CAPÍTULO V ORGANIZACIÓN ACADEMICA Artículo 31º.- Organización del régimen académico Las universidades organizan y establecen su régimen académico por Facultades y éstas pueden comprender a: 31.1 Los Departamentos Académicos.

31.2 Las Escuelas Profesionales.

31.3 Las Unidades de Investigación.

31.4 Las Unidades de Posgrado.

En cada universidad pública es obligatoria la existencia de, al menos, un Instituto de Investigación, que incluye una o más Unidades de Investigación. La Universidad puede organizar una Escuela de Posgrado que incluye una o más Unidades de Posgrado.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

La presente ley tiene como objetivo la investigación académica, por tanto necesita órganos donde se desarrollen aspectos de investigación, es así que se nos muestra la organización del régimen académico. Con la anterior ley se tenía esto, pero en la realidad muchas universidades no les dan la operatividad correcta a este tipo de órganos académicos, de esto se desprende la poca investigación que se tiene en nuestro país.

Los estudiantes y docentes somos los llamados a velar por el buen funcionamiento de este régimen.

Artículo 32º.- Definición de las Facultades Las Facultades son las unidades de formación académica, profesional y de gestión. Están integradas por docentes y estudiantes.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Los entes personalizados de las carreras profesionales, son las denominadas facultades, están son las ramas de la universidad en general. Conformada por los docentes y estudiantes, es aquí donde se realizan las actividades académicas cotidianas de los estudiantes, el trabajo de los docentes y la unidad de trámite que se desprende del régimen administrativo. Vemos que en las facultades, es donde son los espacios de desenvolvimiento académico y de investigación.

Artículo 33º.- Función y dirección de los Departamentos Académicos Los Departamentos Académicos, o los que hagan sus veces, son unidades de servicio académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las Escuelas Profesionales. Cada Departamento se integra a una Facultad sin perjuicio de su función de brindar servicios a otras Facultades.

Están dirigidos por un Director, elegido entre los docentes principales por los docentes ordinarios pertenecientes al Departamento de la Facultad correspondiente.

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Puede ser reelegido sólo por un período inmediato adicional. Las normas internas de la universidad establecen las causales de vacancia del cargo así como el procedimiento a seguir para el correspondiente reemplazo.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

El tener en las universidades los departamentos académicos, enriquece el criterio de la especialización, que tiene que estar guiado con lineamientos académicos, pues de ello vemos que los planes de enseñanza de cursos generales, son idénticos en todas las facultades lo que permite una uniformización de conocimiento de carácter general y especifico según corresponda.

Artículo 34º.- Número de Departamentos El Estatuto de la universidad determina, por áreas de estudio diferenciadas, el número de Departamentos Académicos.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

El número de departamentos está supeditado a las áreas de estudio, que tiene diferentes carreras profesionales. También se puede aumentar o reducir departamentos académicos, según los planes de estudio que tengan las carreras de la universidad.

Artículo 35º.- Creación de Facultades y Escuelas Profesionales La creación de Facultades y Escuelas Profesionales se realiza de acuerdo a los estándares establecidos por la SUNEDU.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Los estándares están guiados por criterios de formación integral y espacio adecuado para el pleno desarrollo de las actividades académicas. Y la misma que por razonabilidad los parámetros tienen que ser para una educación plena, siguiendo la finalidad y objetivos generales de la universidad.

Artículo 36º.- Función y dirección de la Escuela Profesional La Escuela Profesional, o la que haga sus veces, es la organización encargada del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional correspondiente.

Las Escuelas Profesionales están dirigidas por un Director de Escuela, designado por el Decano entre los docentes principales de la Facultad con doctorado en la especialidad, correspondiente a la Escuela de la que será director.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

La labor del director de la escuela profesional, tiene que estar acorde a los nuevos cursos que exige el nuevo mercado que tienen las carreras profesionales. Por ello la actualización curricular en muchas universidades es urgente, esperamos que con esta nueva ley se supervise, pues en muchas facultades se viene trabajando antiguos modelos curriculares.

Artículo 37º.- Funciones y dirección de la Unidad de Investigación

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La unidad de Investigación, o el que haga sus veces, es la unidad encargada de integrar las actividades de Investigación de la Facultad. Está dirigido por un docente con grado de doctor.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

Esta unidad tiene la función primordial de investigación, una de las razones de ser de las universidades. Por ende la unidad referida tiene que estar acorde a las necesidades académicas de investigación y tiene que estar en funcionamiento real, las facultades deben activar de forma continua esta unidad. Con respecto a la dirección, es idóneo que la dirija un docente con grado de doctor, con todas las cualidades que el cargo amerita.

Artículo 38°.- Función y dirección de la Unidad de Posgrado.

La Unidad de Posgrado, o la que haga sus veces, es la unidad encargada de integrar las actividades de Posgrado de la Facultad. Está dirigida por un docente con igual o mayor grado a los que otorga.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

En este artículo se observa, las unidades de posgrado que comprende las maestrías y doctorados; que son dirigidas por Master o Doctores, cuya función es velar por el correcto funcionamiento de las unidades posgrado de las facultades, en este entender cumplen con la obligación de fomentar, desarrollar todos los aspectos referentes a esta.

Artículo 39º.- Régimen de Estudios El régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, preferentemente bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible. Puede ser en la modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

El crédito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los estudiantes, para lograr aprendizajes teóricos y prácticos.

Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente a un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica.

Los créditos académicos de otras modalidades de estudio, son asignados con equivalencia a la carga lectiva definida para estudios presenciales.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

La presente ley en este aspecto no presenta cambios, cada universidad determina según estatuto, la modalidad, que puede ser semestral o anual. Lo que sí es un problema de crítica y que debe regularse de forma distinta, es la modalidad a distancia que presenta serios desperfectos y se diferencia en parte con la modalidad presencial. Se tiene que tener un sistema diferenciado con este tipo de temas.

Artículo 40°.- Diseño Curricular Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país.

Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de competencia profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la competencia alcanzada.

Cada universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de las prácticas pre profesionales, de acuerdo a sus especialidades.

El currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y tecnológicos.

La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aymara, es obligatoria en los estudios de pregrado.

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Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos y de especialidad. Tienen una duración mínima de cinco años. Se realizan un máximo de dos semestres académicos por año.

Comentario

Del Castillo Merma, Bill Alan

En este punto se tiene mencionado de forma genérica el denominado proyecto de tesis, que es obligatorio para optar el título profesional, la ley menciona la elaboración y sustentación de este proyecto. Según este nuevo régimen implantado solo podrá obtenerse el título profesional bajo esta modalidad. También en este artículo encontramos que se ampara la actualización periódica de los currículos de estudio. Sin olvidar que también es obligatorio que para obtener el título profesional se tiene que acreditar el estudio de un idioma extranjero.

Artículo 41.- Estudios Generales de pregrado Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no menor de 35 créditos. Deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes.

Comentario

Verástegui Huaynate, Josué

Es un acierto de esta ley considerar un mínimo de 35 créditos, lo que significa 2 semestres para carreras con currícula flexible y 1 año para los que estén en una currícula rígida.

Ahora bien, la finalidad de este tiempo es la formación integral de los estudiantes, lo cual significa que no se trata sólo de formar las habilidades cognitivas del estudiante, porque si no, no nos importaría si un buen estudiante sea a la vez extremadamente callado o un gruñón empedernido; una formación integral busca el desarrollo de habilidades hsociales, para poder relacionarse de la mejor manera con las personas de la universidad o futuro lugar de trabajo, asimismo, busca desarrollar habilidades emocionales, para que el estudiante pueda resolver o superar los problemas que se le presenten a lo largo de su vida. Y no puede faltar la formación de la parte ética, que tan carente es en la actualidad, por ejemplo en una facultad de ingeniería nuclear el mejor alumno, aprende a montar un arma nuclear y utiliza sus conocimientos para ayudar a terroristas, parece malo verdad?, así es cuando tenemos un estudiante que llega a terminar la carrera, y título en mano empieza a ejercer la carrera, sino tiene ética.

Una formación integral puede lograrse promoviendo el deporte, el arte, pintura, teatro, etc. Por todo lo expuesto, es sumamente importante una formación integral.

Artículo 42º.- Estudios específicos y de especialidad de Pregrado Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y especialidad correspondiente. El periodo de estudios debe tener una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165) créditos.

Comentario

Verástegui Huaynate, Josué

El articulo bajo comentario, no es nuevo, y por tanto, no cambia en gran manera la forma actual como se desarrollan los semestres o años académicos en las universidades, ello implica que son 8 semestres para los de currícula flexible y 4 años para los de currícula rígida; sin embargo, en este artículo debió especificarse si estos semestres podrían ser en forma continua o no, porque ello va a incidir en el tiempo en el cual se va a terminar la carrera, para los que estudian en currículas flexibles pueden llegar a terminar en 3 años y medio. A nuestra humilde opinión, los semestres continuos no son buenos para los estudiantes, e impiden hacer un adecuado descanso entre semestre y semestre.

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Artículo 43°.- Estudios de Posgrado Los Estudios de Posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados. Estos se diferencian de acuerdo a los parámetros siguientes: 43.1.- Diplomados de Posgrado.- Son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en áreas específicas. Se debe completar un mínimo de veinticuatro (24) créditos.

43.2.- Maestrías.- Estos estudios pueden ser: 43.2.1.- Maestrías de Especialización.- Son estudios de profundización profesional 43.2.2.- Maestrías de Investigación o académicas.- Son estudios de carácter académico basados en la investigación.

Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos, el dominio de un idioma extranjero.

43.3.- Doctorados.- Son estudios de carácter académico basados en la investigación. Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel. Se deben completar un mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos, el dominio de dos (2) idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa.

Cada institución universitaria determina los requisitos y exigencias académicas así como las modalidades en las que dichos estudios se cursan, dentro del marco de la presente Ley.

Comentario

Verástegui Huaynate, Josué

Los diplomados de Posgrado deben desarrollarse o completar un mínimo de 24 créditos, no se incide en el tiempo que se debe tomar para el desarrollo de los mismos, pero calculando que una maestría de 48 créditos, la podemos complementar en 1 año o 2 semestres, podemos deducir que un Diploma de posgrado sería en medio año o su equivalente a 1 semestre académico.

Respecto al doctorado, este sí ha sufrido una modificación en tanto ahora necesita un mínimo de 64 créditos, lo cual, significa que puede realizarse en 3 semestres académicos.

Artículo 44°.- Grados y títulos Las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los títulos profesionales que correspondan, a nombre de la Nación. Las universidades que tengan acreditación reconocida por el organismo competente en materia de acreditación, pueden hacer mención de tal condición en el título a otorgar.

Para fines de homologación o revalidación, los grados académicos o títulos otorgados por universidades o escuelas de Educación Superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente Ley.

Comentario

Verástegui Huaynate, Josué

En términos sencillos, una vez obtenida la acreditación por los órganos correspondientes, las universidades pueden hacer mención del mismo en el título profesional que entreguen, así al momento de comparar títulos, se hará evidente si la universidad de procedencia es o no una Universidad Acreditada.

Artículo 45°.- Obtención de grados y títulos La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos son los siguientes:

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45.1.- Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.

45.2.- Título Profesional: requiere del grado de bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller.

45.3.- Titulo de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u otro título profesional equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos semestres académicoscon un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la aprobación de una Tesis o un trabajo académico. En el caso de residentado médico se rige por sus propias normas.

45.4.- Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de bachiller, la elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.

45.5.- Grado de Doctor: requiere haber obtenido el Grado de Maestro, la aprobación de los estudios respectivos con una duración mínima de seis (6) semestres académicos, con un contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y de una tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter original, así como el dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituidos por un lengua nativa.

Comentario

Verástegui Huaynate, Josué

En el artículo 45.1, se encuentra uno de los principales problemas de los estudiantes universitarios, “el símbolo de la lucha” –por decirlo de una forma pintoresca–, se ha suprimido el bachillerato automático, y ahora nos están pidiendo un trabajo de investigación, que no es lo mismo que una tesis. Por alguna extraña razón, la mayoría se oponía a la tesis, porque no saben que es una tesis, y/o no saben cuál es la importancia de una tesis, o peor aún, no nos han enseñado bien cómo hacer una tesis.

Aclarado el asunto con la publicación de la norma y sabiendo que nos piden una un trabajo de investigación y no una tesis, qué entendemos por “trabajo de investigación”, algunos consideran que no es otra cosa que una “Monografía”, y una monografía es la descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia, o de algún asunto en particular. Es decir, es el estudio a profundidad de un determinado tema, lo cual no es nada del otro mundo, sin embargo, hay quienes pasan la carrera sin haber realizado monografía alguna en 5 años, y peor hay profesores que ni revisan dichos trabajos, y sólo colocan la misma nota a todos por igual; si la intención de la norma es ir aumentando el nivel para poco a poco investigar, tenemos que mejorar todos, no sólo exigirles a los estudiantes, sino a los docentes.

Cómo alguien que no es Doctor, va a enseñar en el doctorado, o cómo alguien que no es magíster, va a enseñar en la maestría, o peor aún, cómo alguien que nunca ha investigado, y que nunca ha publicado una sola investigación, nos va a enseñar metodología de la investigación, parece absurdo. En nuestra opinión, pareciera que más “doctores”, tienen que enseñar en pre grado, para elevar el nivel de investigación o por lo menos incentivar al mismo.

Artículo 46°.- Programas de formación continua Las universidades deben desarrollar programas académicos de formación continua, que buscan actualizar los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de los egresados.

Estos programas se organizan preferentemente bajo el sistema de créditos. No conducen a la obtención de grados o títulos, pero sí certifican a quienes lo concluyan con nota aprobatoria.

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Comentario

Verástegui Huaynate, Josué

La universidad tiene que estar atenta a las necesidades de su ciudad, tal vez, en algunos casos no sea posible crear una nueva facultad o determinada carrera, sin embargo, mediante los programas de educación continua, se pueden ir trazando pautas para la especialización, actualización de los conocimientos que han adquirido los profesionales en los claustros universitarios.

El conocimiento progresa, avanza, cambia, y la universidad tiene la obligación y el deber de estar al tanto de ello, y con la finalidad de siempre servir a la sociedad que la rodea, tiene que formar y seguir capacitando a los profesionales que la sociedad necesita, por ello son importantes los programas de educación continua.

Artículo 47°.- Educación a distancia Las universidades pueden desarrollar programas de educación a distancia, basados en entornos virtuales de aprendizaje.

Los programas de educación a distancia deben tener los mismos estándares de calidad que las modalidades presenciales de formación.

Para fines de homologación o revalidación en la modalidad de educación a distancia, los títulos o grados académicos otorgados por universidades o escuelas de Educación Superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente Ley. Los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden superar el 50% de créditos del total de la carrera bajo esta modalidad. Los estudios de maestría y doctorado no podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad.

La SUNEDU autoriza la oferta educativa en esta modalidad para cada universidad cuando conducen a grado académico.

Comentario

Verástegui Huaynate, Josué

Los programas a distancia a nuestro humilde entender han causado más daño en la educación peruana que lo que han contribuido, cómo es posible una formación integral, con los programas a distancia, esta sería mi primera pregunta, si con los programas presenciales esto se hace tan difícil. Conocemos abogados, administradores a distancia, quienes daban sus exámenes con libro abierto, el nivel o grado de lectura de dichos estudiantes debe superar a los estudiantes promedio, sin embargo, esto no es así.

Existen muchos intereses económicos alrededor de las carreras a distancia, y es una buena medida que se haya optado porque las carreras a distancia no puedan superar el 50% de créditos bajo esta modalidad, sin embargo, ello no soluciona los problemas, en tal caso es insuficiente, sigue siendo una universidad fantasiosa, semipresencial.

No podemos desaparecer la educación a Distancia, pero sí podemos controlarla, éste parece haber sido el pensamiento de la comisión redactora de la presente ley, la misma que ha tenido muy buenas intenciones, es decir, intentar mejorar la universidad peruana; lástima que las cosas no se solucionan con una ley, sino todo sería fácil.

Necesitamos cambiar el pensamiento de los estudiantes, y docentes universitarios, necesitamos que la comunidad universitaria entienda que si no se investiga en la universidad, la Universidad no tiene razón de ser.

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CAPITULO VI INVESTIGACIÓN Artículo 48°.- De la investigación La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas.

Comentario

Monterroso Castro Adolfo Cesar

La universidad constituye el centro de formación y principal institución de superación y adquisición de conocimientos universales (de ahí su nombre); y sus principales funciones son las siguientes: • • •

La conservación y transmisión de cultura.

La formación profesional y superación del ser humano.

La formación de una conciencia social e identificación con la colectividad.

Entonces, debe entenderse por “fomento de la investigación” al apoyo que debe brindar la universidad a los estudiantes, grupos de investigación, docentes y graduados para el desarrollo de nuevos conocimientos que alimenten la profesión y sean aprovechados por nuestra sociedad, desarrollando trabajos de investigación de alta calidad, acorde a los estándares mundiales actuales.

Es por esta razón que el estado mediante el Artículo 48° de la nueva Ley Universitaria incentiva a la incursión en las redes de investigación nacional e internacional (entendiendo como tales al conjunto interactivo de institutos y organismos creados por un fin común que es la investigación) por parte de la inversión pública y privada; esto con un solo objetivo, que es la producción de conocimiento con estándares de calidad mundial; y que además, tenga una función social, es decir que el conocimiento y desarrollo de tecnología obtenido sirva para aplicarla en provecho de nuestra comunidad.

Artículo 49°.- Financiamiento de la investigación Las universidades acceden a fondos de investigación de acuerdo con la evaluación de su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en materia de gestión, ciencia y tecnología, entre otros, ante las autoridades u organismos correspondientes, a fin de fomentar la excelencia académica. Estos fondospueden contemplar el fortalecimiento de la carrera de los investigadores mediante el otorgamiento de una bonificación por periodos renovables a los investigadores de las universidades públicas.

Dichos fondos permiten la colaboración entre universidades públicas y universidades privadas para la transferencia de capacidades institucionales en gestión, ciencia y tecnología, entre otros.

Comentario

Monterroso Castro Adolfo Cesar

El Estado fomenta la investigación en las universidades al otorgar el financiamiento denominado “fondo de investigación”, con el propósito subsecuente del crecimiento, fortalecimiento y sobre todo del desarrollo de los proyectos de investigación que cumplan con determinadas características y parámetros acordes a los estándares establecidos por el órgano universitario de investigación; de cuyos resultados podremos encontrar clara evidencia en revistas emitidas anualmente por universidades que se encuentran a la vanguardia en materia de investigación, en foros especializados, encuentros y congresos de investigación nacionales e internacionales, etc.

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Tengamos en cuenta también que los fondos de investigación ayudaran a la interacción de los proyectos y trabajos de investigación entre las universidades públicas y universidades privadas; justamente utilizando este financiamiento como destino para la elaboración de material físico o virtual de fácil trasferencia e interacción no solo con otras universidades, sino también con la colectividad; y así llegar a publicaciones científicas en revistas internacionales indexadas; como estrategia para la trasferencia y difusión internacional de toda actividad en materia de investigación desarrollada en la unidad académica.

Artículo 50°.- Órgano universitario de Investigación El Vicerrectorado de Investigación, según sea el caso, es el organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. Está encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado.

Comentario

Monterroso Castro Adolfo Cesar

Tengamos en cuenta que al ser el Vicerrectorado Académico de Investigación el órgano de coordinación y orientación de más alto nivel encargado en la universidad, este tiene que cumplir diferentes funciones concretas dentro de la misma; entre las cuales considero las más importantes: •

Adecuada orientación e información para incentivar y fomentar la investigación en las diferentes facultades e interrelacionarse directamente con el interés de los grupos académicos mediante seminarios, foros, cursos, congresos de carácter informativo; estos dirigidos a los estudiantes, docentes y graduados.

•

Organizar una adecuada evaluación del conocimiento en cuanto al resultado de los proyectos de investigación dentro de un marco de alta calidad de investigación, brindando para este fin constante análisis de diferentes publicaciones científicas tanto a nivel nacional como internacional, utilizando estudios e informes de cienciometría; de esta manera observar en qué nivel se encuentra la universidad, los estudiantes y docentes en el ámbito de la investigación y del mismo modo fijar metas a alcanzar.

Por otro lado, para la aplicación del conocimiento en la realidad se tiene que tomar en cuenta un punto muy importante: la relación “universidad-empresa”; es necesario que en un mundo globalizado se establezca estrategias de inversión de los resultados de los trabajos de investigación a las diferentes empresas, porque se logrará plasmar cómo el último producto de la investigación se aplica a las necesidades actuales de la empresa, nuevas formas, nuevos conocimientos prácticos aplicados en la realidad concreta y si estos conocimientos van de la mano con la necesidad del mercado nacional e internacional.

Tengamos en cuenta que el estado es quien dará importancia por estos nuevos conocimientos que son el resultado de los trabajos de investigación; aplicándolos en los diferentes programas estatales, proyectos, reformas e incluso en diferentes estrategias de gobierno.

Artículo 51°.- Coordinación con las entidades públicas y privadas Las universidades coordinan permanentemente con los sectores público y privado, para la atención de la investigación que contribuya a resolver los problemas del país. Establecen alianzas estratégicas

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para una mejor investigación básica y aplicada. Los proyectos de investigación y desarrollo financiados por las universidades, son evaluados y seleccionados por las mismas.

Comentario

Monterroso Castro Adolfo Cesar

Es importante la identificación del sector público y privado para concretizar la función social que tiene la investigación universitaria, utilizando alianzas estratégicas con dichas entidades para una adecuada inserción y aplicación de nuevos conocimientos que cumplan un riguroso parámetro de calificación.

Artículo 52°.- Incubadora de Empresas La universidad, como parte de su actividad formativa, promueve la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y micro empresas de propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e instalaciones de la institución. Los órganos directivos de la empresa, en un contexto formativo, deben estar integrados por estudiantes.

Estas empresas reciben asesoría técnica o empresarial de parte de los docentes de la universidad y facilidades en el uso de los equipos e instalaciones. Cada universidad establece la reglamentación correspondiente.

Comentario

Monterroso Castro Adolfo Cesar

Se evidencia el objetivo fundamental el fomento de la aplicación del conocimiento junto con el emprendimiento empresarial del estudiante, para alcanzar este objetivo la universidad deberá desarrollar diversos proyectos, actividades, asesoría, convenios estratégicos y sobretodo inversión para: •

Lograr un clima empresarial dentro de la universidad, invirtiendo en pabellones e infraestructuras de producción universitaria, de acuerdo a las necesidades de la universidad moderna.

•

Incentivar a los estudiantes a utilizar sus conocimientos en investigación en provecho suyo como un agregado más en la vida profesional, y no necesariamente alcanzar un título de investigación que solo quedará en el papel, mas no son llevados y aplicados a la realidad.

Artículo 53°.- Derechos de autor y las patentes Las publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas por la universidad reconocen la autoría de las mismas a sus realizadores. En cuanto al contenido patrimonial, la universidad suscribe un convenio con el autor para el reparto de las utilidades en función de los aportes entregados. En los demás aspectos vinculados a esta materia, se aplica la legislación vigente sobre Derechos de Autor.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI patenta las invenciones presentadas por las universidades con el señalamiento de los autores, en concordancia con las normas que rigen la Propiedad Industrial.

Las regalías que generan las invenciones registradas por la universidad se establecen en convenios suscritos con los autores de las mismas, tomando en consideración los aportes de cada una de las partes, otorgando a la universidad un mínimo de 20% de participación. La universidad establece en su estatuto los procedimientos para aquellas invenciones en las que haya participado un tercero, tomando en consideración a los investigadores participantes.

Comentario

Monterroso Castro Adolfo Cesar

La universidad peruana debe asumir una política de propiedad intelectual relacionado con el conocimiento que estas producen (como hacen las universidades de todo el mundo), salvaguardando junto a los organismos estatales (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI); los derechos de autor y conexos así como la propiedad industrial; que incentive a los

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investigadores a buscar el apoyo de la universidad; el mismo que además beneficia a ambas partes, incluso económicamente; creando una simbiosis apetecible para investigador y universidad.

Artículo 54º.- Centros de producción de bienes y servicios Las universidades pueden constituir centros de producción de bienes y servicios que están relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de investigación. La utilidad resultante de dichas actividades constituye recursos de la universidad y se destinan prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines.

Comentario

Monterroso Castro Adolfo Cesar

Los centros universitarios de producción de bienes y servicios con órganos académicos que brindan diferentes servicios (ya sean a título gratuito u oneroso) a la sociedad en su conjunto, pueden evidenciarse en los consultorios universitarios como por ejemplo en el ámbito jurídico, psicológico, medico, etc.

Y en cuanto a la producción de bienes que mayormente tienen carácter oneroso se evidencian los centros de producción de materia prima.

En ambos casos la universidad tiene que establecer rigurosas políticas de inversión y administración de recursos destinados prioritariamente a la investigación universitaria.

CAPÍTULO VII GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD (Comentario al terminar el capítulo) Artículo 55°.- Gobierno de la Universidad El gobierno de la universidad es ejercido por las siguientes instancias: 55.1.- La Asamblea Universitaria.

55.2.- El Consejo Universitario 55.3.- El Rector 55.4.- Los Consejos de Facultad 55.5.- Los Decanos Para la instalación y funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el Consejo de Facultad, el quórum es la mitad más uno de sus miembros hábiles.

Artículo 56°.- Asamblea Universitaria La Asamblea Universitaria es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de dictar las políticas generales de la universidad y está constituida por: 56.1 El Rector, quien la preside.

56.2 Los Vicerrectores.

56.3 Los Decanos de las Facultades y 56.4 El Director de la Escuela de Posgrado.

56.5 Los representantes de los docentes de las diversas Facultades, en número igual al doble de la suma de las autoridades universitarias a que se refieren los incisos anteriores. Están representados de la siguiente manera: 50% de Profesores Principales, 30% de Profesores Asociados y 20% de Profesores Auxiliares.

56.6 Los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los miembros de la Asamblea. Los representantes estudiantiles de pregrado deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos.

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56.7 La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento de dichos órganos.

56.8 El representante de los graduados, en calidad de supernumerario, con voz y voto.

56.9 Un representante de los trabajadores administrativos, con voz y sin voto.

La Asamblea Universitaria se reúne en sesión ordinaria una vez al semestre, y en forma extraordinaria por iniciativa del Rector, o de quien haga sus veces, o de más de la mitad de los miembros del Consejo Universitario, o de más de la mitad de los miembros de la Asamblea Universitaria.

Artículo 57°.- Atribuciones de la Asamblea Universitaria La Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones: 57.1.- Aprobar las políticas de desarrollo universitario.

57.2.- Reformar los estatutos de la universidad con la aprobación de por lo menos dos tercios del número de miembros, y remitir el nuevo Estatuto a la SUNEDU. 57.3.- Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la universidad, aprobados por el Consejo Universitario.

57.4.- Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y los Vicerrectores, de acuerdo a las causales expresamente señaladas en la presente Ley; y a través de una votación calificada de dos tercios del número de miembros.

57.5.- Elegir a los integrantes del Comité Electoral Universitario y del Tribunal de Honor Universitario.

57.6.- Designar anualmente entre sus miembros a los integrantes de la Comisión Permanente encargada de fiscalizar la gestión de la universidad. Los resultados de dicha fiscalización se informan a la Contraloría General de la República y a la SUNEDU. 57.7.- Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral de gestión del Rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado.

57.8.- Acordar la constitución, fusión, reorganización, separación y supresión de Facultades, Escuelas y Unidades de Posgrado, Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos, Centros e Institutos.

57.9.- Declarar en receso temporal a la universidad o a cualquiera de sus unidades académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a informar a la SUNEDU. 57.10.- Las demás atribuciones que le otorgan la ley y el Estatuto de la Universidad.

El Secretario General de la Universidad y el Director General de Administración asisten a las sesiones con derecho a voz, sin voto.

Artículo 58°.- Consejo Universitario El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la Universidad. Está integrada por: 58.1.- El Rector, quien lo preside.

58.2.- Los Vicerrectores.

58.3.- Un cuarto (1/4) del número total de Decanos, elegidos por y entre ellos.

58.4.- El Director de la Escuela de Posgrado.

58.5.- Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen el tercio del número total de los miembros del Consejo. Deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos.

58.6.- Un representante de los graduados, con voz y voto.

El Secretario General de la Universidad y el Director General de Administración asisten a las sesiones con derecho a voz, sin voto.

El Consejo Universitario se reúne una vez al mes, y extraordinariamente es convocado por el Rector o quien haga sus veces, o por la mitad de sus miembros.

Artículo 59°.- Atribuciones del Consejo Universitario El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 59.1. Aprobar a propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de la universidad.

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59.2. Dictar el reglamento general de la universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento.

59.3. Aprobar el presupuesto general de la universidad, el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios, autorizar los actos y contratos que atañen a la universidad y resolver todo lo pertinente a su economía.

59.4. Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorganización de unidades académicas e institutos de investigación.

59.5. Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos por las unidades académicas.

59.6. Nombrar al Director General de Administración y al Secretario General, a propuesta del Rector.

59.7. Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes, a propuesta, en su caso, de las respectivas unidades académicas concernidas.

59.8. Nombrar, contratar, promover y remover al personal administrativo, a propuesta de la respectiva unidad.

59.9. Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las Facultades y Escuela de Posgrado, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras, cuando la Universidad está autorizada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

59.10. Aprobar las modalidades de ingreso e incorporación a la Universidad. Asimismo, señalar anualmente el número de vacantes para el proceso ordinario de admisión, previa propuesta de las facultades, en concordancia con el presupuesto y el plan de desarrollo de la Universidad.

59.11. Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingresos de las autoridades, docentes y trabajadores de acuerdo a Ley. 59.12. Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, estudiantes y personal administrativo, en la forma y grado que lo determinen los reglamentos.

59.13. Celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, así como otros asuntos relacionados con las actividades de la universidad.

59.14. Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a otras autoridades universitarias.

59.15. Otras que señale el Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones de la universidad.

Artículo 60°.- Rector El Rector es el personero y representante legal de la universidad. Tiene a su cargo y a dedicación exclusiva, la dirección, conducción y gestión del gobierno universitario en todos sus ámbitos, dentro de los límites de la presente Ley y del Estatuto.

Artículo 61°.- Requisitos para ser elegido Rector: Para ser elegido Rector se requiere: 61.1. Ser ciudadano en ejercicio.

61.2. Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su equivalente en el extranjero, con no menos de cinco (5) años en la categoría.

61.3. Tener grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales.

61.4. No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada.

61.5. No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido.

61.6. No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.

Artículo 62º.- Atribuciones del Rector Sus atribuciones y ámbito funcional es el siguiente: 62.1.Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer cumplir sus acuerdos.

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62.2.Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera.

62.3.Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los instrumentos de planeamiento institucional de la universidad.

62.4.Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como las distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario.

62.5.Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal docente y administrativo de la universidad.

62.6.Presentar a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe semestral de gestión del Rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado.

62.7.Transparentar la información económica y financiera de la universidad.

62.8.Las demás que le otorguen la Ley y el Estatuto de la universidad.

Artículo 63°.- Vicerrectores Todas las universidades cuentan obligatoriamente con un Vicerrector Académico y pueden contar con un Vicerrector de Investigación. Sus atribuciones y funciones se establecen en el Estatuto de la universidad.

Los Vicerrectores apoyan al Rector en la gestión de las áreas de su competencia.

Artículo 64º.- Requisitos para ser Vicerrector.

Para ser Vicerrector se requiere cumplir con los mismos requisitos establecidos para el cargo de Rector.

Artículo 65º.- Atribuciones del Vicerrector.

Las atribuciones de los Vicerrectores se determinan en función de sus áreas de competencia y, en concordancia con las directivas impartidas por el Rector. Deben tener como mínimo las siguientes: 65.1.- El Vicerrector Académico: 65.1.1 Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la universidad.

65.1.2 Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas por el estatuto de la universidad.

65.1.3 Atender las necesidades de capacitación permanente del personal docente.

65.1.4 Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.

65.2.- El Vicerrector de Investigación: 65.2.1 Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la universidad.

65.2.2 Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas por el estatuto de la universidad.

65.2.3 Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones.

65.2.4 Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos públicos o privados.

65.2.5 Promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual.

65.2.6 Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.

Artículo 66º.- Elección del Rector y Vicerrectores de universidades públicas.

El Rector y los Vicerrectores de las universidades públicas son elegidos por lista única para un periodo de cinco (5) años, por votación universal, personal, obligatoria, directa, secreta y ponderada por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados mediante la siguiente distribución: 66.1.- A los docentes ordinarios les corresponde dos tercios (2/3) de la votación.

66.2.- A los estudiantes matriculados les corresponde un tercio (1/3) de la votación.

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La elección es válida si participan en el proceso electoral más del sesenta por ciento (60%) de docentes ordinarios y más del cuarenta por ciento (40%) de estudiantes matriculados. Se declara ganadora a la lista que haya obtenido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos.

Si ninguna de las candidaturas alcanzara el mínimo previsto en el párrafo precedente, se convoca a una segunda vuelta electoral entre las dos listas, que hayan alcanzado mayor votación, en un plazo no mayor de 60 días. En la segunda vuelta, se declara ganador al que haya obtenido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos.

El Rector y los Vicerrectores, no pueden ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente, ni participar en lista alguna.

Los cargos de Rector y Vicerrectores se ejercen a dedicación exclusiva y son incompatibles con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada.

Artículo 67º.-. El Consejo de la Facultad El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La conducción y su dirección le corresponden al Decano, de acuerdo con las atribuciones señaladas en la presente Ley. 67.1.- El Consejo de Facultad está integrado por: 67.1.1 El Decano, quien lo preside.

67.1.2 Los representantes de los docentes. Su número está establecido en el Estatuto de cada universidad.

67.1.3 Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen un tercio del total de integrantes del Consejo, según corresponda. Estos representantes deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos.

67.2.- Las atribuciones del Consejo de Facultad son: 67.2.1 Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, ratificación y remoción de los docentes de sus respectivas áreas.

67.2.2 Aprobar los currículos y planes de estudio, elaborados por las Escuelas Profesionales que integren la Facultad.

67.2.3 Dictar el Reglamento académico de la Facultad que comprende las responsabilidades de docentes y estudiantes así como los regímenes de estudio, evaluación, promoción y sanciones, dentro de las normas establecidas por el Estatuto de la Universidad.

67.2.4 Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro del área de su competencia.

Artículo 68°.- El Decano El Decano es la máxima autoridad de gobierno de la Facultad, representa a la Facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria conforme lo dispone la presente Ley. Es elegido por un periodo de cuatro (4) años y no hay reelección inmediata.

Artículo 69°.- Requisitos para ser Decano Son requisitos para ser Decano: 69.2.1 Ser ciudadano en ejercicio.

69.2.2 Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero, con no menos de tres (3) años en la categoría.

69.2.3 Tener grado de Doctor o Maestro en su especialidad, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales. Se exceptúa de este requisito, a los docentes en la especialidad de artes, de reconocido prestigio Nacional o Internacional.

69.2.4 No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada.

69.2.5 No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido.

69.2.6 No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.

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Artículo 70º.-Atribuciones del Decano El Decano tiene las siguientes atribuciones: 70.1. Presidir el Consejo de Facultad.

70.2. Dirigir administrativamente la Facultad.

70.3. Dirigir académicamente a la Facultad, a través de los Directores de los Departamentos Académicos, de las Escuelas Profesionales y Unidades de Posgrado.

70.4. Representar a la Facultad ante la Asamblea Universitaria y ante el Consejo Universitario, en los términos que establece la presente Ley. 70.5. Designar a los Directores de las Escuelas Profesionales, Instituto de Investigación y las Unidades de Posgrado.

70.6. Proponer al Consejo de Facultad, sanciones a los docentes y estudiantes que incurran en faltas conforme lo señala la presente Ley. 70.7. Presentar al Consejo de Facultad, para su aprobación el plan anual de funcionamiento y desarrollo de la Facultad y su Informe de Gestión.

70.8. Las demás atribuciones que el Estatuto le asigne.

Artículo 71º.- Elección del Decano Es elegido mediante votación universal, obligatoria, directa y secreta por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados de la Facultad, con el mismo procedimiento para la elección del Rector y los Vicerrectores establecido en la presente Ley.

Artículo 72°.- El Comité Electoral Universitario de la universidad pública Cada universidad pública tiene un Comité Electoral Universitario que es elegido por la Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación no menor de seis meses (6) previos a dicho proceso, y constituido por tres (3) profesores principales, dos (2) asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes. Está prohibida la reelección de sus miembros.

El comité electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son inapelables.

El sistema electoral es el de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, directo y secreto.

El Estatuto de cada universidad pública norma el funcionamiento del Comité Electoral Universitario, de acuerdo a la presente Ley. La Oficina de Procesos Electorales - ONPE garantiza la transparencia del proceso electoral y participa brindando asesoría y asistencia técnica; y la Policía Nacional del Perú brinda seguridad en los procesos electorales de las universidades.

Artículo 73º.-Secretaría General La universidad tiene un Secretario General, es fedatario y con su firma certifica los documentos oficiales de la universidad. Es designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector.

Artículo 74°.- Director General de Administración La universidad cuenta con un Director General de Administración, designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector.

El Director General de Administración es un profesional en gestión administrativa responsable de conducir los procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros que

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garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia; cuyas atribuciones y funciones se establecen en el Estatuto de la universidad.

Artículo 75°.- Tribunal de Honor Universitario El Tribunal de Honor Universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone, según el caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario.

Está conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoría de principal, de reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo Universitario a propuesta del Rector.

Artículo 76°.- Vacancia de las autoridades de la Universidad.

Son causales de vacancia de las autoridades de la universidad, las siguientes: 76.1. Fallecimiento.

76.2. Enfermedad o impedimento físico permanente.

76.3. Renuncia expresa.

76.4. Sentencia judicial emitida en última instancia, por delito doloso.

76.5. Incumplimiento del Estatuto y de la presente Ley. 76.6. Nepotismo conforme a la Ley de la materia.

76.7. Incompatibilidad sobrevenida después de la elección.

76.8. No convocar a las sesiones de los órganos de gobierno de la universidad en los casos contemplados por el Estatuto y la presente Ley. El Estatuto de cada universidad establece las causales adicionales y procedimientos para la declaración de la vacancia y revocabilidad de los mandatos de las diferentes autoridades universitarias.

Artículo 77°.- Comisión Permanente de Fiscalización La Comisión Permanente de Fiscalización es el órgano encargado de vigilar la gestión académica, administrativa y económica de la universidad pública. Está integrada por dos docentes, un estudiante de pregrado y un estudiante de posgrado, miembros de la Asamblea Universitaria; cuenta con amplias facultades para solicitar información a toda instancia interna de la universidad. Está obligada a guardar la debida confidencialidad de la información proporcionada, bajo responsabilidad.

Artículo 78°.- Remuneraciones y dietas Los miembros de los órganos de gobierno de la universidad no reciben dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que participen. Toda disposición en contrario es nula.

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Comentario al CAPÍTULO VII

Berrio Salas, Ivan Omar

El gobierno de la universidad es ejercido por las siguientes instancias: 55.1.- La Asamblea Universitaria.

55.2.- El Consejo Universitario 55.3.- El Rector 55.4.- Los Consejos de Facultad 55.5.- Los Decanos Para la instalación y funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el Consejo de Facultad, el quórum es la mitad más uno de sus miembros hábiles.

1. EL TEMA DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA: Es evidentemente el punto central de la nueva ley universitaria; la reciente aprobación de esta ha traído consigo una serie de repercusiones y felicitaciones por parte de rectores, congresistas, líderes nacionales y entendidos en temas de educación superior, donde se analiza la Ley 23733 y Ley N° 30220 (Nueva Ley Universitaria),y cómo algunos detalles de las mencionadas normas podemos señalar lo siguiente: Durante la vigencia de la Ley 23733 el concepto de autonomía fue utilizado para defender los derechos de la comunidad universitaria y la investigación, sin embargo esto se fue confundiendo con lo que podríamos denominar autarquía, donde un grupo experimentado comenzaron a dominar las universidades tanto públicas como privadas para sus intereses particulares, volviendo a la universidad peruana en un “negocio rápido y rentable”, donde prevalecían fines particulares antes que la investigación y la proyección universitaria.

Mientras que con la promulgación de la nueva ley universitaria lo que se busca es elevar en forma medular el nivel de calidad en la educación superior, con inclusión de algunos órganos específicos para la lucha contra la corrupción enclaustrada en la universidad peruana como la creación del SUNEDU, así como los frutos de la lucha estudiantil por voto universal y directo en la elección de las autoridades y las exigencias de investigación y grado mínimo de Magister para ejercer la docencia universitaria.

Por otro lado el problema de fondo en las universidades del país no es normativo sino un problema social, el factor humano que opera como autoridad en ella, por lo que esta nueva ley dependerá nuevamente para el logro de sus objetivos de la conciencia de los profesionales y estudiantes que integran la casa de estudios, así como también del sacrificio de sus líderes por la mejora educativa; por las cuales analizaremos sus estamentos clásicamente conocidos: 2. SOBRE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA: La Asamblea Universitaria de la actual Ley y la anterior se basa en la representación de grupos estamentarios. Sin embargo a los tres clásicos grupos de miembros tales como: docentes, estudiantes y egresados, se le añade, en la práctica universitaria, un cuarto estamento, el de las autoridades: Decanos, Directores de Post Grado y otros semejantes.

La antigua Ley universitaria le otorgaba funciones que no cumplían y que en la práctica se reducía al manejo coyuntural para la elección del Rector y Vice Rectores dando espacio a la autoritarismo universitario y la compra de la representación estudiantil. En particular, y a modo de ejemplo, en la Unheval nuestro Estatuto le daba amplias prerrogativas a la Asamblea universitaria, entre ellas la de Acordar la creación, fusión y supresión de facultades, y también la de modificar el propio Estatuto, y lo único que se ha obtenido en los años de vigencia de la Ley y el Estatuto son los conflictos, denuncias y obstaculización, por razones políticas o de interés grupal, de medidas en muchos casos favorables, al mismo tiempo que no ha realizado ninguna de las muy necesarias modificaciones estatutarias para el bienestar estudiantil y el desarrollo de la investigación y acreditación.

Por otra parte la nueva ley contempla nuevamente la sectorización de la participación docente en porcentajes según categorías para la representación de 50% de Profesores Principales, 30% de Profesores Asociados y 20% de Profesores Auxiliares, el cual bajo una iniciativa de meritocracia puede justificarse la permanencia de profesionales que ostentan grados mal habidos o de favores políticos, por lo que considerando a la gama de docentes universitarios como una unidad en si a servicio de los fines de la universidad, no debería existir tal sectorización porcentual, dando oportunidad para participar a nuevos profesionales en el gobierno de la universidad máxime si la reforma universitaria pretende quitar males que se encuentran posiblemente en muchos docentes principales de la casas de estudios. Otro de los puntos que generó repercusión por parte de la ANR es el referido a la elección de las autoridades como el rector y el vicerrector en las universidades públicas, el cual sería una entrada libre para el grupo terrorista sendero luminoso. Pues durante tres décadas bajo la ley 23733 estos cargos eran elegidos con votos de la Asamblea Universitaria, que era integrada por

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ellos mismos, así como representantes de los estudiantes, docentes y graduados donde los famosos lobis se daban para concretizar fines particulares a fin de asegurar el voto universitario y de profesionales.

A partir de esta nueva ley universitaria N° 30220, las autoridades, como el rector y el vicerrector, serán elegidos con una votación universal directa en la que participarán los estudiantes y docentes de dicha Universidad. Pero en este existe una salvedad pues hay que aclarar que este régimen de votación solo deberá ser cumplido a cabalidad en las universidades públicas, ya que para efectos de las universidades privadas deberán respetarse los estatutos internos que cada una de ellas manejaría. La asamblea obtiene nuevas prerrogativas como lo señalado en el art. 57.3)el de Declarar la vacancia del rector y los vicerrectores, de acuerdo con las causales expresamente señaladas en el estatuto y con una votación calificada de dos tercios de sus miembros.

Este proyecto ya promulgado sin duda no es la cura para los retos en la mejora universitaria sin embargo es una opción que da espacio a nuevas esperanzas para el desarrollo de los profesionales en nuestro país.

Desearía manifestar que el voto universal no tendrá el problema de la corrupción pero objetivamente es una lucha que apenas podremos afrontar con mayor conciencia del papel que jugamos como universitarios para combatir la pobreza, delincuencia y demás problemas sociales de nuestro país para encontrar así el anhelado cambio aclamado por toda la población.

3. SOBRE EL CONSEJO UNIVERSITARIO: De por si los Consejos Universitarios y Consejos de Facultad se convierten en órganos con menos número de integrantes, sus funciones corresponden a las de un órgano ejecutivo y de dirección del estamento que corresponda en esta nueva ley; sin embargo, en la práctica con la ley 23733 el excesivo número de sus miembros y la pérdida del fin universitario hacían que no lleguen a cumplir cabalmente su cometido. Los Decanos, presidentes de cada facultad, por ejemplo tienen por responsabilidad y función principal, su propia Facultad, están más imbuidos de la problemática de ésta, que de la Universidad, y sin embargo, están obligados a enfrentar el manejo de toda la Universidad, eso sin contar la carga propia de la profesión en ejercicio que algunos de ellos tenían, y aun así deban tomar decisiones en base a la poca información de la que disponen en una sesión, es evidente que no era la mejor de las ideas que todos ellos participen.

Si pensamos en un órgano de dirección superior, de promoción y de ejecución de la Universidad como señala la ley 23733, éste no debía estar conformado por un número excesivo de miembros que no podían por naturaleza propia afrontar dicho papel.

El Consejo Universitario tiene que abocarse fundamentalmente a decisiones y actividades comunes a toda la Universidad, como son: dictar el Reglamento General de la Universidad, Reglamento de Elecciones y otros Reglamentos internos; aprobar el presupuesto general de la Universidad; autorizar los actos y contratos que atañen a la Universidad y resolver todo lo pertinente a su economía, incluyendo la contabilidad y la fiscalización; la creación, fusión, supresión o reorganización de sus unidades académicas o administrativas; conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las Facultades, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras cuando la Universidad está autorizada para hacerlo; aprobar anualmente el número de vacantes para los procesos de admisión; declarar en receso temporalmente la Universidad o cualquiera de sus unidades cuando las circunstancias lo requieran; ejercer en instancia revisora las medidas disciplinarias sobre docentes, estudiantes y personal administrativo; normar sobre el Sistema Único de Bibliotecas, Sistema Único de Matrícula, el Sistema de Grados y Títulos, el Sistema Informático de la Universidad y los convenios 1 interinstitucionales .

Por ello lo referido fundamentalmente en lo académico, debe ser parte de la autonomía de cada facultado escuela académica, y por tanto, no se necesita un Consejo Universitario con todos los Decanos, que podrían descuidar sus funciones de presidente o representante de facultad; acertando de esta manera la nueva ley universitaria con su articulado 58.3) al señalar que el número de Decanos para el consejo universitario sería “Un cuarto (1/4) del número total de Decanos, elegidos por y entre ellos”, los que ellos mismos determinen a través de una elección o representación autónoma; con lo que se contaría con un Consejo Universitario pequeño, ágil, con gran responsabilidad e igual poder de decisión.

Sin duda la ley recupera la idea de que las universidades son un espacio de conocimiento, de investigación, además de ello Sienta las bases de un sistema de aseguramiento de la calidad y Docentes con mayores grados académicos. Por ejemplo, para ser profesor principal es necesario un doctorado. Por otro lado no es menos cierto que la calidad de la enseñanza no se solucionar con grados académicos, pues en la actualidad los mismos han perdido prestigio siendo ofrecidos en muchos casos por los directores de Post. Grado o

1Dr. Manuel Paredes Manrique, Conversatorio: Bases para una nueva Ley Universitaria

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mafias que existen en las universidades. Eso llevaría a tener una mayoría de profesores egresados de las universidades lucrativas.

El problema no son tanto los profesores, sino también la visión e identificación de los estudiantes ingresantes con su profesión y la sociedad, el rol que desempeña en el proceso de formación académica. Ahora, cualquier resultado de esta iniciativa de reforma universitaria se verá en años, no de manera inmediata, porque las condiciones que se implementan requieren tanto mecanismos de control como plazos de adecuación y presupuesto. Por lo que las autoridades universitarias tendrán que ser muy hábiles y estratégicos para adecuar la nueva ley universitaria dentro de sus claustros universitarios. Según explica uno de los miembros del equipo técnico de la Comisión de Educación, vía los medios de comunicación, ésta nueva Ley N° 30220 no tendrá un reglamento específico. Es decir, serán los Estatutos de cada universidad el que definirá su aplicación concreta y específica.

4. SOBRE LOS CONSEJOS DE FACULTAD: Siendo un órgano colegiado de gobierno como el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria a nivel de cada Facultad, es necesario contar con órganos ágiles con suficiente autonomía y autoridad; máxime si éste órgano es el que actúa directamente con los estudiantes, pues es una unidad más circundada. En la actual Ley se repiten a nivel de Facultad los mismos vicios que a nivel de toda la Universidad: un Consejo de Facultad Asambleísta, con un sector de mayoría y minoría de profesores principales; mayoría y minoría de asociados; representación de auxiliares; representación en mayoría y minoría de estudiantes, y la presidencia del Decano, ahora este sistema de elección directa no constituye por supuesto la panacea a todo el régimen universitario ni tampoco una democratización efectiva en la universidad, pues lo mismo ocurre durante la elección directa de las autoridades externas que en la actualidad son duramente cuestionados e incluso con mandatos de prisión como es el caso de los Gobiernos Regionales.

Contrario sensu, los jefes de departamento y/o Directores de Institutos de Investigación y otros de gran importancia, que son los veedores permanentes de la vida académica en la facultad, no son integrantes del Consejo de Facultad, siendo indispensable los mismos por ser autores directos conjuntamente con el Decano, de la dirección de la facultad en la cual se encuentran. El Consejo de Facultad con la alineación señalada se vuelve insuficiente, sin capacidad de ejecutar directamente sus acuerdos y sólo dispone de información mediatizada, y por tanto depende en exceso de la labor del Decano, sectorizándose peligrosamente, cuando debería dicho consejo tener la cobertura y el poder de administrar sus ejes de trabajo de manera eficiente.

5. SUPERINTENDENCIA E INVESTIGACIÓN: Aparece como el ángulo importante, de la desaparición de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y del Consejo Nacional para Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), la ahora Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que tendrá en su consejo directivo a siete integrantes, siendo uno de ellos el titular, conocido como el superintendente nombrado a propuesta del Ministro de Educación (posible vulneración de la autonomía universitaria). Entre las funciones atribuidas a esta nueva institución dada por la nueva ley universitaria, destacan: 1.

2.

3.

4.

Aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico.

Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio educativo.

Administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos Fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines educativos.

De esta manera se pretende garantizar el interés superior del estudiante y el derecho a la calidad universitaria, siendo el mismo un derecho fundamental y un servicio público esencial que brindaría el estado.

De tal modo, la superintendencia queda conformada por el representante del Ministerio de Educación, el integrante de CONCYTEC, dos representantes de las universidades públicas, uno de las universidades privadas y dos personalidades que cumplan con lo señalado en los puntos 17.2.2 o 17.2.3. de la nueva ley universitaria. Estos cinco últimos serán elegidos mediante concurso público nacional convocado por el propio Ministerio de Educación, aunque la evaluación y elección estará a cargo del Consejo Nacional de Educación.

Sin embargo, el superintendente sí será elegido por el ministerio señalado por un periodo de tres años,

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pudiendo ser renovado por un período adicional, mediante resolución suprema a propuesta del titular de la cartera.

Por otra parte dentro de las atribuciones que otorgaba el estado a la ANR para la elección de autoridades de las diferentes instituciones autónomas, hoy son cumplidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), por ejemplo el artículo 155 y 179 de la Constitución Política del Perú manifiesta que las universidades públicas y privadas eligen a dos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y a dos integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los siete integrantes del consejo directivo de esta institución serán los responsables de las designaciones.

Sin embargo, en términos genéricos, pareciera que el interés en general (sobre todo por parte de los medios de difusión) centra su atención no en aspectos académicos sino puramente burocráticos, referidos por ejemplo al funcionamiento y la labor fiscalizadora de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU);la reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE); la disolución y liquidación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR); Sin embargo, la ley es muy resumida y la opinión pública y el periodismo son casi nulos en lo que concierne a los principales actores de las universidades. En tal sentido, la razón de ser de una universidad no es la SUNEDU y la SINEACE y otras siglas de género sospechoso, el rector, los vicerrectores, la asamblea universitaria, los decanos o docentes ordinarios (catedráticos) en sus tres clásicas categorías, sino los estudiantes, los universitarios, la juventud estudiosa en proceso de profesionalización. Sin ellos, sin su presencia, la universidad no existe, como tampoco existen las escuelas sin alumnos; El hecho de que la universidad peruana esté sujeta a un proceso de acreditación por descrédito, no es por culpa del estudiantado ni de la población universitaria sino de los malos manejos institucionales por parte de las camarillas entornilladas en el poder; la innegable mediocridad académica y el caos reinante en algunas especialidades; la ausencia de liderazgo cultural y académico en su zona de influencia; la abierta politización de muchos de sus integrantes; la conversión de la universidad en empresas mercantilistas con marcados fines de lucro; la pérdida de norte y objetivos definidos, etc.; Corregir los yerros del pasado y, en definitiva, replantear un modus operandi más efectivo de las instituciones del más alto rango educativo en el país; reorientar y mejorar la calidad profesional en todos sus aspectos; Pero parece que no es así. Para muestra un botón: La razón de ser de una universidad no es la SUNEDU y la SINEACE y otras siglas de género sospechoso, el rector, los vicerrectores, la asamblea universitaria, los decanos o docentes ordinarios (catedráticos) en sus tres clásicas categorías, sino los estudiantes, los universitarios, la juventud estudiosa en proceso de profesionalización. Sin ellos, sin su presencia, la universidad no existe” Una de las novedades plausibles de esta nueva ley es el fomento a la investigación y por ende la creación de los vicerrectorados de investigación dentro de las universidades, sin embargo para ocupar el cargo del vicerrectorado de investigación es necesario respetar los parámetros que ha estipule la ley universitaria, como el de ser docente vinculado a temas estrictamente investigativos, sea para investigaciones básicas o aplicativas, además de tener el grado académico de doctor con estudios presenciales, dejando a un lado la modalidad virtual el cual constituye una estafa educativa.

Del mismo modo los docentes (hombres o mujeres) que aspiren a ser rectores de la universidad, tienen que acreditar su grado de Doctor con estudios necesariamente cursados de forma presencial, en el país o en el extranjero. A diferencia de la antigua ley 23733 ahora desaparece el vicerrectorado administrativo, que será sustituido por el vicerrectorado de investigación, por lo que ahora habrá vicerrectorado académico y vicerrectorado de investigación, generando tendencia hacia la calidad universitaria y cumpliendo uno de los fines primordiales de la universidad.

Por otro lado y de forma muy preocupante es que la dimensión de la acreditación universitaria, que significa que una institución educativa superior cumpla con estándares internacionales para el servicio educativo universitario, haya sido considerado como opcional, como se pretendería elevar la calidad universitaria si no impulsamos la acreditación, esto sin duda una paradoja dentro de esta norma, o una fuerte muestra de poder político en nuestro país. Pues esto quiere decir que todas las facultades de la universidad deben estar acreditadas, y para lograr ello deben cumplir una serie de requisitos, como es que toda infraestructura y colectivos que laboran para ella deben estar en condiciones adecuadas y estandarizadas con tecnología de punta, las cuales muchas de las universidades lucrativas carecen.

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CAPÍTULO VIII DOCENTES Artículo 79°.- Funciones Los docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Las investigaciones sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje en la universidad son relativamente recientes en comparación con este mismo tipo de estudios en otros niveles educativos. Una de las primeras 2 obras sobre el tema fue publicada por Beard y su equipo en 19781 y en ella se analizaba las principales investigaciones sobre métodos de enseñanza en la educación superior. A partir de estas primeras iniciativas, el ámbito de la investigación sobre la docencia universitaria se ha ido ampliando y extendiendo a través de publicaciones de tipo generalista (Higher Education, Research in Higher Education, etc.) y también en estudios y publicaciones cuyo referente estriba en los contenidos temáticos de los aprendizaje (Educación Médica, Journal of Biological Education, Journal of Geological Education, etc.).

La investigación sobre la docencia universitaria está muy relacionada con los procesos de cambio e innovación generados por las propias instituciones. Prueba de este hecho es el incremento de publicaciones e iniciativas generadas a partir del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Artículo 80°.- Docentes Los docentes son: 80.1. Ordinarios: principales, asociados y auxiliares.

80.2. Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada universidad, que no podrán superar el 10% del número total de docentes que dictan en el respectivo semestre.

80.3. Contratados: que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y condiciones que fija el respectivo contrato.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Un nuevo escalafón dentro de la Docencia Universitaria Propone esta Nueva Ley Universitaria, con nuevos retos y desafíos, una de ellas es que los docentes que superen más de los 70 años no podrán ostentar cargos ni podrán enseñar de manera ordinaria, solo podrán ser contratados de forma extraordinaria pero un 10% del número total de Docentes que dicten el semestre, esto se debe a que muchos docente universitarios habiendo cumplido con una etapa en la docencia aún persisten en seguir dictando clases con la finalidad de seguir cobrando el sueldo de docente, caso contrario sería si fuesen cesados solo cobrarían su pensión de jubilación que es de acuerdo a Ley generando una disminución en el monto económico que perciben.

Sobre los DOCENTES ORDINARIOS: Es la carrera docente del profesor universitario, con los beneficios de ley por ser un servidor público. Se escala por promoción docente en virtud de sus aportes y años de servicio.

Pueden ser ratificados, promovidos o separados de la docencia por el Consejo Universitario previo el proceso de evaluación. Se debe contar con título profesional para ejercer la cátedra cuanto menos.

1.- Principal.- Nombrados por 7 años, se requiere haber desempeñado cinco años de labor docente con la categoría de Profesor Asociado, tener el grado de Maestro o Doctor y haber realizado trabajos de investigación de acuerdo con su especialidad.

2

Beard col (1978) Research in Teaching Methods in Higher education

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2.- Asociado.- Nombrado por 5 años, se requiere haber desempeñado tres años de docencia con la categoría de Profesor Auxiliar.

3.- Auxiliar.- Es la primera escala dentro de los profesores ordinarios, es nombrado por 3 años y se ingresa a esta por concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o por oposición, y de acuerdo a las pautas que establezca al respecto el Estatuto de cada Universidad.

Sobre los DOCENTES EXTRAORDINARIOS: Son aquellos de excepcional experiencia en su ámbito profesional y de una reconocida trayectoria en la enseñanza, la investigación, la proyección social y la producción científica, cultural y tecnológica.

1.- Eméritos.- Profesores principales, jubilados o cesantes de la Universidad a quienes en atención a los eminentes servicios prestados, el Consejo Universitario les confiere ese título. La condición de Profesor Emérito tiene carácter vitalicio. Si el Estatuto lo contempla puede participar en la docencia u investigación.

2.- Honorarios.- Docentes nacionales o extranjeros que, sin haber pertenecido a la Universidad, se hacen merecedores a esta distinción por sus relevantes méritos académicos, reconocida producción científica, tecnológica y/o cultural de proyección nacional o internacional. Esta distinción es conferida según el Estatuto.

2.1.- Investigadores Extraordinarios.- Abocados exclusivamente a la creación y producción intelectual, debiendo efectuar una labor docente de divulgación de los resultados de su investigación. Es designado en razón de su excelencia académica y está sujeto al régimen especial que la Universidad determine en cada caso. Puede o no haber sido Profesor Ordinario y encontrarse o no en la condición de cesante o jubilado.

2.2.- Visitantes.- Docentes que pertenecen a otras universidades, sean nacionales o extranjeras, pero se incorporan temporalmente al cuerpo docente de la Universidad, por su excelente labor profesional, científica y/o humanista, a propuesta del Consejo de Facultad respectivo y de acuerdo a los convenios interuniversitarios establecidos.

Sobre los DOCENTES CONTRATADOS: Son los que prestan servicios a plazos determinados y en las condiciones que fija en respectivo contrato. Los son por el plazo máximo de tres años. Al término de este plazo tienen derecho de concursar, para los efectos de su admisión a la carrera docente, en condición de Profesores Ordinarios.

Cabe indicarse también que los profesores ordinarios, según su régimen dedicación a la universidad, que puede entenderse como horas de trabajo que prestan, se categorizan de la siguiente manera: 1.- Profesor Regular (tiempo completo): Cuando dedican su tiempo y actividad a las tareas académicas de la docencia universitaria.

2.- Con dedicación exclusiva: Cuando el Profesor Regular tiene como única actividad ordinaria remunerada la que presta a la Universidad.

3.- Por tiempo parcial: Cuando dedica a las tareas académicas tiempo menor que el de la jornada legal de trabajo.

Artículo 81º.- Apoyo a docentes.

Los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o de laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la labor del docente realizan una actividad preliminar a la carrera docente. El tiempo en que se ejerce esta función se computa para obtener la categoría de docente auxiliar como tiempo de servicio de la docencia. Para ejercer la función de jefe de práctica debe contar con el título profesional y los demás requisitos que establezcan las normas internas de la universidad. En el caso de ayudante debe estar cursando los dos (2) últimos años de la carrera y pertenecer al tercio superior. La designación de los mismos debe ser vía concurso hecho público a toda la comunidad universitaria, conforme lo que disponga cada estatuto universitario.

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Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Es una buena iniciativa a través del Estado, esta vez la Establece requisitos mínimos para ingresar a la Docencia, ya no se tratara de favores políticos o ayudas de otro tipo. Siendo los estudiantes que obtengan las mejores calificaciones y que pertenezcan al Tercio Superior como requisito para ser ayudante de cátedra o de laboratorio en las distintas Universidades del País, va permitir abrirles las puertas de la Docencia Universitaria en un futuro.

Artículo 82º.- Requisitos para el ejercicio de la docencia.

Para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario y contratado es obligatorio poseer: 82.1. El grado de maestro para la formación en el nivel de pregrado.

82.2. El grado de maestro o doctor para maestrías y programas de especialización.

82.3. El grado de doctor para la formación a nivel de doctorado.

Los docentes extraordinarios, pueden ejercer la docencia en cualquier nivel de la educación superior universitaria y sus características son establecidas por los Estatutos de cada universidad.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Los nuevos requisitos que se propone para tener una mejor calidad de enseñanza a través de Docentes universitarios con una especialización que permita a Estudiante aprender y aplicar todos sus conocimientos en la Práctica. Por eso se Requiere mínimo ser magister para desempeñarse como Docente Universitario a nivel pre grado y ser Magister o Doctor a nivel de Post grado o cursos de especialización de las distintas áreas o profesiones y por ultimo tener el grado de Doctor a nivel de Doctorado.

Artículo 83º.- Admisión y promoción en la carrera docente.

La admisión a la carrera docente se hace por concurso público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad intelectual y académica del concursante conforme a lo establecido en el Estatuto de cada universidad.

La promoción de la carrera docente es la siguiente: 83.1. Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de doctor el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor asociado. Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de quince (15) años de ejercicio profesional.

83.2. Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de maestro, y haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar. Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de diez (10) años de ejercicio profesional.

83.3. Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de maestro, y tener como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional.

Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en una universidad distinta a la que el docente postula.

En toda institución universitaria, sin importar su condición de privada o pública, por lo menos el 25 % de sus docentes deben ser a tiempo completos.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

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Es necesario para que nuestro país tenga un avance en la educación universitaria, exista docentes de calidad intelectual, académica y con la experiencia necesaria del futuro docente universitario, resaltando la meritocracia a través de los concursos Públicos, de mérito y oposición.

Para tal efecto de la norma los requisitos para ser Docente Auxiliar, Asociado y Principal, así mismo que fomenta una mayor actividad a través de los servicios de tiempo completo, pudiendo desarrollarse en ámbito académico e investigador, haciendo un ahínco en este tema que deben de tener un mecanismo de control que cumpla efectivamente que los docentes a tiempo completo desarrollen horas lectivas e investigadora

Artículo 84º.- Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores ordinarios El periodo de nombramiento de los profesores ordinarios es de tres (3) años para los profesores auxiliares, cinco (5) para los asociados y siete (7) para los principales. Al vencimiento de dicho período, los profesores son ratificados, promovidos o separados de la docencia a través de un proceso de evaluación en función de los méritos académicos que incluye la producción científica, lectiva y de investigación.

El nombramiento, la ratificación, la promoción y la separación son decididos por el Consejo Universitario, a propuesta de las correspondientes facultades.

Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente.

La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo.

La universidad está facultada a contratar docentes. El docente que fue contratado puede concursar a cualquiera de las categorías docentes, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Es un tema controversial debido a que muchos docentes universitarios con más de 70 años de edad se resisten a ser cesados de la enseñanza universitaria, con la posibilidad de ser contratados bajo la modalidad de Docentes Extraordinarios, así mismo no podrán ejercer cargos administrativos como las funciones de Jefes de Personal, Directores Académicos, Secretarios Académicos, Decano, Vicerrector y Rector entre otros.

Así mismo resalta el nombramiento, la ratificación, la promoción y la separación de los docentes universitarios, este último será en extremo caso que docentes que no hayan cumplido con los requisitos mínimos para la permanencia en la docencia serán separados.

Artículo 85°.- Régimen de dedicación de los docentes.

Por el régimen de dedicación a la universidad, los profesores ordinarios pueden ser: 85.1. A dedicación exclusiva, el docente tiene como única actividad remunerada la que presta a la universidad.

85.2. A tiempo completo, cuando su permanencia es de cuarenta (40) horas semanales, en el horario fijado por la universidad.

85.3. A tiempo parcial, cuando su permanencia es menos de cuarenta (40) horas semanales.

Cada universidad norma las condiciones del servicio docente y las incompatibilidades respectivas, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, la presente ley y su Estatuto.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Establece el régimen de dedicación de los docentes universitarios las mismas que se pueden ser a dedicación exclusiva, a tiempo completo, a tiempo parcial, así mismo en el desarrollo de las actividades académicas no deben existir incompatibilidades, específicamente en el caso de los Magistrados que son docentes universitarios lo deben hacer en el horario adecuado.

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Artículo 86º.- Docente investigador El docente investigador es aquél que se dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación. Es designado en razón de su excelencia académica. Su carga lectiva será de un (1) curso por año. Tiene una bonificación especial del cincuenta por ciento (50%) de sus haberes totales. Está sujeto al régimen especial que la universidad determine en cada caso.

El Vicerrectorado de Investigación o la autoridad competente evalúa cada dos años, la producción de los docentes, para su permanencia como investigador; en el marco de los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

En los últimos años la Ley 23733 y D.L N° 882-739 no han contribuido, a la investigación científica, muchos menos a formar profesionales con criterio critico analítico tampoco han generado una alianza entre el Sistema Universitario Peruano, el entorno socioeconómico y la empresa, además de la falta de una cultura de evaluación permanente e integral.

La motivación de la investigación debe ser tanto para los docentes como los estudiantes quienes aportaran con nuevas ideas innovadoras que revolucionen y generen el desarrollo de nuestro país a través de propuestas y mecanismos de solución de las distintas problemáticas que afronta nuestro país.

Artículo 87°.- Deberes del docente Los docentes deben cumplir con lo siguiente: 87.1. Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de derecho.

87.2. Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica.

87.3. Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la investigación.

87.4. Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar labor intelectual creativa.

87.5. Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o académico.

87.6. Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña.

87.7. Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el estatuto y cuando le sean requeridos.

87.8. Respetar y hacer respetar las normas internas de la Universidad.

87.9. Observar conducta digna.

87.10. Los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas por los órganos competentes.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

La importancia de la Ley Universitaria, este artículo no solo regula el comportamiento que debe tener el docente universitario, sino que debe convertirse en una Ley que permita tener en el País, una Universidad Democrática, dedicada a la investigación humanística, científica y tecnológica, a la formación profesional de hombres que contribuyan al desarrollo regional y nacional, a la difusión de la cultura, a la creación intelectual y artística, a la proyección social.

El docente universitario debe ser un profesional, con gran solvencia académica y moral, lo cual le permita enfrentar los retos que surgen en la formación de nuevos profesionales y que favorezca a la posición de autoridad que representa frente al alumnado.

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La tolerancia, respeto y disciplina deben guiar su labor, generando el debate alturado y evitando temores o inhibiciones propios de tiempos anteriores, donde el catedrático tenía una posición vertical, paternalista y dogmática. Asimismo, la estabilidad psicológica, emocional y ecuanimidad que eviten conductas inapropiadas.

El Fecundo amor por el estudio. No limitarse a ser un sabio que concentre todas las respuestas, sino a ser un amante de la sabiduría, así, predicando con el ejemplo podrá infundir en sus estudiantes la misma actitud, lo cual incentiva a que constantemente se actualice y renueve sus conocimientos.

Interés por los problemas del país y comprometerse con la búsqueda de soluciones de los mismos, en ese sentido, el profesor universitario no puede ser ajeno a la política, debe asumir una posición, pero así también debe contar con el debido juicio, evitando caer en partidismos que devengan en cismas u afrentas. Teniendo una participación política el profesor estará cumpliendo un rol esencial en la formación ciudadana, pues por más profesional que uno sea, no puede ser ajeno a la ley ni a la realidad del país.

Artículo 88°.- De los derechos del docente Los docentes gozan de los siguientes derechos: 88.1. Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política del Perú y la presente Ley. 88.2. Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o consulta según corresponda.

88.3. La promoción en la carrera docente.

88.4. Participar en proyectos de investigación en el sistema de Instituciones Universitarias Públicas según sus competencias.

88.5. Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados según sus competencias y las necesidades de la Institución Universitaria Pública.

88.6. Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de especialización o posgrado acreditados.

88.7. Tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza, en el sistema universitario.

88.8. Tener licencia, a su solicitud en el caso de mandato legislativo, municipal o regional, y forzosa en el caso de ser nombrado ministro o viceministro de Estado, presidente de región, conservando la categoría y clase docente.

88.9. Tener año sabático con fines de investigación o de preparación de publicaciones por cada siete (7) años de servicios.

88.10. Gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año.

88.11. Gozar de incentivos a la excelencia académica, los que se determinan en el estatuto.

88.12. Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley.

88.13. Los otros que dispongan los órganos competentes.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Dentro de los derechos que le asisten a los profesores universitarios, la ley establece los siguientes, claro que al revisar puede entenderse que estos derechos se dirigen propiamente a los profesores ordinarios. Así tenemos dentro de los más importantes derechos,: La Promoción en la carrera docente, La participación en el gobierno de la Universidad, La libre asociación conforme a la Constitución y la ley para fines relacionados con los de la Universidad, El goce, por una sola vez, de un año sabático con fines de investigación o de preparación de publicaciones aprobadas expresamente una y otras por la Universidad, El reconocimiento de cuatro años adicionales de abono al tiempo de servicios por concepto de formación académica o profesional, siempre que en ellos no se haya desempañado cargo o función pública, Las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año, sin perjuicio de atender trabajos preparatorios o de una rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario, Los derechos y beneficios del servidor público y a la pensión de cesantía o jubilación conforme a ley, y, La licencia sin goce de haber, a su solicitud en el caso de mandato legislativo o municipal, forzosa en el caso de ser nombrado Ministro de Estado, conservando la categoría y clase docente.

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Artículo 89º.- Sanciones Los docentes que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican en observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Las sanciones son: 89.1. Amonestación escrita.

89.2. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.

89.3. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta doce (12) meses.

89.4. Destitución del ejercicio de la función docente.

Las sanciones indicadas en los literales 89.3 y 89.4 se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables.

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Comentario

La instauración de los procesos administrativos disciplinarios constituye una de las potestades más importantes de la Administración Pública en general y también de la Administración Educativa. No obstante lo cual, existen pocos estudios sobre su naturaleza, etapas, requisitos y efectos jurídicos.

La labor docente, como la de todo trabajador dependiente, está sometida a la potestad disciplinaria del empleador. Potestad que es consecuencia del Poder Directriz que tiene todo patrón para organizar, en forma eficiente, la mano de obra que dispone. Además la sanción que reciba el Docente será respetando la proporcionalidad de la Falta y la jerarquía es decir según el cargo de servidor o funcionario que desempeña.

En consecuencia, la Administración Pública, que actúa como empleadora respecto del profesor, tiene la facultad de sancionar toda falta docente, siguiendo, al efecto, los procedimientos expresamente regulados en el Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo 019-90-ED. Al respecto, es preciso aclarar que el referido Reglamento considera dos procedimientos disciplinarios. El primero, previsto en su artículo 123, está reservado para la imposición de sanciones leves. Por el segundo, en cambio, se imponen las sanciones más graves, de conformidad con su artículo 124.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Profesorado, se pueden imponer, previo proceso administrativo y de acuerdo a la gravedad de la falta, alguna de las cinco sanciones siguientes: a) Amonestación. Que consiste en una auténtica llamada de atención escrita. b) Multa de 2 a 10 treintavas partes de la Remuneración Principal. Que consiste en la imposición del pago forzado de una carga económica. c) Suspensión en el ejercicio de sus funciones, sin derecho a remuneraciones de 10 a 30 días. Que consiste en la separación breve del servicio docente sin derecho al pago de sus haberes, pero conservando el vínculo laboral. d) Separación Temporal en el servicio hasta por 3 años. Que consiste en una suspensión más o menos extensa de la labor docente, sin derecho a remuneraciones, pero conservando la relación laboral. e) Separación definitiva. Que consiste, finalmente, en la expulsión del servicio público docente, dando por terminada la relación laboral.

Desde el punto de vista de su finalidad, las tres primeras pueden considerarse como Sanciones Correctivas, por cuanto se encaminan a enmendar la conducta del docente. Mientras que la última es, en realidad, una Sanción Depurativa, toda vez que pretende sanear la planilla docente, expulsando a aquellos servidores que se han hecho indignos de continuar en el ejercicio docente.

Artículo 90º.- Medidas preventivas

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Cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina por la presunción de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad universitaria o los delitos de violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas, corrupción de funcionarios y/o tráfico ilícito de drogas; así como incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio que impiden el normal funcionamiento de servicios públicos, el docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se imponga.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

La autoridad competente podrá ejercer lo establecido en el Inc. 1 del Artículo 1 del Nuevo Código Procesal Penal, poner en conocimiento del Ministerio Publico sobre un ilícito penal cometido en la universidad, para ello se pueden adoptar medida preventiva como la Separación temporal sin perjuicio de la sanción administrativa, penal y civil que se le imponga.

Pero si docente universitario ha sido Absuelto mediante sentencia Consentida y ejecutoriada, el suspendido o separado temporalmente tiene derecho a reincorporarse automáticamente a su cargo al término de su sanción. La autoridad competente informará al órgano correspondiente de dicha reincorporación

Artículo 91º.- Calificación y gravedad de la falta Es atribución del órgano de gobierno correspondiente, calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas, en el marco de las normas vigentes.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Como se ha expuesto, la sanción sólo puede comprenderse como consecuencia directa e inmediata de una falta disciplinaria, esto es de alguna contravención de cualquiera de las normas que regulan la labor docente.

Pues, a diferencia de lo que sucede con los servidores administrativos regulados por el Decreto Legislativo 276, la Ley del Profesorado no ha previsto una lista de actos, hechos u omisiones que deben considerarse, necesariamente, como faltas de los profesores.

No obstante, se pueden considerar como faltas, las siguientes: 1. La contravención de algún deber u obligajción docente.

2. El incumplimiento de las alguna prohibición legal, y 3. La inobservancia de una incompatibilidad legalmente establecida para el trabajo magisterial.

En cualquier caso, toda falta, para ser sancionada, debe ser siempre una acción u omisión ilícita y real.

La Falta es ilícita si la acción u omisión constituye una contravención de un deber u obligación docente o, en su caso, una inobservancia de alguna incompatibilidad o prohibición que le atañe.

La Falta, a su turno, es real cuando se manifiesta en una conducta concreta y demostrable. Dado que no se puede sancionar a nadie por un simple rumor o supuesto de un superior, un colega o un tercero.

De otro lado, las faltas pueden calificarse en leves o graves. Serán Faltas Leves si no alteran de modo severo el servicio educativo, ni tampoco dañan el patrimonio o la imagen del mismo. Serán Faltas Graves, en cambio, las que si afectan tales valores.

La gravedad de una falta administrativa docente se evaluará tomando en cuenta las condiciones siguientes: 1. Las circunstancias y formas de su comisión, 2. La concurrencia de varias faltas, 3. La participación de uno o más servidores, 4. Los efectos que la falta produce y 5. El cargo desempeñado por el autor de la falta.

Por lo demás, se considera agravante la reincidencia en faltas leves.

Artículo 92º.- Amonestación escrita El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda.

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Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

La amonestación escrita, consiste en una auténtica llamada de atención escrita. Como ya se ha indicado, la imposición de las sanciones de Amonestación y Multa, las más leves del sistema disciplinario docente, se rige por el procedimiento regulado en el artículo 123 del Reglamento de la Ley del Profesorado.

Este procedimiento se inicia mediante la imputación escrita de los cargos al docente involucrado en una falta leve, mediante Memorándum suscrito por el Director del Centro Educativo.

Recibida la imputación, el profesor tiene derecho de formular su descargo escrito, en un plazo de 15 días hábiles.

Vencido el plazo antes señalado y luego de haberse comprobado los hechos materia de la denuncia, se dictará la resolución de sanción correspondiente, si se acreditó la responsabilidad del profesor. Caso contrario, debe expedirse una resolución exculpatoria, que ordene archivar el proceso.

En este caso, la imputación de los cargos, la investigación pertinente y imposición de la sanción es competencia exclusiva del Comité de Evaluación, presidido por el Director del Plantel e integrado por un Directivo y un profesor, de conformidad con lo dispuesto en literal h) del punto 3 de la Resolución Suprema Nº 016-96-ED

Artículo 93º.- Suspensión Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.

Asimismo, el docente que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado, previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es pasible de suspensión.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda.

Es susceptible de suspensión el docente que incurre en plagio.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Los procedimientos administrativos disciplinarios especiales son considerados doctrinariamente para distinguir de los procedimientos administrativos disciplinarios para faltas leves Como se ha adelantado, este proceso está reservado para la imposición de las sanciones más graves: Suspensión, Separación temporal y Separación Definitiva, como consecuencia de la comisión de faltas graves.

Por este motivo, es tramitado con intervención de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos, que es la encargada de calificar las denuncias, pronunciarse sobre la procedencia del proceso administrativo, investigar los hechos y, finalmente, recomendar la sanción que corresponda, de acuerdo a la gravedad de la falta El profesor suspendido o separado temporalmente tiene derecho a reincorporarse automáticamente a su cargo al término de su sanción. El Director del Plantel informará al órgano correspondiente de dicha reincorporación.

Artículo 94º.- Cese temporal Se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente: 94.1. Causar perjuicio al estudiante o a la universidad.

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94.2. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de docente, sin la correspondiente autorización.

94.3. Abandonar el cargo injustificadamente.

94.4. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio universitario.

94.5. Asimismo, el docente que incurra en una falta o infracción, habiendo sido sancionado, previamente en dos (02) ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal.

94.6. El cese temporal es impuesto por el órgano de gobierno correspondiente.

94.7. Otras que se establecen en el Estatuto.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Separación Temporal en el servicio hasta por 3 años. Que consiste en una suspensión más o menos extensa de la labor docente, sin derecho a remuneraciones, pero conservando la relación laboral.

Desde el punto de vista de su finalidad, se puede considerar como una Sanción Correctiva, por cuanto se encaminan a enmendar la conducta del docente.

Artículo 95º.- Destitución Son causales de destitución la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como muy grave, las siguientes: 95.1. No presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa justificada.

95.2. Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

95.3. Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la universidad.

95.4. Haber sido condenado por delito doloso.

95.5. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria, así como impedir el normal funcionamiento de servicios públicos.

95.6. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave.

95.7. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.

95.8. Concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga.

95.9. Por incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada a su función docente de tres (3) clases consecutivas o cinco (5) discontinuas.

95.10. Otras que establezca el Estatuto.

Comentario

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Que consiste, finalmente, en la expulsión del servicio público docente, dando por terminada la relación laboral.

Es una Sanción Depurativa, toda vez que pretende sanear la planilla docente, expulsando a aquellos servidores que se han hecho indignos de continuar en el ejercicio docente.

Las sanciones de separación temporal o definitiva y la inhabilitación no impiden el otorgamiento de la Pensión de cese o jubilación. Vale decir que un profesor sancionado puede pedir su cese y obtener la pensión que le corresponda, siempre que reúna los requisitos para ello.

En el caso de los Docentes que son sancionados por Delito Doloso ante el Órgano jurisdiccional competente esta debe ser mediante Sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada. En virtud del Respeto de la Presunción de la Presunción de Inocencia.

Artículo 96°.- Remuneraciones Las remuneraciones de los docentes de la universidad pública se establecen por categoría y su financiamiento proviene de las transferencias corrientes del Tesoro Público.

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La universidad pública puede pagar a los docentes una asignación adicional por productividad, de acuerdo a sus posibilidades económicas.

Las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se homologan con las correspondientes a las de los Magistrados Judiciales.

Los docentes tienen derecho a percibir, además de sus sueldos básicos, las remuneraciones complementarias establecidas por ley cualquiera sea su denominación. La del docente no puede ser inferior a la del Juez de Primera Instancia.

Los docentes de las universidades privadas se rigen por lo establecido en la presente Ley y en el Estatuto de su universidad.

Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt

Comentario

Sobre la escala remunerativa que corresponde a los profesores ordinarios se han dado diversos conflictos y es que la ley expresamente señala en su artículo 53: Las remuneraciones de los profesores de las Universidades públicas se homologan con las correspondientes a las de los Magistrados Judiciales… La del Profesor Regular no puede ser inferior a la del Juez de Primera Instancia.

Sobre este punto hay un amplio debate por cuanto el mencionado artículo no llegó a cumplirse en la práctica y para el 2004, por la Décima Disposición Final de la ley Nº 28427, publicada el 21 Diciembre de ese año, en el marco de la ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público y en tanto se implemente la Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, se suspendió lo dispuesto en el presente artículo, lo que generó un gran movimiento gremial de los docentes a lo largo y ancho del país, conllevando a que al año siguiente dicha suspensión fuera dejada sin efecto mediante el Artículo 1 de la ley Nº 28603, publicada el 10 Setiembre 2005 y que representó un avance en el tema de la homologación prometida, pero que a la larga ha devenido en un derecho simbólico .

La polémica que surge por no acatarse el artículo 53 de la Ley Universitaria se vio reforzada por las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional como la del Proceso de Cumplimiento interpuesto por el rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, José Artemio Olivares Escobar, recaída en el EXP. N.° 1951-2003-AC/TC, así como la sentencia 0023-2007-PI/TC, Proceso de inconstitucionalidad interpuesto por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú y más de cinco mil ciudadanos contra los Decretos de Urgencia 033-2005 y 002-2006, los cuales iban a reglamentar los dispuesto por la ley Nº 28603, por cuanto dichos decretos resultaron contrarios en ciertos extremos al sistema jurídico, proponiéndose que la equiparación de los salarios de los profesores universitarios al amparo del artículo 53 debería hacerse bajo el siguiente criterio.

La polémica que surge por no acatarse el artículo 53 de la Ley Universitaria se vio reforzada por las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional como la del Proceso de Cumplimiento interpuesto por el rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, José Artemio Olivares Escobar, recaída en el EXP. N.° 1951-2003-AC/TC, así como la sentencia 0023-2007-PI/TC, Proceso de inconstitucionalidad interpuesto por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú y más de cinco mil ciudadanos contra los Decretos de Urgencia 033-2005 y 002-2006, los cuales iban a reglamentar los dispuesto por la ley Nº 28603, por cuanto dichos decretos resultaron contrarios en ciertos extremos al sistema jurídico, proponiéndose que la equiparación de los salarios de los profesores universitarios al amparo del artículo 53 debería hacerse bajo el siguiente criterio.

La lucha por el cumplimiento de dicha homologación a la fecha continua, por cuanto el Poder Ejecutivo, justificando razones de índole presupuestaria, se ha excusado de cumplir cabalmente con el programa de homologación, el cual constituye un derecho establecido por la ley.

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CAPÍTULO IX ESTUDIANTES Artículo 97° - Estudiantes Son estudiantes universitarios de pregrado quienes habiendo concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella.

Los estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad así como de los programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión y se encuentran matriculados.

En ambos casos se sujetan a lo dispuesto en los estatutos correspondientes. Los estudiantes extranjeros no requieren de visa para la matricula; la misma que debe regularizarse antes del inicio del semestre lectivo siguiente.

Comentario

Ramos Fernández André

Estudiante se puede definir como, aquella persona que se desempeña como alumno de un centro académico, sea colegio, instituto, universidad, academia, entre otros.

La real academia de lengua española ha definido al estudiante como la persona que estudia en una universidad u otro centro de enseñanza.

La nueva ley está abocado a dos clases de estudiantes: Primero, aquellos de pregrado (estudiantes universitarios que aún no han alcanzado el título profesional), sin embargo cabe destacar que un estudiantes de pregrado puede ser un profesional; que haya estudiado en la misma universidad u otra; en el caso de las universidades públicas, el estudio de una segunda carrera profesional será restringido ya que en este caso ya no gozara del derecho a la gratuidad. Esto está basado en el derecho al acceso a la educación, el cual tiene rango constitucional al ser un derecho humano, el derecho a la educación tiene algunas manifestaciones las cuales han sido establecidas por el tribunal constitucional, y son, a) acceder a una educación, b) la permanencia y el respeto a la dignidad del escolar y, c) la calidad de 3 educación . Para considerar estudiantes de pregrado la ley ha establecido algunos requisitos como; haber concluido sus estudios de educación secundaria, haber obtenido una vacante en el proceso de ingreso a la universidad y estar matriculado en él.

Y los estudiantes de postgrado, que son quieres ya obtuvieron el título profesional y realizan estudios de especialización, para el mejor desenvolvimiento en una determinada área, lo cual va a ser de gran importancia ya que es esta especialización le que convierte a un profesional en un experto en una rama de su profesión, así mismo, esta especialización va a generar mayor desarrollo de investigación y mayor seguridad en la práctica profesional.

Así, la formación profesional, que se realiza de dos formas: la primera tomando como alumno a quien no tiene conocimientos sobre la especialidad y dándole tanto los fundamentos científicos y conceptuales de la materia, como las habilidades para su aplicación práctica; y, la segunda tomando como alumno al profesional ya formado, y actualizándolo en sus conocimientos lo que, muchas veces, suele ser una tarea de envergadura 4 por el rápido desarrollo que tiene el volumen de conocimiento de la humanidad en la actualidad Estas dos clases de estudiantes definidos por la ley deben ser estar sujetos al estatuto correspondiente, que fija los lineamientos, para conseguir los fines y objetivos de un centro de estudios.

Los estudiantes extranjeros no necesitaran de una VISA para la matricula, la cual es una norma entre países para legalizar al estancia y libre tránsito de una persona extrajera, sea esta por convenios nacionales. En este caso la ley se refiere a la visa estudiantil para los efectos de una persona que está matriculada en un centro educativo del país de destino. Como lo dice el nombre, es una visa para estudiar en dicho país. Todo este proceso debe de realizarse antes del inicio del respectivo semestre académico.

A diferencia de la ya derogada ley universitaria 23733, este artículo no ha sufrido cambios de gran relevancia, ya que su interpretación puede colegirse los mismos derechos. Puede señalarse que este articulo a diferencia del artículo 55 de la ya derogada ley, establece en su segundo párrafo que los estudiantes pueden acogerse al régimen de matrícula que mejor deseen, el cual está regulado en el siguiente articulo como proceso de admisión a la universidad.

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Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 04646-2007-AA/TC, fundamento 15.

Marcial Rubio Correa, estudio de la constitución política de 1993, tomo II. Pontificia universidad católica del Perú 1999. Pág. 172

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Artículo 98°.- Proceso de admisión La admisión a la universidad se realiza mediante concurso público, previa definición de plazas y máximo una vez por ciclo. El concurso consta de un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria opcional. El Estatuto de cada universidad establece las modalidades y reglas que rigen el proceso ordinario de admisión y el régimen de matrícula al que pueden acogerse los estudiantes. Ingresan a la universidad los postulantes que alcancen plaza vacante y por estricto orden de mérito.

Las universidades determinan el número de vacantes, con las siguientes excepciones: 98.1. Los titulados o graduados.

98.2. Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro períodos lectivos semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos.

98.3. Los dos (2) primeros puestos del orden de mérito de las instituciones educativas de nivel secundario, de cada Región, en todo el país.

98.4. Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

98.5. Los becados por los Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC) en las universidades privadas societarias.

98.6. Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5 % de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión.

En los casos 98.1 y 98.2 los postulantes se sujetan a una evaluación individual, a la convalidación de los estudios realizados en atención a la correspondencia de los sílabos, a la existencia de vacantes y a los demás requisitos que establece cada universidad.

Las universidades pueden celebrar acuerdos con instituciones de educación superior para la determinación de la correspondencia de los sílabos.

Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología al terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular en el proceso de admisión a las universidades públicas.

Las universidades están obligadas a cumplir lo dispuesto en las leyes especiales sobre beneficios para la admisión a la universidad; y pueden establecer otras formas de acceso conforme a ley.

Comentario

Ramos Fernández André

El acceso e ingreso a la universidad se lograra a través de concurso público, salvo leyes especiales que determinen otra forma de admisión, el concurso publico deberá ser comunicado por la universidad que lo promueve a toda la sociedad, una vez que se haya establecido el número de vacantes o plazas; así mismo, este concurso solo deberá realizarse una vez por ciclo o semestre.

El concurso público que expresa la ley debe de ser un concurso de examen de conocimientos, de forma principal y obligatoria; y de manera complementaria u opcional las universidades podrán establecer otro tipo de exámenes o prueba según sus estatutos siempre que no vulnere los derechos fundamentales recogidos en la constitución; como examen de actitudes y aptitudes Son los estatutos de las universidades quienes determinaban las formas y reglas del concurso público, y de igual manera el régimen de matrícula que pueden escoger los alumnos que hayan obtenido una vacante en el concurso público. Ingresan a la universidad los estudiantes que hayan obtenido una nota satisfactoria, que es establecida por el estatuto de las universidades, esta debe de ser en estricto orden de mérito.

Las universidades serán las únicas quienes determinen el número de ingresantes, en el concurso público, con las siguientes excepciones: (1) titulados o graduados, (2) Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro períodos lectivos semestrales o dos anuales o setenta y dos créditos, (3) Los dos primeros puestos del orden de mérito de las instituciones educativas de nivel secundario, de cada Región, en todo el país, (4) Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto Peruano del Deporte, (5) Los becados por los Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC) en las universidades privadas societarias; y, (6) Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5 % de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión. Para los casos del inciso 1 y 2 los estudiantes deben de estar sujetos a la evaluación y convalidación del syllabus, establecida por cada universidad.

Estos casos de exoneración del concurso público, también fueron establecidos en la ya derogada ley, empero solo en tres de estos casos, la ley beneficiaba y exonera del concurso a los deportistas destacados, becados de programas deportivos y a las personas con discapacidad.

En la práctica, cada universidad decide sus modalidades de acceso, siendo el examen de admisión el más generalizado. Otras formas son: por rendimiento académico en los centros preuniversitarios de las

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universidades a las que se postula, por contar con estudios de bachillerato internacional escolar, por ser persona discapacitada, por ser víctima del terrorismo, por ser héroe de guerra, por convenios internacionales 5 de estudios y por pertenecer a las fuerzas armadas y policiales del país .

No pueden postular al concurso público de proceso de admisión, las personas condenadas por el delito de terrorismo o apología al terrorismo en cualquiera de sus modalidades, esto está fundamentado en razones del interés general y por razones de seguridad pública, ya que no se puede proveer la educación de personas que fomenten el terrorismo.

La ley estable expresamente que las universidades están obligadas a cumplir lo dispuesto en las leyes especiales sobre beneficios para la admisión a la universidad; y de igual manera pueden establecer otras formas de acceso conforme a ley.

Un ejemplo de formas de incorporación de nuevos estudiantes a las universidades peruanas es el caso de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Esta universidad ofrece varias modalidades alternativas de ingreso además del examen de admisión; opciones que no necesariamente implican selección de postulantes. En la década de los años noventa la universidad entabló convenio con los pueblos amazónicos de su zona de influencia, quienes propusieron el "ingreso especial para los estudiantes nativos que concluyeron la secundaria" (Proyecto "HatunÑan", 2003). Así, en 1998 y por espacio de 10 años, la universidad empezó a ofrecer una modalidad especial de admisión a los estudiantes de las comunidades nativas de las cuencas del río Urubamba, Manu y Madre de Dios para su formación profesional. Mediante ella los estudiantes amazónicos seleccionados tenían que cumplir en forma gratuita un curso nivelatorio de actualización de conocimientos previo al inicio de los estudios en las carreras ofertadas. Cabe anotar que el convenio excluía el estudio de Ingenierías, Derecho, Medicina Humana y Odontología. El curso de nivelación 6 reemplazaba a los exámenes regulares de admisión a la universidad .

Artículo 99°.- Deberes de los estudiantes: Son deberes de los estudiantes: 99.1. Respetar la Constitución Política del Perú y el Estado de Derecho.

99.2. Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan.

99.3. Cumplir con esta ley y con las normas internas de la universidad.

99.4. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el principio de autoridad.

99.5. Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones universitarias.

99.6. Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines universitarios.

99.7. Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la institución y rechazar la violencia.

99.8. Matricularse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para conservar su condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para culminar la carrera.

99.9. Los demás que disponga el estatuto de cada universidad.

Comentario

Ramos Fernández André

Los deberes de los estudiantes ya estuvieron establecidos por la ley universitaria 23733 (derogada), es su artículo 57, y la gran diferencia con la actual ley es que, esta última es de clausula abierta, es decir que el estatuto de las universidades podrán disponer otros deberes para los estudiantes, que deben de ir en armonía con la constitución y las leyes de su materia.

El primer deber que la ley estable es (1) el cumplimiento y respeto a la constitución y al estado de derecho, este deber es de marera general ya que no solo es para los estudiantes sino para toda la sociedad en conjunto, el respeto a la constitución es la base del estado constitucional de derecho, a diferencia del policiaco o legal; así también al estado de derecho, que es la obligación de cumplir con todas las leyes del estado según corresponda, y seguidamente los deberes de (2) aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan, (3) cumplir con esta ley y las normas internas de la universidad, (4) respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el principio de autoridad, (5) respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones universitarias, (6) Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines universitarios, (7) Respetar la democracia, practicar la 5 Los sistemas de acceso, normativas de permanencia, y estrategias de tutoría y retención de estudiantes de educación superior, – INFORME NACIONAL PERÚ.

Pág. 8 6 Ibídem. Págs. 11 y 12

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tolerancia, cuidar los bienes de la institución y rechazar la violencia,(9) Matricularse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para conservar su condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para culminar la carrera.

Debemos de indicar que en la anterior ley, el incumplimiento de los deberes tenía gran impacto en la gratuidad de la educación, a diferencia de esta nueva ley, que ha modificado la sistematización y ha cambiado las sanciones a los estudiantes en diferentes dispositivos.

Artículo 100°.- Derechos de los estudiantes: Son derechos de los estudiantes: 100.1. Recibir una formación académica de calidad, que les otorgue conocimientos generales, para el desempeño profesional y herramientas de investigación.

100.2. La gratuidad de la enseñanza en la universidad pública.

100.3. Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico con fines de permanencia, promoción o separación.

100.4. Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda ser sancionado por causa de las mismas.

100.5. Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, a través de los procesos electorales internos, de acuerdo con esta Ley y la regulación que establezca cada universidad.

100.6. Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la universidad.

100.7. Tener en las universidades privadas, la posibilidad de acceder a escalas de pago diferenciadas, previo estudio de la situación económica y del rendimiento académico del alumno.

100.8. Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para las personas con discapacidad.

100.9. Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las actividades académicas y de investigación programadas.

100.10. Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca la Institución Universitaria.

100.11. Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivos o alternos.

100.12. En el caso de las universidades públicas, la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera.

100.13. El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su tesis, para obtener el grado de Bachiller, por una sola vez.

100.14. Los demás que dispongan el Estatuto de la universidad.

Comentario

Ramos Fernández André

La derogada ley universitaria no reconocía tantos derechos a los estudiantes como lo hace la nueva ley, que reconocía casi solo un tercio de la actual ley, y de igual manera que la anterior este artículo es de clausula abierta.

Los estudiantes tienen derecho a (1) recibir una formación académica de calidad, que les otorgue conocimientos generales, para el desempeño profesional y herramientas de investigación, por educación de calidad ha sido definido en referencia a dos principios: “el primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo el sistema, y por consiguiente su éxito en este ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que ha recibido”; y, “el segundo hace hincapié en el papel que desempeña la educación en la promoción de actitudes y los valores relacionados con una buena 7 conducta cívica, así como las condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando .

De esta manera, amplitud de acceso y calidad de la oferta educativa, son dos exigencias constitucionales de primer orden que no pueden ser desatendidas y entre las que hay que privilegiar un razonable equilibrio. Así, en procura de garantizar el acceso a la educación, no es posible permitir y menos aún promover la apertura indiscriminada de centros educativos que no garanticen ciertos estándares de calidad educativa. Como tampoco resulta razonable que ante la constatación de la baja calidad de la educación impartida, el Estado opte por la llana prohibición de la apertura de centros educativos. En ambos casos, el Estado estaría Cfr. UNESCO 2004, Rapportmondial de suivi sur EPT Educationpourtous, L´exigence de qualite 2005, Editions UNESCO, París, p. 461. De ello toma nota el Ministerio de Educación (cfr. Ministerio de Educación. Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015, Perú. Hacia una educación de calidad con equidad, septiembre, 2005, p. 101).

7

59

renunciando a cuando menos uno de los deberes impuestos por el Constituyente, y en ese sentido, decantándose por una alternativa que, aunque quizá sencilla, se encontraría también sensiblemente alejada del razonable equilibrio antes referido. Todo accionar del Estado debe estar orientado a garantizar el derecho 8 fundamental de acceso a una educación de calidad.

(2) Derecho a la gratuidad de la enseñanza en la universidad pública, El precepto es concreto y directo.

Donde el Estado sea capaz de brindar el servicio educativo adecuado, la educación es gratuita. No se cobra directamente la prestación de los servicios a los educandos. Cualquier persona debe tener libre acceso a estas entidades públicas, siempre que reúna los requisitos correspondientes Lógicamente, la realidad no puede ser reducida a una concepción simplista como es la de pretender comprender que exista un servicio que pueda resultar gratuito, salvo para aquel que lo recibe, y esto aún es discutible, pues además de que por sí mismo genera un costo, el receptor paga en parte ese costo 9 indirectamente Así mismo, (3) Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico para determinar el grado de permanencia, así como su promoción o separación, (4) Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, en ejercicio de libre expresión, sin que pueda ser sancionado por causa de las mismas, siempre que no afecte el derecho de otros (5) Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, a través de los procesos electorales internos, de acuerdo con esta Ley y la regulación que establezca cada universidad según su estatuto, (6) Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la universidad, y así poder participar en los procesos de carácter público que reconoce el estado (7) Tener en las universidades privadas, la posibilidad de acceder a escalas de pago diferenciadas, previo estudio de la situación económica y del rendimiento académico del alumno, esto directamente relacionado con el derecho de acceso y promoción de la educación, (8) Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para las personas con discapacidad, (9) Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las actividades académicas y de investigación programadas, (10) Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca la Institución Universitaria, (11) Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivos o alternos, creemos que el legislador ha determinado de manera acertada este periodo de tiempo, ya que el tiempo promedio de estudio profesional es de 5 años, dando la ley la facultad de poder reservar la matricula en casi la mitad del tiempo, en caso contrario esto vulneraria el derecho a los demás de acceder y tener una vacante en la universidad,(12) En el caso de las universidades públicas, la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera, (13) El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su tesis, para obtener el grado de Bachiller; esperemos que de ahora en adelante este dispositivo de cumpla, al ya estar determinado taxativamente por la ley, pues muchos docentes universitarios han visto una oportunidad para poder lucrar a costa del derecho de los estudiantes, que tienen el derecho a contar con un asesoramiento gratuito, técnico y científico en la sustentación de una tesis, la cual es un fin de la educación universitaria de formación científica y tecnológica.

Artículo 101°.- Sanciones: Los estudiantes que incumplan los deberes señalados en la presente Ley, deben ser sometidos a proceso disciplinario y son sujetos a las sanciones siguientes: 101.1. Amonestación escrita.

101.2. Separación hasta por dos (2) períodos lectivos.

101.3. Separación definitiva.

Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente, de acuerdo al Estatuto y según la gravedad de la falta, bajo responsabilidad.

Comentario

Ramos Fernández André

Las sanciones recogidas por la ley son las mismas que la anterior ley universitaria, ya derogada.

Una sanción es una consecuencia o padecimiento, expresada en la ley, por la infracción o incumplimiento de una norma jurídica. En este caso, las sanciones por el incumplimiento de los deberes estudiantiles, son de carácter administrativo

8 9

Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 00017-2008-PI/TC, fundamento 14.

La constitución comentada, tomo I, gaceta jurídica, diciembre 2006. Pág. 487.

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Amonestación escrita; no es propiamente una sanción, sino más bien un remedio preventivo, mediante una amonestación se hace presente alguna cosa para que se considere, procure o evite; a veces, por vía de corrección disciplinaria bien un preaviso y una condición de infractor, expresando los motivos o hechos por el cual se le envía, así como también la fecha de la comisión de la infracción; así mismo, la amonestación tendrán una pena establecida por el órgano de gobierno correspondiente, el cual debe establecerlo de forma razonable y proporcional, de conformidad con el estatuto de la universidad correspondiente.

La separación provisional, es una de las sanciones que estable la ley, que será establecida por el incumplimientos de alguno de los deberes establecidos, esta separación tiene carácter provisional, es decir por un tiempo determinado, no pudiendo exceder a 2 periodos lectivos, se impondrá esta sanción cuando la infracción sea de mediana gravedad la cual debe ser establecida por el órgano de gobierno correspondiente La separación definitiva, solo puede darse en casos de que la infracción cometida revierta una alta gravedad, por ejemplo usar las instalaciones de la universidad para la venta de drogas, o alterar grave e irremediablemente instalaciones de la universidad. El proceso disciplinario que conlleve a una separación definitiva debe de llevar consigo el respeto irrestricto al derecho de defensa, y que se desarrolle con todas las garantías de un debido proceso administrativo; de igual manera solo podrá imponer la separación definitiva el órgano de gobiernos correspondiente, de acuerdo con el estatuto y las leyes correspondientes.

Artículo 102º.- Matrícula condicionada por rendimiento académico.

La desaprobación de una misma materia por tres veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la universidad. Al término de este plazo, el estudiante sólo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez procede su retiro definitivo.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no impide que el Estatuto de la universidad contemple la separación automática y definitiva por la desaprobación de una materia por tercera vez.

Comentario

Ramos Fernández André

El presente artículo es una novedad en la actual ley, ya que la ya derogada ley no regulo de manera alguna la matricula condicionada según el rendimiento académico del estudiante.

Parte de una amonestación al estudiante por el bajo rendimiento académico que tiene, respecto a una materia o curso determinado, y en caso de reincidir en este déficit, se prescribe una sanción severa, que será la expulsión del estudiante de la universidad.

El estudiante que desapruebe una misma materia por 3 veces, de forma consecutiva o no, será suspendido temporalmente por un año, se debe de entender un año natural, ya que la ley no se refiere a 2 semestres académicos, los cuales se llevan en la mayoría de casos en menos de 1 año. Al cabo de esta sanción el alumno podrá regresar al centro de estudios, empero, en este nuevo ciclo solo podrá matricularse en el curso o materia que desaprobó en el ocasiones anteriores, es decir será la única materia que desarrolla en dicho ciclo.

Si bien esta sanción tiene por objeto persuadir en los estudiantes el correcto desarrollo de la actividad académica, y de esa manera no caer en un abuso del derecho a la educación, esta es muy excesiva, pues es suficiente con la suspensión de un año, por haber desaprobado 3 veces una misma materia, y no así la restricción de matricularse en los demás cursos al término de la sanción, pues debe de tenerse en razón que también es responsabilidad del estado fomentar el desarrollo académico e imaginativo, pues en este caso, no siempre será responsabilidad del estudiante, sino también es responsabilidad del docente quien debe de ayudar a comprender, aprender y desarrollar de manera satisfactoria la realización de la asignatura.

Así mismo, el dispositivo en comentario, establece que si un estudiante desaprobara por cuarta vez la misma materia, se le retirara de forma definitiva del centro de estudios, esto es comprensible ya que si una vez un estudiante suspendido, durante un año, no ha tomado las medidas responsables para el correcto desarrollo y aprendizaje, de la materia desaprobada, de forma personal; la sanción pertinente será la separación definitiva de la universidad, pues el estado no puede soportar por largo tiempo a los estudiantes quienes tienen un marcado desinterés por el aprendizaje de las materias. Con esto, se ha hecho caso a las críticas de algunos sectores de la sociedad universitaria de expulsar a los estudiantes eternos, quienes prolongan su estadía gratuita en la universidad, para realizar actividades extra estudiantiles, en las universidades.

Finalmente en el segundo párrafo, la ley indica que la matrícula condicionada por rendimiento académico, no impide que el estatuto de la universidad contemple la separación automática y definitiva por la desaprobación de una materia por tercera vez, esto es la reglamentación particular de cada universidad, quien podrá disponer la separación de un estudiante por desaprobar por vez tercera una misma materia.

61

Artículo 103°.- Requisitos para ser representante de los estudiantes Los alumnos pueden participar como representantes en los diversos órganos de gobierno de la universidad. Para ello, deben ser estudiantes de la misma casa de estudios, pertenecer al tercio superior de rendimiento académico, contar con por lo menos treinta y seis (36) créditos aprobados y no tener una sentencia judicial condenatoria ejecutoriada.

Quienes postulen a ser representantes estudiantiles deben haber cursado el periodo lectivo inmediato anterior a su postulación en la misma universidad. No existe reelección en ninguno de los órganos de gobierno para el periodo inmediato siguiente.

Los representantes estudiantiles no pueden exceder del tercio de número de miembros de cada uno de los órganos de gobierno.

El cargo de representante estudiantil no implica ninguna retribución económica o de cualquier índole, bajo ningún concepto.

Comentario

Ramos Fernández André

Los estudiantes tienen el derecho de poder participar las elecciones para ser representantes en los órganos de gobierno de la universidad, este articulo ya estaba reconocido de forma similar en la ya derogada ley universitaria, la forma de acceder a un cargo de representación estudiantil está determinada por esta ley y especialmente por los estatutos de las universidades.

Los actuales procedimientos para la elección de miembros de los órganos de gobierno de las universidades públicas y asociativas favorecen el corporativismo y el clientelaje, factores nocivos para la democratización y eficiencia de la gestión. La elección indirecta de autoridades permite que los miembros de los órganos colegiados (Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria), encargados de designarlos, no existiendo canales de comunicación regular con los representados o mecanismos de fiscalización y revocatoria efectivos, adquieran una cuota de poder y decisión pasible de negociación en una 10 lógica clientelista y de escasa transparencia que mina la legitimidad del gobierno universitario Para poder ser representante estudiantil, se exige ciertos requisitos que son indispensables, como: (1) deben ser estudiantes de la misma casa de estudios, (2) pertenecer al tercio superior de rendimiento académico, (3) contar con por lo menos treinta y seis créditos aprobados y (4) no tener una sentencia judicial condenatoria ejecutoriada.

Además, los estudiantes deben de haber cursado el ciclo inmediato anterior a la postulación en la misma universidad, no solo requiere matricula, sino que como mínimo deba de matricularse a 12 créditos, para mantener su condición de regular.

Se ha prohibido la reelección inmediata de todo estudiante en cualquier órgano de gobierno, para el periodo inmediato siguiente.

Así mismo, Los representantes estudiantiles no pueden exceder del tercio de número de miembros de cada uno de los órganos de gobierno, como son; el Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria.

El cargo de representante estudiantil no goza de ninguna retribución económica o de cualquier índole (regalos, promesas, artefactos, etc.) bajo ningún concepto.

Artículo 104°.- Incompatibilidades de los representantes de los estudiantes Los representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad están impedidos de tener cargo o actividad rentada en ellas durante su mandato y hasta un año después de terminado éste. Se efectúa una excepción en el caso de ser asistente de docencia o de investigación.

No puede ser representante ante los órganos de gobierno de más de una universidad en el mismo año lectivo.

Los representantes de los órganos de gobierno no deben aceptar, a título personal o a favor de sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, subvenciones, concesiones, donaciones y otras ventajas de parte de los promotores y autoridades universitarias.

10

La universidad en el Perú, razones para una reforma universitaria: informe 2006. Dirección de coordinación universitaria, ministerio de educación.

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Comentario

Ramos Fernández André

La incompatibilidad que la ley expresa está fundamentado en razones de alto compromiso y desarrollo institucional que deben de desarrollar los representantes estudiantiles en los órganos de gobierno de las universidades, esta prohibición está dirigida a las actividades o cargos rentados que el estudiante tenga durante su mandato, y hasta un año después de terminado este, y este último por las influencias que podría generar en contra de la universidad para favorecerse asimismo o a terceros.

Sin embargo la propia ley ha determinado una excepción y es cuando un estudiante sea asistente de docencia o de investigación.

Los estudiantes no pueden ser representantes ante los órganos de gobierno de más de una universidad en el mismo año electivo Otra prohibición, es que los representantes de los órganos de gobierno no deben aceptar, a título personal o a favor de sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, subvenciones, concesiones, donaciones y otras ventajas de parte de los promotores y autoridades universitarias, lo cual será sancionado según la presente ley y el estatuto correspondiente, las cuales podrán ser amonestaciones, separación provisional o definitiva según la gravedad de la infracción; así mismo, estas infracciones no están exentas de responsabilidad civil o penal según sea el caso.

La Corte Suprema, a través del Recurso de Nulidad Nº 1923-2012-Piura, señala que “la relación de los acusados con el ejercicio de funciones públicas y su deber de protección con el objeto jurídico del delito de cohecho, los vincula con el delito en cuestión como sujetos activos”.

Con este pronunciamiento se ha establecido que los miembros del Consejo Universitario también ejercen función pública.

Al respecto, la Corte Suprema aclara que el Consejo Universitario forma parte de un organismo del Estado y, en consecuencia, sus miembros desarrollan funciones públicas como, por ejemplo, el examen de admisión de una universidad nacional.

Por estos motivos, a sus miembros también se les exige no infringir los deberes en sus funciones. Es decir, que los estudiantes miembros del Consejo Universitario realizan también una función pública como parte de un organismo del Estado.

En consecuencia, ellos también son responsables penalmente por cualquier acto de corrupción que cometan 11 durante su permanencia en el Consejo

CAPÍTULO X DE LOS GRADUADOS Artículo 105° - Graduados.

Son graduados quienes han culminado sus estudios en una universidad y reciben el grado correspondiente de dicha universidad, cumplidos los requisitos académicos exigibles. Forman parte de la comunidad universitaria.

Comentario

Ramos Fernández André

Egresado o graduado es aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y ha obtenido un título o graduación académica, normalmente de rango universitario.

Según el diccionario de la RAE, el concepto adquiere un contenido más amplio, en cuanto que no se ciñe sólo al ámbito universitario, pues para la RAE egresado es la persona que sale de un establecimiento docente después de haber terminado sus estudios.

La universidad ha sido así definida como una comunidad de profesores alumnos y graduados. Esta es la organización tradicional de la Universidad y la que reconoce la Constitución en el Perú. Tradicionalmente y la Ley Universitaria vigente así lo establece es esta comunidad la que toma las decisiones institucionales de acuerdo a una organización predeterminada Dentro de dicha organización participan los representantes de los promotores Este concepto no ha sido claramente definido en la legislación existente pero siempre se ha dicho que ellos 12 son quienes ponen capital en una universidad y tienen derecho a parte de las decisiones que tome.

11Véase, 12

http://laley.pe/not/840/miembros-del-consejo-universitario-tambien-cometen-cohecho.

Marcial Rubio Correa, estudio de la constitución política de 1993, tomo II. Pontificia universidad católica del Perú 1999. Pág. 175

63

Se trata de un precepto que muchas veces ha sido mal interpretado. El concepto y significado de una norma no necesariamente se traduce en aquel que pudiera haber sido elegido por sus proponentes.

Se ha dicho también que la universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados porque estas personas son las que comúnmente conforman los órganos de decisión de la misma. Asimismo, se propuso que los promotores participasen en ella como un reconocimiento residual a su labor de organización. Sin embargo, tal pensamiento pertenece a una concepción superada por la realidad 13 circundante a nivel nacional e internacional, y ciertamente, amparada en las leyes vigentes.

La ley afirma que solamente las universidades otorgan los grados académicos de bachiller, maestro y doctor, y el título profesional de licenciado, este último a Nombre de la Nación.

La obtención del bachillerato ya no es automático al culminar los estudios, y el título profesional se obtiene a través de varias modalidades: a) A la presentación y aprobación de la tesis; b) Después de ser egresado y haber prestado servicios profesionales durante tres años consecutivos en labores propias de la especialidad, previa presentación de un trabajo que asigne la universidad, c). Cualquier otra modalidad que la universidad 14 indique.

La entrega de del grado correspondiente está a cargo de las universidades conforme al cumplimiento de los requisitos académicos exigidos y requisitos formales para su tramitación, todo esto conforme al estatuto correspondiente de la universidad.

Artículo 106°.- Creación de la Asociación de Graduados.

Las universidades pueden tener una Asociación de Graduados debidamente registrados; con no menos del 10% de sus graduados en los últimos diez (10) años.

Su creación debe ser oficializada por resolución del Consejo Universitario y ratificada por la Asamblea Universitaria. Debe cumplir con los requisitos para la formación de Asociaciones contemplados en el Código Civil y demás normas pertinentes.

Su estatuto y su reglamento de infracciones y sanciones son aprobados en la asamblea de creación de la Asociación de Graduados.

Comentario

Ramos Fernández André

Este dispositivo es otra novedad en la presente ley, pues antes no estaba regulado el derecho a libre asociación de los graduados en las universidades, sino solo su convocatoria cuando era pertinente para su participación en los órganos de gobierno. Así las universidades pueden tener una asociación de graduados que estén debidamente registrados, en padrones a cargo de la autoridad universitaria correspondiente, la cual no debe de ser menor al diez por ciento del número total de graduados en los últimos diez años.

La creación y reconocimiento de la asociación de graduados debe de ser oficializada por resolución del consejo universitario y ratificado por la asamblea universitaria.

Esta asociación debe de cumplir los requisitos para la formación de asociaciones, para lo cual se debe de recurrir al código civil peruano.

Así, el artículo 8º de código civil prescribe que: La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo El derecho de asociación (reconocido por la Constitución en su artículo 2, inciso 13) constituye uno de los más importantes mecanismos que el ordenamiento jurídico proporciona a los ciudadanos para que, en forma conjunta, lleven a cabo las actividades de participación política, educativa, social, cultural o deportiva necesarias para un adecuado desarrollo de las personas y de la comunidad en general. Este derecho permite a quienes tengan intereses comunes agruparse, de manera estable y permanente, alrededor de un fin no 15 lucrativo para desarrollar y potenciar tales actividades. (FERNÁNDEZ FARRERES) .

Fernández Segado Expresa que este derecho se configura a su vez, en dos vertientes: una positiva y otra negativa. La primera, llamada también libertad positiva de asociación, es la libertad de todas las personas de constituir una asociación o de integrantes a otra, siempre y cuando cumpla con los requisitos de admisión exigidos. La vertiente negativa, o libertad negativa de asociación, es la contrapartida de la anterior y significa la posibilidad de retirarse de una asociación, que tiene una persona o de no asociarse si no lo desea, siendo violatorio de su derecho constitucional, cualquier intento de afiliación obligatoria a una asociación, puesto que la pertenencia a una asociación constituye un acto que se integra, también, dentro de los ámbitos de la 16 autonomía personal .

La constitución comentada, tomo I, gaceta jurídica, diciembre 2006. Pág. 495.

Los sistemas de acceso, normativas de permanencia, y estrategias de tutoría y retención de estudiantes de educación superior – informe nacional Perú – .Proyecto ACCEDES. 15 Código civil comentado, tomo I – Título preliminar, personas y acto jurídico, gaceta jurídica. Abril 2008.

16 Fernández Segado. El sistema constitucional español.

13 14

64

El estatuto y su reglamento de infracciones y sanciones son aprobados en la asamblea de creación de la Asociación de Graduados

Artículo 107°.- Funciones de la Asociación de Graduados La Asociación de Graduados es un ente consultivo de las autoridades de la universidad. Su presidente o representante tiene voz y voto en los órganos de gobierno. Tiene las siguientes funciones: 107.1. Estrechar los vínculos de confraternidad entre los graduados.

107.2. Fomentar una relación permanente entre los graduados y la universidad.

107.3. Promover y organizar actividades científicas, culturales, profesionales y sociales, en beneficio de sus asociados y de los miembros de la comunidad universitaria.

107.4. Contribuir con la búsqueda de fondos y apoyo a la universidad.

107.5. Apoyar económicamente, en la medida de sus posibilidades, a los estudios de alumnos destacados de escasos recursos económicos.

107.6. Las demás que señale el Estatuto.

Comentario

Ramos Fernández André

Las asociaciones tienen como objeto ser un ente consultivo de las autoridades universitarias, quien preside la asociación de graduados tiene voz y voto en los órganos de gobierno de las universidades. Este objeto debe de estar dirigida a coordinar las actividades económicas, éticas y especialmente académicas dentro de la universidad con acuerdo de los órganos de gobierno la asociación tiene como una de sus funciones el fortalecer los vínculos de confraternidad con todos los graduados que conforman la comunidad universitaria; desarrollar actividades dinámicas y permanentes entre los graduados y toda la universidad, es decir con los estudiantes, docentes, y autoridades universitarias; promover y organizar actividades científicas, culturales, profesionales y sociales, esto en beneficio de todos los integrantes de la asociación, y de los miembros de la comunidad universitaria en especial con los estudiantes; buscar fondos y realizar actividades de apoyo a la universidad; contribuir con aportes económicos, en la medida de sus posibilidades, a los estudios de los alumnos más destacados, alto rendimiento académico, y que sean de escasos recursos; y por último la ley establece que serán también funciones de la asociación de graduados aquellas que determine la correspondiente universidad.

Artículo 108°.- Elección de los directivos de la Asociación de Graduados La directiva de la Asociación de Graduados está conformada por siete miembros, provenientes de, al menos, tres facultades. Ninguno de los miembros de la directiva puede desempeñar la docencia u otro cargo dentro de la universidad.

Los cargos directivos tienen una duración de dos (2) años. No hay reelección inmediata, ni rotación entre los cargos. Su estatuto señala el procedimiento de elección del representante ante los órganos de gobierno.

Comentario

Ramos Fernández André

La elección de los representantes o directivos de la asociación de graduados está establecida únicamente por el estatuto correspondiente de cada casa de estudios La directiva estará conformada por siente miembros, los cuales deben de ser por lo menos de tres facultades distintas, así mismo ninguno de los miembros de la directiva podrá tener cargo dentro de la universidad, o desempeñar la docencia dentro de la misma.

El tiempo para ejercer un cargo directivo tiene una duración de dos años, está prohibida la reelección inmediata, así como la rotación entre los cargos directivos.

Artículo 109º.- Calidad del ejercicio profesional.

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La universidad y los Colegios Profesionales deben mantener una actitud vigilante en cuanto a la calidad del ejercicio profesional de sus afiliados, y deben establecer mecanismos orientados a supervisar y promover el ejercicio eficiente de su profesión.

Comentario

Ramos Fernández André

La calidad académica no es una abstracción, sino un referente social e institucional y sus resultados tienen que ser analizados, no sólo en términos cognoscitivos y conductuales, sino en cuanto a la producción intelectual y científica, y cómo dan respuestas a las universidades, a las necesidades planteadas por el 17 encargo social La universidad tiene el deber de vigilar la calidad profesional de sus afiliados, desde el inicio de los estudios hasta el ejercicio dela profesión, cuando aún formen parte de la comunidad universitaria; para ello la universidad establecerá mecanismos para supervisar y promover el ejercicio eficiente de su profesión Los colegios profesionales también cumplen deberes de vigilancia en pro del ejercicio de una alta calidad profesional. En su rol de ente fiscalizador, tiene la función de establecer, desde un punto de vista deontológico o ético, los parámetros del ejercicio profesional de sus agremiados, con la posibilidad de instaurar los procesos disciplinarios correspondientes a quienes incurran en inconducta profesional o cometan actos contrarios a la ética profesional y a los principios y fines que como institución persigue, contando con la atribución de imponer las sanciones a quienes resulten responsables. Por otro lado, cuenta con un rol de ente de especialización, destinado a fomentar el desarrollo educativo y científico de la carrera profesional. La existencia de los colegios profesionales facilita al Estado la supervisión de la práctica profesional como consecuencia de la culminación de la educación universitaria, constituyéndose en entes autónomos y 18 vigilantes del desarrollo de la profesión.

CAPÍTULO XI LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Artículo 110°.- Recursos económicos Son recursos económicos de la universidad pública los provenientes de: 110.1. Los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del Tesoro Público.

110.2. Los propios directamente obtenidos por las universidades, en razón de sus bienes y servicios.

110.3. Las donaciones de cualquier naturaleza y de fuente licita, siempre que sean aceptadas por la universidad pública.

110.4. Los recursos por operaciones oficiales de crédito externo con aval del Estado.

110.5. Los ingresos por leyes especiales.

110.6. Los recursos provenientes de la cooperación técnica y económica - financiera, nacional e internacional.

110.7. Por la prestación de servicios educativos de extensión, servicios de sus centros preuniversitarios, posgrado o cualquier otro servicio educativo distinto.

110.8. Los demás que señalen sus Estatutos.

Comentario

Dante Heredia

La clasificación de la universidades se rige por el criterio respecto a cómo son promovidas; si por entidades públicas o privadas –distinción originada en el texto constitucional – centrémonos por ahora en el análisis del ámbito económico de la universidad pública peruana. Salta a la vista la diferencia entre la Ley N° 23733 y la reciente Ley N° 30220, respecto al incremento de fuentes de ingresos para las universidades públicas – ocho en lugar de tres de la anterior ley: Las asignaciones provenientes del tesoro público; las que provenían por concepto de leyes especiales; e ingresos propios como se establecía en el artículo 77° – pero antes de un análisis exegético, la seriedad de estos comentarios exigiría hablar de la

17Albornoz

O. La calidad de la educación superior. La cuestión de la productividad, rendimiento y competitividad académica del personal docente y de investigación en América Latina y el Caribe. Documento de Trabajo Comisión 2. Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. La Habana: CRESALC, UNESCO, MES, 1996:8 18Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 03954-2006-PA/TC, fundamento 9.

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situación económica de la universidad pública peruana, someramente claro está porque lejos de querer agotar la exposición y la discusión del modelo idóneo de la universidad; aproximarnos a lo lejos a una respuesta eficaz a la pregunta “¿Cuán 19 profunda en realidad es la crisis de la educación pública peruana?” hecha por BURGA , centrándonos en un análisis meramente jurídico, resultaría falaz.

El presupuesto de las universidades públicas ha venido incrementándose considerablemente en los últimos años, sólo entre 2006 y 2010, el presupuesto conjunto de casi cuatro decenas de universidades había pasado de 1665 a 2346 millones de soles20, esta última cifra es para el año 2014 sólo el presupuesto de las 13 universidades con más recursos21. Desde luego, como acertadamente podría objetarse “Desde el punto de vista de las estadísticas, si una persona recibe mil dólares y otra persona no recibe nada, cada una de esas dos personas aparece recibiendo quinientos dólares en el cómputo del ingreso percápita”22, Lo disparejo de los recursos de las universidades es una constante. Para el año 2012 por ejemplo el presupuesto de apertura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, fue de poco más de 67 millones de soles23 para 7,436 alumnos y 547 docentes en 23 escuelas profesionales el cual puede ser calificado por cualquiera como un monto alto, pero esto es relativo, si mirábamos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ambas recibieron 295 y 239 millones de soles ese mismo año teniendo 28,645 alumnos en 58 escuelas y 16,374 alumnos en 53 escuelas respectivamente. En la otra cara de la moneda tengamos en cuenta además que hay universidades púbicas con mucho menor presupuesto como la Universidad José María Arguedas, que ese mismo año recibió apenas 7 millones de soles, en Apurímac24 Para no ser repetitivos, demos por sentado que la universidad peruana no es competitiva en comparación a sus pares latinoamericanos25 ¿Cuál es el motivo? Entre el más preocupante podemos señalar la incapacidad de las universidades públicas para ejecutar completamente su presupuesto. Para el año 2009 había solo cuatro universidades que gastaron todo.

Las 31 universidades restantes no lo pudieron hacer. San Marcos, de nuevo, ejecutó el 92% de su presupuesto asignado; lo que podría parecer bien. Pero si este porcentaje lo convertimos en cifras absolutas tenemos que dejó de gastar 24 millones, lo cual es más del 70% del presupuesto de la UNASAM. Esta situación se vuelve dramática cuando constatamos que la UNSAAC de Cusco y la U. de Cajamarca, ricas en canon, habían ejecutado solamente el 48 y 43%, respectivamente, de 26 sus presupuestos 2009 . Según conclusiones del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación-CEDEP la 27 UNASAM sólo llegó a ejecutar, el 53% de su presupuesto el 2007, el 61% en el 2008, el 63% el 2009 y el 71% en el 2010 .

Este crecimiento decae en el año 2012 cuando la UNASAM sólo ejecuta el 51.1%, el año 2013 solamente el 23.4% de su presupuesto y hasta agosto del año en curso sólo el 19% de su presupuesto correspondiente al 2014. En los años 2011, 2012 y 2013 la UNSAAC ejecutó 40.7%, 31.6%, 32.4%, respectivamente; en los mismo años San Marcos ejecutó 91.6%, 93.3% y 85.9%. La UNSA de Arequipa ejecutó en el mismo periodo 88.7%, 68.5%, 74.8% y la UNT en Trujillo 68.8%, 71.6% y 72.2%.28. El año 2013, sólo DOS de las universidades con más presupuesto lograron ejecutar más del 90% de sus recursos: la Universidad Altiplano que ejecutó el 92% de su presupuesto y la Universidad Pedro Ruiz, ejecutó el 91 %; diferentes escenarios, un mismo patrón: universidades sin capacidad de ejecutar su presupuesto29, entonces, la crisis de la universidad pública ya grave cuando miramos la calidad académica, las gestiones erráticas, la ausencia de planes

Manuel BURGA DÍAZ, Cifras de una crisis, La República, 01-04 (2010), pág. 1 y sigs. (http://www.larepublica.pe /columnistas/aproximaciones/cifras-de-unacrisis-01-04-2010) 19

20

Manuel BURGA DÍAZ, Cifras de una crisis…, op. cit. pág. 1 y sigs.

21 Según el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas, la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco con S/. 449 millones, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con S/414 millones, y la Universidad Nacional de Ingeniería con S/.269 millones, son las tres universidades nacionales con mayor presupuesto 2014; no obstante, diez centros superiores más, cuentan con un presupuesto que superan los S/.100 millones.

22

Eduardo GALEANO, Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Siglo XXI de España Editores. S.A., 2° edición, Madrid, 1998, pág. 35

23Presupuesto 24

Institucional de Apertura de la UNASAM 2012 – (Gastos Corriente: 43,234031.00 y Gastos de Capital: 24,407,356.00)

Cifras tomadas del II Censo Nacional Universitario 2010

El Perú ocupa un lugar detrás de países como Puerto Rico, Cuba y Uruguay, teniendo respectivamente 8, 3 y 9 veces la población de estos países, si se toma en cuenta además la superficie geográfica ( que tiene correlación con los recursos naturales) el territorio peruano es 130 veces la superficie de Puerto Rico. Asimismo, la producción de documentos en el año 2010 habría sido de 1825, entretanto España habría producido 208 078 el mismo año y Brasil 178 765 Vid. Jaime LUYO, La Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad Peruana en el Siglo XXI,Competitiveness and SustainableDevelopmentInstitute, Scimago Instituciones Ranking 2010, pág. 1 y sig; TheShanghai Ranking Expanded, ubica recién en el puesto 139 de las universidades iberoamericanas a una universidad Peruana (http://dicits.ugr.es/rankinguniversidades/wp-content/uploads/2014/05/Shanghai-Ranking_EXPANDED_Iberoamericanas_2013-.pdf) pero veamos esto a un mayor nivel. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC de España en los últimos años viene dando a conocer el Ranking Mundial de Universidades, en donde de 19,403 Universidades registradas a nivel mundial, señalaba MALLQUI MORENO: “Es penoso reconocer que el Perú dentro de las “Top 1,000” solo tenga posicionado dos universidades: la Pontifica Universidad Católica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicados en los puestos 841 y 876 respectivamente. Recién en las “Top 5,000” se ubican a 14 universidades más. Llama la atención que dos de las universidades que perciben más ingresos por concepto de canon minero estén ubicado en los últimos lugares: La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y la Universidad Nacional de Cajamarca ubicadas en el los lugares 8,519 y 8,973 a nivel mundial y 46 y 50 a nivel nacional respectivamente” En Richard MALLQUI MORENO, “Ranking de Universidades” 30-04 (2014), pág. 1 y sigs. (http://erickmallqui.blogspot.com/p/ranking-deuniversidades.html - 16/06/12). Igualmente el ranking ScimagoLabubica la primera universidad peruana en la posición 94 a nivel de Latinoamérica y 152 a nivel de Iberoamérica entre los años 2007-2011 (http://www.scimagoir.com/pdf/SIR%20Iber%202013%20Peru.pdf).

25

26

Manuel BURGA DÍAZ, Cifras de una crisis…, op. cit. pág. 1 y sigs.

27CEDEP,

REPORTE REGIONAL Nº 13 Balance Anual 2010 “Vigilancia de las Industrias Extractivas” Primera Edición, 2011, pág. 32.

28

Cifras oficiales correspondientes al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas.

29

Ídem.

67

estratégicos y de investigaciones trascendentes, palidece cuando nos encontramos con burocracias universitarias 30 ineficientes, lentas y probablemente corruptas .

”Son recursos económicos de la universidad pública los provenientes de: 110.1. Los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del Tesoro Público.

110.2. Los propios directamente obtenidos por las universidades, en razón de sus bienes y servicios.

110.3. Las donaciones de cualquier naturaleza y de fuente licita, siempre que sean aceptadas por la universidad pública.

Comentario

Dante Heredia

Decíamos líneas arriba que una diferencia formal con la Ley N° 23733 radica en el número de fuentes de ingreso de las universidades públicas, en los tres primeros incisos del artículo 110° de la nueva Ley N° 30220, no hay modificación alguna: Los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del Tesoro Público (Las asignaciones provenientes del tesoro público en el artículo 77° inciso a de la anterior norma), los propios directamente obtenidos por las universidades, en razón de sus bienes y servicios (Los ingresos propios en el artículo 77° inciso c de la anterior norma), y finalmente las donaciones de cualquier naturaleza y de fuente licita, siempre que sean aceptadas por la universidad pública. (Los ingresos por concepto de Leyes especiales en el artículo 77° inciso c de la anterior norma).

Pues bien, en primer lugar los recursos ordinarios corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La directiva de tesorería Nº 001-2007-EF/77.1531, nos refiere en su artículo N° 1 “La determinación se realiza sobre la base de la norma legal que autoriza la percepción o recaudación de los fondos, debiendo establecerse el monto, el concepto, e identificar al deudor, con indicación de la fecha en que deberá hacerse efectiva la cobranza correspondiente y, de ser el caso, la periodicidad de la cobranza, intereses aplicables y tratamiento presupuestal de la percepción o recaudación.”.

Habiéndose producido la recaudación, es momento de la asignación a partidas específicas, momento de hablar del proceso por el que pasa el presupuesto desde su concepción en las células básicas del Estado, hasta que concluye con la ejecución del mismo. Este camino se inicia desde que se elabora el proyecto de presupuesto, pasando por su consolidación en el Ministerio de Economía y Finanzas, su aprobación por el Ejecutivo, su sanción por el Congreso, su ejecución por los órganos encargados, hasta su posterior control32.

Las cuatro fases diferenciadas por los autores y la doctrina (en lo concerniente a la dinámica del presupuesto, GARCÍA BELAUNDE33. admite cuatro fases sucesivas, cuales son: la elaboración, la aprobación, la ejecución y el control), permiten observar principalmente dos fases-aprobación y control- son dominadas por el Congreso y otras dos-elaboración y ejecución-son dominadas por el Ejecutivo. Así, esta distribución de competencias implica necesariamente una separación de funciones ya que están constitucionalmente reconocidas unas al Legislativo y otras al Ejecutivo, trayendo de la mano una coordinación casi inevitable, entre ambos, dentro de las distintas fases del ciclo presupuestario y una irrenunciabilidad 34 de competencias. .El desarrollo normativo de los recursos ordinarios de las universidades lo hallamos encuentra sustento en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411, cuyo artículo 8.2 se refiere a: (i) la Ley de Presupuesto del Sector Público.

En segundo lugar, por recursosdirectamente obtenidos por las universidades, en razón de sus bienes y servicios debemos entender a los ingresos generados por las entidades públicas de educación superior y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros (cobro de matrículas o servicios de enseñanza de idiomas extranjeros, como ejemplos más específicos); así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.

En tercer lugar, por donaciones de cualquier naturaleza y de fuente lícita, siempre que sean aceptadas por la universidad pública, han de entenderse a los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país (para el establecimiento de un museo, donaciones de libros, bibliotecas, equipos computarizados o laboratorios especializados). Se consideran también las transferencias provenientes de las entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

30

Manuel BURGA DÍAZ, Cifras de una crisis…, op. cit. pág. 1 y sigs. directiva de tesorería Nº 001-2007-EF/77.15del 27 de enero del 2007. Normas Oficiales, Diario Oficial “El Peruano”, Lima, pág. 3.

31La 32

Domingo GARCÍA BELAUNDE, El Derecho Presupuestario en el Perú, Luis Alfredo Ediciones. Lima, 1998, pág. 157 y sig.

33

Domingo GARCÍA BELAUNDE, El Derecho Presupuestario en el Perú…, op. cit. pág. 157 y sig.

34 Sin embargo, el carácter exclusivo de la iniciativa del Poder Ejecutivo en la formulación del presupuesto tiene una excepción importante. Esta es la contenida en el artículo 145 de la Constitución, el cual señala que: "El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso". Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en la demanda de conflicto de competencia interpuesta por el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo, interpretó que es "(...) competencia del Poder Judicial presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo, sin que este último lo modifique, para su posterior sustentación ante el Congreso de la República" (las cursivas son nuestras). Ello quiere decir que el carácter exclusivo de la iniciativa en materia presupuestal del Poder Ejecutivo tiene dos excepciones importantes. La primera de ellas es la referida al presupuesto del Congreso. La Constitución de manera explícita le otorga a este la facultad de elaborar y aprobar su propio presupuesto. La segunda excepción está recogida en el artículo 145, y se llega a ella a raíz de la sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional a la que hemos hecho referencia. En EXP. 004-2004-CC/TC (www.tc.gob.pe/jurisprudencia /200S/0004-2004-CC.html)

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Ahora bien, somos de la opinión que aquellas percepciones por concepto de canon minero de determinadas universidades 35 pueden ser ubicables en este tercer rubro . (Aunque ciertamente podría objetarse que los ingresos por Canon podrían ser consideradas en el rubro “ingresos por leyes especiales.” creemos por este rubro el legislador se refería a partidas presupuestales dadas en situaciones de emergencia a ciertas universidades, por otro lado para una mejor sistemática podría haber sido más correcta una denominación aparte llamada “Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones”). De acuerdo al artículo 1 de la Ley del Canon, aprobada mediante Ley N° 2750636: "El canon es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales", de ahí que se regule en la propia norma citada el canon minero, el canon petrolero, el canon gasífero, el canon hidroenergético, el canon pesquero y el canon forestal.

Ciertamente, a nivel gramatical, apreciamos que la definición terminológica no coincide plenamente con la noción legal porque, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la sexta acepción de canon es "percepción pecuniaria convenida o estatuida para cada unidad métrica que se extraiga de un yacimiento o que sea objeto de otra operación mercantil o industrial, como embarque, lavado, calcinación, etc."37. Lo destacable del canon es que, como acota OTÁROLA PEÑARANDA38, permite redistribuir los ingresos fiscales y favorecer a la población de los territorios en los que se ubican los yacimientos naturales; podemos observar la razón comprensible en que se fundamenta tal derecho, aunque claro está ello no siempre es entendible, especialmente por aquellas circunscripciones que carecen de valiosos recursos naturales o que distan ostensiblemente de circunscripciones aledañas. Ahora bien, las 3 universidades del Perú con mayor asignación de canon minero son la cusqueña San Antonio Abad (UNSAAC), cuyo monto por canon acumulado al 2011 era de S/.233´464.800 y las ancashinas Santiago Antúnez de Mayolo y Del Santa ambas con 150 millones39. Evidentemente no son las únicas. Desde el 2004, y de manera acumulativa, una treintena de universidades públicas, ubicadas en los departamentos que generan canon, reciben el 5% de ese beneficio. Dinero que según ley deben destinar “exclusivamente a la investigación científica y tecnológica que potencie el desarrollo de sus respectivas regiones”40. Desde luego, la recepción de canon en una universidad, no acaba con los problemas de la misma pero sin duda otorga una gran ventaja sobre 41 universidades ubicadas en departamentos que no reciben canon. Señalaba MARCOS GARFIAS del Instituto de Estudios Peruanos: “Se requiere invertir en fortalecer las capacidades de investigación de todas las universidades públicas, reciban o no canon”, criterio indiscutible. Tengamos en cuenta además que el canon y regalías, aunque parezcan importantes no lo son en realidad, pues constituyen –en promedio- poco más del 10% del ingreso de las Universidades Públicas (donaciones y transferencias) un 30% son recursos propios (recursos directamente recaudados) y un 60% viene del tesoro público (recursos ordinarios)42, siendo de este último rubro de donde se pagan los salarios a los docentes, personal administrativo y obligaciones sociales principales.

Si bien señalábamos líneas arriba que el presupuesto conjunto – y de cierta forma también particular – de las universidades se ha venido incrementando, pero ello no es tan bueno como parece. Por ejemplo del apreciable incremento del 41% en menos de cinco añosde 1665 a 2346 millones (entre el 2006 y el 2010) notamos que este se diluye cuando examinamos, por ejemplo, el presupuesto de San Marcos que había pasado en esos años de 232 a 294 millones, reduciéndose el incremento al 20%, porcentaje que más bien refleja el cumplimiento parcial de la homologación43. El otro 20% del incremento parece estar destinado a las universidades públicas nuevas. Entonces, si descontamos la inflación de estos cuatro años, el incremento para la mayoría de las públicas simplemente desaparece. Finalmente – pero no menos desalentador - cuando analizamos las partidas genéricas de cada presupuesto y constatamos que el 80% va a gastos corrientes, remuneraciones de activos y cesantes y solamente un 20% para gasto de capital, incluyendo inversiones en infraestructura, es decir, salvo en edificios, la universidad sólo consume el dinero obtenido sin posibilidad de inversión que pueda ser sostenible y rentable en el tiempo.

110.4. Los recursos por operaciones oficiales de crédito externo con aval del Estado.

110.5. Los ingresos por leyes especiales.

110.6. Los recursos provenientes de la cooperación técnica y económica - financiera, nacional e internacional.

110.7. Por la prestación de servicios educativos de extensión, servicios de sus centros 35

De la misma opinión parece ser BURGA. Vid. Manuel BURGA DÍAZ, Cifras de una crisis…, op. cit. pág. 1 y sigs.

36

Ley del Canon, aprobada mediante Ley N° 27506 de fecha 09 de junio del 2001.

37

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo segunda edición, Madrid, 2001.

38

Alberto OTAROLA PEÑARANDA, La Constitución explicada. Editora Osbac, Lima, 1997, pág. 140.

39Daysi 40 41

42

LUQUE ARAPA, Proyecto de Vigilancia Universitaria, Primera Edición, 2012.

Ley del Canon Nº 27506 Art. N° 6 Marcos GARFIAS DÁVILA, La Investigación en la universidad pública regional y los fondos del canon, 2004 -2008, Primera Edición, 2010.

Manuel BURGA DÍAZ, Cifras de una crisis…, op. cit. pág. 1 y sigs.

43Este

importante incremento en el salario de nuestros docentes universitarios se explica por la paralización de 6 meses, de las universidades públicas en el 2009, que nos hace recordar a la vez a noviembre de 2005 en que, luego de violentas movilizaciones callejeras, el 21 de diciembre, se promulgó el D.U. 033, autorizando el Programa de Homologación de los docentes de las universidades públicas. Un programa que debía cumplirse en tres años, sin producir enormes egresos y que además podía presentarse como respuesta al largo incumplimiento del Artículo 53 de la anterior ley universitaria que homologa las remuneraciones de los profesores universitarios con las correspondientes de los magistrados judiciales. Manuel BURGA DÍAZ, Hombres de la Educación, La República, 10-12 (2009), pág. 1 y sigs. (http://www.larepublica.pe/columnistas/aproximaciones/hombres-de-la-educacion-10-12-2009)

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preuniversitarios, posgrado o cualquier otro servicio educativo distinto.

110.8. Los demás que señalen sus Estatutos.

Comentario

Dante Heredia

Respecto a estas nuevas formas de obtener ingresos por parte de las universidades públicas, quizá toque decir que eran innecesarias normativamente. Somos de la opinión que cada una de ellas podía haber sido introducida en otras de las descritas líneas arriba.

Probablemente la excepción como novedad de la presente ley sea el artículo 110.4 de la nueva ley que establece: “Los recursos por operaciones oficiales de crédito externo con aval del Estado.” Este punto merece una mención especial. Se ha escuchado muchas veces, a los líderes políticos (alcaldes provinciales, distritales y regidores) hacer comentarios como que el presupuesto institucional no es suficiente para realizar proyectos de envergadura, que tengan impactos favorables y que resuelvan necesidades de la población más vulnerable, inclusive los recursos propios que generan algunas municipalidades rurales también resultan insuficientes. Pues lo mismo ocurre en el caso de la universidad. Una de las formas de obtener mayores recursos, es el del financiamiento con los bancos, pero se debe tener en cuenta que este financiamiento, es un préstamo que a la larga la universidad tiene que devolver, pero precisamente porque hay universidades con bajos ingresos por recursos ordinarios, y aun cuando sumamos los ingresos obtenidos por cuenta de la propia universidad no es suficiente para construir una obra de envergadura y precisamente porque el dinero requerido no es fácil de juntar nuevamente es improbable reembolsarlo solo en un ejercicio, sino se requiere un plazo mayor para que la entidad pueda cumplir con la obligación del préstamo. En tal sentido, es necesario saber cuáles son los requisitos que exige el Banco de la Nación para acceder a una operación de endeudamiento mayor a un año. Y además de los requisitos del banco, se requiere cumplir con otros, exigidos por la Contraloría General de la República. Por la naturaleza del trabajo no entraremos en dichos detalles estrictamente establecidos Ley N° 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento y su Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento Decreto Supremo N° 034-2012-EF. De cierta forma podríamos decir que específicamente esta fuente de ingreso, comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de líneas de crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales.

El ejemplo que tomábamos de las municipalidades es el modelo básico respecto a los créditos de esta naturaleza. Ahora bien, la constitución establece que los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal44. Sin embargo, en la práctica, es muy difícil que los gobiernos municipales logren préstamos importantes sin el aval del Gobierno Central, el cual generalmente es requerido por las instituciones internacionales. Somos de la idea de que por muy innovadora que parezca este nuevo dispositivo legal ocurrirá lo mismo que en caso de las municipalidades. RUBIO CORREA se refiere a esto último en los siguientes términos: "Si bien la norma funciona en teoría, en la práctica es muy difícil que lo haga, porque siempre los municipios necesitarán del aval del Gobierno Central si quieren obtener recursos cuantiosos. Sus rentas son muy reducidas como para aspirar a préstamos importantes". Entretanto se requiera el aval del estado, como lo sigue exigiendo esta norma, el problema únicamente se reproduce, siendo en nuestra opinión esta aparentemente novedad legislativa para obtener financiamientos para la universidades públicas un instrumento con un error inherente poco útil en la práctica.

Artículo 111°.- Patrimonio universitario Constituyen patrimonio de las universidades públicas los bienes y rentas que actualmente les pertenecen y los que adquieran en el futuro por cualquier título legítimo. Las universidades públicas pueden enajenar sus bienes de acuerdo con la ley; los recursos provenientes de la enajenación sólo son aplicables a inversiones permanentes en infraestructura, equipamiento y tecnología.

Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al fin que persigue la universidad y a la voluntad expresada por el benefactor o donante.

Deberán ser usados según el espíritu que se hizo y concordantes con los fines de la universidad.

Comentario

Dante Heredia

Líneas arriba afirmábamos respecto a las partidas genéricas que – en promedio - el 80% va a gastos corrientes, remuneraciones de activos y cesantes; y solamente un 20% para gasto de capital, principalmente infraestructura. Pues bien, este es principalmente el patrimonio de la universidad pública peruana. El artículo en estudio guarda una relación directa – en su redacción y contenido - con el artículo 83° de la anterior ley universitaria que tenía el siguiente texto “Constituyen patrimonio de las Universidades los bienes y rentas que actualmente les pertenecen y los que adquieran en el futuro por cualquier título legítimo. Las Universidades pueden enajenar sus bienes de acuerdo a ley; los recursos provenientes de la enajenación sólo son aplicables a inversiones permanentes, muebles o inmuebles. Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al régimen establecido por el donante o causante según 44 Conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las operaciones de crédito con cargo a los recursos y bienes propios de las municipalidades requieren de la aprobación de la mayoría del número legal de miembros del concejo municipal correspondiente.

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el caso.” El artículo materia de análisis hace una referencia a los dos componentes del patrimonio de la universidad, por un lado los bienes y por otro lado las rentas. Pero establezcamos algo: “Bien es toda entidad, material o inmaterial, que es tomada en consideración por la ley, en cuanto constituye o puede constituir objeto de relaciones jurídicas. Los bienes se distinguen de las cosas. Las cosas, en términos jurídicos, son los objetos materiales de valor económico que son susceptibles de ser apropiados, transferidos en el mercado y utilizados por las personas con la finalidad de satisfacer necesidades. El concepto de bien es más amplio; comprende a las cosas (bienes corporales) ya los derechos (bienes inmateriales). Este es el sentido de bien que utiliza el Código Civil.”45Es en este sentido que al tenor del artículo 886°del Código Civil en la clasificación que de los bienes se realiza, ya se había incluido a las rentas dentro del concepto de bienes muebles. Sería similar a afirma: Son bienes indispensables por el oxígeno que producen los árboles y los quenuales. El legislador en una redacción asistemática y descuidada repite conceptos en la redacción del presente artículo, ocurriendo lo mismo con la adquisición (con título legítimo de por medio), de los bienes adquiridos en el futuro, siendo nuevamente repetitiva las cualidades que a la traditiole atribuye nuestra legislación. Los bienes han sido revestidos con determinadas características, las que podrían ser resumidas en a) El bien es diferente al sujeto; b) El bien es un concepto que tiene relevancia jurídica. Lo que es indiferente al ordenamiento legal no es bien. c) El bien proporciona utilidad. Los bienes deben ser útiles a los hombres en sus relaciones sociales. d) Los bienes son susceptibles de apropiación; e) El tráfico de los bienes debe ser lícito. f) Los bienes pueden ser futuros. Los bienes pueden no tener existencia presente. De hecho, el Código Civil permite la compraventa de bienes futuros (artículo 1532). g) Los bienes tienen valor económico.46 Respecto al enunciado: “Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al fin que persigue la universidad y a la voluntad expresada por el benefactor o donante.” De alguna manera esto también sigue el precepto señalado ex – ante por el Código Civil sustantivo. Esto es tanto una sujeción constitucional a los fines que orienta el actuar universitario por un lado, pero por otro total consecución con los fines a los cuales les orientó su benefactor o donante (que también ha sido materia de interpretación constitucional), en el sentido que, ha de ser respetado estrictamente la voluntad del testador,ello es así atendiendo a que confluyen una serie de intereses merecedores de una tutela especial.

Así, en el orden individual patrimonial se tiene el correspondiente al titular fallecido, y a su posibilidad de determinar más allá de la muerte el destino de sus bienes; de orden familiar, respecto a la distribución del patrimonio del fallecido; y los de orden colectivo en el mantenimiento del orden público constitucional (confiabilidad del régimen testamentario, satisfacción de las deudas del causante y exacción del impuesto sucesorio).47Si habiéndose producido la donación de determinados bienes, no puede dárseles un destino diferente ¿No afecta esto el ejercicio pleno del derecho a la propiedad?

Si bien, esto merecería un análisis más profundo que por la naturaleza de este trabajo no podemos realizar, señalaremos que el Tribunal Constitucional48 peruano se ha pronunciado al respecto: “Este Tribunal considera que quien recibe un bien sujeto a un cargo no puede sentirse despojado o amenazado en su derecho constitucional a la propiedad porque se quiera hacer cumplir el cargo, por cuanto su propiedad soporta esta modalidad del negocio jurídico testamentario que le ha sido impuesta, precisamente, por quien sin estar obligado legalmente a ello, decidió dejarle en herencia los bienes. No obstante, corresponderá determinar infra, cuál es la naturaleza y los alcances exactos de dicho cargo.”.

En opinión propia este artículo no fue elaborado teniendo en mente un caso particular (el conflicto de la Pontificia Universidad Católica del Perú contra el Arzobispado de Lima por ejemplo49) pues la redacción es parecida al texto de la norma precedente. Quedará el análisis del caso en mención para un momento posterior cuando toquemos el tema de la universidad privada. Finalmente respecto al precepto del siguiente artículo: “Deberán ser usados según el espíritu que se hizo y concordantes con los fines de la universidad.” Pues bien por mandato constitucional "la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica" Pero claro, el texto nos remite a los fines de la educación universitaria y no a los fines de las instituciones. Así, encontramos que a lo largo de los artículos constitucionales ni en la ley universitaria recientemente promulgada no se hace mención a un fin específico de las instituciones educativas. Antes de verificar el ejercicio de una libertad a nivel constitucional e institucional (en este caso la de brindar el servicio de educación) debemos primero tipificar el fin de la institución.50 Los fines de una institución deben ser considerados como los objetivos básicos y fundamentales para su desenvolvimiento en sociedad. En primera instancia, la institución se debe a estos fines y es por ellos mismos por los cuales adquiere importancia para el Derecho.

45 46

Francisco AVENDAÑO ARANA, Código Civil Comentado. Tomo V. Derechos Reales. Gaceta Jurídica. 2006, pág. 25.

Francisco AVENDAÑO ARANA, Código Civil Comentado. Tomo V. Derechos Reales. Gaceta Jurídica. 2006, pág. 29.

Sentencia emitida el 17 de marzo del 2010 por la mayoría del Tribunal Constitucional en el caso 3347-2009 PA/TC, sobre el recurso de amparo interpuesto por la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Fundamento 13)

47

Sentencia emitida el 17 de marzo del 2010 por la mayoría del Tribunal Constitucional en el caso 3347-2009 PA/TC, sobre el recurso de amparo interpuesto por la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Fundamento 20) 49 Como se recuerda, en el 2007, el señor Walter Muñoz Cho, miembro designado por el Arzobispo de Lima para integrar la Junta Administradora de los bienes de don José de la Riva-Agüero y Osma, comunicó al rector exigencias que excedían sus facultades y comprometían derechos constitucionales de la Universidad.

48

Ante esta situación, la PUCP inició una acción de amparo para proteger sus derechos a la propiedad, a la autonomía universitaria y al respeto de los acuerdos.

Vid.En defensa de la PUPC. Apostillas a la sentencia del Tribunal Constitucional. Fondo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2010.

Max SALAZAR GALLEGOS, La constitución comentada. Análisis comentado artículo por artículo. Obra colectiva escrita por 117 juristas del país, director Walter Gutiérrez, tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, pág. 494.

50

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Artículo 112°.- Sistema de presupuesto y de control Las universidades públicas están comprendidas en los sistemas públicos de presupuesto y control del Estado.

Comentario

Dante Heredia

Nos encontramos frente a un cambio respecto al anterior sistema de control. Veamos el antecedente del presente artículo – que ciertamente abordaba más contenido – lo constituía el artículo 86° de la Ley N° 23733 con el siguiente texto: “las Universidades Públicas están sujetas al Sistema Nacional de control. También lo están las Universidades Privadas en cuanto a la asignación que reciben del Estado. La Asamblea nacional de Rectores puede ordenar la práctica de auditorías destinadas a velar por el recto uso de los recursos de las Universidades. Dentro de los seis meses de concluido el período presupuestal, las Universidades Públicas rinden cuenta del ejercicio a la Contraloría General, informan al Congreso y publican gratuitamente en el diario Oficial el balance respectivo. Las Universidades Privadas rinden análoga cuenta y proporcionan igual informe por la asignación del Estado. Publican su balance con la misma gratuidad en el Diario Oficial. El incumplimiento de éstas normas determina la suspensión del pago de la asignación fiscal hasta que se regularice la situación.”

Centremos nuestro análisis a la posibilidad de control por parte del Estado. Anteriormente esta función le correspondía a la Asamblea Nacional de Rectores, las universidades públicas estaban sujetas al Sistema Nacional de control. Este es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule.51 La Contraloría General, se erige como ente técnico rector de este sistema. En el Perú, el sistema de control gubernamental se aplica sobre el funcionamiento de los sistemas administrativos de los recursos públicos y sobre los sistemas funcionales; comprendiendo las estructuras de Control Interno del sector público; así como, por el régimen de responsabilidad que estipula y está previsto en el marco legal y normativo de los funcionarios y servidores públicos. Esta es la razón por la que las universidades tenían dentro de sí oficinas de control interno, que si bien orgánicamente dependían de las propias universidades, funcionalmente eran dependientes de la Contraloría General.

Ahora bien, con el nacimiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, es este el órgano encargado. No olvidemos que la propia ley universitaria, confiere esa capacidad a este organismo: “Fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines educativos, en el marco de las normas vigentes sobre la materia y en coordinación con los organismos competentes, con el objetivo de mejorar la calidad.”52 En un Estado Democrático de Derecho el control de las finanzas públicas es una de las manifestaciones nucleares del balance de poderes. Asimismo, la fiscalización de las finanzas públicas influye en el diseño de las políticas públicas, para vigilar su implementación y combatir la mala administración estatal y la corrupción53. Pues bien esta función es desarrollada por la Contraloría, que es definida por la Constitución de 1993 como una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. A la que se le asigna como competencias constitucionales supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

Artículo 113°.- Asignación presupuestal Las universidades públicas reciben los recursos presupuestales del Tesoro Público, para satisfacer las siguientes necesidades: 113.1. Básicos, para atender los gastos corrientes y operativos del presupuesto de la universidad, con un nivel exigible de calidad.

113.2. Adicionales, en función de los proyectos de investigación, de responsabilidad social, desarrollo del deporte, cumplimiento de objetivos de gestión y acreditación de la calidad educativa.

113.3. De infraestructura y equipamiento, para su mejoramiento y modernización, de acuerdo al plan de inversiones de cada universidad.

51

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley N° 27785 de fecha 13 de julio del 2002.

52

Artículo 15.7 de la nueva ley universitaria Ley N° 30220.

53

Luis Carlos UGALDE, Vigilando al ejecutivo. Miguel Ángel Porma y Cámara de Diputados. México, 2000, p. 33.

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Comentario

Dante Heredia

Nuevamente la redacción del presente artículo en la nueva ley universitaria repite innecesariamente conceptos – propios del derecho presupuestario, esta vez – que de no haber estado – en la Ley N° 23733 no había un artículo parecido- en nada hubiera afectado el destino del presupuesto de las entidades universitarias. Por la función del presente trabajo deberemos remitirnos a breves definiciones de los términos utilizados en el artículo materia de análisis, para tener de esta manera ciertos conceptos que expliquen ciertos los gastos producidos al interior de los centros de educación superior.

En el artículo se hace referencia a dos clases de gastos; gastos corriente (“Básicos, para atender los gastos corrientes y operativos del presupuesto de la universidad, con un nivel exigible de calidad”) y gastos de capital (“De infraestructura y equipamiento, para su mejoramiento y modernización, de acuerdo al plan de inversiones de cada universidad.”), pues bien, ambos constituyen formas del gasto público. El gasto público, especialmente en sus componentes sociales, representa una de las modalidades a través de las cuales cualquier Estado responsable aspira incidir en mejorar la distribución social y la calidad de vida de la población.

Por gastos corrientes han de comprenderse a todos aquellos gastos para el mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. Son los gastos de consumo y/o producción, la renta de la propiedad y las transacciones otorgadas a los otros componentes del sistema económico para financiar gastos de esas características. Pagos no recuperables de carácter permanente que ejecutan las universidades. Comprenden los gastos en planilla, la compra de bienes y servicios, el pago de intereses, los gastos de defensa y transferencia de estos mismos gastos. Son los gastos destinados al mantenimiento y operación de los servicios que prestan las universidades, p. ej. remuneraciones; pagos por concepto de seguridad social; materiales y útiles de administración; alimentos y utensilios; materias primas y materiales de producción; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; servicio de arrendamiento; servicios comercial y bancario; servicio de mantenimiento, conservación e instalación; servicios de difusión e información; transferencias para el pago de intereses, comisiones, etc. Estos gastos corrientes pueden ser clasificados en: Remuneraciones -comprende el gasto en sueldos y salarios.- donde podríamos incluir la bonificación por escolaridad, los aguinaldos, asignaciones por refrigerio y movilidad y cualquier otra bonificación otorgada a los trabajadores y docentes de las universidades, pero sin llegar a incluir las obligaciones del empleador o cargas sociales (se consideran como transferencias corrientes). Bienes y Servicios – así comprenden estos los pagos como contraprestación.

Por otro lado, por gastos de capital deberemos comprender a los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan con ese, esto es gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado, p. ej. Podemos incluir aquí a los pagos que se hace por: estudios de pre-inversión; ejecución de obras; Estudios de pre-factibilidad Ejecución de obras Contratación de los servicios necesarios, factibilidad, compra de maquinarias y equipo; préstamos y adquisición de valores, etc. Incluye pagos con contraprestación, como son: compra de inmuebles, maquinaria, activos intangibles, etc., y pagos sin contraprestación, como las transferencias de capital. Comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes.

Claro está en el artículo en mención se produce un tercer tópico a ser cumplido de acuerdo a los fines de la universidad “Adicionales, en función de los proyectos de investigación, de responsabilidad social, desarrollo del deporte, cumplimiento de objetivos de gestión y acreditación de la calidad educativa” donde se menciona proyectos de investigación que coadyuven a la acreditación de una específica universidad – y es que actualmente hay un amplio consenso mundial que la acreditación es uno de los mecanismos más eficaces para promover y garantizar la calidad educativa que se expresa en mejores oportunidades – pero somos de la opinión que dichos gastos podrían ser, sin complicación alguna, subsumidos en gastos de capital. Respecto a la proporción de recursos ordinarios, debemos precisar – en promedio - que el 80% va a gastos corrientes, remuneraciones de activos y cesantes y solamente un 20% para gasto de capital, incluyendo inversiones en infraestructura54.

Artículo 114º.- Contribución pública Toda institución universitaria tiene derecho a concursar para la asignación de fondos del Estado, o Fondos Especiales, para el desarrollo de programas y proyectos de interés social. Las universidades ubicadas en regiones con altos índices de extrema pobreza tienen preferente atención para la asignación de estos fondos.

Comentario

Dante Heredia

Este artículo en análisis no tiene similar con disposiciones parecidas en la anterior ley universitaria. Es una materialización del postulado constitucional “se da prioridad a la educación en la asignación de recursos” y es que este es un precepto se explica por sí mismo. La prioridad implica ocuparse primero de la misma y asignarle la mayor cantidad de recursos enrelación a los otros sectores. Somos de la opinión que este es un dispositivo de suma utilidad respecto a la intervención de la universidad en presupuestos participativos, núcleos ejecutores, u algún otro instrumento de gestión.

54

Manuel BURGA DÍAZ, Cifras de una crisis…, op. cit. pág. 1 y sigs.

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CAPÍTULO XII LA UNIVERSIDAD PRIVADA Artículo 115°.- Definición.

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libre iniciativa privada para constituir una persona jurídica, con la finalidad de realizar actividades en la educación universitaria, ejerciendo su derecho de fundar, promover, conducir y gestionar la constitución de universidades privadas. En caso que la promotora tenga fines lucrativos se constituye bajo la forma societaria y en caso no tenga fines de lucro, bajo la forma asociativa.

Para iniciar sus actividades, la promotora debe contar con la autorización de la SUNEDU, de conformidad con las normas y atribuciones que se señalan en la presente Ley. Adicionalmente, se deben sujetar a las siguientes reglas: 115.1. La persona jurídica promotora de la institución universitaria se constituye con la finalidad exclusiva de promover sólo una institución universitaria.

115.2. Las actividades de extensión y proyección social se sujetan a lo establecido por sus autoridades académicas, quienes deben tener en cuenta las necesidades más urgentes de la población de su región.

Comentario

Dante Heredia

Momento de hablar de las universidades privadas peruanas. Partamos por decir que el precepto: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libre iniciativa privada para constituir una persona jurídica, con la finalidad de realizar actividades en la educación universitaria, ejerciendo su derecho de fundar, promover, conducir y gestionar la constitución de universidades privadas.” Encuentra su fundamento constitucional en el artículo 18° de nuestra carta magna, así con el texto: “Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas”. Así se establecerá una clasificación primaria entre públicas y privadas a razón de la persona que lo promueva.

Claro está, si bien es cierto la autorización de funcionamiento no refiere exactamente a las actividades de promoción y conducción que ya han sido explicadas, sí guarda relación con las mismas. En efecto, y es que una entidad necesita ser autorizada a funcionar antes de poder realizar actividades económicas, lo que es previo aun a la conducción. La autorización de funcionamiento no es una única y simple. Se trata de contar con todas las adecuaciones especiales de ley para desarrollar la actividad. En este sentido, pueden existir varios entes encargados de verificar los diferentes aspectos que atañen a estas instituciones, ya sean académicos, de gestión, infraestructura, seguridad, entre otros. Algunas de estas entidades verificadoras y licenciadoras tendrán injerencia nacional, y otras no. Las comunas, por ejemplo, regulan al interior de las circunscripciones territoriales de su influencia las condiciones necesarias para otorgar el licenciamiento correspondiente en lo que a zonificación e infraestructura se refiere, por ejemplo.55 Claro está sería más productivo para los fines del presente trabajo que centremos nuestra atención a aquellos evaluaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ("Para iniciar sus actividades, la promotora debe contar con la autorización de la SUNEDU, de conformidad con las normas y atribuciones que se señalan en la presente Ley.”) y es que precisamente uno de los cambios más radicales de la presente Ley pasa por un cambio en la titularidad del organismo a cargo del otorgamiento de licencias para universidades, funciones que derivarán del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) al ente nombrado anteriormente, dependiendo orgánica y funcionalmente del Ministerio de Educación. Ahora bien lejos las dudas de constitucionalidad que pudiera traer la creación de este nuevo organismo, resulta claro entender que un mayor control en el otorgamiento en el funcionamiento de las universidades es indispensable para una mejora del decadente servicio de educación superior. En palabras de BURGA56 respecto a la situación de la universidad peruana a partir del año 1996 cuando el Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidadesempresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.

Hagamos un poco de historia para apoyar la opinión dada. Como se recuerda, mediante el DL N° 882 se dispuso que aquellas instituciones educativas – no únicamente universidades - que en lugar de distribuir sus utilidades las reinviertan para fines educativos accedían a un crédito tributario equivalente a la misma tasa del impuesto a la renta (30%), que habrían pagado si no hubieran reinvertido. Ese “beneficio” se aplicó a partir del 1 de enero de 1997 pero en el DL N° 882 no se fijó su fin y se tomó en cuenta el Código Tributario, que señala que si no hay plazo será vigente por tres años y sin prórroga, por lo que el beneficio acabó el 31 de diciembre de 1999. Pese a ello, se generó una situación de ambigüedad en

Max SALAZAR GALLEGOS, La constitución comentada. Análisis comentado artículo por artículo. Obra colectiva escrita por 117 juristas del país, director Walter Gutiérrez, tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, pág. 495.

55

Manuel BURGA DÍAZ, La universidad esperada, La República, 09-09 (2011), pág. 1 y sigs. (http://www.larepublica.pe/columnistas/aproximaciones/launiversidad-esperada-09-09-2011) 56

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los años posteriores, pues para las instituciones educativas (desde centros de educación inicial hasta universidades) se consideraba el “beneficio” como permanente.

Ahora bien para “precisar” esa situación el 23 de julio de 2011, el entonces presidente Alan García promulgó la Ley 29766 que señalaba que ese beneficio se “aplica” para la generalidad de las entidades educativas entre los periodos 2000 y 2008, y para los centros de educación técnico productiva (CETPRO) e institutos superiores tecnológicos privados (ISTP) se mantendría la vigencia del beneficio desde el año 2000 en adelante. Claro está los posteriores intentos por derogar esta Ley 29766 no fue gratamente recibida por muchas instituciones educativas, debido a que las consecuencias producidas de haber prosperado esa derogatoria se generaría un efecto retroactivo, ya que se podría facultar a la SUNAT a cobrar con intereses y multas ese crédito que tuvieron las IEP entre los años 2000 y 2008. Pero ¿Cuáles fueron las consecuencias prácticas de estas batidas legislativas? Pues nació una estrecha relación entre los dueños de las universidades-empresa y el poder político57. Esta suerte de nueva estructura de poder se comenzó a construir, con viento muy favorable, desde 1996, con la promulgación del DL 882 en el apogeo del fujimorismo, que legalizó la inversión privada con fines de lucro en educación. Estos “zares” de la educación son hijos de la globalización neoliberal.58 Entre esos zares BURGA59 mencionaba a César Acuña Peralta, su hijo Richard (hoy congresista), Raúl Diez Canseco, Roger Amuruz Gallegos, Fernando Barrio Ipinza, José Luis Elías Ávalos (congresista) y once más. Todos ellos dueños de universidades; pero sin duda faltan los grandes, los zares con avión, como Fidel Ramírez de Alas Peruanas (57.000 estudiantes) y José Antonio Chang de la USMP (31.000). Es así como BURGA60 llegaba afirmaba como conclusión que estos zares, habían controlado el Congreso en los gobiernos de Toledo y García Pérez. En el primero preferentemente el Legislativo, y en el segundo el Legislativo y el Ejecutivo.

Actualmente existen 140 universidades, el 40% de estas universidades ha sido creado en los últimos 25 años, más intensamente desde la promulgación del DL 882 de 1996, que autorizó la inversión con fines de lucro en la educación.

Entonces, crear una universidad, organizarla de acuerdo a este DL, dio inicio a una etapa de crecimiento acelerado de estas instituciones. Por un lado se debe reconocer, como aspecto positivo, que esta multiplicación de universidades ha producido un gran incremento de vacantes, consecuentemente de la cobertura en educación superior. Pero la sombra ha producido 61 un escenario sumamente sórdido para la universidad privada peruana.

Este es el escenario en donde se plantea a la Ley Universitaria N° 30220, como solución a esta álgida problemática, desprendiéndose del artículo en mención que “En caso que la promotora tenga fines lucrativos se constituye bajo la forma societaria y en caso no tenga fines de lucro, bajo la forma asociativa“ Toquemos primero el tema de la asociación. Esta clase de persona jurídica se encuentra regulada en el artículo 80° del Código Civil “La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo”, El derecho de asociación (reconocido por la Constitución en su artículo 2, inciso 13) constituye uno de los más importantes mecanismos que el ordenamiento jurídico proporciona a los ciudadanos para que, en forma conjunta, lleven a cabo las actividades de participación política, educativa, social, cultural o deportiva necesarias para un adecuado desarrollo de las personas y de la comunidad en general. Este derecho permite a quienes tengan intereses comunes agruparse, de manera estable y permanente, alrededor de un fin no lucrativo para desarrollar y potenciar tales actividades. La otra opción, en caso se tengan fines lucrativos lo constituye la creación de una sociedad, lo primero que hay que establecer es que el ente que nos ocupa es en primerísimo lugar "asociación", o sea un ente que se singulariza por ser "una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo" (ver artículo 80). Luego, estamos ante un sujeto que se presupone distinto de sus miembros (los asociados, a los que hace referencia el artículo 125° del Código Civil), que tiene una denominación que la identifica frente a los propios asociados y terceros, un domicilio, un fin determinado (no lucrativo), una organización interna y un patrimonio propio, que la ley, en nuestro concepto erróneamente, llama "fondo común”.

A esta diferencia sustancial se le suman dos requisitos estrictos; que por un lado esta persona jurídica promotora de la institución universitaria privada se constituye con la finalidad exclusiva de promover sólo una institución universitaria, afín de evitar proliferación de universidades dominadas por un mismo grupo promotor y finalmente que las actividades de extensión y proyección social se sujetan a lo establecido por sus autoridades académicas, quienes deben tener en cuenta las necesidades más urgentes de la población de su región.

Artículo 116º.- Bienes y beneficios.

Los bienes y beneficios de la universidad privada se rigen por los parámetros siguientes: 116.1. Los bienes de la institución universitaria se usan exclusivamente para los fines universitarios, y constan en las partidas correspondientes en caso de ser bienes registrables.

Manuel BURGA DÍAZ, ¿A dónde va la universidad peruana?, La República, 27-10 (2011), pág. 1 y sigs. (http://www.larepublica.pe/columnistas/aproximaciones/donde-va-la-universidad-peruana-27-10-2011) 58 Manuel BURGA DÍAZ, ¿A dónde va la universidad peruana?..., op. cit. pág. 1.

57

59

Manuel BURGA DÍAZ, ¿A dónde va la universidad peruana?..., op. cit. pág. 1.

60

Manuel BURGA DÍAZ, ¿A dónde va la universidad peruana?..., op. cit. pág. 1.

En estos momentos se lleva a cabo serias investigaciones respecto a la comisión de fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita, defraudación tributaria, asociación ilícita para delinquir, estafa y lavado de activos que se habrían producido en las interiores de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, manifestándose – en base a un informe del Congreso de la República – que El suspendido rector, Luis Cervantes Liñán, se habría enriquecido ilícitamente – junto con otros 22 funcionarios– de los recursos de esa casa de estudios por aproximadamente 350 millones de nuevos soles. Vid. (http://peru21.pe/impresa/rector-cervantes-y-22-servidores-se-apropiaron-s350-mllns-2191145) 61

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116.2. Los excedentes generados por las universidades privadas asociativas no son susceptibles de distribución o uso fuera de lo previsto por la presente Ley; no pueden ser distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa ni indirectamente.

116.3. Los excedentes que generan las universidades privadas societarias considerados utilidades, están afectas a las normas tributarias del Impuesto a la Renta. Los programas de reinversión son supervisados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT y por la SUNEDU para verificar que éstos contribuyan de modo efectivo al desarrollo académico de la institución.

116.4. Los convenios de cooperación celebrados entre instituciones universitarias y otras personas jurídicas de cualquier naturaleza que tengan por finalidad contribuir a la mejora de la calidad educativa, científica, tecnológica y al desarrollo deportivo del país, gozan de beneficios tributarios, conforme a la legislación pertinente sobre la materia.

Es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y la SUNEDU, en el marco de sus competencias, verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Comentario

Dante Heredia

Al precepto “Los bienes de la institución universitaria se usan exclusivamente para los fines universitarios, y constan en las partidas correspondientes en caso de ser bienes registrables” Nuevamente cómo anotábamos al momento del análisis de la universidad pública, hay determinado espacio interpretativo respecto a los fines que ha de perseguir el sistema universitario en general y aquellos fines y objetivos específicos de cada institución superior. Existe normalmente un fin principal y otros que como anexos al mismo, son considerados accesorios, sea que lo complementen o no. En este sentido, la educación que se imparte en las universidades debe lograr una función integradora, esto es, que debe formar profesionalmente al educando, teniendo en consideración, al mismo tiempo, los fines expuestos. Dado que estos fines le otorgan y caracterizan la naturaleza de la institución universitaria, de tal forma que sea cual fuere el modelo adoptado y los fines propios de cada universidad, en cada caso, todas las universidades gozarán de la misma esencia. Tales son los rasgos que han de perseguirse por parte de los bienes y demás patrimonio de la universidad privada. “Los excedentes generados por las universidades privadas asociativas no son susceptibles de distribución o uso fuera de lo previsto por la presente Ley; no pueden ser distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa ni indirectamente.” Y es que entretanto se pretenda el disfrute de los beneficios propios de las universidades asociativas en materia tributaria es indispensable proteger el patrimonio de la universidad en cuestión. El legislador entiende este hecho como una prioridad que ha de ser protegida con la herramienta más drástica de control social, estableciendo en este caso la posibilidad de configurar conductas delictivas entretanto se destine el dinero de las universidades asociativas a fines eminentemente privados. Desde luego que una afectación al derecho constitucional de iniciativa empresarial como la que venimos desarrollando sería sumamente drástica sin una determinada excepción “Los excedentes que generan las universidades privadas societarias considerados utilidades, están afectas a las normas tributarias del Impuesto a la Renta. Los programas de reinversión son supervisados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT y por la SUNEDU para verificar que éstos contribuyan de modo efectivo al desarrollo académico de la institución.” Así entre tanto los promotores persigan intereses privados lucrativos y hayan adoptado una estructura societaria determinada, deberán cumplir el pago de impuestos en la misma medida que es realizada por una empresa de un rubro diferente, con incumplimiento se daría lugar en algunos casos a infracciones administrativas de índole tributaria y en casos más graves a la configuración de delitos tributarios. Finalmente establece el artículo la competencia del control sobre el cabal cumplimiento del pago de impuestos, especificando esta función sobre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y la SUNEDU, en el marco de sus competencias.

Artículo 117º.- Inafectación y exoneración tributaria La universidad goza de inafectación de impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.

En ningún caso, la inafectación incluye a las personas naturales o jurídicas que, bajo cualquier condición, modalidad o grado, les prestan servicios a las universidades privadas. Tampoco incluye los ingresos generados por actividades ni los gastos no relacionados con el quehacer educativo.

Comentario

Dante Heredia

El artículo en comento, tiene una marcada relación con el mandato constitucional establecido en el artículo 19° de nuestra carta magna: “Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en

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la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.” Este mandado cobra sentido por sí mismo. El Estado es el gran garante constitucional en lo que a educación se refiere, y como tal se ha impuesto una labor que por lo pronto supera sus límites.

En Perú, ya lo hemos acotado, la educación pública superior es de baja calidad. Adicionalmente, esta no cubre la demanda.

Así el legislador apuesta sobre la base de la solidaridad del sector privado, para que sea este último el que preste el servicio en ausencia o defecto del primero ya que conforme a su presupuesto, para el Estado no es posible atender la demanda educativa. La inversión privada es requerida para solventar las actividades educativas y hacerlas eficaces. En su búsqueda de inversión, el Estado ha considerado que no debe imponer barreras de acceso para los diferentes agentes que pretendan ingresar al sector, sino que, por el contrario, debe crear las condiciones que incentiven dicho accionar. Pues bien, es esta la razón de la existencia la inafectación. Así la inafectación es un privilegio tributario de carácter permanente. En este caso, las entidades educativas no son consideradas como sujetos pasivos de ningún impuesto. Obviamente, el beneficio tributario indicado se aplica conforme a las disposiciones legales que regulan la materia; es decir, sobre aquellos sujetos que reúnen las condiciones estipuladas por las normas particulares. Un requisito es que la inafectación sólo favorezca los bienes, actividades y servicios propios de la finalidad educativa. Esto nos abre la posibilidad de reglamentar cuáles serán estos bienes, actividades y servicios. Las instituciones educativas proyectan sus actividades hacia la comunidad, en especial las de nivel superior, prestando servicios y transfiriendo bienes. Estos servicios y bienes, obviamente, deben ser de carácter educativo, pues lo contrario desnaturalizaría el precepto. Esto también quiere decir que en determinadas circunstancias, algunas actividades que presten estos centros educativos pueden no estar sujetas a la inafectación y no por ello estar actuando de manera contraria a Derecho o desnaturalizando su propósito.

Por otro lado, del texto de la nueva ley universitaria se lee que en materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes. Por esto entendemos que en general, las instituciones educativas pueden importar cualquier tipo de bienes, bajo un régimen especial, que favorezca la inafectación de dichas importaciones. Sin embargo, puede establecer excepcionalmente un listado de bienes que no gozarán del beneficio respectivo, por considerarse ajenos a la labor educativa.

El precepto no se encuentra redactado de manera feliz, pues a nuestro pesar, la inspiración debió ser justamente al revés, esto es, establecer un grupo de bienes que sí pudieran ser internados en el país liberados de impuestos.

Artículo 118º.- Promoción de la inversión privada en educación La reinversión de excedentes para el caso de las universidades privadas asociativas y utilidades para el caso de universidades privadas societarias se aplica en infraestructura, equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, capacitación y actualización de docentes, proyección social, apoyo al deporte de alta calificación y programas deportivos; así como la concesión de becas, conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 119º.- Reinversión de excedentes y utilidades 119.1 Las universidades privadas asociativas que generan excedentes tienen la obligación de reinvertirlos en la mejora de la calidad de la educación que brindan.

119.2 Las universidades privadas societarias que generan utilidades se sujetan al régimen del Impuesto a la Renta, salvo que reinviertan dichas utilidades, en la mejora de la calidad de la educación que brindan, caso en el que pueden acceder a un crédito tributario por reinversión equivalente hasta el 30% del monto reinvertido.

Artículo 120º.- Programas de reinversión.

120.1. Las universidades privadas asociativas y societarias deben presentar un informe anual de reinversión de excedentes o utilidades a la SUNEDU y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, para efectos de verificación del cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley. El informe debe contener la información detallada y valorizada sobre las inversiones, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, así como de las donaciones y becas; publicado en su página web. El incumplimiento de las disposiciones de este artículo acarrea la suspensión o el retiro del régimen de reinversión de excedentes, según la gravedad de la falta, y el pago, según el caso, de las multas o las deudas tributarias generadas.

120.2. Los programas de reinversión de utilidades de las universidades privadas societarias deben contener la información sobre la universidad, incluyendo la designación de sus representantes legales y la persona responsable del programa durante su período de desarrollo, la exposición de motivos, el informe de autoevaluación general y la definición de los objetivos del programa, acorde con la finalidad de la presente ley; la información detallada,

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priorizada y valorizada sobre las inversiones, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, las donaciones y el monto estimado y número de becas; así como la declaración de acogimiento al beneficio y el compromiso de cumplimiento de sus disposiciones y del propio programa. Su presentación, ejecución, fiscalización, ajustes, términos y renovación se rigen por las normas sobre la materia.

Comentario

Dante Heredia

La clásica distinción de entidades con o sin fines de lucro está basada en el factor resultante de la organización y reparto de beneficios internos entre los miembros que conforman las universidades societarias, lo que se hace únicamente entre ellos, siendo que en puridad, de acuerdo a su funcionamiento, aisladamente considerados los resultados de la empresa de sus miembros; siempre se buscará el fin de lucro como expresión, de una gestión eficiente y resultado esperado para continuar en actividades. Aún más, en las denominadas personas jurídicas sin fines de lucro denominadas asociativas no existen propietarios con título válido para exigir dividendos, por lo cual no pueden distribuir entre los mismos lo que por de hecho y derecho no les pertenece, como son las utilidades de la institución.

Es en ese sentido que se especifica el destino preciso que deberá tener tanto excedentes y utilidades esto es sumar la capacidad de los gastos de inversión dentro de la universidad privada.

Ahora bien ¿Qué factor es el decisivo para diferencia entre sociedades (con fines de lucro) y asociación (sin fines de lucro)?

No las diferencian sus ingresos. Todas las universidades privadas, asociativas y societarias cobran por su servicio educativo, y las pensiones de las Sin Fines de Lucro no necesariamente son las más bajas. La PUC, Lima, Cayetano Heredia o Pacífico, poseen pensiones iguales o mayores a las universidades con Fines de Lucro, o mejor llamadas Societarias por ser su persona jurídica una Sociedad Anónima. Es decir, el lucro o no lucro no garantiza gratuidad ni pensiones más bajas. Tampoco se diferencian por sus egresos. Todas pagan remuneraciones y pagan los servicios que reciben de terceros. Y las Privadas Asociativas tampoco pagan necesariamente mayores remuneraciones a sus profesores.

Es por ello que docentes de antiguas universidades, privadas y públicas, comparten su labor académica en otras privadas, Societarias o Asociativas. Competencia feliz que ha mejorado la remuneración docente. ¿Cuál es la diferencia entre las privadas Asociativas y las privadas Societarias? Pues simplemente el destino del saldo que surge al restar los Egresos de los Ingresos. Eso se llama Utilidad o Excedente. Las Privadas Asociativas deben reinvertirlo obligatoriamente por ley. Las Societarias están permitidas de retirarlo y repartirlo entre sus accionistas ejerciendo su derecho al lucro, y previo pago del Impuesto a la Renta. Pero si deciden reinvertir la utilidad en su totalidad, es decir, si voluntariamente renuncian al lucro, tampoco hay diferencia entre una Privada Asociativa y la Societaria ya que el destino del excedente será la mejora educativa. ¿Cómo fiscalizar correctamente el monto reinvertido en la propia universidad? La nueva ley universitaria a dispuesto que las universidades privadas asociativas y societarias deben presentar un informe anual de reinversión de excedentes o utilidades a la SUNEDU y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT. Este informe deberá ser sumamente detallado con todo aquello señala líneas arriba.

Artículo 121°.- Facultades y Prohibición de cambio de personería jurídica.

Las universidades privadas deciden su fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación conforme al procedimiento establecido por la SUNEDU. Está prohibido el cambio de personería jurídica de universidades privadas asociativas a universidades privadas societarias.

Artículo 122º.- Régimen de gobierno y de docentes en las universidades privadas.

Las instancias de gobierno de las universidades privadas asociativas o societarias se sujetan a lo dispuesto por su estatuto.

El estatuto de cada universidad define la modalidad de elección o designación de las autoridades, de conformidad con su naturaleza jurídica.

Las autoridades que conforman los órganos de gobierno o las que hagan sus veces, reúnen los requisitos que exige la presente ley.

El estatuto regula el derecho de participación de los profesores, estudiantes y graduados en los órganos de gobierno con respeto a los derechos de los promotores de promover, conducir y gestionar la universidad que fundaron.

El estatuto de cada universidad privada define el proceso de selección, contratación, permanencia y promoción de sus docentes, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la presente ley.

Comentario

Dante Heredia

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La constitución política ha concedida una amplia cuota de autonomía al régimen administrativo y económico a las universidades. Aquella capacidad de autorregularse, ha de sustentar a su vez posibilidades como fusión de universidades privadas, transformación, escisiones (entre tanto no vaya en contra del precepto explicado líneas arriba. “La persona jurídica promotora de la institución universitaria se constituye con la finalidad exclusiva de promover sólo una institución universitaria”). Indudablemente el beneficio en cuanto a tributación es más abrumador en universidades privadas lucrativas que aquellas que no lo son. De donde pueda llegar a pensarse que habiendo incrementado considerablemente los bienes de cierta universidad sin fines de lucro, pueda posteriormente ser viable un cambio de personería lo que provocaría tener grandes universidades que inicialmente no pagaron impuestos en la proporción debida con una considerable capacidad para multiplicar sus ingresos ahora que son instituciones con fines de lucro (sociedades). Es así que el legislador habiendo previsto esa situación ha establecido una prohibición entre el cambio de personería de una empresa sin fines de lucro a una con fines de lucro. Ciertamente no hay duda respecto a que el proceso inverso escapa de esta prohibición.

Respecto al artículo 122°, no podríamos afirmar otra cosa, salvo que es una concretización del mandato constitucional contenido en el artículo 18° de nuestra constitución vigente, que determina que "la universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley" Se trata de un precepto que muchas veces ha sido mal interpretado. El concepto y significado de una norma no necesariamente se traduce en aquel que pudiera haber sido elegido por sus proponentes. Lo cierto es que de la norma bajo comentario no se traduce una definición jurídica plena, que pueda llevar a comprender en su totalidad al ente materia de estudio, ello deberá hacerse a través de un estatuto concreto que regule las actividades de cada una de las universidades. El estatuto es el documento consensuado que, en general, debe recoger los principios que atañen a la institución en los aspectos mencionados por el articulado. El estatuto se verifica como la norma de máximo rango, y como tal, no puede ser contradicha por las normas de rango inferior que se aprueben al interior de la universidad, aun cuando estas últimas sean fruto de la decisión del mismo órgano que aprobó dicho estatuto. Esto se traduce normalmente en reglamentos internos que rigen la totalidad de la vida universitaria.

Ahora bien, la autonomía debe ser entendida dentro del marco legal instituido; es decir, respetando la legislación de la materia. Leyes y normas de rango inferior que se refieran a estos aspectos pueden ser aprobadas, siempre que respeten el principio constitucional, y en este sentido, no impongan sino un marco dentro del cual desenvolverse respetando el Estado de Derecho. El principio se encuentra atenuado según se trate de una universidad pública o de una privada.

Artículo 123°.- Libertad de cátedra y pluralismo académico En todas las universidades privadas, rige la libertad de cátedra y el pluralismo académico, lo que implica que las entidades promotoras, sin importar la persona jurídica bajo la cual estén constituidas o si se adscriben a una confesión religiosa, deben respetar este principio.

Comentario

Dante Heredia

La libertad de cátedra tiene que ver, por un lado, con la libertad de expresión y difusión del pensamiento de la que todos gozamos en cualquier lugar, dentro de los límites de las ley por otro lado, la libertad de cátedra tiene que ver con los fines de cada institución, respetando los preceptos constitucionales y las leyes vigentes sobre la materia. Lo mismo ocurre con la intolerancia que es una forma de discriminación.

Obviamente, la cátedra es libre dentro de los márgenes legales, como ya apuntamos, siempre que cumpla con el objetivo propio de la educación y sus fines. La garantía otorgada, entonces, debe ser entendida dentro del contexto del artículo y el capítulo correspondiente, en particular aquel que tiene que ver con el derecho y deber del Estado de coordinar la política educativa y formular los lineamientos generales de los planes de estudio, así como la supervisión de su cumplimiento y calidad, a todo lo cual hay que sumar los fines de la respectiva institución educativa. No puede interpretar se bajó ningún punto de vista que la libertad aludida implique otorgar libre albedrío para desnaturalizar las materias a tratar, pues estas deben formar parte de un sistema integrado que procure el cumplimient o de los fines ya expuestos.

CAPÍTULO XIII RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Artículo 124°.- Responsabilidad social universitaria: La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y

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dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas.

La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria.

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

“Se hace Indigno del nombre peruano el que no sea justo y benéfico”.

(José Faustino Sánchez Carrión)

La comunidad universitaria integrada por docentes, estudiantes y graduados, tienen el deber de integrarse mediante programas educativos y sociales en beneficio de la colectividad y el compromiso con el desarrollo sostenible.

Siendo el deber de la universidad en ofrecer enseñanza de calidad, no se debe de dejar de lado que sus actores principales se deban de comprometer con la realidad nacional, regional y local, brindando alternativas de mejora, con proyectos de investigación con la participación de la comunidad universitaria.

Artículo 125°.- Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta materia y establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos de responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos efectos.

El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social y lo concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de investigación, de participación el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e institucional, respectivamente.

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

La acreditación siendo el común denominador de toda universidad en aras de mejorar su calidad de enseñanza, debe ofrecer e incentivar mediante un monto de inversión de su presupuesto para lograr tales fines, siendo primordial en invertir en proyectos sociales en beneficio de la población.

CAPÍTULO XIV BIENESTAR UNIVERSITARIO Artículo 126°.- Bienestar universitario Las universidades brindan a los integrantes de su comunidad, en la medida de sus posibilidades y cuando el caso lo amerite, programas bienestar y recreación. Fomentan las actividades culturales, artísticas y deportivas. Atienden con preferencia, la necesidad de libros, materiales de estudio y otros a los profesores y estudiantes mediante procedimientos y condiciones que faciliten su uso o adquisición.

Al momento de su matrícula, los estudiantes se inscriben en el Sistema Integral de Salud o en cualquier otro seguro que la universidad provea, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

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Las universidades promueven políticas públicas de lucha contra el cáncer, mediante la suscripción de los convenios correspondientes. Ello incluye la realización de un chequeo médico anual a todos los estudiantes.

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

Mediante las actividades culturales, artísticas y deportivas se fomenta la creación intelectual basada en valores y en el fortalecimiento de las áreas deportivas.

Para el acceso de materiales de estudio a los estudiantes se deben establecer procedimientos menos burocráticos y brindar un trato adecuado económico y espiritual a los docentes forjadores de la enseñanza universitaria.

Siendo, que el cáncer es la principal causa de muerte, algo novedoso que ofrece esta ley, es el chequeo médico a todos los estudiantes a efectos de prevenir y promover su tratamiento, mediante inscripciones al Sistema Integral de Salud o cualquier otro seguro que disponga la casa superior de estudios, fortaleciéndose mediante convenios instituciones de cooperación.

Artículo 127°.- Becas y programas de asistencia universitaria En las universidades privadas se establecen becas totales o parciales que cubran los derechos de enseñanza, sobre la base de criterios de rendimiento académico, deportivo y situación económica.

En las universidades públicas se puede establecer programas de ayuda para que sus estudiantes puedan cumplir con sus tareas formativas en las mejores condiciones; procurando apoyo en alimentación, materiales de estudio e investigación y otros.

Todos los alumnos universitarios gozan del pasaje universitario, que consiste en el 50% del precio regular ofrecido al público en general.

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

En el sector privado, se establecen criterios de rendimiento académico, deportivo y la situación económica, para efectos de brindar los servicios de becas y programas de asistencia universitaria para los estudiantes y/o profesionales que promuevan la investigación científica, el deporte afianzándose con el desarrollo sostenible.

En el sector público, bajo el sistema presupuestal se debe de establecer primordialmente el apoyo y el fortalecimiento en la alimentación cultura deporte y otros para el mejor desenvolvimiento del estudiante frente a sus adversidades, respaldados con estricto orden de mérito.

Con respecto al pasaje universitario esta se debe regular con mayor efectividad para que se cumpla y no sea letra muerta en las jurisdicciones a nivel nacional de las universidades públicas y privadas con la coerción de imponer sanciones ante su incumplimiento.

Artículo 128°.- Seguro universitario Las universidades pueden ofrecer un seguro a los miembros de la comunidad universitaria.

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

Los integrantes de la comunidad universitaria, con una prioridad para los estudiantes, podrán ser beneficiados con un seguro que ofrezca la universidad o uno que implemente ESSALUD, como parte del derecho al seguro potestativo.

Artículo 129°.- Integración de personas con discapacidad en la comunidad universitaria

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Las universidades implementan todos los servicios que brindan considerando la integración a la comunidad universitaria de las personas con discapacidad, de conformidad con la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

En cumplimiento a la Ley N° 29973, Ley General con Discapacidad, se deben de brindar las facilidades en la admisión, integración, igualdad de oportunidades, ya que discapacidad no significa incapacidad, regulándose con un trato adecuado por parte de la comunidad universitaria.

Artículo 130º.- Servicio Social Universitario Todas las universidades establecen un Programa de Servicio Social Universitario que consiste en la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes universitarios, de manera descentralizada; tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen una contribución en la ejecución de las políticas públicas de interés social y fomenten un comportamiento altruista y solidario que aporte en la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables en nuestra sociedad.

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

Mediante el Programa de Servicio Social Universitario, de manera obligatoria se establecerán actividades temporales de los estudiantes universitarios, tendientes a aplicar conocimientos y proyectos de políticas públicas de interés general cuya finalidad se busca con la mejora de la calidad de vida de la población.

Artículo 131°.- Promoción del deporte La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona. El deporte, a través de las competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración de sus respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación de equipos de disciplinas olímpicas.

Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la promoción del deporte, la universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que promuevan el deporte de alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y participativo de los estudiantes.

Las universidades deben establecer Programas Deportivos de Alta Competencia- PRODAC, con no menos de tres (3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. El Estatuto de cada universidad regula su funcionamiento, que incluye becas, tutoría, derechos y deberes de los alumnos participantes en el PRODAC, entre otros.

El Instituto Peruano del Deporte IPD prioriza anualmente las disciplinas olímpicas que constituyen los juegos nacionales Universitarios. El IPD proveerá el aporte técnico para el desarrollo de estos juegos, en los que participaran todas las universidades del país.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo constituye una infracción materia de supervisión y sanción por parte de la SUNEDU

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

Este dispositivo normativo señala de manera obligatoria la importancia de establecer Programas Deportivos de Alta Competencia – PRODAC, que deberá ser incluido en cada estatuto de cada universidad para el fortalecimiento de las disciplinas en beneficio de la comunidad universitaria. Su incumplimiento generara infracción que estará supervisada por la SUNEDU.

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CAPÍTULO XV PERSONAL NO DOCENTE Artículo 132°.- Personal no docente El personal no docente presta sus servicios de acuerdo a los fines de la universidad. Le corresponde los derechos propios del régimen laboral público o privado según labore en la universidad pública o privada.

La gestión administrativa de las universidades públicas se realiza por servidores públicos no docentes de los regímenes laborales vigentes.

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

El personal no docente obtiene derechos de acuerdo al régimen laboral adherido y es tratado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, donde se respetan sus derechos laborales, donde prestará sus servicios frente a los fines que disponga cada casa superior de estudios.

CAPÍTULO XVI DEFENSORIA UNIVERSITARIA Artículo 133°.- Defensoría Universitaria La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio de autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos individuales. El estatuto de la Universidad establece los mecanismos de regulación y funcionamiento de la Defensoría.

No forman parte de la competencia de la Defensoría las denuncias vinculadas con derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias, evaluaciones académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan impugnarse por otras vías ya establecidas en la presente Ley, así como en el Estatuto y los reglamentos de cada universidad.

Comentario

Izquierdo Sifuentes, Alexander

Era un reclamo generalizado por parte de la comunidad universitaria en que una instancia se pueda ventilar las arbitrariedades, denuncias y reclamos, que se podrían cometer por parte de los órganos administrativos de cada casa superior de estudios, regulándose en cada estatuto, respetándose el principio de autoridad y defensa de los derechos individuales.

Cabe señalar que dicha instancia no serán competente en determinados asuntos referidos a derechos colectivos y otros regulados en otras vías establecidas por la ley, el Estatuto y el Reglamento de cada Casa Superior de Estudios.

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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASTRANSITORIAS PRIMERA.- Proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública A la entrada en vigencia de la presente ley, cesa la asamblea universitaria de las universidades públicas.

Quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades de gobierno.

A tal efecto, a los diez (10) días calendario de la entrada en vigencia de la presente Ley, se conforma en cada universidad un Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo, integrado por tres docentes principales, dos docentes asociados y un docente auxiliar, todos a tiempo completo y dedicación exclusiva, que sean los más antiguos en sus respectivas categorías, y por tres estudiantes, uno por cada facultad de las tres con mayor número de alumnos, quienes hayan aprobado como mínimo cinco semestres académicos y ocupen el primer lugar en el promedio ponderado de su facultad.

La abstención total o parcial de los representantes estudiantiles en el Comité Electoral Universitario no impide su instalación y funcionamiento. La antigüedad de los docentes se determina en función al tiempo de servicios efectivo en dicha categoría en la universidad; en caso de empate se optará por los de mayor edad.

El Comité Electoral Universitario se instala teniendo como Presidente al docente principal elegido más antiguo; dicho Comité convoca, conduce y proclama los resultados del proceso electoral conducente a elegir a los miembros de la asamblea estatutaria en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario.

La Asamblea estatutaria está conformada por 36 miembros: 12 profesores principales, 8 profesores asociados, 4 profesores auxiliares y 12 estudiantes. Estos últimos deben cumplir los requisitos señalados en la presente Ley para los representantes para la Asamblea universitaria.

La elección se realiza mediante voto universal obligatorio y secreto de cada una de las categorías de los profesores indicados y por los estudiantes regulares.

La Asamblea estatutaria se instala inmediatamente después de concluida la elección de sus miembros por convocatoria del presidente del comité electoral universitario, y presidida por el docente principal más antiguo.

La Asamblea estatutaria redacta y aprueba el estatuto de la Universidad, en un plazo de cincuenta y cinco (55) días calendario.

A la fecha de aprobación de los nuevos estatutos, la asamblea estatutaria establece el cronograma de elección de las nuevas autoridades y el plazo para su designación en reemplazo de las autoridades vigentes. El referido cronograma debe incluir las fechas de la convocatoria a nuevas elecciones, de realización del proceso electoral, y de designación de las nuevas autoridades.

La designación de las nuevas autoridades debe realizarse antes de que concluya el periodo de mandato de las autoridades vigentes.

Aprobado el estatuto de la universidad y el referido cronograma, la asamblea estatutaria asume transitoriamente las funciones de la Asamblea universitaria hasta la elección de las nuevas autoridades. El proceso de elección de nuevas autoridades es realizado por el Comité Electoral constituido conforme a lo establecido por la presente ley, y comprende la elección de rector, vicerrector y decanos, reconstituyéndose así la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad.

Es de responsabilidad de las autoridades elegidas completar la adecuación de la universidad a las normas de la presente Ley y el respectivo estatuto.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE participa y garantiza la transparencia de los procesos electorales, a través de la asistencia técnica a cada Comité Electoral Universitario.

SEGUNDA.- Proceso de adecuación del estatuto de la universidad privada En las universidades privadas, asociativas y societarias, el proceso de adecuación a la presente Ley, en lo que resulte aplicable, será regulado por el órgano máximo de la persona jurídica en un plazo máximo de 90 días calendario.

TERCERA.- Plazo de adecuación de docentes de la universidad pública y privada

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Los docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia de la presente Ley, tienen hasta cinco (5) años para adecuarse a ésta; de lo contrario, son considerados en la categoría que les corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda.

CUARTA.- Comisión Organizadora El Ministerio de Educación, mediante resolución ministerial, conformará la Comisión Organizadora de la SUNEDU, la cual podrá estar integrada por miembros de la sociedad civil.

QUINTA.- Primer Consejo Directivo de la SUNEDU Los ciudadanos seleccionados del primer Consejo Directivo de la SUNEDU, serán renovados de manera escalonada y periódica con un mecanismo específico a ser determinado en el Reglamento de Organización y Funciones.

SEXTA.- Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo del Sector Educación, aprobará el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU en un plazo no mayor a 90 (noventa) días contados a partir de la publicación de la presente ley.

SEPTIMA.- Grupo de Trabajo Constitúyase el Grupo de Trabajo encargado de realizar el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de personal y financiero de la Asamblea Nacional de Rectores y su Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, en la que participarán: a) Un representante del Ministerio de Educación, que la presidirá b) Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores c) Un representante de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales El Grupo de Trabajo antes señalado, se instalará en un plazo no mayor a 10 (diez) días mediante resolución ministerial del Sector Educación. Instalado el Grupo de Trabajo, tendrá un plazo no mayor a 90 (noventa días) para realizar el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de personal y financiero, luego de lo cual se extinguirán la Asamblea Nacional de Rectores y su Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades. Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276, serán incorporados al Ministerio de Educación, bajo el mismo régimen.

La SUNEDU asume la administración y pago de las pensiones de los pensionistas de la Asamblea Nacional de Rectores pertenecientes al régimen pensionario regulado por el Decreto Ley N° 20530, para cuyo efecto, en un plazo no mayor a 60 días, deberá procederse a la transferencia del fondo previsional respectivo, del acervo documentario y los legajos de los referidos pensionistas.

Facúltese al Ministerio de Educación para que mediante resolución ministerial amplíe, de ser necesario, el plazo señalado para el cierre antes referido, así como para establecer las disposiciones que estime pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición.

OCTAVA.- Transferencia presupuestal Una vez concluido el cierre presupuestal a que se refiere la Disposición Complementaria Transitoria precedente, dispóngase la transferencia de los recursos presupuestales del pliego Asamblea Nacional de Rectores a la SUNEDU, la que será aprobada mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último. Adicionalmente, el Ministerio de Educación podrá transferir en el presente año fiscal los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, la que será aprobada mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último.

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NOVENA.- Financiamiento Para el año fiscal 2014, la implementación de la SUNEDU se financia con cargo a los recursos presupuestarios transferidos de la Asamblea Nacional de Rectores, en el marco de lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la presente Ley.

DECIMA.- Disposición para la implementación.

Autorizase al Ministerio de Educación a realizar las contrataciones de personal, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la SUNEDU, hasta su completa implementación con los documentos de gestión correspondientes.

DECIMA PRIMERA.- Implementación progresiva La SUNEDU aprobará un plan de implementación progresiva, lo que implica inicialmente, la constatación de las condiciones básicas de calidad en las universidades con autorización provisional. Las universidades autorizadas, deberán adecuarse a las condiciones básicas de calidad en el plazo que la SUNEDU establezca, sometiéndose a la supervisión posterior.

DECIMA SEGUNDA.- Reorganización del SINEACE Declárase en reorganización el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y derógase el capítulo II del Título I, a excepción del numeral 8.3 del artículo 8, y los Títulos II, III, IV y V de la Ley N° 28740.

Autorizase al Ministerio de Educación, en el marco de lo dispuesto en el párrafo precedente, a que mediante resolución ministerial constituya i) un Grupo de Trabajo encargado de evaluar el SINEACE y elaborar un proyecto de ley para su reforma, que será remitido por el Poder Ejecutivo en el plazo de 90 días calendario como máximo y ii) un Consejo Directivo ad hoc para el Sistema, conformado por tres miembros: la presidencia del COSUSINEACE, quien lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación, y la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC, para que ejecute las funciones necesarias para la continuidad del organismo y los procesos en desarrollo, las mismas que serán establecidas en la resolución ministerial antes señalada, hasta la aprobación de su reorganización. La Secretaría Técnica del COSUSINEACE mantiene sus responsabilidades respecto al referido Consejo Directivo.

El Consejo Directivo ad hoc del SINEACE, será responsable de designar a los representantes de este organismo ante otras instancias, durante el plazo de su vigencia.

A partir del segundo año de la implementación de la modificación de la Ley 28740, sólo podrán otorgar doctorados las instituciones que cuenten con programas de posgrado acreditadas.

DECIMA TERCERA.- Excepción para estudiantes matriculados a la entrada en vigencia de la Ley. Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos establecidos en el artículo 45 de la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS PRIMERA.- Modificación del primer párrafo del Decreto Legislativo N° 882

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Modifícase el primer párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 882, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 10.- El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, según corresponda, pueden imponer sanciones administrativas a las instituciones educativas particulares bajo su supervisión, por infracción de las disposiciones legales y reglamentarias que las regulan. (...)"

SEGUNDA. Modificación del artículo 5 de la Ley N°26271, Ley que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros Modifícase el artículo 5 de la Ley N° 26271, de acuerdo al texto siguiente: "Artículo 5.- El cobro del pasaje universitario se realiza previa presentación del Carné Universitario o del Carné de Instituto Superior; expedidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y el Ministerio de Educación, respectivamente, que constituyen documento único de acreditación para acogerse al beneficio del pasaje diferenciado.

Tratándose de documento único los organismos autorizados pueden delegar esta función, estableciendo los mecanismos de control y supervisión que impidan la falsificación o mal uso del referido documento".

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Mecanismos de fomento para mejorar la calidad del servicio educativo a cargo de las universidades públicas Dispóngase el diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del servicio educativo que brindan las universidades públicas. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece los montos y criterios técnicos, entre otras disposiciones que se estimen necesarias, para la aplicación de los citados mecanismos.

SEGUNDA.- Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.

La Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima se gobierna por su propio Estatuto. Tiene la autonomía, derechos y deberes de las universidades y pertenece al Sistema Universitario Peruano.

Los Seminarios diocesanos y los Centros de Formación de las Comunidades Religiosas, reconocidos por la Conferencia Episcopal Peruana, otorgan, a nombre de la Nación, los títulos correspondientes a los estudios que imparten y entre ellos el de Profesor de Religión. Gozarán de las exoneraciones y franquicias y de la deducción de impuestos por donaciones a su favor de que gozan las Universidades.

TERCERA.- Títulos y grados otorgados por instituciones y Escuelas de Educación Superior.

Las Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, la Escuela de Salud Pública del Perú, el Centro de Altos Estudios Nacionales- CAEN, la Academia Diplomática del Perú, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau, así como la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del

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Cusco, La Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca, La Escuela Superior de Formación Artística del distrito de San Pedro de Cajas, el Conservatorio Nacional de Música, el Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco, la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Áncash (ESFAP-ÁNCASH), la Escuela Superior de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Macedonio de la Torre, el Conservatorio Regional de Música del Norte Público Carlos Valderrama, la Escuela Superior de Música Pública Luis Duncker Lavalle denominado Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, la Escuela Nacional Superior de Ballet, la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Juliaca (ESFAP-Juliaca), la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno (ESFAP-Puno), la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso de Tacna, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guamán Poma de Ayala de Ayacucho, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Condorcunca de Ayacucho, la Escuela Superior de Arte Pública Ignacio Merino de Piura, la Escuela Superior de Música Pública José María Valle Riestra Piura, el Instituto Superior de Música Público Leandro Alviña Miranda del Cusco, la Escuela Superior de Música Pública Francisco Pérez Anampa y la Escuela Superior de Formación Artística Sérvulo Gutiérrez Alarcón de Ica, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Pilcuyo-Ilave de Puno, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Ernesto López Mindreau, la Escuela Superior de Formación Artística Conservatorio de Lima Josafat Roel Pineda, el Instituto Superior de Música Público AcollaJauja-Junín y la Escuela Superior de Formación Artística Pública Carlos Baca Flor de Arequipa a la que se denomina Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa, el Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito (ICTE), la Facultad de Filosofía Redemptoris Mate y la Facultad de Teología Redemptoris Mater, mantienen el régimen académico de gobierno y de economía establecidos por las leyes que los rigen. Tienen los deberes y derechos que confiere la presente Ley para otorgar en nombre de la Nación el grado de bachiller y los títulos de licenciado respectivos, equivalentes a los otorgados por las universidades del país, que son válidos para el ejercicio de la docencia universitaria y para la realización de estudios de maestría y doctorado, y gozan de las exoneraciones y estímulos de las universidades en los términos de la presente Ley. La Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP, organiza estudios de posgrado y otorga grados de maestro y doctor a nombre de la nación, conforme a las disposiciones de la presente Ley; y con respecto al funcionamiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos se aplica lo dispuesto en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil.

Los grados académicos y títulos son inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria para los fines pertinentes, bajo la responsabilidad del director general o de quien haga sus veces y tomando en cuenta la normatividad que regula cada una de las instituciones educativas señaladas en el párrafo precedente.

CUARTA.- Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la universidad pública Dispónese que en un plazo no mayor a 180 días, las universidades nacionales que se señalan a continuación elaborarán y aprobarán un Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la formación universitaria que brindan, el mismo que podrá ser utilizado como referente para la asignación de los recursos presupuestales que requieran en los siguientes ejercicios fiscales 1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1551) 2. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (1677) 3. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (1692)

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4. Universidad Nacional de Trujillo (1824) 5. Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (1827) 6. Universidad Nacional del Altiplano de Puno (1856) 7. Universidad Nacional de Ingeniería (Escuela de Ingenieros del Perú - 1876) 8. Universidad Nacional Agraria La Molina - (Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria - 1902) 9. Universidad Nacional del Centro del Perú (1959) 10. Universidad Nacional de Piura (1961) 11. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (1961).

12. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1965).

El Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad, deberá ser elaborado y aprobado conforme al procedimiento que para tal efecto aprueben los órganos de gobierno que correspondan en cada universidad.

Las universidades públicas antes señaladas, seleccionadas en atención a su antigüedad y situación geográfica, serán consideradas el referente para la continuidad de este proceso en las demás universidades públicas, considerando sus áreas de influencia.

QUINTA.- Denominación de universidad al Seminario Evangélico de Lima y al Seminario Bíblico Andino Denominase universidad al Seminario Evangélico de Lima, fundado en 1933 y reconocido por el Decreto Supremo 048-85-ED, y al Seminario Bíblico Andino, fundado en 1935 y reconocido por Decreto Supremo 00190-ED, previstos en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa, que se gobiernan por su propio estatuto; tienen la autonomía, los derechos y los deberes de las universidades y pertenecen al sistema universitario. Los grados y títulos que expidan deben ser inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para los fines pertinentes, bajo responsabilidad del director general o de quien haga sus veces.

SEXTA.- Universidades Católicas aprobadas en el Perú.

Las Universidades Católicas se gobiernan de acuerdo con sus propios estatutos, dados conforme a lo establecido en la presente ley y en el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, aprobado por Decreto Ley N° 23211.

SEPTIMA.- Día de la Universidad Peruana.

El 12 de mayo de cada año se conmemora el "Día de la Universidad Peruana" en razón de la fecha de creación, en 1551, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América.

OCTAVA.- Representantes de la ANR ante órganos colegiados

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Precísase que toda referencia efectuada a la ANR para que designe o proponga representantes ante órganos colegiados, según la legislación vigente, deberá entenderse realizada a los rectores de las universidades públicas y privadas, los que para tal efecto podrán constituir la Asociación respectiva.

Los representantes que a la fecha de vigencia de la presente ley han sido designados o propuestos por la ANR, continuarán en sus funciones hasta la culminación de las mismas.

NOVENA.- Donaciones y becas.

El Poder Ejecutivo establecerá un régimen preferencial de exoneración y beneficios tributarios a las donaciones y becas con fines educativos y de investigación, disponiendo los controles que aseguren el uso correcto de dichos recursos.

DÉCIMA.- Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado EPG CAEN El Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado EPG CAEN es una institución adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo objeto es el perfeccionamiento a nivel de posgrado académico en las áreas de seguridad, desarrollo, defensa nacional, así como en las áreas del conocimiento científico, tecnológico y humanístico aplicables a los temas antes mencionados. Goza de autonomía académica, administrativa y financiera.

Declárese la reorganización del Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado EPG CAEN por el plazo de doce meses, contados desde la publicación de la Resolución Suprema que designa a los miembros de la Comisión Reorganizadora, la que asumirá plenas funciones de gobierno, dirección, gestión y administración del CAEN, incluyendo, entre otras, la facultad de reformar su estatuto, y normar y ejecutar las acciones correctivas que requieran los procesos de administración, reforma y modernización académica.

Como consecuencia de lo expuesto, a partir de dicha fecha cesan en sus funciones todas las autoridades académicas y administrativas del citado Centro de Estudios. Durante el plazo de doce meses indicado precedentemente, la Comisión Reorganizadora preparará las condiciones y marco reglamentario del proceso electoral para la elección de las nuevas autoridades, que se realizará una vez concluida la reorganización del CAEN. El proceso de reorganización del CAEN se llevará a cabo sin afectar el normal desarrollo de las actividades académicas.

La conformación, atribuciones de los miembros de la Comisión Reorganizadora, así como las facultades, plazos, procedimientos y condiciones para su funcionamiento, se establecerán en la Resolución Suprema referida precedentemente. Las resoluciones que expida la Comisión Reorganizadora agotan la vía previa. Contra ellas cabe la interposición de acción contencioso administrativa, en la vía judicial.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

UNICA.- Derogatoria.

Derógase la Ley N° 23733 Ley Universitaria y sus modificatorias, la Ley N° 26439, Ley que Crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - CONAFU, y sus modificatorias, y déjase sin efecto el Decreto Legislativo N°882 en lo que respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º , 21º y 22º, y demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

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Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil catorce.

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de julio del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZ Presidente del Consejo de Ministros

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