Por el país que queremos
El Gobierno de Guatemala a través de la institucionalidad agraria del país, logra el Acuerdo que responde a las solicitudes de los representantes del Comité Campesino del Altiplano -CCDA-
E
l día de ayer se llegó a un Acuerdo, que busca resolver por medio de acciones urgentes, la conflictividad agraria sobre los casos priorizados, expuestos por los representantes del CCDA, por medio de un documento entregado al Presidente de la República, el pasado 21 de abril del año en curso. Para dar respuesta a esta problemática y en cumplimiento de atender las solicitudes de la población rural de país, el Gobierno de Guatemala a través de la institucionalidad agraria, atendió las solicitudes presentadas por el Comité Campesino del Altiplano, y derivado a un trabajo interinstitucional en el marco de desarrollo rural integral, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Fondo de Tierras, el Sistema Nacional de Diálogo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, firman el Acuerdo que incide positivamente y de manera integral, en la atención de la problemática agraria, como respuesta a las necesidades de la población rural. Por lo tanto, consideramos estas acciones como una ruta Representantes del Comité Campesino del Altiplano -CCDA- junto a las autoridades de la Institucionalidad más para seguir trabajando en búsqueda de la Agraria en Casa Presidencial previo a la firma de los acuerdos de solución a conflictos agrarios. Viernes 24 de abril de 2015
Dirección de Comunicación Social
transformación que esta conflictividad representa y que desde los Acuerdos de Paz se establece la importancia de promover el desarrollo socioeconómico del país, generando mejores condiciones de vida para la población rural. El Acuerdo busca resolver a corto plazo los siguientes casos priorizados, sin dejar a un lado el total presentado por el Comité Campesino del Altiplano: 1. Las fincas: Las Conchas, Ixloc San Pedrito y Comunidad San Juan Los Tres Ríos ubicadas en Cobán, Alta Verapaz, que presentan conflictos de acceso a la tierra, serán atendidas por el Fondo de Tierras, quienes realizarán la gestión para la adquisición de tierras para las familias campesinas, por medio de crédito subsidiado, para la adquisición de las áreas del terreno que actualmente ocupan las comunidades campesinas de dichas fincas. Para la compra de las mismas, los recursos provendrán del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Si por alguna circunstancia ajena, resulta mejor la adquisición de otras fincas que se ubiquen en la misma área geográfica a propuesta de las comunidades involucradas, el Fondo de Tierras realizará la gestión de adquisición, sin realizar alguna reducción del área geográfica a la que actualmente ocupan las comunidades. 2. Para las comunidades Caniha, Santa Elena Samanzana II, en donde está pendiente la aprobación, emisión y publicación del Acuerdo Gubernativo de declaratoria de baldío e inscripción como finca nacional para su posterior adjudicación por parte del Fondo de Tierras en propiedad a las familias que habitan el área, se acordó entonces que el Presidente emitirá dicho Acuerdo Gubernativo para posteriormente continuar con el proceso de adjudicación. 3. En la finca Chicap y la finca San Antonio Panimaquin del municipio de Patzún, del departamento de Chimaltenango, el Fondo de Tierras dará apoyo a las comunidades para la creación y legalización de las personas jurídicas lo que permitirá su traslado al Programa de Acceso a la Tierra permitiendo la adquisición de la finca vía crédito y subsidio en conformidad con la Ley, a las familias que poseen actualmente las fincas.
4. Se crearán varias comisiones por orden de la Presidencia, para dar seguimiento a los 145 casos presentados por la CCDA. 5. Todas las instituciones que conforman la institucionalidad agraria, entre ellas la SAA y FONTIERRAS, se comprometen a proporcionar a CCDA, cuando se requiera, información que obre en registros públicos relacionada con la conflictividad agraria, para que CCDA pueda elaborar propuestas informadas para la solución de las problemáticas, salvo que la ley lo prohíba. 6. EL MAGA presentará a la Presidencia, un estudio para ser presentado al Congreso de la República como una iniciativa de Ley que promueva reformas al Decreto Legislativo No 55-2010 Ley de Extinción de Dominio, para que las fincas incautadas al crimen organizado se inscriban a nombre del Estado y se pongan a disposición del Fondo de Tierras para facilitar al acceso a la tierra a las familias campesinas. 7. Los casos que se encuentren con procesos judiciales serán tratados en la comisión de atención a la judicialización de la problemática agraria, en la cual se invitará a participar al Ministerio Público. En apoyo, la Secretaría de Asuntos Agrarios trasladará a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, el listado de los casos de conflictividad agraria que son atendidos en la mesa de diálogo para solicitar un trato especial. 8. Desde la Presidencia se seguirá promoviendo la aprobación de la iniciativa de Ley 4084: Ley de Desarrollo Rural Integral. Es importante resaltar el compromiso adquirido por la institucionalidad agraria del país, para la creación e implementación de comisiones de tratamiento a la conflictividad agraria, conformadas para abordar desde el 15 de mayo del presente año, las estrategias que den solución a los 145 casos presentados por CCDA. Esto demuestra el interés por brindar apoyo a las familias campesinas, por lo que adicional, desde la Presidencia de la República se seguirá promoviendo la aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral que ya cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral aprobada por Acuerdo Gubernativo.
La Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, en coordinación con las demás instituciones agrarias que buscan solucionar la problemática agraria, por medio de la atención y prevención de los conflictos agrarios, reafirman su compromiso de trabajo evidenciables en cada uno de los 1,375 casos en proceso registrados en las 14 oficinas regionales y las 5 delegaciones a nivel nacional, presentadas hasta marzo del año en curso, involucrando a 1,424,636 personas en total, referentes a conflictos de tierra por disputa de derechos, límites territoriales, ocupación y regularización.
Viernes 24 de abril de 2015
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