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LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS DERIVADA DE LA GESTIÓN DEL COVID 19
Conclusiones General Las instituciones estatales y las organizaciones relacionadas con el gobierno están coordinando la gestión de la pandemia sobre la base de decisiones políticas sin información científico-epidemiológica y sin ninguna posibilidad de participación ciudadana en la toma de decisiones. El desplazamiento institucional de la Secretaría de Salud, la implementación del confinamiento que afecta negativamente a millones de hondureños que sobreviven del trabajo diario para quienes el confinamiento es imposible, y otras medidas sin un enfoque diferenciado, y fuertes signos de corrupción en el manejo de la pandemia han llevado a un incontrolable aumento de las infecciones. El Estado ha utilizado la pandemia para justificar una mayor militarización de los espacios civiles y la suspensión indebida de los derechos constitucionales. Esto ha dado lugar a la supresión de los derechos humanos, incluidos el derecho al trabajo, el derecho a la protesta y la falta de acceso a la justicia. La asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como distribuidoras de alimentos y equipo de bioseguridad, y la autoridad de las fuerzas de seguridad del Estado para detener a las personas que no cumplan las medidas de confinamiento o el uso de máscaras, lo que lleva a la detención de decenas de miles de personas, no es aceptable de conformidad con las obligaciones del Estado.
Los derechos DESC en el contexto de la emergencia sanitaria Antes de la crisis de la salud, las organizaciones y organismos nacionales e internacionales de diferentes sectores e intereses informaron repetidamente sobre la falta de protección del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo decente y la precaria situación de los derechos humanos de las mujeres, los niños, las personas de edad y los pueblos indígenas, así como la falta de cumplimiento de los derechos humanos en general. Desde el comienzo de la pandemia, las desigualdades que limitan el acceso de la mayoría de la población a estos derechos se han hecho más visibles, en gran parte debido a la corrupción. El derecho a la salud se ha visto comprometido por la falta de pruebas masivas, la falta de insumos médicos y de bioseguridad necesarios para los trabajadores de la salud, y el uso de tratamientos médicos sin apoyo científico, como el MAÍZ. El Estado no ha concedido el derecho a la alimentación y ha castigado violentamente a las personas necesitadas. Las proyecciones oficiales de la entrega de ayuda alimentaria difieren enormemente de los informes sobre el alcance y la satisfacción de los beneficiarios prioritarios. Durante la primera fase, más de 1,1 millones de personas se quedaron sin acceso a la ayuda alimentaria, debido al uso politizado de la entrega por el partido gobernante. Ha habido un uso alarmante de la represión policial en respuesta a las manifestaciones de demanda de alimentos.
