Introducción

En Honduras, la pandemia del COVID-19 ha generado un gran impacto en los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud, la vida y la integridad física y psicológica, pero también en los derechos económicos, sociales y culturales.

Para el manejo epidemiológico, los Estados han reaccionado con medidas para el manejo hospitalario de los infectados por el virus, y para evitar o contener los contagios han impuesto medidas de confinamiento a través de la restricción de derechos fundamentales, suspensión de labores en el sector público y privado, centros educativos, industria y comercios, salvo excepciones para el manejo de la crisis sanitaria y social. Estas medias han tenido un gran impacto en la población en condiciones de pobreza o por otras situaciones de vulnerabilidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a los Estados que, en el manejo de la crisis sanitaria, deben implementar medidas adecuadas para garantizar el derecho a la salud, la vida y la integridad física. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran sin discriminación.

Por otra parte, los Estado deben implementar medidas para atender los derechos económicos, sociales y culturales con especial atención a los grupos de personas en situación de vulnerabilidad mientras se respeta y garantiza la participación política de la ciudadanía en la toma de decisiones en todo momento.

El presente informe tiene como objetivo la sistematización del manejo de la emergencia sanitaria del COVID-19 por parte del Estado de Honduras, y la situación de derechos humanos que se deriva de la misma.

El informe parte de las condiciones previas a la declaración de la emergencia sanitaria en el país, del sistema de salud, de los derechos al trabajo y la alimentación, y la situación de grupos poblaciones como las mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, niñez, personas LGBTI. El reto es enorme frente a los miles de millones que están por ejecutarse sobre todo en un año 2021 en el que habrá elecciones partidarias internas y generales.

El informe cuenta con seis capítulos, el primero sobre el abordaje de las medidas generales y la institucionalidad encargada de gestionar la pandemia; el segundo sobre la situación de los DESC principalmente del derecho a la salud, la alimentación, el sector laboral, y la educación; el tercero sobre las medidas con enfoque diferenciado a grupo en situación de especial vulnerabilidad; cuarto, sobre la defensa de derechos humanos y el espacio democrático; el quinto sobre el presupuesto aprobado, la fiscalización y la rendición de cuentas; el sexto las conclusiones y el séptimo las recomendaciones.

Con la sistematización se pretende poner a la disposición de la ciudadanía un documento que recoge ampliamente las actuaciones estatales sobre el manejo de la crisis sanitaria y social, para la discusión y abordaje de las posibles medidas impulsadas por la sociedad civil en adelante.

Es importante que la sociedad civil pueda trabajar sobre los impactos que tendrán las medidas tomadas por el Estado de Honduras para el manejo de la pandemia, vemos como se ha normalizado la suspensión de derechos después de 8 meses de Estado de Excepción y eso tiene graves consecuencias en el estado de Derecho y los derechos humanos, por otro lado, las decenas de decretos emitidos al inicio de la crisis supuestamente para garantizar el derecho a salud, alimentación, al trabajo fueron un mecanismo fugaz de atención de las necesidades de la población hondureña, y de la ejecución de los cerca de 6 mil millones gastados hasta octubre del corriente año la ciudadanía ha denunciado muchos actos de corrupción y sin que haya una efectiva rendición de cuentas y deducción de responsabilidad administrativa, penal. El reto es enorme frente a los miles de millones que están por ejecutarse sobre todo en un año 2021 en el que habrá elecciones partidarias internas y generales.