Libro un pais para todos by Bob-Tomalaweb

UN PAIS PARA TODOS

EL SISTEMA POLITICO MEXICANO DEL SIGLO XXI

Fernando Vรกzquez Rigada

A Graciela y Antonio, por la vida. A Marcela, por el amor. A Fernando y HĂŠctor, por la esperanza.

Introducción. Parte primera Comprendiendo. I. EL RETO. 1.1. La doble transición. 1.2. Los siglos como procesos históricos. 1.3. Los procesos históricos de la nación mexicana. II. El MUNDO. 2.1. México: El laberinto de su soledad. 2.2. Los efectos de la globalización: De la selección natural a la selección cultural. 2.3. La economía del conocimiento: Del instrumento al intelecto. 2.3.1. Viviendo deprisa. 2.3.2. El valor del hombre. 2.3.3. El mundo en desarrollo: Abrirse para perder. 2.3.4. El gran casino mundial: La liberalización financiera 2.3.5. La globalización de la pobreza. 2.3.6. Gobernar la globalización. 2.4.

El estado insuficiente. 2.4.1. Problemas globales, soluciones locales. 2.4.2. Territorio 2.4.3. Nación. 2.4.3. Soberanía. 2.4.4. Gobierno 2.4.5. ¿Está condenado el estado a desaparecer?       

Asegurar la justicia social Desarrollar el capital humano. Encauzar señales de mercado. Accesar a la nación a sistemas de desarrollo biotecnológico. Aplicar los sistemas de justicia. Garantizar los sistemas de atención a grupos vulnerables. Articular la política exterior.

 

2.5.

Representar a la nación ante organismos supranacionales. Facilitar la cohesión cultural.

2.4.6. Un nuevo gobierno . EL HOMBRE. 2.5.1. De la masificación a la particularización. 2.5.2. Una vida propia. 2.5.3. Solos. 2.5.4. Un mundo feliz. 2.6. Una razón para vivir.

Parte segunda. REFLEXIONANDO

III. EL PAÍS.

3.1. Un país para todos. 3.2. El cambio. 3.2.1. El calendario del cambio: Breve recuento del México histórico.     3.3.

1968 1985 1994 2000

Los arreglos institucionales del tercer sistema político Mexicano. 3.3.1 Las etapas del sistema  Formación. Acceso y Distribución del poder. Nacionalismo revolucionario. Estado Laico.

   3.4.

Pacto corporativo. La escena internacional Madurez. Decadencia. Ruptura.

Las fallas estructurales del sistema.

Parte tercera IMAGINANDO

IV. El futuro. El nuevo sistema político mexicano. 4.1. La creación del nuevo sistema. 4.2. ¿Es México una democracia? 4.3. Proyecto de país. 4.4. Arreglos constitucionales. 4.4.1. ¿Nueva constitución? 4.4.2. El diseño constitucional: Premisas.  Reordenar los procesos políticos  Organizar la redistribución del poder.  Asegurar un régimen de gobierno adecuado.  Institucionalizar la democracia  Garantizar la continuidad de los procesos históricos de la nación mexicana. 4.5.

4.6.

¿Qué forma de gobierno?  Presidencialismo.  El régimen Semi presidencial  El régimen parlamentario. Sistema Electoral.  Acceso a medios de comunicación  Financiamiento  Regulación de precampañas.  Tiempos de campaña  Voto en el extranjero  Persecución de delitos

4.7. 4.8.

 Segunda vuelta y reelección parlamentaria. Sistema de partidos. Arreglos institucionales. 4.8.1. El entramado Institucional.  Accesibilidad.  Generalidad.  Imparcialidad.  Prontitud.  Confiabilidad.  El circulo agente-institución. 4.8.2 Organización de la nueva estructura política. 4.8.3 Agenda de conducción ¿Qué hacer con el establishment?

V. Organización del uso del poder. 5.1. Democratizar la toma de decisiones.  Integración del ejecutivo.  Veto e iniciativas bloqueadas  Incorporación de criterios externos.  Institutos prospectivos.  Reelección parlamentaria.  Omisión parlamentaria.  Democracia directa.  Consulta popular.  Publicidad de la información  Control de los medios de comunicación 5.2. Supervisión sin parálisis. 5.3. Participación ciudadana sin aprisionamiento de la autoridad. 5.4. Alternancia sin ruptura

AGRADECIMIENTOS

Uno es lo que le rodea. Mis maestros me han permitido tener las ideas que se desarrollan aquí. En mi recuerdo y en mi gratitud siempre tendrán un lugar especial Analía Ferraez, a quien le debo el amor por la historia; Victor Carlos García Moreno, por las clases de derecho y, acaso más: por las lecciones de rectitud y moral; Mario Magallón, por la disciplina; Alberto Mangabeira Unger, por enseñarme que las leyes se construyen imaginando.

Un reconocimiento muy especial a los que, sin estar en un aula, me enseñaron mucho de lo que he aprendido: A René Villarreal, Everardo Sousa Landa y Tarsicio González. La economía, la visión empresarial y la política: No se puede pedir más.

Hago una mención especial a CONACYT, sin cuyo apoyo me hubiera sido imposible realizar estudios en el extranjero. Volví para aplicar lo que aprendí.

Y, por supuesto, a mi equipo de colaboradores, quienes me dieron, con su profesionalismo y dedicación el tiempo para concluir este libro: A Manuel Ferro, Erick Zamora, Flavia Morales, Jorge Barreiro, Maria Eugenia Ruiz, Lucy Hernández, Jesús Valencia y, por supuesto, a Manuel del Rosario Zamudio a quien le debo, con su presión, que esto dejara ser borrador.

INTRODUCCIÓN I México nace antes como idea que como realidad. Los Sentimientos de la Nación, el documento fundacional del país, es el bosquejo de lo que queremos ser. Es un cuadro –bello, emotivo, profundo- pero no un espejo: No somos lo que ahí se plasma. No lo seremos en casi cincuenta años. La idea desarrollada por Morelos –un país independiente, democrático, solidario, humanista-, no cuaja en la realidad.

Lo que somos es casi su caricatura: Iturbide desvía el desfile triunfal del ejército trigarante para refrendar su amor a la güera Rodríguez. Por ella puede entregarlo todo: Incluso el país. Es el inicio del camino que lo conducirá a Soto la Marina. A partir de ahí se suceden interminables historias de traiciones, rupturas, alevosías. México es imperio, República federal, República Central en apenas dos décadas. Por lo mismo, no es nada. Hay 26 presidentes en 33 años. Uno de ellos ocupa once veces la silla presidencial. Bajo su egolatría, México se desgaja. Antonio López de Santa Anna no sólo seduce a la patria: La sojuzga.

El país se colapsa y divide, también, bajo el peso de nuestros defectos. El mayor: Nuestra incapacidad de convertir en realidades nuestros sueños.

Un grupo notable de mexicanos lo logra. Crean un proyecto de país. Le dan, en 1857, una constitución. La aplican y, como consecuencia, el país se incendia. Tienen la enorme valentía de enfrentarlo todo: A los grupos conservadores, a la mayor potencia mundial, Francia, y tienen, sobre todo, el colegio de afrontar las consecuencias de la victoria.

México no es México sino hasta que Manet pinta el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas.

Juárez, Ocampo, Prieto, Lerdo, Ramírez, Gutiérrez Zamora, De la Llave, son mexicanos excepcionales. Son, sin embargo, una minoría. No diseñan un proyecto consensuado de país. No pueden hacerlo. México está abatido por la guerra, pero también por la ignorancia, el hambre, la desigualdad. El proyecto liberal quiere modernizar. Para hacerlo, no concilia con el pasado: Lo niega. No hay, en el México liberal, lugar para la herencia indígena, española o la raíz religiosa del pueblo mexicano. Hay espacio, sí, amplio, vibrante, profundo, para la libertad, la democracia, la ley.

México nace como un país de minorías. Nada para reflejar este hecho como Juárez huyendo y confrontando al enemigo en su carruaje. Lleva consigo la dignidad nacional, la constitución y la hacienda pública. El país son ellos: El grupo, pequeño pero enorme, que no se rinde.

Tras la rebelión de Tuxtepec, Díaz pacta no aplicar a fondo el proyecto liberal. Lo desvirtúa y lo socava. Le da orden al país, al precio de suprimirle la libertad. La democracia ha muerto. Los mexicanos se pierden en el analfabetismo, la esclavitud de las haciendas, la insalubridad. Bajo las vías del ferrocarril que ejemplifican progreso se esconde el retroceso de los hombres.

Alvaro Obregón dijo que el único defecto de Díaz fue envejecer. Se equivocaba: Fue olvidar. Olvidó su origen, sus ideales, su proyecto liberal. Hacia el final de sus treinta años de gobierno lo ha olvidado todo. Viste con refinamiento, se ha reelegido hasta el hartazgo. Ha olvidado tanto que confunde al país consigo mismo: Cambia la fecha de celebración del grito de independencia para que coincida con su onomástico. “Me duele Tlaxcala” confiesa poco antes de la revolución, refiriéndose a un dolor que le aqueja un costado.

El país de mayorías termina o, más bien, estalla en 1910. Lo hace bajo el peso de la exclusión. El México marginado, suprimido, mancillado, se rebela.

Lo hace para construir un país diferente. Pagará un alto costo: Un millón de muertos, diez por ciento de su población. El nuevo país se construirá sobre cadáveres: Todos los líderes de la revolución, de Madero a Obregón, han sido asesinados. La violencia, sin embargo, es fecunda. México será un país de mayorías. Casi todos caben en el proyecto de la revolución. Es un país que nace paternal: tata le dice el pueblo a su impulsor, Lázaro Cárdenas. El país hace, en efecto, justicia. Da educación, salud; comunica. Crea las clases medias, industrializa, excluye la bota militar de la vida nacional y le da estabilidad al país. Le da, además, una nueva dignidad como entidad soberana, redimensionando su papel en el exterior.

Nuevamente, sin embargo, excluye la democracia. No la desprecia, como Santa Anna, ni la aplasta, como Díaz: La limita. Mientras hay progreso económico, hay lugar para todo aquel que piense igual. La ruptura viene de lejos. Las minorías son aplastadas: Huitzilac, Demetrio Vallejo, Valentín Campa son el inicio del camino horrendo que llega hasta la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Ahí, Saturno devora a sus hijos: El sistema arrasa a sus jóvenes que son no sólo su futuro: Son su mayor orgullo. Es la clase universitaria, masiva, rebelde que ha creado y que jamás hubiera tenido lugar en el país de minorías.

1968 manda un mensaje terrible: El país de mayorías se ha agotado. Los operadores no lo ven, no lo quieren ver. Lucio Cabañas es el siguiente eslabón de la cadena que termina en Chiapas, en Chenaló, en Aguas Blancas. Los olvidados han alzado la voz. Es un grito y un lamento. Es, también, una denuncia.

El dos de julio del 2002 termina formalmente el país de mayorías. Culmina bajo el peso de las minorías y bajo sus errores. Quizá el más grave: El sistema perdió su

carácter popular, su profunda raíz social. No nace, sin embargo, nada. Es un momento determinante de la historia. El sistema no termina a balazos, sino a votos. A partir de entonces tenemos un reto y una obligación: Hay que construir un país diferente. No nuevo, no único: Diferente. Su signo: La democracia. Su aspiración: La justicia. Su herencia: La libertad. En suma: Un país para todos. II

Pero la construcción de un país para todos es compleja. No sólo tiene que ver con nosotros: Tiene que ver con el mundo. Al igual que México, el planeta está en tránsito. Si no entendemos al mundo, la transformación de las estructuras que rigen la vida de la humanidad, construiremos algo ajeno, inservible.

El gran reto al que se enfrenta el Estado Mexicano es el de dotar al país de un sistema político que lo inserte en las aspiraciones de los mexicanos, primero, y en la dinámica del mundo, después. Hay que resolver una doble transición.

Los siglos, más que espacios cronológicos, son procesos históricos. Debemos entender el siglo que vivimos porque, quizá como ningún otro, es impaciente. Es, también, excluyente. No nos aguardará.

La globalización es un nuevo sistema mundial. Ha cambiado la forma de generar riqueza, de gobernarnos y de relacionarnos. Se ha hecho demasiado énfasis a la globalización económica, pero hay cambios vitales en la esfera política y social que determinarán el futuro.

La economía ha cambiado, basándose ya no en la eficacia del instrumento sino en la riqueza del intelecto. Le llaman la economía del conocimiento. La creatividad, la sabiduría, la innovación, marcan la estructura de la generación de riqueza. Qué bueno

que así sea. La inteligencia es nuestro mayor atributo y nuestro distintivo. Pero la inteligencia se cultiva. Lo hace en las escuelas, en la alimentación, en la vida familiar. El mundo, por tanto, será cruel para aquellos que no tengan, o no puedan tener, conocimiento: Pasamos de la selección natural a la cultural.

Pero la globalización, que nació bajo el signo de la democracia y la libertad, no se rige por la democracia ni la libertad.

Los países en vías del desarrollo han hecho esfuerzos enormes por insertarse a la nueva economía. Economía libre, la llaman. Casi todo se mueve libremente: Mercancías, información, capitales. La misma vara no mide, sin embargo, a los hombres o a los productos donde el mundo en desarrollo puede competir. La gran paradoja: A mayor apertura, mayor vulnerabilidad. Las cifras revelan que la pobreza se extiende. China, el país que ha rehusado seguir las recetas del consenso de Washington, es el primer destino de inversiones: 53 mil millones de dólares en un año. Crece, hace más de una década, a tasas superiores al 7%.

En paralelo, se da el réquiem del estado. No solamente es una precipitación: Es una ironía. Un siglo después de Marx, sus archirivales, el pensamiento único, validan su conclusión: El Estado debe desaparecer. Es cierto: La política se ha hecho más compleja. La soberanía, diría Sanguinetti, no es lo que era. Su sentido se ha modificado sustancialmente. Sin embargo, como en una Matrushka de paradojas, nuevamente es el campeón del nuevo sistema, Estados Unidos, quien lo contradice: La doctrina de la soberanía y la seguridad nacional renace donde murió, tras el fatídico 11 de septiembre del 2001. El mensaje del terror, de uno y otro bando, es el mismo: La soberanía sigue existiendo.

El Estado quizá no se haya adaptado del todo a la nueva realidad, pero no puede desaparecer. Tiene una serie de funciones torales que el mercado no quiere, ni

puede, ni le interesa desempeñar. Tiene responsabilidades que los organismos internacionales no están dispuestos a asumir. La más importante: La justicia social.

La sociedad está cambiando velozmente. Lo hace por los arreglos económicos y políticos pero también por la expansión de conocimiento vía nuevas tecnologías. Su signo es la desaparición de las masas. Ha llegado el tiempo de los individuos. Este cambio afecta a todo: A los partidos políticos, cuya base se desplaza de la ideología a la confianza; al concepto de familia, que se reduce a una unión de pareja; al rol que jugamos en el mundo. Cada día más, este es un planeta de hombres solos. Los individuos, en particular en el mundo desarrollado, se niegan a unirse o a tener hijos. Por ello, el mundo globalizado tiene una enfermedad, la depresión, y un síndrome: Karoshi. La esperanza exhausta por la indiferencia.

La tecnología traerá, en breve, el vehículo final de la exclusión: La manipulación genética. En el genoma reside nuestra gran esperanza y nuestra mayor amenaza. Incrementar la inteligencia o las habilidades físicas de los seres humanos será una posibilidad real en este siglo. Será una posibilidad, empero, sólo para quien pueda pagarlo. Este camino avizora la ruptura definitiva de la humanidad.

¿Debe desaparecer la globalización? No. Tiene características de gran valía. Pero no es admisible continuar por este camino. Su gran paradoja es que la era de la riqueza mediante ideas no ha ido acompañada de ideas para gobernarla. Es necesario, urgente, hacerlo. Para ello, se requiere del surgimiento de una tercera ola de derechos. La primera ola fue la de los derechos humanos. La segunda la de los derechos sociales. Hoy requerimos de una ola de derechos de la especie: La mejor forma de mantenernos unidos.

III

Hamlet duda porque recuerda, dice Carlos Fuentes. Recordar y comprender, es una obligación. No basta con ver hacia fuera: Hay que entender lo que fuimos.

El país ha estado convulsionado por crisis políticas que tuvieron su cúspide en 1994. Volvió todo aquello que creíamos superado: La insurrección, el magnicidio, la política de la infamia. Fue una culminación. 1994 es el estertor terminal del sistema que no quería irse. No quiere porque ya no ve ni oye. La crisis no fue mayor porque los mexicanos lo impedimos. La sociedad civil en las calles pidiendo el alto al fuego en Chiapas y después votando contra la violencia fue el muro que contuvo el desbordamiento.

El tercer sistema político mexicano perdió su estabilidad por dos razones fundamentales, una externa y una interna: Agotamiento y desmantelamiento.

En su vertiente externa, el sistema generó una serie de actores que buscaban mayores espacios de participación y mayor representatividad. Se les concedió en un proceso largo y complejo. Así se fueron incorporando hasta llegar a una paradoja central: El sistema político mexicano facilitó que la sociedad cambiara, pero él, el sistema, no fue capaz de cambiar. En otras palabras: El sistema político mexicano agotó sus alcances institucionales. Al mismo tiempo, padeció un agotamiento de los recursos. El estancamiento económico catalizó el cambio.

En paralelo, los límites del sistema se redujeron por una vertiente interna: fue desmantelado. Su funcionamiento se basaba en cuatro ejes fundamentales: Transmisión del poder, nacionalismo revolucionario, laicismo, y pacto corporativo. Estos arreglos fueron rotos por la reforma económica neoliberal. A la movilidad política se le reemplazó con un proyecto de clase –el de la tecnocracia- que taponeó las vías de ascenso, en particular para la clase política. El nacionalismo revolucionario fue

sustituido por una visión de inserción en el mundo y una alianza con la antítesis del dogma revolucionario: Estados Unidos. La iglesia se convirtió en aliado. Los mercados liberalizados no tenían cabida para una clase empresarial y sindical protegida. El sistema, por dentro, fue perdiendo su carácter social.

Aquellos viejos resortes del sistema fueron sustituidos, fundamentalmente, por factores externos. Tratado de Libre Comercio, Vaticano, gran capital internacional, fueron las bases fundadoras del nuevo sistema. La nueva alianza, sin embargo, no estuvo acompañada de soportes internos. Una transmisión extensiva de derechos a la ciudadanía a fin de profundizar la democracia y sustituir la lógica autoritaria por una lógica democrática nunca se dio.

Lo que obtuvimos, a cambio, fue la convulsión, los mexicanos nuevamente, fatalmente, confrontados.

La premisa sigue siendo valida: Hay que generar una ola de derechos, construir una serie de instituciones que hagan funcionar a la democracia. Debemos dotar al sistema de una gobernabilidad democrática. Eso no se dio el 2 de julio. Las elecciones no están hechas para construir: Están pensadas para dar un mandato de construcción. El gobierno de la alternancia no lo entendió.

Ante la urgencia económica, ¿Por qué comenzar por la reforma política?

La política no resolverá todo pero sin política nada puede funcionar. No podemos iniciar una construcción nacional sin antes habernos puesto de acuerdo sobre qué queremos: Para eso sirve la política y la democracia.

El sistema actual no nos sirve para llegar a donde queremos. No nos sirve porque no fue pensado para hacerlo. Fue ideado para otro México: Uno que ya no existe. Debemos sustituirlo por uno a la altura de nuestras aspiraciones y de las complejidades de nuestro mundo. La estructura legal, institucional e ideológica del sistema es autoritaria, por ello reformarla es un error de enfoque: Se requiere algo nuevo.

Debemos de explorar la posibilidad de una nueva constitución. La constitución de 1917 ya no es lo que un día fue, y tampoco sirve para construir el futuro porque fue producto de un momento autoritario. Un nuevo proyecto de país debe, acaso, desembocar en un nuevo conjunto de reglas y leyes que lo hagan viable y expreso. Nueva constitución sí, pero no para romper. Más bien: Para conservar la dimensión humanista, libertaria, laica y social del Estado Mexicano y agregarle una nueva: La democrática.

De ahí se debe desprender la posibilidad de modificar la forma de gobierno para dotar al sistema de gobernabilidad democrática. ¿Es el sistema presidencial la mejor

solución

para

México?

Quizá

no.

Existen

otras

opciones:

semipresidencialismo francés entre otras. Analicémoslas.

Sin embargo, hay que medir las consecuencias, la enorme complejidad de reformar integralmente la constitución y de cambiar la forma de gobierno. Por lo mismo, como han sugerido distinguidos juristas, podemos también renovar el sistema presidencial mexicano. En una palabra: Hacerlo funcional sin los poderes metaconstitucionales que lo caracterizaron.

Para lograrlo, México debe entrar a un proceso de construcción institucional. País de leyes, no de reglas: Tal es el objetivo. Démosle leyes a los tres momentos clave del poder: acceso, ejercicio y entrega.

La ley electoral requiere de cambios que disminuyan las deficiencias que se han hecho evidentes en los últimos años. Van aparejadas, por supuesto, de una reforma al sistema de partidos. Las elecciones mexicanas son elecciones caras. Pueden ser, por lo mismo, en varios sentidos, inequitativas. Son, por último, difíciles de fiscalizar. Ahí se deben dirigir nuestros esfuerzos.

Para la gobernabilidad democrática se requiere la profundización de la división de poderes. Fortalecer al poder legislativo y hacer que funcione. Reelección parlamentaria, ampliación de los periodos de sesiones, robustecimiento del sistema de comisiones, la creación de comisiones de investigación, y la incorporación de la figura de la omisión legislativa, como control de la constitucionalidad son pasos indispensables.

Debemos revisar la integración del ejecutivo: Involucrar al congreso para ampliar la independencia, la imparcialidad y la gobernabilidad, pero también dotarlo de facultades de veto y de iniciativas bloqueadas. Al poder ejecutivo hay que proporcionarle, además, conocimiento de calidad. Para lograrlo, hay que modificar los sistemas de tomas de decisiones, incorporando criterios externos y creando centros de prospectiva política. El ejecutivo debe tener la opción de asegurar los componentes fundamentales del proyecto de país mediante en envío de presupuestos multianuales: Es la única forma de convertir al proyecto de país en programa de Estado.

Debemos supervisar el poder sin aprisionarlo. La burocracia, la normatividad, han devastado las capacidades creativas del gobierno. Justo cuando la sociedad requiere de respuestas de gobierno rápidas y efectivas, las instituciones mexicanas se asfixian en normas que le imponen una rigidez absoluta.

México requiere recuperar su memoria: Cómo resolver el pasado, afinar la ley de Acceso a la información y asegurar su cumplimiento va de la mano con otra reforma trascendental: El control democrático de los medios de comunicación.

Por último, se requiere elevar la participación ciudadana en el ámbito político. Ciudadanos de alta intensidad debe ser el objetivo. Se requieren, por tanto, esquemas que involucren a la sociedad en la ejecución del proyecto de país, tales como consultas e iniciativas populares pero también explorando la figura de la revocación de mandato.

Debemos convertir a nuestro proyecto de país en la vía cierta para conducirnos al futuro. Debe hacerlo bajo la fuerza de la ley, la libertad, las instituciones y la consolidación democracia. Esos son los medios. Los fines son la igualdad y la justicia social. Tal es la propuesta de este libro.

Dijo Dostoyevsky que El Quijote es el libro más triste que se haya escrito. Lo es porque es la historia de una ilusión perdida. Por eso Daumier lo pinta sin rostro, perdido éste por siempre entre la realidad y el sueño. México ha extraviado muchas ilusiones. ¿Puede perder una más?

No, por supuesto. Llegamos hasta aquí a base de mucho esfuerzo, de mucho dolor. Mucho ha cambiado. En sólo tres lustros, los mexicanos han adquirido nuevos valores: Derechos humanos, ecología, sufragio efectivo, libertad de expresión. Son piezas fundamentales de un nuevo andamiaje: El de un país que anhela crecer y llegar al futuro próspero, fuerte, unido.

Para hacerlo, requerimos una transformación de nuestras instituciones y acaso más: También necesitamos transformarnos a nosotros mismos. Nuestro pasado es glorioso, pero también, en muchas ocasiones, lamentable. Los mexicanos no sólo somos los héroes de la nación. México es también Santa Anna, Huerta, Guajardo. Animales de Tamayo, fieros y expectantes, nuestros fantasmas nos acechan. Son todo aquello que hemos ido perdiendo por nuestros propios defectos.

La educación debe ser la raíz que fortalezca una nueva actitud. ¿Podremos los mexicanos, en el futuro, ser ciudadanos? Yo creo que sí.

México puede, debe ser un país vigoroso, incluyente, feliz. Decía Borges que, para él, leer era un acto de felicidad. Así, agrego, debe ser la vida. La búsqueda de la felicidad es, debe ser siempre, una aspiración y una obligación. La ley y la libertad son el mejor vehículo para emprender ese viaje. No bastan, sin embargo: El futuro debe tener por signo la igualdad.

No más hambre, no más pobreza, no más niños sin escuela, no más muertes que se puedan evitar. Un país donde se valga pensar, expresarse, disentir. Uno que ofrezca igualdad de oportunidades. Ese es el futuro. Cualquier otro es inaceptable. Y el futuro, no lo olvidemos, se construye siempre hoy.

Decía José María Maravall que la dignidad de una sociedad se mide por el trato que da a sus ancianos. También a sus niños y a todo aquel a quien hayamos convertido en vulnerable. En México son millones. Por ello no habrá democracia verdadera si no se nutre de la solidaridad hacia los demás. No puede haberla. Por eso la construcción amplia y profunda de instituciones que consoliden la democracia y la hagan eficiente es una tarea impostergable. México debe resolver la paradoja de ser un país rico, pero pobre. Rico en recursos, pobre en su calidad de vida. Rico en tradiciones, pobre en leyes. Rico en cultura, pobre en educación.

Construir un país para todos requiere de talento, de conocimiento, de inteligencia pero más, quizá, de actitud. Bernard Shaw pensaba que Inglaterra y Estados Unidos eran dos países unidos por el mar pero separados por la lengua. ¿Qué nos separa a los mexicanos? Nos une la tierra pero nos separa la ideología. Nos unen los sueños pero nos separa la realidad. Nos une el pasado pero nos separa el presente. ¿Puede reencontrarnos el futuro?

La simiente de un nuevo país es la comprensión: Aquí no hay buenos ni malos. No hay inocentes ni culpables. México no puede ser sino para todos; y no puede serlo, entonces, sino como la suma de todos los componentes: Nadie es prescindible. Un tejido fino, cohesionado, multicolor. Un tejido inserto en otro: El del mundo.

Perder ilusiones es un lujo que los pueblos no pueden darse. Ahí radica la diferencia entre el progreso y el rezago; entre la riqueza y la miseria; entre la esperanza y la resignación. México necesita encontrar las reglas que le permitan construir arreglos: Para eso están las instituciones y las leyes. Para eso inventamos la política. Los balances contables registran ingresos y egresos, los desacuerdos no se registran en ninguna parte, salvo en la historia: México sería hoy un país diferente si los mexicanos se hubieran puesto de acuerdo en el siglo XIX. No lo hicieron: Medio país fue el costo.

Gramsci era pesimista de la inteligencia y optimista de la voluntad. Tenía razón. La grandeza del espíritu es quizá más eficiente que la fuerza de la inteligencia. Tenemos, sin duda, la inteligencia para construir un país distinto. ¿Tendremos la voluntad para redactar un nuevo lenguaje nacional? Espero que sí: Acuerdos, tolerancia, democracia, justicia, equidad, son las palabras que se deben incluir el diccionario de la política del siglo XXI. La más importante: Nosotros, palabra central del país que pretendemos: No uno de minorías. No uno de mayorías. Uno de todos,

donde tengamos la posibilidad de soñar y convivir. También, de buscar un futuro común. Por ello, o llegamos todos, o ninguno. Es tiempo de reencontrarnos con nuestras ilusiones: El corazón, recuerda Oskar Lafontaine, late siempre a la izquierda.

PARTE PRIMERA

Comprendiendo.

I EL RETO

1.1 La Doble Transición.

El Estado mexicano enfrenta el mayor reto de su historia. Tiene el deber de encarar una doble transición. Por un lado, el mundo cambió. No se detendrá. Los cambios del sistema mundial son de la mayor trascendencia. Son vertiginosos. Son, quizá, irreversibles. Son, con toda seguridad, excluyentes de todo aquel que no entienda que la humanidad vive una transición sistémica histórica.

Por otro lado, debe enfrentar las necesidades de un país que nació en 1988. Uno que vivía atrapado en una camisa de fuerza institucional. Uno que derrumbó los muros mentales de las elites mexicanas y uno, muy fundamentalmente, que niega resignarse a la incapacidad de gobernar los cambios.

El concepto clave de esta coyuntura -única en la historia y por tanto determinante- es construir la capacidad para gobernar una doble transición. Para hacerlo, se debe refundar el Estado Mexicano y reconstituir su sistema político.

La estructura mundial derrumbó una diversidad de paradigmas y se convirtió en un verdadero cambio de valores. Eso que se llama globalización está en todas partes. Está en nuestra forma de producir riqueza, en nuestra forma de convivir, en nuestra forma de asociarnos y en nuestra forma de concebir el pacto político que nos gobierna. Posee tres dimensiones que se interrelacionan: La transformación de la economía, de la noción de política y la modificación de las relaciones humanas. No es un

reordenamiento de los componentes del sistema mundial: Es una sustitución de sistema.

La nueva integración del mundo demanda un ejercicio de imaginación para innovar instituciones que logren insertar con efectividad a las naciones en un nuevo conjunto de gobernabilidad. El mundo, desbocado, sin freno, sin paciencia, dejará atrás a muchos. De ahí provendrá la principal fuente de conflictos mundiales en el futuro. Será la exclusión, no el choque de civilizaciones, el origen de inestabilidad más importante en el futuro.

El fin de la segunda guerra mundial dividió al mundo en dos bloques ideológicos. De igual forma, el mundo unipolar dividirá, de manera irreversible y cruel, a la humanidad en dos grandes bloques: Aquellos preparados intelectualmente para posicionarse en el progreso y aquellos que permanecerán, acaso para siempre, atrapados en el círculo perverso y lesivo de la ignorancia, la insalubridad y la miseria. La economía del conocimiento afectará –lo hace ya- a todas las estructuras: Financieras, productivas, políticas y sociales. El mundo del futuro estará marcado por las nuevas tecnologías –muy especialmente las biológicas, genéticas y reproductivas-, la innovación –que incluye el desarrollo de nuevas fuentes de energía- y la creatividad. Para hacer frente a ello debemos tener ciudadanos educados, de altura de miras, con un alto sentido de responsabilidad. No es un reto menor: Es un desafío colosal. La posición de México –geopolítica y económica- le permite decidir. No debería serlo, pero es un privilegio. Existen regiones enteras del globo, Africa muy especialmente, cuya viabilidad de progreso se aleja cada día más. Sin polos de desarrollo cercanos, carentes de infraestructura física e intelectual, la posibilidad de conectarse a la dinámica mundial parece distante. Hay, entonces, quienes no tienen oportunidad de optar.

¿Es un mundo admisible?

No, por supuesto. Pero la propia dinámica es fatal: De ahí la urgencia de definir como gobernaremos el cambio mundial: Bajo que premisas, con qué objetivos, mediante qué instituciones y con base en qué papel: Uno protagónico, de liderazgo, o uno de simple seguidor.

¿Está preparado México para enfrentar el desafío de principio de milenio?

Quizá. El país está partido en dos. Un norte pujante y preparado y un sur sin infraestructura, ignorante y empobrecido.

No solo es un problema económico: El rezago no podrá remediarse, dándonos la oportunidad de sumarnos al juego mundial con éxito, mientras no reestructuremos nuestro entramado institucional. El nuevo México nació, el dos de julio, sólo en el imaginario de los mexicanos. Esa elección fue un punto clave de la historia mexicana. Fue el reacomodo de las elites, fue el voto por el cambio, el sufragio por la democracia y por la justicia pero no fue el cambio, la democracia ni la justicia.

Para lograrlo, es necesario sustituir un sistema concebido para funcionar de manera autoritaria, conducido por un hombre, sojuzgadas a él las instituciones, legalizado el corporativismo, por un sistema genuinamente democrático, auditable, de contrapesos, de libertades.

Las dimensiones del cambio son inquietantes. Una es esencial. El sistema político mexicano debe dar viabilidad a las demás reformas: La educativa, la social, la económica. Sólo un sistema político adecuado, a la altura del México imaginado, podrá cimentar el cambio más duradero y genuino: Donde quepamos todos. Sólo un país

reencontrado consigo mismo será capaz de formular la política exterior, la estrategia productiva, financiera y comercial, indispensable para sumarnos a la otra transición: La del mundo.

Dos transiciones enfrenta México. Lo hace sin tiempo. Las confronta basado en el poder de un liderazgo democrático. ¿Basta? Quizá. Las decisiones son muchas. Los recursos escasos. Las herramientas insuficientes. Las estructuras endebles. La magnitud del reto sin paralelo. Poseer un Presidente emanado de la alternancia, con un amplio sustento popular, es condición necesaria para comenzar la reconstrucción del sistema político y del Estado Mexicano. No es, sin embargo, una condición suficiente.

Para lograrlo, se debe poseer visión, emoción y decisión.

Juárez, el mexicano más grande de la historia, construyó el primer Estado Mexicano bajo la bandera de la ley. Importó un modelo de gobierno. Fue capaz de imponerse a la mayor debilidad de la época: Nosotros mismos. Sobre el suelo movedizo de nuestras diferencias, de nuestras ambiciones, de nuestras traiciones, erigió la estructura política suficiente para gobernar. No fue todo. Enfrentó con éxito la coyuntura internacional que, amenazante, nos asfixiaba. Lo hizo aprovechándola. Se sustentó en el poder de una fuerza emergente, los Estados Unidos, para derrotar a las fuerzas europeas y expulsarlas casi de manera definitiva del continente.

Madero, líder demócrata, fue incapaz de resolver el dilema de la coyuntura interna. Murió aplastado por sus titubeos. No sustituyó el régimen porfirista. Tampoco pactó su extinción. La posposición ad perpetuam del cambio invitó al sector más vil, más cobarde, a asesinarle y, junto con él, al primer experimento democrático mexicano del siglo XX.

Por último Lázaro Cárdenas desbarató el nudo gordiano del poder sonorense apalancándose en un modelo corporativista y en una coyuntura internacional favorable. Con gran sagacidad aprovechó la amenaza de los totalitarismos contra las potencias occidentales para aplicar una medida decisiva para el desarrollo del país: La expropiación petrolera. Para hacerlo, Cárdenas construyó el presidencialismo mexicano en los albores de la guerra europea. Complementó la obra de Calles en un sentido: Le brindó salidas institucionales a los problemas clave del México de los treinta: Transmisión del poder, estabilidad, justicia social y paz. De ahí se desprendieron los escenarios para construir el progreso económico. Cárdenas y sus sucesores erigieron una gobernabilidad autoritaria. Funcionó hasta 1968.

Sin embargo, ninguno de los creadores de los diversos sistemas políticos mexicanos enfrentó la simultaneidad de una doble transición. Esta generación será responsable de hacerlo.

Para ello, dotar al sistema de una gobernabilidad democrática será la primera función de la nación en el siglo XXI en aras de construir un nuevo sistema. Debe ser lo suficientemente amplia para dar cabida a las demás reformas con estabilidad. Debe ser, también, lo suficientemente generosa para no olvidar a nadie. Y debe ser, sobre todo, lo suficientemente legítima para insertarnos, todos juntos, en un mundo que, sin duda, no nos esperará. 1.2.

Los siglos como procesos históricos.

Los siglos son algo más que conceptos cronológicos: son procesos históricos. Así, existen siglos cuya duración trasciende los cien años, y otros muy breves, pero cuyos alcances transforman decisivamente a la humanidad. El siglo XVIII, por ejemplo, fue corto pero fundamental: surgieron las ideas democráticas, la separación de poderes, los conceptos de libertad e igualdad, los derechos ciudadanos, los partidos

políticos, la Revolución Francesa y la Independencia Norteamericana. Su paso por la historia quedó unida a una admirable relación de seres humanos: Franklin, Rousseau, Washington, Montesquieu, Madisson, Gaspar Melchor de Jovellanos. El siglo concluyó con la creación de los imperios y el aislacionismo norteamericano.

Así, el siglo XIX fue largo y contrastante con su caudaloso antecesor. Concluyó al fin de la Primera Guerra Mundial, justamente con el desmantelamiento de los imperios Ruso, Austrohúngaro y Alemán.

El siglo XX comenzó, entonces, en 1918, con el surgimiento de las nuevas filosofías sociales: Socialismo, Fascismo y Nacional-socialismo. Su principio se dio bajo el desafío del sustento del capitalismo liberal. A sus bases fundacionales, el libre mercado y la democracia, se opusieron las ofertas de la propiedad pública y la política totalitaria del socialismo. La tercera vía, el fascismo –propiedad privada, estado corporativo, murió por la fuerza de las armas.

El siglo XXI ha comenzado. El siglo XX concluyó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Ahí se definió el término de la disputa ideológica por conducir al mundo. Sobrevivió un mundo global, interconectado, particular y distante. Murió uno dividido, confrontado y colectivo.

1.3.

Los Procesos Históricos de la Nación Mexicana.

Los procesos históricos de la nación mexicana fueron coincidentes con esta visión: Distantes de su medición cronológica, México como nación comienza en 1821 aunque el arranque formal de este proceso resulta ininteligible sin un brevísimo, aunque igualmente fecundo, periodo anterior: el que arranca con la redacción de “Los

Sentimientos de la Nación”. Ahí surge la primera concepción genuina, sólida e impostergable de nacionalidad mexicana, algo que Hidalgo y los primeros insurgentes habían sido incapaces de concebir.

La gesta insurgente había dado, finalmente, sus frutos: Si los primeros caudillos fueron incapaces de darle viabilidad por si mismos al proceso de independencia del Imperio Español, habían logrado algo acaso más importante: Engendrar el embrión de una nacionalidad propia, autónoma, libertaria.

El periodo de formación fue, así, sumamente corto pero altamente constructivo y aleccionador. De 1821 a 1867, un periodo de menos de cincuenta años, el País había acumulado cuatro Constituciones, adoptado tres formas de gobierno -República Federal, Central e Imperio- y perdido más de la mitad de su territorio. Emergió un debate fundamental sobre el futuro de la nación encabezado por una notable generación de Mexicanos: Mora, Alamán, Bustamante, Prieto, Ocampo, Altamirano, Lerdo, Juárez.

El proceso histórico de gestación concluyó con la Restauración de la República y la apertura del periodo democrático durante la gestión de Lerdo de Tejada. Daniel Cosío Villegas definió a este segundo proceso como la Historia Moderna de México. Para él, este periodo comenzó en 1867 concluyendo en 1911, aunque admite que quizá se pudo haber extendido hasta 1916. Incluye, por tanto, la etapa fundamental de la República Restaurada, el Porfiriato y la primera fase de lucha Revolucionaria. Así, el periodo pudo haber abarcado los dos experimentos democráticos de la historia mexicana: el del presidente Lerdo y el de Francisco I. Madero1.

El periodo revolucionario, tercer siglo de la historia nacional, comenzó en 1917 por un hecho fundamental que determinaría la viabilidad política e institucional de todo el periodo: la publicación de la Constitución que recogía las aspiraciones

revolucionarias. Bajo su marco e impulso se creó el tercer Sistema Político organizado de la historia nacional: el primero habría surgido con Juárez, pues concibió y fue capaz de articular un entramado institucional que consolidó al Estado Mexicano; El porfiriato generó un segundo sistema, que le agregó un ingrediente fundamental: estabilidad.

La duración del tercer proceso histórico del país se extendió hasta 1988, cuando una nación políticamente activa votó por el fin de un sistema y el comienzo de uno democrático, participativo e incluyente.

En este sentido, México se adelantó, por meses, al acontecimiento externo que marcó el comienzo del siglo XXI en 1989: el derrumbe del bloque socialista Europeo. Hubo, con todo, una diferencia fundamental entre ambos acontecimientos: en México, el viejo sistema se resistió a aceptar por más de una década la decisión de la sociedad; por su parte, el socialismo real admitió, de manera prácticamente incruenta, con la salvedad de Rumania, su muerte entre los cimientos demolidos del muro de Berlín.

II El mundo.

2.1. México: El laberinto de su soledad.

La caída del muro de Berlín impactó profundamente la escena política internacional y la correlación de fuerzas que la componían. Lo hizo, además, desde dos vías fundamentales: el orden político se transformó en uno unipolar y el orden económico se centró en una serie de arreglos estructurales que se habían resumido en el denominado consenso de Washington.2

El impacto de ambas transformaciones resultó colosal para los arreglos políticos locales. Una vasta transferencia de poder -de la milicia a los partidos y de ahí a la ciudadanía- tuvo lugar especialmente en el Este Europeo y en América Latina. El fenómeno que Samuel Huntington denominara "tercera ola democrática" no comenzó con estos sucesos, pero sí se vigorizó de manera notable. Atendiendo a Huntington, al menos 28 países cambiaron su régimen de uno autoritario a democracias mas o menos funcionales de 1973 a 1990.3 Ignacio Ramonet da un dato adicional: El continente africano aportaría al menos 20 más, al pasar de 7 a 314. A ello se deben sumar los distintos estados del Este Europeo que decidieron asumir regímenes democráticos.

La democracia, sin embargo, contra lo que expresaran muchos pensadores neoliberales, no se constituyó en sistema global. China, varios países del sudeste asiático, el mundo árabe y muchos países del continente africano permanecieron con regímenes autoritarios. El mundo feliz no llegó. La historia no terminó.

Más aún, diversos autores, muy especialmente Michaelangelo Bovero, han denunciado que las democracias emergentes carecen de rasgos esenciales que las conviertan en regímenes funcionales, estables y duraderos. Los llama “Democracia degenerada” por considerar que las reglas de acceso al poder son insuficientes y permiten una invasión de lo público por lo privado, facilitando el acceso de hombres no preparados a las jefaturas de gobierno.5

Igualmente importante, el mundo vio como resurgían los nacionalismos. El derrumbe del socialismo fue también el de los experimentos de las repúblicas federadas. La Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia se fraccionaban, dando lugar a 22 estados nacionales y a los principales conflictos bélicos del siglo naciente.

Los arreglos institucionales en México resintieron el cambio internacional. Parecía que la mayoría de los países latinoamericanos habían optado, junto con el resto del mundo, por los valores democráticos, por instituciones políticas menos autoritarias y por la solución consensada de los conflictos. El cambio no se limitó solo a los regímenes que habían accedido al poder vía manu militari. Incluso algunos que habían adquirido diversos grados de legitimidad por la gesta revolucionaria, como en el caso de Nicaragua, accedieron a someterse a la vía electoral como formula de renovación del poder; auspiciaron el involucramiento de instituciones supranacionales en sus procesos electorales y admitieron los resultados que de ellos se desprendieron.

Las recién creadas democracias latinoamericanas pronto se vieron en la necesidad de enfrentar las intentonas restauradoras o los escándalos de corrupción que amenazaban su viabilidad. Al menos en el marco político, estos regímenes salvaron el conocido fenómeno de nostalgia autoritaria con bastante éxito: el Tribunal Constitucional de Guatemala detuvo el autogolpe institucional promovido por el Presidente Jorge Serrano Elías; el poder judicial de Venezuela encontró salidas

jurídicas a la corrupción del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y los tribunales brasileños forzaron la remoción del presidente Fernando Collor de Mello; Carlos Menem reprimió la intentona golpista de los "carapintadas" en Argentina, para enjuiciarlos y posteriormente otorgarles el perdón. Alberto Cristiani firmó una salida negociada al conflicto armado del Salvador.

El sistema político mexicano, por consiguiente, vio acrecentarse las presiones internacionales para una transformación democrática. Sumergido en un deterioro desde 1968, el sistema había optado por la vía liberalizadora desde entonces con diversos grados de éxito. Dentro de la lógica del sistema político mexicano, era mejor abrir paulatinamente las compuertas de la participación política que encabezar de una vez por todas, una genuina instauración democrática.

Cada presidente, por ello, emprendió su propia reforma electoral. El camino de los procesos de liberalización y reforma se caracterizaron por una compleja red de evoluciones e involuciones que, paradójicamente, mientras más funcionales resultaban, mas reducían los márgenes de iniciativa y control de la autoridad sobre los procesos y procedimientos políticos.

Al mismo tiempo, el Sistema Político se vio obligado a enfrentar escenarios económicos adversos, en contraste con las etapas de formación y madurez que se habían caracterizado por crecimiento y estabilidad.

La firma de tratados y acuerdos comerciales con 32 países de 1994 al 2001 no sólo implicó una intensificación del intercambio de mercancías, sino también el fortalecimiento de contactos políticos y culturales. La presión sobre el sistema vino del exterior a través de la Internet, la creciente apertura al exterior y la información; las elites políticas de los socios comerciales, cada vez con más frecuencia, expresaban su preocupación sobre los rasgos autoritarios del sistema. No sólo el establishment de

Washington, sino también los negociadores europeos, hicieron notar que los clubes de comercio lo eran también de democracias. Italia condicionó la ratificación del tratado de Libre Comercio con la Unión Europea al desempeño electoral del dos de julio del año 2000.

Era difícil conciliar las imágenes que a diario bombardeaban a los televidentes y cibernautas mexicanos sobre la libertad en el mundo con las evidencias más retrógradas de lo que pasaba en casa.

Al hombre más poderoso del mundo, William Clinton, le juzgaban en las cortes y en los medios por mentir bajo juramento y, plausiblemente, obstruir a la justicia. Su suerte se definía en un juicio político en el Congreso. En México, se abría un expediente por corrupción contra un Secretario de Estado6 y el caso se congelaba hasta convertirlo en prófugo. En los Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia ordenaba fraccionar al consorcio empresarial más poderoso del mundo, Microsoft, y en México no se encontraban elementos para enjuiciar a ninguno de los responsables del rescate bancario que involucraba una deuda de sesenta mil millones de dólares para el país y en donde se habían transgredido normas constitucionales. El mundo se estremecía por la iniciativa del juez español Baltazar Garzón para procesar a Augusto Pinochet, mientras que en México aparecían evidencias de los lazos del Gobernador de Morelos con una peligrosa gavilla de secuestradores y se transmitía por televisión la masacre de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, sin que nada, salvo la remoción de ambos gobernadores, sucediera. Como extraído de un texto de Sartre, un fantasma recorría los mandos medios del gabinete presidencial: El suicidio. Tres funcionarios de alto nivel murieron por su propia mano y bajo el peso de sus culpas: La muerte preferible a enfrentar el descrédito y el escándalo de la corrupción.

En el entorno de un mundo cambiante, la terca realidad mexicana se empecinaba en permanecer inamovible. Parecía, nuevamente, el gatopardismo más puro: Que lo que se reforme asegure que nada cambie.

Pero algo falló. De lo que se reformó a fondo, hubo un elemento que resultó determinante: La organización y justicia electoral.

A partir de 1994, la sociedad mexicana concibió de manera cristalina un arma poderosa que tenía en sus manos: el voto. Supo, también, que éste se respetaba. De esta forma lo fue ejerciendo de manera contundente a lo largo de los años pero no encontró un líder unificador sino hasta el año 2000.

En esa fecha, los mexicanos votaron por un México diferente. Uno que se reconcilie consigo mismo, democrático, próspero, justo, inserto en los profundos cambios del mundo. ¿Podemos construirlo? Yo creo que sí.

2.2 Los efectos de la globalización: De la selección natural a la selección cultural.

Por globalización se entiende el proceso de cambio de sistema mundial que ha redefinido las relaciones políticas, económicas y sociales del mundo a través de una creciente interdependencia, una alta capacidad de cambio,

y la sustitución de

paradigmas en cada una de las esferas de la vida humana.

Quizá el calificativo más adecuado para la globalización sea rapidez. En un periodo extremadamente breve, una década, seiscientos millones de seres humanos ingresaron a la economía de mercado, se realizó la primera operación a corazón abierto sin que el cirujano estuviera presente, se revelaron a la ciencia los secretos del

genoma humano, se perfeccionó la clonación y al hombre más rico del mundo se le adjudicó una fortuna de sesenta mil millones de dólares por sus utilidades en una empresa del conocimiento.

De todo ello nos enteramos al instante, gracias al funcionamiento de más de 600 satélites que circundan la tierra. La información se esparce por una red que consultan 600 millones de seres humanos, para cada uno de los cuales existen al menos 300 chips de computadora. La información que se genera interconecta a la nueva e-conomía, la economía electrónica, con la política y la sociedad en su modo más elemental: La familia.

El Estado ha disminuido sus alcances por la fuerza aplastante de los problemas globales. Las grandes variables financieras, de justicia y de desarrollo sustentable están, simple y llanamente, fuera de su control.

La globalización ha impactado de manera decisiva, entonces, las tres vertientes más relevantes de la vida humana: la economía, la política y la vida social. Lo ha hecho, muy especialmente, a través de una difusión masiva de conocimiento.

Desde la invención de la imprenta por Gutenmberg en siglo XVI, la humanidad no conocía una transmisión de conocimiento de tal magnitud. Aquella honda expansiva permitió que el conocimiento se hiciera accesible a una vasta capa social. La circulación de conocimiento engendró nuevas ideas y sueños. Un imaginario completamente innovador pobló la tierra. Dio pie a la experimentación científica que cimbró los fundamentos de la religión en el mundo occidental. Facilitó un descubrimiento quizá más impactante, y ciertamente más trascendente, que el de nuevas tierras: El del territorio del pensamiento humano. Para él, simplemente y desde entonces, no existen fronteras.

La globalización ha hecho algo semejante. El esparcimiento del conocimiento humano, a través de la red, vía las nuevas tecnologías y en los medios masivos de comunicación abren un espectro de posibilidades alentadoras. Al mismo tiempo, sin embargo, ensancha una brecha entre aquellos que poseen el conocimiento, los medios para obtenerlo, desarrollarlo y expandirlo, y aquellos que quedan al margen, sin posibilidades de competir.

El mundo transita sobre una vía que implica un profundo cambio de valores y paradigmas. Quizá el más importante: estamos transitando de la selección natural a la selección cultural. Sólo aquellos que tengan conocimiento suficiente, y la capacidad de incrementarlo y aplicarlo a los procesos productivos, serán capaces de competir en el mundo feliz que se avizora.

Pero, ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo, bajo las condiciones actuales, seremos capaces de brindar viabilidad a una creciente porción de la humanidad que vive en extrema pobreza, desnutrida, sin protección médica, desamparada? La selección cultural es, por lo mismo, un proceso cruel y excluyente. Contra la evolución de Darwin, los excluidos del mañana no lo serán por fuerza de la naturaleza sino por nosotros mismos, por nuestra manifiesta incapacidad para incorporarlos al mundo del conocimiento y la innovación.

La globalización abre lo mismo posibilidades que interrogantes de la más profunda complejidad. ¿Para qué llegamos hasta aquí? El socialismo se fundó en una causa correcta y fracasó por la fuerza de mecanismos incorrectos. Con la globalización sucede algo similar. Sin un sustento superior, de altura de miras, la ola que envuelve al mundo no parece inundarnos de mayor igualdad, oportunidades y certeza de futuro.

Por su intensidad y los horizontes que perfila, no es un movimiento capaz de ser detenido. No es posible ni conveniente hacerlo. Pero admitir esta realidad no implica en modo alguno aceptar que todo lo que involucra sea definitivo. Mucho menos correcto. Tenemos, sin embargo, una posibilidad: modificarla, y una obligación: gobernarla.

2.3. La economía del conocimiento: Del instrumento al intelecto.

Los sistemas económicos mundiales han cambiado paulatinamente a lo largo de la historia. En sus orígenes, el hombre mantenía una economía de subsistencia. Lo que producía le hacía sobrevivir. Tenía que desplazarse, entonces, hacia donde estaba el alimento. Bajo este sistema se formó el embrión de la familia. Los hombres cazaban y las mujeres desempeñaban un papel doméstico. Pero fue la mujer, nos recuerda Rosario Castellanos, quien hizo un descubrimiento formidable. En sus jornadas de soledad, descubrió la siembra7. Ese hecho lo modificó todo. Terminó la época nómada: El alimento estaba ahí, a la mano. El hombre, finalmente se asentó.

Con el tiempo, el hombre sedentario creó, bajo el signo de la tierra, el primer sistema económico mundial. Se basaba en la agricultura. Se caracterizaba por la concentración: Quien más tierra poseía, más riqueza acumulaba. Inmersos en este proceso, el mundo se extendió: Los soberanos lanzaron a sus hombres a buscar más tierra, allende las fronteras de lo conocido. La encontraron. Pero la tierra poseía sus límites: Se agotaba. Además, por más tierra que se poseyera, la producción se limitaba a los frutos que pudiera proporcionar.

Así, el hombre comenzó a buscar nuevas alternativas de generar riqueza. Lo hizo por primera vez, a través de la aplicación de conocimiento. El arado fue sustituido por la máquina. A este proceso lo denominamos revolución industrial. Su cambio lo

transformó, casi, todo: Las relaciones laborales, la integración social, incluso la forma de concebir y ejercer el poder. Creó, como es natural, terribles tensiones sociales: Ningún estado peor que la incertidumbre. El ludismo fue el primer movimiento social articulado contra la máquina: Destruirla era preservar el mundo conocido, la estabilidad y el progreso. Fracasó. La industrialización resultó imparable.

El sistema económico basado en el poder de la maquina, en los instrumentos, se extendió hasta la sexta década del siglo XX. A partir de entonces, algo empezó a cambiar. Los servicios, la información, la tecnología aplicada comenzó a desplazar a la industria, la producción en cadena, como el motor de la economía. La maquina, que antes había desplazado al arado, fue hecha a un lado por el cerebro. Su diferencia primordial: La máquina producía de manera intensiva, el cerebro de manera extensiva. La máquina tenía un límite: Podía producir mucho de lo mismo, pero jamás podía exceder su capacidad. El conocimiento aplicado a la producción no conoce límites ni en su cantidad ni en su horizonte. Esto implicó una segunda revolución: La tecnológica.

En la actualidad, el instrumento económico más relevante es el conocimiento. Nunca antes la producción de riqueza había estado tan vinculada a la creatividad, la innovación y el cambio. El conocimiento es infinito. La suma de varias inteligencias hace que el conocimiento se potencie y multiplique. No son rasgos menores. La posibilidad de generar más conocimiento, ad infinitum, es estimulante.

El que la base de la economía sea el conocimiento constituye un rasgo toral de un nuevo sistema económico: No se agota, como la tierra, ni tiene límites, como las maquinas8. Por ello, la espiral creciente de la inteligencia humana crea un estado de innovación vertiginoso.

Peter Drucker comenta al respecto: “El conocimiento es diferente de todos los demás recursos. Se vuelve obsoleto constantemente, de modo que el avanzado de hoy es la ignorancia de mañana. Y el conocimiento está sometido a cambios rápidos y abruptos (...) La productividad del conocimiento y de sus trabajadores no será el único factor competitivo en la economía mundial pero es probable que se convierta en el factor decisivo”9

Piénsese, por ejemplo, en el indicador del número de empresas de servicios que han aparecido en los últimos años y no resultará sorprendente que prácticamente el 70% de los empleos pertenezcan al sector terciario ni que 75% de las 500 empresas de forbes pertenezcan, también, a los servicios10.

Esto responde a una razón de mercado. Todos utilizamos productos industriales, pero recurrimos, prácticamente a diario, a toda hora,

a servicios: El

teléfono, la computadora, el software. Esta recurrencia hace explicable que la innovación determine cada vez más la demanda de servicios. Así las cosas, se ha transformado decisivamente la noción misma de negocio – lo que hago- y de organización –cómo lo hago.11

Una organización exitosa, afirma Peter Drucker, debe estar preparada para abandonar en un día lo que ha hecho toda su vida12. La máxima refleja el vértigo de la economía electrónica. Las empresas eficientes incorporan cada día nuevas tecnologías a sus procesos, maximizando las ganancias y la productividad. Los grandes pensadores de la administración contemporánea recomiendan que la organización esté lista para aprender, pero al mismo tiempo, para aplicar el proceso inverso: Desaprender lo realizado con increíble rapidez13.

La máxima se resume así: “Las empresas tendrán que desaprender mucho de su pasado y deberán, también, olvidarlo. El futuro no será extrapolación del pasado. Igual que una nave espacial, una empresa debe estar dispuesta a deshacerse de aquellas partes que ya no le sirvan para llegar a su destino y que se convierten, efectivamente, en lastre”14.

De esta manera, las empresas deben aprender que las acciones del pasado que les hicieron llegar hasta el presente difícilmente les conducirán con éxito al futuro. Se ha llegado así a la concepción de las organizaciones que aprenden y crean conocimiento a través de la información15. Este proceso se da, cada vez más, con base en la información que se encuentra fuera de la organización: En los mercados, en la competencia pero, muy especialmente, en el verdadero rey del mercado: El consumidor.

2.3.1. Viviendo deprisa

Pero no es fácil adaptarse al cambio. En un mundo empresarial desbocado, las empresas crecen y desaparecen con increíble velocidad.

Quizá el índice de empresas más influyentes del planeta sea el mejor ejemplo de la poderosa ola que mueve a la economía de hoy. Solo un tercio de las 500 empresas más importantes del mundo, según la revista Fortune, existían hace siete años16. Dos casos revelan la dimensión del tobogán de la competitividad: Enron pasó a ser en quince años una de las compañías más poderosas de los Estados Unidos. Su estrepitosa caída se dio en días, cuando sus acciones se desplomaron y no valían más que el papel en el que se imprimían. K Mart, la segunda más importante tienda de autoservicios del mercado norteamericano tuvo que cerrar sus puertas, incapaz de soportar el peso de la competencia.

La velocidad del cambio ha exigido que las empresas se vuelvan muy flexibles y adaptables al cambio. No es una característica más. Es un símbolo de supervivencia. Zara, la marca líder de ropa española, es capaz de diseñar, producir y comercializar sus prendas en 1,160 tiendas esparcidas por todo el mundo en un periodo de 2 a 5 semanas. La flexibilidad le permite reducir sustancialmente los inventarios, reduciéndolos a sólo 15%, y renovar sólo lo que el mercado acepta. Su más cercana competidora, Gap, tarda seis meses en diseñar, producir y comercializar sus productos. Posee 30% de inventarios17.

La rapidez ha hecho de Zara un líder indiscutible porque ha logrado cambiar el paradigma del negocio. El mundo que avanza en vértigo tiene una regla para los negocios: Hacer bien los que otros hacen es una necesidad para estar en el juego. Para ganarlo, hay que inventar nuevos juegos.18

El objetivo fundamental de esta nueva cultura empresarial es ajustar a las empresas, a sus productos y a sus servicios a las crecientes necesidades de clientes que dedican cada día menos tiempo su vida privada y que exigen, por tanto, productos y servicios hechos a su medida: El mercado en casa, podría ser el distintivo de la nueva filosofía de los negocios.

El viejo paradigma central del comercio, la naturaleza del mercado, ha cambiado. Aquella concepción del mercado como sitio físico, con horarios preestablecidos, donde personas realizaban intercambios de mercancías por dinero, quedó atrás. El mercado es cada vez más un espacio virtual, sin fronteras, que nunca cierra, y en donde se realizan operaciones impersonales y mediante dinero electrónico19. El mercado está, siempre, en casa.

Todos los servicios se conciben bajo la premisa de ahorrar al consumidor esfuerzo. Un reciente modelo de refrigerador registra pedidos hechos por una

computadora de manera automática, a través del Internet, con cargo a una tarjeta de crédito y el abastecimiento se da de manera semanal de forma automática, sin que nunca se hayan visto el cliente y el proveedor. El ejemplo revela que ha cambiado la forma más elemental de entender el comercio: La compra venta.

2.3.2. El valor del hombre.

Por ello, la globalización ha hecho que diversas profesiones y empresas sean prescindibles. Un ejemplo entre cientos son las agencias de viajes, animal en extinción, para que cada quien diseñe sus vacaciones a su medida, desde su casa, a la hora que guste. Bienvenidos. El mercado ya no cierra jamás.

De igual forma, el surgimiento de nuevas formas de desarrollar el mercado deja a

muchos

otros

atrás.

Son

aquellos

que

pertenecen

los

segmentos

microempresariales de la economía. Los artesanos, los mercados y las microempresas que se basan en estructuras organizacionales familiares quedan desprotegidas ante los volúmenes de compra, servicios y tecnologías de los grandes consorcios empresariales. Estos no los absorben: Los desplazan, someten y eliminan.

Recuerdo que de niño mi barrio estaba plagado de comercios que ofrecían diversos productos. La carnicería, la miscelánea, la papelería. Conocía a los dueños. No sólo eran comercios: Eran parte de un tejido social. Hoy no aparecen por ninguna parte. Los grandes supermercados, que no se especializan en nada, los han borrado de la faz de la tierra.

En esa gran aplanadora queda, cada día, menos espacio para el obrero no calificado: La gran masa crítica, popular y perdedora, de la globalización económica. Las grandes industrias manufactureras, propias del siglo XX se dispersan a través del globo en donde encuentran mejores costos. La tendencia de hacer crecer el sector

servicios es contraproducente para millones: Aquellos que no poseen educación vivirán en la cesantía o estarán condenados al mundo de los trabajos temporales, las maquiladoras, los bajos salarios y nulas prestaciones sociales.

Las exigencias de mayores conocimientos para desempeñar roles directivos en las empresas, han hecho que las estructuras empresariales se achaten, reduciendo de manera importante el número de empleados e incrementando, al mismo tiempo, la productividad. Este hecho explica porqué en los países desarrollados la producción crece, la generación de riqueza aumenta pero al mismo tiempo aumenta el desempleo. Por una parte se produce más con menos; por otra, se prolongan tanto las habilidades como las jornadas de trabajo de los ejecutivos de la economía global.

Dentro de las empresas, el proceso de toma de decisiones se ha reformado de manera sustancial. La empresa del conocimiento reduce sus niveles jerárquicos, lo que implica estimular la creatividad y la decisión independiente. Implica, así, mayor liderazgo, menor jerarquía y creciente independencia y preparación. Una empresa típica de los años ochenta tenía siete niveles jerárquicos, hoy en día no tienen más de cuatro. Es lo que Reihard Mohn ha denominado el triunfo del factor humano.20

La bursatilización de las empresas hace que, contrariamente a lo que sucedía en el siglo XX, la dirigencia empresarial se vea sometida a un escrutinio diario de su desempeño. El valor de las acciones determina el valor del directivo empresarial. Típicamente, la evaluación de resultados en una empresa se hacía en la asamblea anual de accionistas. Hoy, sin embargo, los tenedores de acciones, el mercado, respaldan o rechazan las políticas empresariales, determinando el precio y evaluando, día a día, el desempeño de las directivas empresariales.

No es casual, entonces, que en esta dinámica de evaluación diaria y permanente, las dirigencias empresariales se preocupen por maquillar sus resultados.

La quiebra de Enron y Worldcom, que implicó pérdidas por más de 160 mil millones de dólares y arrastró a miles de inversionistas en su caída, supuso falsedad de declaraciones, ocultando pérdidas multimillonarias.

2.3.3. El mundo en desarrollo: Abrirse para perder.

Por lo mismo, el mercado global demanda, y mucho. Los grandes consorcios se unen entre sí, con el objeto de ser más competitivos y cubrir de manera adecuada las necesidades de un mercado global. Gran parte de la inversión extranjera global se da en procesos de fusiones y adquisiciones transfronterizas que realizan 60 mil empresas transnacionales y sus más de 800 mil filiales en el exterior21.

El significado de la creación vía fusiones de estos grandes consorcios empresariales es una tendencia oligopólica de la economía mundial. Implica una enorme concentración de la producción y, por tanto, un control directo sobre el empleo, el fisco y la generación de riqueza. No es una influencia menor: Se trata de un poder dentro de los Estados y más allá de ellos. Recuerda Noreen Hertz: “Las cien mayores multinacionales dominan ahora casi un 20% de las propiedades extranjeras en el mundo; de las cien mayores economías mundiales, 51 son empresas, y 49, estados nacionales. La cifra de ventas de Ford y General Motors supera el PIB de toda el Africa subsahariana; el patrimonio de IBM, BP y General Electric aventaja la potencia económica de muchas naciones pequeñas y los ingresos del supermercado Wal Mart sobrepasan los de la mayor parte de los Estados del Este y el centro de Europa, entre ellos, Polonia, Chequia, Ucrania, Hungría, Rumania y Eslovaquia”22

La ONU ha determinado que 100 empresas trasnacionales no financieras del mundo son el motor principal de la producción internacional. Emplean a más de 6

millones de personas y sus ventas son del orden de 2 billones de dólares. De ellas, sólo una –Petróleos de Venezuela- es originaria de un país en desarrollo23.

Adicionalmente se estima que el 40% de todo el comercio mundial se da entre empresas multinacionales.24 Así, a pesar de que los países en desarrollo han hecho esfuerzos sumamente importantes, incluso dolorosos, por insertarse en la dinámica de los mercados internacionales vía comercio exterior, no han logrado romper con el volumen de comercio intrafirma. No obstante que las exportaciones se han incrementado sustancialmente, también lo es que han debido enfrentar una paradoja: El libre comercio es libre para los países en desarrollo; para el mundo en desarrollo, no lo es tanto. No lo es, muy especialmente, en los segmentos en donde los países en desarrollo poseen ventajas competitivas. Dice el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz: “El hecho de que la liberalización comercial demasiado a menudo incumple sus promesas –y en realidad conduce sencillamente a más paro- es lo que provoca que se le opongan enérgicamente. Pero la hipocresía de quienes propician la liberalización comercial –y el modo en que lo han hecho- indudablemente ha reforzado la hostilidad hacia dicha liberalización. Occidente animó la liberalización comercial de los productos que exportaba, pero a la vez siguió protegiendo los sectores en los que la competencia de los países en desarrollo podía amenazar su economía.”25

El afán de encontrar mejores oportunidades ha hecho que las empresas relocalicen muchos de sus establecimientos y que los estados pugnen por atraer un número mayor de inversiones reduciendo su captación fiscal y conteniendo los salarios. Según un estudio de la OCDE, tan sólo en América, 100 mil gobiernos compiten por atraer nuevas inversiones26.

Pese a sus esfuerzos por reconvertirse, los estados del tercer mundo no han resultado exitosos en atrapar los grandes flujos de inversión extranjera directa. La ONU revela que de un total de 1.3 billones de dólares de inversión extranjera directa realizada en el año 2000, los países desarrollados atrajeron un billón sesenta mil, esto es, 424 mil millones de dólares más que lo captado en 1999.

A pesar de los crecientes esfuerzos de los países en desarrollo por resultar atractivos a la inversión, lo cierto es que su nivel de captación ha venido disminuyendo de manera consistente: Si en 1994 captaron el 41% de toda la inversión extranjera generada, ese porcentaje disminuyó a 38% en 1997, a 24% en 1999 y a 18% en el año 200027.

Este dato es sumamente revelador, toda vez que el año 2000 marcó el record histórico de inversión extranjera. Esto significa que, a pesar de que hasta ese año los flujos de capital habían aumentado año con año y que el flujo de capitales había aumentado, los países en desarrollo –quienes más requieren de estas inversionesdisminuían su participación como receptores28.

De la cada vez más reducida captación de las economías emergentes, la inversión extranjera directa recibida ese año por países en desarrollo –208 mil millones de dólares- cerca de cien mil se concentraron en los mercados asiáticos, y 90 mil a los países latinoamericanos, siendo Brasil y Argentina los dos principales imanes de inversión internacional. Europa central y oriental recibieron solo 23 mil millones de dólares y Africa 8 mil29.

El ataque terrorista a los Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001 y las posteriores secuelas de violencia, trajeron consigo una reducción en la inversión extranjera directa en el mundo. Tras llegar, como se vio, a su nivel máximo histórico en el año 2000, el año 2002 registró una inversión de sólo 651 mil millones de dólares,

prácticamente la mitad de los que se registró dos años atrás.30 De ellos, el mundo en desarrollo 162 mil millones de dólares, sólo 24% del total.

Regionalmente, sin embargo, la caída fue mucho más drástica, con efectos desiguales. Las regiones que más sufrieron la disminución en la llegada de capitales fueron: América latina, en primer lugar (-33%), Africa en segundo

(-41%)31. Las

entradas en la región Asia-Pacífico también son engañosas: No sufrieron reducción alguna, pero China concentró 53 mil millones de dólares, ubicándose como el primer destino de inversiones del mundo.32No sólo eso: Las cifras revelan que un solo país del mundo en desarrollo, China, concentró la tercera parte de toda la inversión internacional.

En cuanto a países, Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos y México, fueron los cuatro más afectados por la reducción de capitales. 14 países del mundo en desarrollo se registraron en la lista de la ONU con mayor disminución de inversión y, en contraste, sólo 7 se ubican en la lista de 30 países más favorecidos. Después de China, Francia, Alemania, Estados Unidos, los Países Bajos, Reino Unido, España, Canadá, Irlanda y Bélgica fueron los que más inversión extranjera captaron en el mundo.33

No obstante, los países en desarrollo sí han padecido los estragos de insertarse adecuadamente a la nueva lógica de los mercados. La reducción de barreras a las inversiones, muy especialmente las especulativas, han aumentado la vulnerabilidad de las economías locales para enfrentar los flujos de capital.

2.3.4. El gran casino mundial: La liberalización financiera.

Quizá la mayor fuente de inestabilidad en la economía mundial sea la apertura de los mercados financieros.

1.3 billones de dólares recorren los mercados financieros diariamente. La mayoría de esas inversiones permanecen menos de cinco días en los mercados en que se ubican. No producen. No generan empleo. Es el dinero que busca dinero en el gran Casino Mundial34. En contrapartida, la suma de todas las reservas monetarias del mundo suma 1.4 billones de dólares. La vulnerabilidad de la economía mundial, pero muy especialmente de las economías emergentes, es cada día más patente y riesgosa.

En este sentido, las grandes crisis que han estallado, muy especialmente la de México, han sido producto de estas deficiencias. Los ejemplos siguen corriendo: La crisis de los mercados asiáticos, argentinos y brasileños. No hay economía que esté a salvo. Señala Stiglitz: “Si la prematura y mal manejada liberalización comercial fue perjudicial para los países subdesarrollados, en muchos sentidos la liberalización del mercado de capitales fue incluso peor. Esta liberalización lleva consigo eliminar las regulaciones que pretenden controlar el flujo de dinero caliente hacia –y desde- los países contrapuestas sobre los tipos de cambio. Este dinero especulativo no puede utilizarse para construir fábricas o generar empleos (...) y en realidad el riesgo que dicho dinero caliente implica hace que resulte menos atractivo realizar inversiones a largo plazo en un país subdesarrollado. Los efectos adversos sobre el crecimiento son aún más intensos.”35

Es así como surge uno de los dilemas cruciales de los estados contemporáneos: A mayor apertura, mayor vulnerabilidad. En su búsqueda por insertarse de manera efectiva y veloz en la economía mundial, vía incremento de la competitividad, los estados nacionales proceden a desmantelar muchas de sus estructuras y abrir sus mercados a la competencia internacional. El proceso,

generalmente, no va acompañado de políticas que fomenten de manera integral la competitividad real: Marco legal, desarrollo institucional, financiamiento, infraestructura y desarrollo de capital humano. Así, el mundo de la bonanza no llega, al contrario: Se aleja.

2.3.5. Globalizando la pobreza.

La nueva economía no ha globalizado la riqueza. Más bien ha hecho lo contrario. Es alarmante el número de pobres en el mundo. El informe del Banco Mundial al respecto concluye que 1,198 millones de seres humanos sobreviven con menos de un dólar al día. En el lapso de una década, el número de habitantes viviendo en pobreza extrema aumentó en el sur de Asia de 474 a 522 millones; en América Latina el número aumentó de 63 millones a 78 millones, en Europa y Asia Central se extendió de 1.1 a 24 millones y en el Africa del subsahara se disparó de 217 millones a 291 millones36.

No obstante, el mismo informe reconoce que tomando un criterio más amplio de pobreza37, esta aumentaría sustancialmente. 51.4% de los latinoamericanos, bajo este tenor, vivirían en condiciones de pobreza, 50.5% de los africanos del subsahara y 40.2 de los habitantes del Asia del sur. Europa y Asia central concentrarían 25.6% de su población en el mundo de la pobreza38.

La aplicación continua de conocimiento, además, ha hecho que la productividad se incremente de manera sorprendente. España produce hoy el triple de lo de hace diez años. No obstante el empleo ha decrecido.39 Un ejército de parados ha llevado a generar las primeras crisis sociales del nuevo siglo. España tiene 14.1 % por ciento de desempleo, Francia 8.8%, Italia 8.7% Alemania 6.9%40

Adicionalmente, la recaudación fiscal por actividades empresariales se ha desplomado. En Alemania pasó del 35% en 1960 a 25% en 1980 al 13% en 1995. Por consiguiente, el Estado obtiene menos recursos para realizar sus funciones, al tiempo que aumentan las presiones sociales por falta de ingresos41.

La mano invisible del mercado podrá serlo, pero, como el poder, no se ve: se siente. Oprime, estrangula. El gran dilema de la globalización es, seguirá siendo, la justicia social.

Una preocupante conclusión de la reunión Braintrust Global, proyectó que el mundo del futuro desembocaría en la que denominaron la sociedad 20/80. Esto es: Sólo es veinte por ciento de la población mundial, en el futuro, estará ocupada y generará riqueza. Sobre ella, tendrá la responsabilidad de sostener al 80% de la población restante42.

La estructura de la nueva economía no permite vacilaciones. Las crisis que se suceden sin cesar han puesto de manifiesto que es urgente dar gobernabilidad al cambio global. ¿Cómo hacerlo?

2.3.6. Gobernar la globalización.

Una de las paradojas fundamentales de la globalización económica es que mientras su distintivo central es el conocimiento, las ideas para reducir sus efectos nocivos –muchos- y aprovechar sus ventajas –muchas- no proliferan.

Sabemos que la única forma de ordenar los cambios que ocurren en el mundo es a través de la articulación de consensos globales. Ninguna nación, por si misma, será capaz de imponer una estructura de gobernabilidad a la economía globalizada. Los economistas europeos proclamaban a principio de siglo que la fortaleza de sus

economías las hacían independientes de la gran locomotora estadounidense. La recesión del año 2001 probó lo contrario. Las crisis que han embestido a diversos países han probado que no basta el esfuerzo de una sola economía para salvar a las demás. Los Estados Unidos emplearon 30 mil millones de dólares en el rescate de México, pero fueron incapaces de proporcionar auxilio a Argentina seis años después.

La razón es simple: Más que dinero, se requiere el inicio de un proceso de innovación institucional en el nivel internacional. La gran estructura vigente nació tras la derrota de las fuerzas del eje en la segunda guerra mundial. Respondía, por tanto, a otro mundo. Sólo mediante el concurso de un esfuerzo colectivo, incluyente y global se podrá dar forma a una nueva estructura de instituciones internacionales que responda a las exigencias de gobernar el cambio.

El gran entramado institucional que se creó tras la segunda guerra mundial está rebasado y no es capaz de optimizar los beneficios del nuevo sistema y disminuir sus defectos. No es capaz, mucho menos, de dar gobernabilidad y certeza a un proceso que no tiene marcha atrás. No es un asunto menor: Implica darle vida, cauce, orden y profundidad a un sistema cuya médula es la libertad, el fomento de la creatividad y la expansión del conocimiento. De ahí se derivan cualidades de gran envergadura: Liderazgo, innovación, independencia. Pero para que esto permee y efectivamente llegue a los más, se requiere crear las instituciones internacionales que faciliten su desarrollo y regulen su crecimiento. Una sociedad guiada únicamente por la mano invisible del mercado –recuerda Noreena Hertz- no sólo es imperfecta: Es también injusta43. Agregaría que es, además, incompatible con los valores que sustentan el surgimiento del nuevo sistema. Si sus rasgos fundamentales son democracia, libertad, conocimiento, las instituciones que lo sustenten deben ser democráticas y las políticas públicas que lo fomenten y regulen deben facilitar su consolidación. No hay libertad verdadera sin igualdad. No

hay democracia política cierta sin democracia económica. De ahí la importancia de generar nuevos consensos globales.

¿Quién articulará estos consensos? Aquí surge la segunda gran paradoja de la globalización económica: El ente –ilusa y prematuramente- calificado como condenado a desparecer: El Estado nacional.

2.4. El estado insuficiente.

Al estado nacional, le ha tocado librar batallas perdidas. Simple y sencillamente, vive una coyuntura histórica y determinante. Su paradigma fundacional, la soberanía, se encuentra en entredicho. Nunca antes había enfrentado tal coyuntura.

¿Por qué? No estamos atestiguando un simple reacomodo de las reglas del juego político. Estamos presenciando un cambio de sistema. La modificación de los modos de producción, de ejercer el poder, de entender la política, de convivir entre nosotros mismos, implica un cambio en las bases sobre las que se desarrolla la vida humana.

Los cambios del sistema de Ciudades Estado al de imperios, la sustitución de este por el estado feudal o el surgimiento de los Estados Nación con la Paz de Westfalia en 1648, implicaron cambios sumamente complejos en las diversas dimensiones de la existencia humana: Su pensamiento, su forma de producir riqueza, su forma de organizar el ejercicio del poder.

La globalización, para el Estado nacional, sin embargo, implica un doble desafío: No puede gobernar gran parte de los fenómenos del mundo contemporáneo y

no posee los recursos suficientes para responder a las necesidades internas que esos fenómenos producen.

Sigue siendo, sin embargo, la entidad por parte de la sociedad para resolverle sus problemas locales.

2.4.1. Problemas globales, soluciones locales.

Los acontecimientos que ha producido la globalización y que impactan a los Estados son de carácter internacional. Flujos financieros, migración, terrorismo, contaminación, narcotráfico, comunicaciones, información, son sólo algunos de los fenómenos que el Estado no puede gobernar. A problemas globales, se ha respondido con soluciones locales. Es fácil predecir el resultado.

La clase política deberá entender que tiene enfrente un reto de proporciones históricas: Generar un nuevo tipo de organización política acorde a las necesidades de un nuevo sistema. Debe hacerlo bajo las siguientes premisas: Ejercer la soberanía de manera distinta, redefinir los alcances de la gobernación y facilitar la construcción de nuevas esferas de poder.

Como se verá, la concepción tradicional del poder soberano del estado ha sido socavada por el surgimiento del nuevo sistema mundial, a través de la redefinición de los cuatro conceptos clave que hasta hoy han definido al Estado como estructura de poder: Territorio, nación, soberanía y Gobierno. 2.4.2 Territorio

En el pasado, construir políticas que efectivamente contuvieran problemas de carácter externo a los países era posible. Era también, en muchos casos, deseable. El territorio era el referente esencial de la política del Estado Nación. Era, en muchos casos, una limitante. La frontera de los países era también el límite que otros estados no podían transgredir. Era, en otros, la garantía de decisión: Dentro de mi territorio hago lo que me plazca, incluso lo peor. Pero hoy las cosas han cambiado. Como siempre, lo han hecho para bien y para mal. La frontera ya no es seguro de inmunidad. En el nombre de la soberanía hay atropellos, excesos, que ya no se pueden cometer. Más que el brazo largo de la justicia, el abuso es frenado por una concepción renovada, vigorosa, de derechos universales. Los seres humanos, más allá de las fronteras, por encima de ellas, compartimos algo. Algo que es nuestro. Algo más poderoso que nuestras diferencias. Que bueno que así sea. Habríamos evitado, quizá, nuestros momentos más oscuros: Auschwitz, Treblinka, el gulag.

Pero también las fronteras se han diluido y se han convertido, utilizando una frase de Aguilar Camín, en nómadas. Como se comentó, más de un billón de dólares –un millón de millones de dólares- circulan diariamente en los mercados de cambio del planeta. No se quedan en sitio alguno por más de cinco días. Las propuestas para frenar este fenómeno – como el impuesto Tobyn44-, con la excepción de Chile, parecen estar condenadas a fracasar si se aplican unilateralmente. Simple y llanamente, aunque lo deseara, el Estado Nación no puede gobernar sobre su territorio el flujo de capitales que cruzan día a día sus fronteras.

Otro ejemplo es el de la información. La primera red noticiosa de alcances globales, CNN, distribuye noticias vía satélite cotidianamente a todo el mundo. Los ataques terroristas a los Estados Unidos y la consecuente represalia fueron

televisadas en vivo. Independientemente del carácter informativo de estos sucesos, lo cierto es que su transmisión producía indudables efectos políticos en los países receptores.

Y es que la lógica televisiva, el encapsulamiento de la información en pocos minutos, conlleva mensajes implícitos importantes en materia política, económica y cultural. Son mensajes que van modificando la conducta de los seres humanos: Sus convicciones, sus valores.

La Internet, a pesar de las limitantes de acceso que implica para una vasta porción de la población mundial, es un espacio que cruza virtualmente los territorios y facilita el flujo de información, comunicación y comercio, pero también la pornografía, el narcotráfico, el tráfico de órganos y la propaganda de odio racial45. Con todo, es consultada día a día por un número creciente de seres humanos que intercambian información y experiencias a través de sus computadoras.

El once de septiembre recordó, de manera cruel pero indubitable, que un fenómeno global actuaba por encima de los gobiernos y las fronteras: El terrorismo. Las imágenes de los Estados Unidos bajo sitio revelaron un cambio fundamental en el paradigma bélico. Como el gobierno de los Estados Unidos lo definió con claridad se trataba de una declaratoria de guerra, pero ¿Por parte de quién? Un ejército sin rostro, sin batallones, lo acosaba. Lo atacaba, pero no lo enfrentaba. Lo agredía, pero sin armas. El terrorismo, en el futuro, será una fuente global de conflicto que irá evolucionando hacia formas mucho más sofisticadas de agresión, que podrán ir desde el terrorismo biológico hasta el cibernético, obligando a los gobiernos a modificar las reglas aceptadas de la guerra y más: A redefinir los alcances de un viejo concepto: La seguridad global.

El narcotráfico, un negocio global de miles de millones de dólares anuales, recorre los territorios de manera ilegal pero efectiva. De los productores asiáticos, los cárteles colombianos o mexicanos, la droga llega a los mercados consumidores: El mundo del desarrollo. Problema de oferta y de demanda, nadie piensa en una solución real de mercado, política o de salud pública en términos unilaterales. Los esfuerzos de los gobiernos locales por controlar la adicción al dinero fácil, como lo ha definido correctamente, Gabriel García Márquez, y a la dependencia física de la juventud han resultado infructuosos. Y es que, al lado del narcotráfico, hay otro fenómeno global, que no distingue fronteras: La corrupción.

El territorio ha dejado de fungir, entonces, como espacio exclusivo del poder del Estado.

2.4.3. Nación

Pero el concepto de nación también se vuelve más complejo. Sobre los estados se desarrollan cotidianamente la actividad de entes que están por encima de sus fronteras. Dos son los ejemplos más palpables de esta convivencia. Por un lado, se encuentra la presencia de los conglomerados empresariales que exportan capital, tecnología y productos. Por otro, en el extremo opuesto, se encuentra una creciente franja de trabajadores que no son capaces de encontrar empleo en sus países. El territorio nacional se enfrenta, así, a una paradoja de los efectos económicos de la globalización: Los extremos de la riqueza y la pobreza impactan sus estructuras políticas.

Las empresas internacionales son el ejemplo más evidente, muy especialmente en lo relacionado a los patrones culturales y de consumo que promueven, de la interacción de personas físicas y morales dentro del espacio territorial de los Estados. Al mismo tiempo, los grupos de presión y lobbyng se multiplican, involucrando a

connacionales que trabajan para los grandes conglomerados empresariales. Una compleja red de intereses económicos transnacionales se teje en el corazón mismo de los Estados. No sólo es la capacidad física de las empresas internacionales para influir en la política local a través de la inversión, generación de empleo, contribución fiscal y derrama económica. También lo es la protección de sus intereses vía lobbyng, contribuciones políticas y donaciones a estructuras de gobierno.

Al mismo tiempo, el fenómeno de la migración comienza a modificar los patrones culturales de la sociedad. 10.4 % de la población de Estados Unidos, 28.4 millones de personas46, - nació fuera de él. El fenómeno ha venido a modificar la política electoral de Estados clave del país vecino, en donde los migrantes juegan un papel preponderante no sólo como primera minoría sino también como factor clave de decisión electoral.

El efecto, con todo, es doble: Si los migrantes mexicanos en Estados Unidos poseen cada vez más una influencia determinante en la política de ciertos estados de la Unión Americana, también podrían tenerlo en el territorio nacional. Los veinte millones de mexicanos que residen en los Estados Unidos tendrían una increíble fuerza electoral en caso de extenderles el derecho al voto sobre la política electoral de México. Ya veremos, más adelante, la complejidad de este fenómeno. ¿Cuál sería el fundamento cultural de su participación política y su particular visión de qué futuro es el óptimo para el país?

La problemática migratoria no se circunscribe al caso citado sino cada vez se presenta con mayor nitidez como un patrón norte sur. Lo mismo en Europa que en Asia, los flujos migratorios impactan a los Estados Nacionales transformando el concepto de nación, muy especialmente en la medida en que las sociedades receptoras van fundiéndose en su cultura, relaciones laborales y economía con los migrantes.

La migración abre retos importantes para la gobernación local en materia de fuentes de empleo, equipamiento urbano y defensa de valores nacionales. Los países desarrollados ven cada día con mayor preocupación como una porción importante de sus empleos lo ocupan trabajadores extranjeros. En Australia el índice se eleva hasta 26%, en Suiza 19%, en los Estados Unidos 12% y Austria 10%. 47

Uno de los puntos pendientes más relevantes de la globalización es, justamente, cómo equiparar las oportunidades del flujo de capitales y mercancías al flujo de empleos y dimensionar sus efectos en la gobernabilidad de los Estados Nación y como brindar sistemas de protección, jurídica y política, a los migrantes.

Pero la globalización está creando también una conciencia colectiva más universal. Parece que estamos presenciando el embrión de un nuevo conjunto de valores universales, que corresponden a una suerte de código ético para la humanidad. Derechos humanos, jurisdicción internacional, regulación ambiental, entre otros temas perecen perfilar la base estructural de las nuevas instituciones internacionales.

Con todo, esta conciencia colectiva ha cuajado con mayor ímpetu en la sociedad civil que en los gobiernos. Los movimientos ciudadanos se multiplican y desbordan las fronteras. Lo hacen a un ritmo mucho más vertiginoso que lo que lo hace la política. Mientras que las asociaciones gubernamentales internacionales crecieron de 37 en 1906 a 176 en 1996, las organizaciones no gubernamentales lo hicieron de 260 a 5,472 en el mismo periodo48.

El mundo presencia el surgimiento de una generación universal. Esta generación de ciudadanos del mundo se hacen presente día con día en asuntos diversos, muchos de ellos estrechamente vinculados a la vida nacional de los Estados.

No solamente organizaciones como Green Peace, o los grupos Globalifóbicos se hacen presentes en diversos lugares del planeta. También lo hacen grupos como los Monos Blancos o Amnistía Internacional. La solidaridad internacional, muy especialmente

europea,

que

generó

movimiento

zapatista

implica

involucramiento internacional importante en problemas domésticos.

Los ciudadanos se agrupan para realizar por sí gestiones que antes correspondían a los Estados pero también para modificar la actividad de las empresas multinacionales con el objeto de imponer valores ciudadanos universales. Los movimientos de consumidores éticos revelan una coordinación eficaz para premiar o castigar a empresas que respeten la ecología, las relaciones laborales, y la ética humana en su producción.

2.4.4. Soberanía

La decisión del Estado Mexicano de deportar a Domingo Cavallo por crímenes cometidos en Argentina contra ciudadanos españoles marcó un avance sustantivo en la justicia internacional que se estrenó en Nuremberg. Un nacional puede ser presunto responsable de delitos cometidos en su territorio soberano contra ciudadanos de otro país. La tesis Garzón anticipa los fundamentos operativos de una nueva concepción jurisdiccional. La Corte Penal Internacional parece ser el inicio de un nuevo esfuerzo en materia de justicia, enfocado en el concepto de jurisdicción universal49.

La primera guerra del siglo XXI, la intervención en la antigua Yugoslavia, refuerza la idea de que el Estado no puede hacer lo que le plazca con su nación en base a su poder soberano. No más. La intervención multilateral se justificó por la defensa de valores aceptados universalmente y reconocidos como valores de los

individuos. Una intervención de este tipo en 1936 o 1937 hubiera evitado el holocausto. No se dio. La humanidad pagó el costo.

No sólo el Estado nacional ha sufrido los shocks del cambio de sistema. También lo ha padecido la vieja estructura internacional. Tras la derrota de los ejércitos del eje en 1945, surgieron una serie de organismos que buscaban regular las actividades internacionales en el planeta. Hoy son inoperantes.

La ONU es incapaz de conducir políticas que satisfagan las necesidades de los seres humanos50 Es impotente ante los designios de las potencias mundiales. Es, además, excluyente: Su consejo de seguridad no es representativo de voces influyentes en un contexto humano, como las de México, Brasil o la India. El Banco Mundial no logra encontrar soluciones a la pobreza y el desarrollo. El FMI se ha desfondado en préstamos emergentes a los países golpeados por las crisis financieras. Exige, no obstante, cada día más, pasando por alto algo elemental: El problema no es de dinero o apertura: Es de equidad.51

Los fenómenos que impactan día con día la vida ciudadana han hecho que las naciones se modifiquen. La encuesta mundial de valores así lo revela, anticipando a ciudadanos más internacionales. El resultado es duro: las viejas recetas para gobernar han caducado.

Bajo estas circunstancias, ¿Sigue siendo soberano el Estado? Lo es y lo seguirá siendo, pero no bajo todas las premisas en que se fundaban los Estados del siglo XX.

Por soberanía se entiende la facultad de los estados para crear y aplicar leyes y políticas dentro de su territorio52. De esta forma, y bajo el contexto descrito, acuerdos

internacionales, tratados comerciales, multiorganismos, van modificando la vieja noción de soberanía.

El ejemplo más latente de organización política de este tipo lo vemos en la Unión Europea. Ahí conviven dos tipos fundamentales de gobernabilidad. Por un lado existe la gobernabilidad continental, que atañe a temas centrales de la unión, bajo un parlamento y políticas comunes consensadas. Por otro, los Estados mantienen su control soberano sobre diversos aspectos de la vida nacional.

2.4.5. Gobierno

La capacidad de gobernar de los Estados nacionales se ha ido deteriorando por carecer de los instrumentos para resolver problemas esenciales de las sociedades. Ni la inversión, ni la garantía de un desarrollo sustentable ni los flujos financieros, vitales todos para el crecimiento económico y la justicia social se resuelven dentro del contexto del Estado nación.

Pan y circo, era una vieja consigna romana para gobernar. ¿Cómo ofrecer ambos bajo las actuales circunstancias? El pan se consigue bajo el crecimiento económico. El circo es cada más inoperante para satisfacer las demandas, justas y reales, de una sociedad empobrecida que atestigua cómo se desmorona la efectividad de los gobiernos. Como apunta correctamente Yehezkel Dror, no es la sociedad la que se ha vuelto ingobernable. Es el estado quien ha perdido su capacidad de gobernar53.

La economía del conocimiento ha tenido un impacto de la mayor trascendencia en la forma como se accede al poder en los estados nacionales. La intermediación política dentro de los Estados Nación se dio durante una parte del siglo XIX y el siglo XX a través de las estructuras de los partidos políticos.

La forma de organización de los mismos se adaptó de tal forma que atendiera a sectores productivos específicos: Las grandes masas de trabajadores que se organizaban a través de una actividad de producción masiva. Así surgieron los partidos obreros –la social democracia- campesinos y empresariales. Pero, como se vio, la economía del conocimiento exige cada vez más especialización. El efecto sobre la organización política fue mayúsculo: Los partidos perdieron su atractivo sectorial y clientelar.

De esta manera, un creciente número de personas se contrata en el sector servicios, que implica la disminución de la influencia de los sectores productivos. Las posibilidades de agrupación son limitadas. También lo es la generación de un sentimiento de clase que vincule a los trabajadores del conocimiento. Como se vio, estos tienen una mayor preparación, un mayor ingreso y menos inclinación a involucrarse en proyectos colectivos. Pareciera, ciertamente, que una cultura profundamente individualista motiva sus acciones, erosionando el sedimento cohesionador de la actividad política tradicional de los partidos.

Una franja creciente y dominante de ciudadanos independientes se ha creado, regateando su afiliación política y dificultando la actividad de los partidos por ampliar su base militante. Estos ciudadanos son la franja decisiva en las elecciones y basan su voto más en sus percepciones sobre los candidatos que sobre la agenda de los partidos. El voto de los trabajadores del conocimiento ha tenido, así, un cambio sustancial: De la ideología a la confianza.

Esta situación ha conducido a que el bagaje moral de las personas tenga un mayor peso que los postulados ideológicos de los partidos. La acción política ha abierto sus posibilidades a actores externos: Los outsiders. De Alberto Fujimori a Silvio Berlusconni a Vicente Fox, los ejemplos de políticos no políticos que acceden al poder se multiplican. Lo hacen a través de una convocatoria ciudadana e independiente

basada en mensajes simbólicos y apelando al respaldo ciudadano con base en sus características personales y profesionales.

Por lo mismo, la política de la confianza se caracteriza por un escrutinio más intenso de las características personales de los candidatos reduciendo la frontera entre lo público y lo privado. El surgimiento de continuos escándalos mediáticos54 se debe a que, precisamente, el valor más importante de la política contemporánea es la confianza reflejada en las cualidades de los gobernantes.

Esto explica porqué el crecimiento del poder de los medios y las ONG´S en el mundo. Los partidos políticos tienden a desaparecer, así sea de forma paulatina, por ser incapaces de ofrecer una intermediación real a los ciudadanos. Parece ser que los partidos se circunscriben cada vez más a una labor de construir bases razonables de electores, de brindar estabilidad al sistema político y de mantener el monopolio -en ciertos sistemas- de las nominaciones a cargos de elección popular.

De ahí la

preferencia y credibilidad por organizaciones independientes.

Desarticulado, incapaz de gobernar plena, soberanamente, sobre muchos de los acontecimientos que afectan a su territorio, atrapado en estructuras de gobierno obsoletas, gobernando a naciones cada día más universales, el Estado nacional enfrenta una crisis en cada uno de sus paradigmas fundacionales.

2.4.6. ¿Está condenado el estado nacional a desaparecer?

No, por supuesto. Existen funciones vitales que tendrá que seguir desarrollando, las más relevantes:

1. Asegurar la justicia social. 2. Desarrollar el capital humano.

3. Encauzar señales de mercado. 4. Accesar a la nación a sistemas de desarrollo biotecnológico. 5. Aplicar los sistemas de justicia. 6. Garantizar los sistemas de atención a grupos vulnerables. 7. Articular de la política exterior. 8. Representar a la nación ante organismos supranacionales. 9. Aglutinar la identidad cultural.



Asegurar la justicia social.

La creciente desigualdad del mundo, la oprobiosa división entre los muy ricos y los muy pobres, ha erosionado la viabilidad de los proyectos de nación. Ha, también, vulnerado la capacidad de millones para creer. Un mundo de desilusión, hiriente, es el más grande reto de los estados.

La formación de los Estados se dio no solamente, como diría Hobbes, para cuidarnos los unos de los otros. Fue también un instrumento de equilibrio. Es la concepción más pura de Rousseau: Cedo para que me des. La pretensión humana no es, no puede ser, simplemente la obtención de seguridad: En mi persona, en mis bienes, en mis derechos. Es, también, el acceso a una vida más justa. Diría: El acceso real, tangible, a un porvenir.

El saldo de la gestión de los Estados, en tanto comunidad de naciones, es lamentable. La pobreza no señala y más: Nos denuncia. Desgarra el tejido de nuestras sociedades, tejido que sólo la política –como costumbre virtuosa diría Carlos Fuentespuede reconstruir. La pobreza, la abismal injusticia que nos distingue y, por lo mismo,

nos separa como humanos es políticamente inadmisible y más: Es moralmente inaceptable.

El Estado es el instrumento que ha probado, del cardenismo al new deal, los elementos, la voluntad, la creatividad y la posibilidad de suprimir o desvanecer la desigualdad. Esa seguirá siendo su prioridad. 

Desarrollar el capital humano.

Carlos Fuentes ha señalado, adecuadamente, que la competitividad de las naciones se basa en un trípode: La educación como base de conocimiento. El conocimiento como base de información. La información como base de desarrollo. 55La competitividad de las naciones en el futuro estará basada en la capacidad de sus individuos para formar capital intelectual. La educación, la alimentación y la salud son los pilares sobre los que se sustenta esta capacidad. La OCDE define al capital humano como “El nivel de aptitudes, conocimiento y competencias de los individuos en un tiempo determinado”56

Se calcula que más del 40% de la riqueza de los Estados Unidos se basa en su capital humano. Empresas como Skandia han comenzado a contabilizar en sus activos el capital intelectual de sus trabajadores. No es un asunto menor: La dinámica de la economía mundial tiende a una mayor especialización. La competitividad de las naciones, por tanto, crecerá en la medida en que se cuente con mano de obra calificada, que permita recibir nuevas inversiones, en especial aquellas de alta tecnología, y que al mismo tiempo facilite la creación de empresas de servicio alrededor de ellas.

En promedio, las naciones de la OCDE invierten 6% del PIB en educación. México se encuentra dentro de esos parámetros, aunque se debe considerar el rezago que se tuvo en la inversión en el sector, primordialmente en la década de los ochenta. Algunos países como Suecia, Dinamarca o Finlandia, invierten alrededor de 8% del PIB57.

Mientras que el promedio de años en el sistema educativo en México es de alrededor de 7 años, en Canadá, Bélgica y Australia es de 17; en Alemania y Estados Unidos de 16, y en los países recientemente industrializados como Korea es de 15. El número de trabajadores abocados a investigación y desarrollo es, de cada mil, de 81 en Japón, 74 en Estados Unidos, 58 en Alemania y de sólo cinco en México58.

En lo que respecta al gasto en salud, la inversión pública en el sector, durante el periodo 1990-1998 fue de 2.8% del PIB en México. El promedio latinoamericano para países de ingreso medio fue de 3.2. El promedio Europeo de ingreso medio fue de 4.0% y en el segmento de países con alto ingreso fue de 6.7%. Estados Unidos destina 5.8% de su PIB y Canadá 6.4%.59

Los datos sugieren que la educación y la salud se encuentran íntimamente vinculadas al desarrollo económico.

Estructurar un sistema eficiente de desarrollo de capital humano, que incluya educación de calidad y extensiva, adecuados servicios de salud y programas de capacitación y adiestramiento serán una de las prioridades de los Estados en el futuro. 

Encauzar señales de mercado.

Como se vio, una de las herramientas que posee el Estado para generar señales de mercado es la creación de capital humano. Otra, igualmente importante, es el desarrollo de infraestructura física que facilite la actividad económica. La conexión eficiente de mercados es una condición sine quanon de la competitividad económica.

En gran medida, el desajuste de los mercados nacionales, divididos entre un norte pujante y un sur rezagado se debe en gran medida al importante desarrollo de infraestructura que se dio bajo la premisa de conectar a la economía mexicana al mercado norteamericano. Bajo esta óptica, el desarrollo carretero y de infraestructura industrial se priorizó del centro al norte, beneficiando a los Estados fronterizos y a los del centro de la República. Fue una visión pragmática pero excluyente. El diseño de políticas públicas pasó por alto la vinculación a otros mercados, los asiáticos vía el pacífico y Europa vía el golfo de México perjudicando el desarrollo regional. Otra vez, el Estado refuerza las señales de los mercados.

No obstante, no siempre la inversión masiva en infraestructura genera el desarrollo esperado. Tal es el caso de Singapur, que apostó a inversiones multimillonarias el desarrollo de la industria de los ordenadores y el software, con el objetivo de convertirse en el Palo Verde del sureste asiático, sin conseguirlo.

Otra forma de reforzar las señales de mercado es a través del desarrollo de sistemas de justicia expeditos e imparciales, que brinden transparencia a la actividad económica. Este es un valor en sí mismo, cada vez más importante para los inversionistas y para las sociedades, que consideran el nivel de opacidad de una economía como uno de los factores esenciales para emprender nuevos negocios.

No obstante, la ley también juega un papel importante en el desarrollo económico a través de la integración de incentivos a la inversión productiva, a la investigación y a

la innovación tecnológica. El diseño legal puede estimular la actividad económica o inhibirla.

Adicionalmente, el Estado cuenta con otros factores clave para reforzar las señales de los mercados como la seguridad pública y los procesos de mejora regulatoria.

El estado, de esta forma, es un actor de vital importancia para generar un ambiente de negocios que favorezca la actividad productiva. También, e igualmente importante, es el encargado de diseñar políticas que fortalezcan los mercados internos. Ahí donde no existe mercado, se deben desarrollar las condiciones para facilitar su nacimiento a través de políticas públicas de inversión, fomento, financiamiento, inversión de capital semilla, etc.



Accesar a la nación a sistemas de desarrollo biotecnológico.

Una de las grandes interrogantes que plantea la globalización es la velocidad con el que se desarrollan nuevas tecnologías. Esto es particularmente relevante, como se verá, en el caso de aquellas que afectan la genética. La manipulación de genes, vía el desarrollo biotecnológico, determinará en el futuro nuestra capacidad de producir, de alimentarnos, los niveles de salud y la extensión de nuestras vidas. Muy posiblemente, también se definirán por este medio el desarrollo de nuevas capacidades físicas e intelectuales.

El compromiso del Estado será favorecer el acceso de un número creciente de personas a estas tecnologías. Será una máxima prioridad. Para ello, necesariamente se tendrá que incrementar de manera sustancial la inversión en investigación y crear

una red en conjunto con la iniciativa privada que permita hacer extensivos los beneficios de los avances tecnológicos a un mayor número de personas. 

Aplicar los sistemas de justicia.

La creación de leyes, su aplicación y la aplicación del orden normativo será determinante en el futuro de las sociedades.

Independientemente del desarrollo de figuras supranacionales de gobierno, el Estado nación seguirá siendo el encargado de aplicar el orden jurídico en determinados niveles. La cohesión social y política se seguirá dando a través de la intervención del Estado.

La jurisdicción local y federal se mantendrá, conviviendo con nuevas formas de regulación internacional. 

Garantizar los sistemas de atención a grupos vulnerables.

No hay compromiso más importante que la protección a los grupos vulnerables. Las grandes regiones de miseria se extienden y amenazan con romper la estabilidad del sistema. El atraso y la marginación no es solamente políticamente insostenible: Es moralmente inadmisible.

Vastas porciones de las sociedades desarrolladas, como se comentó, sufren un proceso de envejecimiento. Lo mismo sucederá en los mercados en desarrollado, México, incluido, en un periodo de treinta años. Cuando la mayoría de la población haya envejecido, el Estado deberá asegurar la existencia de sistemas adecuados para su atención.

No es un asunto meramente retórico. Una minoría, la población económicamente activa, deberá mantener a una vasta capa social de ancianos y niños. La responsabilidad del estado será la de articular con anticipación los mecanismos, públicos, privados y mixtos, que permitan asegurar un futuro de dignidad para esos grupos. 

Articular la política exterior.

A pesar de la cohabitación de dos sistemas de gobernación, el Estado nacional deberá articular una política exterior que garantice la representatividad de los componentes sociales y políticos de su nación en el marco de políticas regionales.

Necesariamente, la integración implica ceder ciertas esferas en aras de facilitar el surgimiento de un sistema nuevo. No obstante, el estado nacional deberá construir los vasos vinculantes entre la estrategia de bloque regional y los particulares proyectos de nación.

La preservación de diversos componentes de la nacionalidad, tales como la cultura, en el marco de posturas internacionales conjuntas se perfila como la esencia de la diplomacia en el futuro.



Representar a la nación ante organismos supranacionales.

Como señalaba Hermann Keller a principios del siglo XX, la noción misma de derecho internacional reconoce la existencia de un estado nacional60. De igual forma se entiende que aún en la conformación de un nuevo sistema internacional –

Económico y de gobernación- existirán disputas que deban ser resueltas con base en legislación de resolución de controversias.

Al igual que la política exterior debe asegurar una integración adecuada, representativa, justa y equilibrada de las diferentes instituciones rectoras del sistema, el Estado Nacional deberá representar y solventar a la nación en los diversos niveles y procesos de la toma de decisiones.

Este espectro abarca desde procesos de negociación, influencia en el diseño de políticas de bloque hasta solución de controversias. 

Facilitar la cohesión cultural.

En un mundo cada vez más integrado y cohesionado, donde las fronteras, bien por avances tecnológicos, por los flujos comerciales o

por evolución política, se

desvanecen, la diferenciación de los diversos componentes del sistema será la cultura.

No creo que ingresar en un nuevo sistema sea sinónimo de perder identidad cultural. Si creo, en cambio, que será responsabilidad primerísima del Estado mantenerla, fortalecerla y fomentarla.

Carlos Fuentes señala, citando a x, que México, más que un principio, posee un origen61. Es posible señalar un principio. No lo es tanto identificar un origen. ¿En donde se origina México?

Más allá de una debilidad del nuevo sistema, la pluralidad cultural es una fortaleza.

2.4.7. Un nuevo gobierno

Al igual que la estructura de gobernación global, el Estado deberá regenerarse bajo un nuevo concepto no sólo de autoridad: También de servicio.

La estructura mundial ha hecho de los ciudadanos seres humanos impacientes. Son más educados. Cuando no lo son, exigen soluciones prontas, eficientes, a sus problemas. Es razonable: La desigualdad es cada día más patente y dramática.

Cuando son educados, comparan. Pueden adquirir servicios desde sus casas. Participan de manera activa en los mercados a través de innovaciones empresariales donde las empresas resuelven sus problemas. La capacidad de respuesta de los consorcios es asombrosa. Los productos a la medida ya no son la excepción: Son la regla.

La percepción de las funciones del gobierno son exactamente opuestas. Los servicios de seguridad pública son tardíos y corruptos. La pizza llega en veinte minutos, la patrulla en cuatro horas. Una llamada telefónica pone a un especialista médico a nuestras órdenes. Si es necesario, también una ambulancia completamente equipada. Los servicios públicos de salud están saturados y son deficientes. Mejor caminar que esperar la ambulancia pública. Es mejor asumir los riesgos que morir en la espera o peor: En manos de la incompetencia.

Si tengo un problema con mi

computadora existe un número 800 que me auxilia en el momento. Para un trámite gubernamental tengo el derecho de petición constitucional que me asegura una respuesta –no una solución- en tres meses.

Con toda certeza, debemos reimaginar al Estado. La calidad no es un enemigo: Es un aliado. También los ciudadanos. No se trata de convertir al gobierno en una empresa –no lo es, no debe serlo. Pero estar en disposición de revisar los procedimientos para satisfacer a una sociedad demandante no está reñido con el

hecho de ser autoridad. La autoridad debe serlo, pero también el Estado debe brindar soluciones.

Una educación de calidad, de excelencia, es una responsabilidad prioritaria. Garantizar una alimentación adecuada a la niñez es una obligación que será determinante para la viabilidad de las naciones. Otorgar una seguridad pública correcta, profesional y honesta no es sólo una demanda ciudadana: Es una premisa fundacional de los Estados. Tener representantes que lo sean no debe ser más una verdad de perogrullo. Tener acceso seguro y expedito a los sistemas de justicia es la base de la estabilidad política de las naciones y el mundo

La nueva función gubernamental deberá contemplar el involucramiento creciente de los ciudadanos en los procesos políticos. Estos deben entenderse, por tanto, en actividades cotidianas de toma de decisiones. El diseño constitucional de las democracias occidentales –copiada por los países en desarrollo- estaba pensado para mantener un nivel bajo de participación social. Las elecciones son los procesos de participación más regulares y calendarizados. Los plebiscitos y referendums son los mecanismos extraordinarios, costosos y, por tanto, poco frecuentes. Fuera de ellos, no existen procedimientos homogéneos y regulados de participación ciudadana.

El actual sistema de gobernabilidad se basa en un paradigma que comienza a ser rebasado: A menor participación, mayor gobernabilidad.

El perfil del Estado hacia el siglo XXI requerirá de la creciente utilización de medios tecnológicos en los procesos políticos. La Internet permitirá una consulta constante a los ciudadanos sobre los más diversos temas. Las elecciones podrán ser más frecuentes y los resultados prácticamente inmediatos. La sociedad intervendrá, por tanto, de manera más directa en los comicios, al grado que estos cambios llevarán a la desaparición paulatina y a largo plazo de los partidos como monopolios de acceso a

los cargos públicos. Deberemos encontrar, en el camino, nuevas fuentes de estabilidad para los sistemas políticos.

Los ciudadanos deberán tener el poder de disolver gobiernos y de reelegirlos, de influir de manera decisiva en el curso de la operación local, nacional e internacional de sus instituciones.

Es indispensable comenzar con el rediseño del estado. Reorganizarlo en sus unciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Repensar la forma como se organizan y operan los gobiernos. Debe ser, además, tan exitoso como el que hicieran los grandes pensadores del siglo XVIII. Es una labor impostergable. No conocemos –no creo que lo hagamos nunca- un medio mejor para resolver los diferendos sociales que la alta política. No lo debemos olvidar. 2.5. El hombre.

Cada una de las manifestaciones del sistema mundial debe tener, necesariamente, implicaciones en la vida cotidiana de las personas. Establecer que existe un cambio en el sistema económico es admitir que la forma de producir riqueza, de distribuir el ingreso, de articular las relaciones laborales, se ha modificado. Finalmente, los cambios aterrizan en el bolsillo de las personas. Nadie, se sabe, vive en la macroeconomía. Por ello, si han cambiado las premisas básicas del sistema económico, entonces se ha afectado la manera de sustentar nuestra existencia, lo que implica alterar nuestro rol en la familia y, por tanto, en la sociedad.

Al mismo tiempo, entender que existe una sustitución en el sistema político es cambiar la forma como se accede, distribuye, ejerce y audita el poder. Modifica, por tanto, sus alcances y sus límites. Al hacerlo, cambian las reglas del juego que rigen la vida del hombre en sociedad. Un cambio de poder implica un cambio de derechos. Los

acuerdos básicos de una sociedad se moldean a través de la ley. Así, al suplir el sistema político se transforman, necesariamente, los derechos y las obligaciones de los individuos. Las modificaciones legales nos afectan, así, en tanto en individuos y en tanto sociedad.

De esta forma, la globalización, ha afectado de manera decisiva componentes fundamentales de nuestra vida, de lo que somos. Los rasgos de una nuevo sistema social, de cómo nos interrelacionamos con los demás, de cómo entendemos nuestro papel en el mundo y de cómo visualizamos nuestra propia existencia está surgiendo como resultado del reacomodo de componentes del sistema mundial.

Además de los cambios en la economía y la política que se han bosquejado, el desarrollo tecnológico ha impactado decisivamente la forma como se origina y desenvuelve la vida humana. Nacemos menos y vivimos más. Esta simple oración ha tenido implicaciones mayúsculas en la composición de las sociedades. Y estas implicaciones se han dado, precisamente, como producto directo de la expansión del conocimiento humano.

Es muy posible que la sustitución del sistema implique también la sustitución del sistema de valores de la humanidad. Nosotros, los de entonces, diría Pablo Neruda, ya no somos los mismos. Pero, entonces, ¿Qué somos?

2.5.1. De la masificación a la particularización.

Quizá el cambio más dramático y duradero de la globalización se esté dando, con todo, en el ámbito social.

compleja

interactuación

los

fenómenos

económicos,

políticos,

institucionales y de comunicación en la totalidad del globo ha provocado transformaciones vitales en las formas de organización social a nivel planetario.

El rasgo más determinante de este cambio es el tránsito de una organización social de masas a una basada en la particularización.

El sistema de producción industrial trajo consigo grandes líneas de manufacturas en donde las mercancías se producían en grandes volúmenes. La lógica del mismo requería grandes centros de trabajo. El ingreso que se obtenía comenzó a enviar a una gran cantidad de personas a los sistemas educativos y de salud. Los sistemas laborales se organizaron por turnos, en donde grupos numerosos de trabajadores compartían trabajo, descanso, incluso muchas veces recreación. Los turnos se definían con base a horarios preestablecidos. De esta manera, el centro de trabajo se convertía en un punto de interacción humana y más: en un espacio de convivencia.

El sistema industrial se basaba fundamentalmente en el trabajo físico. Las largas cadenas de producción mecanizaban la actividad, en donde el músculo jugaba un papel preponderante. El retrato fiel del Charlotte de Charles Chaplin en “Tiempos modernos” refleja fielmente el espíritu del fordismo industrial: El hombre convertido en un engrane más de la maquinaria que genera la producción en masa. Por lo mismo, el sistema excluía de la vida productiva a las mujeres, el músculo y la resistencia física como factor central del trabajo.

Pero compartir una actividad y un espacio de convivencia generaba un encuentro de intereses, unidad y comprensión: generaba un sentimiento de clase. Los grandes centros de trabajo, donde cientos, quizá miles de hombres confluían diariamente, implicaba desarrollar un sentimiento de pertenencia: Yo soy lo que es mi

clase, mi actividad, mi profesión. Somos una clase porque compartimos y padecemos juntos.

Es ese sentimiento el embrión de una organización social clave de la era industrial: El sindicalismo. El sistema de producción masificado beneficiaba el surgimiento de instituciones también masivas. El sindicato y sus derivaciones hacia confederaciones y federaciones de trabajadores, de oficios, de industria y la aparición de instrumentos legales como los contratos colectivos de trabajo o los contratos ley son sólo algunas de las formas más ejemplificadoras de la organización de la era industrial.

A su lado aparece un sistema masificado de educación, donde la conjunción de las nuevas formas de producción con la aparición de los derechos sociales envían a millones de niños y jóvenes a las aulas. El conocimiento se abre a las capas más necesitadas de la sociedad.

Pero la transformación del sistema económico produjo cambios de vital importancia en la vida social. Por un lado, al ser el conocimiento el sustento de la actividad económica, abrió las posibilidades a que la mujer ingresara de manera masiva en los mercados. No es casualidad que el gran generador de empleo sea, en la actualidad, el sector servicios y que, dentro de él, un porcentaje creciente lo ocupen las mujeres. El músculo fue sustituido por el cerebro.

La transformación de la producción, a través de la aplicación de conocimiento, modificó también las estructuras laborales. La masificación – educación masiva, centros de trabajo masivos, mercados masivos- está siendo sustituida paulatinamente por componentes particulares.

Los grandes centros de trabajo de la producción manufacturera se sustituyen por oficinas virtuales. En gran medida, los ejecutivos del conocimiento desarrollan su actividad en cualquier sitio. A través de los avances tecnológicos como medios de transporte más eficientes y rápidos y sistemas de comunicación como Internet, telefonía celular, palms, el ejecutivo lleva consigo su oficina y su centro de trabajo. Por ello, el espacio físico y humano de los mismos se ha reducido.

También lo ha hecho la contratación masiva de trabajadores. Cada vez hay menor cabida para trabajadores no especializados. Las aptitudes son cada vez más requeridas, especialmente las intelectuales. En los países desarrollados, los individuos con educación secundaria deberán prever que pasarán el doble de tiempo desempleados que aquellos que poseen educación terciaria.62

En el caso de los

jóvenes, entre una cuarta parte y la mitad con menos de 7 años de educación están desempleados. De igual manera, existe una conexión directa entre mayor educación y mejores ingresos.63

Las estrategias de mercadotecnia atacan al individuo en lo particular con productos personales. Subrayan su característica única, exclusiva. Trajes a la medida. Menús especializados. Educación personal y, a menudo, a distancia. Una gama de productos hacen del hombre, cada día, un ser más particular, menos envuelto en una dinámica colectiva.

Un cambio paradigmático es la nueva tendencia en el turismo. Motor de la economía de los servicios, el turismo mueve cada año a más de 200 millones de seres humanos en todo el mundo. Durante prácticamente todo el siglo XX, la industria hotelera se esforzó en

brindar grandes espacios a los visitantes. Los resorts se

esforzaban en ofrecer todos los servicios y más actividades. La esencia del negocio era vender cuartos. Pero las cosas cambiaron. Los ejecutivos de hoy pretenden encontrar emociones en sus viajes, privacidad, aislamiento. Buscan, en una palabra,

emociones. El descanso, el ocio o incluso la aventura persiguen sacar al hombre de la vida de vértigo. Entre menos cuartos, mejor. Entre menos sofisticación, mejor. Entre menos gente alrededor, mucho mejor.

Con todo, la expresión más genuina del impacto de estas transformaciones se da en la dimensión más personal del hombre: Su religión. La proliferación de sectas se ha dado de manera exponencial. Es una respuesta a una necesidad: La creencia particular. Las religiones masivas, muy especialmente la católica, se hayan en conflicto, rebasadas por estructuras flexibles y próximas a la creciente demanda de los individuos a particularizar su fe. El registro de asociaciones religiosas en México, un país donde las raíces del catolicismo son profundas, asciende a 5,95364. El ejército de los Estados Unidos, a pesar de su obligación legal de ser secular, tiene registradas más de 800 creencias religiosas de sus soldados.

Esta tendencia a alejarse de las estructuras tradicionales de las iglesias masivas refleja que el hombre está en búsqueda de lazos más firmes, cercanos y perdurables para su vida espiritual. Revela un desencuentro. También, un vacío. Tras la proliferación de las asociaciones y creencias religiosas se encuentra un sentimiento de soledad, de lejanía con el púlpito tradicional pero también algo de gran relevancia: El ser humano está buscando, aún, creer.

2.5.2. Una vida propia.

A principios del siglo pasado, Victoria Wolf escribió un libro cuya propuesta central hoy parecería modesta, pero que en su momento fue una revolución: “Una habitación propia”. Era un alegato a favor de las mujeres, de su privacidad, de sus aspiraciones intelectuales. Hace tiempo que las mujeres no sólo consiguieron un cuarto, sino una vida para sí mismas.

Las nuevas formas de desempeño laboral han hecho que la vida social se reduzca, absorbido el tiempo, los intereses y las aspiraciones por una vida de vértigo. Los matrimonios se reducen, muy especialmente en el mundo desarrollado. Se da como consecuencia de la disminución de la vida social, pero también de la independencia creciente de la mujer.

El ingreso a los puestos de trabajo brindó a las mujeres independencia económica y de satisfactores. Este hecho produjo dos consecuencias de vital importancia para la vida social de los seres humanos: Modificó los mercados laborales y la estructura de las familias.

Como se comentó, la gran perdedora de la sustitución del instrumento por el intelecto fue la mano de obra masculina. En los últimos años, el sector servicios ha sido el de más alto crecimiento en la economía mundial. Sin embargo, el sector industrial continúa empleando el 37% de la totalidad de los hombres trabajando65. Dice Francis Fukuyama: “En su expresión más rigurosa y estricta, la economía de la era informática reemplaza el trabajo físico por el mental e intelectual y, en ese tipo de entorno, la mujer, inevitablemente, desempeña un rol mucho más importante. Entre 1960 y 1995, la participación femenina total en la fuerza laboral, dentro de los Estados Unidos, aumentó del 35 al 55 por ciento...”66.

La comparación es más clara si se considera el siguiente dato: en los países de alto desarrollo el 82% de la población femenina laborando se empleó en el sector servicios, 15% en el de industria y 3% en la agricultura. Para América latina, los datos fueron similares: 73% contra 14 y 13% respectivamente67 En suma: los grandes dividendos de la economía basada en el conocimiento fueron a parar al sector femenino..

En materia salarial, los países de la OCDE reportaron que los ingresos de las mujeres con educación universitaria son ligeramente superiores a aquellos de los hombres con el mismo grado de estudio. Las diferencias salariales a favor de las mujeres son marcadamente superiores en países como Inglaterra, Irlanda, Alemania o Finlandia.68

La creciente participación de la mujer en los mercados laborales a partir de la década de los 70 explica también la problemática del empleo. No solamente es la incorporación, como se vio, de nuevas tecnologías y el incremento de la productividad lo que ha disparado el desempleo. También lo es que la incorporación masiva de mujeres disparó la demanda de puestos de trabajo. Así pues, a partir de la década de los sesenta la demanda de plazas se duplicó mientras que la oferta se redujo por razones de productividad.

Independientemente de ello, la incorporación femenina en los mercados laborales y la aparición de métodos anticonceptivos trastocó también la institución clave del tejido social: La familia.

El hecho de que la mujer trabaje implicó un cambio en la organización jerárquica de la familia, por un hecho doble: Dinero y tiempo.

Tener ingresos propios rompió la lógica de equilibrios que sostenía a la familia tradicional, donde el hombre generaba casi de manera exclusiva el ingreso e impulsaba su rol como jefe de la misma. Era una estructura piramidal, con el hombre en la cima. Este rol tradicional estaba dado por una propuesta binaria: El hombre proveía los recursos; la mujer la crianza de la descendencia.

Pero la independencia económica de la mujer rompió la proposición: primero porque contribuía con el sustento de la familia. Lo hizo en un momento oportuno. La

creciente demanda de educación para ingresar a niveles adecuados de salario en los mercados laborales, aumentó la cantidad de recursos que requería la formación académica de los hijos. Contrariamente a lo que sucedía en la familia tradicional, recuerda Anthony Giddens, donde los hijos eran un beneficio económico, ahora implicaban una importante carga económica para los padres.69 De esta forma, la mujer contribuyó a incrementar el ingreso familiar y, por tanto, a asegurar la formación educativa de los hijos.

Al mismo tiempo, poseer su propio ingreso le abrió a las mujeres la posibilidad de prescindir del hombre: Esto es, podía criar por su cuenta a sus hijos sin necesidad de casarse.

En segundo lugar, la incorporación de la mujer rompió la concepción tradicional de la familia porque le abría las posibilidades de desarrollar una carrera profesional propia y exitosa a la mujer. La lógica de la competencia en la globalización se traspola de las empresas a los ejecutivos. El éxito ocupa un papel preponderante en la vida de los ejecutivos y las mujeres no son la excepción.

Pero el trabajo también disloca la jerarquía familiar por una cuestión de tiempo. Las mujeres dedican más tiempo a su trabajo que a la crianza, lo que demuestra que sus aspiraciones, efectivamente, se han modificado. Como resultado, los hijos pasan cada vez más tiempo solos.70

La autonomía femenina le brindó al mismo tiempo una mayor participación en la toma de decisiones políticas, enriqueciendo el concepto de democracia, cerrado durante prácticamente la primera mitad del siglo XX a la participación de los hombres.71

La actividad política no sólo se limitó al hecho de participar en los comicios a través del voto universal sino a pasar de votantes a ser votadas y ocupar más cargos de decisión política. En Finlandia, Austria e Irlanda más del 20% de las carteras ministeriales son ocupadas por mujeres. En Suecia el porcentaje se eleva a 43%72

Al mismo tiempo, un avance científico le abrió un campo más de autonomía: La pastilla anticonceptiva.

El tener control sobre la reproducción abrió una nueva

dimensión no sólo para la mujer, sino para grupos que habían sido discriminados por sus preferencias sexuales. De hecho, el control de la natalidad no solamente impactó el crecimiento demográfico sino que posicionó en el debate público un concepto esencial de las nuevas sociedades: Sexualidad.

El control de la natalidad desvinculó el acto sexual de la capacidad reproductiva: Se podía tener relaciones sexuales sin riesgos de procreación. De esta manera, la incorporación de la mujer al trabajo se hizo más estable, controlando la posibilidad de interrumpir su trayectoria profesional en el momento adecuado. Permitió, también, disminuir los riesgos de explotar su sexualidad libremente, un fenómeno que estaba reservado sólo para los hombres.

Esta aceptación del concepto de sexualidad impactó en varios ámbitos: Se logró desligar el concepto de sexualidad al de matrimonio, se reconoció la sexualidad como un componente de la relación de pareja y coadyuvó a que se modificara el concepto de familia.

En efecto, el control de la natalidad por parte de la mujer permitió que la sexualidad rompiera su relación tradicional con el concepto de matrimonio. Se podía tener sexo fuera de él. Con ello, se abrió la puerta a la protección legal y aceptación social de que la sexualidad existía como componente de la vida humana. Este hecho vino a romper el monopolio de los heterosexuales como detentores de sexualidad.

Esta, finalmente, se desligaba del concepto de procreación, entonces las parejas del mismo sexo tenían acceso a un derecho humano, el de su privacía sexual, igual que el que poseían las parejas heterosexuales.

Al mismo tiempo, el hecho de que la mujer pudiera involucrarse sexualmente con su pareja sin el riesgo de embarazarse propició que aumentara el número de parejas con las que convive a lo largo de su vida. La independencia de la mujer se hizo más profunda, amplia y prolongada.

El matrimonio pasó de ser una unidad económica a ser considerado una especie de celebración pública de la unión sexual y emocional entre dos adultos.73 Ambos hechos –el surgimiento del control reproductivo y la independencia económica- necesariamente impactaron el concepto y la estructura de la familia. Este se constriñó a la unión de dos individuos. Más allá de la descendencia, el vínculo sentimental se materializó en el motivo primordial de la familia, convirtiendo en sinónimo al concepto pareja. Desde entonces, una pareja, y no un matrimonio, pueden constituir una familia.

Pero la independencia de la mujer, su ingreso exitoso y masivo a los mercados laborales, culminó también por catalizar en la sociedad el proceso de particularización. Lo hizo al convertir a los individuos en seres en competencia, motivados por consideraciones individuales más que colectivas.

2.5.3. Solos

“¿Qué es esto de trabajar 20 horas para vivir cuatro?” Se preguntaba un pensador de principios del siglo XX. El mundo de la competencia desmedida ha

catalizado el surgimiento de una cultura de vida cada vez más enfocada a los resultados materiales que resultan del trabajo.

Los alcances de este hecho resultan inquietantes. Las sociedades se componen, cada vez con mayor claridad, de un conjunto de individuos solos. La soledad parece ser el signo de los nuevos tiempos. Individuos que rehusan a unirse en pareja, que buscan en el éxito económico y profesional el sentido de su vida están sustituyendo a la amalgama que afianzaba las bases de la sociedad del siglo XX.

De esta manera la familia misma se encuentra en proceso de extinción. El individualismo triunfa en todos los frentes. Pareciera que, finalmente, la máxima de Sartre prevaleció en la mente de los hombres: “El infierno son los demás”.

50% de la población de los países escandinavos viven solos. 70% de los habitantes de Oslo viven consigo mismos. Nicholas Eberstadt ha hecho una proyección demográfica de resultados sorprendentes y alarmantes: En dos generaciones más, tres quintas partes de los niños italianos carecerán de tíos, primos o hermanos. Sólo el 5% tendrá primos y/o hermanos.74

Las poblaciones de Bulgaria, la República Checa, Eslovenia, Alemania, Grecia, Hungría, Israel, Japón, Rumania, Rusia, España, Portugal y Suiza decrecerán entre 1999 y el año 2015. 75

Adicionalmente, la población de Suiza se mantendrá igual durante el mismo periodo, las poblaciones de Dinamarca, Finlandia y Polonia crecerán en cien mil habitantes y las de Noruega y el Reino Unido en sólo 300 mil.76

Este decrecimiento poblacional se vincula a la decisión de un mayor número de individuos, como se vio, de no relacionarse en pareja ni de tener descendencia. Este

rechazo es revelador de una de las características de la sociedad global: La depresión. 30 millones de norteamericanos consumen diariamente Prozac77. Cada día, un número mayor de niños de países desarrollados sufren del llamado “síndrome del abandono”: Producto directo, diría Octavo Paz, de saberse y sentirse solo. Saberse solo es la certeza de estar en el mundo bajo su propio riesgo. Sentirse sólo es intuirse excluido. Quizá por ello, refiere Jeremy Rifkin, “En los Estados Unidos, el interés mostrado por una semana laboral más corta se ha extendido desde los líderes sindicales y analistas políticos a la mayor parte del público. Hostigados por el estrés producido a causa de los largos horarios de trabajo y la carga del gasto doméstico, cada vez más americanos afirman que estarían dispuestos a negociar una reducción en sus ingresos a cambio de un aumento en su tiempo de ocio, con la finalidad de poder atender sus responsabilidades familiares y necesidades personales”78

Pero este sentimiento de depresión y angustia no es exclusivo de los Estados Unidos. En Japón tiene un nombre, sinónimo terrible de la vida hueca del mundo globalizado: Karoshi.

Karoshi es el suicidio por la abrumadora carga de trabajo. Diez mil japoneses terminan por su propia mano sus vidas cada año79. La historia más dramática y terrible fue la de Ichiro Oshima quien, en 1991, se quitó la vida tras trabajar para en la empresa de publicidad Dentsu 16 horas al día durante 18 meses seguidos. Tenía al morir 24 años. Comunicó a su empleador, un mes antes de su deceso, su réquiem que mueve a reflexión profunda y dolorosa: “Ya no soy capaz de funcionar como ser humano”.

Los datos parecen indicar, entonces, que la de decisión a la no procreación ha tomado un lugar central en la vida de las personas en el mundo desarrollado. Todo

parece indicar, también, que se trata de una decisión consciente, motivada por una suerte de nausea existencial al estilo de Sartre.

El descenso en la tasa de crecimiento traerá dos consecuencias de vital importancia en el futuro. Por un lado, los mercados de la mayoría de los países desarrollados, con la excepción del estadounidense y el francés principalmente, no crecerán. El ritmo ascendente de la producción deberá ser colocado en los mercados del tercer mundo. Aquí surge la siguiente paradoja: Los mercados que sostendrán la producción de las grandes empresas estarán constituidos por consumidores pobres. En los próximos años, el papel de los mercados del mundo subdesarrollado tendrá una importancia creciente, al mismo tiempo que su poder adquisitivo disminuye y se ensancha la brecha de la desigualdad.

Por otro lado, las sociedades envejecerán. En veinte años, la población mundial tendrá un promedio de 50 años. Requerirá de satisfactores que ni el Estado ni el mercado ni la sociedad desarrollada, le darán. El estado por un problema de escasez; el mercado por un problema de desigualdad; la sociedad por un problema de egoísmo.

2.5.4. Un mundo feliz.

Pero la gran revolución social está por darse. Se reduce a un nombre: Biotecnología. El 26 de junio del año 2000 el presidente de los Estados Unidos William Clinton y el primer ministro Inglés Tony Blair anunciaron oficialmente que un grupo de científicos habían descifrado el borrador preliminar del genoma humano. Se trata del descubrimiento más asombroso y determinante de la historia de la humanidad. Los 23 pares de cromosomas del ser humano poseen la información de historia humana, de su salud, de su potencialidad, de sus limitantes. Estos 23 pares de cromosomas

incluyen entre 30 mil y 80 mil genes que determinan la composición biológica del hombre.80

La explosión tecnológica en el campo de la biología abre horizontes insospechados. Las técnicas de reproducción genéticamente controladas, tales como la clonación y la fertilidad in vitro, permitirán modificar de manera definitiva la estructura de la sociedad mundial.

Se abre la puerta a que las parejas tengan descendencia en tiempos determinados, a que parejas femeninas puedan tener descendencia y a reducir drásticamente la infertilidad. La clonación puede hacer, por vez primera, que el hombre y sus preciados espermatozoides sean excluidos del proceso de reproducción.

Al mismo tiempo, el conocimiento del genoma y su posible manipulación, permitirán enriquecer genéticamente a los hombres, que les permitirá no sólo salvar la mayoría de las enfermedades hereditarias y neutralizar mutaciones que generan enfermedades sino también, en el largo plazo, desarrollar habilidades físicas propias de otras especies: “Una forma de identificar enriquecimientos humanos que moran en el reino de la posibilidad –independientemente de cuan lejana pueda parecer hoy- es a partir de su existencia en otras criaturas vivas. Si algo ha evolucionado en otro lugar, entonces nos resulta posible determinar su base genética y transferirla al genoma humano. Entre los atributos animales relativamente simples que caen en esta categoría se incluyen la capacidad para ver en el rango ultravioleta o en el rango infrarrojo, que mejoraría mucho la visión nocturna de una persona. Otras posibilidades incluyen órganos emisores de luz (como las luciérnagas), generadoras de electricidad (como las anguilas) y sistemas de detección magnética (como los pájaros)”81

Los más recientes estudios apuntan a que las modificaciones genéticas se aproximan a tocar un punto que modificará sustancialmente la composición social, económica y política del mundo: La inteligencia.

Si, como parece, el enriquecimiento genético puede potenciar en el mediano plazo la inteligencia humana, entonces conoceremos avances sin precedente. Si aceptamos que el sistema económico actual se rige en el conocimiento, entonces el hecho de que se pueda manipular la inteligencia, incrementándola, anticipa un salto económico mayúsculo.

No obstante, surge un dilema ético y moral de la mayor trascendencia. La nueva tecnología será accesible sólo a aquellos que tengan la posibilidad económica de adquirirla. Como dice correctamente Lee M. Silver “La vacuna de la polio fue suministrada a todos los niños, independientemente de la clase o el nivel socioeconómico, mientras que la selección de embriones, sólo puede estar disponible para aquellas familias que puedan permitírselo. El filósofo Philip Kitcher sugiere que, como consecuencia las condiciones genéticas que los ricos están interesados en evitar serán mucho más comunes entre los pobres: se convertirán en enfermedades de clase baja, problemas de otras personas. El interés por encontrar métodos de tratamiento o proporcionar ambientes de apoyo para los nacidos con dichas enfermedades puede desvanecerse”.82 La manipulación genética dejará fuera de competencia a la gran mayoría de la humanidad.

De esta forma, la manipulación genética, si no se maneja adecuadamente por los gobiernos, podría convertirse en una fuente mayúscula de desigualdad y segregación. Podría, también desembocar en una ola neoegunésica de consecuencias imprevisibles. Seguramente, además, daría fin a una suerte de “justicia natural”, las cualidades físicas e intelectuales son distribuidas por la naturaleza lo que, de cierta forma, permite distribuirlas entre toda la población: “El peligro más inmediato y claro es

que las variaciones genéticas entre los individuos se reducirán y se concentrarán en determinados grupos sociales. Hoy, la ´lotería genética´ garantiza que el hijo o la hija de un padre rico y exitoso no heredará necesariamente los talentos y habilidades que crearon las condiciones que condujeron al éxito del padre. Por supuesto, siempre ha existido un grado de selección genética: La libertad de elección implica que las personas exitosas tienden a casarse entre sí y, en la medida en que su éxito está basado genéticamente, se transmitirá a sus hijos como mejores oportunidades en la vida. Pero en el futuro, el peso de la tecnología podrá ser puesto al servicio de la optimización de los genes que son transmitidos de una generación a otra. Esto significa que las elites sociales no sólo transmitirán sus ventajas sociales sino también las genéticas. Algún día, esto bien podrá incluir no sólo características como la inteligencia o la belleza, sino patrones de comportamiento como la diligencia, competitividad, entre otras”83

El mundo, así, se dividirá irremisiblemente entre un sector minoritario con capacidades superiores y una vasta mayoría incapaz de acceder a los puestos de dirección política, económica y empresarial. Las consecuencias de la manipulación genética serán tales que el organismo irá desarrollando una incapacidad para procrear entre dos miembros de razas distintas. Se generará, así, la gestación de una nueva especie: “¿Cómo nace una especie nueva? (...) Puede aparecer en la continuidad de una especie arcaica por acumulación lenta y progresiva de transformaciones menores gracias a un flujo genético permanente (...) pero una especie puede transformarse de un modo más repentino. Una ramificación se separa entonces de una rama que continúa su crecimiento, da nuevas ramas o se marchita y desaparece en beneficio de una nueva ramificación que a su vez florece”84.

El resultado será, previsiblemente, el surgimiento de dos razas humanas, incompatibles entre sí. Habremos logrado generar, para siempre, un mundo irreversiblemente dividido no por la fuerza de la naturaleza, la enfermedad, la ideología los mercados o las armas: Por nuestra “inteligencia”.

2.6. Una razón para vivir.

Dice Saramago que hay que reformar la vida. Es cierto. El futuro del mundo se perfila inaccesible para millones. No hay forma de admitirlo. Debemos encontrar las formas de brindarles acceso a beneficios educativos, de salud y a las nuevas tecnologías a un número creciente de seres humanos.

La sociedad se fracturará entre aquellos que poseen los recursos para acceder a los tratamientos médicos que enriquecerán genéticamente a su descendencia y aquellos que tendrán que permanecer con los métodos tradicionales de desarrollo. Estos, simple y trágicamente, serán incapaces de competir. Habremos llegado, ciertamente, a la última frontera de la humanidad: El dinero.

Estamos gestando, entonces, el embrión de dos sociedades. Una de excluidos. La otra, en términos de Nietzche, de superhombres. Parece que la gran franja sombría de la globalización es, precisamente, su sentido excluyente.

Pero ser excluido no es sólo una condición: Es un drama. La gran lucha de la humanidad ha sido por incluir. Fue ese el sustento de la democracia. Lo fue también del surgimiento de los movimientos socialistas. Lo fue de la generación de derechos sociales, del hombre y de los movimientos civiles.

La máxima aspiración de los hombres, la más legítima, ha sido por encontrar espacios suficientes donde todos quepan.

La gran tragedia oculta de la globalización es que, en su fuerza, arrastra a millones de hombres para quedar fuera de la vía del progreso. Lo hace, además, de manera definitiva. Si la base de la economía es el conocimiento, sabremos qué sucederá con un país como México donde sólo uno de cada cien estudiantes que ingresan al sistema educativo obtienen un título profesional.

La concentración de conocimientos, tecnologías y recursos económicos ensancha la brecha fatal que divide al mundo desarrollado y al que intenta serlo. Divide, por tanto, al mundo de la riqueza del de la pobreza, la ignorancia, y la indefensión.

No podemos cerrar los ojos a las oportunidades que se abren en el horizonte por el cambio en el sistema mundial. Las nuevas tecnologías generan oportunidades de mayor progreso, salud y posiblemente bienestar. Para lograrlo, debemos modificar el enfoque de aplicación: La tecnología, la economía, la política deben estar siempre al servicio del hombre. La globalización estimula la creatividad de los hombres de empresa y ensancha las posibilidades de nuevos negocios.

No obstante, tampoco podemos negar las desigualdades que acarrea.

Mientras cien empresas trasnacionales concentran la producción mundial, mil millones de hombres debaten su carencia de futuro por estar sumergidos en la más absoluta pobreza. Las cifras son aterradoras. 75% de los contagiados de SIDA en el mundo viven en Africa. Entre 1985 y el año 2000 la esperanza de vida disminuyó en más de veinte países de ese continente. En seis de ellos, disminuyó siete años. El 57% de los hombres de Pakistán y el 74% de las mujeres de Vietnam probablemente

no vivirán más de 65 años. 62% de los habitantes de Haití viven en la desnutrición85. No es un camino sin regreso: Es uno que no podemos seguir transitando.

Mientras que en 1960 el ingreso per capita de los 20 países más ricos era de alrededor de 7 mil dólares, en 1995 fue de casi 17 mil. Por el contrario el ingreso per capita de los 20 países más pobres ha permanecido en mil trescientos por los últimos cuarenta años86.

La brecha, ni dudarlo, se seguirá ensanchando.

¿Cómo corregir el rumbo?

La ley ha sido el mejor instrumento que hemos tenido para dar orden a las relaciones humanas. El surgimiento de poderosas generaciones de derechos se han debido a los cambios en las relaciones humanas, por el interés, interesse en latín: Lo que nos separa y divide. Norberto Bobbio ha señalado, con razón, que los derechos “no nacen en el mismo momento. Nacen cuando deben o pueden nacer. Nacen cuando el aumento del poder del hombre, que acompaña inevitablemente al progreso técnico, es decir, al progreso de la capacidad del hombre de dominar la naturaleza y a los demás, crea nuevas amenazas a la libertad del individuo o bien descubre nuevos remedios a su indigencia” 87

El siglo XVIII se caracterizó por generar una serie de derechos que buscaban dar una nueva dimensión al hombre como individuo, enfrentado y diferenciado del poder. La Revolución francesa fue la explosión de su origen. La americana, la de su institucionalización. El imperialismo napoleónico generó una ola de derechos civiles

que brindaron un marco institucional a Europa y a los regímenes de tradición jurídica civilista. La primera ola de derechos se gestó bajo el signo del hombre.

La industrialización incubó, por un siglo, el embrión de los derechos sociales. En todo el mundo, surgirían los intentos por atenuar los efectos del laissez paisse. La constitución mexicana tutelaba derechos sociales; ese mismo año la revolución rusa reivindicaba el derecho de los pueblos a una vida protegida y en los Estados Unidos comenzaba, con el new deal, el viraje jurídico que revolucionaría bajo la corte Warren el sistema legal norteamericano. La segunda ola de derechos llevaba implícito un mensaje: El hombre es más que su individualidad. No negaba los derechos de la primera ola: Los enriquecía.

El avance de la segunda generación fue impresionante: Los derechos de la mujer, electorales, educativos, laborales y de seguridad social.

Con toda seguridad, el siglo XXI acarreará la generación de una tercera ola de derechos: Los de la especie. En los próximos años, lo hemos visto, se jugará el destino de la especie humana. El impacto de las nuevas tecnologías generará un nuevo

medio

ambiente,

manipulaciones

genéticas

características

físicas

completamente nuevas. También lo hará con el intelecto. Los juristas del siglo deberán comenzar a preocuparse por ello.

El hecho de que sea una realidad la posibilidad de manipular los genes humanos y desarrollar transformaciones de fondo en la especie, requiere de una regulación estricta a nivel universal: una tercera ola de derechos, ni más ni menos, que nos identifique y preserve como especie.

No se trata sólo de una cuestión retórica sino, muy probablemente, del más grande reto jurídico, científico y moral de la humanidad. Sus consecuencias son alarmantes. Sus posibilidades inmensas. Su exceso, estremecedor.

Los derechos de las especies deberán proteger lo que hemos sido, lo que somos, y lo que deseamos ser. ¿En donde termina el progreso? ¿Cuál es su fin y sus medios admisibles? La humanidad toca a la puerta de la posibilidad, real e inmediata, de comenzar la gestación de una nueve especie. Pero, ¿Es dable sin haber resuelto el presente de tantos?

Octavio Paz decía que nos debe preocupar siempre el presente. Las dictaduras viven siempre del mañana. La promesa del futuro es frecuentemente vacía; a menudo, también, peligrosa. En nombre del futuro se construyen las cárceles del presente. Los grandes dilemas de la humanidad nos acechan en cada rincón, en cada esquina. Hambre, pobreza, exclusión. ¿Cómo corresponder con soluciones reales a este proceso? Antes de ingresar en el nuevo mundo de una especie diferente, debemos resolver los diferendos de este: Dar a cada ser humano un espacio en el plantea, en nuestras vidas, construir un imaginario colectivo: Digno y aceptable para todos y cada uno de nosotros.

¿Hacia donde nos dirigimos?

Como en la galería negra de Goya, la globalización implica dos mundos. El mundo feliz de los que están conectados a ella y la pintura de la trastienda, del mundo íntimo y personal, que cada día se debate por un porvenir inexistente. Es la imagen de la tragedia, de un aquelarre sin medida, de un coloso de pies de barro y de Saturno devorando a sus hijos: Nosotros mismos.

Si no somos capaces de disminuir los riesgos de la globalización económica y minimizarlos con respecto a sus beneficios, entonces es un sistema hueco, vacío y más: Injusto. El punto de partida es, debe ser, la búsqueda de un sentimiento de justicia aristotélica: Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. La apertura no basta para conectarse ni el mercado para construir un mundo de equidad.

El gran Leviatán, incapaz de frenar más la ambición humana, se debate entre la vida y la muerte por una incapacidad de entenderse de manera diferente. Todo ha cambiado: El no. ¿Resultará también excluido?

El Estado y su instrumento central, el gobierno, han sido rebasados: La política no. Su capacidad creadora, generadora de consensos, sigue siendo el medio más preciado que haya ideado la humanidad para construir un mundo mejor. La globalización pregona la democracia pero no es la democracia. No es, tampoco, la vieja dictadura, el gulag, la desaparición forzosa. Es un avance real, importante, no suficiente. La política global debe reencontrarse, así, con la aspiración local si quiere gobernar al nuevo sistema. Si no, ni dudarlo, el nuevo sistema nos seguirá aplastando sin piedad. La única forma admisible de hacerlo –y también la más viable- es construyendo consensos globales en torno a la gobernabilidad del sistema, a extender la democracia hacia los organismos internacionales, a asegurar el respeto a los derechos humanos en el orbe y a dotar de seguridad al planeta. Esas son las bases de construcción de un nuevo sistema global. Construirlo no es sólo una necesidad: Es una urgencia.

El que cada día un número creciente de seres humanos opten por el camino de la soledad, por encerrarse en sí mismos y abandonar a los demás es un indicio claro y preocupante de que el mundo de vértigo está afectando, de manera real y dramática, la vida de millones. La soledad pulveriza la vida colectiva y, por tanto, lo hace también

con el pacto social que, según Rousseau, dio origen a lo que conocemos como sociedad: La convivencia humana.

La soledad nos lastima, nos vulnera y más: Nos niega. Como dice Savater: Nadie llega a convertirse en humano si está solo: nos hacemos humanos los unos a los otros.

Pero el camino de la soledad, también, conduce a la no descendencia. Nuestro destino está en el aire. Lo está no solamente por el hecho de que envejeceremos mientras nuestras muertes, por vez primera, triunfarán sobre los nuevos brotes de vida, sino por la implicación profunda de negarse a tener descendencia. Renunciar a mis hijos es no encontrar un sitio aceptable, una razón para permanecer en la vida de otro, preferirme perenne y sin continuidad antes que enfrentar un futuro inadmisible. Es, además, rechazar el más alto acto de amor.

En el siglo XIX, el Doctor Gaspar Rodríguez de Francia aisló a Paraguay del mundo. Lo hacía por razones geopolíticas, a fin de vacunar a su país de la ambición extranjera. Se cerraron las fronteras. No se recibía correo del exterior. Tampoco productos. El extranjero que entraba lo hacía para siempre.

Hoy no es posible realizar una labor semejante. La interdependencia es cada vez más aplastante, pero también constituye la única ventana de oportunidad para integrarse a las vías del desarrollo. Los estados lo saben, pero no han sido capaces de redefinir sus fines, sus métodos y sus estrategias. No han podido hacerlo en un doble plano. No han logrado reformarse hacia adentro y no han podido ponerse de acuerdo hacia afuera. Cabe una última reflexión. El mundo de masas poseía valores sumamente valiosos que la particularización de la sociedad ha ido olvidando. La solidaridad, la

corresponsabilidad, el espíritu incluyente que impulsaba daban sentido colectivo a los proyectos humanos. La sociedad no es la suma de individuos sino, más bien, una idea común.

Ese espacio colectivo, genuinamente universal, no se construye mediante la suma de todos los yo. Tampoco con la edificación de una sociedad del tú y yo. Más bien, se llega con la del nosotros.

La particularización trajo consigo los valores de la competencia, el éxito y el progreso. ¿Bastan? No, por supuesto. El reino de Moro, u topos, ha ido muriendo. Aquellos lugares que eran al mismo tiempo imaginario y destino parecen cada día más lejanos: La Mancha, Comala, Le Chambón, Utopía. El gran dilema es que el perfil que asoma para el futuro excluye a muchos. No es admisible. Requerimos aprovechar la explosión tecnológica para darle sentido a la existencia humana entendida como un acontecimiento feliz y venturoso.

No es aceptable un mundo sin millones. No lo es un mundo de cuatro continentes. No requerimos de dos razas, sino de un solo hombre: Aquel que, como Sabines, entienda que no hay genuina felicidad si no se nutre de la felicidad, pero también del dolor, de los demás. No podemos resignarnos a la confección de dos mundos irreconciliables, sino abocarnos a la construcción de uno solo: El de todos.

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PARTE SEGUNDA

Reflexionando

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III. EL PAÍS.

3.1. Un país para todos.

El Estado Mexicano nació bajo los auspicios de una minoría ilustrada -el movimiento liberal- que pretendía tener las soluciones a los graves problemas nacionales que se habían acumulado durante la primera mitad del siglo. Poseían una agenda de reforma y un proyecto de nación, algo que sus antecesores, los criollos, nunca habían podido articular.

Inspirados en los principios democráticos, humanísticos y liberales de la época, aquella notable generación de mexicanos brindaron coherencia a la construcción del Estado Mexicano y lograron sentar las bases, así fuera después de una década de guerra, de un sistema institucional estructurado. Este logró implementar un breve periodo democrático durante la presidencia de Lerdo y un periodo de paz social -la pax porfiriana- que se sería demolido por la primera revolución social del siglo XX.

El fracaso del proyecto liberal fue su degeneración durante el mandato de Díaz, así como las colosales adversidades que enfrentaba: la agenda partía de supuestos tales como una sociedad civil educada, de un país industrializado y con sólidas instituciones. La guerra feroz contra los conservadores fue, al mismo tiempo, su victoria y su derrota: tras aniquilar al enemigo, los liberales se convirtieron en los dueños absolutos del país: “Sin enemigo al frente, el partido liberal agotó su capacidad creadora. La victoria había sido demasiado aplastante”88. Su ideario debía ser transferido a todos. La unanimidad significó viabilidad al proyecto político pero, a la

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vez, monopolio ideológico. El vasto y rico debate de la preguerra terminó y, junto con ella, la confrontación de ideas y proyectos de nación que tanto habían contribuido a la creación del Estado Nacional Mexicano.

La etapa de los gobiernos liberales, que concluyó fatalmente con el estallido de la Revolución de 1910, constituyó un avance fundamental en la construcción del Estado Mexicano. Por vez primera se logró, especialmente con Juárez y Lerdo, desarrollar un entramado institucional que dotó al Estado de una genuina capacidad de gobierno sobre la totalidad del territorio nacional.

Los criollos habían fracasado en su intento, y el país había tenido que pagar un costo demasiado alto en términos de mutilación territorial e histórica, por su yerro. La interconexión de las distintas instituciones, imprescindible para fomentar el desarrollo efectivo de la capacidad de gobierno, así como una política integral que cohesionaba a las instituciones con líneas políticas integrales de largo plazo, se presentó por primera vez durante la difícil gestión de Juárez.

Lerdo perfeccionó, vitalizó e hizo realidad muchos de los aspectos fundamentales de la agenda liberal. Se fundó en el país un profundo apasionamiento por la cosa pública 89 por la vida intelectual y el desarrollo de los derechos ciudadanos.

Díaz, por su parte, fue acaso el primer gobernante de México que ideó una genuina política nacional. Fundó un sistema de controles que descansaban fundamentalmente en el ejecutivo y en la astucia política del mismo, y se alejaba, por consiguiente, cada vez más de la ley. Repartió “maíz” y “huesos”. Fue experto en construir apoyos a su persona lo suficientemente fuertes como para asegurar su permanencia y lo suficientemente divididos para impedir su caída. Apreciaba el valor de la información y no escatimó esfuerzos en construir canales integrales para hacerla llegar a sus oídos de manera oportuna y continua.

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Díaz, con todo, no supo como resolver dos problemas fundamentales del sistema liberal: la transmisión del poder y el alejamiento que el propio sistema había generado entre el gobierno y la sociedad. Como señala Enrique Krauze, el sino del porfiriato se reduce a una palabra: Distancia.90 Díaz se distanció de su origen, de su gente, de sus necesidades; pero también lo hizo de las aspiraciones de movilidad de las clases medias. La falta de movilidad en la cúpula del poder generó una fractura de elites catalizada, acaso sin quererlo, por el propio presidente, en la entrevista con James Creelman91. Por su parte, la distancia social se convirtió en saldo inadmisible cuya brecha fue cerrada, de manera súbita y brutal, por la revolución mexicana.

El sistema político mexicano del siglo XIX construyó un país de minorías. La minoría ilustrada que concibió y ejecutó el proyecto de nación desdeñó en muchas ocasiones rasgos fundamentales de la sociedad mexicana. Pretendió olvidar su pasado indígena y español, su religión; quiso recomponer por decreto costumbres antiquísimas, y sustituir sus pretensiones por los de una sociedad moderna, educada, ciudadana. Octavio Paz lo señala con precisión: “El liberalismo es una crítica del orden antiguo y un proyecto de pacto social. No es una religión, sino una ideología utópica; no consuela, combate; sustituye la noción de más allá por la de un futuro terrestre. Afirma al hombre pero ignora una mitad del hombre: Esa que se expresa en los ritos, la comunión, el festín, el sueño, 3el erotismo. La reforma es, ante todo, una negación y en ella reside su grandeza”.92

El país de minorías fue incapaz de transformar de manera efectiva a la población mayoritaria. El primer fracaso fue la pérdida de territorio bajo los criollos; el segundo fue con la sangre derramada por un millón de mexicanos durante la revolución mexicana con el objeto de restituir la voz de millones, abrir oportunidades para los mas y llevar la cultura a los pueblos, algo que la belle epoque porfiriana pasó siempre por alto.

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Por la fuerza de las armas, la mexicanidad volvió a estallar en un grito justiciero que exigía, comprometía y obligaba, por tanto, a construir un país de mayorías.

Francisco I. Madero pretendió posponer los compromisos con el México popular, campesino y obrero, que lo impulsó al poder. Este momento revela la incompatibilidad de proyectos por los rezagos que el régimen porfirista había creado: Madero, resultado de la quiebra de las elites, negocia el término de la insurrección, desmantela el ejército revolucionario y reincorpora a la vida política nacional a importantes sectores del antiguo régimen.

Zapata en especial, por su parte, producto del México de mayorías más agraviado, el que exigía una reforma social que alcanzara a todos los que habían vivido en la marginación, no podía pactar ni transigir en sus objetivos. La respuesta de Madero a las exigencias del México campesino para activar la reforma agraria fue la instrumentación de una política democrática. Se instauró un congreso libre y crítico, verdadero; se admitió la oposición política y se respetó la libertad de prensa. La respuesta de Zapata fue el Plan de Ayala.

La muerte de Madero constituyó la segunda muerte de la democracia mexicana. En ambas ocasiones, la bota militar la había aplastado. Díaz derrocó al Presidente Lerdo y Huerta a Madero. El mensaje del golpe de la ciudadela fue que el México más conservador y servil seguía ahí: expectante y alevoso. La reacción no dejó lugar a dudas: no había lugar para posponer la agenda social. Nadie, ni siquiera la fuerza más bruta y feroz, podría controlar este afán.

El término de la Revolución Mexicana, más de una década después con la institucionalización del país y el surgimiento del nuevo Sistema Político Mexicano, logró conjugar las expectativas de los iniciadores del movimiento en el sentido de

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construir un país de mayorías: la Revolución generó oportunidades para vastos sectores de la población que encontraron por vez primera una nación con movilidad social; la cultura renació y se abrió a todos hecha mural y libro de texto gratuito; el experimento vasconcelista dio el impulso a la educación pública que permitió que prácticamente el noventa por ciento de analfabetos que el porfiriato había gestado se instruyeran; se creó un sistema universitario público que fue el motor del desarrollo de la clase media mexicana, se dotó de infraestructura al país, se industrializó y se hicieron extensivos los servicios de salud para la mayoría de los mexicanos.

El costo fue la marginación de diversos sectores de la población. Dentro del país de mayorías no había lugar para la disidencia ni la critica. La Revolución y sus hombres no podían estar equivocados. Muchas publicaciones fueron clausuradas, movimientos independientes de oposición -el vasconcelismo, almazanismo, y el movimiento estudiantil del 68 entre otros- fueron reprimidos, intelectuales desterrados, encarcelados o cooptados y la organización sindical independiente hostilizada. El México indígena fue, simplemente, olvidado.

Los intentos de construir un país con base en la regla de las minorías fracasaron. También lo hizo el México de mayorías. Por razones distintas aunque coincidentes, los fracasos del sistema político mexicano se entrelazan y sugieren no olvidar. El México de minorías murió bajo las balas de los ejércitos populares, de la movilización nacional. El México de mayorías fue muriendo junto con las represiones que implementó contra las minorías cautivas en una camisa de fuerza institucional: murió en Tlatelolco, en los fraudes electorales, en la selva chiapaneca, en Lomas Taurinas y en la resistencia civil: Cuando los mexicanos comenzaron a votar con los pies. Ambos países -el de minorías del siglo XIX y el de mayorías del siglo XXmurieron de intolerancia. Murieron, además, de vejez prematura.

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¿Seremos capaces de construir en el siglo XXI un país para todos?

3.2. El cambio.

En la última hora del domingo 2 de julio del año 2000, una multitud se congregó en la rotonda del Angel de la Independencia de la ciudad de México para celebrar un hecho histórico: La victoria del Partido Acción Nacional en los comicios presidenciales. Era la culminación, al menos electoral, de un largo camino que diversos grupos habían emprendido años atrás en busca de consolidar la democracia en México. La mayoría de esos mexicanos, jóvenes, pedían a su líder “No nos falles”. Era más que un grito: Era un lamento. Era el reflejo vivo, elocuente y multitudinario del desencanto. Era la expresión de un México divorciado. Gobierno y sociedad habían transitado por caminos divergentes durante tres décadas. Por hacerlo, era un fin. No obstante, hasta ahora, no ha sido también un principio.

La derrota del Partido Revolucionario Institucional marcó, en los hechos, el fin del tercer sistema político mexicano. Lo hizo, además, de una manera singular: Sin violencia, sólo por la fuerza de los votos.

Fue la primera vez que algo así ocurrió en México. El signo del cambio mexicano había sido la convulsión. La reforma, el porfiriato y la revolución se distinguieron por su violencia. El PRI, en cambio, se fue sin sangre93. ¿Revolución de terciopelo? Quizá.

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Jesús Reyes Heroles decía que era mejor ser profeta del pasado que del futuro. Tenía razón. Aún así, resulta imprescindible imaginar un país diferente para el futuro. Lo que queremos, ni dudarlo, no nació el tres de julio.

El cambio electoral fue la conclusión de un periodo y de un sistema. Es bastante. No suficiente. Para serlo, debe ser también principio.

El gran reto del México que surge con el siglo cronológico es hacerlo compatible con el siglo histórico de la nación mexicana que surgió mucho antes del dos de julio. No es fácil lograrlo.

3.2.1. El calendario del cambio: Breve recuento del México histórico.

1968.

El primer signo de que el sistema se agotaba fue la masacre del 2 de octubre de 1968. Los estudiantes congregados pedían apertura y democracia. La represión es el recurso último, legítimo según Weber, del Estado por mantener la gobernabilidad. No obstante, los hechos terribles de aquella tarde se dieron en un contexto de crecimiento económico y relativa estabilidad social. El reclamo, entonces, fue meramente político.

Como una anticipación de Tianamen, el Estado mexicano mandó un mensaje terrible a la sociedad mexicana: No abría apertura política. Así, el movimiento de 1968 se convirtió en un ejemplo doble y doloroso. Por un lado, generó la paradoja del priismo: Su lucha máxima, modernizar al país, había dado frutos. Las clases medias, los universitarios, los profesionistas, consolidaban un papel protagónico en la vida nacional. Lo hacían con base en sus conocimientos y en su formación. Por lo mismo,

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exigían no sólo estabilidad económica sino mayores espacios de participación política. Era, así, el resultado natural de la modernización. El sistema, sin embargo, no estuvo preparado para resolver esta demanda y se fue por el peor de los caminos.

En segundo lugar, la represión ordenada por el Presidente Díaz Ordaz tuvo como resultado inmediato la polarización de los actores políticos. Algunos optaron por radicalizar su oposición, a veces al extremo de buscar la vía armada. Otros prefirieron la oposición institucional. Muchos se convencieron de que el país, en lo político, debía transitar hacia una democracia que dejara atrás los orígenes de un sistema que había nacido desde el estado y mediante fraudes. 1985

A partir de 1968 comenzó la apertura paulatina de las compuertas del sistema político mexicano. La presión se hizo más evidente y creció debido ya no sólo a una aspiración política. Lo hizo también por un problema de escasez94. En la década de los setenta terminó el crecimiento sostenido y arrancó el ciclo de crisis recurrentes que continúan hasta nuestros días.

1985, fue un año paradigmático para el proceso de democratización en México. Lo fue por los efectos de dos sismos: Uno cívico y otro telúrico.

El cívico se dio a causa de las elecciones locales de Chihuahua, en donde las irregularidades hicieron que la opinión pública nacional, incluyendo a los más respetados intelectuales de todas las tendencias, exigieran al gobierno federal las corrigiera. En una declaración privada sorprendente, el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Barttlet Díaz, alegó que el fraude en Chihuahua respondía a razones de patriotismo95: La rapiña electoral como sinónimo absurdo de nacionalidad.

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La resistencia civil comenzó articulándose paulatinamente en un movimiento de la sociedad civil que eventualmente se extendería a todo el país. El 19 de septiembre de ese año otro sismo, esta vez terreno, destruyó buena parte de la ciudad de México, conmocionando a toda la República. En los momentos posteriores el gobierno quedó paralizado y la ciudadanía se auto organizó en comandos de rescate y ayuda. Recuerda Julio Scherer: “... La entereza que siguió a la conmoción, el valor frente a la tragedia. Unidos los mexicanos en el fervoroso ánimo de concordia, el 19 de septiembre de 1985 tuvo el Presidente de la República el camino franco para avanzar al puesto de vanguardia que sólo a él le corresponde y desde allí mirar el porvenir con otros ojos. Ese día pudo cambiar el lenguaje, hacerse creer. Pero ese día caminó entre cadáveres y ruinas, las lágrimas de muchos sin sus lágrimas; pospuso 36 horas su mensaje a la nación, que terminó en decepcionante informe burocrático por red nacional...”96. El estado todopoderoso quedó rebasado, esta vez definitivamente, pues ese día terminó una idea: De que el gobierno era imprescindible para conducir la vida ciudadana.

1985 fue el año en que la sociedad civil tomó conciencia de sí misma. Por el poder ciudadano se podía cambiar. Podía hacerse en las urnas, pero también en las calles: A partir de entonces, los mexicanos comenzaron a votar con los pies.

1988.

La cronología del cambio encuentra en este año un catalizador de gran importancia. En primer término, la izquierda en el país logra articular una propuesta genuinamente nacional y democrática. Desafía al sistema en la arena que el PAN nunca había podido con certeza de triunfo: En la elección presidencial. La sospecha de fraude fue mayúscula97. El mensaje fue claro y contundente: El sistema no se iría. Los votos no serían respetados. La renovación de cuadros se

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limitaba al ámbito municipal y legislativo. A partir de 1988 el sistema de partidos se fortaleció con la llegada de una fuerza de izquierda organizada y de alcance nacional, el PRD. El compromiso de la izquierda sería vital para acelerar el proceso de democratización nacional. Con su fuerza en el congreso, se opone. El país ya no le pertenece a un solo partido. A las reformas de la modernización se enfrenta con un proyecto alternativo. A partir de entonces se acelera el cambio en el nivel periférico: Vendrá de los municipios, de las diputaciones locales, de las gubernaturas. El PRD paga los costos de su férrea lucha opositora. Lo hace en términos humanos y políticos. El precio es alto, bochornoso. Pero valió la pena.

1994

La pesadilla de la cerrazón sustituyó al sueño democrático en 1994. El primer día de ese año un movimiento armado tomó diversos municipios de Chiapas, en el sureste mexicano. El EZLN declaraba la guerra al Estado mexicano. El rostro tras el pasamontañas era lamentable: Era el México más agraviado, el más marginado, la encarnación misma de la pobreza. Era más que una guerrilla: Era un desmentido. La miseria de millones por debajo de los mitos geniales de la administración irrumpía violenta y desesperada. Era, también un grito: Aquel que exigía no olvidar. México, recordaban, no podía transitar sino como unidad política, demográfica y cultural.

Carlos Fuentes afirma con razón que el peor drama de la vida es ser olvidado98. Al marginado se le señala. Quizá se le escuche. Posiblemente se le atienda. ¿Quién lo hace con todos aquellos, diría Buñuel, olvidados? ¿Hay en México espacio para no olvidar? El estallido hizo despertar a muchos. Las voces más duras del sistema “A balazos llegamos y a balazos nos vamos” diría Fidel Velázquez99, clamaban por la represión. La sociedad lo impidió. Días después, el EZLN negociaba. “Marcos –

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recuerda Jorge Castañeda- formuló un razonamiento novedoso, por ser reformista al extremo: El EZLN no se planteaba la toma del poder, ni el derrocamiento por la vía armada del régimen de partido en México, sino la utilización de sus ramas para ayudar a quienes carecían de ellas para lograr algo así como la democracia en México” Concluye: Chiapas es un experimento de “Reformismo armado”100.

La presión de una insurrección, de los mexicanos confrontados hasta la muerte, y la ruptura por dentro del sistema en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu obligaron al régimen a lanzar una reforma electoral que le diera los márgenes necesarios para celebrar la elección presidencial del 21 de agosto. El país se partía en dos. Por dentro, el sistema se podría. Por fuera, llegaba a sus límites y los rompía.

A partir de 1997, los mexicanos comenzaron a votar por gobiernos divididos. El Presidente, en tres elecciones consecutivas, aún habiendo mediando alternancia, no ha tenido mayoría en el congreso. Es un indicador, sin duda, de que los mexicanos comienzan a utilizar los instrumentos democráticos.

2000.

Después de la alternancia, ¿Dónde estamos? En un camino paralelo. Por un lado vive un México imaginado: Democrático, justo, legal, próspero, moderno.

Por otro está el México del lamento: Empobrecido, ignorante, desilusionado, corrupto, en armas.

El único pecado de Porfirio Díaz, decía Obregón, fue envejecer. Algo similar sucedió con las instituciones mexicanas. El país cambió, la forma de hacer gobierno, no. El sistema que dio estabilidad, paz, progreso y hasta justicia a un país lastimado

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fue siendo rebasado por sus propios logros. Como escrito por Wilde, el sistema no se percató que todo cambiaba a su alrededor y que al hacerlo su retrato aparecía cada vez más envejecido, más lastimoso, más distante.

Desde las leyes fundacionales del poder político hasta los medios para lograr los fines, el entramado institucional mexicano quedó atrapado en una contradicción fundamental, definida con precisión por Gabriel Zaid: El sistema era el mismo, la gente, no101.

Incapaz para entender que el mundo y el país cambiaban, y que el cambio era real, el sistema se dirigió, ciego y sordo, a su etapa terminal.

Se pueden argumentar muchos padecimientos para su deceso: El sistema fue concebido para un México rural, analfabeta y profundamente retrasado. Fue, también, producto de un país fracturado, enfrentado, amenazado por sus vecinos y por sus coterráneos. Por ello, fue durante años un sistema incluyente en más de un sentido. Sumó a muchos. Los que no lo hicieron fueron excluidos, muchas veces para siempre. Fue un sistema laico, nacional, modernizador. Logró mucho. Construyó la infraestructura del país, generó instituciones sociales de gran relevancia, generó las clases medias y educó a la vasta mayoría de los mexicanos.

Los cambios que auspició, aunados a los cambios del mundo, le pusieron enfrente una encrucijada vital, una que no quiso o no pudo resolver: Adaptarse a las necesidades de la nueva sociedad que era, paradójicamente, su creación. Por ello, el sistema político mexicano murió, fundamentalmente, de vejez. Sucedió cuando perdió su principal característica: Flexibilidad.

Sin equilibrios, contrapesos ni resultados auditables, la geografía del cambio no deja lugar a dudas: El sistema, a la vez presidencial y centralista murió desde adentro.

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El poder de la provincia lo venció. Mientras la república se renovaba desde su célula básica –el municipio- el poder federal continuaba sin entender su entorno.

Una vertiente importante del cambio provino de la incorporación de nuevos actores a la escena política. Lentamente, el sistema político mexicano dejó de ser ogro y filántropo. El viejo ogro dejó de usar la violencia selectiva. No podía usarla. La estructura del mundo y de su sociedad se lo impedía. Al mismo tiempo, perdió su filantropía. Lo hizo, fundamentalmente, por un problema no de generosidad sino de escasez. La crisis económica privó al Estado mexicano de sus instrumentos más valiosos de cooptación.

Con todo, esta contradicción no se ha resuelto con el cambio electoral. La democracia aún no ha cuajado. No lo hará mientras no se dote al Estado de una estructura adecuada, mientras no encontremos un modelo correcto de gobierno y hagamos que la sociedad adopte los valores de una genuina transformación democrática.

3.3. Los arreglos institucionales del tercer sistema político mexicano. “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es la Cuba de Fidel Castro: Es México, porque es una dictadura de tal modo camuflada que llega a parecer que no lo es, pero que de hecho tiene, si uno escarba, todas las características de una dictadura. En primer término, la permanencia, no de un hombre pero sí de un partido; un partido que es inamovible, que concede suficiente espacio para la crítica en la medida que esa crítica le sirve, es decir, que confirma que es un partido democrático; un partido que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia, Una dictadura, además, que ha creado una retórica que la justifica,

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una retórica de izquierda, y que para desarrollarla, a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. No creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos y nombramientos, a través de cargos públicos, y sin exigirle una adulación sistemática como hacen los dictadores vulgares, sino por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa es la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido, de hecho, único, porque él se encargaba de financiar a los partidos opositores. Esto no es otra cosa que una dictadura...”102

La descripción fue hecha por Mario Vargas Llosa, en los ochenta, durante un coloquio denominado “la experiencia de la libertad” realizado por el grupo Vuelta. Era parcial y, en muchos casos, inexacta. Pero su expulsión del país al día siguiente probaba que algo, también, había incomodado. El México posrevolucionario no fue una dictadura. Tampoco, creo, una dictablanda como respondió a Vargas Llosa Enrique Krauze. No era, tampoco, una democracia.

El tercer sistema político mexicano fue sumamente complejo. Estaba basado en una serie de reglas que no se escribían: Se cumplían. Fue un intento, general, ordenado y muchas veces efectivo, por resolver los grandes rezago del país. Fue. En una primera etapa, incluyente, en el sentido en que durante décadas aglutinó a la mayoría de los mexicanos. Pero fue incapaz de adecuarse a las necesidades de un país diferente y de un entorno mundial adverso.

La referencia de Vargas Llosa es importante porque revela la concepción que en muchos sectores, aún hoy, se tiene del sistema político mexicano. ¿Es posible construir sobre visiones parciales un nuevo sistema? Pienso que no. Hay, primero, que comprender.

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3.3.1. Las etapas del sistema.

El sistema político mexicano fue creado bajo un pacto de elites -las elites revolucionarias- como una forma de poner fin a la violencia generada por el estallido social de 1910. Se trató de un acuerdo y un compromiso de delegación de poder que incluía una visión de futuro y una serie de arreglos no escritos de respeto y sometimiento institucional103. Incluía, además, un sistema de acceso, repartición y renovación de poder que aseguraba que a todos, con paciencia y disciplina partidista, correspondería alguna porción del poder en algún momento determinado. La concepción original de los acuerdos fue perfeccionada a lo largo de los años, pero sus arreglos fundamentales fueron respetados hasta la década de los ochenta. Las modificaciones que el sistema experimentó se debieron fundamentalmente a la dinámica demográfica del país y a los éxitos del propio sistema para generar y repartir riqueza, al tiempo que debía reformarse para dar cabida a los actores políticos que iba generando, especialmente las clases medias. Se pueden reconocer cuatro fases dentro del sistema:

1)Formación, que comprende los acuerdos revolucionarios y el perfeccionamiento de los instrumentos de gobierno. (1929-1940)

2)Madurez. Comprende el periodo de estabilidad económica y legitimidad política y se extiende a lo largo de cinco sexenios. (1941-1968) 3) Descomposición. Comprende las disfunciones del sistema, su incapacidad de autoreformarse, la crisis económica y la perdida de legitimidad hasta llegar hasta los estallidos sociales de 1994. (1969-1993)

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4. Ruptura. Los efectos de la violencia y del quiebre de los pactos revolucionarios así como la fractura de las elites gobernantes. (1994-2000)

Primera Etapa: Formación.

El sistema político mexicano fue creado en 1929 con el objetivo fundamental de poner fin a la violencia revolucionaria que había estallado en 1910. Se trató de un arreglo tácito entre las principales fuerzas revolucionarias que convinieron delegar parte de su poder local y regional a un instituto político que agrupara las aspiraciones ideológicas y de poder de los diversos grupos.

Como ha señalado Daniel Cosío Villegas, el problema fundamental de un arreglo de esta naturaleza104 es que la propia revolución había sido un movimiento de ideología difusa, que adquirió ciertos rasgos unitarios tiempo después, solo cuando su primera etapa había terminado.105

La creación del sistema político Mexicano se vincula directamente al talento y visión de dos estadistas mexicanos: Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Ambos son producto de la lucha armada. Ambos provienen de un mundo ajeno al de la belle epoque de Don Porfirio. Ambos son pragmáticos, astutos, líderes. Calles entiende a la perfección la dinámica de las elites revolucionarias. Las conduce, las subyuga, las domina. Cárdenas hace más que liderear a la base popular: Se funde en ella. Se trata de una combinación de liderazgos contrapuestos que tejen un acuerdo nacional que daría vida a un sistema que duraría el resto del siglo.

El acuerdo nacional se dio en base a cuatro arreglos torales:

1) Repartición y distribución del poder.

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Los líderes de las diversas facciones revolucionarias se comprometieron a someter su poder regional a las decisiones del instituto nacional. En muchas ocasiones, como lo ejemplifican los cacicazgos de Gonzalo N. Santos en San Luis y Maximino Avila Camacho en Puebla, el Partido basaba sus controles locales en la influencia de “hombres fuertes” en los Estados. La influencia de estos hombres, sin embargo, no se extendía lo suficiente como para imponer una política general en el partido.

La formula del pacto revolucionario fue acatada por todos: la última instancia de solución de controversias dentro del instituto político no serían ni la ley ni las armas: sería el Presidente de la República.

El sometimiento al poder presidencial aplacó la más violenta secuela de la revolución mexicana. Zapata, Villa, Carranza y Obregón habían muerto por las pugnas de poder. También habían sido victimados los principales cabecillas del movimiento disidente de Francisco Serrano. Luis N. Morones, el poderoso líder de la CROM, condenaba a muerte a sus opositores desde su curul en la Cámara Baja hasta el momento en que, a él mismo, le llegó el ajuste de cuentas: el desmoronamiento106.

El perfeccionamiento del sistema se dio bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Desmantelado el Maximato, no había figura sobresaliente que disputara el papel del presidente como el fiel de la balanza ante las controversias políticas. Con todo, aun el presidente tendría una limitación: jamás podría ser reelecto. Cada seis años, entonces, todo se movía en el mundo político de México: nada cambiaba.

2. Nacionalismo Revolucionario.

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El segundo pacto fundamental fue la concepción de una línea política que se denominó nacionalismo revolucionario. Dentro de la difusa ideología del partido, el único rasgo fundamental y permanente fue la adopción de una política exterior que pugnaba por la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Al mismo tiempo, señala Héctor Aguilar Camín: “En las señas de identidad del país, el nacionalismo revolucionario incluyó y amplió las huellas del pasado en una mezcla única. Fue indigenista y antiespañol, como el patriotismo criollo, pero fue también proteccionista y tutelar, como las leyes de Indias con las comunidades y los pueblos; fue jacobino, laico y republicano, como la reforma liberal, pero no fue democrático, sino centralizador, presidencialista y autoritario, como habían deseado las inercias monárquicas novohispanas y la causa conservadora decimonónica, emblematizada por Lucas Alamán”107

Para los líderes revolucionarios que moldearon el partido, esta política entrañaba un mensaje: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención se aplicaba, en primerísimo lugar, hacia México. Se daba para recibir. La soberanía no era negociable y los conflictos internos se resolvían en casa.

Estaba demasiado fresco en el recuerdo de los líderes revolucionarios el intervencionismo norteamericano: los pactos de la embajada108, la invasión de Veracruz, la expedición punitiva y los pactos de Bucareli eran experiencias que no estaban dispuestos a repetir ni tolerar. La compleja relación con los Estados Unidos, “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, encontró así un cauce y una frontera. Los signatarios del pacto desconfiaban profundamente del vecino del norte al tiempo que identificaban la viabilidad económica y política que la vecindad entrañaba.

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El enemigo histórico de la nación era, al mismo tiempo, un riesgo y una oportunidad. El partido y el gobierno, entonces, adoptarían siempre un discurso nacionalista, progresista, revolucionario, aunque en más de una ocasión la realidad no coincidiera con el discurso.

La regla era cooperar sin comprometer la soberanía. Comerciar sin vender. Ser aliados manteniendo una postura independiente: Realpolitik, ni más ni menos. 3. Estado Laico.

La Reforma y la Cristiada habían convencido a muchos de los líderes revolucionarios que la división entre iglesia y estado era imprescindible para la viabilidad del Estado Mexicano. El control gubernamental debía encontrar una frontera que no erosionara la relación con la Iglesia.

A pesar de que muchos líderes eran fervientemente anticlericales, en especial Calles y Tomás Garrido Canabal en Tabasco -nombró Lucifer a uno de sus hijos-, el pragmatismo se impuso: era preferible ignorar públicamente a la iglesia que enfrentarla.

Los acuerdos que pusieron fin a la Cristiada moldearon la política futura de entendimiento subterráneo y sometimiento de la Iglesia hacia las instituciones. Finalmente, el Estado no había podido derrotar a los ejércitos cristeros y el fervor religioso del pueblo no podía ser ignorado.

Amparado en la propia Constitución de la República, el Estado borró de la vida jurídica a las Iglesias, prohibió, al menos legalmente, la educación religiosa y confinó al clero a los templos.

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El Estado Mexicano y la “familia revolucionaria” debían ser, sobre toda circunstancia, seculares.

4. Pacto Corporativo.

La verdadera cohesión del sistema político se dio a través de dos vías: los pactos de no violencia entre las elites revolucionarias y la integración de los principales sectores de la población al Partido, columna vertebral del sistema político. Expone Lorenzo Meyer: “En el México que surgió tras la institucionalización cardenista del sistema político postrevolucionario, el eje de todo el complejo corporativo de sindicatos,

organizaciones

patronales

campesinas

fue

(...)

institución

presidencial”109

De esta manera, el instituto adoptó una estructura sectorial, que convirtió al corporativismo y a la masificación a la institución partidista. Su composición entrañaba su fuerza: dividido en cuatro sectores -militar, obrero, campesino y popular- la estructura cerraba el tejido institucional incorporando a los principales actores de la vida pública a la estructura misma del Estado110.

La política corporativa y clientelar benefició a todos: los sindicatos recibieron posiciones políticas y el estado garantizó la afiliación forzosa111; los campesinos recibieron tierras, los sectores populares obtuvieron participación política y posibilidad de ascenso social y los empresarios recibieron protecciones arancelarias, subsidios y apoyos económicos: El Estado otorgaba -y quitaba- todo. La escena internacional.

El Sistema Político Mexicano encontró coyunturas internacionales favorables para su consolidación: la época posterior a la primera guerra mundial envolvió a las

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potencias mundiales en un proceso de reestructuración del orden internacional112. La configuración del mismo se encaminó a hacer de la conflagración mundial la “última de todas las guerras”.

El breve periodo de estabilidad internacional de mediados de los años veinte fue bruscamente interrumpido por la gran depresión de 1929. Los Estados Unidos, en especial, enfocaron sus fuerzas y su atención a resolver la aguda crisis económica mediante un enfoque que prioriza la política doméstica. El New Deal, con todo, vino acompañado por la política del buen vecino de Roosvelt, que permitió un nuevo entendimiento entre los dos países.

Por último, el expansionismo alemán y japonés de la década de los treinta concentró la atención de los Estados Unidos en el futuro mundial. México, ante la inminencia de la guerra, se convirtió en un enclave estratégico para las potencias occidentales en suministro de hidrocarburos. La expropiación petrolera de 1938 fue posible gracias a esta coyuntura y al hecho que una intervención armada hubiera distraído fuerzas imprescindibles para el futuro en el conflicto europeo113.

La decisión del gobierno norteamericano de respetar la expropiación petrolera respondió a la tensión internacional existente y a la convicción de que era preferible evitar una segunda experiencia Zimmerman.

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Mientras el mundo se preparaba

velozmente para una convulsión sin paralelo, México se recomponía para enfrentar el colosal reto de reencontrarse consigo mismo. 2a Etapa: Madurez (1941-1968)

El estallido de la segunda guerra mundial y la reconstrucción de Europa tras la derrota de las potencias del eje permitieron implementar políticas económicas que impulsaron el empleo y el crecimiento económico nacional.

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Lázaro Cárdenas comprendió correctamente que la continuidad de sus políticas de izquierda no brindaría estabilidad al sistema político. Lo consolidó implementando la regla de la sucesión presidencial. Su favorito sentimental e ideológico, Francisco J. Mújica, perdió la candidatura del partido oficial ante el general Manuel Avila Camacho. Hombre más de centro, Avila Camacho supo conducir la política nacional y la política exterior de México en medio de la conflagración mundial.

Tras su mandato, el sistema sufriría una modificación esencial, que lo distanciaría de sus similares latinoamericanos: el ejército abandonaba la política. Bajo el mandato del primer presidente civil de la posrevolución, Miguel Alemán, el sector militar del partido desapareció115. La milicia consintió en permanecer como el garante institucional del país, siempre guardián de la legitimidad y la autoridad presidencial. El ejército sería la institución mas respetada, tendría importantes beneficios económicos e incluso discretas posiciones en el congreso y en los gobiernos estatales. Nunca más, sin embargo, intervendría de manera pública, en la política nacional. El instituto armado, en suma, pasaba de ser actor a pilar del sistema político mexicano.

Pero el cambio que impulsó Alemán Valdés tuvo repercusiones colaterales profundas: “(Alemán) no sólo era un civil, al igual que casi todos los que nombró para cargos políticos, sino que personificaba a la generación posterior a 1920, sin vínculos personales ni generacionales con la experiencia revolucionaria (...) El paso de la generación revolucionaria a la generación de Alemán modificó en forma significativa la composición de la dirigencia política mexicana. Desde 1298 hasta 1940 más de un cuarto, y a veces hasta un tercio, de todos los políticos nacionales eran oficiales de carrera. (...) Alemán utilizó la gran representación generacional de su propia generación para reducir esa cifra a apenas el 8%”116

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En la década de los cincuenta, durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, la política económica del “Desarrollo Estabilizador” permitió un inusitado y permanente desarrollo económico117. Las tasas de crecimiento del seis por ciento anual permitieron legitimar la revolución y su sistema político.

Los controles del sistema permitieron reprimir los movimientos sociales independientes que surgieron. La competencia política, prácticamente nula, se daba bajo las reglas y los auspicios del sistema. La oposición tuvo acceso al congreso solo cuando el Estado lo permitió: durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos, en 1963.118

La característica primordial del sistema fue su flexibilidad. Muchos autores se cuestionaron la capacidad del Partido Oficial para mudar, sin muchos remordimientos ni dificultades, de posturas e ideologías119. Con todo, los pactos fundamentales originarios se mantuvieron intocables. Todos, de generación en generación, admitían las reglas del juego.

La flexibilidad ideológica y la bonanza económica fueron las pinzas que cerraron el círculo de la legitimidad y la estabilidad. El auge económico permitió extender la instrucción universitaria y consolidar la clase media mexicana. El mundo creyó ver un “milagro mexicano” tasas de crecimiento que promediaban 6% anual del Producto Interno Bruto.

El milagro político terminó, trágico y ensangrentado, en la Plaza de las Tres Culturas la noche del dos de Octubre de 1968.

3a. Etapa: Descomposición. (1969-1993)

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A partir de 1969, el sistema perdió su flexibilidad y se dislocó la política económica. Tras sus logros, a partir de ese año comenzaron a pesar más sus deficiencias y a hacerse más evidentes sus límites.

La sucesión presidencial dejó de funcionar como medio de transmisión de poder, al tiempo que la oposición política tomó montaña y calle: surgieron diversos movimientos

armados

disidencia

radical.

Como

respuesta,

las

distintas

administraciones implementaron procesos de liberalización y se acrecentaron las rupturas internas del sistema.

Los cada vez más numerosos actores políticos, y la consolidación de una sociedad con nuevos valores, propuestas y aspiraciones, hicieron obsoletas las instituciones políticas.

A las dificultades políticas se sumaron las económicas. La escena internacional dejó de ser favorable: el sistema de Bretton Woods finalizaba y se impulsaba el libre comercio, el patrón oro fue sustituido por el dólar y las transacciones internacionales fueron cada vez más vertiginosas120. La economía mexicana, privatizada a Los Pinos121, sufrió una y otra vez los embates de los shocks externos. Los desequilibrios fueron inmanejables y agudizaron la pobreza y la frustración social.

En medio de este panorama, el entramado institucional, artereoesclerótico, fue incapaz de responder con efectividad a los reclamos sociales. Por eso México comenzó a vivir el nuevo siglo en medio de la violencia y la confusión. 3.5. La Ruptura. 1994-2000

La última etapa del sistema político fue el resultado de una larga cadena de yerros cometidos en el pasado. Fue, por lo mismo, una ruptura doble: La elite

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revolucionaria se fracturó hacia dentro. Al mismo tiempo, la distancia con la sociedad civil se ensanchó, hasta dividir irremisiblemente el proyecto de país.

La primera ruptura provino de la modificación de reglas internas del sistema que se inició con la reforma económica. La segunda fue producto de los efectos sociales de esa reforma y de los procesos de liberalización que modificaron radicalmente la estructura electoral y el sistema de partidos en el país.

La fractura de la elite gobernante se vino gestando durante años, incubándose en las áreas económicas de la administración pública. Los jóvenes técnicos, especialistas en economía y educados en el extranjero, apostaron por un proyecto alternativo de país, ajeno a las tradiciones de la clase política mexicana.

La pugna interna se agudizó, por ello, con la llegada de la penuria económica. Los desajustes en la economía hicieron evidente que se requería especialización técnica, algo que los políticos tradicionales no podían ofrecer. Así, el primer presidente que tuvo que enfrentar desde el cenit de su poder – la sucesión presidencial- la disyuntiva de transitar por el modelo tradicional u optar por la solución económica fue José López Portillo. Decidió por la segunda122. Años después, López Portillo se autocalificaría como el último presidente de la revolución:123

Lo fue. Al menos en el plano que la clase política entendía el legado de la Revolución Mexicana. Con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia, se abrió la puerta a la competencia abierta por el poder entre dos facciones de la elite gobernante bien diferenciadas124. Los tomadores de decisiones económicas accedieron a la silla presidencial con un nuevo paquete de ideas.

Apertura al exterior, entrada al GATT, austeridad, reforma administrativa, renovación moral. Al menos en el discurso, las cosas cambiaban. El vértigo vendría

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después, con la segunda victoria sobre la clase política de lo que Jorge Domínguez y Richard Feinberg han denominado tecnopolíticos: La clase tecnocrática que asume posiciones de poder político.125 Con Carlos Salinas de Gortari no habría medias tintas. Pertenecía, generacional y políticamente, a una camada ajena a la estructura tradicional de poder. Propuso un cambio de gran amplitud. Lo hizo, paradójicamente, basándose en las capacidades del sistema político. La gran paradoja de la reforma mexicana es que el cambio estructural de la economía se basó en las capacidades de la clase política que trabajaba hacia su propia desaparición.

No era un rasgo nuevo aunque sí definitivo. Como señala Héctor Aguilar Camín, el reformismo del régimen de la revolución se había montado siempre en los proyectos que le antecedieron, y que muchas veces eran antagónicos: “Una y otra vez, en el curso de esas reformas, las élites modernizadoras vivieron la paradoja de haber llegado al poder montadas justamente en aquello que debían transformar. Cárdenas en el maximato callista; Alemán en el México Agrario cardenista; De la Madrid y Salinas en el pacto corporativo del desarrollo estabilizador y en la ampliación del intervencionismo estatal de los setenta”126. No obstante, los intentos tenían una característica común: Respetaban los pactos fundacionales del sistema político. La nueva generación de gobernantes no lo hizo. Tampoco construyó alternativas. Por ello el país se fue de bruces hacia la inestabilidad.

Fueron los operadores políticos, los duros del viejo régimen que las nuevas ideas amenazaban con extinguir, quienes operaron la dudosa elección de Carlos Salinas, controlaron las esferas clave del poder político durante su sexenio y sostuvieron por la vía electoral al hombre que los despreciaba: Ernesto Zedillo.

Pero mientras el proceso de fractura se daba, la economía dejaba de crecer. El sistema no tenía que repartir. Por ello la sociedad civil buscó, y encontró, nuevos

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cauces de participación. Amplios grupos de poder comenzaron a evaluar la necesidad real de un cambio.

La violencia de 1994 fue el ejemplo, dramático y aleccionador, de que el sistema había llegado a su límite. Las continuas reformas electorales habían modificado el sistema electoral, ciudadanizándolo y el sistema de partidos, haciéndolo más competitivo.

La gran crisis de 1994-95 fue la confirmación del fracaso de los teconopolíticos. La estabilidad, derivada finalmente de un acto cívico –una elección poco cuestionadao se esfumó, veinte días después de su arribo al poder. Su gabinete económico se dislocó127. Sólo la intervención de Estados Unidos frenó una crisis que los operadores de Zedillo no sabían controlar. Ese fue el comienzo de los agónicos seis años de un sexenio caracterizado por los claroscuros.

Ernesto Zedillo fue un ferviente defensor del libre mercado y la globalización. Adoptó la filosofía del dejar hacer dejar pasar como norma de gobierno. Lo hizo más allá del ámbito económico. Lo aplicó también, de manera terminante y determinante, en el político.

Fue el presidente de la alternancia. No lo fue, sin embargo, de la transición ni de la democracia. La impunidad brotó en su sexenio. También las complicidades y la sospecha de que el sistema político se podría.

Realizó los cambios legales necesarios, a través de los acuerdos de Bucareli, para que se incrementara la competencia electoral. No operó, sin embargo, cambios que eran de vital importancia para conducir una transición. No desmanteló los cotos de poder regionales. No modernizó el sistema de justicia. No profundizó la división de poderes. Renunció a sus facultades metaconstitucionales salvo una: Imponer a su

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posible sucesor como candidato del PRI. La contradicción esencial de permitir la libre competencia afuera pero no hacia adentro de la familia revolucionaria lo llevó a ganar la candidatura pero perder la presidencia128. Sí permitió, en cambio, que la sociedad ocupara los vacíos que se generaban y que se respetaran los triunfos de la oposición. En suma: El dejar hacer dejar pasar trasladado a una transición dejada en manos de los ciudadanos.

Hacia fuera, se consolidaron las oposiciones en torno a la idea más arraigada del imaginario político mexicano: El cambio.

La única forma de haber controlado la ruptura externa hubiera sido con éxito económico. No se dio. En los primeros meses de su gobierno se perdieron un millón de empleos. Durante su sexenio la moneda se devaluó 300% y los salarios reales, según la OCDE, cayeron 16%129. A pesar que las exportaciones mexicanas crecieron en 76 mil millones de dólares, el déficit comercial alcanzó el 5.4% del PIB. El rescate bancario costó 74 mil millones de dólares a la nación que generan mil millones de dólares mensuales de intereses. 130

Por el efecto de la economía despiadada, los niveles de bienestar social se vieron afectados. Según la ONU México ocupa el lugar 50 en cuanto a desarrollo humano. Por encima de él están Trinidad y Tobago, Bahamas y Qatar. 8.3% de los mexicanos no rebasarán los 40 años de edad. 15% de la población no tiene agua potable y 9% no tiene acceso a servicios de salud. 14% de los niños mexicanos pesan menos de lo que deberían a los cinco años y existen 107 médicos por cada mil habitantes mientras que en las Bahamas hay 141, en Estados Unidos 245 y en España 400131.

El índice de mortalidad infantil es de 29 por cada mil, mientras que en Trinidad y Tobago es de 15, en Costa Rica de 12 y en Noruega de 4132. En lo referente a

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educación, el analfabetismo alcanza a más de nueve millones de mexicanos y de cada cien alumnos que ingresan al sistema escolar, sólo uno obtiene un título profesional.

Las cifras explican cómo el estancamiento económico disparó la presión sobre el sistema político. El deterioro institucional que comenzó en 1968 encontró un promedio anual de crecimiento hasta 1982 de 6.5% en promedio, tasas inflacionarias que promediaban 15.1% y evolución salarial de 16.9%. A partir de ahí siguió el sexenio del crecimiento cero y la hiperinflación.

En otras palabras, la presión social se estrelló, especialmente a partir de 1982, con una estructura institucional anquilosada, que no había sido capaz de modernizarse, hacer más eficaz su gestión y construir nuevos canales de resolución política a las demandas ciudadanas. La distancia entre la sociedad y gobierno se incrementó de manera dramática: la participación política no se hizo extensiva en la medida en que la sociedad lo demandaba ni encontró cauces de justicia legal ni electoral. La participación quedó de lado y ambos, la sociedad y el gobierno, caminaron por distintos rumbos, nunca mas juntos.

¿Era necesaria la profunda reforma económica que se emprendió? Sin duda. ¿Existieron errores de implementación? Evidentemente. El más importante: la reforma económica dejó a un lado su rostro humano.

La segunda dimensión política de la reforma económica fue estructural: Reformar el sistema económico implicaba desarticular el funcionamiento del sistema político.

Como se vio, el funcionamiento del aparato gubernamental funcionaba en base a cuatro arreglos fundamentales, no escritos, aunque escrupulosamente respetados:

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1. Repartición y distribución del poder. 2. Nacionalismo Revolucionario. 3. Estado laico. 4. Pacto corporativo. Cada una de estas estructuras fueron desmanteladas por el grupo de tecnopolíticos en su afán de hacer transitar a la economía de una de estado a otra regida por el mercado. La ruptura se dio, primordialmente, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El sistema de repartición y distribución del poder, como se vio, se subdividía en tres arreglos fundamentales:

1. Preminencia del PRI como canal de participación política; 2. Transmisión del poder mediante la fórmula de la denominada sucesión presidencial y, 3.

El principio de no reelección.

Todos estos aspectos fueron modificados por la nueva elite gobernante. La cúpula gubernamental se hizo mas cerrada y la lógica de renovación de cuadros de poder perdió su dinamismo. La vieja clase política fue siendo, paulatinamente pero en forma definitiva, excluida de los niveles superiores del aparato gubernamental.

El conflicto entre ambos grupos se hizo evidente en la importante escisión de un grupo del Partido Revolucionario Institucional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo que encabezaban una corriente importante de militantes que se distanciaban públicamente de la nueva elite gobernante133.

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Esta ruptura

fue producto de la exclusión. La renovación de cuadros se

paralizó y, por tanto, perdió su representatividad. Si la vieja fórmula garantizaba un espacio de poder para cada grupo representativo y un ascenso en el escalafón político-burocrático mediante tesón y perseverancia, los principales actores del priísmo observaban, impotentes, cómo los jóvenes tecno-políticos se apoderaban de los primeros niveles del gobierno y monopolizaban el proceso de toma de decisiones.

El antagonismo entre los dos grupos se acrecentó de manera vertiginosa. Había pocos espacios comunes para la convivencia política: los jóvenes funcionarios no poseían carrera política sino administrativa. Carecían, también, de la trayectoria partidista que cohesionaba al sistema antes de su llegada. Por lo mismo, ninguno conocía la arena electoral, poseía cargo alguno de elección popular ni les interesaba tenerlo. La falta de experiencia en las lides electorales y sociales creaba no solo una distancia con la clase política: lo hacía también con la población.

No es difícil concebir que las características propias del nuevo grupo gobernante lo hicieran ajeno a las reglas, sutiles equilibrios y consensos indispensables que habían mantenido el funcionamiento del sistema y del aparato partidista. Como se verá, los tres aspectos de la repartición y distribución del poder –PRI, sucesión presidencial y no reelección- fueron trastocados, en el caso de los dos primeros, y pretendió ser ignorado, en el caso del tercero.

La muerte de Luis Donaldo Colosio significó una fractura decisiva del arreglo político que había funcionado desde 1929. Mas allá de las hipótesis o explicaciones que traten de explicar como sucedió, lo cierto es que lo fundamental es dilucidar

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porque se llegó finalmente a la ruptura de acuerdos en torno a la transmisión del poder dentro de las elites priístas y cómo ello afectó al sistema político mexicano.

El magnicidio del candidato que en aquel momento recogía el más alto porcentaje de preferencias electorales se dio como una ruptura de los acuerdos tácitos que habían regulado la transmisión de poder en México, en especial en el seno de la cúpula dirigente del partido mayoritario y desestabilizó profundamente al sistema político. Con su asesinato los grupos de poder enviaban un mensaje sangriento, vil y preocupante: El PRI no era capaz de encauzar la distribución del poder y el Presidente de la República se había dejado de ser intocable: La sucesión podía ser modificada.

Desde sus orígenes, había quedado de manifiesto que ambas instituciones, Presidencia y Partido, serían las encargadas de velar por la transmisión pacífica del poder. La muerte de Obregón dejó en claro que dentro del sistema no habría cabida para la reelección. De la misma forma, el desmantelamiento del maximato por Cárdenas evidenció que la presidencia, y por ende, el poder absoluto, se detentaba así: absolutamente, pero sólo por seis años. No había refrendo, extensión o argucia posible para evitar el abandono del poder.

Cierto es que la vieja regla revolucionaria acuñada durante el cardenismo intentó ser modificada en diversos momentos. La primera de ellas, sucedió en los cincuentas, cuando la prensa especuló sobre una posible reelección del presidente Miguel Alemán.134

Posteriormente, el Presidente Luis Echeverría, en la década de los setenta, acarició la idea de abandonar el gobierno pero mantener el poder. Más que emprender una aventura reeleccionista, la del echeverriísmo fue un intento por erigirse como el hombre fuerte del estado mexicano. ‘Minimaximato’ lo calificó su sucesor, José López Portillo135. La intentona comenzó cuando, postulado el licenciado López Portillo como

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candidato priísta a la presidencia, el presidente Echeverría designó a sus más cercanos colaboradores, todos adversarios del candidato, en la dirigencia de la estructura partidista. El propio Echeverría impulsó a estos mismos personajes en diversas posiciones clave de la nueva administración e intentó, violando los tiempos y reglas del sistema, designar al mayor número posible de gobernadores con el fin plausible de incrementar su influencia a lo largo de la República y en los resortes más significativos del sistema político136. ‘Estoy muy mal de la vista -comentó el expresidente Díaz Ordaz- veo dos presidentes.’137

El experimento estaba liquidado al finalizar el primer año de la administración Lopezportillista pero había dejado sus secuelas: la incertidumbre había provocado fuga de capitales, rumores de golpe de Estado y, de alguna u otra forma, la crisis política que se profundizó al grado que López Portillo no enfrentó oposición alguna en su elección, en lo que calificó como ‘boxeo de sombra’138.

Lo cierto es que los sueños de perpetuarse en el poder en México han provocado en la era moderna profundos desequilibrios a un sistema que se basa, precisamente, en la movilidad, y fue este elemento el que, en la percepción de vastísimos sectores de la clase política priísta, fue trastocado por el salinismo. “(El sexenio de Carlos Salinas) hizo una lectura muy parcial del contrato que permitió acabar con el aspirantismo en armas y organizar una cola de aspirantes al poder. Creyó que la Ciencia en el Poder, maravillosamente combinada con la disciplina abyecta, podía imponerle al PRI cualquier cosa: hasta la burla. (...) “Los contratos de subordinación son contratos, no decisiones unilaterales. Los subordinados pueden aceptar la disciplina hasta la abyección, pero no necesariamente aceptarán la falta de respeto a la abyección (...) El contrato constitutivo del sistema es tajante: nadie llega al poder para quedarse. Nadie llega al poder por las armas o el asesinato. Nadie llega al poder por su propia fuerza, sino haciendo cola mansamente y

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esperando la decisión superior. Puedes robar, a cambio de aceptar la castración política: que no llegues al poder por ti mismo y que lo perderás, aunque no te guste. Puedes robar hasta donde tu habilidad te lo permita, mientras dure tu turno, y también puedes disfrutar en paz de tus ahorros, sin abandonar el país. Pero no puedes quedarte en el poder, ni perturbar la cola y los turnos que siguen.” 139

No existen pruebas que demuestren que el presidente Salinas consideró en realidad la posibilidad de reelegirse, de manera mediata o inmediata, o de extender su mandato. Lo cierto es que una buena parte de la ciudadanía y de los sectores políticos así lo percibieron. En la política en México, diría Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo140.

De cualquier forma, lo cierto es que los principales operadores salinistas efectivamente consideraban, y así lo expresaron en su momento, que su proyecto de nación abarcaría cuatro sexenios, incluyendo el del propio presidente Salinas. Dijeron, a puerta cerrada y muy lejos, pero que publicada en México abrió muchos ojos y cerró muchas ambiciones: "El proyecto neoliberal llegó para quedarse tres sexenios" 141. La cínica afirmación segaba algo más que cualquier proyecto alterno, incluido el democrático: coartaba la dinámica de repartición de poder. Era como cambiar la vieja norma de "todo el poder para un solo hombre, pero solo por seis años" a "todo el poder para nosotros, al menos por treinta años".

Tras caracterizarse como un grupo altamente sectario y dogmático, las afirmaciones de la cúpula neoliberal hacían mucho mas que anunciar el arribo de una nueva era a la política nacional: estaban cancelando aspiraciones, proyectos y ambiciones de poderosos grupos políticos.

La burocracia no admitiría una perpetuidad en el poder. La sola propuesta constituía algo más que un desajuste: era un atentado contra la lógica del sistema.

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Esto explica que muchos grupos importantes del sistema observaran con recelo cómo el proyecto salinista pretendía extenderse en el tiempo. Algo más: la nueva cúpula dirigente, tecnocrático-autoritaria, no poseía las indiscutibles cualidades concertadoras de sus antecesores. Durante años, el sistema había sido flexible gracias a la sensibilidad política, al contacto social, al proyecto de país y también al talento negociador, represivo y de cooptación de sus operadores. Dentro de su propia dinámica, el consenso y los arreglos inter-grupos de poder, la conciliación de los distintos intereses, representaban el sistema circulatorio del sistema.

Dentro de un México distinto, donde reprimir y cooptar resultaba cada vez más difícil; donde se hizo indispensable aumentar los márgenes de tolerancia y representatividad; donde la sociedad exigía nuevos espacios de participación; dentro de ese nuevo escenario, el sistema perdió su capacidad de negociación. Las alianzas se redujeron a meras tácticas cortoplazistas. Las oposiciones más incómodas fueron perseguidas. Los cuestionadores del modelo fueron llamados anacrónicos, obsoletos, nostálgicos del pasado, dinosaurios. El sistema perdió una de sus características fundamentales: La de cohesionar a las elites gobernantes.

Hacia afuera, las izquierdas se unificaron bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. Por primera vez desde su incorporación en 1977, esa oferta competía realmente por el poder. Se sumó a un liderazgo carismático de derecha: El de Manuel J. Clouthier. La sociedad había despertado.

Nacionalismo Revolucionario.

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No fue casual que Carlos Salinas y Ernesto Zedillo decidieran empujar decisivamente al país dentro de la modernidad de la globalización. El mundo había cambiado y el fin de la Guerra del Golfo Pérsico fue el anuncio indubitable de que la hegemonía militar y política de los Estados Unidos sería absoluta por los próximos cincuenta años.

Si ello era cierto para el planeta en general, lo era aún más para México, un vecino del que dependía enteramente su economía y su sistema financiero. El triunfo de occidente fue devastador: Francis Fukuyama proclamó que el fin de la historia había llegado con el derrumbe del muro de Berlín. Samuel Huntington anunció, por su parte, el comienzo de la era de la convulsión de las civilizaciones como motor del conflicto mundial142.

La economía se reorganizó en torno a los cambios geopolíticos: el comercio se alineó en torno a grandes bloques territoriales donde una potencia encabezaba los esfuerzos de otras naciones: Alemania en la Comunidad Económica Europea y Japón en el Sudeste Asiático. Estados Unidos, poseía su zona natural de influencia, una suerte de renovación de la doctrina Monroe, en Latinoamérica. ‘América para los americanos’ parecía ser el nuevo lema enfocado a la zona exclusiva de influencia norteamericana.

México fue el primer país en acogerse a la política ideada por George Bush: La iniciativa de las Américas concebía una zona de libre comercio, próspera, democrática y libre, de Alaska a la Tierra del Fuego. Además de ser uno de los mercados más grandes de Latinoamérica, México representaba la entrada natural para las mercancías norteamericanas y canadienses al resto del continente.

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Toda la política exterior e incluso doméstica del régimen salinista estuvo enfocada a concretar el tratado de Libre Comercio de América del Norte que finalmente entraría en vigencia el primero de enero de 1994.

Con ello, el eje de la viabilidad del proyecto de los tecno-políticos, se centró en el poderoso vecino del norte. Firmar el tratado implicaba muchas concesiones, quizá demasiadas. Gran parte de las 88 reformas constitucionales143 del periodo 88-94 estuvieron enfocadas, así fuera colateralmente, a satisfacer los requerimientos legales y normativos que la firma del tratado requería.144

Igualmente importante, la unión comercial requirió de modificaciones sustanciales a la política exterior mexicana145 y a la política de comunicación social del gobierno federal146.

El mensaje presidencial, repetido

ad nauseam

por

administración, fue que la oportunidad histórica de ingresar al desarrollo implicaba replantear la relación bilateral con los Estados Unidos.

Los esfuerzos debían encaminarse en ese sentido. Que hubieran existido en el pasado fricciones e intervenciones de los Estados Unidos hacia México y en el presente importantes desequilibrios económicos por diferendos políticos no significaba necesariamente que este patrón tuviera que continuar. La geografía, continuaba el argumento, nos hacía compartir 3 mil 300 kilómetros de frontera que, pasara lo que pasara, seguirían allí. El aliado natural de México no era el sur empobrecido sino el norte próspero, desarrollado: aspiración y hogar de millones de compatriotas.

El elevado nivel de comercio existente antes del tratado, cerró la pinza de la argumentación oficial: el comercio intenso, continuo, era ya una realidad de décadas. Gran parte de la economía de México estaba enchufada, desde hacía años, a la norteamericana. El Tratado sólo normalizaría, regularía y aceleraría una realidad

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preexistente. Algunos de los más respetados intelectuales, como Octavio Paz, apoyaron la política de acercamiento con el país vecino:

Los primeros pasos para aliarse definitivamente con los Estados Unidos, fue dejar sentir en el mercado nacional un poco del american way of life. Importantes compañías trasnacionales se establecieron en el país, y la respuesta de los consumidores nacionales fue más que entusiasta, exacerbando al máximo lo que Jorge Castañeda ha denominado “el amor oblicuo hacia los Estados Unidos”147.

La política interna también se alineó a los intereses de la modernidad norteamericana, al menos en el discurso. El régimen admitió por primera vez derrotas electorales en dos entidades del norte del país y negoció otras con el Partido Acción Nacional. A cambio, ese partido apoyó las reformas constitucionales y legales que propuso el Presidente y avaló su triunfo electoral mediante la quema de actas. La izquierda mexicana, crítica en diversos grados de la nueva política gubernamental, fue ferozmente perseguida: su mensaje desvirtuado, su imagen violentada a través de los medios masivos de comunicación.

La política exterior se ajustó también a los intereses norteamericanos: tras la invasión de Panamá, la cancillería guardó silencio por instrucciones directas de la Oficina de Coordinación de la Presidencia de la República, en lo que representaba la muerte del principio de autodeterminación de los pueblos148. Asimismo, el papel que México jugó en el conflicto del Golfo Pérsico se limitó a un apoyo verbal gracias a la enérgica respuesta de vastos sectores de la población, que se oponían al envío de tropas mexicanas -siguiendo el ejemplo Argentino- para engrosar las fuerzas multinacionales.

En 1993, el embajador Norteamericano John Dimitri Negroponte enviaba un memorándum confidencial al Departamento de Estado norteamericano donde

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reflexionaba sobre las consecuencias del TLC en la relación bilateral. El inciso 6 de ese documento es revelador: “El prospecto del TLC debe ser visto en el contexto de estas tendencias reformistas que comenzaron a mitad de los 80 y que fueron aceleradas dramáticamente por Salinas cuando tomó el poder en 1988. La propuesta de un TLC es de alguna manera la piedra que culmina y segura estas políticas. Desde una perspectiva de política exterior, un TLC institucionalizaría la aceptación de una orientación estadounidense en las relaciones exteriores de México. Sólo piensa cómo esto contrasta con comportamientos pasados”149

Estos dos hechos ejemplifican el abandono de la Política Exterior Independiente del país: “En el periodo 1989-1994, las relaciones de México con el Exterior se concentran cada vez mas en un país, Estados Unidos, y en un tema, el Tratado de Libre Comercio (TLC). Esta concentración ha dado lugar a graves desequilibrios en las relaciones con otros países y regiones; también ha dado lugar a que se desatiendan los principios políticos y sociales de la política exterior. La política exterior de México empieza en Estados Unidos, sigue a través de Estados Unidos y termina en ese país. Las relaciones de México con otros países y regiones son, en buena medida, una derivación de sus relaciones con Estados Unidos”150.

El abandono de la vieja política exterior obedecía tanto al cambio de ideología en la élite gobernante como a la imperiosa adecuación de la diplomacia mexicana a la nueva configuración del mundo. La política posrevolucionaria, con todo, había sido parte de un complejo juego de cooperación-independencia, que había mantenido abiertos los márgenes de negociación y presencia internacional del Estado Mexicano.

La segunda vía internacional se dio a través de una vigorosa campaña de propaganda y promoción de la imagen nacional. El segundo “milagro” mexicano ocupó

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los titulares de diversas publicaciones internacionales. México volvió a ser conocido en el mundo y, en especial, en los Estados Unidos, donde se subrayó la educación anglosajona del Ejecutivo y de los principales miembros de su gabinete, la viabilidad de su proyecto de nación y las seguridades de la cooperación y protección del gobierno hacia los inversionistas.

Muchos respaldaron la iniciativa del ejecutivo. Lo recuerda Federico Reyes Heroles: Carlos Salinas de Gortari terminó su gestión con niveles de aceptación extraordinariamente altos (por arriba de 70% de acuerdo a diversos estudios.) Incluso en el nivel internacional la cifra resulta asombrosa. La muerte sorprendió a John F. Kennedy en noviembre de 1973 con 58% de aprobación. Jonson terminó con 43 %, Nixon en 1972, al final de su primer periodo, con 62%, Ford con 53%, Carter con 31%, Reagan con 61 y 63% en su primer y segundo periodos, respectivamente y George Bush con 50%”151 La izquierda en especial, en diversos tonos, se opuso. También los sectores duros y tradicionales del PRI, solo que de manera absolutamente silenciosa. A pesar de que públicamente calificaban como “realista e inevitable” la estrecha alianza con los Estados Unidos, en privado la criticaban de entreguista y contraria a la soberanía nacional. Era lógico: la mayoría de los integrantes de la clase política habían sido educados bajo el dogma revolucionario, altamente nacionalista; habían desarrollado sus carreras dentro de un partido que abiertamente censuraba el imperialismo norteamericano y cuyos principios no podían ser divididos de la sombra de las intervenciones norteamericanas, del recuerdo del intervencionismo, de los pactos de la embajada.

Sus grandes héroes habían sido los que habían logrado resistir o encarar al enemigo extranjero: Cuauhtémoc, Morelos, Juárez y, muy especialmente, Lázaro Cárdenas. El general había protagonizado el desquite: había expropiado el petróleo al imperio, los había enfrentado, esta vez con éxito152.

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Los grandes momentos de la política exterior habían sido los que habían reafirmado la independencia y soberanía del país, cuando la confrontación con los Estados Unidos se había patentizado y agudizado. El respaldo hacia ella había sido incondicional por parte del aparato partidista. El reconocimiento a la Revolución Cubana, el apoyo al gobierno de Salvador Allende, la simpatía hacia la Revolución Sandinista y su posterior gobierno no hubieran sido posibles sin el apoyo mayoritario de los cuadros del partido.

La realidad, en unos cuantos años, cambió. La nueva regla del juego establecía un futuro enclavado en los Estados Unidos. El antiguo rival se convertía en socio y protector. La mejor educación era la norteamericana. También los valores perecederos de su ideología: libertad, democracia, honradez, pero al mismo tiempo consumo, pragmatismo, superficialidad.

En el Congreso, ningún legislador priísta se opuso a las modificaciones que permitieron la integración. De alguna forma, ellos permitieron, aunque lo reprobaran, el desmantelamiento de la vieja regla del sistema. Supieron, por la forma como se celebró la aprobación del TLC entre la élite gobernante, que el nacionalismo revolucionario había muerto.

Estado laico

La Guerra Cristera había terminado gracias a los arreglos consumados entre la jerarquía católica mexicana y el gobierno mexicano ante el vaticano. Los arreglos incluían varias prerrogativas que ambas partes debían cumplir y se dieron cuando el presidente Emilio Portes Gil recibió una misiva del papa Pío XI que expresaba que “1) El papa quería una solución pacífica y laica; 2) amnistía completa para los sacerdotes y fieles; 3) restitución de las propiedades, iglesias, casas de los sacerdotes y de los

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obispos y seminarios; 4) relaciones sin restricciones entre el Vaticano y la Iglesia mexicana”. 153

Tras consultar con el Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles, el presidente aceptó la respuesta de Roma. En su concepción, la médula de la oferta vaticana residía en la palabra “laica” como vía de solución al conflicto. Significaba, ni mas ni menos, que el Vaticano admitía la aplicación de las leyes emanadas de la constitución en materia religiosa, hecho que, por sí mismo, admitía la potestad del Estado Mexicano y, en consecuencia, la división, tajante y radical propuesta por la revolución, entre la Iglesia y el Estado154.

De esta manera, quedó perfectamente claro que la división estado-iglesia era una frontera fundamental para el sistema político mexicano, que le brindaría estabilidad a la política laica del Estado Mexicano.

La guerra de reforma y la Cristera habían sido los ejemplos desgarradores de lo que un fanatismo incontrolado y un clero politizado podían causar.

Dentro del proyecto de modernización de los tecno-políticos,

se incluía la

“normalización” de las relaciones entre el Estado Mexicano y las iglesias. La sola enunciación de la iniciativa por vías no oficiales causó amplia inconformidad y oposición.

En esta ocasión, la iniciativa inconformó incluso a ciertos miembros del gabinete presidencial que, según algunas versiones, interpusieron su oposición al primer mandatario155.

En esta ocasión, la prensa y diversos círculos intelectuales criticaron abiertamente la iniciativa del ejecutivo. Se percibían claramente los riesgos de revertir los alcances de

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una reforma que implicaba historia y sangre, razón de Estado, pacificación y estabilidad: “El grado de consenso que, a lo largo de su historia, logró el sistema político mexicano se sostiene y explica en la sustancia del movimiento revolucionario de 1910: en su ideología, en sus principios y preceptos (en la constitución de 1917), en las transformaciones, también de contenido popular, que originó; pero, sobre todo, en una cuestión fundamental: en el proceso de laicización o secularización de la sociedad mexicana, a la que dio lugar la urbanización y la industrialización del país; de manera más intensa a partir de los años cuarenta, al finalizar la segunda guerra mundial”

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Los acercamientos con la jerarquía católica habían comenzado mediante el envío de un “representante personal” del Presidente de la República ante el Papa, cargo inexistente dentro del cuerpo diplomático e inaceptable para una democracia157. En realidad, la función de este enviado fue preparar el terreno para la oficialización de las relaciones entre Roma y el Estado Mexicano al tiempo que su nombramiento permitía calibrar a la opinión pública nacional.

Aunque se trataba de un tema áspero dentro del debate nacional pues recordaba que los orígenes revolucionarios del sistema habían tenido intensos matices de anticlericalismo -Calles promovió la creación de una Iglesia Mexicana, ajena al Vaticano y Tomás Garrido Canabal persiguió a los fieles católicos en Tabasco- lo cierto es que el Estado Mexicano había procurado un acercamiento con Roma desde los años setenta. En efecto, el presidente Luis Echeverría visitó por primera vez en el Vaticano al Papa Paulo VI, en lo que representó el comienzo del “deshielo” entre las relaciones de ambos Estados. De igual forma, el Presidente López Portillo extendió una invitación al Papa Juan Pablo II para que visitara el país 158 : extraño fenómeno dentro de un estado que desconocía la existencia legal de las iglesias. La propuesta de López Portillo abrió un ácido debate en la opinión pública y el tema fue uno de los motivos para que su Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, renunciara al

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cargo. La visita se produjo, y el fervor del pueblo contrastó con la frialdad oficial del recibimiento.159

Esta evolución, con todo, resulta engañosa. El deshielo progresivo de las relaciones entre el Estado Mexicano y la jerarquía católica, no había pasado de ser meramente cosmética y jamás afectó los equilibrios internos del sistema político. En realidad, la apertura de relaciones entre las Iglesias y el Estado diseñadas por Carlos Salinas, se encuadraba en un proyecto de poder. La alianza con la Casa Blanca se vería complementada con la solidez de la unión con el Vaticano. Los dos poderes más importantes del planeta serían el mejor respaldo para el proyecto neoliberal mexicano.

De esta manera, el sustento del Sistema Político Mexicano se modificó para respaldarse en dos cimientos externos: la legitimidad que cada vez más se le escatimaba en lo interno pretendería obtenerse en lo externo. El Papa regresó a México durante el Sexenio de Carlos Salinas, enviando el mensaje de respaldo incondicional al proyecto de los reformadores mexicanos.

Para la naturaleza del Sistema Político Mexicano, la ruptura de los acuerdos con Roma tras la guerra Cristera significó una profunda modificación de la correlación de fuerza dentro del mismo. Como toda alianza estratégica, esta implicó concesiones y apoyos recíprocos. La iglesia comenzó a ocupar un lugar cada vez más preponderante en la vida pública nacional, involucrándose en diversos debates ajenos a su esfera de actuación160.

El hecho fundamental fue que, bajo los nuevos arreglos no escritos, se había roto la definición “laica” de la actividad eclesiástica dentro del Sistema Político Mexicano.

Pacto Corporativo

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El precio de la apertura fue desmantelar la integración de las organizaciones obreras y empresariales de la estructura del partido. Muy especialmente las pequeñas y medianas empresas tuvieron que enfrentar los costos de un sistema que habían coadyuvado a formar y que implicaba protección y subsidios. La competencia ya no se daba afuera: Se daba en casa.

¿Qué podía ofrecerles el Estado ante el nuevo acontecer?

El cierre de empresas condujo a la pérdida de empleos y la modernización económica a la reducción de los contratos colectivos de trabajo. La lucha anti inflacionaria utilizó a dos contenciones, del tipo de cambio y la salarial como su vértice.

El costo para las organizaciones sindicales fue mayúsculo. Sin interlocución con sus bases, negociando arriba y apretando abajo, los sindicatos perdieron la legitimidad que habían ganado al amparo de su relación con el poder. Envejecidos junto con sus líderes sus ideas y sus propuestas, los líderes sindicales se enfrentan a un dilema doble: No pueden ofrecer nada nuevo a sus agremiados, pero tampoco al sector empresarial que emerge de la dura competencia económica.

Así, el sistema se divide y el partido de la revolución pierde dos elementos valiosísimos: Dinero y votos.

En este proceso, se aísla y se radicaliza: Sus sostenes, bien pronto, se van convirtiendo en dos extremos incompatibles: Los dueños de las grandes empresas, beneficiarios de las privatizaciones, y el campo: El México más retrasado.

No le quedan, después de la reforma económica, más soportes reales que aquellos que ya no le alcanzan para triunfar en las urnas.

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3.5.4. Epilogo: Las fallas estructurales del sistema.

¿Significa todo ello que la llegada del grupo de tecnopolíticos al poder, y las reformas emprendidas por ellos condujeron al país a la dura crisis de 1994 y la descomposición posterior? Sólo parcialmente. El nuevo proyecto aceleró un proceso degenerativo que había comenzado tiempo atrás. El sistema político mexicano había presentado, desde sus orígenes, patrones de rupturas con diversos sectores o actores políticos que terminaron por convertirse en un proceso de desgaste de legitimidad y de la capacidad de gobernar a partir 1968.

Indudablemente, los sostenes del sistema fueron desmantelados a partir de 1988 sin que se crearan nuevas instituciones que los suplieran. Las viejas reglas se rompieron y no hubo acuerdos políticos que le permitieran operar bajo una nueva realidad internacional y doméstica. Ello arrojó a los sectores duros del sistema a un enfrentamiento violento en 1994 que terminó por involucrar a la sociedad entera en el proceso político de reconstrucción.

Desde entonces, hubo tres momentos fundamentales en los que la participación social demostró que no había cabida ya para el viejo el sistema. En los primeros días de enero de 1994, tras el levantamiento del EZLN, amplios sectores de la población y una parte importante e influyente del gabinete y el sistema, se pronunciaron por dar una salida política al conflicto chiapaneco. El gobierno precisó cambiar su estrategia inicial gracias a la presión popular.

Segundo, la muerte de Luis Donaldo Colosio mostró la ruptura de las elites del sistema. A pesar que únicamente se conoce al autor material del crimen, pocos dudan en reconocer que se trató de un ajuste de cuentas dentro de la jerarquía priísta. El

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nivel más bajo se había alcanzado y proyectó a la nación la grave descomposición ética y moral de los grupos gobernantes.

El tercer momento se dio el 21 de agosto de 1994 y se extendió a 1997. En los comicios federales de aquel fatídico año, la sociedad, que había impedido la represión y el aniquilamiento del EZLN meses antes, reprobó los medios de cambio que los indígenas chiapanecos y sus dirigentes urbanos habían tomado. El 78% de los electores ejerció su voto en las elecciones presidenciales de 1994, porcentaje que colocaba al país entre uno de los más altos de participación electoral del mundo. El mensaje fue clarísimo: no a la violencia. En 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara Baja.

PARTE TERCERA.

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IMAGINANDO

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IV. El FUTURO.

EL NUEVO SISTEMA POLÍTICO MEXICANO.

.4.1. La Creación de un nuevo sistema

El punto más significativo de la agenda política del país es construir un nuevo sistema político. Es un reto de proporciones históricas. Lo es, muy especialmente, por resultar inaplazable.

Para dar cauce a la participación política y confeccionar un nuevo proyecto de país, se requiere construir una serie de instituciones nuevas que brinden viabilidad al nuevo proyecto. El viejo sistema caducó. Los procesos de liberalización que se sucedieron sin cesar desde la administración de Adolfo López Mateos dieron de sí en la medida en que los arreglos estructurales del sistema resultaron insuficientes para gobernar un país diferente al que respondió el diseño original.

Por ello, no basta reformar el sistema. No basta, tampoco, liberalizarlo. Se requiere un sistema nuevo, acorde a las aspiraciones de los casi cien millones de mexicanos.

El sistema cuyo fin votaron millones de mexicanos era sostenido por estructuras autoritarias derivadas de la necesidad de dar paz, orden y desarrollo a un país diezmado por casi dos décadas de guerra. Por ello, resultó en un sistema contradictorio, difuso y sui generis.

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Como extraído del Laberinto de la Soledad, el sistema era un conjunto de máscaras.

Federal,

aunque

centralista.

Democrático,

aunque

autoritario.

Representativo, aunque presidencialista.

El nuevo sistema debe estar basado, entonces, en una estructura distinta. Aunque parezca una verdad de perogrullo, la primera característica del nuevo sistema es que debe ser lo que dice ser. Esto es: Debe contar con la ingeniería constitucional adecuada, detallar la forma de gobierno más pertinente, contar con los arreglos institucionales precisos y facilitar la reorganización del uso del poder.

No puede haber mejor circunstancia. La coyuntura histórica presenta la ventaja del momentum democrático. El respaldo colectivo a un vasto movimiento reformista puede ser mayoritario. La escena internacional se plantea, asimismo, favorable, con una imagen de un país renovado y activo.

La estructura demográfica de México abre una ventana de oportunidad para el crecimiento económico y el desarrollo institucional. Por primera vez, el grupo de mexicanos de entre 15 y 64 años, asciende a 59 millones, superior a los bloques de infantes y personas de la tercera edad. Este fenómeno, llamado “bono demográfico” permitirá tener una mayor población en edad laboral que la población dependiente161. Así, la demografía le brinda al país la enorme oportunidad de generar y acumular riqueza de manera más rápida: Se revierte, por treinta años, la tendencia del siglo XX: Los menos manteniendo a los más. Es una conformación que no se volverá a plantear en este siglo. Veinticinco años, los que vendrán, serán decisivos para el futuro de la República.

La confección de un nuevo sistema debe partir de la definición de un proyecto de país. Se trata de la construcción de un imaginario colectivo e incluyente, de una

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visión de futuro que los diversos componentes de la sociedad acepten y se comprometan a construir.

A partir de una idea de qué queremos, se deberán tejer los arreglos constitucionales necesarios para organizar una nueva estructura política, facilitar la vida económica y articular canales de participación suficientes para la sociedad civil. Los arreglos constitucionales deberán asegurar la gran estrategia para la nación mexicana con los ojos puestos en el largo plazo.

La renovación del entramado institucional debe estar a la altura de las expectativas de la sociedad mexicana. El gran drama de nuestras instituciones es que les quedaron chicas a la sociedad.

Gustavo Díaz Ordaz pudo renovar el sistema y no lo hizo. Luis Echeverría pudo pactar una reforma amplia y de largo alcance con los grupos contestatarios del sistema y sumar a los grupos reales de poder y no lo hizo. José López Portillo no supo encaminar los logros de su reforma política hacia la constitución de una vida democrática genuina, amplia y duradera. Miguel de la Madrid temió las consecuencias de una apertura al grado de articular el más grande fraude electoral de la historia contemporánea. Carlos Salinas se negó a abrir la política por miedo al síndrome Gorbachev y le estalló la violencia en las manos. Ernesto Zedillo se rehusó a conducir una transición democrática genuina y la sociedad, entonces, votó por renovar al sistema.

Ahí se perdieron 35 años. ¿Cuántos más podemos perder?

El objetivo del nuevo sistema debe ser dar cabida a un país que requiere resolver una doble transición, a una sociedad que exige espacios de participación y que anhela bienestar. Debe, por tanto, acelerar la organización del uso del poder.

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No es una tarea fácil. El rompecabezas del ejercicio del poder en México puede semejar un nudo jordiano. ¿Es necesario, como César, cortarlo? Posiblemente. El sistema priista entretejió una compleja red de intereses en torno a cotos de poder. Por ello es preciso comprender el pasado y, como sugiriera Octavio Paz, no olvidarlo ni repetirlo: Trascenderlo.

No es una cuestión sencilla, el gran diálogo nacional debe incluir, necesariamente al PRI. El priismo sigue siendo una fuerza política de primer orden. No existirá democracia mexicana sin el PRI.

Como correctamente señaló Federico Reyes Heroles, el sistema de partidos mexicano es bipartidista de tres partidos. En prácticamente todas las fórmulas, salvo en el Distrito Federal, el PRI aparece como primera o segunda fuerza política. Aún en la debacle electoral que siguió tras el 2 de julio del 2000, el antiguo partido de la Revolución obtiene votaciones por encima del 40% en cada elección. Sus niveles de triunfo electoral después del 2 de julio ascienden a 53%. En la elección intermedia del 2003 obtuvo 46% de los asientos de la cámara de diputados. La participación relevante del PRI en la vida política no desaparecerá. No lo hará al menos en los próximos cinco años.

Por lo mismo, la suma de componentes del sistema de partidos del antiguo régimen al nuevo sistema parece ser una condición necesaria para su construcción. Para lograrlo, el PRI deberá entender los nuevos tiempos: Algo que, al menos en los últimos 30 años, no supo hacer. Si lo consigue, deberá entender que, como la máxima de CK Prahalad, el futuro no se construirá con la continuación del pasado. Así, el país no requiere más PRI. Tampoco menos. Mas bien: Requiere un PRI distinto.

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El poder, a su vez, deberá entender algo similar. El futuro no se construirá con la destrucción del pasado. La lección más dolorosa, más humillante y más lamentable del fin de la era soviética fue la negación del pasado, su afán nihilista por desaparecerlo, su desmedida intención de pasar por alto la historia. Derrumbando monumentos no se construye el porvenir. Tras la derrota ante Alemania en 1941, Francia –pese a la victoria Aliada- era incapaz de satisfacer los anhelos de una sociedad que esperaba recuperar el prestigio mundial perdido. El orgullo francés estaba lastimado. Charles de Gaulle lo comprendió. Apostó a su persona como el único catalizador posible de un cambio profundo. Refundó a la República. Lo hizo a costa de un largo ostracismo. Y Francia, de entre las cenizas, como el ave fénix, resurgió.

4.2. ¿ES MÉXICO UNA DEMOCRACIA?

Robert A. Dahl ha propuesto tres caminos para que un régimen, en el seno de una nación estado independiente, se convierta en democrático: 1) mediante procesos evolutivos; 2) por colapso o derrocamiento, 3) Por conquista militar.162

De un régimen hegemónico, que se caracterizaba por márgenes escasos de debate público, así como por derechos restringidos a las oposiciones para participar en elecciones libres y, por tanto, para formar gobiernos, México se fue transformando, mediante caminos evolutivos, hasta convertirse en lo que es hoy. Llegamos hasta aquí mediante un proceso que se distinguió porque la capacidad de representación precedió a la liberalización163. Esto es: La hegemonía cerrada se fue abriendo haciéndose representativa, particularmente vía la conformación de un sistema electoral mixto –de mayoría y de representación proporcional- y este hecho aumentó las posibilidades de debate público.

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Señalar que en México no es fácil distinguir una división tajante entre ambos momentos. El país siempre gozó de ciertos niveles de libertad y tolerancia a la crítica, a la representación independiente e, incluso, a la disidencia. No obstante, es muy claro que el cambio provino de la apertura que propiciaron los diversos procesos de liberalización que dieron voz y representación política a las minorías y a las oposiciones. El propio Dahl acuñó el término poliarquía164 para definir a la democracia. Para él, la poliarquía se caracteriza por siete elementos fundamentales165:

1. Autoridades públicas electas. 2. Elecciones libres y limpias. 3. Sufragio Universal. 4. Derecho a competir por los cargos públicos. 5. Libertad de expresión. 6. Información alternativa. 7. Libertad de asociación.

Estas características describen los arreglos institucionales necesarios para 1) Acceder al poder mediante elecciones y 2) Para crear un contexto favorable al desempeño electoral, vía el debate de las ideas, la proliferación de información y la capacidad para formar agrupaciones que explícitamente busquen el poder. Así, básicamente atendiendo a los criterios de la poliarquía que marcan estos dos estadíos, México sería una democracia.

No obstante, existen criterios adicionales que hay que tomar en cuenta para definir a la democracia: Claramente, la definición de poliarquía es sumamente útil para distinguir aquellos regímenes que han transitado hacia una apertura democrática pero resulta insuficiente para definir si un país funciona bajo reglas democráticas. De esta

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manera, debemos diferenciar etapas dentro de la democratización de un país. Claramente, México sería una democracia en tanto que existen los requisitos fundamentales para elegir y renovar los poderes públicos, pero existen criterios adicionales que deben tomarse en cuenta para determinar si la democracia se ha consolidado.

La consolidación democrática se sustenta, entonces, en criterios más amplios que los de acceso al poder, imprescindibles, sin embargo, para determinar el grado de democratización de un régimen. Se trata de identificar, por el contrario, si las reglas que rigen la vida pública, formales e informales, son democráticas.

Guillermo O´Donnell ha hecho una importante adición a los criterios establecidos por Dahl:

1. Los funcionarios electos no deben sufrir la terminación de sus mandatos antes de los plazos legalmente establecidos. 2. Las autoridades electas no deben estar sujetas a restricciones, vetos o exclusiones por actores no electos 3. La expectativa de que las elecciones y el régimen de libertades se mantendrán en un futuro indefinido. 4. Debe existir un territorio indisputado sobre el demos votante.166

Los criterios de O´Donnell atienden a dos dimensiones: Una temporal y una de certidumbre. Los plazos constitucionales se deben cumplir. Deben hacerse valer, además, por tiempo indefinido. Esto es: Debe existir una certeza de certidumbre de que la democracia es permanente, una estructura bien definida y sólida que no es posible reemplazar. Aquí entra en juego el cuarto punto de esta caracterización: Nadie debe dudar que la democracia es el único camino posible para acceder al poder. Este

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rasgo, definido por Juan Linz y Alfred Stepan en su libro “Problemas de la consolidación democrática” es que todas las fuerzas políticas –la sociedad políticaintereses o fuerzas económicas tienen la prerrogativa de vetar o acceder al poder por ningún otro medio que no sea la democracia. Para ellos, la democracia debe ser considerada como el único juego en la ciudad.167

Por último, la caracterización de O´Donnell atiende a que las autoridades electas deben tener poder soberano, esto es, no debe existir otro poder por encima de él. Si el ejercicio del poder está condicionado por factores de poder, internos o externos, entonces no puede existir democracia, así el acceso al poder se regule en términos formales mediante elecciones.

De esta forma, la autoridad democrática debe ser soberana en el sentido más amplio. Citado por Norberto Bobbio y Michael Angelo Bovero, John Austin definió el poder soberano como “poder independiente en el sentido de que no está sometido, a diferencia de todos los demás poderes, a un poder superior, este carácter de la independencia es necesario pero no suficiente: Para que se pueda hablar de un poder soberano es necesario que éste sea habitualmente obedecido”168 Agrega Norberto Bobbio: Lo que es otra manera, una manera propia del lenguaje jurídico, de decir que un poder es legítimo sólo cuando es también efectivo.169

Así las cosas, la poliarquía mexicana no solamente cuenta con las reglas básicas de contextualización y acceso al poder, sino también con requisitos de temporalidad. Los mexicanos cuentan con la certeza de que las elecciones se respetan y, también, que se continuarán realizando.

No obstante, a pesar de que existen grupos que no consideran a la democracia como el único vehículo válido para acceder al poder –hay que recordar que el EZLN, que controla una parte del territorio de Chiapas, no admite la legitimidad de los

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poderes constituidos- lo cierto es que la inmensa mayoría de los mexicanos ven a las elecciones como el mecanismo normal, legítimo y único para acceder a cargos públicos.

Pero la consolidación de la democracia posee dos dimensiones adicionales: su institucionalización y su eficiencia.

La institucionalización de la democracia implica dotarla de un marco normativo y procedimental adecuado, aceptado y observado, que regule no sólo el acceso al poder sino también su ejercicio y su auditabilidad. En suma, la consolidación democrática implica institucionalizar el ejercicio del poder a través del imperio de la ley. Pero incluye también, de manera paralela, un proceso de sustitución de reglas informales que regulan el sistema político en reglas formales que se incorporan al entramado institucional.

Las reglas determinan el comportamiento de los gobernados dentro de, y en interacción con, las instituciones.170 El objetivo de un proceso de institucionalización es acercar tanto las expectativas del comportamiento como el comportamiento de los individuos a las reglas formales establecidas. Se puede afirmar, entonces, que entre mayor empatía exista entre las reglas informales y los procedimientos formales, el nivel de consolidación crece.

El caso mexicano es bastante ejemplificativo. Durante años, el sistema político funcionó con base en un conjunto de reglas no escritas que se describieron en la parte segunda de este libro. Las mismas fueron siendo sobrepasadas por la realidad, hasta convertirse en meras referencias que, cada día, generaban mayores tensiones. Por lo mismo, fueron siendo sustituidas por normas legales que catalizaron el proceso de transición y la alternancia. No obstante, existe la necesidad de profundizar el proceso de institucionalización a efecto de que la democracia madure en las actitudes y valores

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de los mexicanos. El objetivo es, en suma, que las instituciones democráticas puedan hacer a la sociedad mexicana democrática.

Para ello, se debe cumplir con una segunda dimensión del proceso de consolidación democrática: La democracia debe ser eficiente. Aquí se evalúan básicamente dos aspectos del desempeño democrático: Las reglas deben cumplirse o hacerse cumplir (estado de derecho) y deben facilitar una disminución de la desigualdad (eficiencia económica).

En el primer rubro, la autoridad legítima debe ser efectiva, en el sentido de tener la posibilidad –de acuerdo a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen- de hacer que las normas se cumplan. En la medida en que el cumplimiento se dé, se amplían los canales de participación cierta y ordenada.171

El segundo aspecto debe ser considerado en un estudio aparte de los temas tratados en este libro. Baste señalar, sin embargo, que Adam Przeworski ha resaltado la necesidad de dotar al Estado de los ingresos necesarios primero, para hacer cumplir la ley de manera homogénea y, segundo, para estar a la altura de las expectativas que la democracia genera. “el fracaso de hacer cumplir la ley de manera universal puede deberse no a la estructura institucional del Estado sino a las condiciones sociales y económicas a las que se enfrenta. Tal vez en una sociedad muy desigual ninguna institución estatal puede hacer cumplir la ley universalmente, a pesar de lo bien que estén diseñados los mecanismos verticales y horizontales “172.

¿Por qué es importante la eficiencia económica para el desempeño democrático? Porque la desigualdad y la pobreza tienen un impacto sumamente adverso en la formación de valores democráticos de la sociedad. Subraya Eduardo Bueno León: “La sola función de estructuras políticas mediadoras o procedimentales, sin considerar las tendencias regresivas que la pobreza, las desigualdades y la marginalidad ocasionan

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en las sociedades emergentes, producen el espejismo de una política democrática, cuando en realidad lo que se va institucionalizando, es una política de procedimientos electorales con bajísimo nivel de democratización.

“Ello genera actitudes políticas ambiguas y contradictorias frente a la

democracia. Según la encuesta Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en 18 países de la región pasó de 61% en 1996 a 56% en el año 2002. Hay un descenso paulatino. También 50% de los encuestados señala estar

dispuesto

a aceptar

gobiernos autoritarios si resuelven los problemas y 37% acepta que se pretende pasar por encima de las leyes”173

Queda claro, pues, que la preocupación de las personas, en primerísimo lugar se encuentra en su calidad de vida, en donde la economía juega un papel fundamental. Muchas de las democracias nacientes, particularmente las de Europa del Este y las de América Latina, han debido enfrentar simultáneamente procesos de consolidación democrática y reforma económica. No ha sido un camino sencillo y México no es la excepción. Los costos políticos de las reformas económicas suelen ser muy altos. Han sido, en muchos casos, los causantes de la “nostalgia autoritaria” entre las naciones. “Las transformaciones estructurales de los sistemas económicos constituyen – recuerda Przeworski- un salto a lo desconocido: Se emprenden bajo el impulso de la desesperación y la esperanza, no bajo la inspiración de proyectos seguros. (...)Aunque estos programas de reformas cuenten inicialmente con el apoyo de la ciudadanía y de las fuerzas políticas organizadas, es probable que éste se erosione a medida que transcurra el tiempo sin que desaparezcan las penurias (...) Los gobiernos, enfrentados con estas reacciones políticas, tienden a vacilar entre el estilo político tecnocrático inherente a las reformas orientadas hacia el mercado y el estilo participativo necesario para mantener el consenso. Renuncian a algunas reformas o

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las aplazan, sólo para intentarlas introducir más adelante. Y con cada nueva tentativa se reduce el volumen de confianza inicial. Finalmente, las vacilaciones de los gobiernos

quiebra

financiera

acaban

resultando

políticamente

desestabilizadoras”174175

La eficiencia, tanto del Estado de derecho como en el desempeño económico poseen una alta vinculación en la consolidación democrática. También el grado de institucionalización de la sociedad. Por eso, aunque México es una democracia, requiere de una serie de arreglos en el ámbito jurídico, político y económico para que se consolide. Costó demasiado obtenerla. No la podemos perder.

4.3. Proyecto de país

Uno de los ejes fundamentales de la construcción democrática será definir qué clase de país queremos para el futuro.

El distintivo de los grandes momentos de nuestra historia ha sido la visión de grupos de mexicanos para identificar con claridad el porvenir de la nación. Dos proyectos de nación, coincidentes, han sido elaborados y puestos en práctica en nuestra historia.

El primero fue el proyecto liberal. Aquel grupo de hombres supo identificar con precisión el modelo de país que deseaban. Apostaron por él y triunfaron. Los rasgos fundamentales del proyecto consistían, primero, en dar forma a un genuino estado mexicano mediante una articulación política y una nueva constitución, segundo, en industrializar al país, tercero en activar la producción agrícola mediante la expropiación de tierras a la iglesia.176

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El proyecto incluía una propuesta doble de vital importancia: Pretendía robustecer y acrecentar la clase media, pero al mismo tiempo forjar una ciudadanía. Fue un periodo rico en ideas. Los liberales creían en la ley como vehículo forjador de una sociedad avanzada. Guiados por Juárez, supieron curar las heridas del pasado inmediato: La mutilación histórica, la división interna y el aislamiento de las diversas regiones del país. Como correctamente señala Daniel Cosío Villegas: “Los mexicanos querían la paz: En el grupo de los vencidos, la aspiración mayor era la de la conciliación: Borrar de la huella de la lucha, la distinción entre vencedores y vencidos, para que todos, otra vez, o más bien por la primera, pudieran comenzar juntos esta nueva vida, a reserva de que una vez más divergieran en el futuro. Y de vencedores y vencidos era la aspiración a la paz, el deseo de limpiar las montañas y los valles todos para hacer desaparecer el rastro encarnado de la sangre y el hedor asfixiante de la muerte” 177

No es casual que bajo los esfuerzos conciliadores, políticos y jurídicos de los liberales surgiera el primer momentum democrático del país. Duró una década, pero fue un periodo rico en exposición de ideas y en experimentalismo institucional.

Por ello, el proyecto liberal logró sobrevivir al porfiriato que lo secuestró, lo desvirtuó y lo traicionó. Por lo mismo, México se ve en la necesidad de generar un segundo proyecto de país, apenas iniciado el siglo XX, el siglo de la convulsión. La violencia no tendría precedente. Tampoco su capacidad creadora.

Coincidente con otra generación notabilísima de mexicanos, la Revolución dio origen a un nuevo proyecto de país, distinto pero complementario de aquel de la era liberal. Distinto porque ponía énfasis en la gran masa marginada; porque el fulgor armado une a los extremos del país bajo los ejércitos populares. México ya no sería regiones, sino una idea única y total. Coincidente porque reafirma principios como el

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laicismo y, al menos en su origen, pretende construir, otra vez, una democracia. México llega a su cita con la construcción nacional, otra vez, lastimado, dividido y asechado desde el exterior.

Por ello, el proyecto de nación de la Revolución Mexicana se centra en dos objetivos fundamentales: Institucionalización y justicia social.

Ambos objetivos, en cierta medida, se logran. México se transforma bajo la fuerza del proyecto. Crea un entramado institucional, conecta al país con infraestructura, alfabetiza al 90% de la población, otorga seguridad social, inicia un proceso de industrialización y consolida a la clase media.

Hoy debemos definir nuevamente que país deseamos para el próximo siglo. El nuevo proyecto de país debe basarse en tres ideas fundamentales: Democracia, libre mercado e igualdad.

Para construirlo, se debe realizar una vasta conciliación nacional que admita los rasgos generales esenciales de este proyecto. México no puede posponer más su consolidación democrática. En este sentido se retoma el proyecto revolucionario de institucionalizar al país. La segunda ola de institucionalización debe partir bajo la lógica de una gobernabilidad democrática, transparencia y reglas equitativas.

El proyecto revolucionario generó instituciones de gran trascendencia y calidad, que arrancaron en el periodo de Plutarco Elías Calles. El Banco de México, diversas instituciones financieras, los sindicatos, la educación pública, la seguridad social, son sólo algunos de los ejemplos más notables de aquel impulso178.

Las necesidades actuales se centran en ampliar el alcance de las instituciones y ponerlas por encima de los intereses de grupo. Por años, México se movió por

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proyectos de clase –política, empresarial, social -, mas que por proyectos de nación. Las instituciones deben abarcar y definir. Abarcar a una franja de mexicanos que aun se encuentran excluidos de su alcance. Definir con precisión las mejores políticas para consolidar el proyecto de país.

Un rasgo esencial del entramado es dotar de gobernabilidad democrática al Estado Mexicano. Durante años, correctamente, el Estado Mexicano tuvo como distintivo los amplios márgenes de gobernabilidad que poseía. Era, sin embargo, una gobernabilidad autoritaria. En la medida en que se fueron desmontando instituciones claves del sistema, se fue reduciendo esa capacidad, al carecer de instituciones democráticas que las sustituyeran con efectividad. Como bien señala Yehezkel Dror, no es la sociedad la que se ha vuelto ingobernable: Es el Estado quien ha perdido su capacidad de gobernar179. En su dimensión política, pues, el esfuerzo de institucionalización para consolidar un proyecto de país debe caminar en dos sentidos: Desmontar el viejo sistema y generar un nuevo entramado para la democracia.

La gobernabilidad democrática parte del diseño de nuevas instituciones que faciliten la incorporación de actores políticos y promuevan la confrontación pública de ideas, hagan accesible la participación política de minorías, transparenten los procesos de toma de decisiones,

modernicen la regulación gubernamental y

contengan arreglos institucionales para auditar el poder.

Pero el entramado institucional no sólo debe responder a una creciente participación política con estabilidad, también debe hacerlo a las necesidades de los actores económicos que serán quienes articulen un genuino desarrollo económico nacional. Los niveles de opacidad deben disminuir y la única forma de hacerlo es a través de la institucionalización de los procesos legales y administrativos que impactan a la actividad económica.

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El libre mercado es la mejor forma que conocemos para estimular la creación de riqueza. Es el sistema que permite la creatividad, la innovación, la competencia y la cultura del servicio. Pero el mercado no alcanza para todos. Como dice René Villarreal, no es posible pedir al mercado lo que no puede hacer180. Y una de las cosas que, por si misma, el mercado no hace, es impulsar la justicia social. De ahí que la prioridad del estado mexicano, como base toral de un proyecto de nación, sea generar la igualdad entre los mexicanos. Lo hará en la medida en que pueda generar instituciones que funcionen adecuadamente y un entramado legal que facilite la inversión y la construcción de una genuina infraestructura intelectual para el desarrollo, pero, al mismo tiempo, que garantice un desarrollo armónico, integral y multiplique los ganadores.

Equilibrar los niveles de desarrollo humano y económico entre los dos Méxicos, el del sur empobrecido y el del norte pujante, es la más alta exigencia moral, política e histórica del siglo XXI. El centro más preocupante de tensión y riesgo para el futuro reside en la dura disparidad entre dos niveles de desarrollo. Es un abismo económico, cultural y social. ¿Puede ser posible un México dividido por una frontera así? No, por supuesto.

El proyecto de país que requerimos debe prestar atención a los rostros empobrecidos de la nación, a los lamentos del rezago, a todos aquellos que nacen, día a día, sin la posibilidad de un futuro. El riesgo es real y latente. La posibilidad de una fractura no es remota. Por ello, la intervención del estado será fundamental y decisiva para intervenir en donde el mercado no baste para construir las oportunidades elementales de dotar a todos los mexicanos de una vida digna, sana, educada, y de un trabajo remunerador.

4.4. Arreglos Constitucionales.

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4.4.1. ¿Nueva constitución?

La constitución de un pueblo debe ser un reflejo de su realidad. Fernand Lasalle, nos recordaba que, contrariamente al documento escrito, está la constitución real181. Ahí se resumen las aspiraciones, el ideario y la estructura programática de un pueblo.

El mensaje es claro. Lo formal no siempre es compatible con lo real.

¿Es necesario tener una constitución nueva?

La constitución actual fue el resultado directo del devenir histórico. En ella, la revolución se hace ley. Por ella, el carrancismo derrota a los ejércitos populares.

La contradicción más pura y relevante de la historia revolucionaria se resume ahí: El triunfo militar no les basta a Zapata y a Villa para ganar la revolución. No son capaces de hacerlo. Sus victorias se escurren de la mano de su ignorancia. Sus ideólogos, sin embargo, influyen, quizá de manera decisiva, en el documento que, paradójicamente, legitima a Carranza. Su fuerza se impone en los artículos más importantes de la constitución: los artículos 3 y 27. Los derechos sociales se hacen realidad y más: Se hacen ley.

Tristemente, con todo, la historia de Herodoto, circular para los que la ignoran, vuelve a desmentir a los héroes. La revolución y su constitución no se aplican. Como atrapado en su pasado, México recurre a la máxima del virreinato para perder sus sueños: La ley se obedece, no se cumple.

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La revolución es traicionada en su ideal más puro. Ni hay sufragio efectivo ni hubiera habido freno a la reelección ad perpetuam del grupo Sonora de no ser por las balas cristeras que asesinan a Obregón en 1928. Como señala bien Enrique Krauze, las balas de León Toral cumplen en la bombilla el ideario maderista más puro: No reelección182.

Antes, para abrir la puerta a la muerte del espíritu maderista y reformar la ley suprema para que Obregón se reelija, Gonzalo N. Santos utiliza, siendo líder del congreso, una frase triste y dolorosa: “Vamos a darle tormento a la constitución”.

Lo hacen, sin duda.

La revolución que degenera en gobierno recurre al método, como descrito por Carpentier, con frecuencia cínica: Con los pactos de Bucareli Obregón evade la ley por la fuerza de la política. Se consagra la no reelección en pleno maximato. En Chapultepec vive el presidente pero el que manda, enfrente183. Se define a la República como una democracia cuando desde los Pinos el General Cárdenas consciente el fraude contra Juan Andrew Almazán184.

Por ello, la constitución se vuelve un catálogo de facultades presidenciales. Jorge Carpizo subraya la trascendencia de que muchas de las facultades del presidente tengan como fuente a la carta magna. Ello implica, ni más ni menos, que el sustento del presidencialismo mexicano, sea, precisamente, la constitución185. Otras dos fuentes adicionales encuentra Carpizo: Las provenientes de la ley ordinaria y, no menos importantes ni extensa, las emanadas del sistema político. La más importante: Su capacidad absoluta para modificarla toda, sin recato.

A pesar de la rigidez normativa para reformarla, la composición del sistema político permitió durante años al ejecutivo modificarla con absoluta libertad. Por años,

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la actividad legislativa se circunscribió a aprobar las iniciativas del presidente. De 1988 a 1997, el ejecutivo envío 298 iniciativas a la cámara de diputados, 293 de las cuales fueron aprobadas. En contrapartida, la cámara presentó 480 iniciativas. Sólo 94 fueron aprobadas. Un rasgo revelador: De las casi quinientas iniciativas presentadas por el poder legislativo, la fracción parlamentaria del PRI, en el mismo periodo, sólo presentó 68. De ellas, fueron aprobadas 23186.

La delegación de la facultad legislativa en favor del poder ejecutivo trajo consecuencias lamentables para la constitución. Esta ha sido modificada en 739 ocasiones. En cuanto al número de veces que han sido modificados los artículos, este asciende a 287. 98 artículos han sido

reformados. Sólo 38 no han recibido

modificaciones187.

Más: El artículo 73 constitucional ha sido reformado en 38 ocasiones, el 123 en 20, el 27 en 15 y el 107 en 13188. Por ello, la constitución se convirtió en el crisol donde se fundían las voluntades del poder político y en el espejo de la flexibilidad ideológica del priismo.

Karl Loewenstein propuso una clasificación ontológica de las constituciones, consistente en diferenciar la constitución real de la formal. “Esta clasificación parte de la tesis de que una constitución escrita no funciona por sí misma, sino que será lo que los gobernantes y gobernados hacen de ella en la práctica.”189 De conformidad con esta visión, la constitución mexicana sería del tipo nominal, que es aquella donde no existe una concordancia absoluta “entre la realidad del proceso político y las normas constitucionales”190.

Hoy más que nunca, los arreglos constitucionales deben constituirse en el plano que desarrolle la ingeniería del nuevo sistema político mexicano.

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¿Hay que reformarla integralmente?

Sí. El mundo y México son otros. También lo es, como se vio, la Constitución. Paradójicamente la constitución actual ya no es lo que fue, pero tampoco es la que debe ser, la que México necesita.

En primer término, la estructura institucional que propone fue creada para generar un sistema presidencialista, autoritario y centralista. Requerimos una constitución que facilite, en cambio, la democracia. Se pregunta el Doctor Jaime Cárdenas Gracia: “¿Puede la constitución de 1917 representar el cambio político que se opere, la transformación del régimen, puede representar la refundación del Estado sobre bases democráticas? Pienso que no, y por eso la mayoría de las transiciones concluyen en nuevas constituciones y cuando no lo hacen es porque el peso de las reglas del anterior régimen lo impiden como en Chile, o porque la transición no ha quedado bien acorazada y en el mediano plazo puede haber problemas de consolidación democrática. Es cierto que una nueva constitución no augura, como en Brasil, una democracia consolidada, pero eso se debe a deficientes diseños constitucionales que no parten de la realidad concreta”191

Pero la reforma integral de la constitución no debe partir de un afán rupturista, sino más bien de una adecuación que permita prolongar los indiscutibles que trajo consigo.

4.2.1. Diseño Constitucional: Premisas

Por ello, la democracia no funcionará en México mientras no se regulen con certeza y transparencia los aspectos fundamentales de un nuevo sistema. El objetivo del nuevo diseño debe ser:

1. Reordenar los procesos políticos.

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2. Organizar la redistribución del poder. 3. Asegurar un régimen de gobierno adecuado. 4. Institucionalizar la democracia. 5. Garantizar la continuidad de los procesos históricos de la nación mexicana.

1. Reordenar los procesos políticos.

La ingeniería constitucional debe asegurar que las nuevas instituciones reordenen los procesos políticos. Esto implica generar una nueva cultura política. Resulta bastante claro que el país se haya inmerso, desde hace al menos tres lustros, en un intenso proceso de transferencia de poder. El mismo se ha dado, sin embargo, sin un orden y un cauce.

Los procesos de liberalización fueron el signo de los últimos tiempos priistas. Cada presidente, de Luis Echeverría a Ernesto Zedillo, realizó su propia reforma. Ahí se fueron 30 años. La vigencia de cada una de las reformas a las leyes electorales no permitió regular más que una elección. Hubo reformas que jamás se aplicaron.

El constitucionalismo surge en Inglaterra como una forma de organizar el poder político y controlarlo. El reordenamiento de los procesos políticos debe atender, a la forma como se organiza el poder, que fundamentalmente debe atender a seis vertientes: Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos y la participación política independiente –incluyendo el rol del ciudadano- la inserción de minorías en la vida jurídico-institucional del país y las características que el poder público debe atender para responder a los compromisos del país con la esfera supranacional.

Las instituciones deben adecuar el funcionamiento de la voluntad estatal. Impedir los impasses y llenar los vacíos jurídicos que actualmente existen. La ley ordinaria

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deberá renovarse con base en la creciente participación de una serie de actores políticos que antes no existían de manera independiente sino que gravitaban en torno a la atracción del sistema corporativo: Medios de comunicación, ONG´S, nuevo sindicalismo, iglesias, participación política ciudadana, consorcios empresariales, entre otros.

Otro tema importante de la agenda de reordenamiento es hacer compatibles los procesos políticos nacionales con las prácticas internacionales y los compromisos que se generan por la integración externa. La constitución debe prever, por tanto, que en el futuro la dinámica de la evolución política llevará al Estado Mexicano a participar en órganos supranacionales de gobernación, de procuración de justicia, de seguridad y de naturaleza fiscal.

2. Organizar la redistribución del poder.

La desconcentración del poder presidencial y el desmantelamiento del sistema autoritario implican la necesidad de distribuir de manera ordenada a través de instrumentos legales, el poder. Para ello se debe visualizar el proceso en tres etapas fundamentales: Acceso, ejercicio y entrega de cuentas.

El avance más importante se ha dado en el primer periodo, es decir, en los métodos para acceder al poder. La redistribución debe darse como resultado de la reingeniería del segundo proceso: Cómo se ejerce. Para ello, se debe emprender una transferencia en dos sentidos: Hacia abajo, del poder federal, al estatal y municipal; y hacia los lados, hacia los otros poderes y hacia la sociedad civil.

La constitución deberá definir el nuevo federalismo, sus alcances que incluyen la distribución de los ingresos y la ampliación de potestades fiscales a los Estados y Municipios, los métodos de democracia directa y la participación política independiente

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al tiempo que fortalece el sistema de partidos. Punto medular será también el fortalecimiento del municipio y la definición de autonomías que propicie la integración de indígenas a la vida nacional.

El poder no sólo deberá distribuirse hacia abajo, sino también hacia los lados. De manera muy especial, la nueva constitución deberá profundizar la división de poderes. Por un lado, el legislativo debe perfeccionar su funcionamiento y fortalecerse como órgano de control.

Esto se logra, fundamentalmente, mediante la profesionalización legislativa a través de la reelección de legisladores, lo que permite generar estructuras de análisis más profesionales y amplias y estimular la creación de comisiones de investigación. En el legislativo se deben concentrar las funciones de contraloría que actualmente se ubican en el ejecutivo y se debe incrementar la participación de este poder en los nombramientos administrativos.

Al mismo tiempo, se deben incorporar figuras que garanticen el expedito desahogo de los procesos legislativos, como la omisión legislativa192 –por un lado- y los candados al veto presidencial de bolsillo, sustituyéndolos por vetos parciales o totales.

En cuanto al poder judicial se debe incrementar su autonomía, y facilitar las facultades de investigación de la Suprema Corte de Justicia. El poder judicial cuenta ya con elementos suficientes para jugar un papel preponderante en la vida democrática nacional. Los recursos de inconstitucionalidad y de controversia constitucional deben ser el inicio del desarrollo de funciones para control de la constitucionalidad; la determinación del tribunal electoral como instancia definitiva de resolución de controversias son signos que anticipan un nuevo papel, indispensable para el desarrollo democrático del país. La integración de la suprema corte es otro

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tema susceptible de revisarse a efecto de despolitizarla y asegurar su renovación parcial periódicamente.

Existe una tercera vertiente de redistribución. Es la referente a los órganos autónomos, que en la experiencia mexicana –muy especialmente en la integración del órgano electoral- han dado resultados estimulantes. De vital importancia es el organismo que regule los medios de comunicación.

Las modificaciones o adiciones mencionadas son temas clave para la consolidación democrática y, por su naturaleza, ambos necesitan de un diseño que los desvincule del ejercicio del poder y de la influencia de los partidos.

3. Asegurar un régimen de gobierno adecuado.

Las constituciones latinoamericanas nacieron bajo el impulso del diseño constitucional norteamericano. Es entendible que así fuera por razones de cercanía geográfica e histórica. No obstante, con excepción de los propios Estados Unidos de México y de Costa Rica durante el siglo XX, el sistema presidencial ha causado inestabilidad política en la mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos.

¿Es el régimen adecuado para resolver los dilemas de la doble transición? Más adelante trataremos de analizar los pros y contras de las alternativas existentes. Pero es indudable que la cultura nacional, los problemas institucionales que, cada día, crecen frente a una realidad de gobiernos divididos, las prácticas de suma cero que paralizan al gobierno y la lógica de praxis política que hace que el Presidente de la República –jefe de Estado- se vea en la necesidad de asumir funciones de jefe de gobierno que a menudo lo desgastan, hacen necesario replantear la posibilidad de desarrollar una ingeniería institucional que permita dividir las funciones de Estado de

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las de gobierno o gabinete. La adopción del sistema presidencial francés parece una buena alternativa.

4. Institucionalizar la democracia.

consolidación

democrática

cuando

esta

institucionaliza.

Institucionalizarla significa convertirla en cultura. Implica un proceso de creación de reglas públicas para desarrollar la participación política, económica y social, pero también crear normas de comportamiento ciudadano. Esto es: Levantar una estructura jurídica y cívica que genere instituciones democráticas y la transición de hombres a ciudadanos. Dentro de este marco, se desenvuelve el actuar de las organizaciones.

La institucionalización democrática se contrapone a la personalización de la política. Uno de los defectos más graves de la vida política en México ha sido, precisamente, el sometimiento de la cosa pública a los liderazgos de caudillos. El día que México celebraba su nacimiento como país independiente, Agustín de Iturbide desvió el desfile de la victoria para saludar a su amante. A partir de entonces, y hasta nuestros días, la mexicanidad ha estado subyugada a la férrea mano de los gobernantes o, en el mejor de los casos, como señala Enrique Krauze, a su seducción. El caudillo no encabeza el poder: Lo encarna.

La etapa más difícil de la construcción democrática es, justamente, la consolidación. Crear el marco institucional y desarrollar el entramado implica esfuerzos de imaginación política, construcción de consensos y esfuerzos de permanencia en el proceso.

Un punto medular reside en la necesidad de valorar la palabra negociación en el diccionario político mexicano. Esto significa brindar salidas institucionales a los conflictos, privilegiando la cultura del debate y acuerdos públicos en aras de la

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construcción de un proyecto nacional. Por años, la negociación se dio a espaldas de la sociedad y, por consiguiente, los arreglos estaban imbuídos de sospecha. Una democracia funcional, como se verá, tomará vida en la medida en que las instituciones funcionen de manera independiente pero también en el momento en que se rompa la cultura de la disciplina partidista como monolito. La única forma de romper los impasses políticos es mediante la ruptura pactada y temporal de la disciplina partidista. ¿Hasta donde llega esa disciplina y hasta donde el compromiso con los electores? ¿Cómo se vulnera la disciplina partidista sin menoscabo del sistema de partidos? Esas son dos preguntas vitales para la institucionalización de la democracia en México.

5. Garantizar la continuidad de los procesos históricos de la nación mexicana.

La nueva constitución será originaria en cuanto al sistema político que creará. No lo será en cuanto a la nación. Esto es: La nación mexicana ni comienza ni termina con un texto constitucional. Si debe, sin embargo, garantizar su continuidad histórica.

El texto debe preservar los aspectos medulares de la tradición jurídica de los grandes antecedentes de la mexicanidad: Los Sentimientos de la Nación, La constitución de 1857 y la de 1917.

Para hacerlo, deberá respetar las dimensiones históricas del Estado mexicano: 

La dimensión humanista y libertaria.



La dimensión laica.



La dimensión social.



La dimensión humanista y libertaria.

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El documento fundador de la nación mexicana fueron los sentimientos de la nación. El titulo revela: México aspira, imagina, pero sobre todo, siente. En él, Morelos brinda coherencia y visión de largo alcance al movimiento insurgente. Por primera vez desde que Hidalgo le entregara en Indaparapeo el “Plan del Gobierno Americano”, Morelos da un brinco con respecto a las ideas originarias de la gesta armada. Ya no habrá cabida para Fernando VII ni para España. Los Sentimientos de la Nación proponen una independencia real, absoluta y permanente del reino Español. El proyecto tiene una idea generadora: Libertad.

Rompe, además, con la concepción europea de gobierno. El naciente país será una república representativa, cuya potestad soberana reside en el pueblo. Son las ideas de la revolución francesa revividas en el nuevo mundo tras su abolición por Napoleón Bonaparte.

Pero también Morelos da fin al sistema esclavista. Con ello otorga una dimensión humanista al documento fundador de la nueva nación. Es una declaratoria que le había negado a sus pobladores la constitución norteamericana193. Es, por lo mismo, uno de los legados más perdurables del documento fundador de la República Mexicana. Por religiosos, los insurgentes son humanistas. Por militares, son libertarios. Por serlo, se convierten en una generación que funda un país y da coherencia a una nación. 

La dimensión laica.

Costó una guerra separar a la iglesia del Estado. La generación liberal lucha y enfrenta. Propone. Legisla. Soporta la más dura traición. Restituye derechos. Se

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refugia, contra el poder de la cruz, en el poder de la ley. Cree en un Estado de Derecho como fuente de un sistema superior: La democracia.

Triunfan y, con su victoria, lo hace el laicismo que caracteriza a la constitución de 1857. En 1873 se adicionarán a ella las leyes de reforma. De su mano, va la lucha contra los fueros, el sufragio universal, la construcción de libertades ciudadanas.

Gracias a estas bases, Cosío Villegas identifica en el periodo de Gobierno de Lerdo de Tejada el surgimiento del primer régimen democrático de la historia del país. El basamento es el respeto a la ley y la idea de libertad como virtud pública.

Es comprensible, por tanto, que el laicismo no destruya el proceso histórico de los sentimientos de la nación Lo extiende y amplía con base en una idea esencial de libertad: La de conciencia, la de credos. No puede existir progreso y democracia sin libertad de cultos y de fe. Señala Jesús Reyes Heroles: “La solución mexicana de las relaciones Estado-iglesia, la secularización de la sociedad, fue una solución peculiar nuestra. Ella surge en conflicto, en lucha, en guerra, pero para la paz. Gracias a esta solución, que el constituyente de 1917 complementó y perfeccionó, México se enfrenta a los agudos problemas económicos y sociales de nuestros días sin cargar con el lastre, con el preso muerto de una sociedad en que el estado y la iglesia están amalgamados. Gracias a ella el país puede poner sus energías al servicio del progreso económico y social. Y si creemos en la conciliación y mutuo apoyo de la libertad y justicia social, es porque la secularización mexicana nos permite la existencia de una sociedad libre integrada por hombres libres”194 

La dimensión social.

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La gran aportación de la constitución mexicana de 1917 al mundo de las ideas jurídicas es la declaratoria y tutelación de derechos sociales. Es la respuesta del México más popular a un proyecto de Constitución carrancista en donde no aparecen los problemas más acuciosos de la época: Tierra, trabajo, educación.

Jorge Carpizo señala que la parte social del documento vino a romper con la idea de derechos constitucionales. Hasta 1917, se pensaba que las constituciones servían sólo para organizar el poder político. Por 1917, el mundo sabe que no: La constitución debe ser también factor de superación de realidades sociales195.

La libertad, dice el constituyente, no basta sin dignidad. Por ello se complementa la idea de la generación liberal. Es necesario dar a los ciudadanos los medios para subsistir con dignidad196.

Los artículos tercero, veintisiete y ciento veintitrés son las piedras angulares del sistema de derechos sociales de la constitución. Permitieron articular un modelo económico que generó educación para la vasta mayoría de los mexicanos, desarrollar infraestructura, generar una amplia red de seguridad social y permitir la movilidad social. El resultado fue la creación de la clase media mexicana.

La propuesta mexicana permeó a todo el mundo. Dos años después, la constitución de Weimar recogía los lineamientos sociales. Hoy, prácticamente no existen constituciones que no incluyan un apartado de este tipo.

La solidaridad, su espíritu incluyente, el hecho de haber reencontrado a los mexicanos, dado espacio a las demandas más apremiantes de una sociedad empobrecida, agraviada y anhelante convirtieron a esta dimensión en uno de los momentos mejores de la historia jurídica nacional.

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4.5. ¿Qué forma de gobierno?

La ingeniería institucional, apuntalada por las herramientas constitucionales adecuadas, es un tema fundamental de la construcción democrática. No basta con verter afirmaciones en el sentido de que se requiere un nuevo sistema político. La pregunta verdaderamente trascendental es ¿Qué sistema? ¿Con qué forma de gobierno?

El sistema presidencial con división de poderes fue creado por los Estados Unidos a través de la Constitución madissoniana. Su funcionamiento en ese país ha sido excepcional, brindando estabilidad a la nación, progreso económico y un oportuno sistema de renovación institucional al menos en el poder ejecutivo y judicial.

Estos logros impactaron sin duda a las nacientes repúblicas latinoamericanas de principios del siglo XIX quienes copiaron, a veces de manera extra lógica, siguiendo a Ortega y Gassett, el modelo político estadounidense. Sin embargo, el inicio de estos sistemas políticos fue completamente divergente. Los orígenes de la inmigración norteamericana, la colonización del territorio, su bagaje filosófico, sus aspiraciones de independencia, su perspectiva de progreso y modernidad y hasta su estructura racial auspiciada por la renuencia al mestizaje fueron factores que hicieron del inicio de los Estados Unidos uno sui-generis.

En la puesta en práctica misma del sistema político, las incipientes instituciones lograron sobrevivir a los embates de la ambición política. A solo meses de inaugurado el sistema, la Suprema Corte de Justicia resolvió su capacidad para resolver cuestiones constitucionales a través de la revisión judicial197. La decisión se oponía a los intereses del ejecutivo, por lo que reafirmó, en la práctica, lo que las democracias latinoamericanas jamás lograron: la división de poderes.

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Aun en los Estados Unidos, sin embargo, el sistema ha revelado poseer dificultades importantes. Estas se presentan especialmente en los diversos impasses que se generan debido a su diseño institucional. Las más notables han aparecido por conflictos entre dos poderes, generalmente el legislativo y el ejecutivo, cuando se presenta la figura de gobiernos divididos, que se tratará líneas abajo. En efecto, la crisis más reciente de importancia se dio en la administración Clinton, cuando la mayoría Republicana en el Congreso rehusó aprobar el presupuesto enviado por el ejecutivo y el gobierno federal se vio obligado a cerrar temporalmente diversas dependencias en espera de que la crisis fuera resuelta.198

La misma dinámica institucional del sistema presidencial norteamericano, su vigorosa economía y sus particulares arreglos en materia de organización del uso del poder han permitido superar los escollos sin daños mayores. Sin embargo, la inmovilidad en el proceso de tomas de decisiones –que afecta de manera fundamental la gobernación– impacta en mucho mayor magnitud a los sistemas presidenciales que no presentan las características propias del sistema norteamericano.

En abono de los sistemas presidenciales debe decirse que presentan un grado mayor de legitimidad sobre los demás sistemas políticos. Generalmente, los métodos de elección directa brindan al titular del ejecutivo una legitimidad superior a aquellos que acceden al poder por designación del parlamento. La concentración misma del poder en una sola persona brinda una amplitud de facultades ejecutivas que permiten, si se presentan los contrapesos adecuados, garantizar una expansión de la capacidad de gobernar. Asimismo, el hecho de que el titular del ejecutivo sea electo directamente por el pueblo le brinda una autoridad moral suficiente para dirimir con legitimidad conflictos de carácter político y social.

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Uno de los aspectos fundamentales del sistema institucional norteamericano que beneficia la superación exitosa de los impasses en la función de gobierno es la existencia de un sistema de partidos que se basa en dos opciones reales de ejercicio de poder199. En efecto, el bipartidismo reduce las posibilidades de polarización de conflictos, aunque la misma existencia de sólo dos fuerzas políticas incrementa sustancialmente la posibilidad del surgimiento de gobiernos divididos. Estos se dan cuando un partido diferente al que controla el poder ejecutivo obtiene una mayoría en una o ambas cámaras del congreso.

Los gobiernos divididos son una de las fuentes de inmovilidad y conflicto más comunes de los sistemas presidenciales y si bien, como se comentó, son más comunes en un sistema bipartidista, no son exclusivos de él. Carlos Casillas establece la existencia de un subtipo de gobiernos divididos en las democracias presidenciales pluripartidistas, denominado de mayorías divididas o gobiernos de no mayorías.200 . Estos se caracterizan porque ninguna fuerza política obtiene una mayoría suficiente para pasar leyes por si misma. Estos gobiernos presentan tres características básicas: “1) Pueden ser producto de elecciones intermedias o de elecciones generales, si estás últimas se realizan de manera simultánea 2) El escenario de no mayoría indica que ningún partido político tiene claro mandato para controlar el gobierno, y así la división de poderes se suma a la división de partidos. 3) Una situación de no mayorías puede ocurrir en una o ambas cámaras, acentuándose el nivel de conflicto en los sistemas unicamerales, que convierten la etapa de mayoría dividida en juego de suma-cero, legislativo contra presidente”201

De igual forma, en la realidad latinoamericana, el sistema de partidos refleja una dinámica social mucho más intensa donde el bipartidismo, salvo en casos excepcionales como Costa Rica y Argentina, es difícil de implementar. En este sentido, los procesos de negociación interpartidistas se tornan mucho mas complejos,

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generando inmovilidad de gobierno que ha llegado incluso a destruir las democracias imperantes.

Juan Linz ha documentado las limitaciones del sistema presidencial en las democracias latinoamericanas. La “quiebra” de las mismas, afirma, se ha debido en gran medida a la carencia de diseños institucionales adecuados para superar las frecuentes crisis de carácter político: “En el caso de polarización de ideología o de intereses, el carácter cero-suma del juego presidencial sin duda introduce presiones para limitar sus consecuencias: no reelección, el intento de la cámara por vetar u obstruir el proceso de toma de decisiones, esfuerzos para utilizar los tribunales para limitar el poder del presidente, la resistencia de estados miembros de las federaciones (especialmente cuando tienen al frente poderosos gobernadores elegidos popularmente y pertenecen a un partido distinto) elecciones separadas de presidentes y vicepresidentes

que han sido

a menudo incluso las de diversos partidos y

coaliciones y, finalmente, la intervención de las fuerzas armadas como poder moderador. Todas estas medidas llevan a conflictos constitucionales que debilitan el sistema, ponen en peligro su legitimidad y frustran a los presidentes que sienten que su mandato es directo, popular y plebiscitario” 202

En este sentido diversos autores -entre otros el propio Linz y varios académicos mexicanos- han propuesto sustituir al sistema presidencial mexicano por uno parlamentario. Las características fundamentales de este sistema son: 1. La existencia de un ejecutivo dualista 2. La responsabilidad política del gobierno ante el parlamento y 3. El derecho de disolución del parlamento.203

El jurista mexicano Jaime Cárdenas Gracia subraya ocho ventajas del sistema parlamentario:

1.Flexibilidad;

2.Existen

soluciones

constitucionales

para

confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo; 3. No se produce la parálisis del Legislativo o los impasses entre los poderes (deadlock); 4.Fortalece el sistema de

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partidos; 5. Favorece los juegos de suma positiva; 6. Se trata de un modelo diseñado para la cooperación política; 7. No es deficiente en términos de legitimidad moral; 8.Genera estabilidad política.204

Este conjunto de características moldearía un sistema donde la distribución del poder y la renovación de los principales cuadros de gobierno se realizan de forma mucho más ágil y expedita. Los forzosos arreglos entre grupos parlamentarios para alcanzar el poder ejecutivo y la necesidad de conservar la mayoría y confianza parlamentaria para detentarlo incrementan por un lado los controles sobre la función de gobierno al tiempo que, por otro, reestructuran la lógica de actuación política.

Los impasses son superados por la imposibilidad de que existan gobiernos divididos. La mayoría legislativa es la tutelar del poder ejecutivo. Aun en los casos en que no existe un sistema bipartidista, como España o Alemania, la supervivencia de la coalición gobernante, en su caso, es condición sine quanon de la formación de gobierno. En este sentido, la cultura intrínseca al sistema de partidos es que exista una fuerte, indispensable disciplina partidista.

En sentido opuesto al sistema presidencial, la cohesión en el proceso de toma de decisiones y votación parlamentaria es la vida misma del sistema. El funcionamiento de los sistemas presidenciales, en efecto, se desarrolla bajo una óptica distinta: es la ruptura en la votación de la mayoría en el Congreso lo que rompe las parálisis en el funcionamiento legislativo y ejecutivo. Las posturas partidistas rígidas imposibilitan la superación de impasses. En el caso de los Estados Unidos, la ruptura pactada en las votaciones legislativas ha sido lograda a través de la posibilidad de reelección parlamentaria, lo que genera un compromiso permanente del legislador con los intereses particulares de los electores de su distrito más que con las líneas generales de acción del partido. Al mismo tiempo, y por la misma razón, los diversos

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grupos de presión generan una influencia importante a través del lobbying político en la votación de cada grupo parlamentario.

Ello explicaría también que la naturaleza del sistema de partidos en los Estados Unidos sea completamente distinta a la del acontecer latinoamericano. La estructura partidista como tal es prácticamente inexistente en el país del norte de América. Su estructura funcional se recrea periódicamente con el objeto de regular el acceso a candidaturas mas que como una estructura permanente que define agendas políticas, tácticas y estrategias de acceso al poder.

Sin embargo, cuando estas características no confluyen en el sistema institucional, la posibilidad de derrumbe gubernamental, en efecto, se incrementa considerablemente. Tal ha sido el caso de diversas democracias presidenciales latinoamericanas: Argentina, Chile y Venezuela.

La estabilidad es, así, uno de los puntos fuertes del parlamentarismo. La dinámica de renovación ya referida impide la paralización de funciones legislativas y ejecutivas y, tan importante como ello, disminuyen el impacto social que se da en los sistemas presidenciales en el caso extremo de destitución del Ejecutivo. Los arreglos constitucionales de funcionamiento institucional obligan al establecimiento de una cultura de negociación y consensos políticos.

Sin embargo Giovanni Sartori ha hecho una diferenciación entre democracias estables y gobiernos estables. Como ya se mencionó, el régimen parlamentario produce regímenes cuya viabilidad ha demostrado ser mas extensa que la generada dentro del presidencialismo. No es un asunto menor: la democracia latinoamericana no bipartidista más antigua -Chile- naufragó en medio de las pasiones políticas de coyuntura con los costos sociales terribles que son de sobra conocidos. La ruptura del

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régimen implica, en efecto, una fractura de carácter político, jurídico e histórico de graves consecuencias para las naciones.

Con todo, sin menoscabar la importancia de que el parlamentarismo produce regímenes democráticos mas estables, Sartori realiza una puntualización de interés: “¿Porqué es importante que no caigan los gobiernos? por lo general la respuesta es que el gobierno estable “indica” un gobierno efectivo. No es así. La estabilidad del gobierno depende de una mera duración, y los gobiernos pueden tener una larga vida y ser impotentes: su duración de ninguna manera sirve como indicador e incluso menos como un detonante de la eficacia o de la eficiencia. En realidad, en la mayoría de los sistemas parlamentarios que requieren gobiernos de coalición, éstos prolongan su existencia no haciendo nada”205

De igual forma, el parlamentarismo desarrolla una dinámica de estricta disciplina partidista que tiende a concentrar las ofertas políticas preeminentes en dos partidos políticos. Las demás fuerzas partidistas adquieren un carácter de equilibrios del sistema, o partidos bisagra, sin que su influencia provenga de los electores sino de los arreglos parlamentarios. En efecto, en este sentido, el parlamentarismo produce la intensificación de la política partidista, restando en muchas ocasiones efectividad a las propuestas de gobierno.

En este sentido, el primer ministro parlamentario se encuentra menos comprometido con los electores que sufragaron en su favor. El compromiso estriba fundamentalmente con los miembros de su partido o con los integrantes de la coalición gobernante.

La función ejecutiva, entonces, puede llegar a basarse más en habilidades negociadoras que en compromisos con la nación. El ejecutivo presidencialista adquiere su apoyo, y en última instancia debe su cargo, a la franja del electorado que

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le permitió acceder al poder y no a la estructura política que le sustentó el cargo. Este hecho, que podría parecer un asunto menor, no lo es tanto: la responsabilidad del gobierno ante los electores –más que ante el legislativo como en el caso del parlamentarismo– concentra fortaleza en el jefe del ejecutivo ante los ojos del pueblo. Esto es, el ejercicio del poder presidencial en los sistemas madissonianos genera una cultura política distinta.

Ello fue especialmente importante en la implantación de regímenes presidenciales en Latinoamérica, donde la presencia de caudillos u hombres fuertes se extendió a lo largo de la región en su primera etapa independiente. Lo que la implantación del régimen presidencial hizo fue, en buena medida, legitimar el poder de aquellos líderes –nacionales, regionales y locales– surgidos de las luchas insurgentes.

Como oportunamente señaló Octavio Paz: “La percepción hacia el poder de los países latinoamericanos –incluyendo a México– dificulta la implantación exitosa del juego parlamentario. La cultura del poder referida haría que los gobiernos perdieran legitimidad ante los ojos de los electores, generaría el desarrollo de políticas filibusteras de partidos pequeños para negociar su apoyo al mejor postor y, por lo mismo, la dinámica crearía una posible inestabilidad en los gobiernos”206.

¿Existe la posibilidad de compensar la influencia de la cultura política con un sistema político que no rompiera de tajo con la misma pero que si terminara con los vicios que ha generado?

El sistema semipresidencial francés de 1958 ofrece ventajas de diseño importantes: prevé la existencia de un ejecutivo bicéfalo; concibe mecanismos institucionales de equilibrio en la distribución y uso del poder; brinda estabilidad al

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sistema político sin demeritar la autoridad presidencial; desconcentra las funciones de gobierno; eleva la legitimidad del sistema al incluir dos fuentes generadoras en vez de una e incrementa la participación política de los ciudadanos al acortar los ciclos electorales.

En primer término el sistema fue configurado de tal suerte que mantuviera la preeminencia de un presidente fuerte, electo popularmente y por tanto con responsabilidad política ante sus electores, pero carente de los poderes extremos que tutelan las constituciones latinoamericanas. Al mismo tiempo, incluye la figura de un primer ministro que encuentra responsabilidad política ante la mayoría parlamentaria que, de facto, lo designa, aunque el Presidente posee la facultad de retirarlo del cargo. Paolo Biscaretti di Ruffia ha esbozado de manera inteligente los principales rasgos de este sistema que denomina “parlamentario racionalizado”: “Se había imaginado una forma de compromiso entre la forma de gobierno parlamentario, que se mantenía fundamentalmente por el doble principio de la irresponsabilidad política del jefe del Estado y de la correspondiente responsabilidad del gobierno frente al parlamento, y la del carácter presidencial, con un presidente [electo por mayoría directa] y que utilizaba ministros que no podían ser parlamentarios al mismo tiempo, dando origen a un ejecutivo fuerte que habría debido poner término a los defectos característicos del parlamentarismo anterior.207

En este sentido, el sistema semipresidencial francés contempla la elección de un Presidente por siete años que se encarga de conducir las funciones de Estado: Es responsable ante el pueblo de manera directa, diseña y conduce la política exterior, incluyendo la firma de tratados, es el titular de las fuerzas armadas, designa al primer ministro y posee capacidad de disolver el parlamento entre otras importantes funciones. El jefe de gobierno o primer ministro, por su parte, es el responsable de la gestión de gobierno: además de ser responsable ante el parlamento, conduce las

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funciones administrativas del gobierno, ejercita la facultad reglamentaria y designa a los diversos empleados civiles y militares.

Para

algunos,

semipresidencialismo

resuelve

los

problemas

fundamentales del sistema presidencial en el caso de la aparición de gobiernos divididos. En realidad, el diseño institucional del semipresidencialismo puede generar una tercera posibilidad de conflicto: la cohabitación. Esta se presenta cuando existe un presidente electo popularmente y un primer ministro designado por mayoría parlamentaria de partidos distintos. Esta posibilidad se ha presentado en tres ocasiones en el acontecer francés: bajo la presidencia de Francoise Miterrand en 1986 y 1992 y en la presidencia de Jaques Chirac en 1997. Los resultados han sido alentadores:

mas

grave

que

gobierno

dividido,

por

implicar

funciones

constitucionales ejecutivas, la cohabitación ha sido resuelta gracias al diseño institucional que prevé la constitución francesa. Sartori explica este funcionamiento bajo el término de “oscilación” como el mecanismo institucional que evita la parálisis gubernamental: “El semipresidencialismo francés ha evolucionado hasta convertirse en una estructura flexible de autoridad dual, es decir, un ejecutivo bicéfalo, cuya primera cabeza cambia (oscila) cuando cambian las combinaciones de la mayoría. Con una mayoría unificada, el presidente prevalece decisivamente sobre el primer ministro y la constitución que se aplica es la material. A la inversa, y alternativamente, con una mayoría dividida el que prevalece es el primer ministro, apoyado por su propio parlamento y también porque la constitución formal (lo que se establece por escrito) apoya su pretensión de gobernar por derecho propio”208

De esta manera, parece que el sistema semipresidencial cumple con un doble requisito: Se adapta a la cultura política mexicana, manteniendo un Jefe de Estado con ascendencia –y como fuente de legitimidad- que responde ante la nación. En el recaería gran parte del peso moral para conducir las funciones claves del Estado

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Mexicano: Relaciones exteriores y Seguridad Exterior. Al mismo tiempo, se contaría con un jefe de gobierno que se encargaría de las funciones del día a día del gobierno. Estaría, por lo mismo, sometido al desgaste propio de la naturaleza de su cargo. Este hecho, sin embargo, no afectaría las funciones de Estado. Sería responsable ante el parlamento y las fuerzas políticas. Pero, además, el diseño institucional del sistema evitaría la persistencia de los gobiernos sin mayoría que se han dado en los últimos años. La coalición gobernante podría pasar leyes y dotar al gobierno de los instrumentos legales necesarios para tener un mejor desempeño político y económico. Al mismo tiempo, ampliaría los márgenes de gobernabilidad, haciendo necesaria la inclusión de las fuerzas políticas opositoras para formar, en su caso, gobierno.

Vale la pena señalar, sin embargo, que un grupo connotado de juristas se ha pronunciado por la permanencia del sistema presidencialista, tendencia que, muy posiblemente, puede ser mayoritaria en el país. A esta corriente se suman Dieter Nohlen, Diego Valadés, Alonso Lujambio y Jorge Carpizo. Todos ellos proponen una serie de modificaciones al sistema para hacerlo funcional y compatible con la democracia. Pretenden, también, reducir el presidencialismo mexicano. Por ello denominan a su propuesta la de un sistema presidencial renovado209.

Dentro de las figuras que proponen, que se acercarían ciertamente al sistema francés, está la de un jefe de gabinete que sea responsable ante el legislativo, con lo que se podría lograr reducir el desgaste de la figura presidencial por el ejercicio de las funciones del día a día del gobierno.

En caso de que persistiera el sistema presidencial requeriríamos de ajustes adicionales en el sistema electoral y de partidos, mismos que se detallan a continuación.

4.6. El sistema electoral.

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El concepto sistema electoral se refiere al principio de representación que subyace al procedimiento técnico de la elección, y al procedimiento mismo, por medio del cual los lectores expresan su voluntad política en votos que a su vez se convierten en escaños o poder público”210

El actual sistema electoral ha sido el puntal del proceso de democratización del país. Nadie discute la transparencia de las elecciones ni sus resultados. El sistema se caracteriza por:

1. La organización de las elecciones está a cargo de un organismo público autónomo, integrado por ciudadanos propuestos por los partidos políticos y aprobados por la Cámara de Diputados. 2. Es un sistema mixto: El presidente de la República es electo por mayoría; los diputados y senadores por elecciones de mayoría y mediante el sistema de Representación proporcional. 3. El sistema se financia mayoritariamente mediante recursos públicos. 4. Las disputas electorales son dirimidas ante un órgano jurisdiccional, cuyas resoluciones son definitivas.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

De manera ininterrumpida desde 1963, la pugna de la sociedad política por construir reglas transparentes y justas de competencia electoral arrojó al país a un largo periodo de apertura y democratización.

Desde José López Portillo, todos los presidentes mexicanos enviaron reformas constitucionales electorales. Este hecho revela la insuficiencia de las mismas.

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También, que no estaban diseñadas para construir una democracia sino para ensanchar de manera paulatina y controlada los canales de participación política. Es de resaltar la periodicidad de la misma y el número de elecciones que cada una de ellas reguló para verificar los límites de la apertura.

Adolfo López Mateos abrió los procesos de liberalización incorporando la figura de diputados de partido al sistema electoral mexicano. No era un régimen de justicia. Era una prebenda. Desde las alturas, el Presidente consentía o anulaba el poder de los hombres fuertes regionales: “Los caciques duran hasta que los pueblos quieren” Afirmó en San Luis Potosí, comarca del Alazán Tostado, Gonzalo N. Santos. Era un ajuste de cuentas211. Era, por tanto, una sentencia inapelable. El pueblo potosino había expresado su apoyo a Salvador Nava, pero el poder priista no admitía derrotas. El único cambio posible era desde dentro y desde arriba.

Tras la matanza de 1968, producto de la incapacidad para abrir las compuertas a la participación política independiente, Luis Echeverría intentó resarcir los agravios reduciendo la edad para votar y ser votado. Fue insuficiente. La carencia de canales de participación política, especialmente para las izquierdas, llevó a muchos grupos a la radicalización, la violencia y la ilegalidad.

José López Portillo y Jesús Reyes Heroles lo entendieron a cabalidad. Emprendieron una reforma política que aumentó el número de diputados, incorporó posibilidades a las oposiciones y amplió los alcances del sistema de partidos. Incorporó recursos ante la Suprema Corte de Justicia, el derecho de información e incrementó las facultades de control del poder legislativo. Representó un avance significativo en la vida política. 212

A pesar de todo, los vicios persistían: La organización electoral dependía del ejecutivo y la última instancia en materia de controversias era un colegio electoral

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parlamentario, dominado por el PRI. Cuatro años después, López Portillo volvería a reformar el sistema electoral.

Su sucesor, Miguel de la Madrid, instrumentó su propia reforma electoral, que aumentó el número de diputados plurinominales en cien legisladores. Creó un tribunal autónomo que conocería de los recursos de impugnación en la materia al que se le dotó sólo de semiplena jurisdicción, siendo los Colegios Electorales del legislativo la última instancia en materia electoral. Suprimió la figura del registro condicionado –bajo la cual se habían amparado diversas organizaciones de izquierda para incorporarse a la vida partidaria- y permitió la formación de coaliciones y frentes.213 Carlos Salinas reformó en tres ocasiones la ley electoral214. Disminuyó la influencia del ejecutivo en el Consejo General del IFE, pero no lo independizó del ejecutivo. Eliminó la calificación parlamentaria para elecciones al Congreso y fortaleció al tribunal electoral.

No fue, sin embargo, hasta 1996 cuando se dio una reforma electoral de largo alcance que –prácticamente- concluyó con los procesos de liberalización electoral: Se suprimió toda capacidad de voto del ejecutivo y el legislativo dentro de los órganos centrales del IFE; el Tribunal Electoral fue dotado de plena jurisdicción215, incluyendo capacidades resolutivas en cuanto a constitucionalidad de leyes y actos de autoridad al tiempo que se le ubicó dentro del Poder Judicial siendo la Suprema Corte de Justicia la facultada constitucionalmente para proponer al Senado la designación de los Magistrados216. Se aumentó a nueve consejeros la representación ciudadana en el Consejo del Instituto, cuya designación recae en la Cámara de Diputados a propuesta de las fracciones parlamentarias. Se estableció la preeminencia del financiamiento público sobre el privado al tiempo que se hizo más equitativo217 Por último, se previó por primera vez en la historia que el Jefe de Gobierno de la Capital del país fuera

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electo en comicios generales, extendiéndose este mandato a los entonces denominados delegados políticos.218

Esta es la historia de cómo se ha llegado a tener un sistema electoral moderno, independiente y confiable. Sin duda, uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana en el futuro será la solidez de sus instituciones electorales. Además de las características apuntadas, cabe destacar que mediante la combinación de elección por mayoría y representación proporcional para la Cámara de diputados se ha llegado a construir un sistema de representación adecuado. Por su parte, en el Senado de la República se cuenta, además del sistema por mayoría, de dos adicionales: El acceso a través de listas nacionales para 32 senadores y 32 asientos adicionales para la primera minoría.

Bajo este sistema se han celebrado dos procesos electorales federales que han satisfecho a los actores políticos y a la sociedad. No existen razones para anticipar que se efectuarán cambios de fondo en el futuro sobre la organización, reglas –salvo las inherentes a las ya comentadas en el apartado de régimen- y calificación de los procesos electorales en México. Quedan pendientes, sin embargo, algunos temas por resolver:

1. Acceso a medios de comunicación.

Lo que no está en los medios no está en el mundo. Cada vez más, las campañas políticas se concentran en medios de comunicación masivos que hacen más accesible enviar mensajes a franjas importantes del electorado. Las democracias modernas se basan crecientemente en la competencia a través de los medios.

No obstante, los costos de los mismos se convierten en una fuente de inequidad importante. La penetración electoral no debe depender de la capacidad económica.

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Los comicios electorales de 1997 y del 2000 hacen patente que la fortaleza de los partidos se vincule a su presencia en medios219. Con ello, las organizaciones más pequeñas y con menos recursos se verán imposibilitadas de tener el acceso suficiente para competir con efectividad.

La regulación de acceso a los medios debe ser enfocada, muy especialmente, a los medios electrónicos. La penetración de la radio, y muy particularmente de la televisión, ha hecho que millones de personas puedan ser impactadas por un solo anuncio. A diferencia de los medios escritos, cuya circulación es dramáticamente escasa en comparación con la población220, los medios electrónicos poseen el monopolio en la preferencia para informarse de los mexicanos.

Giovanni Sartori ha descrito al hombre contemporáneo como homo videns, uno que cada día lee menos y vive alrededor de mensajes visuales transmitidos por medios electrónicos, particularmente la televisión: “La televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis, que revierte en la naturaleza misma del homo sapiens. La televisión no es sólo instrumento de comunicación; es también paideía, un instrumento ´antropogenético´, un medio que genera un nuevo ánthropos, un nuevo tipo de ser humano”221 . Las campañas políticas no han pasado por alto estos rasgos. Por el contrario: Los han exacerbado.

Las técnicas de marketing político que se aplican cada día con mayor audacia en los procesos electorales reducen al máximo –20 o 30 segundos- la propuesta electoral de los candidatos en spots pagados. Al mismo tiempo, encapsulan las declaraciones públicas que pretenden encontrar espacio en los noticieros de televisión a radio a un máximo de 12 segundos, en la técnica llamada sound bytes222.

De esta forma, el rol de la propuesta, del debate de ideas, de divulgación de una agenda programática se reduce sustancialmente.

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Pero también esta preeminencia tiene el efecto de encarecer la política. Los partidos políticos invierten la mitad o más de sus recursos en compra de espacios publicitarios en medios223. Del gasto total que las fuerzas políticas reportaron al IFE después de la elección del 2000, se desprende que el 54% de todo el recurso se destinó a la inserción de mensajes en medios televisivos. Se trata de un dato revelador: En los comicios presidenciales previos, los de 1994 donde resultó electo Ernesto Zedillo, la inversión en ese rubro fue de 25%.224 Este espectacular aumento, el doble en un sexenio, responde a la ampliación de la libertad de expresión pero también al efecto que tuvo la presencia nacional en medios de su entonces candidato del PAN: Diego Fernández de Cevallos, quien tras debatir con sus principales oponentes se fue a la cabeza, en una sola noche, de las preferencias electorales.

Por consiguiente, seis años después, Vicente Fox fue el primer candidato televisivo de la historia de México. Ello implica, como se verá, no solamente que haya contratado tiempo suficiente en televisión: Igualmente importante: Tenía una estrategia de comunicación –Visual, oral, gestual, simbólica- diseñada para impactar en la televisión.

Por ello, es revelador que del 54% del gasto del que se habló, la gran bolsa se la llevara la televisión. En palabras de Alonso Lujambio: “Un poco más de la mitad del gasto del 2000, esto es, 1 200 millones de pesos, se concentraron en los medios masivos de comunicación, los electrónicos, la prensa, para comunicar mensajes políticos; sólo la televisión, sin embargo, concentró en el año 2000 el 30% del gasto electoral total, con 675 millones de pesos; seguido por la radio, que concentró 431 millones, equivalentes al 20% del gasto electoral total; la prensa, en tercer lugar, concentró 97 millones de pesos del gasto electoral en 2000, cifra que representa el 4.7% del mismo”.225

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La magnitud de esta inversión avizora una importante fuente de inequidad para las fuerzas políticas emergentes que, de manera contradictoria, el sistema de partidos y el electoral tratan de estimular. No hay recurso suficiente que alcance para competir con igualdad bajo el régimen de acceso a medios.

En la multicitada elección del 2000, según datos recogidos por Raúl Trejo a partir de publicaciones del diario Reforma, el PRI habría comprado 10 horas 46 minutos en televisión, la Alianza por el Cambio 4 horas 12 minutos y Alianza por México 5 horas 49 minutos. En suma, las tres principales fuerzas políticas concentraron el 97% del tiempo aire televisivo contratado en la campaña de ese año226.

La reforma del sistema de acceso a medios debe considerar tres posibles soluciones: 1. Fijar topes en el recurso privado que se puede invertir en medios; 2. Financiar los medios sólo con recursos públicos o 3. Que el IFE determine tiempos oficiales para cada partido, bien de acuerdo a sus niveles de votación o bien de manera igualitaria para todas las fuerzas políticas.

El diseño de estas vertientes limita o estimula la capacidad de los partidos para buscar alianzas con sectores de la sociedad. El sistema cerrado, que limita cualquier contratación y sólo la posibilidad de emitir mensajes a través de tiempos oficiales requeriría de una amplia negociación con las cadenas televisivas y radiofónicas a efecto de obtener tiempos adecuados, atractivos para el electorado. El espacio se podría también obtener por medios legales, pero suprime la posibilidad de que los partidos se abran a la sociedad a fin de conseguir contribuciones que les permitan acceder a los medios y limita la estrategia electoral de las organizaciones.

Financiar el acceso sólo con recursos públicos implica también admitir que una importante concentración se daría en las principales fuerzas políticas atendiendo su

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presencia electoral. No obstante, cada partido destinaría un porcentaje de recursos adecuado a su estrategia electoral. El hecho de que el financiamiento público se vincule estrechamente a la preferencia electoral de cada organización, parece un buen estímulo para buscar incrementar el número de votos y, por consiguiente, el monto del financiamiento público.

Por último, la posibilidad de limitar legalmente los tiempos contratables a través de financiamiento privado parece una alternativa atractiva en el corto plazo. Como se verá, uno de los problemas más agudos de la política contemporánea es, precisamente, el de la financiación de la política. Limitar el acceso a medios por esta vía es eliminar también presión a los partidos para conseguir recursos.

No obstante, el sistema podría configurarse de manera intermedia. Esto es: Que la ley electoral estableciera un tope a la contratación de medios y, a su vez, que la contratación se realice exclusivamente por el IFE, bajo los criterios que el propio Instituto determine.227. Otra vertiente del tema de acceso a medios es la cobertura noticiosa que se ha dado a las campañas. En este sentido, la autoridad electoral ha desarrollado una política de monitoreo en los medios. La autoridad moral que ha ganado el Instituto convierte a sus comentarios en un importante termómetro para evaluar la imparcialidad de los medios.

La objetividad en el manejo informativo ha sido un tema en el que se ha venido avanzando a lo largo de los años. En la última elección presidencial, según información del IFE, los principales noticieros televisivos dieron una cobertura equitativa a las campañas electorales. Televisa destinó 28.2% del tiempo de información electoral a actividades de la Alianza por el Cambio, 25.5% al PRI y 23% a

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Alianza por México; TV Azteca, por su parte, destinó 33.1% a la Alianza por el Cambio, 30.7% al PRI y 22.7% a la Alianza por México.228

2. Financiamiento.

El Centro Carter reunió, en el año 2003, a un grupo de líderes políticos, empresariales, académicos y sociales de América para discutir los más variados aspectos del financiamiento de la democracia. Como resultado, expresaron la necesidad de que las normas del financiamiento de partidos políticos buscara asegurar el cumplimiento de los siguientes principios: 1) Promover partidos más fuertes, 2) Garantizar una competencia electoral eficaz 3) Promover la igualdad política y la participación de los ciudadanos. 4) Preservar la integridad del proceso electoral mediante la transparencia. 5) Mejorar la responsabilidad y eliminar la corrupción 6) Consolidar el Estado de derecho.229

Como se ve, el punto de financiamiento se considera fundamental para el desarrollo de la democracia.

En México, el punto medular de la reforma de 1996 fue privilegiar el financiamiento público sobre el privado y hacer que el acceso al dinero público fuera equitativo. La formula fue correcta, pues creó un sistema de financiamiento mixto. De esta manera, los partidos tienen asegurada una bolsa mínima y máxima de recursos públicos. La formula de aplicación, además, hace que los partidos pequeños obtengan una sobre representación, estimulando su crecimiento. “Fundamentalmente el dinero se otorga fórmulas de proporcionalidad según el número de votos y curules que los partidos hayan obtenido en las elecciones anteriores. No parece posible ni razonable atentar contra este criterio porque, en efecto, las diferentes inserciones sociales de los partidos reclaman ese trato

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diferenciado. No obstante, este mecanismo de financiamiento tiende a perpetuar las desigualdades, de tal suerte que en distintos países, entre ellos México, ha resultado conveniente dividir las partidas de financiamiento dejando una parte de reparto igualitaria que se combina con la proporcional para atemperar las diferencias en el punto de partida de competencia electoral”230.

Al mismo tiempo, permite el acceso de recursos privados a través de contribuciones de militantes y simpatizantes. Todas ellas son públicas, a diferencia de otros sistemas que permiten un porcentaje determinado de contribuciones privadas anónimas. El sistema invita a los partidos a recurrir a la sociedad para aumentar sus recursos, generando un compromiso bilateral entre los ciudadanos y los partidos.

En resumen, las principales características del sistema de financiamiento electoral en México son:

1. Es un sistema mixto, mayoritariamente público. 2. El financiamiento público se distribuye: 30% de manera igualitaria y 70% de acuerdo a los votos obtenidos en la elección a diputados anterior. 3. La fórmula de cálculo para integrar el financiamiento público se basa en los llamados costos mínimos de campaña. Estos toman como referencia lo aprobado por el instituto para las campañas de diputado, senador y Presidente. Para el caso de legisladores federales, ese monto se multiplica por el número de cargos a elegir y por el número de partidos políticos con representación en la cámara de referencia. Para el caso de presidente de la República, se toma como referencia el costo mínimo de diputados, multiplicado por el total de diputados a elegir por el principio de mayoría relativa, dividido entre los días que duran las campañas para diputados federales por ese principio y multiplicado por los días de campaña presidencial.

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4. Los partidos no podrán recibir anualmente más del diez por ciento de lo que reciben de

financiamiento público por concepto de contribuciones de

simpatizantes. 5. La ley también permite aportaciones de militantes y de candidatos y las contribuciones de personas morales no podrán exceder al 0.05 del monto de financiamiento público destinado al sostenimiento de actividades ordinarias.

No obstante estos avances, resulta evidente que uno de los puntos débiles del sistema electoral mexicano radica, precisamente, en el financiamiento. Por ello, se deben realizar diversas reformas que garanticen la equidad en las contiendas electorales particularmente, pero también en el desarrollo político del país vía fortalecimiento del sistema de partidos. La ley electoral debe tutelar un sistema que gaste menos, pero mejor. Por lo mismo, es imprescindible fortalecer las facultades de fiscalización del IFE, con el objeto de transparentar el origen y destino de los recursos que ingresan a la arena política.

Existen propuestas de diversos actores, e incluso de algunos partidos políticos, que han propuesto se elimine por completo el financiamiento público a los partidos políticos231. Esta proposición surge como resultado de una inconformidad ciudadana por el alto costo del sistema electoral y de partidos. Todos los recursos que el Estado asigna para el desarrollo de las organizaciones políticas no han servido, según este argumento, para elevar la calidad de la contienda, fortalecer el surgimiento de genuinas representaciones políticas nuevas a nivel nacional o eficientar el trabajo parlamentario. La democracia mexicana es, en suma, no solo costosa sino ineficiente.

No obstante, la eliminación del financiamiento privado traería como resultado una concentración mayor de la representación política. El flujo de recursos públicos garantiza, al menos, que los partidos que representan a minorías cuenten con los medios indispensables para permanecer en la vida institucional del país. Cerrar la

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posibilidad de que accedan a estos recursos es, en muchos casos, cerrarles el acceso a la representación política y, en última instancia, posiblemente también a la legalidad. No hay que olvidar que el espíritu de la reforma política de 1977 fue, precisamente, abrir las compuertas del sistema a la participación legal de diversos movimientos que habían optado por la subversión y la vía armada como medio de expresión política.

Cerrar la llave de los recursos públicos a los partidos sería dejar en manos de los grandes consorcios empresariales el financiamiento de la vida política del país. Sería, por tanto, el principio de la privatización de la política.

De esta forma, debe mantenerse el

sistema mixto, que permita, por un lado,

garantizar un sistema electoral competitivo, equitativo, transparente y, por tanto, confiable. Al mismo tiempo, impedir el distanciamiento de los partidos con la sociedad, provocando su “osificación y burocratización”. 232

Por el contrario, lo que el sistema electoral requiere es incorporar una serie de herramientas que permitan: 1) El acceso al sistema de partidos a organizaciones genuinamente representativas 2) Reducir los montos de financiamiento 3) Un mejor sistema de fiscalización.

El punto de modificar los criterios constitucionales para formar partidos políticos se aborda en el capitulo relativo al sistema de partidos.

En cuanto a las modificaciones que requiere la ley electoral para optimizar la utilización de recursos, las reglas actuales ajustan el monto de financiamiento a la representación partidaria en el congreso233. Esto ha hecho que contemos con un sistema de financiamiento público oneroso. Las elecciones intermedias del año 2003 abrieron el congreso a una nueva representación: La del partido Convergencia. Así, bajo la formula actual, el Estado tendrá que gastar más en las elecciones del 2006.234

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Esta tendencia, aunada a que el sistema de partidos facilita la incorporación de nuevas organizaciones a la arena política, ha disparado los costos de la política. Alonso Lujambio brinda el siguiente dato: “En 1989 el financiamiento público total fue del orden de 7.29 millones de dólares estadounidenses, mientras que en el año 2000 fue de 322 millones. Es decir, los doce años de transición democrática supusieron un financiamiento en su último año 44 veces superior al primer año”235

Es necesario diseñar fórmulas que permitan mantener los objetivos del financiamiento público sin generar gastos excesivos. La representación parlamentaria puede ser un punto de partida. La fórmula que se utiliza actualmente determina los montos en base a la cantidad de partidos que estén representados en el congreso. El punto central a determinar es el nivel de representación de cada uno de los partidos para incrementar la bolsa a repartir. Así, la formula debería contemplar el grado de representación y preferencia electoral para determinar el monto de los recursos que se dan a cada partido236.

Otra medida importante que permitiría reducir los montos de financiamiento es diferenciar las elecciones. El sistema actual otorga la misma cantidad de recursos a las elecciones presidenciales que a las intermedias congresionales. Otorgar menos recursos a estas últimas permitiría generar un ahorro importante.

Como se vio, más de la mitad de los recursos que se dan a los partidos se destinan a medios de difusión, particularmente electrónicos. La medida enunciada anteriormente, en el sentido de que sea la ley electoral la que determine topes a la contratación de medios, adicionalmente a que sea el IFE quien contrate parte de los tiempos y los ponga a disposición de partidos, reduciría sustancialmente el nivel de gasto e inequidad que actualmente se presenta.

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Una última fuente de ahorro es la reducción de tiempos de campaña, aspecto que se abordará más adelante.

Otro aspecto son las contribuciones privadas. Un sistema cerrado, que exclusivamente destine recursos públicos, desincentiva la creación de políticas de articulación entre los partidos y la sociedad. Esta situación es particularmente preocupante en una realidad donde los ciudadanos se desinteresan crecientemente por participar o vincularse con los partidos políticos.

Así, las contribuciones privadas deben seguir siendo permitidas, pero bajo un sistema que permita determinar con precisión el límite y el origen de estos recursos.

Uno de los puntos más controvertidos de la política contemporánea es, precisamente, su financiamiento. En prácticamente todas las latitudes, de la Unión Europea a los Estados Unidos y Latinoamérica, la regulación del origen y el monto de los recursos que sirven de base a la actividad política ha sido el tema más complejo para equilibrar la contienda237. Las mayores sombras que penden sobre la equidad real de las elecciones del año 2000 provienen de la oscuridad de los intereses que financiaron las campañas del PRI y de la coalición PAN-PVEM. En el primer caso, el sistema corporativo presuntamente desvió recursos para apoyar al candidato Francisco Labastida. En el caso de Alianza por el Cambio, existe la acusación de haber sido financiada a través de organizaciones privadas, algunas extranjeras, vía la estructura paralela Amigos de Fox.

El origen primordial de inequidad política, la limitación del acceso a organizaciones emergentes, es el acceso a los recursos. Los grandes partidos poseen, por definición, ligas con grandes intereses. No cabe duda que una de las razones para explicar la permanencia durante más de 70 años del PRI en el poder fue que, más que partido político, fue el vínculo institucional de una inmensa red de intereses. Cuando el

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monolito se rompió, por su incapacidad de satisfacer las demandas de esos intereses, comenzó a resquebrajarse su control sobre las finanzas de la política. La vieja concentración se rompió y se dividió con el ahora partido gobernante. Pero la cantidad de recursos disponibles para las grandes estructuras partidistas es el mayor obstáculo para el surgimiento de nuevas organizaciones. El dinero compra no sólo la posibilidad de tener estructuras, también compra espacio en los medios de comunicación. Es decir: Compra visibilidad.

Pero, igualmente importante, es el condicionamiento que el dinero hace de la política. There is no free lunch suelen decir los norteamericanos. Tienen razón: Nada es gratis. El flujo de recursos es directamente proporcional a los compromisos de gobierno que genera. Así, los intereses privados compran la defensa de sus intereses vía los financiamientos de campañas y actividades políticas.

Por ello, un tema crucial de la agenda es el fortalecimiento de las facultades de fiscalización por parte de las autoridades electorales. La fiscalización deberá irse perfeccionando, en sus tiempos, en sus formas y en sus sanciones, directamente ante órganos jurisdiccionales, de tal suerte que se tenga la certeza de que la financiación política es transparente. El IFE ha logrado ir expandiendo por la vía jurisdiccional sus capacidades de fiscalización, que incluyen la posibilidad de acceder a cuentas bancarias sin violentar el secreto que protege a los cuenta habientes. Todas esas facultades deberán incluirse, extendiéndolas a la posibilidad de solicitar información fiscal, bancaria, de seguridad social etc., a las autoridades competentes con el fin de asegurar que el financiamiento de la política se ajuste a lo establecido en la ley.

3. Regulación de precampañas.

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La elección presidencial del año 2000 reveló una laguna de la ley en materia electoral. El tiempo de las precampañas no se regula, lo que permitió arrancar el proselitismo años antes de la jornada electoral.

Varias consideraciones deben tomarse en cuenta al respecto. Primero, involucra un derecho político de los ciudadanos. Regular las precampañas puede entrar en conflicto directo con prerrogativas constitucionales de participación política de los ciudadanos.

Por otra parte, está el tema de los recursos. La experiencia revela que, de facto, la intensidad y la extensión de la promoción política de un precandidato se convirtió en un tema central para la equidad electoral. La exposición de aquellos ciudadanos durante un lapso prolongado de tiempo, normalmente funcionarios públicos y que pretenden ser candidatos, contribuye a reducir las posibilidades de los ciudadanos que no tienen la capacidad económica o política –a través del apoyo de un aparato institucional- para mantener en nivel de exposición durante meses o incluso años.

Vicente Fox hizo públicas sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia de la República tres años antes de la elección. Para ello fundó una asociación privada, Amigos de Fox, que fungiría como el medio para financiar sus actividades políticas. No obstante, no se puede negar que aprovechó recursos provenientes de la gubernatura de Guanajuato para incrementar su presencia en los medios nacionales. Lo mismo se puede decir con respecto a la aspiración de Roberto Madrazo siendo gobernador de Tabasco. Con la aprobación del Congreso Local –en el cual su partido contaba con mayoría- utilizó recursos públicos para promocionar los avances del gobierno del Estado a nivel nacional.

Ciertamente, ninguno de ellos violó formalmente la ley electoral, aunque quedó claro que había que cerrar esta laguna jurídica.

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En la experiencia comparada, ciertos sistemas, como el estadounidense, regula de manera formal el periodo de precampañas, denominadas elecciones primarias, otorgando recursos públicos a las labores de proselitismo y organización. En el ámbito de financiamiento de proselitismo en precampañas, los candidatos tienen la opción de recurrir a esta fuente o bien optar por obtener recursos privados, cuyo límite no está regulado por la ley, pero renunciando a los recursos del Estado. Sólo existe un antecedente de un precandidato que haya elegido el financiamiento privado: George Bush hijo.238

Pero el problema de las campañas no es solamente el encarecimiento y la falta de regulación de su financiación. Adicionalmente, está el tema de la sobreexposición en medios, que erosiona el sentido de las campañas, donde deben concentrarse los mensajes políticos y las propuestas de los candidatos. Al ser demasiado extensas las precampañas, los ciudadanos manifiestan desinterés creciente en la participación. Este fenómeno,

cansancio

democrático,

resulta de

suma

preocupación,

particularmente en un país cuya transición democrática se encuentra en proceso de conclusión. Las elecciones son el momento cúspide y acaso el acto singular más trascendental de la democracia.

El tema es, por tanto, sumamente complejo. Las precampañas se sitúan en un límite difuso entre los derechos públicos y los privados.

No obstante existen dos medidas que podrían acotar la

participación de

funcionarios en precampañas. Por un lado la ley electoral debería exigir el registro de aquellos ciudadanos que aspiren a un cargo de elección popular para regular el plazo de precampaña. Esto forzaría a la transparencia en las aspiraciones.

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Por otra parte, las precampañas deberían financiarse sólo con recursos privados, pero sus montos serían contabilizados como monto del financiamiento autorizado de la campaña. En esta forma, los partidos políticos tenderían a limitar la inscripción de aspirantes para favorecer al candidato con un mayor flujo de recursos.

4. Tiempos de campaña.

Mucho se ha comentado que el sistema electoral mexicano es oneroso. Es cierto. Uno de los motivos es la duración de las campañas. La ley otorga plazos muy largos al desarrollo de las mismas. Los mismos se alejan de la lógica de campañas modernas, donde, repito, cada vez más los mensajes se centran en los medios de comunicación y cada vez menos en el contacto directo con los electores. Las jornadas maratónicas de mítines y encuentros masivos quedaron atrás.

Además de los costos, la reducción de las campañas aumenta la intensidad y la calidad de las mismas. Las propuestas centrales deberán debatirse con mayor frecuencia y se generará un interés mayor de la ciudadanía. La reducción de tiempos deberá conducir a una priorización de mensajes y propuestas.

Entre precampañas, procesos de selección interna y campañas, los tiempos electorales de la contienda presidencial del 2000 se llevaron casi dos años y, en el caso del PAN, prácticamente tres. Tiempo excesivo y desgastante.

Adicionalmente, el ejercicio de la autoridad por parte de los gobiernos en funciones se ve restringido por una serie de ordenamientos electorales y consideraciones éticas que privilegian una actividad “de bajo perfil” en aras de no polarizar la arena electoral. Muchos de los gobiernos de las entidades donde se celebran elecciones optan por

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reducir los niveles de obra pública, la difusión de resultados o la promoción de servicios en aras de imponer criterios de equidad en la contienda239. La tendencia que se debe seguir para disminuir los costos directos –gasto en campañas- e indirectos –reducción de actividad gubernamental- de los tiempos electorales está enfocada a la concentración de elecciones y reducción de los tiempos de campaña. Los tiempos constitucionales previstos en los artículos 55, 58 y 82 determinan requisitos de elegibilidad para legisladores federales y para candidatos a la presidencia de la República que incluyen aspectos de temporalidad. Para ser legislador federal debe haber dejado de ejercer cargo público antes de tres meses y seis para el caso de la elección presidencial. Los tiempos de campaña deben tomar como punto de partida este requisito –hecho que actualmente sucede- para realizar un análisis que permita acotarlos y reducirlos.

5. Voto en el extranjero.

La constitución otorga a todos los ciudadanos mexicanos el derecho a votar y ser votados240. Por primera vez, en las elecciones municipales de Zacatecas, dos candidatos llegaron de su residencia legal en los Estados Unidos para postularse en las elecciones241. Posteriormente, en ese mismo Estado, el que más alto porcentaje de migración presenta del país, se aprobó una reforma constitucional en donde, por unanimidad, se otorgó a los zacatecanos en el exterior el derecho a votar y ser votados; a los hijos de migrantes se les dio la posibilidad de ocupar cargos de elección locales, aun cuando no hayan nacido en México; se reconoce la residencia simultanea y binacional, y se abre una representación parlamentaria de dos curules para diputados migrantes.242

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Revela una realidad: Existen casi diez millones de mexicanos que viven fuera del país. Según la CONAPO prácticamente el 8% de la población mexicana reside fuera del país.

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No es, por supuesto, un fenómeno nuevo, pero continúa siendo vigente.

La falta de oportunidades de empleo para millones de mexicanos ha convertido a la migración en la única posibilidad de sustento para sus familias.

Según el propio estudio de CONAPO arriba citado, el flujo de migrantes no ha disminuido. Por el contrario, cada año el país expulsa a 300 mil mexicanos hacia la frontera norte. La dependencia económica de este fenómeno es cada vez mayor: Los flujos de divisas enviadas por los mexicanos desde los Estados Unidos se han convertido en la segunda fuente de ingresos del país, ubicándose inmediatamente abajo del petróleo y por encima del turismo244. De hecho, los envíos de mexicanos residentes en Estados Unidos fueron, durante el año 2002, prácticamente equivalentes a la totalidad de la inversión extranjera directa registrada.

Los recursos sustentan a más de un millón de hogares mexicanos, casi noventa por ciento más que en 1992. La concentración de estos hogares es también reveladora: En localidades de menos de 2,500 habitantes, uno de cada diez hogares recibió recursos.

Los efectos de la migración son innegables. El impacto que los envíos de recursos del exterior generan en la economía nacional es cada vez mayor. El gobierno federal ha expresado su interés por estimular estos envíos mediante políticas públicas. ¿Qué sustento tiene prohibirles el voto? Por un lado, el país tiene una deuda histórica y moral con esos millones de mexicanos que decidieron abandonar el país pero que, de alguna forma, lo siguen manteniendo. Es claro que, al representar el sustento no sólo de cientos de miles de

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familias, sino también, en buena media de la economía nacional, el tema del sufragio en el extranjero es uno que posee diversas aristas que hay que revisar. Contra estas realidades innegables –de compromiso moral y de sentido de la justicia- se erigen otras realidades también preocupantes.

La migración es un fenómeno mundial. En 1996, 125 millones de personas vivían fuera de su país de origen.245 Es uno que se caracteriza por los flujos de personas del hemisferio sur al norte. Pero el de la migración mexicana es un caso sui generis. En primer lugar porque prácticamente la totalidad de los migrantes residen en un mismo país: Los Estados Unidos. No es un asunto menor que este sea, por primera vez en al menos un siglo, una potencia hegemónica universal. Su poderío militar, su capacidad económica y su influencia política son innegables y, desde la conformación del mundo unipolar no ha existido un contrapeso genuino a los designios de nuestro vecino del norte.

Dentro de él, los mexicanos que emigraron se concentran en cuatro entidades: California, Texas, Illinois y Arizona246. Esto implica que una gran cantidad de mexicanos no solamente residen en el seno de una superpotencia sino que se encuentran concentrados geográficamente.

La segunda característica que distingue a la migración mexicana es el volumen de migrantes: Como se dijo, son diez millones de compatriotas los que residen en los Estados Unidos. Son, por lo tanto, suficientes para decidir una elección presidencial. Tienen esa capacidad por el hecho de residir, como se comentó, en lugares muy identificados y limitados.

La tercera característica es que muchos de los migrantes mexicanos poseen una doble nacionalidad – según una reforma constitucional que entró en vigor en 1998 – y

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también una doble ciudadanía247. El primer aspecto les permite obtener derechos ante el Estado Norteamericano, hecho que muchos declinaban porque implicaba perder la nacionalidad. Se trata, sin duda, de una valiosa arma jurídica que les permite defender sus derechos sin desvincularse de su país de origen. Pero la misma reforma les otorgó también una doble ciudadanía, que abre –entre otras- la posibilidad de participar en las elecciones de ambos países, siendo ciudadanos simultáneamente de México y de Estados Unidos. Dentro de otras prerrogativas, tendrían el derecho de ejercer un doble voto. Este es un hecho que ha despertado serias preocupaciones en diversos académicos.

Estas características provocan una reflexión más profunda sobre los derechos que deben otorgárseles con respecto al ejercicio del sufragio fuera del país. Muchas legislaciones –Estados Unidos, Portugal et al - tutelan este derecho. Lo hacen también diversos países de América Latina, en donde el voto en el extranjero se ha aprobado, reglamentado y ejercido: Argentina, Brasil, Honduras y Perú.248 Estos países latinoamericanos comparten ciertos elementos para el diseño de sus políticas de extensión del voto en el exterior, principalmente: Se da en el marco de una transición, el régimen busca legitimación electoral, crean esquemas de vinculación con sus nacionales residentes en el exterior.249

Independientemente de estos casos, los países que han reglamentado este derecho lo han hecho extendiendo el voto a un número de ciudadanos reducido, generalmente a funcionarios que representan al estado en misiones diplomáticas, investigadores o estudiantes que residen temporalmente fuera del país. Por lo mismo, se trata de una minoría sin capacidad para definir los resultados electorales. Se trata, también y más importante, de ciudadanos que viven en diversas partes del mundo y que, en su mayoría, no poseen vínculos económicos, políticos y sociales permanentes con los países donde residen. En muchos casos, inclusive, su permanencia en el exterior se debe a que cumplen una función oficial de representación de su Estado.

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Por lo mismo, no poseen, y es un punto clave, la capacidad de elegir a representantes del país donde radican.

Así las cosas, siendo la migración un fenómeno mundial, el desplazamiento de mexicanos hacia los Estados Unidos es sui generis. Por lo mismo, los considerandos de las legislaciones que otorgan el voto en el extranjero a conacionales no pueden aplicarse al caso mexicano.

Existen cuatro impedimentos para otorgar el voto a mexicanos en el extranjero:

1. Jurídicos. 2. Políticos. 3. Técnicos. 4. Sociales.

Jurídicos. Como se mencionó, la doble ciudadanía –no la doble nacionalidad brinda a los mexicanos-estadounidenses la capacidad de votar en elecciones norteamericanas y mexicanas. Así, los mexicanos norteamericanos tendrían la posibilidad de elegir autoridades tanto en México como en Estados Unidos. Para decirlo en palabras de Diego Valadés, “Los ciudadanos de allá tendrán sobre los de acá la ventaja de ejercer dos votos: uno para decidir su futuro y otro para decidir el nuestro”250 Esto es, desde luego, un contrasentido. El carácter de ciudadano – de Rousseau hasta nuestros días-, implica una vinculación con un estado. Por antonomasia, esa vinculación puede darse con un Estado y sólo con un estado. La ciudadanía conlleva, por lo mismo, una amplia gama de derechos, pero también de obligaciones.

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Esto es: La ciudadanía es una hipótesis normativa que, a diferencia de la nacionalidad, se crea para otorgar expresamente a las personas la capacidad de intervenir en asuntos políticos. Se otorga, entonces, como un medio para reforzar la soberanía, para que sólo los nacionales –y nadie más- ejerzan las decisiones de carácter político sobre un territorio determinado. Esta concepción es aún cierta en nuestros días: Los ciudadanos europeos –una figura clave en la construcción de la Unión- poseen la facultad de decidir sobre asuntos comunes de la unión, al mismo tiempo que poseen la facultad de decidir en los asuntos políticos de sus países, pero no en los de un país diferente, aún cuando forme parte de la comunidad251.

Esto tiene su fundamento en que, la obligación que se deriva del derecho de elegir gobernantes, es enfrentar las consecuencias de su elección. En suma, se elige a quien debe decidir de manera directa sobre nuestro futuro. Nuestro voto implica asumir los efectos de la acción de gobierno sobre nuestras vidas cotidianas. Para decirlo en palabras de Jorge Carpizo: “Votar es algo extraordinariamente delicado porque si nos equivocamos, somos nosotros, el pueblo, la sociedad, los que pagaremos este error, situación completamente diversa acontece cuando un nacional vive en el extranjero y contribuye a la formación de un gobierno que no lo va a gobernar; si se equivoca tampoco le alcanzarán sus efectos negativos” 252

En su expresión jurídica, Niboyet define a la ciudadanía como un vínculo jurídico y predominantemente político que relaciona a un individuo con un Estado253. De esta forma, la ciudadanía se crea con base en los pilares de la pertenencia política a un estado y la comunidad de intereses que se tejen con él. Felipe González agrega que la ciudadanía involucra dos características torales: Identidad y cohesión254. Es razonable que así sea: Estos lazos que se fortalecen mediante la generación de una hipótesis normativa son preexistentes, cuyo común denominador es la lealtad.

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De esta forma, la constitución de la República da a los ciudadanos mexicanos un derecho y una obligación. Es un derecho votar y ser votado; participar en los comicios es una obligación. Pero los ciudadanos mexicanos que gozan simultáneamente de la ciudadanía norteamericana poseen, por lo mismo, derechos y obligaciones con respecto a los Estados Unidos. Se trata, como la ha definido Jorge Carpizo, de un problema de doble lealtad255.

Es claro que los mexicanos residentes en los Estados Unidos han construido una cultura propia en sus lugares de residencia, como lo ha retratado magníficamente Carlos Fuentes en la frontera de cristal. Dice este mismo autor en “El espejo enterrado”: “(...) La tercera hispanidad, la de los Estados Unidos, constituye no sólo un hecho político o económico. Es, sobre todo, un hecho cultural. Toda una civilización ha sido creada en los Estados Unidos con un pulso hispánico. Aquí ha nacido una literatura que subraya los elementos autobiográficos, la narrativa personal, la memoria de la infancia, el álbum de fotos familiares, como una manera de dar respuesta a la pregunta: ¿Qué significa ser chicano, mexicano norteamericano?...”

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Los vínculos culturales hacia México persisten, sin duda, pero conviven y en muchos casos se funden con los de Estados Unidos. Es lógico que así sea. Por ello es imprescindible ponderar las limitantes que se deben imponer a todos aquellos mexicanos que posean la ciudadanía norteamericana.

Al mismo tiempo, existe el problema de aplicación de leyes.

¿Es posible

aplicar la ley federal electoral para la organización de elecciones en suelo norteamericano? El Instituto Federal Electoral, en tanto órgano de Estado Mexicano, tendrá serias limitantes de ley, independientemente de las técnicas que se mencionarán más adelante, para organizar las elecciones. Considérese por ejemplo la hipótesis de un fraude electoral de gran magnitud que de manera real y tangible pudiera modificar el resultado electoral de una contienda presidencial. ¿Se podrían

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perseguir los delitos dentro de los Estados Unidos bajo la ley mexicana? ¿Sería posible aplicar las sanciones incluidas en la ley nacional? ¿Se podría sancionar a norteamericanos que intervengan en el proceso? 257

Políticos. Pero el sufragio de mexicanos en el extranjero también conlleva serios impedimentos de carácter político. La capacidad real de esos electores de determinar el resultado electoral en elecciones presidenciales es un atractivo mayúsculo para el establishment norteamericano a fin de influenciar ese voto.

Para nadie es un secreto que dentro de la agenda política norteamericana, México ocupa un papel preponderante. Lo hace por razones políticas, económicas e históricas. Pero Estados Unidos, como bien señaló Octavio Paz, posee una contradicción fundamental: Es una democracia, pero también es un imperio258. En otras palabras, la transparencia y el respeto a los derechos que se ejerce adentro no son aplicados afuera.

Si se abriera la posibilidad de que los millones de mexicano-norteamericanos que viven en los Estados Unidos voten, nadie, absolutamente nadie en México tendrá la capacidad de controlar la capacidad político económica de las elites norteamericanas para intervenir en las elecciones que se desarrollan en su país.

Los grandes capos de los medios masivos de comunicación podrían manipular a su antojo el contenido de la información y acrecentar la cobertura sobre un candidato determinado; podrían, incluso, vetar a quien no les pareciera un candidato favorable a sus intereses;

las corporaciones podrían contribuir legal o ilegalmente –desde la

óptica del derecho mexicano- con cantidades millonarias a las campañas de candidatos afines a sus intereses; los flujos de dinero blando serían, entonces, incontrolables, inauditables y, muy seguramente, determinantes para el resultado de la elección; los grupos de presión, particularmente los más radicales, podrían acosar a

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grupos de votantes que favorecieran un genuino proyecto nacional. El hecho de que millones de mexicanos trabajen para patrones estadounidenses abre también una vertiente importante de manipulación y coerción del voto.

Paralelamente, sabemos que las organizaciones partidistas norteamericanas residen con particular influencia en dos de los Estados donde se asienta la presencia mexicana: California y Texas. No cabe duda que tanto el Partido Demócrata como el Republicano poseen ya redes de interés, e incluso estructuras partidistas, dentro de las comunidades hispanas. La gran masa de mexicano-norteamericanos es ya un objetivo primordial para cooptarlos, debido a la influencia decisiva que poseen en esos dos estados.259 La agenda, entonces, se entrelaza y se confunde: La intervención de los partidos norteamericanos se basaría en una doble agenda, la de temas de los Estados Unidos y la de temas de México.

Por último, el propio gobierno norteamericano, como país huésped de la organización electoral mexicana, tendría facultades para intervenir en el proceso electoral. Lo podría hacer a través del otorgamiento de visas, de la presión sobre grupos residentes y hasta en el apoyo logístico y de vigilancia de los comicios. La organización de la jornada electoral en los Estados Unidos, así sea a través de correo, requeriría forzosamente de una coordinación especial con el gobierno de ese país, con los gobiernos estatales y los condados, a fin de asegurar la transparencia en el proceso.

Pero Sergio Aguayo ha subrayado un punto importante adicional: La reacción de los norteamericanos al hecho de que los candidatos mexicanos estén realizando campaña abiertamente en su país260. En efecto, el proceso electoral mexicano en los Estados Unidos traería, seguramente, repercusiones para la relación bilateral, repercusiones que hay que ponderar con sumo cuidado.

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Dice Aguayo: “Que los candidatos mexicanos hagan campaña abiertamente en los Estados Unidos, y que multitudes de mexicanos puedan aglomerarse en los lugares designados para votar (suponiendo que se haga en casillas y no por medio del correo) sacudiría políticamente algunas regiones. Que los que tienen doble nacionalidad (la mexicana y la estadounidense) voten en ambos países, pensiona la soberanía. (...) En algunos sectores de los Estados Unidos hay un profundo racismo, pero aun entre los liberales hay inquietud por el significado que tiene la creciente fragmentación étnica. Subyaciendo actitudes y sentimientos, se encuentra la historia de dos países cargada de traumas y episodios que todavía pesan. Hay una creciente integración comercial y económica, pero aún persisten profundas diferencias culturales y enormes asimetrías en la fuerza de los dos países.”261 Técnicos. José Woldenberg, presidente del IFE de 1996 al 2003, expresó las dificultades técnicas para organizar los comicios en el extranjero. Lo hizo como consecuencia de un mandato legislativo para que una comisión de expertos analizara la viabilidad de organizar las elecciones allende nuestras fronteras.

Woldenberg basó su exposición en dos vertientes. Primero, la posibilidad técnica, aunque tremendamente compleja, para organizar esos comicios. Segundo: Su legítima preocupación por la confianza que pudiera derivarse de esas elecciones262. En cuanto a los impedimentos técnicos –aunque salvables según la comisión de expertos- el presidente del IFE refirió cuestionamientos sobre temas que se engloban en seis apartados: La actuación del propio IFE,

la integración del padrón, la

organización electoral, la integración de las mesas directivas y capacitación de funcionarios, financiamiento electoral y penalización. La magnitud del reto y sus serias implicaciones técnicas –independientemente de las señaladas arriba- no dejan lugar a dudas:”Si la organización de la elección en

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Estados Unidos se ejecutara siguiendo exactamente los mismos procedimientos y procesos utilizados en México, el IFE debería colocar 9,141 casillas, con 750 electores cada una y distribuidas en 38 estados de la Unión Americana” 263. Tendría que sortear a unas 980 mil personas y 64 mil de ellas deberían vigilar el curso de la votación como funcionarios de casillas264.

Woldenberg señala que, adicionalmente, los costos de implementar un sistema de este tipo costaría el país de 76 a más de 300 millones de dólares.

Pero la parte clave de la postura del IFE es su responsabilidad para dar certidumbre a los comicios. Claramente, aunque sin señalarlo de manera explícita, al presidente del Instituto le preocupan los obstáculos que se enfrentan para hacer una elección creíble, dando el voto a los mexicanos en el extranjero. 4. SOCIALES

¿Qué clase de vínculos unen a los mexicanos que residen en el extranjero con nuestro país? Las remesas son, por supuesto, un indicador. Pero ¿Son suficientemente fuertes esos vínculos para concluir que los intereses de la totalidad de los migrantes son afines a México?

El cumplimiento de una obligación económica, así sea voluntaria, parecería no ser un elemento de prueba plena de que aún existe identificación de la persona con México. Igual que un padre que cumple con el sustento económico de la familia sin prestar mayor atención en aspectos cualitativos, el hecho de que los mexicanonorteamericanos se preocupen por dar sustento a quienes dejaron aquí no implica, necesariamente, que compartan aún una serie de valores e intereses con respecto al

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futuro político del país. Tampoco implica que, si el crecimiento económico del país lo permitiera, todos optarían por volver.

Sabemos que, en el año 2000, la población mexicana en edad ciudadana, residente en Estados Unidos ascendía a casi diez millones de personas. De ellos, 3 millones 674 mil han creado vínculos importantes con los Estados Unidos. Un millón de mexicanos han adquirido la nacionalidad estadounidense. 2 millones 674 mil más han nacido en Estados Unidos.265

En suma: 35% de todo el universo de mexicanos habrían adquirido lazos importantes con el país vecino. No existen, en este momento, indicadores que nos permitan establecer con certeza, mas allá de los envíos de remesas, los vínculos que aún mantienen con nuestro país.

Sería sano, por tanto, diseñar políticas públicas que permitieran crear esos vínculos, en unos casos, o fortalecerlos, en otros, como requisito previo al otorgamiento del voto. No es, por supuesto, una situación ajena al derecho comparado. Muchos países han puesto requisitos que prueben los vínculos del migrante con el país como condición para votar.

Colombia, por ejemplo, ha diseñado una serie de políticas tendientes a profundizar los vínculos políticos, jurídicos y culturales de sus ciudadanos radicados en el exterior, particularmente con los que residen en los Estados Unidos: Esta estrategia conocida como “reincorporación trasnacional”, consiste en involucrar -desde la distancia- a los ciudadanos colombianos, estableciendo con ellos un vínculo que fortalezca su sentido de pertenencia a la nación. La estrategia consiste en que los colombianos en el exterior, al ser reincorporados a los intereses nacionales, tengan la posibilidad en convertirse en ´embajadores honorarios´ del gobierno (...) Así, durante los años noventa se aprobaron subsidios a las asociaciones de migrantes que dieran vigencia

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al vínculo con el hogar, se fomentó la creación de canales formales de comunicación con los ciudadanos allende las fronteras...”266

En suma, el tema del voto de los mexicanos en el extranjero es uno de los más complejos en la reforma electoral pendiente. Es un tema que genera sentimientos encontrados. La situación de violencia –institucional y social- a la que deben enfrentarse miles, millones de compatriotas, lastima y agravia. Wayne Cornellius, uno de los mexicanólogos más reconocidos por la academia de los Estados Unidos, ha manifestado ya el daño moral y físico que las políticas públicas del gobierno vecino han impuesto a la comunidad mexicana en los últimos años.267

Esos millones de mexicanos están ahí, lejos de sus hogares, de su suelo, no por gusto, sino porque no fuimos capaces de darles una alternativa. El hecho de que envíen, año con año, enormes cantidades de dinero para mantener a las familias que perdieron al marcharse y que muchos de ellos crucen año con año la frontera para asistirles, es una muestra de que aún guardan vínculos con México. Negarles el derecho al voto es desconocer, en cierta medida, ese lazo: El último que los une a nosotros.

En contrapartida, están las complicaciones jurídicas, técnicas, políticas e incluso sociales de darles el poder de votar allende las fronteras de México a la totalidad de los mexicanos que residan en Estados Unidos, incluyendo a los que poseen doble ciudadanía... No es un asunto menor. Es uno, por el contrario, que puede involucrar decisiones determinantes para el país, para su integración y para su soberanía. Los mexicanos en estados Unidos son, allá y aquí, grupos vulnerables. Por lo mismo, están sometidos a presiones feroces, a veces brutales, de una sociedad que no los acoge: Los emplea porque le son útiles. Aún así, los Estados Unidos son el sustento

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no sólo de sus vidas, sino de la de sus hijos. Si tuvieran que elegir ¿Por cual país optarían?

¿Por cual lo haríamos nosotros?

No hay solución simple, ni sencilla, ni indolora para este tema. Habría que desplegar toda nuestra imaginación jurídica para incluirlos en nuestra vida política. Considero que, más que una decisión de un momento, extender el derecho de voto en el exterior debe ser un proceso. Un proceso que nos permita cumplir con una obligación moral doble: Permitirles el voto a quien, aún residiendo fuera, se consideren mexicanos y, al mismo tiempo, asegurarnos que el voto sea libre y comprometido. Algunas medidas son la aplicación de políticas públicas, como las que se comentaron más arriba, para fortalecer los vínculos de las comunidades migrantes con México. Aquí los consulados juegan un papel central y también la cultura. La fortaleza de nuestras tradiciones, nuestro idioma, nuestras formas de expresión artística son vehículos sumamente poderosos de vinculación que no están siendo explotados adecuadamente. En particular para los consulados en los Estados Unidos, reforzar esta gestión cultural es un tema central. También ampliar los alcances de la protección jurídica. Como se vio, el estímulo, e incluso el subsidio estatal, apara la formación y mantenimiento de asociaciones, clubes y organizaciones no gubernamentales debe ser un tema prioritario del proceso de inclusión.

Debemos también, abrir espacios para una representación en el Congreso Federal, dentro de la cámara baja, y como ya lo hizo Zacatecas, para abrir canales de vinculación directa con la discusión de temas centrales para el país y para asegurar que no solamente su dinero, sino su talento, ayuden a reconstituir a la nación. Darles voz y voto en nuestras decisiones será un estímulo para conectarlos a la realidad política del país. Para eso tenemos la figura de la representación proporcional. Utilicémosla.

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Al mismo tiempo, se podría pedir como requisito para otorgar el voto en el extranjero la prueba de una estancia en el país periódica, como sucede en otras legislaciones, y que pruebe un vínculo mas allá del económico para con sus familias en el país. Al mismo tiempo, el IFE deberá buscar, desde ahora, las formas más efectivas para garantizar la transparencia y libertad del voto, en donde los riesgos se minimicen y la transparencia permanezca.

Abría, en suma, que buscar dotarlos de la posibilidad de estrechar sus vínculos políticos con México268 de manera fehaciente y expresa como paso previo para otorgarles el derecho al voto allá, donde los fuimos a enviar.

6. Fortalecer la fiscalización.

El sistema electoral mexicano tiene ventajas importantes para el tema de la fiscalización:

1. El Instituto Federal Electoral es un organismo independiente. 2. El proceso de fiscalización es permanente y no coyuntural. 3. Los partidos deben presentar informes financieros. 4. Faculta el ejercicio de auditorías sobre las finanzas de los partidos.

A pesar de ello, es evidente, como ya se ha comentado, que el IFE requiere de mayores instrumentos para supervisar y sancionar de manera adecuada las violaciones a lo ordenado por la ley, particularmente en el caso de financiamiento.

Para fortalecer la capacidad de fiscalización de los recursos públicos, el panorama internacional ha procurado: 1. Auditar de manera permanente a los partidos, 2) regularizar la periodicidad de presentación de informes 3) Incrementar la publicidad. 4)

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Mejorar la calidad de los registros de aportantes y 5) Establecer dentro de los partidos “Consejos de control ético”, el manejo del sistema financiero para transacciones e incorporar a los partidos la figura del Mandatario Unico Financiero 269

Estas medidas son particularmente importantes en el caso mexicano, al que, adicionalmente, se debería considerar:

1) Ampliar las facultades del IFE para auditar partidos, otorgándole atribuciones plenas para revisar los registros financieros, bancarios, laborales, contables y de cualquier otra índole de los partidos.

2) Publicitar los resultados de auditorías antes de las elecciones 3) Endurecer el régimen de sanciones, incluyendo el capitulo de delitos –y no sólo el de multas- para el caso de rebasar los topes de campaña,

4) Dotar al IFE de la

facultad de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la

Nación el nombramiento de un fiscal especial que investigue presuntos delitos de carácter electoral. De esta forma, se sustrae esa facultad de la Procuraduría General de la República y que ha probado tener limitaciones importantes, particularmente en la investigación de la asociación Amigos de Fox. Al mismo tiempo, la fórmula propuesta involucra al poder judicial a través de su órgano máximo, evitando que las fuerzas partidistas representadas en el Congreso y la composición parlamentaria del mismo, bloqueen la integración de la fiscalía especial.

7. Segunda vuelta

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Por primera vez en la historia contemporánea de México un Presidente resultó electo por una minoría. La legitimidad del mismo no se vio afectada por las particularidades de la elección y la coyuntura histórica que provocó. No obstante, puede traducirse en una fuente de conflicto e inestabilidad del sistema en el futuro.

El nuevo sistema deberá explorar la posibilidad de incorporar el sistema electoral de dos vueltas, que garantice la construcción de mayorías en torno al partido gobernante, como sucede en algunos países latinoamericanos, como Argentina, Brasil y Perú.

La segunda vuelta garantiza no sólo que el gobernante se encuentre debidamente legitimado mediante una mayoría absoluta de ciudadanos, sino que el propio diseño institucional facilita a que los candidatos busquen alianzas para obtenerla. Esto, per se, favorece a la constitución de gobiernos incluyentes.

4.7. El sistema de partidos.

Uno de los componentes fundamentales del sistema político democrático es la consolidación del sistema de partidos. Para Dieter Nohlen, el sistema de partidos es “el conjunto de partidos en un determinado Estado y los elementos que caracterizan su estructura: Cantidad de partidos, las relaciones entre sí, tanto respecto a la magnitud de ellos como a sus fuerzas relacionales y en tercer lugar, las ubicaciones mutuas, ideológicas y estratégicas, como elementos para determinar las formas de interacción, las relaciones con el medio circundante, con la base social y el sistema político”270

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El sistema de partidos en México es relativamente nuevo. A pesar de la existencia de partidos con gran bagaje histórico, el PRI, el PAN y los herederos de Lombardo Toledano muy especialmente, lo cierto es que la competencia real, equitativa, se logró hasta hace bien poco.

Nuevamente, la reforma electoral de 1977 fue el primer paso para conformar un genuino sistema de partidos. Al crear la figura de registro condicionado, la ley electoral permitió que una gran cantidad de organizaciones se incorporen a la vida institucional y a la arena electoral. Esto se aseguró mediante la incorporación de la figura del “Registro condicionado”271. Esta prerrogativa robusteció la oferta política, pero permitió también la proliferación de partidos sin arraigo suficiente. Para impedir que la situación se extendiera – y terminara debilitando al sistema-

se suprimió la figura años

272

después

No obstante, todavía hace doce años, el sistema era calificado como de “Partido casi único”273. No era una exageración. Ese año, 1988, se probó que las reglas de acceso al sistema de partidos estaban completamente sometidas a los criterios del poder. La representación proporcional –aumentada entonces a 200 diputados- era la formula bajo la que los partidos minoritarios accedían al Congreso. Pero la competencia se comenzó a incrementar ese año. El FDN –Hoy PRD- triunfó en diversos distritos de mayoría y, por primera vez, el senado admitió a cuatro legisladores de oposición.

Un año después, el propio presidente Salinas, cuando por fin el PRI admitió una derrota electoral en comicios de gobierno local, declaró sin mucho empacho que se transitaba a un sistema de partido casi único.

Tenía razón: De acuerdo a María Amparo Casar y Ricardo Raphael en 1982 el PRI tenía el control del 100 del senado, el 74% de la Cámara de diputados, el 100%

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de las gubernaturas, el 76% de las diputaciones locales y el 97% de las presidencias municipales274. La declaración citada se dio en 1989, tras la derrota priista en Baja California Norte. Una elección federal después, en 1994 el PRI controlaba el 74% del Senado, el 60% de la Cámara Baja, el 90% de las gubernaturas, el 60% de los diputados locales y el 63% de las presidencias municipales.275

Por ello, el avance del sistema de partidos ha sido vertiginoso y estimulante. Ya no queda duda que el país cuenta con un sistema democrático y confiable. En el año 2003, el mapa de distribución, tras las elecciones federales de ese año, revelaba que el PRI controlaba el 46% de la Cámara de Senadores, 35% de la de Diputados, 53% de las gubernaturas 63% de los diputados locales y 47% de los municipios del país276.

Los datos revelan que el sistema de partidos se fortaleció en los últimos veinte años, y se convirtió en uno altamente competitivo. Sus principales características fueron delineadas en la reforma de 1996:

1. Para conformar un partido político, se requiere contar con 3 mil afiliados en al menos diez estados de la República o 300 afiliados en 100 por lo menos distritos.277 2. El Instituto Federal Electoral puede registrar los denominados movimientos y agrupaciones políticas. 3. Para mantener su registro, los partidos deben obtener el 2.0% de la votación nacional. 4. El sistema permite alianzas, coaliciones y candidaturas comunes. 5. Los partidos con registro tienen acceso al Congreso a través de los sistemas mixtos bosquejados en la descripción del sistema electoral.

En la elección presidencial del año 2000, contendieron 6 candidatos, respaldados por 11 partidos. De ellos, 3 perdieron su registro278. Ello conlleva a una reflexión.

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¿Cómo determinar, bajo la figura de la coalición, el verdadero arraigo y penetración de los partidos?

El tema es importante por la cantidad de recursos públicos que se destinan al mantenimiento de la actividad partidista en México. Es muy posible que muchos partidos que actualmente compiten en el sistema hubieran perdido su registro de haber contendido por sí mismos. La cantidad de recurso hubiera disminuido y la oferta política se hubiera, posiblemente, hecho más concreta.

Al mismo tiempo, sin embargo, las figuras que permiten la asociación partidaria estimulan la cultura de la negociación política y la construcción de acuerdos. En tiempos de consolidación democrática, esos aspectos son de vital importancia. Para resolver este dilema, quizá la ley deberá reservar sólo el uso de las llamadas candidaturas comunes que permiten al elector votar por un mismo candidato pero bajo un signo partidista determinado. Esto permite contabilizar con exactitud el número de votos que cada partido atrajo hacia un candidato común.

Muy posiblemente, en el mediano plazo el sistema deberá comenzar la depuración de partidos a través del incremento del porcentaje mínimo de votación. Sobrevivirán los partidos más competitivos. No se trata de consolidar un bi o tripartidismo, pero sí es necesario que los partidos que se financian por el estado y que ocupan espacios en la vida nacional posean la suficiente representación como para garantizar que, efectivamente, postulan la oferta de minorías y no sólo de intereses de grupo. Por lo pronto, en el corto plazo el sistema deberá seguir impulsando la institucionalización de movimientos políticos, la articulación plural de ofertas electorales y la proliferación de canales de participación política democrática.

Uno de los desafíos centrales del sistema de partidos en el futuro será, precisamente, reforzar la estructura partidista al tiempo que estimula la participación

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política independiente. El futuro será de los movimientos ciudadanos, no de la vida partidista como la conocemos. Las tecnologías, como se vio, acercarán a los representantes con sus electores, sin pasar –necesariamente- por los partidos. Esa es la tendencia y puede ser positiva.

De ser así, el sistema deberá incorporar la figura de los llamados outsiders a través de canales de institucionalización. Cómo registrar un movimiento independiente, en qué momento darle acceso a la competencia, bajo qué reglas es algo que deberemos comenzar a resolver si queremos construir un sistema político verdaderamente contemporáneo y de largo alcance.279

La democracia directa será, ciertamente, el mejor adjetivo con el que se definirá la política en el futuro. 4.8.

Arreglos institucionales.

4.8.1

El entramado institucional : características

Una institución es un conjunto de reglas, normas, valores y costumbres que rigen un cierto comportamiento social mediante una organización y un procedimiento determinado.

La creación del nuevo sistema institucional se debe dar, como se comentó, a lo largo de un periodo que permita articular un sistema coherente de instituciones interrelacionadas, que cumplan con cinco elementos fundamentales para su desarrollo armónico

con

los

intereses

sociedad:

Accesibilidad,

generalidad,

imparcialidad, prontitud y confiabilidad. Mientras no seamos capaces de reconstruir nuestras instituciones de tal forma que estos seis elementos se conjuguen y aseguren que el círculo agente-institución se cierre y funcione, el Sistema Político Mexicano

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seguirá careciendo de la legitimidad y el

dinamismo necesario para resolver los

críticos problemas del México del Siglo XXI. 

Accesibilidad.

El primer paso de funcionamiento institucional es la posibilidad de poder acceder a la estructura. Para ello, es necesario que, en la medida de lo posible, el acceso a los procedimientos institucionales no requiera de los conocimientos de expertos o peritos.

Extender los beneficios del funcionamiento institucional a toda la ciudadanía, sin implicar una carga impositiva de conocimiento o expertise, posee dos ventajas: en primer término facilita el acceso al sistema mediante procedimientos orales o mayoritariamente orales, a la mayoría de la población. En segundo lugar, reduce sustancialmente los costos de transacción implícitos en la contratación de profesionistas que conduzcan, al menos en las primeras etapas resolutivas, los procedimientos.

El problema del acceso a las instituciones de justicia, por ejemplo, ha sido uno de los temas más estudiados de los últimos años. La facilitación del mismo presupone la forma más segura de hacer efectivos los derechos: Un Sistema planeado para servir a la gente común, como actores o como demandados, debe caracterizarse por ser barato, tener poco papeleo y ser rápido, con jueces activos que empleen expertos legales y técnicos. Debe tener además la capacidad de resolver disputas que incluyan relaciones complejas y continuas...”280

Lo mismo se puede decir de las posibilidades que existen en las diversas áreas de participación ciudadana: derechos de petición, protección efectiva de garantías

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individuales, procedimientos administrativos de salvaguarda de derechos políticos o acceso a sistemas de información pública oficial. En México, la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor, es un buen ejemplo de una institución con amplios márgenes de accesibilidad. 

Generalidad.

Las instituciones deben funcionar sin menoscabo de raza, sexo, religión o condición social. La universalidad del sistema institucional es una condición sine quanon para un funcionamiento eficiente.

Muy especialmente, el México del siglo veintiuno requerirá de medidas efectivas de solución de problemas de raza y clase. El fondo último del estallido chiapaneco se encuentra en una problemática indígena cuya resolución ha sido pospuesta desde la época independiente pero que no circunscribe a esa entidad. Cerca del diez por ciento de la población nacional es indígena, lo que implica un sector de la población de casi nueve millones de mexicanos que tienen sus propias costumbres, religión y sistema de valores.

A pesar de todo, posiblemente el estigma más importante que se pueda señalar del actual sistema es su incapacidad de resolver las peticiones ciudadanas con igualdad. Esto es, no se trata igual a un rico que a un pobre o a una persona influyente que a otro que no lo sea.

La generalidad del sistema implica, en buena medida, igualdad. El influyentismo, el cuatismo o la simple y llana corrupción han ido construyendo, a fuerza de la costumbre, un sistema institucional clasista.

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El funcionamiento de las instituciones solo se puede garantizar través de la potestad del Estado y bajo la fuerza del poder público. A finales de los cincuenta, Dwight Eisenhower tuvo que recurrir al ejército norteamericano para hacer cumplir una orden de la Suprema Corte de Justicia norteamericana que terminaba con la segregación racial en las escuelas públicas. Lo mismo ordenó después el procurador de esa nación, Robert Kennedy, para que la milicia escoltara al primer estudiante universitario de color al sistema de educación pública superior de Arkansas y la profunda iniciativa de Lyndon Johnson por acrecentar los derechos electorales y civiles en ese país. 

Imparcialidad.

El funcionamiento institucional debe regirse por principios legales, no por presiones de índole política, económica o social.

Las instituciones públicas funcionan para resolver diferendos entre particulares o entre personas morales, encauzar demandas ciudadanas, procurar la equidad social y garantizar el Estado de Derecho. Necesariamente, las resoluciones institucionales tienen efectos en las distintas esferas de la sociedad. La decisión de beneficiar a un grupo perjudica o afecta a otro.

De la misma manera, las presiones que se ciernen sobre los agentes que hacen funcionar las instituciones pueden llegar a distorsionar su funcionamiento. Lo que legalmente es procedente puede no ser lo política o económicamente conveniente. Aún así, las consideraciones de derecho deben estar por encima de las conveniencias coyunturales, en especial si se procura desarrollar programas de largo plazo.

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Cuando el Poder Judicial de Venezuela decidió enjuiciar al titular del Ejecutivo, Carlos Andrés Pérez bajo cargos de corrupción, se sabía que la decisión, a corto plazo, traería más perjuicios que beneficios a la nación. No solo se juzgaba a un distinguido político sino al jefe del ejecutivo, quien era a la vez el jefe de Estado. A diferencia del poder judicial y del legislativo, el ejecutivo se concentra en la figura de una sola persona que ostenta la representación de la nación. Las consecuencias políticas de tal acto eran previsibles. Se podía anticipar una crisis financiera por la pérdida de confianza en la estructura institucional y reducirse el flujo de inversiones, aumentando la volatilidad de los mercados.

Pese a estas consideraciones y las

presiones generadas por diversos grupos, se procedió a su destitución y condena. El proyecto de nación de Venezuela así lo exigía.



Prontitud.

Aun si la población en su totalidad tuviera un fácil acceso al sistema institucional y las decisiones de este fueran imparciales y apegadas a Derecho, de poco servirían estos esfuerzos si las resoluciones que se tomaran en el seno del sistema se prolongaran excesivamente. El tortuguismo mata la credibilidad institucional.

Un instrumento jurídico indudablemente valioso es la positiva ficta, que garantiza la respuesta explícita de la autoridad a ciertas peticiones ciudadanas en un tiempo determinado. Otra vertiente es la reducción de los tiempos parlamentarios y el aceleramiento de las resoluciones judiciales. Como ejemplo de ello, cabe destacar el diseño de la ley federal de Transparencia y Acceso a la información que da un plazo

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de veinte días hábiles a la autoridad para responder a las peticiones de los ciudadanos. En caso de silencio, la petición se considera aceptada.281 

Confiabilidad.

El sistema institucional debe generar certidumbre entre la población. La confiabilidad, mas que una característica intrínseca, es una extrínseca del sistema. Los mensajes de su funcionamiento se extienden a lo largo y ancho de la población y construyen la confianza de la que hablábamos páginas atrás.

Que las instituciones generen confianza entre los ciudadanos es un asunto de la mayor trascendencia. En América Latina, la confianza en las instituciones es dramáticamente baja. En los países de la región, la iglesia y la televisión poseen índices de confianza por encima de cualquier otra institución pública.282 México no es la excepción. Sólo 26% de los mexicanos confían en el gobierno; 12% en los partidos políticos y 42% en las fuerzas armadas.283

Pero la confianza es la simiente que une el tejido social. Francis Fukuyama ha resaltado la importancia de la confianza en la construcción del capital social: “La confianza es la expectativa que surge dentro de una comunidad de comportamiento normal, honesto y cooperativo, basada en normas comunes, compartida por todos los miembros de esa comunidad, esas normas pueden referirse a cuestiones de valor profundo como la naturaleza de Dios o la Justicia, pero también comprenden normas seculares (...)El capital social es la capacidad que nace a partir del predominio de la confianza, en una sociedad o en determinados sectores de ésta”284

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Esta característica es indispensable porque, como se vio, la confianza que reside en las cualidades de un hombre, se diluye rápidamente: la institución permanece. 

El círculo agente-institución.

El alegato más reiterativo contra la renovación institucional suele basarse en el hecho de que no son las instituciones las que fallan, sino los hombres. Así se ha llegado a lugares comunes tales como “Las instituciones no son corruptas, lo son los hombres”. En efecto, el secreto fundamental del funcionamiento institucional implica que éstas funcionen aún contra la voluntad de los hombres. De ahí que sea necesaria una profunda interconexión entre instituciones, leyes y normas, pesos y contrapesos, que dificulten el entorpecimiento u obstrucción del funcionamiento institucional.

Cuando estalló el escándalo Watergate, el presidente Nixon intentó utilizar todos los recursos a su alcance para impedir que éste se prolongara a lo largo de su presidencia. En su afán, llegó a cometer perjurio y a articular acciones para obstruir la justicia. A pesar de todo, tuvo que renunciar.

No es que la sociedad política norteamericana sea impoluta, sino que posee un sistema institucional confiable. En los años que duró Watergate, un sinnúmero de instituciones se interrelacionaron para ir dando forma a un delicado procedimiento de enjuiciamiento del titular del ejecutivo de la nación más poderosa del mundo. La investigación comenzó como procedimiento criminal que se convirtió en publicación periodística al amparo de la libertad de expresión protegida por los tribunales, para pasar a la investigación conducida por comisiones legislativas que a su vez dieron pie a la renuncia del Procurador de Justicia y al nombramiento de un Fiscal Especial para atender el asunto. El Presidente apeló a la decisión de un juzgado local que le

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obligaba a entregar conversaciones grabadas en el despacho de la Casa Blanca, alegando privilegios del ejecutivo. La Suprema Corte resolvió contra el presidente y, ante el cúmulo de pruebas en contra del mandatario, la Cámara de Diputados comenzó un procedimiento de impeachment o juicio político que lo obligó a renunciar. Ahí no se cerró el funcionamiento institucional. Los litigios en contra de Nixon continuaron hasta que su sucesor, Gerald Ford, otorgó el perdón presidencial. 4.9.



Agenda de conducción.

4.9.1. ¿Qué hacer con el Establishment?

Uno de los temas clave de la transición mexicana es cómo resolver las deudas que se tienen con el pasado. Tema doloroso, de bochorno, sensible, delicado. Requiere de una resolución incluyente, de la nación.

Revisar el pasado es reflexionarnos. Mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué fuimos? ¿Qué somos? ¿En qué nos convertiremos?

Saldar cuentas es respondernos si podemos iniciar un nuevo camino sin clausurar el anterior. Es husmear lo más recóndito de los sótanos del poder político y de la sociedad misma. Es, por lo mismo, un tema impostergable.

¿Puede haber cambio sin reconciliarnos con nuestro pasado?

La experiencia histórica del siglo XX muestra que las transiciones fueron evolucionando con respecto al tratamiento que se da a los hechos traumáticos del

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pasado. Los primeros cambios de régimen se dieron bajo el signo revolucionario. Las revoluciones de principio de siglo trataron con severidad a los representantes de las elites anteriormente gobernantes. El zarismo fue extirpado de la vida de la naciente Unión Soviética y la segunda etapa de la revolución mexicana se distinguió, en muchos casos, por su brutalidad.

El surgimiento del mundo bipolar, tras la segunda guerra mundial, no fue menos blanco. Los juicios de Nuremberg y Tokio marcaron el fin de los totalitarismos nacional socialistas y zanjaron una deuda con los propios pueblos y con la humanidad.

No obstante, un sesgo importante se dio con los quiebres de las dictaduras españolas y latinoamericanas. Adolfo Suárez pactó con “El Bunker”, el equipo más conservador del franquismo, su tranquilidad y su incorporación a la vida pública democrática285. Lo mismo hizo Argentina, bajo el signo de la ley “Punto Final” y lo intenta Chile, aunque las demandas más severas por romper estos pactos de transición han provenido, en ambos casos, del exterior.

Con todo, el sistema político mexicano tenía sus propias reglas. La lógica priista contemplaba sumisión y obediencia a cambio de impunidad. La riqueza venía con el poder, con una condición: Dejar libre el camino a los que siguieran. Era una renovación cómplice y perversa, pero funcional.

El primer conato de ruptura provino del candidato Luis Echeverría quien, en un intento por deslindarse de su mentor, comenzó a denunciar la matanza de 1968 que él, al menos, había tolerado. Se dice que el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz lo llamó y amenazó con destituirlo. Testigo mudo de la escena fue el líder del PRI. Echeverría habría llorado su arrepentimiento ante el primer mandatario del país.

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Pero los equilibrios del sistema se modificaron a partir de 1976, cuando José López Portillo acuñó la estrategia de “Romper para conservar”. Implicaba la creencia de que era necesario saldar cuentas con el régimen anterior, con tal de conservar un sistema. Encarceló a colaboradores cercanos de Echeverría, sin prever que la misma maquinaria se volvería contra a él, escalando cada vez más los ajustes hasta tocar a un hermano presidencial en 1995.

Con todo, los tiempos han cambiado. Ahora es tiempo de definir con absoluta precisión y certeza si deseamos, primero, saber qué ha sucedido con nuestro país y, segundo, si merecen castigo todos aquellos que deformaron a nuestras instituciones. Por último, la tercera interrogante es si las dos primeras decisiones nos acercan para construir un nuevo país y si pavimentan el camino a la democracia.

El establishment, eso que denominamos sistema, es real y es sumamente poderoso. Abarca todas las esferas de la sociedad y es más que una organización: Es una red de intereses. Es, muy posiblemente, el obstáculo más grande a la transición. Muy independientemente de los errores en la conducción económica, la caída de Fernando de la Rúa de la presidencia argentina se debió a la sistemática oposición del establishment peronista en momentos de crisis. Coaligados con un pasado reciente de corrupción y frivolidad, la mayoría legislativa impidió construir salidas constitucionales a la crisis de diciembre del 2001.

El tejido de la red de intereses del establishment mexicano es complejo y apretado. Lo hermana no sólo una serie de intereses: También de culpabilidades. Lo ampara un largo camino de impunidad.

La corrupción fue, en México, una herencia y una forma de vida. Comenzó con el patrimonialismo español, pero echó raíces profundas en la vida nacional que

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trascendieron a la época independiente286. Los criollos veían a los bienes de la nación como algo propio, distorsionados los límites de lo público y lo privado. El poder liberal manejó con escrúpulo los bienes de la nación, pero su esfuerzo no perduró porque Díaz construyó un sistema de gobernabilidad basado en la cooptación. “Perro con hueso en la boca, solía decir, no ladra”.

La revolución no solo no terminó con el mal. Hizo algo peor: Lo institucionalizó y lo hizo sistema. Comenzó con la célebre frase de Obregón de que “no hay general que aguante un cañonazo de cincuenta mil pesos” y siguió hasta los límites de fin de siglo, las fortunas de muchos hombres públicos inmensas e inaceptables; la acumulación de riqueza de muchos empresarios al amparo del poder.

La institucionalización de la corrupción es uno de los aspectos más deplorables del sistema político que termina. Es más que un rasgo: Es una definición. Es, por tanto, incluyente. Destapar los expedientes de la corrupción es poner los reflectores no sobre el gobierno, sino sobre el establishment.

Uno de los principales asesores de Richard Nixon, John Dean, en una conversación determinante en la conclusión del escándalo Watergate le dijo: “Señor presidente: Hay un cáncer en la presidencia”. De manera similar, como un tumor canceroso que se extiende a todos los rincones de la sociedad, la corrupción se institucionalizó en el país.

¿En donde para la vasta red de intereses del pasado? Nadie lo sabe. Abrirla es revelar la naturaleza perversa de las relaciones corrompidas del poder con el sector empresarial, el financiero, la prensa, los intelectuales, los partidos de oposición, la iglesia, los sindicatos, las mafias y de estos actores entre sí. La adicción más grave, recuerda García Marques, es al dinero fácil. Eso lo entendieron maravillosamente las elites del país.

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No entendieron, sin embargo, que su capacidad de cooptar se reducía cada día. El abismo que se abría con la sociedad civil fue creciendo. El establishment logró definir la elección de 1994 a pesar de toda su podredumbre exhibida como nunca antes. Lo hizo a pesar de Chiapas. A pesar de la muerte de Colosio. Lo hizo utilizando a los medios que controlaba, contagiando el miedo. Lo hizo pasando la charola a los grandes consorcios empresariales, contagiando la complicidad. Lo hizo comprando al principal candidato opositor, contagiando el cinismo.

¿Cómo enfrentar este mal?

Pero un punto adicional de la rendición de cuentas no es con la corrupción sino con los años más oscuros del régimen. La violencia selectiva desatada en Tlatelolco y hasta los años ochenta engulló vidas y esperanzas. Fue devorando, también, la legitimidad de nuestras instituciones no sólo políticas sino sociales.

El tema de los desaparecidos duele, lastima. Como en una defensa psicológica, los mexicanos nos repetimos que todo aquello no sucedió. Nuestra conciencia nos contradice. Los llantos de las madres mexicanas no cesan. Hubo guerra sucia, sí. Hubo encono, sí. ¿Puede haber olvido?

¿Saber lo que sucedió nos reconciliará? Quizá.

No hay que olvidar, primero, que la violencia represiva del Estado Mexicano nunca fue general. Sergio Aguayo ha subrayado, tras conocer parte de los archivos de seguridad nacional del Estado Mexicano, la característica de que la represión fue dirigida, selectiva.

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Tampoco hay que pasar por alto, segundo, que los llantos fueron

mutuos: No sólo desaparecieron jóvenes de izquierda que optaron por el camino de la guerrilla urbana. No sólo se descabezó al Movimiento 23 de Septiembre. No sólo se

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cercó y ajustició a Lucio Cabañas. No sólo actuó la Brigada Blanca. No sólo se acribilló a campesinos en Aguas Blancas. También soldados fueron emboscados. También jóvenes que no creían en la vía armada, guevarista o maoista, fueron torturados. También hubo sangre inocente derramada por la intolerancia guerrillera. Ahí están todos los testimonios de las muertes ordenadas por los grupos armados contra aquellos que pretendían salir del movimiento. Ahí están las mujeres indefensas masacradas por las guardias blancas de los finqueros de Acteal y Chenaló.

Abrir los expedientes de los sótanos de aquellos años nos conducirá a revivir nuestros más oprobiosos agravios. Nos remitirá a saber que magnitud real tuvo la violencia de ambos bandos. Nos llevará, quizá, a conocer la extensión de los que colaboraron con los sistemas de seguridad mexicanos. Seguramente revelará la doble naturaleza de los centinelas del sistema en la guerra fría: Colaboradores de la CIA al mismo tiempo que de Castro. Presenciaríamos el derrumbe de leyendas, mitos y comenzaríamos a perfilar nuestro verdadero rostro en el espejo de nuestra realidad más oscura.

La verdad es, sin embargo, el paso primero y vital para entendernos. Aislar el proceso de intereses políticos es fundamental. Como Machado, no importa tú verdad o la mía: Importa la verdad. Acaso en ella encontremos un rostro que no hemos visto, que no hemos querido ver, que no querremos volver a ver. No podemos, sin embargo, comenzar la construcción de un nuevo país si no conocemos nuestra verdad.

Saber, ¿Basta?

No pienso que pueda haber transición mediante ruptura, pero tampoco mediante olvido. El castigo debe llegar a todos aquellos que excedieron la lógica de un tiempo y una coyuntura. ¿Cuál es el límite? Corresponde a las instituciones definirlo. Posiblemente sea donde termina la justicia, el ejemplo, y comienza la venganza.

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Debemos buscar símbolos que nos permitan entender que comenzamos a consolidar una democracia. A los responsables de la represión argentina se les juzgó aunque poco importaba el resultado: El hecho de ver a aquellos hombres en un tribunal bastaba.

No se puede aspirar a vivir en un país de leyes si no se aplican. Los tribunales están para administrar justicia. Las instituciones –parlamentarias, ejecutivas, judiciales- están para investigar. La impartición de la justicia debe significar el camino de la reconciliación y más: La certeza de que todo aquello no volverá a ocurrir.

El código napoleónico contemplaba una pena ejemplar para aquellos que violaban la ley: La muerte civil. No se encerraba. No se mutilaba. No se ejecutaba. Simplemente se dejaba de existir para la sociedad. El fondo del asunto no residía solamente en el retiro de derechos, sino en el significado que tenía ser repudiado por una sociedad. Debemos utilizar métodos semejantes.

El castigo ¿Nos hará mejores?

Saber no nos exime de los excesos que cometimos, que permitimos cometer, como sociedad. Castigar no nos restituirá los valores que perdimos. Pero no habrá forma de que comencemos, otra vez, a construir un imaginario mexicano si no es en la verdad, en las imágenes terribles que deberemos enfrentar: En un tanque al que nadie detuvo. En un hijo que jamás volverá. En las balas que mataron vida y fe. En la violencia soterrada que corta el aliento y la existencia. En el cuerpo torturado de un soldado. En los deudos humildes de un policía preventivo baleado. En la infancia degollada en Chenaló. En la locura desatada una mañana de Aguas Blancas.

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La democracia mexicana, en construcción, endeble, no se puede fincar en el olvido. Debemos comenzar a construir el camino clausurando las veredas que, hace tiempo, abrimos. Veredas que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos volver a transitar. Debemos hacerlo, muy especialmente, bajo el enfoque de que las cicatrices pueden verse desde dos puntos de vista. Pueden ser recuerdo de enfermedad, pero también de cura. Saber, entendernos, castigar, debe ser el paso necesario no para enfrentarnos, sino para reencontrarnos. Para construir, pronto, una política de la concordia.

V Organización del uso del poder.

5.1.

Democratizar la toma de decisiones.

El primero de septiembre de 1982, México escuchó con azoro que el Poder Ejecutivo había decretado la expropiación de la banca. El Presidente López Portillo lo anunciaba a la nación como respuesta a la incontenible fuga de capitales que había quebrado al país y obligado a devaluar la moneda, decretar el control cambiario y generar una doble paridad288. Su sucesor electo, Miguel de la Madrid y su equipo, quienes asumirían el poder tres meses después, ignoraban la medida. No sólo eso: La reprobaban289.

El gabinete presidencial se había enterado de la decisión y había conocido el proyecto antes de partir al Congreso de la Unión. El presidente pidió, en esa oportunidad, el refrendo del decreto en cuestión. Todos, salvo un funcionario, se lo otorgaron290. El disidente fue, en ese mismo momento, cesado.

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En el momento en que se anunciaba desde la más alta tribuna de la nación, el ejército ocupaba las instalaciones de las sucursales bancarias en todo el país.

Una decisión trascendental, clave, problemática, había sido ignorada por toda la estructura del poder. El hijo del presidente, confidente, subsecretario y orgullo de su nepotismo, fue el confeccionador y ejecutor de la medida291.

Durante al menos un siglo, México ha vivido en la oscuridad. La organización del uso del poder en el país ha impedido perfeccionar el sistema de toma de decisiones por la razón de que el sistema de pesos y contrapesos no había funcionado. En un sistema político democrático y moderno la toma de decisiones se basa en criterios necesariamente incluyentes, sin menoscabo del compromiso de gobierno con un programa partidista.

La naturaleza autoritaria del sistema político mexicano pervirtió el proceso que debía conducir al diseño de tomas de decisiones congruentes con un compromiso público y con un proyecto de país. La composición del congreso generó una dependencia política de los legisladores de la mayoría hacia el titular del ejecutivo. Muchos sindicatos se sumaron a una estructura corporativa. Diversas oposiciones pactaron con el poder.

Así, como un sol que era el eje sobre el que giraba la vida del sistema, el poder ejecutivo se convirtió en el centro de toda la vida política nacional.

No es sorprendente, por tanto, que las decisiones se centralizaran y se circunscribieran a la órbita particular y reducidísima de los hombres cercanos al Presidente de la República. El proceso se fue enfocando a áreas de especialización y se centró en las particulares posturas de los integrantes.

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El presidente en turno decidía en base a lo que Cosío Villegas denominaría su estilo personal de gobernar. Luis Echeverría declaró que la economía se manejaba en los pinos, expropiando al área técnica la responsabilidad de continuar con la aplicación de un modelo –el desarrollo estabilizador- que había mantenido tasas elevadas de crecimiento por más de doce años.

En los tiempos de José López Portillo se produjo un debate importante entre dos grupos antagónicos en el área económica, cercanos al primer magistrado: Monetaristas contra estructuralistas292. Miguel de la Madrid recibió la renuncia de su Secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog por un enfrentamiento similar contra el titular de la Secretaría de Programación, Carlos Salinas de Gortari quien al asumir la presidencia de la República mantuvo el sistema de toma de decisiones a través de gabinetes.

Incluso Vicente Fox creó una superestructura de gobierno consistente en la creación de 13 coordinaciones de gabinete o de asuntos específicos concentrados en la Presidencia de la República. El sistema no fue incluyente ni funcional. Al cabo de tres años, prácticamente todas las coordinaciones habían desaparecido.

En suma, el gobierno mexicano se ha movido en torno a debates internos, privados y sin tomar en consideración el parecer de los más amplios sectores de la sociedad, el congreso, la academia, las instituciones políticas o los medios.

Cuando estalló el conflicto chiapaneco en 1994, el gabinete presidencial se fracturó entre dos posturas que pugnaban por dos vías de solución confrontadas. Los duros del sistema clamaban por la represión indígena. Otra corriente impulsaba la negociación y la articulación de vías pacíficas de solución al conflicto293. Esta última prevaleció. El ejemplo revela la mecánica como funciona el proceso de toma de decisiones del poder público.

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Un nuevo sistema debe contemplar mecanismos que democraticen la toma de decisiones del poder público. Entre otros mecanismos se deben incluir los que se enlistan a continuación.

5.2.

INTEGRACION DEL EJECUTIVO

Una de las facultades más importantes del ejecutivo en un sistema presidencial es su capacidad –ilimitada en el caso de México- para nombrar a su gabinete. En efecto, desde su concepción misma, los pensadores norteamericanos, en particular Madison, Hamilton y Jay pensaban que la base del funcionamiento del sistema presidencial dependía de la fuerza del ejecutivo. Para ello, debía dársele amplias facultades para nombrar a sus colaboradores. “Unidad, permanencia, contar con recursos para su sostenimiento y disponer de poderes suficientes” eran la estructura sobre la que, según Hamilton, se erigía el funcionamiento del sistema.294

En principio, el hecho de que el ejecutivo accediera al poder como resultado de un voto popular, daba garantías suficientes de la legitimidad del Presidente, único poder del Estado que recae en un sólo hombre, para integrar gobierno.

No obstante, la compleja realidad política comenzó a perfilar la necesidad de acotar esa facultad en ciertos casos. Diversos funcionarios, por la naturaleza de sus funciones, debían ser ratificados por un cuerpo colegiado, en particular por el congreso. Para asegurar la concreción adecuada de sus funciones, continúa el argumento, ciertos funcionarios deben poseer una vinculación de responsabilidad con la representación popular y federal de manera directa y no sólo con el hombre que lo designó. El procedimiento abre, entonces, una franja de independencia y genera

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vínculos diversos de lealtad para funcionarios que, en un momento determinado, podrían enfrentar una situación de conflicto de intereses con el ejecutivo.

Adicionalmente,

involucrar

Congreso

en el

nombramiento

ciertos

funcionarios, genera la concepción de que se está creando una política de Estado y no sólo de gobierno.

Otra posibilidad es que la composición del gabinete no revele la integración misma de la nación, requisito que las democracias buscan con el objeto no sólo de obtener mayores índices de legitimidad –adicionales a los de las urnas- sino también de ampliar los márgenes de gobernabilidad. Por ello, la integración de gabinetes cuida de mantener los equilibrios de la nación como símbolo de la sensibilidad y capacidad incluyente del gobierno. Los nombramientos contemplan esos equilibrios de género, raza, religión y cualquier otro elemento que resulte sensible para la nación.

En este tenor, la composición de los gabinetes en los sistemas presidenciales ha modificado su procedimiento a partir de la concepción original mencionada arriba. Lo han hecho, en resumen, para: 1) Generar políticas de estado en sectores específicos. 2) Asegurar la imparcialidad y la eficiencia en rubros delicados, 3) Ampliar la legitimidad y la gobernabilidad, reflejando la composición de la nación.

En aras de lograr estos objetivos, las normas constitucionales no han escatimado esfuerzos de innovación y experimentalismo. Desde las posturas conservadoras de México y Estados Unidos, hasta las muy liberales de Sudáfrica. En el caso de Estados Unidos, el Senado juega un papel importante en la integración del ejecutivo y el judicial. Explica Héctor Fix Zamudio: “Los magistrados de la Suprema Corte y los jueces federales son nombrados por el Senado de la República a propuesta del titular del poder ejecutivo. Pero también dicho precepto fundamental establece que se requiere consejo y consentimiento del propio Senado Federal para que el presidente

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de la República proponga el nombramiento de sus más importantes colaboradores”295. La experiencia sudafricana fue mucho más allá: Para asegurar la transición democrática tras la caída del apartheid se ligó la integración del gabinete presidencial a la composición del congreso, determinando cuotas, particularmente raciales, a las que debía sujetarse el titular del ejecutivo296.

Actualmente, el artículo 89 constitucional le confiere al presidente de la República la facultad de nombrar y remover libremente a todos los miembros del gabinete; proponer al senado el nombramiento de todos los embajadores, cónsules y ministros relacionados con las relaciones exteriores del país, así como de los altos mandos de las fuerzas armadas y “a los demás empleados de la unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la constitución o en las leyes”. Ello incluye a los directores de las entidades paraestatales y de una infinidad de organismos descentralizados de la administración pública federal.

Al menos en lo que refiere al Procurador General de la República, resulta claro que la facultad absoluta de nombramiento del titular del ejecutivo ha tenido implicaciones delicadas para el desarrollo de su unción y, por ende, de uno de los aspectos más sensibles de la vida nacional: La procuración de justicia.

El momento más reciente y preocupante se presentó cuando la Procuraduría General de la República se ubicó en un conflicto de lealtades al verse en la obligación de sustanciar una averiguación previa contra la asociación Amigos de Fox que, a decir del Partido Revolucionario Institucional, había incurrido en actividades ilícitas de financiamiento electoral. El flujo de recursos presumiblemente ilegales, y que incluía la posibilidad de transferencias provenientes del extranjero, habría lesionado gravemente la transparencia en el triunfo electoral del Presidente. La investigación dejó mucho que desear, y contrastó notablemente con la hiperactividad que la institución desplegó para integrar una averiguación previa contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la

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República Mexicana y contra altos funcionarios de PEMEX, acusados también de financiar ilegalmente la campaña del PRI.

Al menos ese nombramiento, el del Procurador General de la República, debería ser sometido a la ratificación del Senado, con el objeto de garantizar una adecuada impartición de justicia en el país.

5.3.

Vetos e iniciativas bloqueadas.

La Constitución de la República prevé que el titular del ejecutivo tiene la facultad de vetar total o parcialmente las leyes que el Congreso ha aprobado.297 Se trata de un instrumento ampliamente utilizado en diversos países y que hoy, en la nueva realidad mexicana, tiene una importancia creciente. La doctrina ha considerado a esta figura, con razón, como el más importante contrapeso del ejecutivo frente al poder del legislativo.

El veto parcial alude a la capacidad del Presidente de la República para devolver al poder legislativo aquellas partes de una ley con sus propias observaciones. Puede, en todo caso, promulgar las partes que considera correctas. En México el presidente de la República no tiene esta facultad, pues, a pesar de que la propia constitución habla de que pueda vetar partes de una ley, lo cierto es que no posee la capacidad para promulgar el resto. La carta magna habla de devolver el proyecto de ley a la Cámara de origen. En cuanto al veto total, el proyecto debe ser revisado y vuelto a votar, aprobado por una mayoría calificada.

El Veto de bolsillo, sin embargo, es una realidad que se ha usado en México pero que no se contempla en la constitución. Este tipo de veto “Existe cuando la

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constitución no obliga al ejecutivo a promulgar o regresar en un plazo determinado el proyecto de ley aprobado en la asamblea. En la práctica esto significa que el Presidente puede ´congelar´ cierta iniciativa al ignorar que alguna vez le fue enviada.” 298

No existe claridad jurídica en cuanto a si existe alguna responsabilidad para el titular del ejecutivo por negarse a publicar una ley aprobada por el congreso. Para algunos analistas, el llamado veto de bolsillo es una facultad metaconstitucional del presidente del ejecutivo. Para otros, implica una responsabilidad susceptible de activar juicio político en caso de incumplimiento. Lo cierto es que en la práctica se ha dado y no se ha logrado iniciar un procedimiento de juicio político contra el responsable.

Algunas constituciones locales prevén la posibilidad de que sea el Congreso quien, cubiertos ciertos procedimientos de veto formal por parte del ejecutivo, tenga la posibilidad de mandar a publicar directamente la ley en cuestión. Esta es una herramienta que debe incluirse en la Constitución Federal para forzar a que el ejecutivo se defina expresamente sobre la promulgación de una ley, al mismo tiempo que se debe permitir al ejecutivo vetar parcialmente un proyecto de ley.

Otra importante figura que asegura el equilibrio de poderes es dar al Ejecutivo la facultad de enviar iniciativas de ley bloqueadas. Esta figura, que se utiliza en diversos países, consiste en que la iniciativa debe ser aprobada o rechazada en bloque por el legislativo. No posee, en este caso, la posibilidad de modificarla parcialmente299.

Esta figura posee las ventajas de que agiliza el proceso legislativo, en particular para el desahogo de asuntos que se consideran prioritarios. Las iniciativas catalizan la toma de decisiones, concentrando la discusión parlamentaria en un todo: Se aprueba o se rechaza la ley en su conjunto.

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Por lo mismo, se debe reglamentar con precaución su uso, a efecto de que la iniciativa bloqueada responda a su naturaleza: Un instrumento de excepción.

5.4.

Incorporar criterios externos.

Una práctica adecuada para ampliar los horizontes de la toma de decisiones sería estimular el involucramiento en el diseño de políticas públicas de centros de investigación académicas externos al gobierno. Estos cuerpos de asesoría permitirían otorgar Independencia, especialización y una visión ajena a los intereses de las elites políticas.

Yehezkel Dror ha subrayado la importancia de que los países en desarrollo creen “banco de cerebros” que le permitan a los gobiernos obtener información y conocimiento de calidad, multidisciplinario y multidimensional para planificar correctamente los cursos de acción política300.

Si algo ha distinguido al gobierno mexicano, es, precisamente, su renuencia a incorporar criterios externos a su proceso de toma de decisiones. Los resulta dos están a la vista.

En un escenario que sin duda requiere de un profundo proceso de reformas, sin embargo, resulta esencial ampliar los horizontes de estudio a fin de que las propuestas sean lo más realistas posibles, no en tanto a su efectos, sino en tanto a sus posibilidades de generar consensos y, por tanto, ser viables políticamente.

Un primer paso indispensable, útil y asequible en el corto plazo, es utilizar los centros de investigación diversos que existen en el país para generar conocimiento que permita enriquecer la toma de decisiones del gobierno. Asimismo, dar autonomía

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a ciertos organismos como CONACYT o INEGI, sería otro incentivo para que se aislara la investigación de criterios políticos, generando herramientas de conocimiento de calidad para los gobiernos.

5.5.

Crear institutos de estudios prospectivos.

El futuro es un destino. Es uno, además, definitivo: Siempre llega. Pero, ¿Existe un solo futuro? Evidentemente no. Siempre existen, delante de nosotros, futuros alternativos. Por lo mismo, la mayoría de los gobiernos han entendido que es vital tener conocimiento acerca del futuro. No sólo es una tarea deseable: Es necesario. Qué tanto se pueda anticipar el futuro es un tema clave para la gobernabilidad y el progreso. Pero el futuro es, siempre, plural. Se determinará, entonces, con base en las variables externas e internas y en las decisiones que se tomen en el presente. Por lo mismo, el mejor futuro puede ser, o no, asequible a los pueblos. Su llegada está determinada por la posibilidad de influir su llegada.

En la década de los sesenta, en los Estados Unidos, se fundó una Institución que perseguía los objetivos de explorar el futuro y generar ideas para el diseño de políticas que permitieran construir el mejor escenario posible. Brookings fue el primer tanque pensante en el mundo. Hoy, muchos países han incorporado a sus estructuras de gobierno tanques pensantes que permiten realizar análisis prospectivos y diseñar cursos de acción política en “frío”, es decir: Son parte del gobierno pero no se encuentran en la operación diaria de la administración.

Crear este tipo de estructuras y vincularlas al proceso de toma de decisiones es un punto clave para la gobernabilidad del Estado mexicano en el siglo XXI.

Hay varias razones que explican la decreciente capacidad de gobernar de las estructuras gubernamentales: Las expectativas sobre el desempeño gubernamental

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son demasiado amplias; los recursos son escasos; los diseños democráticos han abierto cada vez más espacios de libertad que dificultan la acción gubernamental tangible, rápida y determinante; y las estructuras gubernamentales son obsoletas y rígidas.

La creación de tanques pensantes tiene como objetivo otorgar a los tomadores de decisiones conocimiento de alta calidad sobre el futuro, la proyección de acciones políticas que permitan llegar al futuro más atractivo y sus posibles consecuencias.

Por ello, la constitución de un Tanque de Pensamiento Central del Gobierno Mexicano es indispensable para asegurar que el país cumpla con los objetivos programados en el mediano y largo plazo. Esta unidad de elite intelectual debería estar replicada en las entidades federativas, de tal suerte que el conocimiento acumulado facilite el diseño de una agenda comprehensiva que garantice el cumplimiento del proyecto de país.

La labor de estas unidades de pensamiento debe desarrollar las siguientes acciones:

1. Definir Futuros Anticipados. 2. Construir Escenarios alternativos. 3. Proyectar la acción política. 4. Anticipar consecuencias. 5. Desarrollar centros de profesionalización política.

6. Definir Futuros Anticipados.

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A principios de 1943, prácticamente un año después de haber ingresado en la segunda Guerra Mundial, el Gobierno de los Estados Unidos creó una unidad elite del ejército con un objetivo único: Cazar a los talentos del Eje y asegurar su incorporación al sistema de pensamiento norteamericano tras la guerra. En ese momento, aún no era claro que los aliados obtendrían la victoria. Las batallas decisivas estaban por librarse en ambos frentes. Alemania era dueña absoluta de Europa. Sus ejércitos penetraban profundamente en la Unión Soviética y el Imperio Japonés enfrentaba a los Estados Unidos en el pacífico. Pero el gobierno de los Estados Unidos sabía que el futuro a mediano plazo estaría determinado por el desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación de nuevas fuentes de energía. No esperó a ganar la guerra: Se anticipó y creó un programa sistemático que se enfocaba a garantizar la hegemonía norteamericana en el futuro.

La lección es clara: La peor política es esperar a que el futuro llegue.

La primera labor de los tanques pensantes es anticipar el futuro, para obtener el que más convenga y enfrentar sus consecuencias. ¿Qué futuros nos esperan? ¿Cuáles son las variables clave que influirán sobre él? ¿Qué país podemos ser, debemos ser, queremos ser, en 15, 25, 50 100 años? ¿Qué debemos hacer para disminuir nuestras debilidades y potenciar nuestras ventajas competitivas? Tales son las preguntas centrales que los tanques pensantes deben resolver.

7. Construir escenarios alternativos.

Pero saber que futuros son posibles, cuales son probables y cuales son deseables no basta para formular una política que garantice la optimización de resultados. Necesitamos saber cuales son los escenarios políticos, económicos y sociales de cada uno, que permitan anticipar los arreglos institucionales y las políticas públicas necesarias para reducir sus costos y aprovechar sus ventajas.

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Esta labor indispensable requiere de un trabajo sumamente profesional, en particular por la creciente influencia de las variables externas que, en un mundo interconectado, tendrán una influencia creciente y, al mismo tiempo, se multiplican. La sustitución de las fuentes de energía, la composición geopolítica del mundo, la innovación tecnológica, las migraciones o la estructura geográfica de las naciones vecinas son sólo algunas de las variables que impactarán necesariamente la creación de escenarios futuros.

El objetivo es esencial: Cada futuro posee diversos escenarios. Conocerlos es enfrentarlos.

8. Proyectar la acción política.

La creación de cursos de acción política es fundamental para saber que camino construir para llegar al escenario óptimo del futuro deseado.

Dror ha esbozado algunas de las vertientes clave de la formulación de cursos de acción política: a) Hacer frente a la incertidumbre, 2)administración de la crisis, c) logro de consenso, d) Aplicación de las mejoras, e) Rápido aprendizaje de los cursos de acción política.301

La labor de confeccionar adecuadamente cursos de acción política es clave porque debe suministrar a los tomadores de decisiones las vertientes posibles del ejercicio del poder, procurando que los procesos de reforma sean políticamente sustentables, es decir: Que obtengan un consenso que le brinden viabilidad y le permitan construir resultados y esparcir los beneficios.

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Una parte clave de la sugerencia de Dror es construir en los gobiernos la capacidad de aprender. La velocidad del cambio, la mutabilidad de los agentes políticos, la vulnerabilidad ante shocks externos, entre otros factores, hacen indispensable que el gobierno aprenda, y aprenda rápido, a fin de adaptarse a un entorno cambiante, pero que necesita ser gobernado.

Para hacer asequibles tanto los escenarios como los cursos, es necesario agregar a la ley la figura de presupuestos multianuales para determinadas áreas que se consideren prioritarias para el proyecto de país.

9. Anticipar consecuencias.

Para lograr generar cursos de acción política efectivos, se requiere establecer cuales serán las consecuencias probables de cada política. Debe ser, por fuerza, un estudio multidisciplinario y multidimensional. Cada decisión afecta intereses. Las reacciones a la acción política no provienen de una fuente única. La historia de las reformas así lo constata. La transición española se enfrentó a reacciones de una parte del establishment estatal –el bunker. La Perestroika reventó por la imposibilidad de brindar satisfactores económicos y políticos a la sociedad, la primavera de Praga fue aplastada por factores externos.

Estos acontecimientos nos permiten definir con precisión que en política, como en la física, cada acción genera una reacción de la misma intensidad en sentido contrario.

10. Desarrollar centros de profesionalización política.

Resulta de la mayor importancia crear una estructura política crecientemente profesional. La proliferación de cuerpos académicos que amplíen los conocimientos de

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los profesionales de la función pública enriquecería la formulación de políticas y facilitaría la adopción de organizaciones aprendientes dentro del gobierno.

5.6.

Reelección parlamentaria.

Durante muchos años, México fue particularmente reacio a analizar la posibilidad de incluir la figura de la reelección en la constitución. Era entendible que así fuera: La historia del país lo avalaba. Tres Presidentes –Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz- ocuparon el poder por más de seis décadas. No sólo eso: La época posrevolucionaria confirmó la voracidad por permanecer en el poder. Primero, Alvaro Obregón traicionó los ideales revolucionarios e impulsó una reforma constitucional que le permitió reelegirse. Aunque la muerte se lo impidió, su sucesor, Plutarco Elías Calles, se las ingenió para abandonar el gobierno pero no el poder302. Su experimentó terminó con su expulsión del país, pero el trauma histórico estaba latente.

Hoy, sin embargo, parece indispensable reconsiderar la reelección de los miembros del Congreso de la Unión.

Como se ha visto, el Congreso jugó un papel tristemente secundario en la historia del siglo XX. Nulificado por Díaz, excedido contra Madero, abyecto durante la era priista, el Congreso sólo fue un actor comparsa de la vida pública nacional. Hoy, sin embargo, parece que México requiere, con urgencia, un Congreso eficiente. La reelección de los legisladores le otorgaría los siguientes beneficios:

1. Profesionalización.

La posibilidad de reelegirse permitiría superar la curva de aprendizaje de los legisladores, mucho más costosa para el país en el caso de los diputados. La

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reelección permitiría romper con una grave paradoja del poder legislativo: El expertise se encuentra, salvo honrosas excepciones, en las listas plurinominlaes. Esto es: Quienes saben, no ganan una elección. Por tanto, los que ganan, los que son nominados para contender en los comicios, regularmente no poseen las bases técnicas o académicas para desempeñar un papel decoroso en la confección de leyes de alta complejidad como las que demanda el país.

Tampoco poseen la oportunidad de aprender. A dos meses de iniciar funciones, los diputados deben resolver dos temas complejos: La aprobación del presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Ambas son herramientas vitales para el funcionamiento del país. La mayoría de los legisladores se limita a aprobar o rechazar los dictámenes de las comisiones especializadas. Posteriormente, se integran al trabajo de comisiones y, en suma, cuando han aprendido, deben irse.

Al poder mantener su cargo, la experiencia es aprovechada al máximo, y permite crear legisladores especializados en temas, formando amplios gabinetes legislativos – las comisiones- que poseen experiencia y profesionalismo.

La recurrencia de los legisladores permite, también, integrar cuerpos de asesores, más amplios e, incluso, desarrollar investigaciones académicas propias que permitan un mejor desempeño. Al respecto dice Cecilia Judith Mora Donatto: “Es tiempo de que el poder legislativo mexicano cuente con un selecto grupo de profesionales competentes e independientes, peritos en determinadas materias que auxilien a los legisladores proporcionándoles la información técnica requerida para realizar sus funciones. Hasta ahora el sistema de asesores eventuales y personales de los representantes ha dejado mucho que desear, nada tiene que ver con los sofisticados staff o grupos asesores con que cuentan hoy la mayor parte de los parlamentos (...) Canadá cuenta con tres mil quinientos auxiliares parlamentarios; el congreso de los

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Estados Unidos cuenta con veinte mil auxiliares. El costo de la asistencia de este personal es de casi dos mil millones de dólares”303

2. Independencia.

Llegar a la cámara por méritos propios y no por decisiones cupulares permite generar independencia en los criterios y en la actuación legislativa de los diputados y senadores. La instauración de una carrera parlamentaria por triunfo electoral rompe en gran medida –no del todo- con la disciplina partidista. Habrá temas, por supuesto, que sean ideológicamente afines a todos los miembros de una bancada y que les imponga la necesidad, por convicción, de votar en bloque con su partido. Pero muchas otras veces –quizá las más- la independencia de criterio facilita la ruptura de impasses que es, como se vió, una de las debilidades más serias del régimen presidencial. 3. Democratización.

La existencia de la reelección parlamentaria obliga a los partidos a contemplar métodos más efectivos de democracia interna. Es entendible que, ante la posibilidad de acceder a un cargo que permita desarrollar carrera, los métodos para postular candidatos deban transparentarse para incentivar dentro de los partidos el surgimiento de nuevos cuadros. Así, el desafío para desbancar a los legisladores en funciones debe catalizar juegos de suma positiva dentro de los partidos, contribuyendo a la democratización del país y de las organizaciones partidistas.

El proceso de democratización dentro de los partidos es un tema central de la consolidación democrática. El activismo de los tribunales mexicanos ha sido un catalizador importante para superar la cultura autoritaria dentro de las estructuras partidistas. El hecho es estimulante no sólo por los resultados evidentes de las

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decisiones del Tribunal Federal Electoral, sino también por el hecho de que se profundiza la división de poderes.

Algunos doctrinarios han cuestionado la injerencia de los tribunales dentro de la vida de los partidos. Sin embargo, esta es indispensable para romper con tradiciones adversas al desarrollo democrático. No sólo ha sucedido en México. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos posee una larga lista de casos que rompieron los impedimentos que los partidos políticos oponían a la participación electoral de los afro-americanos304. La denominada corte Warren fue particularmente severa para determinar que el acceso democrático a la participación política, vía los partidos, era un asunto de interés público, así muchas de los órganos que componían los partidos fueran entes de derecho privado. Este criterio fue, en principio, continuado por la corte Renhquist305.

En el año 2003, el Tribunal Federal Electoral mexicano resolvió dos casos importantes para la democratización de los partidos. Por un lado, dictó que los partidos políticos no pueden modificar las listas registradas de sus candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, salvo en casos de fuerza mayor previstos por la ley. La sentencia favorecía a Federico Berrueto Pineda, candidato del PRI quien había sido excluido de la lista de diputados plurinominales por problemas con la dirigencia de su partido.306

Más importante, el tres de septiembre de ese año, el Tribunal ordenó al Partido Verde Ecologista de México reformar sus estatutos, incorporar criterios democráticos y renovar sus órganos directivos nacionales y estatales conforme a los nuevos lineamientos.307 El propio órgano jurisdiccional dictó que existen cuatro elementos que garantizan niveles mínimos de democracia dentro de una organización y que se desprenden de la Constitución: 1) Deliberación y participación de los ciudadanos en el mayor grado posible 2) Igualdad 3) Garantía de ciertos derechos fundamentales

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(Expresión, información y asociación) y 4) Control de órganos electos, incluyendo la posibilidad “real y efectiva” de removerlos.308 Adicionalmente, interpreta que la expresión “Procedimientos democráticos” a que se refiere el COFIPE para integrar los órganos directivos de los partidos309 incluye tres características básicas: 1) El establecimiento de la asamblea de afiliados como principal centro de decisiones del partido, 2) El derecho a votar y ser votado para la elección de órganos directivos, con las calidades de igualdad y universalidad, con independencia de que el voto se ejerza de manera directa o indirecta y 3) El establecimiento de mecanismos de control de los órganos directivos.310

Hacia adentro de los partidos, la reelección parlamentaria genera nuevos cuadros dentro de las organizaciones políticas que fomentan la pluralidad de criterios y la diseminación de centros de poder, descentralizando la toma de decisiones, tradicionalmente concentrada en las dirigencias partidistas. 4. Control ciudadano.

El gran control, entonces, sobre los legisladores, es el voto ciudadano. Se puede decir que la implantación de la reelección abre un sistema de auditoría permanente sobre el poder legislativo sumamente efectivo: El de los ciudadanos.

Los intereses distritales predominan en los considerandos de los legisladores por el hecho de que, a la próxima elección, tendrán que pedir el voto de sus conciudadanos. El sistema genera, por tanto, lazos de confianza y tiende redes de cooperación entre los ciudadanos y sus representantes.

El mayor lazo, el origen fundamental del cargo, se invierte: De la cúpula a la periferia. La auditoría de desempeños es permanente. Ya no por obligación legal, sino por

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estrategia de permanencia política, los legisladores generan vasos comunicantes con sus electores. Atienden, por tanto, de manera más estrecha y permanente las necesidades de sus distritos.

En contra de estos efectos positivos, la reelección parlamentaria abre desafíos importantes, que es necesario ponderar: 1.

Obstaculiza la movilidad política.

La permanencia en un cargo, así sea por un buen desempeño, cierra espacios de participación a nuevos actores políticos. Se sabe que la movilidad es una pieza clave del funcionamiento democrático, pues el diseño institucional puede favorecer a la creación de estructuras cerradas, que impidan la oxigenación de la arena política.

Como se ha visto, la tendencia en el diseño institucional del país se ha encaminado en los últimos años a dotar al sistema político de características incluyentes. Esto ha sido determinante en la construcción de la democracia mexicana. Por ello, es importante asegurar que la creación de nuevas instituciones, o la reforma de las actuales, no vaya en contra de esta tendencia que ha sido sumamente benéfica para el país.

La reelección de legisladores indefinida, como prueba el caso de los Estados Unidos, puede generar el surgimiento de elites parlamentarias que gocen de gran conocimiento, pero también de gran resistencia al cambio. La permanencia, adicionalmente, va creando conglomerados de interés que lesionan el funcionamiento democrático del sistema.

Se trata de resolver, por tanto, el dilema eficiencia en el desempeño/ renovación. Cómo lograr el primero sin taponear la renovación del sistema es el punto fino, medular, den el diseño institucional de la reelección parlamentaria.

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Complica las negociaciones.

Por otro lado, el cambio de lógica en el funcionamiento del sistema, al modificarse de la cúpula partidista a la periferia ciudadana, posee el defecto que complica la obtención de consensos y la construcción de acuerdos mayoritarios vía la negociación política. Este hecho, que –aún sin reelección- ya se perfila en la realidad mexicana, es una de los efectos más contraproducentes del sistema. ¿Con quien se negocia? Actualmente, el ejecutivo debe abrir varios espacios de negociación simultáneos, haciendo sumamente compleja la construcción de acuerdos. Para obtener mayoría en un gobierno dividido, el ejecutivo debe negociar al mismo tiempo con los liderazgos en el congreso, con la cúpula partidista, con los gobernadores. Utilizo conscientemente el plural en los liderazgos congresionales porque, incluso dentro de las fracciones de un mismo partido, no siempre existe la capacidad del líder de la bancada para obtener acuerdos.

Así las cosas, una vez existiendo la reelección, es de preverse que, en aras de articular mayorías para que las iniciativas legislativas sean aprobadas, los espacios de negociación se multiplican, promoviendo la negociación voto por voto. 3.

Incrementa influencia de grupos de presión.

Pero la reelección parlamentaria también puede facilitar el surgimiento de redes de interés entre los legisladores y diversos grupos de presión. Esto es particularmente cierto –y nocivo- en los vínculos con poderosos consorcios que financian a un grupo de legisladores donde se asientan los intereses. Más que lobbying, surge una interdependencia entre el representante legislativo y los grupos de poder.

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El surgimiento de estas redes no solamente se circunscribe al ámbito económico, sino también a ligas estrechas con grupos de poder, y no exclusivamente del ámbito político.

De esta manera, la permanencia desmedida de legisladores puede configurar un nuevo tipo de clientelismo, en donde las elites sean las que, mediante estructuras de organización y el sustento de ilimitados recursos financieros, se socave el objetivo real de la representación. Un estudio de la ONG estadounidense “Open Secrets” ha revelado que 77% de las grandes contribuciones financieras hechas a campañas se destinaron a apoyar a legisladores que buscaban reelegirse.

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En cuanto a los

donadores, se encuentran -no sorpresivamente- sindicatos y grandes consorcios empresariales, tales como Phillip Morris (ocupando el número 5 de la lista) AT&T, Citigroup o Goldman Sachs. Sumando las contribuciones de los cien principales donadores, estas rebasan los mil millones de dólares

Así las cosas, ¿Debe aprobarse la reelección parlamentaria en México?

Considero que sí. Las bondades del sistema son muchas. Los temas pendientes de la agenda legislativa nacional también y más: Son sumamente complejos. Pero evitar sus efectos nocivos también representa una alta prioridad. Por ello, la reelección se debe acotar, para evitar que se generen las redes de interés que se mencionaron y asegurar, al mismo tiempo, que el sistema no pierda su característica incluyente. 5.7 Omisión Legislativa.

A principios del siglo XX, las leyes francesas incorporaron un concepto al que denominaron “Silencio administrativo”. Este surgía como una forma de proteger el

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derecho de petición ciudadano. Consistía en incorporar plazos para que la autoridad diera respuesta a peticiones ciudadanas y, en caso de no darse ésta, considerarse la respuesta como una negativa312. La figura evolucionó, dentro del ámbito del derecho administrativo, hasta incluir la figura de una respuesta positiva en caso de silencio de la autoridad. Su aparición permitió, entonces, cambiar la lógica de la discrecionalidad en la acción de la autoridad: Debía dar respuesta al ciudadano o, en caso contrario, proceder a cumplir con lo que se pedía.

Como se sabe, uno de los grandes dilemas de la actualidad es no sólo la incapacidad de los gobiernos para dar respuesta a las demandas ciudadanas, sino también la manifiesta incapacidad del poder legislativo para legislar. No sólo se trata de un problema cuantitativo: También es uno cualitativo. Esto es: No sólo importa el número de asuntos legislativos desahogados, sino también la naturaleza de los mismos. ¿Está el Congreso resolviendo los problemas claves del país dentro del ámbito de su competencia? Tal es la respuesta que se debe dar para evaluar la función legislativa.

La parálisis en los asuntos competencia del congreso ha llevado a diversos países a explorar formas de subsanar los vacíos legales que se crean por omisiones legislativas.

En el ámbito administrativo, por ejemplo, se ha encontrado que la omisión tiene consecuencias, muchas de ellas graves, incluso constitutivas de delitos. ¿Puede sancionarse a los miembros del congreso por no legislar? O, puesto en otra forma, ¿Están obligados los legisladores a legislar?

En principio, el principio de la división de poderes otorga a los cuerpos legislativos prerrogativas especiales. El fuero a los legisladores es una ficción jurídica que se crea en aras de resguardar la independencia de criterios y la libertad de expresión de los

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miembros de los diputados y senadores. En segundo término, el derecho le concede a las cámaras la dimensión de órganos soberanos. En tanto representantes directos de los ciudadanos y de las entidades, los legisladores no pueden ser sancionados por no legislar. Pueden, en todo caso, recibir sanciones por no acudir a las sesiones, pero la constitución no amplía estas sanciones por el hecho de que el Congreso no cumpla con su obligación de legislar.

Así las cosas, no existe un mecanismo legal que permita sancionar la no actividad legislativa. El único control, en todo caso, sería de carácter político, vía el voto ciudadano. El hecho de que no exista la reelección parlamentaria, sin embargo, debilita severamente este control ciudadano. Los legisladores no sólo no tienen la obligación de rendir cuentas sobre su desempeño: Tampoco tienen incentivos políticos para hacerlo.

Sin embargo, existen ocasiones en que la inactividad legislativa puede comprometer disposiciones constitucionales. La división de poderes, derivada de una norma constitucional, encuentra una excepción a la facultad de los legisladores para no legislar en el momento en que la constitución ordena hacerlo.

Así, cuando la inactividad contraviene una disposición constitucional, los legisladores pueden ser obligados a corregir esta situación. Por ejemplo, la inactividad legislativa puede impedir nombramientos en los que la carta magna ordene la intervención del legislativo, o cuando el texto constitucional ordene que se legisle en una materia determinada. En esos casos, en México no existe posibilidad de que los órganos de control de la constitucionalidad intervengan, como si lo están facultados en otros países o en algunos Estados de la República.

La figura de la omisión legislativa nació en Portugal para corregir las deficiencias constitucionales de la inactividad parlamentaria. Consiste, fundamentalmente, en

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otorgar a los órganos de control de la constitucionalidad la facultad de intervenir para enmendar incumplimientos constitucionales que se presenten por falta de actividad del Congreso. Esta figura, que se encuentra también en Brasil, Venezuela y Perú, puede consistir en dos efectos:

1. Un llamado público para que el Congreso corrija la situación o, 2.

Dotar de plena eficacia a la norma constitucional mediante una acción supletoria y temporal del órgano de control.

En el primer caso el tribunal puede hacer un llamado -en caso del legislativo-, o expedir una orden –en caso de autoridad administrativa- para que se corrija una situación que impide la plena eficacia de la norma constitucional. En caso de no cumplir con el llamado, el órgano de control de la constitucionalidad puede actuar de manera supletoria para subsanar la falla que impide el desarrollo del mandato constitucional.

Así por ejemplo, en junio del año 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo De Justicia de la República Bolivariana de Venezuela declaró la omisión legislativa en la integración del Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros deben ser designados por la Asamblea Nacional. En consecuencia: Dio diez días al Congreso para cumplir con su deber constitucional o, en caso de no hacerlo, el propio tribunal nombraría a los magistrados en cuestión.

Vale la pena señalar que la figura de la omisión legislativa no sanciona al órgano legislativo, sino que solamente garantiza el cumplimiento de la constitución.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación posee dos facultades de control de la constitucionalidad: El de conocer de controversias constitucionales y el de resolver acciones de inconstitucionalidad. La primera se refiere a resolver cuestiones

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de competencia, garantizando el principio de división de poderes y la distribución de facultades entre los niveles de gobierno; la segunda se da para responder conflictos que se desprenden de posibles contradicciones entre una norma secundaria y una norma constitucional. No posee, por tanto, facultades para impulsar el proceso legislativo o para suplir insuficiencias del mismo.

Es en el ámbito constitucional local, sin embargo, en donde ha habido avances importantes. La Constitución Política del Estado de Veracruz incluyó por primera vez, la figura de la omisión legislativa en el País 313. Dice esta ley en su artículo 65 fracción tercera que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocerá: “De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución que interponga:

A) El gobernador del Estado. B) Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos. “La omisión legislativa surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. En dicha resolución se determinará un plazo que comprenda dos periodos de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, para que este pida la ley o decreto de que se trate la omisión. Si atendido este plazo no se atendiere la resolución, el Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto.”

De esta forma, la Constitución del Estado de Veracruz plantea la figura de la omisión legislativa con base en algunas características importantes: a) El Tribunal Superior de Justicia no puede actuar de oficio sino que debe ser solicitada su intervención por el ejecutivo estatal o por 70 municipios. B) La resolución de la

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autoridad jurisdiccional debe incluir un plazo de cumplimiento, a mi juicio demasiado largo, en particular cuando se trate de nombramientos o integración de órganos constitucionales y C) El tribunal está facultado constitucionalmente para dictar las normas que permitan la plena eficacia de la norma en tanto el Congreso no subsane la acción que motivó la declaratoria de omisión legislativa.

Sin duda, la figura bosquejada es un importante mecanismo de control de la constitucionalidad y que garantiza que, en ciertos casos, el Congreso actúe de manera expedita314. Su inclusión en la Constitución Federal sería un valioso instrumento para salvaguardar los preceptos constitucionales.

5.8.

Incorporación de figuras de democracia directa.

No existe en el derecho constitucional mexicano moderno ninguna figura de democracia directa que permita elevar la participación ciudadana en la toma de decisiones. La figura del plebiscito se incluye en la Constitución del Estado de Veracruz y es el único Estado que ha realizado un plebiscito en el país315. El referéndum tampoco se incorpora en la constitución federal ni en ninguna de las constituciones estatales.

Existen mecanismos como los contemplados en la constitución española que prevén que para cierto tipo de reformas que afectan la composición misma del Estado, se requiera la realización de un plebiscito para que surtan efectos legales, aún después de haber sido aprobadas por el poder legislativo. 5.9.

Consulta Popular.

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Esta es una figura que ha sido utilizada por los gobiernos de izquierda en diversas partes del mundo que, sin tener fuerza de ley, estimulan la democratización en la toma de decisiones del poder ejecutivo. El objetivo de estas herramientas es ampliar los márgenes de participación ciudadana, tema que se tratará con mayor amplitud más adelante.

5.10 Publicidad de la información.

Los peces no tienen memoria. Lo vivido queda definitivamente borrado una vez que pasó. Así vivió México durante, prácticamente, toda su historia. La secrecía era el signo de la función pública.

De manera paradójica, la res publica, la cosa pública, era uno de los ámbitos más privados, más reservados, de la vida nacional.

Esto creó una cultura que produjo un doble perjuicio: México se convirtió en un país sin memoria. Las motivaciones que determinaron prácticamente todas las decisiones trascendentales quedaron en la oscuridad. De esa forma, sin documentos que avalen los procesos de tomas de decisiones, la confrontación de ideas y opiniones, el análisis de escenarios, la calibración de consecuencias y la contextualización de coyunturas, la información fue sustituida por el rumor. Por lo mismo, se fue perfilando un sistema que permitía una gran flexibilidad e incongruencia: Hoy se reformaba para mañana contrareformar. Todo, por los mismos actores316.

Pero en segundo lugar, la cultura de la secrecía generó un ambiente de abuso por parte de las autoridades. No había contrapesos posibles a su actuación. No podía

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haberlos, pues la ciudadanía no poseía los elementos para fundar un juicio sobre la actuación de sus gobernantes. De esta manera, la crítica se enfocó, necesariamente, hacia lo que se sabía de la actuación pública. Necesariamente, por lo mismo, en muchas ocasiones, ni dudarlo, la opinión pública fue injusta con las autoridades.

Mientras en el mundo desarrollado proliferaba la divulgación oficial de documentos oficiales, facilitando el escrutinio público, en México se mantenía un retraso considerable en conocer lo que sucedía por dentro de los gobiernos. Ya en 1974, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos había ordenado al presidente Nixon que liberara las cintas de todas las grabaciones realizadas en el despacho presidencial.317 Años después, conoceríamos las transcripciones de las deliberaciones de Kennedy y su gabinete para enfrentar la crisis de los misiles318 o sabríamos, por las conversaciones de Johnson, que el Presidente estaba convencido de que, en Vietnam, llevaba a su país a una guerra que no podía ganar. Sabríamos, también, algo acaso más dramático: No podía hacer nada para evitar la escalada que le costaría la presidencia y miles de vidas norteamericanas.

Mientras tanto, en México nos llevó un cuarto de siglo aprobar una ley de garantizara el derecho ciudadano a conocer la información pública. En efecto, el derecho a la información fue uno de los aspectos incluidos en la reforma política de 1977, impulsada por José López Portillo y Jesús Reyes Heroles. Se elevó, además, a rango constitucional. No fue, sin embargo, sino hasta el año 2002 cuando se aprobó una ley relativa.

Por ello, la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es uno de los pasos decisivos para apuntalar el desarrollo democrático del país. Es un hecho que debe celebrarse por varios motivos: a) Incentiva el desarrollo de una nueva cultura b) Fue desarrollada en conjunto con la

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sociedad civil c) Crea un instituto ad hoc para garantizar su desarrollo d) Involucra al poder legislativo en la integración de ese instituto.

La ley cumple con una característica clave de este tipo de ordenamientos: La accesibilidad. Como se comentó, esta característica es indispensable dentro del entramado institucional para garantizar su uso. Lo es más en el caso del tema que nos ocupa porque el objetivo de la ley no es facilitar la obtención de información gubernamental a expertos sino al ciudadano común. Por ello, los requisitos que la ley prevé son asequibles a todos los ciudadanos, otorgando, además, el beneficio de la positiva ficta y determinando un plazo de 20 días hábiles para que la autoridad resuelva sobre la petición.

Un segundo logro importante de la ley es la expresa prohibición para que las autoridades reserven información que

se relacione con violaciones graves a los

derechos humanos. Dice la ley: “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”. (art. 14)

Vale la pena destacar, adicionalmente, que otra de las virtudes de este ordenamiento se refiere a sus alcances. No sólo aplica para la apertura de información de la administración pública, sino que también lo hace para organismos públicos descentralizados e, inclusive, sus lineamientos generales operan como base para el desarrollo de la reglamentación conducente para los otros poderes de la unión. Esto tiene una gran relevancia, porque convierte a la política de información y transparencia en una política de Estado. Se trata de un avance sumamente importante: Tanto en los Estados Unidos como en Europa –con la excepción de

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Suecia- el acceso ciudadano a la información, por leyes similares a la analizada, se limita a la administración pública. 319

Esta amplitud en su ámbito de aplicación, aunado al hecho de que haya contando con el respaldo de la sociedad civil, le ha dado a esta ley una gran capacidad de replicación. En efecto, estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Querétaro han publicado ya leyes que regulan, en el ámbito estatal, el acceso a la información.320. Así, parecería que, en principio, la ley cumple con el primer efecto de romper con una cultura que se había enquistado en la vida del país.

Falta tiempo para evaluar, por supuesto, sus resultados en la vida práctica, en el día a día de la función pública. Pero la forma como está diseñada ofrece motivos suficientes para ver con optimismo el futuro. La ley determina reservas en temas que involucren: 1)La seguridad nacional 2) Las relaciones exteriores 3)La estabilidad Económica 4)La vida personal y 5) La procuración de justicia.

Con todo, se pueden hacer los siguientes comentarios para mejorar su aplicación:

La ley y los reglamentos que se expidan deberán determinar con mayor precisión que se entiende por información que pueda “dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”. La ambigüedad de esta redacción puede abrir franjas de discrecionalidad para las autoridades financieras del país, aspecto que habrá que cuidar.

Al mismo tiempo el artículo 14 fracción VI establece que se considerará información reservada:

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“La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada una decisión definitiva, la cual debe estar documentada”

Esta redacción no aclara si, una vez adoptada una decisión, se tendrá acceso a las diversas opiniones que intervinieron en el proceso, hecho de invaluable riqueza histórica para comprender los alcances de las decisiones y establecer mecanismos que permitan enriquecer el proceso decisorio de los gobiernos.

Por último, sería importante otorgar presupuesto suficiente a cada dependencia para profesionalizar la implementación de órganos internos que den respuesta a las peticiones ciudadanas y determinar las sanciones y forma como se subsanen la negativa de la autoridad a proporcionar información no reservada o confidencial. 5.11.

Control de los medios de comunicación.

Es indudable que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la consolidación democrática y en el desarrollo del sistema político. Ya hemos visto como la vida contemporánea de vértigo reclama un mayor cúmulo de información pero también información más digerida, compactada, o encapsulada en mensajes cortos.

Los medios comunicación son, o deberían ser, el reflejo de la sociedad. Es imposible dejar de señalar el papel tan relevante que jugaron los medios para llegar al grado de apertura y desarrollo político que tiene el país. Momentos vibrantes, donde la libertad de expresión tuvo su brillo más puro: La denuncia de la masacre de Tlatelolco desde las páginas de Excélsior; el dedo señalando la corrupción lopezportillista o salinista desde proceso; el narcotráfico desnudado desde zeta; la transmisión escalofriante de la masacre de Aguas Blancas por Televisa o la inteligencia nacional

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publicada en las páginas editoriales y los espacios radiofónicos de cientos de medios en el país.

Durante años, como afirmó Raúl Trejo, los medios han acercado a la gente a los procesos políticos321. Y es que en los medios de comunicación se concentra el ejercicio, no exclusivo pero sí preponderante, de un derecho fundamental para la vida democrática: La libertad de expresión. Esta libertad incluye el derecho a formar de manera independiente ideas y tener la capacidad de expresarlas.

Pero los medios son también negocios y, por tanto, responden a intereses particulares. Lo que no está en los medios, decíamos páginas atrás, no está en el mundo. Por tanto, el espejo de los medios no es siempre fiel. También distorsiona, censura y calumnia. Si los medios han jugado un papel primordial en el proceso de democratización del país ha sido por su capacidad de coadyuvar a controlar al poder.

Más aún, el sentido de todo el proceso de democratización que ha vivido el país ha sido, precisamente, para controlar el poder. Esto ha sido cierto no sólo en el ámbito del poder ejecutivo, sino que se han dictado reglas para dotar de equilibrios democráticos al acceso, desempeño y entrega de cuentas de otros poderes. Los criterios para elegir al poder judicial se modificaron; también se democratizaron los criterios de nombramientos de los directores de organismos autónomos. Incluso la Suprema Corte ha dado pasos importantes para democratizar la vida sindical y la conformación de cámaras empresariales.322

Así pues, el país ha dado pasos sumamente trascendentes a efecto de controlar el poder. Pero ¿Son los medios un poder? Jorge Carpizo brinda la siguiente definición: “El poder es una relación en la cual una persona, un grupo, una fuerza, una institución o una norma condicionan el

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comportamiento de otra u otras, con independencia de su voluntad y de su resistencia”323 Para este autor existen 6 clases de poder: Originario, político, paternal, económico, ideológico y asociativo. El poder ideológico es aquel que “a través de la elaboración y proyección de conocimientos, imágenes, símbolos, valores, normas de cultura y ciencia en general, ejerce coacción psíquica y logra que la sociedad, el grupo o la persona actúe en una forma determinada”324

Alain Minc ha externado con precisión no sólo la preocupación de las sociedades contemporáneas por ciertos excesos de algunos medios, sino que también la dimensión de ese poder: “El diagnóstico parece claro ante la explosión tecnológica que multiplica los canales de difusión, que prima la información más rápida, la repetición infinita de las mismas noticias y una capacidad de amnesia a la medida del continuo bombardeo informativo. Y, como contrapeso, los medios de comunicación creadores de un sentido cada vez más evanescente y que cada vez pasa más de la Historia en profundidad, de los principios de la moral, de los reflejos éticos o, simplemente del sentido común. Se acredita así la existencia de un homo mediaticus conectado a la información y convertido en el electrón de base de nuestras sociedades modernas, lo mismo que el homus sovieticus, propugnado por Zinoviev, en la sociedad soviética. En definitiva, la opinión pública parece a ser gobernada por los medios de comunicación tan firmemente como la sociedad civil pudiera serlo por tal o cual partido totalitario”325

Así pues, los medios, sin duda, son un poder. Como tal, respondiendo a los intereses y aspiraciones de una sociedad democrática, debe tener controles, pero ¿Quién controla a los medios?.

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Y es que, frente al derecho del particular de expresar libremente sus ideas, se encuentra un derecho social de la mayor relevancia: El derecho a la información. El derecho de cualquier ciudadano a estar oportunamente informado.

Este choque de intereses, ambos legítimos, ambos prioritarios, en una zona muy delicada de la vida pública, es lo que convierte al tema del control de los medios de comunicación en uno extremadamente sensible.

Esta afirmación es doblemente cierta en un país como México donde el control de los medios y la libertad de expresión se dio históricamente de manera autoritaria. Fue el Estado, durante años, quien censuró –la forma más vil de control - el desempeño informativo y de opinión de los medios de comunicación. Era un asunto que podía ser redituable, peligroso o mortal. Al ser redituable, se creó en amplias franjas del país un sistema de autocensura326: Callo para que pagues.

Este sistema, aún vigente, se reveló en tres momentos: Cuando Luis Echeverría movilizó al empresariado corporativo para que retirara su publicidad de Excélsior327; cuando López Portillo retiró la publicidad oficial de Proceso con la frase “No pago para que me peguen”328 o cuando Vicente Fox consintió la toma de instalaciones de CNI por TV Azteca con otra frase lamentable ¿Yo, porqué?329

Esta situación auspició el surgimiento de muchos medios de escasa circulación, independientemente de la pobre cultura de lectura en México. En contraposición, periodistas y empresarios comprendieron que criticar e informar lo que otros callaban era negocio. Así comenzaron a crecer las empresas periodísticas independientes, particularmente en la prensa escrita y la radio.

Ante la degradación de los controles autoritarios, gracias al surgimiento de esas publicaciones que no los admitían, pero también a la expansión del régimen de

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libertades, la disminución de controles oficiales como la disolución del monopolio del papel

periódico330

del

respaldo

social

que

recibieron

las

publicaciones

independientes, se hizo evidente que existe una desigualdad entre el emisor y el receptor de la información.

Ante la apertura, se patentizó que los medios no brindaban el acceso que demandaba una sociedad cada vez más democrática, había -h–y- en palabras de Raúl Trejo, una creciente desigualdad en los contenidos informativos.331 No solamente eso: El régimen legal incuba también una profunda desigualdad entre los ciudadanos y los medios.

Cada día resulta más evidente que esa desigualdad incuba graves problemas para el desarrollo democrático del país. Fundamentalmente, las deficiencias estriban en una importante concentración de medios, en una escasa pluralidad, en la carencia de instrumentos para acceder a los espacios y en procesos legales no adecuados para defender los derechos ciudadanos ante el poder de los medios.

El tema de control democrático de los medios es nuevo en México pero no en el mundo. La ley que articula el sistema de control francés data del 29 de julio 1881332. En prácticamente todos los países desarrollados existen sistemas de control de los medios.

Estos sistemas se mueven en dos extremos: Por un lado, los sistemas que privilegian la defensa de los derechos de la sociedad entendida como una suma de derechos particulares. Por otro, los sistemas que privilegian la protección de la libertad de expresión de los editores. El sistema Francés revela el primero y el norteamericano el segundo.

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Ambos adolecen de deficiencias. El sistema francés se basa en la aplicación de una serie de prerrogativas de gran relevancia pero por parte de una Comisión Nacional de la Comunicación y las Libertades que se integra por miembros designados por órganos del Estado: Tres nombrados por el poder ejecutivo y seis por el legislativo (Tres por el senado y tres por la Asamblea)333.

En contraposición, el derecho norteamericano prevé un sistema de control a cargo de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). La comisión está integrada por especialistas que, sin embargo, desde 1987 no poseen facultades sino en aspectos técnicos. En efecto, en ese año el Gobierno del presidente Reagan derogó la llamada Doctrina de Equidad (Fairness Doctrine) que tutelaba una serie de obligaciones para los medios de comunicación a fin de garantizar coberturas similares, derechos de rectificación y réplica etc.

De manera similar al sistema norteamericano, el derecho inglés promueve la autorregulación como medio de control de la prensa escrita. Las deficiencias propias de este sistema, que se integra mediante la creación de una comisión de periodistas, son evidentes: No poseen capacidad coercitiva y los integrantes son juez y parte.

Así pues, resulta imprescindible desarrollar un sistema de control de los medios de comunicación en México que se ubique en un punto intermedio de las dos corrientes existentes. Por ello, este sistema debe cumplir con tres requisitos fundamentales: 1) Debe ser un control democrático, 2) Debe ser incluyente, 3) Debe ser especializado.

Por democrático entendemos que sus miembros deben ser designados mediante procedimientos legalmente definidos y que involucren la participación de diversas instituciones que aseguren la pluralidad. Los medios no deben ser controlados por el Estado, sino por la sociedad. A diferencia del sistema francés, en México el órgano de control debería estar presidido por una mayoría de representantes de la sociedad, y no

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sólo por representantes del Estado; por incluyente se entiende que no sólo debe estar representado el estado sino también el sector social, particularmente la academia y juristas; y por especializado que sus miembros deben tener conocimientos técnicos que permitan definir desde una perspectiva multidisciplinaria para definir aspectos de transmisión y contenidos.

Los objetivos que debe asegurar el sistema deben ser, al menos: 1. Asegurar el pluralismo en los medios de comunicación. 2. Ampliar el acceso. 3. Fomentar sistemas de autocontrol. 4. Fomentar la dignidad de la persona. 5. Defender la cultura y la lengua. 6. Gestionar frecuencias. 7. Aplicar sanciones.

Asegurar el pluralismo en los medios de comunicación.

Tener medios de comunicación que ofrezcan diversos puntos de vista a la sociedad es un factor determinante para enriquecer la vida democrática del país. La política pública debe estimular el surgimiento de medios que presenten contenidos diversos, para asegurar que la población tenga información suficiente y diversa para formar opiniones propias.

La democracia se nutre de la confrontación de ideas. Por ello, los medios deben tener orientaciones diferentes. Deben ser, por tanto, un reflejo mismo de la sociedad mexicana: articulando una oferta amplia de tendencias ideológicas, sociales y culturales.

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Así, el mosaico de los medios debe responder a una premisa central: No importa que sean muchas voces, sino voces diferentes.

2. Ampliar el acceso.

Ampliar el espectro de medios que asegure una pluralidad de opiniones cumple sólo con una parte de los objetivos centrales del control democrático de los medios. Se requiere también, asegurar la pluralidad dentro de los medios.

El derecho positivo mexicano que asegura un derecho de réplica en los medios a los ciudadanos es solamente un bosquejo de los que genuinamente debe asegurar el acceso de voces diversas en los contenidos de cada uno de los medios. En primer lugar, el derecho de réplica implica una reacción y, por tanto, una excepción. La norma debería ser que la pluralidad de voces dentro de los medios sea un hecho cotidiano.

Como servicio público, los medios tienen obligaciones importantes que cumplir con la formación cultural, educativa y la consolidación democrática del país. Por ello, se deben asegurar los mecanismos legales para brindar acceso a la mayor tendencia de voces posible, independientemente de su afiliación política, status social, raza, religión o preferencia sexual.

3. Fomentar sistemas de autocontrol.

Un control democrático implica la noción de corresponsabilidad. Como se mencionó, el sistema inglés se ha basado en el autocontrol de los medios. La experiencia francesa, en el otro extremo, tampoco es ajena a la experiencia de que

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los medios asuman su propia responsabilidad y desarrollen códigos de ética que impliquen los márgenes autoimpuestos en donde se deba desarrollar su actuar.

Los Estados Unidos presenta el caso más extremo en donde todo el sistema se rige bajo la premisa de libre iniciativa de los particulares.

En la realidad mexicana, los medios se han manifestado a favor de un sistema de este tipo. Independientemente de que exista una autoridad que controle el actuar de los medios, es muy importante que también los dueños de los medios cuenten con una institución que les permita convertirse en un pilar del desarrollo democrático del país.

Jorge Carpizo expone una figura incluida en el Derecho Español que ha garantizado que los sistemas de autocontrol funcionen. Es claro que uno de los problemas más consternantes de la autorregulación es la falta de coerción para hacer que los códigos de ética y las tendencias de cada medio efectivamente se cumplan. Por ello, la figura de la denominada “cláusula de conciencia” es un instrumento que permite asegurar la independencia profesional del periodista frente a los intereses de la empresa para la que trabaja (el medio). Explica Carpizo: “La cláusula de conciencia consiste en la posibilidad que tiene l periodista de poner fin unilateralmente al contrato laboral que lo liga a la empresa, percibiendo la indemnización que le correspondería por despido improcedente, cuando la línea editorial o la orientación ideológica del medio de comunicación haya cambiado notoriamente, de forma tal que el periodista se considere afectado negativamente en su ideología o en su dignidad profesional”334 Agrega el distinguido constitucionalista que esta cláusula persigue un triple propósito: Salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista.335

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4. Fomentar la dignidad de la persona.

Como se vio en la parte primera, el futuro avizora un importante debate en la definición de los derechos y obligaciones que tendremos como especie. Más: Las importantes diferencias económicas, culturales y sociales de la sociedad mexicana nos obligan a asegurar la inclusión de todos los mexicanos en las tomas de decisiones y en la vida del país.

Los medios juegan un papel clave. Su gran influencia; su indiscutible penetración, les transfiere una responsabilidad de primer orden con respecto a la formación de valores ciudadanos de las personas.

Es preocupante el tema de contenidos que incuban la violencia y la cultura del éxito como meta de vida. El hecho es doblemente preocupante si seguimos a Sartori, quien refiere una investigación del Instituto Central de Estadística de Italia en donde indica que el 95% de los niños entre 3 y 10 años (4 millones y medio) ven la televisión prácticamente todos los días. Los niños italianos entre los 4 y 7 años ven televisión dos horas y media al día, mientras que, de ellos, 19% la ve cinco horas o más. En los Estados Unidos los niños que aún no van a la escuela pasan tres horas frente al monitor y 5 horas los niños entre 6 y 12 años.336 Este poder de penetración de la televisión –el medio visual por excelencia- lo convierte en un vehículo de gran relevancia para la formación de valores ciudadanos. Convertir a las televisoras en corresponsables de la formación de valores democráticos y culturales es un reto mayúsculo de la agenda de control de los medios. Nuevamente, Sartori ha definido con exactitud el reto: Convertir al progreso de la televisión en la televisión del progreso.337

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5. Defender la cultura y la lengua.

Un imperativo de toda nación es preservar sus valores culturales, dentro de los cuales su idioma juega un papel central.

Los medios son un vehículo sumamente valioso para fomentar el desarrollo cultural del país; para ampliar el conocimiento y aprecio por su historia, por sus costumbres, por su legado y por su compromiso con el futuro.

A nivel internacional existen importantes ejemplos de los que los medios, particularmente los electrónicos, pueden lograr a favor de la preservación de las tradiciones, cultura y valores de una sociedad.

Nuevamente, la profundización de un mundo globalizado, en particular la erosión de las fronteras, harán que el vehículo más poderoso de cohesión nacional sea la cultura. Por ello, tomar las medidas más decididas para asegurarla puede convertirse en un factor central de la vida independiente del país en el futuro.

6. Otorgamiento de concesiones.

Un instrumento central del control autoritario de los medios es la facultad del ejecutivo para otorgar las concesiones a medios electrónicos. Bajo la amenaza siempre presente de la revocación o la no renovación, el concesionario debe responder a las necesidades del sistema.

Por ello, un paso central en el control democrático de los medios es transferir esa facultad a la comisión Reguladora que se cree ex profeso, donde se determinen de manera precisa los requisitos para otorgar las concesiones. Esos requisitos deben contemplar los mecanismos necesarios para asegurar los fines de

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que los medios sean cada vez más plurales, más diversos y que brinden un creciente acceso a diferentes grupos sociales. También, que se conviertan en un vehículo de la formación democrática del país y en elemento de cohesión de la nación.

Existen varios puntos que deben tutelarse para el otorgamiento de las concesiones, que van desde la fama pública, evitar la concentración de medios previniendo la formación de monopolios u oligopolios, hasta garantizar por ley el derecho de acceso, la regulación de tiempos a partidos políticos y a tiempos públicos, las reservas de información, la protección a fuentes de información, el régimen de retribuciones económicas, el derecho de rectificación y el derecho de réplica.

7. Aplicar sanciones.

La verdadera fuerza de una institución está en su capacidad coercitiva, en la posibilidad de asegurar que sus mandatos se cumplan. En los países europeos, los órganos administrativos que se abocan al control de los medios de comunicación han avanzado bastantes en la creación de un sistema de sanciones que ha venido a equilibrar los contenidos y el desempeño de los medios.

Las sanciones que se incluyen van desde apercibimientos hasta sanciones de carácter económico, mediante un sistema de multas que se pueden aplicar tanto al medio como al comunicador. Evidentemente, las sanciones contemplan también una serie de suspensiones de programas en particular por tiempo determinado o indefinido, reducciones del tiempo de concesión y, en casos de gravedad, la revocación de la misma.

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Existen, también, una serie de sanciones que se dirigen fundamentalmente a la credibilidad del medio y apelan, por tanto, de manera indirecta al público para que reflexione sobre el profesionalismo en la integración de los contenidos del medio. Esta interesante gama comienza con la facultad de ordenar se cumpla con el derecho de réplica pero también con la de intervenir para que se dé acceso a opiniones plurales que generen confrontación de ideas en temas que se consideren de interés público.

Las regulaciones europeas contemplan también la obligación de los medios a asegurar el derecho de rectificación, determinando los espacios u horarios para hacerlo. En esta serie de sanciones vale la pena destacar dos vertientes: Los medios tienen la obligación de difundir las sentencias condenatorias en su contra, que garantizan, independientemente de otras sanciones de carácter civil o penal a que hubiera lugar, el resarcimiento de la fama pública de los posibles afectados. En este sentido, el derecho francés contempla lo que se han denominado “minutos negros”, dirigidos a los medios de comunicación electrónicos. El medio suspenderá hasta por diez minutos su transmisión, dando lugar a pantallas en negro, en su horario de mayor audiencia cuando haya incurrido en violaciones a lo establecido, en este caso, por el Consejo Superior de lo audiovisual.

5.2.

Supervisión sin parálisis.

Uno de los elementos más perjudiciales del sistema es el exceso de controles que padece la autoridad. La normatividad en que se desenvuelve la actividad cotidiana de los tres niveles de gobierno impide que se establezca un proceso adecuado de toma de decisiones. Un dilema común de los funcionarios públicos es cómo atender problemas urgentes sin violar las normas. Es prácticamente imposible no hacerlo.

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Este sistema se fue configurando a raíz de la justa demanda ciudadana por frenar la corrupción. De esta forma, los gobiernos desde la época de Miguel Madrid comenzaron a construir diversas instancias dentro del propio poder ejecutivo para supervisar el funcionamiento gubernamental338. La contraloría de la federación fue creada en esa oportunidad y a su amparo se crearon órganos de supervisión y control en todas las instancias del gobierno federal. Los gobiernos de los estados y los municipios siguieron este ejemplo.

La acción de la contraloría se sumó a la revisión de la cuenta pública por el congreso de la unión y a las auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoría Superior de la Federación. A pesar de que hubo ciertos avances, lo cierto es que los resultados de tal evolución fue que la corrupción no cesó y sí, en cambio, el funcionamiento del aparato gubernamental se hizo más complejo y costoso en términos humanos, de tiempo y económicos.

El informe de competitividad global del World Economic Forum del año 2002 calificó a México en el lugar número 42 del mundo, disminuyendo 3 lugares con respecto a la medición del año anterior339. La caída fue impulsada, fundamentalmente, por la calidad de las instituciones públicas, en donde la corrupción posee un valor fundamental. En ese año –2002- el país ocupó el lugar 36 del mundo en cuanto a ambiente macroeconómico y a medición tecnológica. No obstante, el índice se ubicó en el lugar 56, debajo de países como Trinidad y Tobago, Isla Mauricio, Jamaica o Perú. Otras mediciones calificaban la opacidad de la economía mexicana en niveles elevados. Desde hace cuatro años, la ONG Transparencia internacional ha informado que, año con año, la corrupción en México ha aumentado.340

Mas aún, la organización Transparencia Mexicana, filial de Transparencia internacional, realizó un estudio en donde se calificó la opinión de la ciudadanía sobre la corrupción en cada una de las entidades federativas341. La encuesta reveló que la

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percepción ciudadana es de que en ciertas entidades existen altos niveles de corrupción y que estos se vinculan directamente a servicios municipales. Más aún, el estudio parecería revelar una conexión entre desarrollo y corrupción. Las entidades que más contribuyen al PIB nacional se sitúan con los más altos índices de corrupción.

Estos resultados permiten concluir que, pese a los esfuerzos normativos, no se ha logrado frenar la corrupción, pero sí se ha reducido la efectividad de la función pública.

Es muy posible, por supuesto, que este fenómeno esté ligado no sólo a factores de orden institucional, sino también a determinantes culturales. Federico Reyes Heroles ha citado un estudio de Alduncin y Asociados donde se revela que los valores de los mexicanos tienden a admitir la validez de una sociedad más regida por normas que por leyes342. Este simple pero profundo hecho implica también una laxitud en su cumplimiento: “Las reglas no son leyes – recuerda Reyes Heroles- La diferencia es clara y nos remite al derecho romano. Las reglas son obedecidas a discreción, palabra clave. Las leyes tienen fuerza vinculatoria, obligan, y su interpretación no puede estar sujeta a vaivenes. Las reglas ni tienen fuerza de ley ni son exactas”.343

Por lo mismo, queda claro entonces que la pesada armadura con la que se trataba de contener la corrupción del sistema sólo tuvo un efecto mínimo para transparentar la función del gobierno y sí un alto costo en términos de eficiencia. Muy posiblemente, la solución adoptada se redujo a atender una vertiente del problema de la corrupción cuando en realidad se trata de un mal sistémico.

Por ello, el gobierno mexicano no posee los instrumentos legales y normativos adecuados para desempeñar correctamente su función. Los innumerables trámites y requisitos normativos a los que se debe someter la autoridad para el desempeño de su función entorpecen la agilidad en la implementación de políticas que el mundo actual exige.

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Un ejemplo: PEMEX, la empresa más importante del país, debe someterse a la siguiente estructura normativa: 451 atribuciones de la SHCP, 206 de la Secretaría de Energía, 103 de la Secretaría de la función Pública, 20 de la Secretaría de Economía y 178 de otras dependencias.344

Paradójicamente, mientras el país realizaba un esfuerzo mayúsculo por liberalizar la actividad económica, se levantaban cada día más regulaciones al desempeño de la autoridad. Así, una actividad económica privada cada vez más libre, contrataba con una autoridad más sujeta. En un mundo donde la innovación y la creatividad se distinguían como motores, la función de los gobiernos se aprisionaba en una agobiante camisa de fuerza normativa.

La solución exige desmantelar el actual sistema de control, excesivo y a menudo contradictorio, comenzando por un cambio de enfoque. El sistema de control del nuevo sistema debe desprenderse de una premisa de confianza y no de culpabilidad. Igual que en el derecho penal, el funcionario debe gozar de la confianza legal y normativa para desempeñar correctamente su función.

¿Cómo asegurar que la pérdida de controles no impacte adversamente en los niveles de honestidad del gobierno? A través de cuatro elementos vitales, interrelacionados y, por tanto dependientes, uno de ellos relevante para este estudio: Una educación de calidad –a efecto de atacar la raíz cultural de la corrupciónprofesionalización de la función pública – a través de servicios civiles de carrera, concursos de oposición etc.- salarios competitivos – a efecto de que los funcionarios públicos reciban una remuneración que corresponda a sus conocimientos y entrega, y un sistema de supervisión con un nuevo enfoque.

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Estos elementos deben perseguir una meta común: La revalorización de la función pública.

El sistema debe contemplar el reforzamiento de figuras clave de la supervisión y la incorporación de nuevas. En primer término, la función debe cesar de centrarse en el poder ejecutivo. Los sistemas de autocontrol funcionan en entidades de alto aprendizaje, sin necesidad de recurrir a una estructura específica, que es hacia donde se debe conducir al gobierno. En este aspecto, el autocontrol debe existir apoyándose en organismos privados que auditen periódicamente la actuación gubernamental.

El centro del sistema debe residir en el poder legislativo. El sistema de pesos y contrapesos, sea en un sistema presidencial o en uno semipresidencial, responde a un papel mucho más activo que el que hasta la fecha ha tenido el poder legislativo. Fortalecer el papel de las comisiones, facilitar la creación de comisiones especiales y generar un sistema de reportes periódicos al congreso permitiría poseer controles más modernos y liberar la facultad de decisión y actuación de los servidores públicos.

Ampliar el sistema de comisiones legislativas de investigación es un paso importante. En México, existen algunos controles conferidos al legislativo por la ley. La mayoría de ellos son bastante conocidos y poco efectivos como el informe presidencial y las comparecencias de los secretarios para su glosa. Otros, de mayor importancia, son aquellos que se refieren a un ámbito económico: En particular la revisión de la cuenta pública. Pero no es sino hasta 1977, con la reforma política de ese año, que se incluye la posibilidad de que el congreso integre comisiones de investigación para verificar

funcionamiento

las

empresas

públicas

los

organismos

descentralizados 345

Es necesario, sin embargo, ampliar las posibilidades de las comisiones, que han revestido escasa importancia en la vida práctica del país.346Una posibilidad es que se

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confieran facultades permanentes a ciertas comisiones, como sucede en Estados Unidos: “En la actualidad la facultad de investigación es una de las más ostensibles formas de control sobre el ejecutivo. Esas investigaciones pueden referirse a hechos concretos, o a conocer cómo funcionan las dependencias de la administración, para determinar los cambios legislativos que sean necesarios. En buena medida ésta es la atribución que mayor poder político representa para las comisiones”.347

Valadés también subraya, sin embargo, que el sistema recae sobre una importante estructura de comisiones, altamente profesionalizadas, y esboza la importancia de las mismas: En 1998 existían 20 comisiones en el senado y 13 en la cámara de Representantes. En conjunto funcionaban a través de más de 150 subcomisiones.348

Este hecho, la profesionalización y la cultura parlamentaria sobre la recaen las facultades de investigación del Congreso norteamericano, harían difícil adoptar un sistema semejante en México. Parecería que su adopción debería ser consecuencia de la reelección parlamentaria y de una profundización de la cultura de comisiones. Sin embargo, Cecilia Judith Mora ha propuesto la construcción de un sistema de control basado en la ampliación del criterio para formar comisiones adhoc, respondiendo a cualquier asunto de interés público.349 Este criterio ha sido adoptado en países como Italia350 y parece razonable considerarlas en México. Es claro que, ante la disminución de la administración pública descentralizada351la jurisdicción que se le otorga a las comisiones de investigación ha quedado prácticamente reducida al mínimo. Por tanto, ampliarla a la administración pública centralizada parece ser un paso imprescindible para un correcto sistema de control. Adicionalmente Mora Donatto propone una serie de criterios relevantes para su funcionamiento. Destaco los siguientes: La facultad de requerir información; requerir comparecencias y aceptar testimonios de cualquier persona vinculada con el objeto de la investigación; publicidad en la actuación de las comisiones.352

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Adicionalmente, se debe proceder a la incorporación de controles externos al uso del poder. Esto es: Los medios de comunicación deberán jugar un papel cada vez más relevante y activo en la supervisión de la función pública. Al mismo tiempo, la publicidad de la información generará un sistema en el que investigadores, organizaciones no gubernamentales y público en general estén en posibilidad de conocer y, en su caso, activar la actuación de los órganos de control.

El rubro de liberar los controles del poder ejecutivo responde a una necesidad de insertar a la estructura de gobierno en un mundo nuevo. El resultado más nocivo de los controles actuales es que se ha extirpado la creatividad. Precisamente cuando se requiere mayor innovación, creciente iniciativa de los seres humanos, el Estado Mexicano les ha colocado una camisa de fuerza.

5.3.

Participación ciudadana sin aprisionamiento de la autoridad.

Uno de los grandes dilemas de los sistemas políticos contemporáneos es cómo incrementar la participación ciudadana sin reducir los alcances de la autoridad.

El diseño constitucional de los sistemas políticos democráticos provoca una baja participación ciudadana, interpretando que la representación popular a través de funcionarios electos es suficiente para asegurar una genuina defensa de los intereses de los ciudadanos353. Lo cierto es que las características del mundo del siglo XXI exigen que se comiencen a configurar sistemas que privilegien la democracia directa vía la participación política ciudadana.

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¿Por qué es importante la participación política? La esfera pública es el espacio en donde el interés colectivo se concreta y pasa de ser aspiración a programa. Algo más que la simple suma de individuos es lo que llamamos pueblo y, después, al crear una noción amplia de lo que aspiramos, compartimos y emprendemos, se transforma en nación. La política es el vehículo para convertir en proyecto de país ese conjunto de valores que caracteriza a una nación. La esfera pública es el espacio en donde se desarrolla la actividad política. Hombre y política es un binomio inseparable. Para decirlo en palabras de Nicolas Tenzer, la política sólo podrá estar fundada sobre el hombre si el hombre está fundado en la política.354

La participación política de la sociedad, de los ciudadanos es, por tanto, en más de un sentido, la expresión de que se comparte un interés común, así los medios para hacer asequible este interés sean frecuentemente diferentes. En suma: Si participo es porque creo, porque me interesa. Procurar ampliar la esfera pública para dar cabida a una mayor participación es un principio rector de las democracias modernas.

Uno de los argumentos en contra de incrementar la participación política es el dilema “Mayor participación menor gobernabilidad”. Efectivamente, bajo las estructuras actuales, una creciente participación reduciría eventualmente los márgenes de gobernabilidad. Por ello se debe partir del diseño constitucional para asegurar una estructura institucional que favorezca canales adecuados de participación ciudadana.

Con todo, si el sistema permite que se amplíe la participación mediante una gobernabilidad democrática, se obtiene un valioso elemento de la estabilidad política: legitimidad. El objetivo de legitimar la función pública mediante la participación ciudadana es acercar a los gobiernos con los ciudadanos. Se trata de un verdadero ejercicio de reingeniería gubernamental.

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La reforma de Estado que ideó en 1977 Jesús Reyes Heroles auspició una mayor participación de ciudadanos que se encontraban fuera o en los márgenes del sistema institucional. No fue simplemente una apertura: Fue una construcción. Al dotar al sistema de nuevas instituciones y herramientas legales para manejar adecuadamente la incorporación de nuevos grupos –primordialmente las izquierdas, oxigenó el sistema político y desarticuló el respaldo a diversos grupos armados que amenazan la estabilidad del país. Más importante, se amplió la representación política y se auspició la participación democrática dentro del sistema.

Innovar instituciones y figuras jurídicas que permitan una mayor participación reducirá las posibilidades de ruptura institucional que se hicieron patentes en 1994 y 1995.

En diversas oportunidades se hicieron intentos por incrementar la participación, en especial en la ciudad de México, para brindar mayor gobernabilidad a la gran ciudad. Se crearon los denominados jefes de manzana, de colonia, y se eligieron representantes ciudadanos. No fue un esfuerzo menor. En 1999 se eligieron 1,301 comités vecinales de entre 42,994 ciudadanos postulados. Para tal efecto se instalaron 1,968 mesas receptoras y se imprimieron un total de 6 millones 600 mil boletas.355

Sin embargo, la falta de homogeneidad en las figuras de representación hizo que proliferaran líderes que poseían diversos derechos pero pocas obligaciones. El punto medio es no crear mayores niveles de autoridad sino idear procesos políticos permanentes que contemplen una vasta participación ciudadana.

El caso del Gobierno del Distrito Federal 2000-2006 sigue siendo ejemplificador. Bajo la tutela de Andrés Manuel López Obrador se inauguró una nueva dinámica de gobierno que incentivaba la participación social. El Jefe de Gobierno no sólo aparecía en una rueda de prensa diaria, que puede ser interpretado como un informe diario a la

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ciudadanía, sino que prometió convocar a plebiscito una vez transcurridos dos años de su gestión, para obtener la ratificación de los ciudadanos. Cumplió. Al mismo tiempo, ideó una serie de consultas ciudadanas que legitimaban muchas de sus acciones. El experimento funcionó. Asombrosos niveles de aprobación han acompañado, a la fecha, al jefe de gobierno.

Otra vertiente que se ha explorado en algunos círculos académicos es la creación de un cuarto nivel de gobierno, tendiente a extender la representación política. Este esquema ha dado resultado en otras latitudes, particularmente los Estados Unidos, en donde existe el nivel federal, el estatal, municipal y condados356. Esta propuesta, sin embargo, no es aconsejable por el problema de cómo financiar más gobierno. Este hecho, probablemente, implicaría el debilitamiento de los otros niveles, muy especialmente el municipal, por la escasez de recursos que acarrearía y por la multiplicación de estructuras que necesariamente requeriría.

Contra lo que pudiera pensarse la solución no es más gobierno, sino mejor gobierno y una política diferente a la practicada hasta hoy. Así, existen fórmulas que han permitido incrementar la participación ciudadana, sin crear nuevas estructuras de gobierno. Esto es posible, como se vio, ampliando los espacios de la esfera pública mediante el ensanchamiento de los canales de participación, pero también toca a estimular la democratización de los sindicatos, las cámaras y organismos empresariales y las organizaciones no gubernamentales.

Además de las figuras de democracia directa que ya se mencionaron, existe una, central, que otorga a los ciudadanos una altísima responsabilidad y un instrumento poderoso de control y participación; La figura de la revocación del mandato.

En ella, los ciudadanos tienen la facultad de retirar el respaldo a funcionarios electos, convocando, con un número determinado de firmas que debe ser equivalente

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como mínimo al 12% de los votos emitidos para elegir al funcionario en cuestión y con una representación de 1% de cada distrito357, a una elección especial en donde se decida si el funcionario debe continuar en su cargo. La figura surgió en 1911358 como un intento por contener la corrupción, e incluyó –en un hecho sumamente controvertido- a jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia del Estado359. Los ciudadanos, en una reforma de 1974, cuentan con un periodo de 160 días para lograr su objetivo.360 Una vez satisfechos estos requerimientos, el Secretario de Estado realiza la contabilidad y, de haberse obtenido la mayoría, el vicegobernador convoca a elección especial dentro de un plazo no menor a 60 días y no mayor a 80361. En la elección, de carácter plebiscitario, los ciudadanos deben emitir un doble voto: Si desean que el funcionario permanezca en el cargo y, el candidato que desean que lo sustituya.

El Estado de California, en Estados Unidos, está viviendo un caso de gran interés. Mediante 1.3 millones de firmas, los ciudadanos convocaron a una elección especial para revocar el cargo del gobernador demócrata Gray Davis. Es el primer gobernador que enfrenta dicho proceso. Solo 4 funcionarios electos –dos senadores y dos asambleístas- han enfrentado la revocación del mandato y han sido destituidos. No obstante que Davis es el primer gobernador en llegar a la etapa de votación, todos los mandatarios estatales, en los últimos 30 años, han enfrentado intentonas de revocación.

Vale la pena argumentar también contra esta figura. Sus críticos denuncian que es un instrumento mediante el cual los opositores atacan por sistema a los funcionarios electos, impidiendo el correcto desempeño de sus funciones. Segundo, en el caso particular de Davis, el caso fue impulsado por el partido republicano y dos partidos locales362, pero la controversia se da en un contexto de enfrentamiento directo del mandatario con poderosos intereses de la generación de energía eléctrica.

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Por tanto, a pesar de que esta figura es sin duda importante para estimular la participación ciudadana, se deben analizar con sumo cuidado sus posibles consecuencias, en particular sus conexiones con los grandes intereses económicos. Un diseño institucional adecuado, que ponga los candados necesarios para asegurar un genuino control ciudadano sin caer en el fenómeno de aprisionamiento, pueden ser un poderoso incentivo al interés de la sociedad.

5.4. Alternancia sin ruptura. Finalmente, el país se debe dirigir a la consolidación de un nuevo sistema político que permita asegurar que la alternancia, la norma y no la excepción en la democracia, no implique la ruptura del proyecto de país.

La política de los consensos, de los acuerdos, empieza ahí: En construir las reglas que nos permitan asegurar un camino de largo alcance y generar políticas de gran calado. No termina, sin embargo, en la construcción de acuerdos: Estos deben traducirse en leyes y las leyes, cuajar en la vida pública a través de instituciones.

El espacio de lo público, la res publica debe salir de la oscuridad, pero también de lo cotidiano. Lo que se somete a escrutinio garantiza que una pluralidad de opiniones enriquezca nuestros proyectos y nuestras políticas. Es, además, un paso determinante hacia la honestidad. Pero también debemos salir de la política de coyuntura. El corto plazo, la visión limitada, son lo que ha impedido concretar programas de gran visión. Nuestro proyecto de país debe tener una característica central: Debe ser políticamente sustentable. Para ello requerimos un nuevo sistema: A la altura, ni más ni menos, de nuestras ilusiones. No podemos fallar.

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Se considera a Africa en el segundo lugar porque la región captó entradas excepcionales de capital en el año 2001. 32 Este hecho, en sí, encierra una paradoja: China ha mantenido una política independiente al consenso de Washington, diseñando su propio programa de apertura y negándose a abrir sectores que considera estratégicos. La paradoja es: los países que han seguido la receta han perdido más que los que han tomado su propio camino. 33 ONU, World Investment Report 2003. 34 34 González, Felipe. Memorias del futuro. Taurus. Madrid, 2003. 35

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Valadés, Diego. El Control del Poder. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1998. World Bank. Obcit.

Giddens Obcit. Pág. 73 Citado en Fukuyama, Francis. Obcit. Pág. 158. 75 World Bank. World Development Indicators Pág. 44-46 76 Ibíd. 77 Fukuyama, Francis. Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution. Farrar, Straus and Giroux. USA 2003. 78 Rifkin obcit 274 79 Hertz Noreen, Obcit. 80 Riddley Matt. Genoma. La autobiografía de una especie en 23 capítulos. Taurus España 2000. 81 Silver M. Lee. Vuelta al edén Pág. 323. Taurus, España, 2001. 82 Silver opcit 303 83 Fukuyama, Francis, Our Posthuman Future. Obcit., Pág. 156-157. 84 Feery, luc y Didier Vincent Jean, ¿Qué es el hombre? Pág. 167 Taurus Madrid España 2001. 85 ONU. Indicadores del Desarrollo Humano. 86 The World economy: A milenial perspective. OECD 87 Bobbio Norberto El tiempo de los derechos. Editorial sistema Madrid 1991 Pág. 18. 88 Paz Octavio. El Peregrino en su Patria. Pág. 111. Fondo de Cultura Económica, México, 1987 89 Daniel Cosío Villegas, citado por Paz Octavio, Obcit. Pág. 107. 90 Krauze Enrique. Porfirio Díaz. Místico del Poder. Pág. 118. Fondo de Cultura Económica. México, 1987. 91 Ahí Díaz, en 1908, declara que México está preparado para la democracia y que no buscará la reelección 92 Paz Octavio. El Peregrino en su Patria. Independencia, Reforma, Revolución. Pág. 198. Fondo de Cultura económica. México, 1987 93 La excepción a esta afirmación es, por supuesto el levantamiento indígena en Chiapas. No obstante, este se desarrolla en un contexto de reivindicación, más que de la pretensión inicial de acceder al poder. 94 A partir del último año de gobierno de Luis Echeverría el país caería en un ciclo económico de crisis recurrentes. Este se compone por el ciclo: crisis, ajuste estructural, crecimiento espasmódico – para usar una frase de René Villarreal- y crisis. 95 Krauze, Enrique. La Presidencia Imperial. Pág. 451. Tus Quets Editores. México, 2002 96 Scherer Julio. Los Presidentes. Pág. 251-252Grijalbo. México, 1986. 74

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A pesar de que el PRI ganó por veinte puntos, por primera vez su umbral de voto se colocó en 50%. Las sospechas se incrementaron cuando Manuel Barttlet declaró que el sistema de cómputo de conteo de los sufragios se había “caído” 98 Fuentes, Carlos. Nuevo Tiempo Mexicano. Editorial Aguilar. México, 1994. 99 Para un recuento día a día de los acontecimientos alrededor de Chiapas ver González Sandoval Juan Pablo y González Graf Jaime, coords. “Los límites rotos” Anuario político. Ed Océano. México, 1995. 100 Castañeda, Jorge. Sorpresas te da la vida. México, 1994. Aguilar Pág. 44 y 45. México , 1994. 101 Zaid, Gabriel. Adiós al PRI. Océano. México , 1995 102 Vargas Llosa Mario. “Del comunismo a la sociedad abierta”. Pág. 160-161 en “Hacia la sociedad abierta” Memorias del coloquio “La experiencia de la libertad” de Vuelta. México, 1991. 103 Cordova Arnaldo, Obcit. 104 Cosío Villegas, Daniel. La crisis de México. En Schmidt Samuel. La crisis de México. Grijalbo. México, 2003. 105 La amplia agenda social de la revolución se dio en el marco del constitucionalismo carrancista, que le dio coherencia al proyecto de reformas sociales. 106 Krauze, Enrique. Textos Heréticos. Grijalbo. México, 1992. 107 Aguilar Camín, Héctor. Subversiones silenciosas. Pág. 40. México, 1993. 108 Silva Herzog, Jesús. Historia de la Revolución Mexicana. FCE. México, 1972 109 Meyer Lorenzo. La segunda muerte de la Revolución Mexicana. Pág.108. Cal y Arena. México, 1992. 110 Osorio Marbán Miguel El Partido de la Revolución Mexicana. PRI, 1973. 111 La constitución y las leyes relativas tutelaban las denominadas cláusulas de admisión y exclusión sindical. Esta imponía al patrón la obligación de contratar trabajadores admitidos por el sindicato. De igual forma, si el trabajador era expulsado del sindicato, el patrón se veía obligado a despedirlo. Por otra parte, se establecía la obligación de las empresas para inscribirse en las cámaras y organismos de representación empresarial. 112 La reestructuración se basó en dos ejes: El Pacto de Versalles y la fundación de la Sociedad de las Naciones. 113 Guiílla, Adolfo. El Cardenismo, una Utopía Mexicana. Cal y Arena. México, 1994. 114 Ibíd. 115

Camp Roederic. Reclutamiento político en México Pág. 71 Siglo XXI editores. México,1996 Ibíd. Pág.72 y 73 117 Aguilar Camín Hector y Meyer Lorenzo “A la sombra de la Revolución Mexicana” Cal y Arena. México, 1989. 118 En ese periodo se realizó una reforma electoral que creó las diputaciones de partido, modificando el sistema de uno mayoritario a uno mixto, aunque con predominio de este último. 119 Cosío Villegas analizó en “El estilo personal de gobernar” la denominada teoría pendular, en donde la ideología gobernante transitaba de derecha a izquierda, pasando por el centro en cada sexenio. Jorge Castañeda alude, en cambio, en “la Herencia” a una teoría de renovación generacional más que ideológica 120 Este cambio se dio bajo los auspicios del Presidente norteamericano Richard Nixon 121 Se refiere a una declaración de Luis Echeverría. “La economía se maneja en los Pinos”. Con lo que de hecho, daba por muerto, primero, el periodo de desarrollo estabilizador y, segundo, el acuerdo tácito en donde la esfera económica se respetaba por sus complejidades y técnicas y quedaba, de alguna manera, aislada del ámbito político de gobierno. 122 López Portillo y Pacheco, José. Mis tiempos. Tomo II. Fernández Editores. México, 1988. 123 López Portillo y Pacheco, José. Umbrales. Editorial Nueva Imagen. México, 1997. 116

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La clase política, representada por Alfredo del Mazo y Manuel Bartlett, se enfrentó al grupo de técnicos económicos que encabezaba Carlos Salinas de Gortari., al frente del ala neoliberal del gabinete. 125 Williamson, John. The Political Economy of Policy Reform. Institute for International Economics. Pág. 11 Washington, 1994 126 Aguilar Camín Héctor. Subversiones silenciosas. Pág.176-177 Aguilar, México, 1993. 127 El 20 de diciembre de 1994 las autoridades financieras anunciaron una devaluación del peso de 15%. El 21 el Banco de México se retiró con lo que la devaluación se disparó más de 100%. El 29 de diciembre el Presidente Zedillo anunció cambios en la titularidad de la Secretaría de Hacienda. Diversos Autores. El Año del Vacío. Anuario Político. Pág. 19. Océano, México, 1996 128 Es indudable que la fuerza del aparato partidista se movió desde Los Pinos a favor de Francisco Labastida Ochoa, quien había sido Secretario de Agricultura y Gobernación de Ernesto Zedillo. Los apoyos estaban destinados, también, a desarticular la precandidatura presidencial del exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, quien en diversas oportunidades se había enfrentado al poder central del presidente Zedillo. 129 OCDE. World Economic Outlook, 2001. 130 Instituto de Protección al Ahorro Bancario. 131 Organización de las Naciones Unidas. Indicadores de Desarrollo Humano. PNUD, 2002. 132 Ibíd. 133 Castañeda, Jorge “La Herencia” Arqueología de la sucesión presidencial en México. Alfaguara, México, 1999. 134 Krauze, Enrique. La Presidencia Imperial. Obcit. 135 López Portillo y Pacheco, José. Mis tiempos. Tomo I. 136 Echeverría nombró, contra la ortodoxia política, al Presidente y al Secretario General del PRI una vez destapado José López Portillo. Lo hizo a favor de dos de los adversarios de aquel: Porfirio Muñoz Ledo y Augusto Gómez Villanueva. También designó en la dirigencia del PRI de la Capital a un tercer precandidato: Nominó a infinidad de candidatos al congreso. El signo más evidente fue cuando adelantó prácticamente medio año la sucesión de Baja California e impuso al General Hermenegildo Cuenca Galeana. El general finalmente moriría y López Portillo impulsaría a su amigo Roberto de la Madrid. 137 Suárez, Luis. Echeverría en el sexenio de López Portillo. Grijalbo. México, 1983. 138

López Portillo y Pacheco, José. Mis tiempos Vol. I Obcit.

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Zaid, Gabriel. Adiós al PRI. Océano. México, 1995. Pág. 211-213 Las versiones llegaron a ser tan fuertes que el propio secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, debió desmentirlas. 141 La declaración fue hecha por José Angel Gurría, entonces embajador de México en Japón, quien había sido un cercano colaborador del Presidente Carlos Salinas de Gortari en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente sería Canciller y Secretario de Hacienda. 142 Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations. Simon & Schuster. New York, 1996. 143 Rives Sánchez Roberto “La Constitución Mexicana hacia el siglo XXI. Plaza y Valdés editores. México, 2000. 144 Particularmente fueron relevantes las reformas de privatización del ejido, de la banca y la liberalización de los servicios financieros y de intermediación. 145 Carlos Salinas concentró en la oficina de la presidencia el diseño y la conducción de puntos clave de la agenda internacional. Los funcionarios norteamericanos solían decir que cuando los buscaba José Córdoba Montoya, sabían que era el Presidente de México quien estaba interesado en el asunto a tratar. 140

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La política de comunicación desplegó esfuerzos muy importantes en el exterior. El gobierno mexicano contrató firmas estadounidenses de relaciones públicas y a despachos especializados en cabildeo. 147 Castañeda, Jorge. Estados Unidos Affair. Cinco ensayos sobre un amor oblicuo. Aguilar. México, 1996. 148 Tras la invasión, el país no se limitó a guardar silencio. El Canciller Solana, en una actitud valerosa y congruente, emitió un comunicado condenando la invasión. Por instrucciones de la Presidencia de la República debió dar marcha atrás. 149 Proceso 758. 13 de mayo de 1991. Firmado por Carlos Puig. 150 Garza Elisondo, Humberto. Foro internacional. Vol. XXXIV. Octubre diciembre de 1994. Num. 4. Pág. 539-540 151 Reyes Heroles, Federico. Sondear a México. Pág. 200. Océano, México 1995. 152 Es revelador de la pugna de la nueva elite de poder con la fracción histórica del PRI el hecho que una telenovela histórica “Senda de Gloria” fuera mutilada para no transmitir los episodios referentes al cardenismo. 153 Meyer, Jean. La Cristiada, libro segundo. el conflicto entre la Iglesia y el Estado 1926-1929. 13a edición Pág. 339 154 Ibíd. 155 Algunas versiones han afirmado, incluso, que a este hecho se debió la salida del Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. 156 (Victor Flores Olea Pág. 20) 157

El nombramiento recayó sobre un experimentado político, Enrique Olivares Santana, quien había sido Secretario de Gobernación. Durante ese encargo había subrayado su condición de librepensador, tratando con energía a la alta jerarquía de la iglesia católica. 158 Suárez, Luis. Echeverría rompe el silencio. Grijalbo, México, 1977 159 su santidad 160 En las elecciones del año 2003, la iglesia católica se enfrentó a un partido que finalmente perdió el registro: México Posible. Desde el púlpito, la jerarquía católica comenzó a realizar proselitismo en contra de este y otros partidos de izquierda. No hubo sanción para la iglesia. Pocos meses después, el exprocurador Jorge Carpizo envió a la PGR un documento, presumiblemente de los servicios de inteligencia mexicanos, en donde se involucraba al cardenal Sandoval Iñiguez con el narcotráfico. Los hechos no dejaban lugar a dudas: La iglesia había vuelto a la escena política. 161 Conapo 162 Baal a Robert. La poliarquia participación y oposición. Pág. 48. 163 Para Dahl, existen tres caminos hacia la poliarquía: la liberalización precede a la capacidad de representación, otro, ya citado, donde la capacidad de representación precede a la liberalización y el último en donde una hegemonía cerrada se convierte abruptamente en una poliarquía al otorgarse de forma repentina el derecho al sufragio universal y el debate público. Ibíd. Pág. 41-42 164 Ibíd. 165 Dahl, A. Robert. La democracia y sus críticos Paidos Pág. 280 y 281 Madrid 2ª edición 1993. 166 Odonnel Guillermo, Contrapuntos. Otra Institucionalización. Pág. 308-309Pidós Argentina, 1997. 167 Linz Juan y Stepan, Alfred. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post Comunist Europe. The John Hopkins University Press. USA 1996. 168 Bobbio Norbert y Bovero, MichaelAngelo. Origen y fundamentos del poder político. Pág. 23-24 Grijalbo México 1985. 169 Ibíd. Pág. 24

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O'donnel Obcit. Pág. 317 Bobbio y Bovero Obcit. Pág. 24 172 Przeworski, Adam. El estado y el ciudadano”. Revista nexos 254, febrero de 1999. 173 Bueno León Eduardo. Riesgos de las democracias pobres en América Latina. Revista Este País. 150. Septiembre 2003. 171

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Przeworski, Adam. Democracia y Mercado. Cambridge University Press. Gran Bretaña, 1995. Reyes Heroles, Jesús. El liberalismo Mexicano en pocas palabras. CONACULTA. México, 1985. 177 Cosío Villegas, Daniel. Historia Moderna de México. La República Restaurada, vida política. Pág. 6869. Hermes. México, 1988. 178 Krauze Enrique. Biografía del Poder. Plutarco Elías Calles. Fondo de Cultura Económica. México, 179 Dror. Yehezkel. La capacidad de Gobernar. Fondo de Cultura Económica. México, 180 Villarreal, René. “Hacia una nueva economía de mercado. Institucional y participativa” Ediciones Castillo. México, 1998. 176

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Krauze, Enrique. Por una democracia sin adjetivos. Editorial Grijalbo, México, 1985.

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Córdova, Arnaldo. Plutarco Elías Calles: La Aventura del Maximato. Cal y Arena. México, 1997. Ver memorias de Gonzalo N. Santos para una descripción detallada del fraude cometido contra Almazán. 185 Carpizo, Jorge. Estudio Constitucionales. Pág. 339. Porrúa, México, 1991. 186 Rossell, Mauricio. Congreso y Gobernabilidad en México. Una perspectiva desde la experiencia internacional. Cámara de Diputados-Porrúa. México, 2000 187 Rives Sanchez Roberto, Obcit. 188 Ibíd. 189 Carpizo, Obcit. Pág. 243 184

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Ibíd. Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional. Pág. 38. UNAM. México, 1996. 192 El tema de la omisión legislativa se trata más adelante. Baste señalar que es la figura jurídica bajo la cual el poder judicial puede legislar supletoriamente en ausencia de acción legislativa que ponga en entredicho mandatos constitucionales. 193 En efecto, la constitución original de los Estados Unidos.establecía que cada esclavo contaba como una porción de ciudadano. . 194 Reyes Heroles, Jesús. El Estado Mexicano. Porrúa. México, 1995. Pág. 142. 195 Carpizo, Obcit. 196 Ibíd. 197 El caso aludido fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de Los Estados Unidos en 1803. Mrbury vs Madison. Farber, Daniel; Eskridge William y Frickey Philip, Constitutional Law Themes for the Constitution’s third century. American Casebook series West Publishing. 1993. 191

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La vida electoral de esa nación gira en torno a la participación dentro de dos partidos: El Partido Demócrata y el Partido Republicano. 200 Casillas, Carlos “Gobierno dividido en México. Una nueva manera de hacer política”. Revista Nexos 250. Octubre, 1998.

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Ibíd. Linz Juan , La quiebra de las democracias CONACULTA Pág. 130 203 Naranjo mesa Vladimiro. “teoría constitucional e instituciones políticas”299-301. 204 Cárdena Gracia Jaime. Transición política y Reforma Constitucional. Pág. 173 y 174. 205 Sartori, Giovanni. Ingeniería constitucional comparada 131. 206 Paz Octavio. Sueño en Libertad. Seix Barral México, 2001. 207 Biscaretti di Ruffia, Introducción al Derecho Constitucional comparado Pág. 56 208 Sartori, Obcit. Pág. 140. 209 Carpizo, Jorge. Nuevos Estudios Constitucionales. Porrúa-UNAM. México, 2000. 210 Diccionario Electoral. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. CAPEL Costa Rica, 1989. 211 Siendo estudiante, López Mateos militó en el movimiento vasconcelista. Una de las manifestaciones a favor del entonces candidato opositor, José Vasconcelos, fue reprimida por Gonzalo N. Santos. López Mateos sufrió lesiones en esa ocasión, que le ocasionarían migrañas severas por el resto de sus días. 202

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Middlebrook Mervin. La liberalización política de un régimen autoritario: el caso de México. Pág. 207-208 en O Donnell Guillermo, Scmitter Philippe y Whitehead Lawrence. “Transiciones desde un gobierno autoritario Vol. 2. Paidós España 1994. 214 La frecuencia de las reformas confirma la tesis que el sistema decidió por aperturas paulatinas, parciales y, por tanto, insuficientes, de la cuestión electoral. La estrategia liberalizadora, que funcionó con José López Portillo, se fue agotando paulatinamente hasta quebrarse en 1994, tras el conflicto chiapaneco. Es revelador el hecho de que la reforma electoral intermedia de Carlos Salinas no reguló una sola elección federal. 215 En este sentido, el último resabio de la autocalificación parlamentaria -la calificación política de la elección presidencial fue finalmente derogada del texto constitucional para darle cabida a la resolución jurídica de las impugnaciones del proceso. 216 Este fue uno de los puntos centrales de la Reforma Judicial de Ernesto Zedillo de 1995 que incluyó la creación del Consejo de la Judicatura Federal y la incorporación de facultades de control constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 217 Lujambio Alonso, Experiencias Nacionales representativas: México. En Manuel Carrillo, Alonso Lujambio, Carlos Navarro, Daniel Zovatto dinero y contienda político electoral reto de la democracia. FCE. México, 2003 218 La apertura democrática para la capital comenzó durante la regencia de Manuel Camacho Solís, en donde parte de las reformas democráticas se pactaron y programaron para entrar en vigor en 1997. 219 Como han referido estudios del IFE, las tres principales fuerzas políticas tienen un predominio prácticamente absoluto de la exposición en medios. Es claro que este es un factor influyente para su penetración en la sociedad. No lo es tanto, sin embargo, en el papel que jueguen los medios en los resultados electorales en si, entre las grandes fuerzas políticas. El PRI, por ejemplo, tuvo mayor exposición que cualquier otro partido en las elecciones presidenciales del 2000 y perdió. 220 Se estima que ningún medio impreso del país posee una circulación promedio diaria superior a los 200 mil ejemplares. 221 Sartori, Giovanni. “Homo Videns. La sociedad teledirigida” Pág. 36 Madrid 1998. Taurus, 222 Thompson B. John. “El Escándalo Político”Paidos Barcelona 2001. 223 Woldenberg, José. Obcit. 224 Trejo Delarbe Raúl. Mediocracia sin mediaciones. Prensa, televisión y elecciones. Cal y arena México 2001 Pág. 392. 225 Citado en Trejo Delarbe, Ibíd. Pág. 393

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Ibíd. 394. Actualmente la ley prevé que será el instituto quien ponga a disposición de los partidos un catálogo de tiempos y tarifas, ero los partidos pueden comprar libremente espacios 228 Delarbe, Ibíd. 229 Centro Carter. Financiamiento de la democracia: Partidos políticos, campañas y elecciones. Revista Este Páis, #150, septiembre 2003. 230 Woldenberg, José. La construcción de la democracia. Obcit. Pág.295-296 231 Se trata de una propuesta del partido Convergencia. 232 Del castillo, Pilar y Zovato Daniel. “La financiación de la política iberoamericana” “Una visión preliminar comparada” Pág.XLVI. IIDH Capel. San José Costa Rica, 1998 233 Articulo 49 del Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales 234 Lujambio, Obcit. 227

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Lujambio Alonso, Experiencias Nacionales representativas: México. En Manuel Carrillo, Alonso Lujambio, Carlos Navarro, Daniel Zovatto dinero y contienda político electoral reto de la democracia. FCE México, 2003 Pág. 382 236 Ver el caso español en Manuel Carrillo, Alonso Lujambio, Carlos Navarro, Daniel Zovatto dinero y contienda político electoral reto de la democracia. FCE México, 2003 Pág. 283 237 Al respecto, ver Alemán Velasco, Miguel. Las finanzas de la política. Diana. México, 1995. 238 En las precampañas para elegir candidatos a Presidente de los Estados Unidos de América para el año 2004, Bush, presidente en funciones, es posible que vuelva a optar por el financiamiento privado. Esto ha conducido a sus principales opositores demócratas, Howard Dean y John Kerry, a analizar esta posibilidad. Para ellos, la cantidad de recursos que destinaría Bush en su precampaña le darían una ventaja importante para el inicio formal de la contienda. Sin embargo, esta decisión conlleva una segunda repercusión de trascendencia. Si los dos precandidatos demócratas optan por declinar el apoyo público, la decisión prácticamente borraría del mapa a sus nueve contrincantes que no tienen posibilidad de conseguir más de los 45 millones de dólares que la ley otorga a cada precandidato. Esta sola decisión, entonces, convertiría a la contienda demócrata, en los hechos, en una de dos opciones. 239 Esta tendencia se corroboró en las elecciones del 2003, donde se desató un importante debate nacional en torno a la actividad de los gobiernos, particularmente –pero no exclusivamente- en lo relativo a las actividades de difusión. 240 Artículo 35 constitucional fracciones I y II. 241 Uno de ellos, Andrés Bermúdez Viramontes, triunfó en las elecciones del Municipio de Jeréz. Su triunfo fue invalidado por el Tribunal Federal Electoral. 242 El Universal. 24 de agosto, 2003. 243 Consejo Nacional de Población. 244 Las remesas de migrantes fueron, durante el primer semestre del año 2003 superiores a la inversión extranjera directa que llegó al país. 245 Valenzuela Arce José Manuel y Ramírez Comparán Cynthia. Nexos 226, octubre, 1996. 246 Ibíd. 247 artículos 32, 34 y 37 constitucionales 248 Calderón Chelius Leticia. Votar en la Distancia. La extensión de los derechos políticos a migrantes, experiencias comparadas. Pág. 55Instituo de Investigaciones Mora. México, 2003. 249 Ibíd. Pág. 55-56 250 Valadés, Diego y Carpizo, Jorge. El Voto de los mexicanos en el extranjero. Pág. 33. UNAM. México 1998

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Existe, en el derecho de la Unión Europea, una excepción a esta regla: Los migrantes pueden votar y elegir a las autoridades de los municipios donde residen. 252 Valadés, Diego y Carpizo, Jorge. El Voto de los mexicanos en el extranjero. Pág. 78. UNAM. México 1998. 253 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico. Tomo 1. UNAM- Porrúa. México, 1998. 254 González, Felipe. Memorias del futuro. Taurus. Madrid, 2003. 255 Ibíd. 256 Fuentes, Carlos. El espejo enterrado. Pág. 374 Fondo de Cultura Económica. México, 1992. 257 Valadés Carpizo Obcit. 258 Paz, Octavio. 259 Sobre esta influencia, referirse a las recientes elecciones del Estado de California, para sustituir al gobernador Davis. 260 Aguayo Quezada, Sergio. Temas del futuro: Votando en el extranjero. Diario Reforma. 16 de septiembre de 1998. 261 Ibíd. 262 Efectivamente, como ya se ha visto, el gran reto del sistema electoral mexicano ha sido superar una enorme desconfianza de una sociedad lastimada por una cultura del fraude. 263 Woldenberg, José. La construcción de la democracia. Plaza y Janés. Pág. 161. México 2002 264 Ibíd. 265 Calderón Celias Leticia, Obcit. Pág.220 266 Ibíd. Pág. 127 267 Cornelius, Aine. Migración y Violencia” Revista Este País. 268 Colombia ha hecho un importante esfuerzo para fortalecer estos vínculos. Calderon Chelius, Leticia, Obcit. Pág. 127. 269 Del Castillo Pilar y Zovatto Daniel Obcit. Pág. LII. 270 Nohlen Dieter. Sistemas de partidos” Diccionario electoral. Pág. 631. CAPEL, Costa Rica 1989. 271 Al amparo de esta figura se registraron, entre 1978 y 1982 el Partido Comunista Mexicano, El Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Social Demócrata el Partido Democrático de los Trabajadores y el Partido Socialista Unificado de México. Middlebrook Mervin. La liberalización política de un régimen autoritario: el caso de México. Pág. 207-208 en O'Donnell Guillermo, Scmitter Philippe y Whitehead Lawrence. “Transiciones desde un gobierno autoritario Vol. 2. Paidós España 1994. 272 Ibíd. 273 Woldenberg, José y Nikken, Pedro. La democracia de partidos en Crisis. Pág. 42. IIDH-CAPEL. Costa Rica, 1992 274 Casar, María Amparo y Raphael de la Madrid Ricardo. “Las elecciones de 1998: La distribución del poder político en México” Revista Nexos 247. Julio, 1998. 275 Ibíd. 276 La Carpeta Púrpura 393. 18 de Agosto del 2003. 277 Artículo 28 COFIPE. 278 Instituto Federal Electoral. Estadística de las elecciones federales de 2000. 279 Ver urnas y desencanto político. CAPEL. Costa Rica, 1998. 280 Cappelletti Mauro y Garth Byant El Acceso a la Justicia La tendencia en el movimiento mundial por hacer efectivos los derechos. Pág. 61 Fondo de Cultura Económica. México, 1996 281 Esta ley se analiza con más detalle en la sección referente a la publicidad de la información. 282 Latinobarómetro 2002.

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Ibíd. Fukuyama, Francis. Confianza. Las virtudes sociales y la capacidad de generar prosperidad. Pág.45. Atlántida. Buenos Aires, 1996. 285 Al respecto ver “Juan Carlos: Rey de un Pueblo” dePaul Preston. Plaza y Janés. España, 2002. 286 Para un recuento histórico de la corrupción en México ver Breve Historia de la Corrupción” en Krauze Enrique. “Tarea Política”. Tus quets Editores. México 2000. 287 Aguayo Quezada Sergio. 1968. Los archivos de la violencia. Grijalbo-Reforma. México, 1998. 288 Ver “Mis tiempos” Las memorias del Presidente José López Portillo. 289 Al respecto ver de Jorge Castañeda “La Herencia” Arqueología de la sucesión presidencial en México. Alfaguara, México, 1999. 290 Se trata de 291 López Portillo José, Mis Tiempos Obcit... 292 Para profundizar, ver Mis Tiempos de José López Portillo. 293 Ver Camacho Solís Manuel. Cambio sin ruptura. Alianza editorial. Editorial Patria. México, 1994... 294 Valadés, Diego, el control del poder. Obcit. Pág.322. 295 Cámara de diputados. El Poder Legislativo en la Actualidad. Pág. 23. UNAM. México, 1994 296 Castañeda jorge sorpresas te da la vida, Obcit. 284

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Artículo 72 constitucional. Luis Carlos Uggalde y Jerónimo Díaz Rebolledo. “El voto presidencial en México” Revista Este País 134. Mayo del 2002 299 Carpizo Jorge. Nuevos Estudios Constitucionales. Obcit. Pág. 308 300 Dror Yehezkel. Enfrentando el futuro. FCE. México 1990. 301 Ibíd. Pág. 127 302 Córdova Arnaldo. La revolución en crisis. La aventura del Maximato. Cal y arena. . México 1995. 303 Mora Donatto Cecilia Judith “Las comisiones parlamentarias de investigación como control político” Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pág. 221. LVII Legislatura. México, 1998 304 Harlan, Pamela. Democratic Rights: Legal Regulation of the Political Process. Materiales de estudio. Harvard University. 305 Algunos casos de estudio a este respecto son: Wrigght v Rockefeller; Whitcomb v Davis, White v Regester, UJO v Carey. 306 Ver sentencia en la página del Tribunal Federal Electoral siendo magistrado ponente Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 307 Tribunal Federal Electoral. Ministro ponente Mauro Miguel Reyes Zapata. Resuelto por unanimidad 308 Ibíd. 309 Dice el citado artículo: Los estatutos establecerán: Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como sus funciones, facultades y obligaciones de los mismos. 310 TRIFE sentencia citada. 311 Ver www.opensecrets.org 312 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Obcit. Tomo 3. 313 Artículo 65 de esa constitución 314 A la fecha no se ha utilizado en la práctica este ordenamiento. 315 La figura del plebiscito se encuentra tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 298

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El ejemplo más evidente se dio con la privatización de la banca durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, donde varios legisladores que se habían manifestado públicamente a favor de la medida de nacionalización en 1982 aprobaron la iniciativa presidencial unos años después. 317 Se trata del caso Nixon vs United States. 318 Ver May Ernest & Zelikow Philip. The Kennedy Tapes. Inside the White House during the Cuban Missile Crisis. Belknap Harvard, 1997. 319 Fernández Ramos Severiano. Algunas proposiciones para una ley de acceso a la información. En Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Pág. 6 320 Villanueva, Ernesto. Derecho comparado de la información. Universidad Iberoamericana. México, 2003. 321 Trejo Delarbe Raúl. Mediocraza sin mediaciones. Prensa, televisión y elecciones. Ediciones Cal y Arena. México, 2001. 322 En efecto, se declararon inconstitucionales las cláusulas de afiliación forzosa a las cámaras y asociaciones empresariales y a la denominada cláusula de exclusión. 323 Carpizo, Jorge. Nuevos estudios Constitucionales. Pág. 351. Porrúa. México, 2000. 324 Ibíd. Pág. 352 325 Minc Alain “La borrachera democrática: El nuevo poder de la opinión pública” Gallimard, París, 1995.Pág.102-103 326 A este respecto ver “El poder: Historias de familia” de Julio Scherer García. La investigación periodística incluye el acceso a los archivos de uno de los operadores clave del gobierno de José López Portillo, Everardo Espino, que detalla los vínculos financieros de periódicos y periodistas con el poder. 327 Ver de Vicente Leñero “Los periodistas” para un recuento detallado del golpe a Excélsior. 328 Ver, en las propias palabras del presidente López Portillo, la decisión de suspender la publicidad a Proceso en “Mis Tiempos” Tomo II. 329 En diciembre del año 2002 un grupo armado enviado por Televisión Azteca tomó por la fuerza las instalaciones de CNI Canal 40 basados en fallo de un arbitraje internacional. La ejecutoria del fallo, de discutibles alcances legales en el país, fue patrocinada por la televisora del Ajusco, quien había apoyado la campaña presidencial de Vicente Fox y había respaldado las actividades de la fundación Vamos México. Cuando un periodista le preguntó qué haría para restablecer el orden legal, la respuesta de Fox fue “¿Yo, porqué?” 330 Por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas, se creó la Productora e Importadora de Papel Periódico. La empresa se convirtió el monopolio público de producción de papel periódico, además de ser el único autorizado para importarlo. Durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari se permitió a los diarios la libre importación de papel, con un arancel decreciente. Finalmente, la empresa fue privatizada en el sexenio de Ernesto Zedillo. 331 Trejo Delarbe, Obcit. Pág. 61 332 Rodríguez García José Antonio. “El control de los medios de comunicación” editorial Dykinson, Madrid, España, 1998 333 Rodríguez García, Obcit. 334 Carpizo, Jorge. Nuevos estudios constitucionales Obcit. Pág. 363 335 Ibíd. 336 Sartori, Obcit. Pág. 36-37 337 Ibíd. Pág. 41 338 El presidente Miguel de la Madrid tomó como iniciativa central de su gobierno el impulso a una renovación moral de la sociedad. El hecho hacía referencia a la gran corrupción que se evidenció durante

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el sexenio del Presidente José López Portillo. Fue en la administración de De la Madrid Hurtado cuando se creó, con rango de Secretaría de Estado, la Contraloría de la Federación. 339 World Competitiveness Report. 340 Transparencyinternational.org 341 La encuesta se publicó en el año 2002, y hacía una referencia a la percepción ciudadana sobre las fuentes más comunes de corrupción. Incluía no sólo trámites de los 3 niveles de gobierno, sino también la forma como la corrupción incidía en la prestación de algunos servicios privados, como la telefonía. 342 Reyes Heroles, Federico. Memorial del futuro. Capitulo IV sección 3ª. Taurus. Aguilar. México, 1999. 343 Ibíd. Pág. 170-171 344 Shield, David. PEMEX: Un futuro incierto. Pág. 90. Grijalbo, temas de hoy. México, 2003. 345 Artículo 93 constitucional. 346 En efecto, se han creado comisiones de investigación para revisar a TELMEX en 1979, un par a CONASUPO y algunas otras a instituciones de banca pública. 347 Valadés, Diego. “El control del poder” Pág. 308 Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1998. 348 Ibíd. 349 Mora Donatto Judith Cecilia, Obcit. Pág. 229. 350 Artículo 82 de la Constitución italiana. 351 En el sexenio de José López Portillo había 1155 empresas y organismos paraestatales para reducirse a prácticamente menos de 50 en el año 2003. 352 Mora Donatto Cecilia Judith. Obcit. Pág. 276-277 353 Unger 354 Tender, Nicolás “La sociedad despolitizada” Paidos. Barcelona, 1992. 355 Romero, Jorge Javier “La gran alianza” Revista nexos 261. Septiembre de 1999. 356 Ver, por ejemplo, el caso de la ciudad de Miami en el Estado de Florida. 357 California Elections Code. Div 11, Recall Elections. 358 Constitución de California. Artículo II sección 13-20. 359 Spivak, Joshua. Why did California adopt the recall?. Brooklyn College. Tesis de maestría. 360 Antes de la reforma citada, los ciudadanos no debían enfrentar un periodo de tiempo determinado. 361 Procedure for Recalling State and Local Officials. 362 Se trata de los partidos Libertario y el Partido Independiente Americano.

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