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Metodología

Este informe plantea una sistematización y mirada crítica de las medidas adoptadas para la gestión estatal de la emergencia por COVID-19 en Honduras desde un enfoque de derechos humanos.

Para su elaboración se realizó revisión documental de las disposiciones normativas adoptadas a raíz del COVID-19 entre enero y el 31 de octubre de 2020, así como de informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, otros informes, boletines, comunicados y monitoreos producidos por las organizaciones integrantes de la Coalición contra la Impunidad y diversas organizaciones nacionales en el marco de la emergencia, artículos de prensa, artículos académicos, monitoreos de medios, entre otras, como fuentes primarias.

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Se utilizaron también como fuentes de información investigaciones sobre la gestión elaboradas por medios de comunicación alternativos y aportes de actores específicos de la sociedad civil en lo relacionado a las acciones judiciales interpuestas para garantizar la restitución de derechos vulnerados por acciones y omisiones en el actual contexto, a fin de constatar lo referente al momento procesal de estas, así como obtener las valoraciones de las organizaciones promotoras y de las poblaciones directamente afectadas.

Para garantizar la veracidad y pertinencia de la información sistematizada se desarrolló un proceso de revisión del contenido de los capítulos por parte de organizaciones integrantes de la Coalición contra la Impunidad con trabajo especializado en las temáticas abordadas, mayormente en lo relacionado a transparencia y rendición de cuentas, el abordaje financiero de la emergencia y el abordaje general de la pandemia.

La revisión de las medidas sociales y su impacto específico en poblaciones puestas en situación de vulnerabilidad se desarrolló a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos en el contexto de COVID-19. Se recurrió a diversas fuentes y técnicas de recolección de datos, siendo uno de los obstáculos enfrentados la carente y dispersa información sobre la ejecución del presupuesto aprobado para la gestión de la emergencia, así como lo relacionado con las escasas medidas sociales adoptadas para atender el impacto diferenciado de la pandemia en poblaciones colocadas en situación de vulnerabilidad en el país.

CAPÍTULO I

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