07
LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS DERIVADA DE LA GESTIÓN DEL COVID 19
Introducción En Honduras, la pandemia del COVID-19 ha generado un gran impacto en los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud, la vida y la integridad física y psicológica, pero también en los derechos económicos, sociales y culturales. Para el manejo epidemiológico, los Estados han reaccionado con medidas para el manejo hospitalario de los infectados por el virus, y para evitar o contener los contagios han impuesto medidas de confinamiento a través de la restricción de derechos fundamentales, suspensión de labores en el sector público y privado, centros educativos, industria y comercios, salvo excepciones para el manejo de la crisis sanitaria y social. Estas medias han tenido un gran impacto en la población en condiciones de pobreza o por otras situaciones de vulnerabilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a los Estados que, en el manejo de la crisis sanitaria, deben implementar medidas adecuadas para garantizar el derecho a la salud, la vida y la integridad física. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran sin discriminación. Por otra parte, los Estado deben implementar medidas para atender los derechos económicos, sociales y culturales con especial atención a los grupos de personas en situación de vulnerabilidad mientras se respeta y garantiza la participación política de la ciudadanía en la toma de decisiones en todo momento. El presente informe tiene como objetivo la sistematización del manejo de la emergencia sanitaria del COVID-19 por parte del Estado de Honduras, y la situación de derechos humanos que se deriva de la misma. El informe parte de las condiciones previas a la declaración de la emergencia sanitaria en el país, del sistema de salud, de los derechos al trabajo y la alimentación, y la situación de grupos poblaciones como las mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, niñez, personas LGBTI.
El reto es enorme frente a los miles de millones que están por ejecutarse sobre todo en un año 2021 en el que habrá elecciones partidarias internas y generales.
