Conclusiones

General

Las instituciones estatales y las organizaciones relacionadas con el gobierno están coordinando la gestión de la pandemia sobre la base de decisiones políticas sin información científico-epidemiológica y sin ninguna posibilidad de participación ciudadana en la toma de decisiones. El desplazamiento institucional de la Secretaría de Salud, la implementación del confinamiento que afecta negativamente a millones de hondureños que sobreviven del trabajo diario para quienes el confinamiento es imposible, y otras medidas sin un enfoque diferenciado, y fuertes signos de corrupción en el manejo de la pandemia han llevado a un incontrolable aumento de las infecciones.

El Estado ha utilizado la pandemia para justificar una mayor militarización de los espacios civiles y la suspensión indebida de los derechos constitucionales. Esto ha dado lugar a la supresión de los derechos humanos, incluidos el derecho al trabajo, el derecho a la protesta y la falta de acceso a la justicia.

La asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como distribuidoras de alimentos y equipo de bioseguridad, y la autoridad de las fuerzas de seguridad del Estado para detener a las personas que no cumplan las medidas de confinamiento o el uso de máscaras, lo que lleva a la detención de decenas de miles de personas, no es aceptable de conformidad con las obligaciones del Estado.

Los derechos DESC en el contexto de la emergencia sanitaria

Antes de la crisis de la salud, las organizaciones y organismos nacionales e internacionales de diferentes sectores e intereses informaron repetidamente sobre la falta de protección del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo decente y la precaria situación de los derechos humanos de las mujeres, los niños, las personas de edad y los pueblos indígenas, así como la falta de cumplimiento de los derechos humanos en general. Desde el comienzo de la pandemia, las desigualdades que limitan el acceso de la mayoría de la población a estos derechos se han hecho más visibles, en gran parte debido a la corrupción.

El derecho a la salud se ha visto comprometido por la falta de pruebas masivas, la falta de insumos médicos y de bioseguridad necesarios para los trabajadores de la salud, y el uso de tratamientos médicos sin apoyo científico, como el MAÍZ.

El Estado no ha concedido el derecho a la alimentación y ha castigado violentamente a las personas necesitadas. Las proyecciones oficiales de la entrega de ayuda alimentaria difieren enormemente de los informes sobre el alcance y la satisfacción de los beneficiarios prioritarios. Durante la primera fase, más de 1,1 millones de personas se quedaron sin acceso a la ayuda alimentaria, debido al uso politizado de la entrega por el partido gobernante. Ha habido un uso alarmante de la represión policial en respuesta a las manifestaciones de demanda de alimentos.

El poder ejecutivo ha dado prioridad a los beneficios públicos, incluida la asignación de fondos y el acceso a la tierra, para el sector agroalimentario en gran escala, sin la participación del sector campesino y sin conceder disposiciones a los agricultores de sustancias.

El Estado no ha respondido adecuadamente a la crisis laboral y a los más de 600.000 puestos de trabajo que se han perdido como consecuencia de la pandemia. La “Ley de Ayuda al Sector Productivo y a los Trabajadores frente a los Efectos de la Pandemia”, sólo beneficia a un bajo número de trabajadores y no cubre a los cientos de miles de trabajadores del sector informal.

El Estado ha optado por un método de educación virtual, pero no ha hecho absolutamente nada para garantizar la conectividad a Internet o los dispositivos tecnológicos necesarios.

Los grupos de especial vulnerabilidad en el marco de COVID-19

Las medidas sociales adoptadas carecen de un enfoque diferenciado para la atención de las personas y poblaciones puestas en especial situación de vulnerabilidad. Esto se refleja principalmente en la ausencia de participación y representación de estas en los espacios e instancias creadas para la puesta en marcha de planes y otras medidas de atención de la emergencia, en el reducido número de medidas adoptadas de acuerdo a las condiciones y contextos específicos de cada población y en la ausencia de cifras desagregadas que permitan conocer el nivel de afectación del virus en cada una de estas.

La medida de suspensión de derechos fundamentales y el confinamiento, dentro de sus múltiples impactos ha colocado a estas poblaciones y a la población hondureña en general en una situación de vulnerabilidad en cuanto a su derecho de acceso a la justicia, ya que las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de emergencia ocurren ante una institucionalidad pasiva, con serias limitaciones para responder a las denuncias y demandas de la ciudadanía desde el teletrabajo. Muestra de esto son las diversas resoluciones desfavorables emitidas por la Corte Suprema de Justicia en reiterados casos de solicitud de garantía de derechos mediante acciones interpuestas por algunas de estas poblaciones.

Es alarmante el incremento de las violencias contra las mujeres en el contexto de emergencia y la ineficacia de las medidas adoptadas las cuales no han logrado incidir en la reducción de casos y tampoco en reducir los índices de impunidad. Esto está íntimamente relacionado con la ausencia de un enfoque de género en la configuración de las estrategias para la gestión de la emergencia en general.

La niñez, adolescencia, adultos mayores y personas con discapacidad son altamente excluidos dentro de la gestión, las medidas adoptadas para atender sus necesidades específicas son mínimas y con poca eficacia. A esto se suma la narrativa de la institucionalidad que asegura éxito en su ejecución de las medidas adoptadas consistentes en planes y beneficios para estas poblaciones, pero que no consta información respecto de su ejecución y alcance.

Los pueblos indígenas han sido víctimas de discriminación en múltiples dimensiones dentro de la gestión, no solo no existen cifras desagregadas sobre la población afectada por COVID-19,

sino que tampoco se ha previsto campañas informativas en sus idiomas, formas y medios. Se registran casos graves de discriminación en el acceso a alimentos debido a la politización del Programa Honduras Solidaria y el impacto alarmante del precario sistema de salud en sus pueblos y comunidades.

La población LGTBI enfrente el COVID-19 al mismo tiempo que a la violencia estructural que implica que en el actual contexto resulte aún más difícil acceder a alimentos y a los medios básicos de subsistencia, así como al derecho de acceso a la salud pública por razones de discriminación pre existentes, agravadas por la pandemia.

A pesar de las numerosas medidas adoptadas en relación a los centros penales y población penitenciaria, son estas las que mayor evidencia muestra del enfoque de orden y seguridad de la gestión de la emergencia. La pandemia ha servido para justificar la profundización de la militarización del sector penitenciario y acentuar múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El sistema nacional penitenciario ha priorizado medidas con intención de contención de la propagación del virus declarando el cierre absoluto de estos y la prohibición de visitas, entre otras.

La situación de las personas migrantes y de la migración en general en el país son una radiografía de la grave crisis de derechos humanos que está constituyendo la pandemia, que tiene como base, por supuesto, la crisis pre existente. Las medidas adoptadas no buscan prevenir la migración, por el contrario, se enfoca en atender a personas retornadas, mientras las condiciones que generan la movilidad subsisten y se profundizan y las caravanas masivas continúan siendo parte de la realidad de la población hondureña.

El espacio cívico y la defensa de los derechos humanos

El Estado no comparte la información pertinente de manera accesible. Como resultado, los ciudadanos no pueden tomar las mejores decisiones en todos los aspectos de su vida para ellos o sus familias frente a la pandemia.

Los periodistas y las organizaciones que trabajan en defensa de la libertad de expresión han sido objeto de violentos ataques. Además, se han producido limitaciones en su trabajo que afectan gravemente al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información de la población en general.

La protección y promoción de los derechos humanos se ha visto limitada por la imposición de la reclusión, ya que no se han concedido excepciones a este sector. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia no ha servido para proteger los derechos constitucionales de defensa de los derechos humanos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Sistema Nacional de Protección y la Secretaría de Derechos Humanos no han resaltado la importancia del enfoque de derechos humanos en el manejo de la pandemia.

El gobierno ha cerrado aún más espacios para la participación política y la representación de actores independientes de la sociedad civil. Esto ha hecho que se adopten más medidas de acuerdo con las condiciones y contextos específicos de cada población. Además, el control ciudadano oficial y remunerado que se decretó no es independiente y no goza de la confianza de los ciudadanos.

Las fuerzas de seguridad han interrumpido violentamente las manifestaciones para exigir derechos laborales, alimentos o para protestar contra la corrupción.

Las medidas económicas, y la rendición durante la emergencia sanitaria

El Estado hondureño ha aprobado un presupuesto de 2 mil millones de dólares para el manejo de la pandemia y la reactivación económica; además, existe una autorización legislativa al Poder Ejecutivo para una deuda de 2,500,000,000.00 dólares, más reajustes del Presupuesto General de la República para el año fiscal 2020.

No ha habido una planificación ni una rendición de cuentas efectivas, no ha habido participación ciudadana en la designación de los fondos ni en la aceptación de los préstamos, y los informes verificados de la sociedad civil y los medios de comunicación apuntan a redes de corrupción que utilizaron la emergencia sanitaria para malversar fondos públicos, principalmente a través de compras sobrevaloradas, asignación de contratos sin respetar los procesos de contratación del Estado, que en algunos casos benefician a familiares de funcionarios públicos.

Esto ha tenido como consecuencia graves efectos negativos en la prestación de servicios de salud, la exposición de los trabajadores de la salud y el descuido de las medidas sociales para satisfacer las necesidades de vivienda y alimentación de la población. La ciudadanía se ha convertido en un observador y denunciante permanente de los abusos de poder en la gestión de la pandemia con la consigna “¿Dónde está el dinero?” y, sin embargo, el Estado ha respondido con actos de represión y criminalización.

El TSC no ha dado ningún resultado tangible en cuanto a la rendición de cuentas, pero ha permitido que la impunidad sea posible. Mientras tanto, el Ministerio Público no ha tomado ninguna medida de decisión para las acciones penales.