La Caja 100 años. Vieja y cordobesa by Caja de Jubilaciones de Córdoba

LA CAJA 100 Aﾃ前S VIEJA Y CORDOBESA

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA HISTORIA DE LA CAJA (La Caja - 100 años. Vieja y cordobesa) La Caja, 100 años : Vieja y Cordobesa / Mario Daniel Mercuri ... [et.al.]. 1a ed. - Córdoba : Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, 2013. 234 p. ; 31x22 cm. ISBN 978-987-26891-1-7 1. Historia de la Institución. I. Mercuri, Mario Daniel CDD 330.098 254 Fecha de catalogación: 16/09/2013 Alvear 15, Córdoba, Argentina. CP X5000ILA Tel./Fax: +54 351 4319292 http://www.cajajubilaciones.cba.gov.ar previsionsocial@cba.gov.ar Copyrigth © Se autoriza la reproducción de extractos de esta publicación, sin necesidad de aprobación escrita previa, a condición que se mencione la fuente. Impreso en Argentina

Osvaldo Giordano Secretario de Previsión Social, a cargo de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba

El Centenario, buena ocasión para el diálogo constructivo comienzos del siglo pasado, una dirigencia política innovadora y dinámica fijó las bases para la creación del sistema previsional para empleados públicos provinciales. Luego de un intenso debate, que incluyó consideraciones legales, políticas y económicas, finalmente se sanciona, el 26 de noviembre del año 1913, la ley 2301. De esta manera, se crea un instrumento de protección social que permitió dar respuesta a los reclamos de los nuevos sectores que emergían dentro del proceso de desarrollo de la provincia. En esa época era gobernador Ramón J. Cárcano, “el Hacedor”, quien fue precedido por otro destacado administrador, Félix Garzón. Una frase de Cárcano resume las ideas prevalecientes en esa época y explicita los factores que motivaron este tipo de legislación. “En un país de trabajo y sin capital acumulado, atraer al capital es la primera necesidad… pero atraer al capital y cuidar del trabajador son dos términos inseparables”. Consistente con esta visión es destacable el hecho de que los primeros directivos y funcionarios de la Caja sobresalían por su solvencia, rigurosidad técnica y compromiso con una visión de bienestar general. Como lo demuestran las primeras memorias de la Caja, la flamante institución fue un reservorio provincial de cuadros técnicos en las primeras décadas del siglo XX. Desde sus inicios se trató de un proyecto ambicioso cuya instrumentación estuvo condicionada por muchas dificultades. Sobran las evidencias de una dinámica compleja y zigzagueante. En el devenir histórico se destacan meritorios aciertos pero también errores; algunos por acción, otros por omisión. En algunas

instancias prevalecieron la creatividad, rigurosidad técnica y sensibilidad social de la dirigencia política. En otras, las normas y la gestión previsional desnudan mediocridad, improvisación y mezquindades. Probablemente, una de las conclusiones más importantes a las que llega la recopilación de documentos, testimonios e información de este libro, es que la historia de la Caja giró en torno a las tensiones entre la aspiración por perfeccionar y potenciar su rol social y las crecientes dificultades para alcanzar razonables niveles de sustentabilidad financiera. Es decir que, por un lado, opera el interés legítimo de ampliar derechos mediante una mejor cobertura de los riesgos sociales. Por el otro, los condicionantes que impone la escasez de recursos. No menos importante es que las contradicciones y dificultades se vieron potenciadas por un contexto demográfico crecientemente adverso y un contexto político que fue permeable a las presiones sectoriales que permanentemente bregaron por tratos especiales en desmedro del interés general. En el largo recorrido de 100 años se sumaron, generalmente con debates intensos y muchas veces acalorados, avances muy relevantes en la legislación previsional. Por ejemplo, cuando en 1933 se incorpora el beneficio de pensión ya que hasta ese momento sólo se contemplaban jubilaciones; en 1949 cuando se regula la movilidad para proteger los haberes de la erosión que produce la creciente inflación; en 1959 con la consolidación de la proporcionalidad del monto del haber respecto al salario en actividad a través de regular el 82 por ciento móvil o en los ’70 cuando el gobierno justicialista incorpora el derecho a pensión de las concubinas y, más recientemente, el derecho a pensión de los varones. Pero es claro que no se trató de un proceso simple, lineal y transparente. Muchas veces la toma de decisiones estuvo guiada por la improvisación, la demagogia y las presiones de intereses sectoriales. Por eso, en los 100 años de historia de la Caja se reportan errores y muchos intentos, algunos consumados, de leyes que introdujeron tratamientos de privilegio para ciertos colectivos. Estas desviaciones aprovecharon la elevada legitimidad de que goza una normativa de alto contenido social. De esta manera, lograron filtrar onerosas disposiciones que beneficiaron a sectores políticamente poderosos en contra del principio de equidad y solidaridad que inspira el sistema. Llama la atención que, a lo largo de los 100 años de vida de la institución, las resistencias para sostener un sistema sustentable y equitativo hayan sido una constante. Resulta sorprendente que algunos tipos de problemas, como por ejemplo las controversias respecto al otorgamiento de jubilaciones por invalidez, estén presentes desde los primeros años de vida de la institución hasta la

actualidad. Salvo por matices, esta situación ha sido motivo de preocupación, no sólo entre los beneficiarios del sistema sino en la sociedad cordobesa: el que la Caja no llegue a cubrir con ingresos genuinos la totalidad de las erogaciones que demanda el pago de jubilaciones y pensiones. Aunque la manifestación del problema se exterioriza como un fenómeno financiero, la recopilación de hechos, opiniones y análisis que contiene el libro demuestra que desde sus orígenes los principales problemas son de naturaleza esencialmente política. Más que un déficit económico, la historia de la entidad denota un déficit de recursos y de capital político. Prueba de ello es que el sistema previsional nació hace 100 años e hizo avances significativos a lo largo del tiempo gracias a una estructura política capaz de articular consensos en torno a buenas ideas. En sentido contrario, las crisis y la degradación encuentran su origen en fracasos políticos que llevaron a decisiones y actitudes alejadas de las necesidades que imponían las circunstancias. No es fácil consensuar políticas de Estado, es decir, estrategias que trasciendan la alternancia en el ejercicio del poder que imponen las reglas democráticas. Y es más difícil aún en materia previsional, ya que de lo que se trata es de acordar y sostener políticas que garanticen sustentabilidad y equidad bajo una proyección temporal que abarque varias generaciones. Se requieren estudios y análisis desprejuiciados; mucha vocación de diálogo y ahuyentar las tentaciones -siempre latentes- de caer en el oportunismo, la improvisación y la demagogia. Las buenas políticas de Estado no surgen espontáneamente sino que dependen de la difícil combinación de rigurosidad técnica, visión estratégica y espíritu democrático. El primer siglo de vida termina con algunos indicios alentadores, más allá de que los problemas siguen siendo muy complejos y desafiantes. La Caja acumula en los últimos años avances importantes en términos de modernización, ordenamiento, agilidad y transparencia. Un dato notable que surge del trabajo de documentación para la elaboración del libro, es que desde su primer año de vida, los responsables de administrar la Caja elaboraban anualmente una Memoria en la que reportaba detalladamente la situación financiera, administrativa y legal del organismo. Esta buena práctica de gestión se extendió hasta la década de los ’60, pero luego fue descuidada contribuyendo al oscurantismo, la debilitación de controles y la degradación de la calidad del diálogo sobre prácticas y políticas previsionales. Que la producción sistemática de estadísticas, informes y memorias anuales nuevamente haya sido incorporada como regla de la institución, no sólo ayuda al control social, sino que contribuye a un mejor entendimiento de los problemas del

sistema y a un diálogo político más serio y racional. También resulta muy relevante el hecho de que el sistema muestra en el último quinquenio mejoras significativas en su sustentabilidad. Tras haber llegado a muy elevados niveles de desequilibrio en las últimas dos décadas, la celebración del centenario se da en un contexto en que la ratio de déficit respecto a las erogaciones totales se ubica en los valores más bajo de la última década. Estas situaciones generan un contexto propicio para promover diálogos sobre estrategias que apunten a resolver los problemas presentes y futuros. Así como hace 100 años la clase política superó las barreras que dificultaban la creación del sistema, entendemos que están dadas las condiciones para que en el presente se pergeñen las estrategias que permitan darle a la Caja sustentabilidad en las próximas décadas. Por todos estos motivos, es recomendable asumir la celebración del centenario como una instancia propicia para reivindicar logros, identificar errores y evaluar el futuro con amplitud de criterio y rigurosidad técnica. Estamos convencidos de que enfrentamos problemas cuyas soluciones no son simples ni de generación espontánea y que sólo con la perseverancia en el diálogo serio se podrá abordar con éxito el futuro. En este marco, decidimos encomendar a un equipo interdisciplinario la recopilación y análisis de la información histórica sobre la Caja. La consigna fue abordar las principales instancias en la vida de la entidad evitar preconceptos y, como única limitante, abordar con la mayor objetividad posible cada uno de los temas. Me consta que fue un trabajo muy arduo. No sólo por lo ambicioso del proyecto sino porque se enfrentó con el hecho de que, lamentablemente, el organismo no siempre se caracterizó por poner el celo en la registración de la información y la preservación de la documentación histórica. Estos datos de contexto aumentan el mérito de cada uno de los profesionales que participaron en la elaboración del libro. Más allá de las diferencias que, seguramente, tendremos los que disfrutemos de la lectura del libro sobre algunos contenidos y opiniones, me permito resalta la calidad y profesionalidad con la que abordaron la tarea. Impulsamos la iniciativa de encomendar a un equipo la responsabilidad de escribir un libro sobre la historia de la Caja convencidos de que era una manera de contribuir a la construcción de un mejor futuro para el sistema previsional provincial. Ver plasmado con éxito el proyecto no sólo me genera la satisfacción de haber cumplido con la meta propuesta. Considero, además, que la coincidencia de la celebración del Centenario de la Caja con los 30 años del retorno de la democracia inspira a seguir trabajando en favor de alimentar y promover diálogos políticos con espíritu constructivo.

LOS QUE GOBERNARON CÓRDOBA Y LOS QUE DIRIGIERON LA CAJA 1913 - 2013 Estos listados, por los cambios bruscos y la brevedad de algunos mandatos, son fiel reflejo de los vaivenes que sufrió la vida institucional de la Provincia. En el caso de los presidentes de la Caja, hasta 1950, la nómina pudo elaborarse con las Memorias de la institución. La década del '50 se reconstruyó gracias a los testimonios de familiares de ex presidentes. Para los '60 se consultaron los diarios de la época en los cuales, a menudo, se publicaban los nombramientos. Desde 1969 a 1983, la lista no es tan precisa. La situación política y económica del país implicó que ya casi no se publicaran noticias sobre la entidad. Además se perdieron resoluciones de Directorio a partir de las cuales, se podría reconstruir la lista en función de las firmas que las certificaban. Desde 1983 hasta 2013 se utilizaron resoluciones de Directorio y testimonios de empleados de la institución.

NOMBRE

CARGO

PERÍODO

PRES.DE LA CAJA/PERÍODO

PRES. DE LA CAJA/PERÍODO

Félix T. Garzón

Gobernador

1910-1913

Ramón José Cárcano

Gobernador

1913-1916

Pablo Argañaraz / 1914 - 1917

Eufrasio Loza

Gobernador

1916-1917

Nicanor Arce / 1918 - 1922

Julio Borda

Gobernador

1917-1919

Rafael Núñez

Gobernador

1919-1921

Jerónimo del Barco

Gobernador

1921-1922

Jerónimo del Barco / 1923 - 1927

Julio A. Roca (h)

Gobernador

1922-1925

Arturo Juliá / 1927 - 1928

Ramón José Cárcano

Gobernador

1925-1928

Tomas Miguel Argañaraz / 1928 - 1929

Enrique Martínez

Gobernador

1928-1928

Arturo Juliá / 1929-1930

José Antonio Ceballos

Gobernador

1928-1930

Contralmirante Alfredo Malbrán / 1930 - 1936

Basilio Pertiné

Interventor federal de facto

1930-1930

Carlos Ibarguren

Interventor federal de facto

1930-1931

Enrique P. Torino

Interventor federal de facto

1931-1932

Emilio Felipe Olmos

Gobernador

1932-1932

Pedro José Frías

Gobernador

1932-1936

Julio Torres

Gobernador provisional

1936-1936

Luis Funes

Gobernador provisional

1936-1936

José María Martínez / 1937 - 1939

Amadeo Sabattini

Gobernador

1936-1940

Emilio Jautz / 1939 -1943

Santiago del Castillo

Gobernador

1940-1943

Enrique A. Ferreira / 1943

Justo Salazar Collado

Interventor federal de facto

1943-1943

Alfredo Córdoba

Interventor federal de facto

1943-1943

Eduardo Gonella

Interventor federal de facto

1943-1943

León Scasso

Interventor federal de facto

1943-1944

Manuel Augusto Ferrer

Interventor federal de facto

1944-1944

Alberto Guglielmone

Interventor federal de facto

1944-1944

Juan Carlos Díaz Cisneros

Interventor federal de facto

1944-1945

Walter Villegas

Interventor federal de facto

1945-1945

Carlos A. Sánchez Echagüe / 1946 - 1947

Hugo Oderigo

Interventor federal de facto

1945-1946

Oscar P. Trigueros / 1947 - 1951

Argentino Auchter

Gobernador

1946-1947

Román Subiza

Interventor federal

1947-1947

Aristóbulo Vargas Belmonte

Interventor federal

1947-1949

Alfredo Eguzquiza

Interventor federal

1949-1949

Jacinto Amador Quiroga / 1950

Juan Ignacio San Martín

Gobernador

1949-1951

Washington P. González / 1951

Juan R. Brottier / 1951

Atilio Antinucci

Gobernador

1951-1952

Jacinto Amador Quiroga, 1952

José Vivas 1953

Raúl Lucini

Gobernador

1952-1955

Jacinto Amador Quiroga / 1954/55

Dalmiro Videla Balaguer

Interventor federal de facto

1955-1956

Oscar P. Trigueros / 1955

Medardo Gallardo Valdéz

Interventor federal de facto

1956-1958

Coronel Eliseo J. Brizuela / 1956- 1958

Arturo Zanichelli

Gobernador

1958-1960

Héctor Julio Moyano / 1958 - 1960

Juan Francisco de Larrechea

Interventor federal

1960-1961

Juan Enrique Binda 1960

Jorge Bermúdez Emparanza

Interventor federal

1961-1962

Adrián María Moyano Cires / 1961 - 1962

Mario Ismael Atencio

Interventor federal

1962-1962

Pedro Sorrentino / 1962 - 1966

Aniceto Pérez

Interventor federal de facto

1962-1962

Rogelio Nores Martínez

Interventor federal de facto

1962-1963

Armando Correa Urquiza / 1944 -1945

José María Crespo / 1945 -1946

Rodolfo Llanos 1960 - 1961

NOMBRE

CARGO

PERÍODO

PRES.DE LA CAJA/PERÍODO

Justo Páez Molina

Gobernador

1963-1966

Pedro Sorrentino / 1962 - 1966

Gustavo Martínez Zuviría (h)

Interventor federal de facto

1966-1966

Eulogio N. Iturrioz / 1966-1967

Miguel Ángel Ferrer Deheza

Interventor federal de facto

1966-1968

Alfredo Olmedo Berrotarán / 1967

Carlos José Caballero

Interventor federal de facto

1966-1969

Arsenio Noguera / 1969 -1970

Jorge Carcagno

Interventor federal de facto

1969-1969

Roberto Huerta

Interventor federal de facto

1969-1970

Reinaldo Zamora / 1970

Juan Carlos Reyes

Interventor federal de facto

1970-1970

Santiago Cámara / 1970

Bernardo Bas

Interventor federal de facto

1970-1971

Pedro Ramírez / 1971 -1973

Carlos Gigena Parker

Interventor federal de facto

1971-1971

José Camilo Uriburu

Interventor federal de facto

1971-1971

Helvio Guozden

Interventor federal de facto

1971-1973

Horacio Urtubey / 1973 -1974

Ricardo Obregón Cano

Gobernador

1973-1974

Guillermo Berrotarán / 1974 - 1976

Mario Agodino

Gobernador provisional

1974-1974

Duilio Brunello

Interventor federal

1974-1974

Raúl Lacabanne

Interventor federal

1974-1975

Luciano Menéndez

Interventor federal

1975-1975

Raúl Bercovich Rodríguez

Interventor federal

1975-1976

José Antonio Vaquero

Interventor federal de facto

1976-1976

Ruperto Pío Uriz / 1976 - 1979

Carlos Chasseing

Interventor federal de facto

1976-1979

Mayor Oscar Enrique Espínolo / 1979

Miguel Marini

Interventor federal de facto

1979-1979

Emilio Rubén Velich / 1979 - 1981

Adolfo Sigwald

Interventor federal de facto

1979-1982

Carlos Ernesto Checchi, / 1982

Rubén Pellanda

Interventor federal de facto

1982-1983

Rolando Arturo Villagr,a / 1983 - 1987

Eduardo Angeloz

Gobernador

1983-1995

Omega Victorio Petrazzini / 1987 - 1993

PRES. DE LA CAJA/PERÍODO

Luis L. A. Semproni / 1983

Luis Enrique Moncada / 1993 - 1994 Miguel Ortiz Pellegrini / 1994 - 1995 Luis Enrique Moncada / 1995 Ramón B. Mestre

Gobernador

1995-1999

Oscar J. María Bertona / 1995 - 1997 Jorge Alberto Moreyra Villalba / 1997 Jorge Alberto Celli / 1997 - 1999 Heriberto Juan Garione / 1999 - 2001

José Manuel de la Sota

Gobernador

1999-2007

Jorge Arnaldo Alves / 2001 - 2004 Alfredo Keegan / 2004 - 2006 Fernando Antonio Olivares / 2006-2007

Sergio Sebastián Busso, 2007

Osvaldo Eugenio Giordano, desde 2007 hasta la actualidad Juan Schiaretti

Gobernador

2007-2011

José Manuel de la Sota

Gobernador

2011-

ÍNDICE

Página

Prólogo

1. La prehistoria de la Caja de Jubilaciones

Las ideas dominantes a comienzos del siglo XX

Cien años de jubilaciones y pensiones de Córdoba

El cambio de siglo

Ramón José Cárcano, el Hacedor

2. El principio de la Historia

Creación y primeros años de la Caja

Un dirigente destacado

Historias de la Caja

De la previsión social al peligro social

3. Llegan las pensiones

La marca imborrable de la Década Infame

El primer jubilado y la primera pensionada, unidos por cinco bisnietos

Nueva ley y nuevos beneficios: las pensiones

Préstamos hipotecarios

El "Tanito" que transformó Córdoba

104

El papel de la Caja en la estabilidad del empleado público

107

Colón y Rivera Indarte, un punto de referencia para los cordobeses

113

4. La política se saca la camisa

119

La irrupción del peronismo

121

Llegan la movilidad y el 82 por ciento

126

Volaba alto y miraba lejos

128

Entre el reparto y la capitalización

138

Atención médica para jubilados

141

La resistencia: 18 años de lucha por el retorno de Perón

143

Epec y municipales entran a la Caja en tiempos difíciles

149

Las leyes de “Los Años de Plomo”

154

5. Nuevos vientos y viejas tempestades

163

La democracia que supimos conseguir

165

La 8024, una ley para la polémica

170

Un decreto para corregir una ley

179

Las provincias financian a la Nación

183

Los docentes nacionales se hacen provinciales

184

Después de la jubilación

189

“Nadie se jubila de la vida, sino del empleo”

192

6. La historia del presente

197

Armonización, eje de la controversia Provincia-Nación

199

Las consecuencias de la caída del decreto 1777

212

Un fraude sin nombre

218

Hacia una gestión ágil y transparente

221

Primera pensión para pareja del mismo sexo

226

7. Revisar y aprender

229

Una lección de supervivencia

231

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA HISTORIA DE LA CAJA (La Caja - 100 años)

EQUIPO DEL CENTENARIO Investigación y Textos María José Bonino, Lucía Gregorczuk, Soledad Toledo Edición y Redacción Guillermo Mugica, Ángel Stival, Mario Mercuri Diseño: Juan Pérez Gaudio Corrección Mónica Hernández Proyecto y Coordinación: Mario Mercuri Supervisión: María Sol Rodríguez Maiztegui

Prólogo Ésta es una aproximación a la historia de la Caja de Jubilaciones, un organismo cuya influencia en la vida de los cordobeses trascendió el simple pago a sus beneficiarios. El trabajo está estructurado en torno a las principales leyes que primero crearon y luego dieron forma a la institución. Sin embargo, se buscó que el texto no fuera un simple compendio jurídico sino que las reformas legales hicieran las veces de hilo conductor a través de los cambios que la entidad protagonizó, impulsó y padeció a lo largo de un siglo. A partir de estas normas que sirvieron para segmentar el relato, se intentó un acercamiento a la Córdoba y la Argentina que la Caja tuvo como marco para su actividad. Si las leyes buscan regular instituciones y conductas adecuándose a las necesidades de los tiempos, no se las puede considerar sin el contexto social en que fueron dictadas. Es por eso que los capítulos constan de diversos textos que van desde una breve reseña histórica, hasta análisis centrados en las dificultades coyunturales con las que lidió la institución, pasando por notas curiosas y semblanzas de protagonistas. Como respaldo, se tomaron fragmentos de diversas obras históricas y además se reprodujeron algunas páginas de la vasta documentación oficial que se consultó para que el lector del siglo XXI se asomara de manera directa a las ideas y al estilo de escritura que tenían los hombres de principios del siglo XX. Además, como un guiño a aquél que disfruta más de hojear un libro que de leerlo con detenimiento, hay pequeños textos en los márgenes que nos colocan ante los principales sucesos que en las diferentes épocas de este siglo se dieron en Córdoba, Argentina y el mundo.

La prehistoria de la Caja de Jubilaciones Toda historia tiene su prehistoria. Y al hablar de prehistoria no nos referimos a dinosaurios o a homínidos entibiándose junto al fuego en alguna caverna. No. Toda narración comienza a partir de un punto y ese punto tiene un antes. En este caso, la Caja fue creada por ley a fines de noviembre de 1913, pero ese momento no surgió de manera antojadiza como resultado de alguna alineación astral. Fue resultado de acciones, debates e ideas que comenzaron a plantearse mucho antes de que surgiera la institución. Ese antes de la Caja, es su prehistoria. Un período clave para entender su origen y hasta comprender si al nacer vino al mundo con alguna suerte de “pecado original”. Dos visiones, la de un periodista y profesor de Historia por un lado y la de un historiador por el otro, nos acercan a la época, las personas y las ideas que enmarcaron su gestación.

Las ideas dominantes a comienzos del siglo XX POR ÁNGEL STIVAL. PERIODISTA

ace mucho que los aficionados a la historia saben que ésta se escribe desde el presente, condicionada por sus tensiones e intereses, pero también enriquecida y profundizada por la ampliación de una mirada que, a medida que pasa el tiempo, descubre e ilumina, junto a los hechos ya conocidos, otras facetas que habían permanecido en las sombras, sin voz que las interrogue. Desde esta óptica, el pasado no es una mole inconmovible, fijada para siempre. Se convierte en algo vivo, palpitante de novedades esperando ser descubiertas. Así pues, resulta hoy anacrónica la mirada unidimensional que sólo ve prosperidad, progreso y liberalismo en los primeros años del siglo pasado. La ilusión del granero del mundo no duró mucho. Eso entraña no el fracaso de los sucesores de aquella generación dinámica y cargada de proyectos, heredera del modernismo y del positivismo que constituyeron la Nación, sino cierta incomprensión de los propios orientadores del proceso sobre las necesidades, vivencias y sueños de los sectores populares, pese a que éstos hacían oír su voz a través de sus publicaciones, protestas sociales, rebeliones y huelgas. La crisis del sistema político potenciada por el surgimiento

del radicalismo a fines del siglo XIX y su batalla por alcanzar el sufragio universal, son síntomas de esa incomprensión y del inicio de un proceso histórico que se ilumina cada vez mejor con las tormentas políticas y sociales que se sucedieron y que van resignificando aquella etapa. Puede decirse que toda la historia va cambiando al ritmo del presente, que los hechos que se suceden le dan esa provisoriedad contra la que tanto luchan los historiadores tradicionales, pero que la vuelve tan apasionante. Ya no hay casi interesados en la historia que acumula hechos políticos y datos económicos como si fueran fardos. Los procesos, el mundo simbólico, la búsqueda de voces acalladas por el discurso de los triunfadores, el modo de vivir y pensar de la gente común dominan las preocupaciones actuales del historiador. En el magma de esas batallas que hoy conocemos mejor, nació en 1913 la Caja de Jubilaciones para Empleados de la Provincia de Córdoba. Siguiendo al profesor Oscar Terán (1938-2008) y desde la perspectiva de la historia social, intentaremos pintar el mundo de las ideas de ese tiempo, remitiéndonos a sus orígenes y señalando sus mutaciones y permanencias. Ello ayudará a la comprensión de las condiciones en las que nació la Caja y de sus dificultades, ya expresadas en las primeras memorias y balances que se conservan y que no son muy distintas de las que afronta en la actualidad. La problemática nacional En su libro Historia de las ideas en la Argentina, Terán se pregunta cuáles eran las preocupaciones dominantes de la sociedad argentina entre 1890 y 1910. Y se responde: “Para organizar una respuesta, comencemos por decir que emerge entonces un conjunto de problemas, se instala una determinada problemática. Ésta agrupa varias cuestiones: social, nacional, política e inmigratoria. Social, por los desafíos que planteaba el mundo del trabajo urbano. Nacional, ante el proceso de construcción de una identidad colectiva. Política, frente a la pregunta acerca de qué lugar asignarles a las masas en el interior de la ‘República posible’, esto es, la cuestión de la democracia. E inmigratoria porque todos estos problemas se encontraron refractados y crispados en escala ampliada en torno de la excepcional incorporación de extranjeros a la sociedad argentina”. La modernidad, a la que el país ingresaba después de haber unificado su mercado interno liberándose sin

1890 argentina/córdoba

El 13 de abril nace en Buenos Aires la Unión Cívica, basada en la Unión Cívica de la Juventud. En Córdoba, la necesidad de organizarse, vio la oportunidad de implementar una agrupación similar. El 15 de mayo aparece la Unión Cívica local.

contemplaciones del lastre de los pueblos originarios, llegaba con fuerza de la mano del capitalismo desarrollado a escala planetaria, de la inmigración y del surgimiento de nuevas clases sociales con reclamos de participación en la vida política, para poner en crisis el pensamiento dominante. Recordemos, como muestra de esa crisis, el horror de Miguel Cané (1851-1905), autor de la célebre Juvenilia, al ver que los inmigrantes no eran civilizados y cultos como lo había previsto Juan Bautista Alberdi, sino “una masa adventicia salida en su inmensa mayoría de aldeas incultas o de serranías salvajes”. Esa incomprensión inicial, ese rechazo a la irrupción de las masas, en este caso extranjeras, en el escenario nacional, se repetiría de diferentes formas durante todo el período que nos ocupa, en la boca y en la pluma de figuras señeras del positivismo laico como José María Ramos Mejía (1849-1914) y José Ingenieros ((1877-1925). Ramos Mejía sostiene que los sectores obreros y populares están compuestos por elementos anónimos, sin personalidad, de inteligencia vaga, sistema nervioso rudimentario, poco educados y que piensan con el corazón y, a veces, con el estómago. Según Terán, es probable que esta idea estuviera ampliamente difundida entre la minoría política y cultural dirigente hacia 1900. Sin embargo, en su libro Las multitudes argentinas, Ramos Mejía reivindica el papel de las masas en la historia de la emancipación nacional. Durante las Invasiones Inglesas, dice, mientras “hervía en el seno de las muchedumbres el más vivo entusiasmo por la venganza, las clases superiores y los burgueses ricos y meticulosos habían resuelto aceptar los hechos consumados”. Y al referirse a Mayo de 1810, escribe: “La revolución argentina es la obra más popular de la historia y la menos personal de toda América latina”. Ramos Mejía opone estas gestas al mundo urbano de su tiempo en el que encuentra una inmigración con comportamientos egoístas y afanes de enriquecimiento rápido que conspiraban contra los valores republicanos. Como contrapartida, el mundo rural gaucho y el caudillismo del pasado adquieren valoraciones positivas. Y, frente a la clase dirigente que a fines del siglo XIX ha perdido el rumbo, Ramos Mejía rescatará la figura de Juan Manuel de Rosas, a quien en 1907 le dedicará un

1890 argentina

El 26 de julio se produce la Revolución del Parque, contra el presidente Miguel Juárez Celman. El movimiento estuvo a cargo de Leandro N. Alem en lo político y Manuel Campos en lo militar, pero fue sofocado por el gobierno luego de tres días de enfrentamientos.

historia

El radicalismo aparece en la vida nacional (1890-1912)

“L

os sectores sociales que llegaron

los hijos de inmigrantes que aspiraban a

al poder con el triunfo del radica-

integrarse en la sociedad, abandonando la

lismo acusaron una fisonomía muy distinta

posición marginal de sus padres…”

de la que caracterizaba a la Generación del ’80. Salvo excepciones, los componían hombres modestos, de tronco criollo algunos y de origen inmigrante otros. El radicalismo, que en sus comienzos expresaba las aspiraciones de los sectores populares

Romero, José Luis: Breve Historia de la

criollos apartados de la vida pública por la

Argentina. Buenos Aires, 2004 [1965].

oligarquía, había luego acogido también a

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voluminoso estudio titulado Rosas y su tiempo. Nuestro autor mira a su alrededor y no encuentra quién encarne ese papel. Él mismo se declara impotente para comprender los mensajes de la multitud que se tornan angustiantes y amenazantes. Son los síntomas que revelan las prevenciones de la elite ante los efectos no queridos de la modernidad que ellos mismos habían aceptado e impulsado. Nacido en Palermo, Italia, José Ingenieros fue el más reconocido discípulo de Ramos Mejía. No poseía linaje, ni riqueza, ni posición política, pero se forjó un lugar a partir de su rigor intelectual basado en la fe en el positivismo, en el progreso y en las perspectivas de Argentina. Ingenieros imagina una sociedad argentina jerarquizada en tres estratos: las minorías, poseedoras de ideales y conocimiento; las multitudes honestas, productoras y mediocres, auténticos baluartes del orden, y, por separado, la marginalidad en la que habitan los sujetos de la locura y el delito. El pensamiento del interior El modernismo cultural, que desprecia los valores utilitarios, pragmáticos y materialistas venerados por la rigidez cientificista del positivismo, intentará superarlo, a principios del siglo XX, a través de las originales propuestas de tres pensadores del interior del país: Manuel Gálvez, Leopoldo Lugones y Joaquín V. González. El diario de Gabriel Quiroga, de Manuel Gálvez (poeta, dramaturgo, ensayista y sociólogo nacido en Paraná -1882-1962- en el seno de una ilustre familia de la ciudad de Santa Fe) es uno de los libros que aparecen en el marco del Centenario. Quiroga es un alter ego de Gálvez y expresa las ideas básicas que luego serían adoptadas por la derecha nacionalista. Aparece el tópico Buenos Aires, ciudad cosmopolita, mercantil, fenicia, europeizante, versus Interior donde reside el país virtuoso y puro. Muy ligada a esta antinomia es la que se plantea entre los unitarios artificiosos y europeizados y los federales con sus caudillos, considerados como los hombres más representativos de la raza y que encarnaron una democracia bárbara. Gálvez también enlaza el destino del país con el catolicismo, con un rechazo radical no sólo del laicismo positivista sino también de otros cultos religiosos. El poeta cordobés Leopoldo Lugones (1874-1938) parece

1891 argentina

La división de la Unión Cívica da origen a la Unión Cívica Radical, encabezada por Leandro N. Alem (foto) y a la Unión Cívica Nacional.

encarnar mejor aún que Gálvez a su personaje: Gabriel Quiroga es aficionado a las letras desde muy joven y “amó todas las ideas de su tiempo y apenas una doctrina le convencía cuando ya la abandonaba por otra... en menos de cuatro años fue sucesivamente tolstoniano, socialista, anarquista, nietzschista, neomístico y católico”. Lugones tiene un sitial grande en la literatura nacional, reconocido por el maestro Rubén Darío como un auténtico poeta inscripto en el modernismo literario. En esos mismos años, militó en el Partido Socialista junto con José Ingenieros y escribió artículos de agresivo tono antiburgués y antisistema en el periódico La Montaña. Luego apoyó al presidente conservador Manuel Quintana y en la década de 1920 adoptó un nacionalismo antidemocrático, autoritario y militarista. Pero también hay una continuidad que atraviesa ese diletantismo que desembocará en su suicidio en 1938: el elitismo. Es decir, su convicción de que siempre es función de una minoría (del talento, de la belleza, de la virtud o de la fuerza, según los casos) dirigir a las masas que deben ser conducidas o tuteladas. El poeta cordobés da también su propia respuesta al problema del ser nacional que atraviesa la época, a partir de una revalorización del Martín Fierro. Aquí, Oscar Terán plantea la cuestión del lugar desde el que habla Lugones. “Observamos de inmediato que lo hace desde un espacio de carácter institucional y de poder”, dice. Lugones pronuncia sus conferencias en un teatro al que son asiduos concurrentes el presidente Roque Sáenz Peña y algunos de sus ministros. La Argentina ya tiene su pieza épica, que no es otra que el Martín Fierro, gaucho fundacional que Lugones, mediante una pirueta que sólo él podía ensayar, hace descender del pasado clásico grecolatino. De todos los posibles se queda con el gaucho cantor y redondea su parábola: consagración del gaucho como modelo de argentinidad y consagración del poeta (modernista) como modelo de intelectual. En un célebre suplemento que el diario La Nación publicó para el Centenario, apareció un trabajo de Joaquín Víctor González (1863-1923): El juicio del siglo. En él, el político, historiador, escritor y jurista riojano intenta establecer una genealogía argentina, anterior incluso a la existencia de la Nación misma que hunde sus raíces en el origen y destino de Occidente. Según esta óptica, las guerras de la independencia contra los españoles

1891 córdoba

Las artes encuentran un nuevo lugar de expresión. El 8 de julio se inaugura oficialmente el Teatro Nuevo Rivera Indarte. Actualmente lo conocemos con el nombre de Teatro del Libertador General San Martín. Según registró el diario La Libertad, el 20 de julio de 1891, el gobernador Eleázar Garzón asistió a la función inaugural y, para escándalo de muchos, “tomaba mate con la mayor naturalidad del mundo, en el magnífico palco del gobierno”.

serían una continuidad de la conquista en su tarea civilizadora: “No hay error -escribe González- y sí mucho heroísmo en el paralelo que resulta entre los primeros conquistadores que surcan las tierras vírgenes e ignotas fundando pueblos, abriendo rutas y domando barbaries, y sus descendientes de tres siglos que las recorren de nuevo sobre sus huellas tras del nuevo ideal libertador”. Pero esa tarea se ve obstaculizada por lo que el riojano llama “ley histórica de la discordia intestina”, madre de todos los males argentinos. La anarquía de 1920 es el caldo de cultivo del caudillo, representante de las masas inorgánicas y cuyo discurso les llega con naturalidad mientras “la alta clase, la culta y sedimentaria de los dos siglos y medio de influencia universitaria y plutocrática” es literalmente exiliada, dentro y fuera del país. “Volvemos a penetrar -interpreta Terán- en uno de los grandes temas y problemas del liberalismo no sólo en la Argentina: cómo articular liberalismo con democracia”. No es fácil, piensa González, pues la “mala democracia” instaura la “dictadura de la mayoría”, pero por fortuna se puede construir ciudadanía a través del lema sarmientino de “educar al soberano”. Otro problema es el desfase notorio entre Buenos Aires y el interior por la vigencia de un unitarismo disfrazado de federal. Recuperar “una clase superior de capacidades directivas, en una larga tradición universitaria o colegial” y confiar en la mezcla racial con el europeo -sin rastros de indios o negros- es la esperanza de revertir las distorsiones populistas. El triunfo de Hipólito Yrigoyen en las elecciones de 1916 golpeó duro los afanes reformistas de Joaquín V. González y explica sus textos desilusionados en la etapa posterior. “Esta desilusión -escribe Terán- coincidiría además con las variantes fundamentales introducidas en todo el mundo por la Gran Guerra, como se llamó a la confrontación bélica de 1914-1918 que más tarde conoceríamos como la Primera Guerra Mundial”. Pero ésa ya es otra historia.

Cien años de Jubilaciones y Pensiones en Córdoba “En un país de trabajo y sin capital acumulado, atraer al capital es la primera necesidad… pero atraer al capital y cuidar del trabajador son dos términos inseparables”. Ramón J. Cárcano

POR ALFREDO TERZAGA MOREYRA. HISTORIADOR

acia finales del siglo XIX, la provincia de Córdoba fue escenario de acelerados cambios en todos los órdenes, una vez clausurados los viejos conflictos entre unitarios y federales mediante guerras o golpes de Estado. Desde la federalización de Buenos Aires en 1880, se observó el gran cambio económico que significó comenzar a distribuir las inmensas rentas aduaneras entre las provincias. Ello trajo como resultado un mayor progreso material para el Interior, mas no sólo para los sectores agroexportadores, sino para todo el mercado y el comercio nacional. Si bien las burguesías provincianas y oligarquías fueron sus beneficiarias, también lo fueron los estados nacionales y provinciales que, por aumentar notoriamente sus ingresos, comenzaron a promover una gigantesca obra pública, que impulsó el desarrollo de regiones y

ciudades, estancadas durante décadas. Esto fue brindando a la población mejores posibilidades laborales y calidad de vida, sin desconocer la situación de miseria de los marginados y obreros, los explotados de siempre. Así fue como la clase media urbana y una nueva pequeña burguesía rural irrumpieron de modo masivo en la vida social, económica y política. Aquella Córdoba de progreso e inclusión social Ya desde 1880 y en la misma alborada del siglo XX, Córdoba despertaba de un letargo económico casi medieval con el inicio de una nueva modernidad: obras monumentales para la época, en cuanto a producción energética, servicios públicos, expansión de nuevas urbanizaciones, gran tecnificación y diversificación de la producción agroganadera, poblamiento acelerado de barrios en la Capital, nuevos caminos y redes ferroviarias, grandes canales de irrigación, innumerables colonias y ciudades nacientes en el Interior -antes semivacío-, desarrollo notable de la banca pública y del comercio exterior, enormes edificios para la cultura y la educación (escuelas artísticas, museos y teatros) así como para la administración pública; fuerte impulso de las ciencias, uso masivo de la energía eléctrica, alumbrado público y empedrado de las calles de la capital y gran expansión de las industrias manufactureras. En el campo de la salud se destaca la construcción de grandes hospitales y centros sanitarios, hoy aún en uso, cuya factura monumental denotaba la voluntad de construir una sociedad y un Estado sólidos y de futuro. “Podremos decir que en materia de obras públicas… Córdoba aventaja en mucho a la mayoría de las provincias... y la actividad administrativa en esta materia, guarda relación con la que observan los poderes nacionales. La obra de irrigación de los Altos (trabajos para controlar las aguas del Río Primero, hoy Suquía, y destinarlas a riego y consumo humano. N. del E.), una de las más colosales que en el transcurso de algunos lustros presenciará la Argentina; la prolongación de la red telegráfica y telefónica a través de las campañas; la construcción de diques y canales; el Catastro de la Provincia; los caminos, los ferrocarriles y la Penitenciaría proyectados; el gran teatro, los edificios escolares, y otras... indican el progreso de la provincia...”, señala Ángel Ávalos en un artículo publicado en 1887.

1891 córdoba

El 8 de septiembre de 1891, el gobernador Eleázar Garzón inaugura el dique San Roque.

Si bien esas políticas estaban dirigidas por elites de similar ideología que se sucedían en el poder con estabilidad -y elecciones restringidas-; en cuanto constructores del Estado pusieron en la provincia los cimientos del desarrollo material. Además, con estos emprendimientos se facilitó la inserción laboral de sus habitantes, tanto para la población criolla tradicional como la inmigrante. “De ahí que los que prosperan y hacen la vida propia del país, sean los de abajo, tenidos en menos por menos instruidos o porque no llevan apellidos secularmente conocidos, que con espíritu más práctico trabajan en vez de teorizar, luchan en vez de permanecer en la tranquilidad atónica... Este estado de cosas es característico de una sociedad que evoluciona hacia una transformación total en su manera de ser económica y que afloja los resortes mismos en sus rigideces tradicionales, para que se infiltren elementos nuevos. En Córdoba se levanta una juventud liberal a toda prueba, pujante del deseo de subir; los que trabajan se apoderan con su labor, de las riquezas; mulatos o gringos, el dinero cubre el color y suaviza la corteza; la juventud femenina se apodera de la enseñanza primaria y artística, y en ellas se codean los de arriba y los de abajo. El espíritu moderno invade la Universidad, se infiltra por las escuelas, y ya está vivo en el taller, es en vano querer contenerlo o suprimirlo”, advertía Juan Bialet Massé en su libro Estado de las clases obreras en Argentina. La instrucción militar obligatoria, el ingreso de hijos de inmigrantes rurales a la enseñanza pública y universitaria, así como el acceso a la propiedad de la tierra para los colonos, facilitaron la inclusión social, la ocupación laboral y un mayor protagonismo en la vida política, social y cultural de los nuevos sectores sociales. Alfredo Terzaga refería en 1963: “El panorama tradicionalista de Córdoba experimentó una modificación profunda después del 1900, cuando la población inmigrante, abandonando poco a poco el aislamiento rural, mezcló sus hijos con el medio criollo y asumió funciones preponderantes en la política y en el comercio de las ciudades… Nuevas actividades como la industria, la formación técnica, la enseñanza universitaria para grandes sectores, las profesiones liberales y la especialización de las funciones burocráticas en un Estado más complejo han promovido una nueva relación entre las diversas clases sociales, que tiene entre sus signos más característicos en la intensidad de la concentración urbana, fenómeno dominante en la

1895 el mundo

El 13 de febrero, los hermanos Lumière patentan el cinematógrafo y comienzan las primeras experiencias que darán a luz el cine. El 28 de diciembre de 1895 demostrarán su funcionamiento con la proyección “Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir”.

geografía humana de la provincia”. Como ejemplo, basta señalar que la población de la provincia de Córdoba pasó de 351.223 habitantes en 1895, a 735.472 en 1914. Es decir que en sólo 20 años se duplicó. En la capital, la población saltó de 54.736 habitantes a 134.935 en el mismo período, según datos históricos recopilados por el Indec. El aumento en la demanda laboral no sólo se dio en el ámbito privado, sino también en el público ya que el Estado se encontraba en franco crecimiento y diversificación de sus funciones. Esto va dando forma a una sólida clase media urbana, favorecida por una larga estabilidad política y económica, y a la que se le facilitó mayor permanencia en los empleos, y mejora en calidad de vida, principalmente en el ámbito público. Pero a la vez, las fuertes demandas de los trabajadores rurales y de oficios por mejoras en las condiciones laborales y de vida en general (manifestadas por las crecientes movilizaciones anarquistas), pusieron en evidencia cuestiones sociales generales como la pobreza, los insuficientes salarios, el estado de desprotección de la vejez, de los huérfanos y de los desocupados. A esto se suma -para nuestro caso-, la preocupación por la situación del trabajador público y las dificultades para la subsistencia de su familia ante su muerte, retiro o incapacidad. Todo esto agravado por la escasa inserción laboral de la mujer. Ante ello, los gobiernos intentaron respuestas diversas, ambiguas y parciales que se fueron concretando muy gradualmente por administraciones sucesivas.

1895 córdoba

Es el año en que la belleza de las sierras comienza a imponerse como destino turístico. Se inicia la construcción del Hotel Edén, en La Falda. Los veraneantes se acercan a la casa de doña Anastasia Merlo, en

El tema de las jubilaciones en Córdoba antes de 1900 Durante la gobernación en Córdoba de Roque Ferreyra (1855-58) y en el marco de la instauración de la joven Constitución de 1853 en el país, se reforma la Constitución Provincial, entre cuyos puntos (art. 28 inc. 26) figuraba la potestad del Poder Legislativo de “legislar sobre jubilaciones, montepíos y recompensas de carácter provincial”. La supresión de dicho artículo en la posterior Convención Reformadora Constitucional de 1870 (gobernación De la Peña) revela las diferencias de criterios existentes entre dos tipos de ideologías, dentro del mismo liberalismo, y que reflejaban los enfrentamientos políticos que se daban también a nivel nacional, que, como dijimos, fueron clausurados en 1880. Entre los fundamentos para promover la mencionada

Mina Clavero, y nos visitan ilustres personajes como el poeta nicaragüense Rubén Darío.

El cambio de siglo

Córdoba y su avenida Colón alrededor de 1900. Comenzaba el siglo de los autos, pero mientras tanto, los carruajes tirados por caballos eran el medio de transporte.

Es medianoche. Las familias se abrazan, las abuelas besan a los nietos, la gente festeja, ríe y llora. No es un año nuevo más, es un cambio de siglo: cien años sin estrenar, totalmente nuevitos, para que la humanidad avance, cree y mejore. El cambio de siglo encuentra a una Córdoba floreciente, con nuevos proyectos e instituciones nacientes o en expansión, avances sociales y culturales y una población en crecimiento. Los campos son ricos y dan en abundancia animales, granos, frutas y verduras. Para ayudar a la naturaleza, se designan profesores ambulantes que enseñan un mejor aprovechamiento de la tierra. Así, es a través del trabajo rural que se van integrando al país los inmigrantes venidos del otro lado del mar. Bajo el impulso del campo a la economía, nace la Sociedad Rural de Córdoba. Su primer presidente es Ramón J. Cárcano, un personaje clave para la historia de la provincia y, muy especialmente, para la Caja de Jubilaciones, ya que se lo puede considerar su creador. Otras industrias que ya existían, pero encontraron su momento de crecimiento y expansión, fueron los molinos y las fábricas de productos alimenticios y vestimenta.

Esto genera la organización de los sectores empresariales que se plasma en la inauguración del Centro Unión Industrial, el 5 de septiembre de 1901. Los inmigrantes que se unen a la sociedad cordobesa no sólo encuentran lugar en el ámbito rural. También se instalan en las ciudades donde comparten saberes culturales, artísticos y deportivos. Así comienzan a mezclarse nuevos sabores en la cocina, a generarse colectividades que organizan sus propias instituciones, y a practicarse deportes extraños y novedosos como el fútbol. Mientras tanto, la política es un partido que se juega con mucho de golpes y algo de estrategia: suman nuevos adeptos los radicales, socialistas y anarquistas, pero se mantienen los autonomistas y conservadores. La lucha por el cambio o por la permanencia sacude cimientos políticos. Estos enfrentamientos decidirán el rumbo de la provincia y del país, tanto en lo social como en lo económico: varias crisis vienen en camino. Sin embargo, ya se puede observar que en este siglo esperado la ilusión de riqueza es sólo eso: una ilusión. Una minoría, bien emparentada o “dueña de”, sigue acaparando gran parte del suelo, de la producción, las ganancias y la buena vida. Por su lado, tanto inmigrantes como criollos que no tienen parientes poderosos y son dueños sólo de sus manos, se las apañan con el trabajo duro y, si hace falta, sacrifican ciertos gustos y placeres. Los cambios económicos y sociales impulsan otros aires también en lo político, más precisamente en materia electoral donde se reclaman nuevos procedimientos de elección que permitan la plena participación ciudadana, sin miedo a represalias de patrones o funcionarios. La provincia tiene su doble faz y de esto nos hablarán los primeros presidentes de La Caja, quienes resaltan la inestabilidad laboral, la pobreza en la que muchos viven (no sólo la gran mayoría de los empleados públicos) y las penurias que pasan sus familias. Hubo muchos cambios y vendrán más. Córdoba es un diamante en bruto que comienza a pulirse entre todos: entre los de tonada bien cordobesa y aquellos que vienen desde el otro lado del Atlántico. Entre los que tienen y los que sólo desean. Entre los que siempre mandaron y los que se están cansando de obedecer siempre. Sin embargo, su crecimiento se verá sacudido por guerras distantes, crisis cercanas, cambios y caídas de gobiernos que fueron forjando la historia de la provincia y sus instituciones.

supresión, el convencional Zuviría sostenía los siguientes conceptos: “El empleo no es una carga, sino una ventaja”; “no hay una razón para que una vez inhabilitado (el trabajador), la Patria siguiera protegiéndolo”; “son retribuidos por el sueldo y cuando dejan de servir nada tienen que reclamar, pues nada se les debe”; y “los sueldos de los empleados han de ser tales que les permitan hacer economías”. Inhumanas razones para los casos de los incapacitados y de los ancianos, que luego de trabajar largos años, con sueldos ajustados, quedaban de este modo librados a la caridad familiar, a la pobreza disimulada y al cruel abandono social. Desde 1881 se vuelve a plantear la posibilidad de tratar leyes jubilatorias, instaurar cajas de ahorro, montepíos, seguros de vida para trabajadores o pensiones especiales para la asistencia de viudas, huérfanos o empleados retirados, pero su concreción se posterga y dilata en el tiempo. Habría que esperar 33 años más para su sanción. No se encontraba respuesta institucional y los proyectos seguían apareciendo como esbozos muy precarios y sectoriales. Ni qué decir de las pensiones excepcionales, que además de insuficientes se prestaban para privilegios irritantes de personas que lo obtenían como favor de algún funcionario. Lo que hoy llamamos pensiones graciables, antes era lo usual, otorgadas por ley y a veces demasiado generosas. Éste era el argumento con que los opositores a la creación de una ley jubilatoria fundamentaban su rechazo. “Daría lugar a numerosos abusos, acordando el partido… que se apoderara de la administración, a sus miembros, recompensas a cada rato”. Ése fue el caso en 1893 cuando, sin una ley, se incurrió en la irritante excepción de una pensión especial para un juez. En 1908 (gobernación Ortiz y Herrera) se hizo un intento fallido de crear un fondo de ahorro con fin jubilatorio exclusivo para docentes, con apoyo de fondos estatales en el marco de una reforma a la Ley de Educación provincial. Al debatirse el proyecto, el entonces diputado Ángel Ávalos ya advertía: “Si constitucionalmente pudieran establecerse estas cajas de ahorro o montepíos, ellas deberían tener un carácter general para todos los empleados de la provincia, y no sólo para los maestros”. Dicho proyecto fue rechazado por la Legislatura, pero con ello recrudeció la necesidad de una ley general, aún más con el antecedente de la sanción de la ley nacional de 1904, que había teni-

1898 argentina

Julio Argentino Roca asume el 12 de octubre por segunda vez la presidencia del país, tras vencer en las elecciones a Bartolomé Mitre.

do la notable influencia de Joaquín V. González -ministro polifuncional de Roca-, que en 1897 sostenía: “Las pensiones, jubilaciones o retiros y montepíos, son diversas formas de un beneficio pecuniario que el Estado concede a los que han prestado servicios a la Nación, gratuitamente, por acciones patrióticas, o en los empleos durante largo tiempo, o que han perdido la salud en el desempeño de los cargos públicos (...) En cuanto a los ancianos e inválidos, el beneficio no debe ser considerado como una gracia o favor, sino como un deber hacia los que sirven con abnegación; y él reemplaza al ahorro que no pudieron realizar por la exigüidad de las remuneraciones (...) En igual caso se encuentran las viudas e hijos de los que adquirieron el derecho. Todas las naciones han reconocido este deber y lo han incorporado a su legislación constitucional o administrativa (...) para asegurar la subsistencia, el premio, el descanso o la ancianidad a los servidores de la República en las armas, en la enseñanza o en la administración”.

1905 argentina

Se sienta un precedente en materia legal al sancionarse la primera ley laboral

Liberalismo federalista y constitucional de Cárcano Si el calificativo de estadista corresponde a aquellos gestores de progreso, Ramón J. Cárcano, como creador de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, es el más representativo de esta generación en la provincia. Uno de los pioneros de la Generación del ‘80, a los 19 años comienza su vida política como secretario de Gobierno de Antonio del Viso (1877) y simultáneamente secretario nacional del Partido Autonomista que presidía Julio A. Roca. Funcionario de sucesivos gobiernos provinciales, y también de gestiones nacionales como la del presidente Juárez Celman en 1887, aquilata experiencia nacional en la política, trascendiendo el mero provincialismo. Dos veces gobernador provincial, también fue asesor del presidente Figueroa Alcorta, de Roque Sáenz Peña, y de 1932 hasta 1938, asesor en la política exterior con Brasil, cargo que le llevó a frecuentar a Getulio Vargas. En 1943, en el gobierno militar nacionalista de Ramírez, fue presidente de la Caja Nacional de Jubilaciones donde conoció a Juan Perón. Su liberalismo, común a los provincianos en el poder nacional desde 1880, es el pensamiento político dominante y popular de esta época. Además, estaba impregnado de los principios afines al viejo federalismo del interior con una genuina vocación constitucionalista y nacional, a diferencia del otro liberalismo unitario, antiprovinciano, anticonstitucional y extranjerizante del mitrismo. Precisamente

de Argentina, pionera del derecho de los trabajadores. Con el impulso del diputado socialista Alfredo Palacios, dicha norma, la 4661, implementa el descanso dominical.

uno de los antagonismos más notorios se dio en la mencionada federalización de la ciudad Capital. Otro de sus principios era la búsqueda del fortalecimiento del Estado. Esto, aunque suponía la consolidación de la clase que lo conducía, también propendía a cohesionar al Estado nacional y los provinciales; y no, como se entiende hoy al término “liberalismo”, como una política de sector que se beneficia a costa de un Estado débil y ausente. No sería justo desconocer que estas mismas dirigencias, en cuanto representantes de clase (ruralistas), asumieran actitudes muy distintas hacia los trabajadores rurales y movimientos anarquistas, que las que tomaban como dirigentes del Estado. Cárcano es el fundador de la Sociedad Rural de Córdoba y uno de los precursores de la agremiación de los Empleados Públicos de la Nación. Convertido en gran productor y propietario rural, promueve, sin embargo, como gobernador, el acceso a la propiedad de la tierra de colonos inmigrantes mediante créditos oficiales accesibles. Por ello es que parece muy desacertado el juicio de estigmatizar esta etapa como “conservadora”, teniendo en cuenta que la verdadera oposición conservadora del momento estaba abroquelada en otros ámbitos, y el resto de las otras fuerzas políticas carecía de fuerza popular, de masividad y arraigo, hasta la irrupción del radicalismo en 1916.

1911 córdoba

Se adopta en Córdoba al 11 de septiembre como fecha para la festividad del Día del Maestro, en honor y conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

Origen de la Caja de Jubilaciones de Córdoba En 1904 el presidente Roca, preocupado por la situación laboral, encarga un relevamiento del estado de los trabajadores en el país a Juan Bialet Massé, a fin de dictar leyes de avanzada para la época. Lamentablemente no fueron aprobadas por el Parlamento nacional, entre otras causas, por rechazo de los auténticos conservadores y del mismísimo Partido Socialista. Roca también insta a la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, desde 1901, cuando su proyecto toma estado parlamentario, pero recién es fundada en 1904 por la ley 4349. Con la influencia que había significado la instauración de dicha Caja previsional, el gobernador cordobés Félix T. Garzón (1910-1913), en 1912 promueve la creación de un ente previsional similar, en el marco de una convocatoria a reforma constitucional. Incluido el tema a propuesta de Ramón Cárcano, se declara necesaria la reforma de la

La iniciativa fue impulsada por el legislador Miguel Rodríguez de la Torre. En 1915 la celebración se hace nacional y en 1943, la Conferencia Interamericana de Educación recomienda esa fecha para celebrar el Día Panamericano del Maestro.

Constitución de la Provincia para ampliar las facultades del Poder Legislativo de dictar bases para una ley general de jubilaciones. Luego veremos la importancia de que allí no se mencione el término pensiones. Otro artículo sancionado en la oportunidad fue nada más y nada menos que la reforma del sistema electoral, para adecuarlo a la nueva ley de sufragio secreto y obligatorio. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, nace así juntamente con la aplicación de la Ley Sáenz Peña, en el auténtico origen de la democracia cordobesa. Un siglo de jubilaciones y un siglo de democracia en Córdoba. En 1913, ya como gobernador, Cárcano crea un Registro de Empleados Públicos, que será referencia para aplicar las futuras jubilaciones. La Ley Previsional N° 2301 fue sancionada el 26 de noviembre de 1913 y reglamentada el 8 de enero de 1914. La Caja de Jubilaciones inicia sus actividades el 8 de mayo de 1914, y ese mismo año ya suma 63 beneficiarios, quienes perciben sus haberes gracias a los aportes que comienzan a hacer los activos, a lo que se suma una contribución menor del Estado.

1912 argentina

El 10 de febrero, el Congreso de la Nación Argentina sanciona la Ley Sáenz Peña, que establece el voto

Ángel Ávalos y su defensa de la ley Cabe una mención especial para Ángel Ávalos, correligionario permanente de Cárcano, quien defendió con firmeza y hondas argumentaciones jurídicas la sanción de esta ley, tanto desde las cámaras legislativas y páginas periodísticas, como en la producción intelectual. Docente de profesión, periodista, político, ministro en 1922 y buen escritor, publica en 1916 con apoyo de la Universidad de Córdoba su libro Jubilaciones y Pensiones. Era una compilación de textos que desde 1912 venía publicando en diarios y revistas de Ciencias Políticas, además de incluir fragmentos de los debates en las sesiones de las Cámaras, donde participó como activísimo orador durante los preliminares de la sanción de la ley y, posteriormente, al ser sancionada, en profundos estudios críticos sobre sus limitaciones. Ya en 1908 había expuesto sus fundamentaciones por la sanción de una ley, pero en esta brillante obra hace una revisión de las legislaciones internacionales, sus postergaciones en la historia nacional y, con gran agudeza, rebate críticamente las posiciones contrarias a las jubilaciones y a la creación de pensiones.

secreto y obligatorio. Sin embargo, es exclusivo para nativos argentinos y naturalizados, masculinos y mayores de 18 años. Las mujeres deberán esperar para sufragar.

Se puede afirmar que Ávalos fue uno de los principales promotores para que esta ley se concretara, después de tantos intentos fallidos y deformados. Su vasta producción intelectual sobre temas de historia, política internacional y crónicas de aquella vieja Córdoba, ameritan un reconocimiento mayor que el que tiene al presente, como mero fundador de la Biblioteca Córdoba en 1911. En el detalle del debate parlamentario, el libro refiere la importancia de las discusiones y los arduos trabajos de comisiones que se dieron para tratar este decisivo asunto legal-previsional. Cuenta cómo en Diputados se aprobó por unanimidad la sanción de jubilaciones y pensiones, y al pasar a Senadores fue eliminado el asunto de pensiones y así quedó fuera de discusión. Vale citar las argumentaciones del senador Juan Yofre: “Los deberes del Estado hacia el empleador subsisten mientras vive el empleado, cuando muere no queda sujeto de derecho. Entonces no quedan deberes que cumplir. No hay caso de herederos de los empleados, porque no se trata de nada propio de ellos”. A este razonamiento contraponemos el del propio diputado Julio Roca (h), que ya desde 1912 proponía el dictado de pensiones como corolario lógico de las jubilaciones, y que “corresponden constitucionalmente a ciertas personas de la familia de los jubilados”. El mismo Poder Ejecutivo vetó este punto al promulgar la ley y convalidó esa exclusión, principalmente por las razones de rigorismo constitucional, ya que se afirmaba que en la Reforma de 1912 no se mencionaba el término pensiones, y que “el vacío que pudiera resultar de la exclusión de las pensiones será llenado oportunamente por un proyecto de ley sobre seguro obligatorio de vida para la familia del empleado… ”. Pero su intención de salvar dicha exclusión, costeada por el mismo empleado, fue rechazada por las Cámaras en esta ocasión, aunque retomada en su segunda gobernación en 1925. Para mitigar el esfuerzo de los empleados de bajos sueldos, propuso que el Estado se hiciera cargo de sus aportes, a fin de no menoscabar más sus ingresos. Tampoco fue aprobado por las Cámaras. Ávalos criticó duramente esta definición de Cárcano (sin romper políticamente con él) diciendo que si bien la ley significaba un paso avanzado, importaba un beneficio relativo. Sin embargo, habría que tener en cuenta que el poder político del gobernador se hallaba acotado. Por un lado, pesaba lo exiguo de su triunfo electoral al frente de

1912 el mundo

En medio del océano Atlántico, el 15 de abril desaparece bajo el agua el buque RMS Titanic, “el barco imposible de hundir”, a las 2:20 de la madrugada. Se pierden 1.517 vidas.

Concertación Popular, el ex Partido Autonomista, ya que sólo 176 votos le dieron la victoria frente a los radicales, lo que se reflejaba en la Legislatura. Por el otro, influían la exigencias de la nueva Ley Electoral Nacional que exigía a los gobernantes de la época adecuarse a un riguroso cumplimiento de la Constitución, dejando atrás años de manipulaciones y fraudes electorales. Ávalos afirmaba que “la mácula que desdora como pensamiento jurídico y político, no ha de ser eterna… En 10 años más, no quedarán sino vestigios ruinosos de esta precaria obra legislativa”. La incorporación de las pensiones como consecuencia de los derechos previsionales de los herederos del empleado o jubilado fallecido, se dio recién en 1933. Por su parte, el diario El Comercio de la época, publicó: “...nuestra ley no será completa, porque carecerá de la pensión, no de la graciable que es cosa distinta, sino de la legal... que es como una extensión de la jubilación misma... beneficiando a los herederos de los jubilados cuando éste no ha podido gozarla plenamente… Nadie podrá desconocer que esta ley responde a múltiples y positivas necesidades, y que su institución debe ser recibida con la más viva simpatía. La jubilación, aparte de que establece para el empleado... un descanso y una retribución, vela también por la buena marcha de la administración, porque va desalojando paulatinamente a aquellos empleados que por su edad y debilitamiento de sus fuerzas, se inhabilitan para prestar un servicio activo y eficiente.…” El remate de esta nota periodística, difícilmente hubiera podido ser más elocuente a la hora de pronunciarse a favor de la creación de la Caja: “Responde pues a razones de humanidad, porque sanciona el reposo que es ley de la vida, tan enérgica e imperiosa como la del trabajo.…”

Ramón José Cárcano , el Hacedor El 17 de mayo de 1913 asume la gobernación de Córdoba Ramón José Cárcano (1860-1946). ¿Quién era este personaje que dejaría su huella indeleble en la historia cordobesa a lo largo de una extensa actuación? Miembro del Partido Autonomista Nacional (PAN) de Julio A. Roca y luego del Partido Demócrata, hizo sus primeras armas políticas en el nivel nacional como ministro de Juárez Celman. La presidencia del país le rondó muy cerca, pero el proyecto se frustró por el desastre económico que hundió al juarismo. En su libro titulado con fina ironía Mis primeros 80 años, Cárcano sostiene la idea de que nada existe por generación espontánea. De esta manera, abre paso al análisis de su propio árbol genealógico recordando sus ancestros lombardos. Estudió en el Colegio Nacional de Monserrat y se graduó como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba en 1879. Desde su juventud militó en las filas del liberalismo cordobés, provocando tempranamente un sonado escándalo con su tesis doctoral sobre hijos adulterinos incestuosos y sacrílegos, en la que postulaba la igualdad de los hijos naturales y legítimos, contrariando la posición de la Iglesia. Cárcano también se destacó como uno de los más importantes representantes del enfoque liberal de la historia argentina y fue miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Al prestar juramento como gobernador, resume los nuevos tiempos políticos con aguda visión, adecuada a las circunstancias que le tocan vivir: las clases acomodadas están atrasadas y las viejas agrupaciones están en un error. Desde ese enfoque, promueve la liquidación del PAN y la fusión de las distintas fuerzas conservadoras en un partido moderno: el Demócrata de Córdoba. Era un hacedor y su gestión abarca todas las áreas: la creación del Boletín Oficial de Córdoba, la formación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, el trazado del Camino de las Altas Cumbres entre Córdoba y Villa Dolores, la creación de la Caja de Jubilaciones y la promulgación de la primera Ley de Casinos, entre otras medidas. Cárcano tuvo una larga actuación en la política tanto de Córdoba, en la que ejerció un segundo mandato como gobernador (19251931) como a nivel nacional, cuyo último acto fue su adhesión al naciente peronismo.

Ram贸n J. C谩rcano

El principio de la Historia La Caja de Jubilaciones nace a fines de 1913, con la ley 2301, pero comienza a dar sus primeros pasos a mediados de 1914, tras completar requisitos legales y administrativos y designar a sus primeros funcionarios y empleados. El primer presidente de la entidad, Pablo Argañaraz, se convierte en el principal crítico de la norma fundacional, cuando aún estaba fresca la tinta con que había sido redactada. La Caja, según Argañaraz, no era viable tal como fue creada: necesitaba reformas profundas y urgentes. Sin embargo, una suerte de candado constitucional impedía tratar una nueva ley antes de que transcurrieran 10 años. Por esto, sucesivos presidentes de la institución se limitarán a señalar una y otra vez las deficiencias de la 2301 y a elaborar propuestas superadoras. El texto “Creación y primeros años de la Caja” nos pone frente a la realidad que vivieron estos primeros responsables de la entidad mientras que la reseña del Congreso Internacional de Economía Social, nos revela el grado de compromiso social y nacional de los primeros ideólogos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Creación y primeros años de la Caja l Conservatorio Santa Cecilia, “dirigido por señoras y señoritas”, anunciaba sus clases de piano, canto, violín, mandolín, arpa, pintura, solfeo y teoría. Bastaban 30 centavos para convertirse en “gente chic” fumando habanos Reina Victoria. Los diarios seguían con atención los vaivenes de la Revolución Mexicana familiarizando a los cordobeses con nombres como el de Pancho Villa y los buenos vecinos seguían con asombro la noticia de que, a la altura de Villa María, grupos de desocupados tomaban por asalto los trenes para viajar sin pagar. Así, entre avisos, noticias distantes y otras alarmistas, los legisladores cordobeses alumbraron a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba al aprobar la ley 2301. Una norma en torno a la cual se discutió más sobre lo que la entidad no podría hacer que el cómo garantizar lo que sí debía hacer. De hecho, el eje del debate parlamentario de la Ley General de Jubilaciones giró en torno a la discusión de si incluir o no un sistema de pensiones. Tanto absorbió la atención de los legisladores este punto, importante por cierto, que otras cuestiones centrales como el financiamiento de la futura Caja, no fueron analizadas con la profundidad que requerían. Pero para comenzar a hablar de la ley que creó el sistema jubilatorio, antes hay que referirse a la reforma constitucional que abrió paso a esa novedosa legislación. La Constitución cordobesa no facultaba a los legisladores o al gobernador ni a conceder pensiones y retiros ni a legislar sobre el tema. La razón era simple: fue un intento por terminar con el reparto discrecional de ese tipo de beneficios, práctica que en décadas anteriores

1913 córdoba

Se inaugura el Hospital Nacional de Clínicas (HNC) el 24 de mayo. Fue el decano Luis Rossi de la Facultad de Ciencias Médicas quien inició las gestiones para construir un nosocomio donde los estudiantes pudieran realizar prácticas, atendiendo a pacientes.

había llegado a extremos abusivos. Sin embargo, nuevos vientos políticos comenzaron a darle impulso a la creación de un sistema de jubilaciones y a la necesidad de una reforma constitucional que lo admitiera. Por un lado, la Nación crea las jubilaciones y pensiones para los empleados y funcionarios civiles del Estado Nacional tras sancionar en 1904, la ley 4349 que sería el modelo a seguir por los legisladores cordobeses. Por el otro, la llamada Ley Sáenz Peña que consagraba el voto secreto y obligatorio, requería adecuaciones de las constituciones provinciales para poder llevarse efectivamente a la práctica. Fue así como en 1912, cuando se reformó la Constitución cordobesa para introducir el nuevo sistema electoral, se incluyó un artículo que abría paso a una futura legislación sobre jubilaciones. De esa manera, el texto de la reforma aprobada en febrero de 1912 en su artículo 83 ampliaba “las facultades del Poder Legislativo con la de dictar bases para una ley general de jubilaciones”. La nueva Constitución Provincial hablaba entonces de “jubilaciones”, pero no de pensiones y la polémica sobre si incluir o no esta segunda figura centró el debate parlamentario. El por entonces gobernador, Ramón Cárcano, al enviar su proyecto de ley a la Legislatura, el 1 de agosto de 1913, se define de manera explícita por dejar fuera la discusión en torno a las pensiones. “Dentro de lo establecido en el inciso 3° artículo 83° de la Constitución -reformada en 1912- cuya disposición trata de elevar a la práctica el presente proyecto de ley, no cabe legislar sobre pensiones. Cualquiera que sean los argumentos que en teoría pueden aducirse a su favor, es evidente que han sido deliberadamente excluidas, desde que se habla sólo de una ley general de jubilaciones”. Con su propio proyecto, Cárcano modificaba la iniciativa que los legisladores ya habían comenzado a analizar y que había sido elaborada por su predecesor, el gobernador Félix Garzón, quien había enviado un proyecto de jubilaciones y pensiones. Para Cárcano, “el vacío que pudiera resultar de la exclusión de las pensiones será llenado oportunamente por un proyecto de ley sobre seguro obligatorio de vida para la familia del empleado”. En su mensaje a la Legislatura, Cárcano aceptaba que, salvo por el tema de pensiones y otras adecuaciones a las necesidades provinciales, la ley cordobesa

1913 córdoba

Ramón Cárcano asume en mayo la gobernación, en medio de violentos incidentes que hasta tiñeron de sangre la Plaza San Martín. ¿La causa? Las acusaciones de fraude de la oposición radical que rechazaba su ajustadísima derrota. Y en verdad fue ajustada. Cárcano obtuvo 36.603 contra 36.427 del radicalismo.

estaba claramente inspirada en un antecedente federal. Se trata de “una adaptación de la ley nacional, cuyos términos se han tratado de mantener en lo posible, y no por una economía de labor, sino que conviene tender a la unidad de legislación, y no había razón plausible para variaciones innecesarias, tratándose de una ley que con ocho años de vigencia, tiene ya su interpretación y sobre la cual existe una jurisprudencia. La analogía permitirá pues aprovechar esa jurisprudencia, alejando vacilaciones y posibles conflictos”. Tras debates, marchas y contramarchas en torno al tema pensiones, el proyecto fue aprobado el 26 de noviembre de 1913. Nacía así el sistema previsional cordobés, nacía la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

1913 córdoba

Carlos Nicandro Paz

Los primeros años “La institución se aproxima con rapidez al momento de suspensión de pagos”. Con esta advertencia, breve y lapidaria, la propia Caja de Jubilaciones cierra un minucioso análisis de su sustentabilidad allá por el año 1920, es decir cuando la entidad apenas completaba su séptimo año de vida. Sin embargo, ése no es el primero ni mucho menos el último de los vaticinios agoreros que jalonaron la historia de la entidad. El empleado de Córdoba “corre el riesgo de encontrar una Caja vacía de dinero, aunque llena de hermosas e irrealizables promesas”. La frase, no exenta de un toque de ironía amarga, no es extractada de algún editorial crítico. Tampoco pertenece a un político opositor. No. Para nada. Lleva la firma de Pablo Argañaraz, el primer presidente de la institución y aparece en una comparación entre los sistemas jubilatorios de Córdoba y el alemán. ¿Dónde y cuándo? En la Memoria de 1914, el primer año de funcionamiento efectivo de la Caja fundada en noviembre de 1913. Es decir que al máximo responsable del flamante organismo le bastaron unos pocos meses para reconocer que la institución no era viable tal como se la había concebido. Para entender esta suerte de “pecado original” de la Caja de Jubilaciones, no basta con analizar el articulado de la 2301. Hay que detenerse no sólo en lo que la ley decía sino también en las consecuencias prácticas de sus disposiciones y muy especialmente en la forma en que se las ejecutó. Así se puede ver que ese pecado se resume en una compleja mezcla en la que priman la distancia entre lo

funda el 16 de julio la localidad de Villa Carlos Paz. Actualmente es reconocida como una de las ciudades turísticas más visitadas de Argentina y por ser una importate plaza artística, además de ser sede de eventos y convenciones.

Hipólito Yrigoyen. Presidente argentino desde 1916 a 1922 y de 1928 a 1930, fue el primer mandatario en llegar al poder por el voto popular y también el primero en ser derrocado por un golpe militar.

historia Un vistazo a los primeros gobiernos radicales (1916-1930)

“T

ras 14 años de gobierno radical,

carácter, ignorando a las nostálgicas mino-

laxo y favorable a la espontánea

rías tradicionales. Esa clase media era la

expresión de las diversas fuerzas que coe-

que había ascendido al poder con el radi-

xistían en la sociedad argentina, había

calismo y, tímidamente, proponía una

quedado al descubierto un hecho decisivo:

nueva orientación para la vida argentina.

el país criollo se desvanecía poco a poco y

Precisamente, contra ella se dirigió la polí-

por sobre él se constituía una nueva

tica de los sectores conservadores de

Argentina, cuya fisonomía esbozaba la

viejo y nuevo cuño, que se apoderaron del

cambiante composición de la sociedad.

gobierno en 1930, en pleno desarrollo de

Poco a poco se había constituido una vigo-

la crisis mundial que había estallado el año

rosa clase media de empleados, de peque-

anterior…”.

ños propietarios y comerciantes, de profe-

Romero, José Luis: Breve Historia de la

sionales que, concentrada en las ciudades,

Argentina. Buenos Aires, 2004 [1965].

imponía cada vez más al país su propio

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deseado y lo posible; la incapacidad para evitar que posiciones personales y sectoriales se impusieran sobre los beneficios generales y la ambigüedad de algunas de sus disposiciones que finalmente terminaron interpretándose de la manera menos favorable a la sustentabilidad de la entidad. A esa historia la cuenta la Caja misma que, a través de un análisis de sus Memorias, habla, en este 2013, con una voz que recorrió cien años. Si se trata de repasar las condiciones desfavorables bajo las cuales nació la Caja, el listado será largo. Se destacan el que tres de cada cuatro empleados estuvieran bajo un régimen especial, es decir con menos años y antigüedad que la jubilación ordinaria; la insuficiencia de los aportes y la liberalidad con que se concedieron jubilaciones extraordinarias, que en nuestros días llamaríamos por invalidez. A estos factores se sumaron la obligación de pagar no sólo jubilaciones concedidas antes de la ley sino también la de jubilar bajo la 2301 a personas que nunca aportaron y hasta la existencia de situaciones de excepción, como la de los magistrados. Dicho en pocas palabras, la ley 2301 dio demasiado a muchos a cambio de muy poco. Todas estas situaciones fueron enumeradas, descriptas y analizadas por las distintas conducciones de la Caja de Jubilaciones con el objetivo de alertar a las autoridades y promover cambios legislativos que le dieran a la entidad la solidez y sustentabilidad de que carecía. Por norma constitucional, la Ley de Jubilaciones no podía ser alterada en lo más mínimo hasta que pasaran al menos 10 años. De acuerdo con los testimonios documentales que se conservan, tal parece que la Caja decidió machacar año tras año con las mismas advertencias para que al cabo de esa década tales cambios legislativos ya no sólo fueran necesarios y posibles, sino también inevitables. La excepción se hace norma En un principio, la Caja de Jubilaciones incluía sólo a los empleados permanentes de la Provincia y se establecían dos tipos de beneficio: ordinario y extraordinario. El jubilado ordinario era el que reunía como mínimo 50 años de edad y 30 de servicio. Para la jubilación extraordinaria se requería un mínimo de 15 años de servicio y ser declarado imposibilitado por razones de enfermedad para seguir trabajando. En caso de que el empleado quedara incapacitado en un acto de servicio, por ejemplo un policía herido en acción o un médico que se enfermara aten-

1913 córdoba

Es un año destacado para el fútbol, el deporte preferido de estudiantes y obreros y practicado en potreros. El 29 de julio nace la Liga Cordobesa de Fútbol y el 12 de octubre un grupo de empleados del Ferrocarril funda el Club Atlético Talleres, cuyo primer presidente fue Tomás Lawson (foto).

diendo a sus pacientes, podía jubilarse cualquiera fuera su antigüedad. Sin embargo, se agregaba una tercera categoría de jubilado al que la Caja, en su primera Memoria de 1914, llamaba “de privilegio”, ya que podía acceder al beneficio con sólo 45 años de edad y 25 de antigüedad. Esta categoría se había pensado originalmente para beneficiar a maestros y vigilantes (policías de calle). “Hay evidentemente ocupaciones que minan el organismo con más rapidez que otras y todas las leyes de jubilaciones y pensiones han tenido en cuenta esas circunstancias para que los beneficios de las mismas no sean más o menos ilusorios cuando se trata de empleados que difícilmente llegan a cumplir los requisitos comunes, y si llegan, es con perjuicio para los servicios públicos”, explica la Memoria de 1914. El texto cita, como ejemplos, los casos de docentes y policías: “El maestro de escuela que durante 5 ó 6 horas diarias debe permanecer en la tensión nerviosa propia del aula… no llega fácilmente a los 30 años de servicio con la flexibilidad intelectual y el carácter jovial que exigen las tareas educacionales… Así también pasa con el agente de policía que debe soportar las inclemencias del tiempo, desde el calor abrasador de los días caniculares hasta el viento helado de las noches de invierno. Un hombre, que durante 30 años, rodeado de constantes peligros, ha tenido que hacer del día noche y de la noche día, difícilmente será un alerto guardián del orden y de la seguridad pública durante la última parte de la mencionada época”. De todo esto, concluye que “es lógico reducir las exigencias para que estos dos fieles servidores de la sociedad puedan retirarse a la pasividad cuando ya han dado lo que es posible dar...”. Sin embargo, policías y docentes están lejos de ser los únicos beneficiados. “Pero el legislador ha querido ser mucho más generoso y, a fuerza de serlo, ha formulado una ley impracticable. Esto deriva del hecho de que se puso en la misma situación a: magistrados del Poder Judicial; fiscales; asesores; secretarios de las cámaras legislativas, del Tribunal Superior, de las cámaras de Apelación, del archivo de Tribunales, de los juzgados de 1ª Instancia; ingenieros; directores de escuela; catedráticos; empleados que presten servicio de Policía; jefes, oficiales y tropa de escuadrón; jefes, oficiales y tropa de bomberos; jefes, oficiales y tropa de guardiacárceles y empleados de la Penitenciaría”, agrega el análisis de la institución.

1914 córdoba

Fallece José Gabriel Brochero, conocido como el Cura Gaucho, quien fue declarado “venerable” por Juan Pablo II en 2004 y beatificado en septiembre de 2013 por el Papa Francisco. Dicen que sus últimas palabras fueron: “Ahora tengo ya los aparejos listos pa'l viaje".

Ante semejante aluvión de excepciones, el pronóstico que se hace allá por 1914, es decir con apenas un año de vida, más que oscuro es negro... negrísimo. “Si hubiese para la Caja la más remota posibilidad de hacer frente a sus obligaciones por concepto de jubilaciones ordinarias, y si además pudiera contarse con un abultado superávit, nada habría que observar a la larga lista de privilegiados, que comprende a las tres cuartas partes de los funcionarios y empleados públicos... Pero hay que preguntarse los motivos que ha tenido el legislador para declarar privilegiados servicios que siempre se han considerado como de los más cómodos dentro de la administración”. Quejas recurrentes Los reclamos y quejas en torno a la concesión de privilegios, fueron recurrentes. En 1915, Argañaraz vuelve a la carga: “Semejante reducción en las exigencias se comprende cuando se trata de servicios y sueldos de los vigilantes y de los maestros; pero la ley al hacer extensivo el mencionado privilegio a casi las tres cuartas partes de los empleados y funcionarios públicos ha hecho de la excepción una regla y de la regla una excepción sin motivo racional alguno y con perjuicios evidentes para la estabilidad de la Caja”. A la hora de ponerle ejemplos concretos a esta situación, se ve que estaban dentro de este régimen, pensado para oficios particularmente desgastantes como el de los policías de calle y maestros de grado, desde los empleados de la Dirección de Parques y Paseos hasta los trabajadores del Registro Civil, pasando por los docentes del Taller de Tapices y del Conservatorio de Música. En cuanto a las fuentes de financiamiento, las principales eran: un descuento del 5 por ciento sobre los sueldos; el descuento de 5 por ciento a los haberes de aquellos que se jubilaran sin contar con los aportes completos, lo que en esta primera etapa incluye a todos los nuevos jubilados; el descuento del 50 por ciento del primer sueldo, salvo que ya lo hubiera aportado. Es decir que quien salía y regresaba a la administración pública no volvía a sufrir ese descuento. A ésos se agregan un mes de diferencia de sueldo en caso de ascenso y un aporte de cinco mil pesos mensuales de las arcas provinciales. Estas fuentes de recursos, si bien son variadas, ya desde un principio demostraron ser insuficientes y para comprender lo exiguo de los ingresos basta considerar lo

1914 argentina

Muere Roque Sáenz Peña, el presidente que se ganó su lugar en la historia con la ley de voto universal, secreto y obligatorio.

abultado de los egresos. Quienes se retiraban con una jubilación ordinaria, podían aspirar a recibir un haber equivalente al 95 por ciento de su último sueldo. Los jubilados extraordinarios podrán cobrar como máximo un 75% de su último salario. Ante esto, Argañaraz advertía, también en la primera Memoria de 1914, que se ha querido que el empleado “goce durante la pasividad de casi todo el sueldo que ganaba durante los últimos días de actividad”. A raíz de esta situación, el escrito previene que, al retirarse, el trabajador “corre el riesgo de encontrar una Caja vacía de dinero aunque llena de hermosas e irrealizables promesas”. Y también en 1914 se mencionaba una cuestión que, 100 años después, sigue siendo motivo de controversia no sólo en Córdoba sino en todo el país: el porcentaje del salario que debe cubrir la jubilación y la forma de calcularlo. En efecto, Argañaraz señala hace un siglo que el presidente de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, Hilarión Larguía, “propone, entre otras medidas, la rebaja del máximo de jubilación al 81% y calculado no sobre el último sueldo sino sobre el promedio que el interesado ganaba durante su actividad”. La afirmación del directorio de que los ingresos son insuficientes, se basa en las irrefutables matemáticas. Para ello considera a un empleado que al comienzo de su carrera administrativa gana 100 pesos, a lo que se le agregan eventuales aumentos e intereses y que estadísticamente tendrá 18 años de vida como jubilado. El resultado es desolador. concluye que este jubilado, que estaba en el escalón salarial más bajo de la administración, “ocasionará hasta su fallecimiento un déficit en la Caja de 50 mil pesos más o menos”. “El cálculo anterior, que demuestra hasta la evidencia que la Ley de Jubilaciones bajo su forma actual es irrealizable, ha sido hecha colocándose en las condiciones más favorables para la institución”, se advierte en la Memoria. Ése es el déficit considerando un sueldo de 100 pesos, uno de los más bajos de la escala en esos tiempos. Es obvio que el rojo será mayor en la medida que se consideren sueldos más elevados que, en algunos casos, llegaban a los mil pesos. El reclamo de la Caja por una modificación en el monto de los aportes fue una constante que se repitió año tras año durante esta primera etapa. En 1919, ya con cálculos más completos y elaborados, la entidad estima que sus

1914 el mundo

Comienza la Primera Guerra Mundial que enfrenta a Alemania y los imperios austrohúngaro y otomano por un lado, contra Rusia, el Reino Unido, Francia e Italia por el otro. La Gran Guerra, como se la conoció en ese momento, muestra al mundo lo que es la matanza tecnificada de la era industrial. Ametralladoras, aviones, tanques, gases venenosos y submarinos aparecen por primera vez a gran escala en los campos de batalla.

ingresos por diferentes conceptos (aportes, descuentos, multas, contribuciones provinciales, etcétera) equivalen al ocho por ciento de la masa salarial, pero que para alcanzar equilibrio y sustentabilidad, el ingreso mínimo debería alcanzar el 15 por ciento. Y eso tratándose de las jubilaciones ordinarias, es decir las que se obtienen a los 50 años de edad y tras 30 años de servicio, que pese a su nombre de “ordinarias” son las menos. De hecho, se encontraba bajo régimen especial el 76 por ciento de los empleados públicos de la época, es decir el 76 por ciento de los futuros jubilados. Para que estas jubilaciones, concedidas a los 45 años de edad y con 25 de servicio no llevaran a la ruina a la Caja, sus aportaciones por todo concepto debían elevarse del 8 al 21 por ciento. Semejante diferencia entre los ingresos reales y los necesarios no le explotó en las manos a las autoridades de la época por una mezcla de factores como cambios políticos que provocaron un gran recambio de empleados, quienes iban aportando la mitad de su primer sueldo, y el hecho de que los jubilados eran aún pocos. Sin embargo, esos factores no evitarían el deterioro de la Caja. “Hemos deducido que desde 1929 comenzará a consumirse el capital acumulado durante los años anteriores”, se advertía en 1919.

1914 córdoba

Córdoba comenzaba a soñar con las alas, trazando lo que luego sería su destino aeronáutico: el 27 de mayo, el teniente

Falta de controles Otro factor de desequilibrio estaba dado por la falta de controles eficaces al conceder jubilaciones extraordinarias, el equivalente a las actuales jubilaciones por invalidez. Hay que aclarar que en ese tiempo los exámenes médicos estaban a cargo de profesionales ajenos a la Caja Ya en su primera Memoria, en 1914, trataba de establecer parámetros mínimos para la concesión de este tipo de beneficios: “...sólo tratándose de absoluta y permanente imposibilidad para el desempeño de sus funciones puede concederse al empleado el mencionado retiro extraordinario... (ya que) difícilmente habrá una persona que a los 40 años de edad no sufre de alguna dolencia más o menos grave”. Además, señala que “la experiencia también ha demostrado que cuando se ha concedido el buscado descanso y reposo, el mismo interesado ha creído más conveniente dedicarse con actividad a tareas particulares mucho más pesadas que las anteriormente desempeñadas como funcionario público”. En cuanto a las causales de la imposibilidad para trabajar,

Aníbal Brihuega (foto) realiza el primer trayecto Buenos Aires-Córdoba en una máquina aérea, proeza que será repetida el 1 de junio por el teniente Raúl Goubart.

hace 100 años, la Caja trataba de establecer diferencias básicas a partir de consideraciones morales. “Conviene además distinguir entre la imposibilidad que como una desgracia ha caído sobre un modesto empleado y la otra imposibilidad contraída por el mismo interesado mediante una vida desordenada y viciosa. Los diagnósticos que motivaron las jubilaciones extraordinarias concedidas hasta la fecha, arrojan un alto porcentaje de enfermedades cuyo origen es el alcoholismo. No puede ser conveniente para los intereses sociales ni puede considerarse moral, instituir un premio para el vicio ni ofrecer ventajas al vicioso, de que no podrá gozar el que ha sabido conservar su buena salud en una vida ordenada y metódica”. Estas palabras de las autoridades de la Caja fueron ignoradas lo que la llevó seis años después, en 1920, a insistir en su reclamo. “La experiencia nos ha demostrado que nada es más fácil que hacerse declarar imposibilitado para el trabajo de la administración pública y que la mayor parte de los ex empleados así declarados incapaces para realizar la más liviana tarea en el puesto público pueden, una vez obtenida la jubilación, sin inconveniente de ninguna clase, desplegar grandes energías en otros puestos nacionales o municipales o en actividades de carácter particular”. La Caja, en su reclamo, se cuida mucho de emplear cualquier expresión que suene a denuncia de fraude o abusos, pero no por ello se priva de alguna ironía: “Si la ciencia médica estuviera en condiciones de hacer esta declaración con cierta probabilidad de exactitud, es evidente que las jubilaciones extraordinarias (concedidas a enfermos crónicos imposibilitados para los más limitados trabajos) gravitarían sobre los fondos de la Caja durante períodos relativamente cortos, puesto que la renta vitalicia se pagaría en cada caso durante un número de años muy inferior a lo establecido en las tablas de vida probable… Pero cuando la ciencia aparentemente es impotente para dictaminar en este asunto, la jubilación extraordinaria se concede con igual facilidad a los relativamente sanos como a los relativamente enfermos y la probabilidad de vida de este grupo de jubilados es por lo menos no inferior a la de las personas en general que componen la sociedad”. Sin embargo, lo que la institución se cuida de decir con sus propias palabras, lo termina afirmando por boca ajena. En este caso, cita ampliamente el discurso del diputado nacional Miguel Bermúdez, al presentar su proyecto

1915 argentina

El 1 de agosto se inaugura en Buenos Aires la Estación de Retiro que hoy sigue funcionando con la misma fisonomía, una obra monumental de estilo francés.

para una nueva Caja Nacional de Jubilaciones. “No se puede negar (dice el legislador a partir de la experiencia a nivel nacional) que en este grupo de jubilados hay un abuso evidente. Basta fijarse en la cantidad de los que se han retirado al amparo de esta prescripción de la ley, para convencerse de ello. Lo que ha debido constituir una excepción, casos aislados y relativamente reducidos, se ha convertido casi en una regla general. La proporción de jubilados extraordinarios en relación a los comunes es alarmante”. ¿Sirvieron de algo los reclamos y planteos de la Caja de Jubilaciones? Evidentemente no. Fueron ignorados si se considera una resolución de agosto de 1928. En ella, el por entonces titular de la Caja, Tomás Argañaraz, se dirige al presidente del Consejo de Higiene, Vázquez Amenábar, para denunciar que los análisis practicados a un empleado no se hicieron con material extraído en el laboratorio sino a partir de muestras que envió desde su casa. En este caso, se trataba de muestras de saliva que no era suya, sino de una hija, lo que es valerse “de un engaño para obtener un beneficio que no les corresponde.” Vázquez Amenábar, ofendido, rechazó el reclamo calificándolo de “injustificado”, “inaceptable”, “extemporáneo” e “innecesario”.

1915 córdoba

El 25 de diciembre abre sus puertas el Jardín Zoológico basado en un proyecto de José Scherer, quien lo pone en marcha en la llamada por entonces “Barranca de los Loros”. De esa manera comenzaba a adquirir su actual identidad de paseo esa zona de la ciudad de Córdoba. El diario La Nación del día 26

Jubilaciones sin aportes Tras su creación, la Caja de Jubilaciones no sólo se hizo cargo de beneficios que el Gobierno provincial había concedido anteriormente de manera discrecional, sino que además tuvo que comenzar a pagarles sus haberes a nuevos jubilados que nunca habían hecho aportes. “La ley, al crear la Caja de Jubilaciones, ha pretendido que, sin fondo inicial, sin capital de ninguna clase, debe iniciar las operaciones inmediatamente, reconociendo todas las pensiones y retiros concedidos por leyes anteriores y, lo que es más grave, todos los servicios prestados en la administración pública durante la presente generación sin que los interesados, con anterioridad al 30 de noviembre de 1913, hayan contribuido en nada absolutamente a la formación del fondo que debe costear las jubilaciones correspondientes”, se queja la institución. Para cubrir los beneficios anteriores, el gobierno concedió a la Caja un aporte de cinco mil pesos mensuales, pero no había recursos genuinos para pagarles a los nuevos jubilados que, si bien fueron pocos al principio, se incrementaban año a año. La ley sólo contemplaba para estos

de diciembre, se hizo eco de este acontecimiento: “La inauguración del Parque Zoológico, realizada hoy, alcanzó contornos brillantes, no superado por ninguno de los actos públicos realizado en Córdoba en los últimos años...”.

La sustentabilidad fue siempre el gran desafĂo . Ya en sus Memorias de 1914, la Caja de Jubilaciones advertĂa del peligro de que sus beneficiarios se encontraran con â&#x20AC;&#x153;una Caja

vacía de dinero”. La ley de jubilaciones contaba con unos pocos meses de vida y se hacía evidente la necesidad de que se la reformara. para asegurar el futuro de la institución.

casos el descuento del cinco por ciento de su haber jubilatorio, pero esto no alcanzaba por diferentes razones. En primer lugar, estos jubilados en lugar de aportar durante 30 años, lo hacían sólo durante 18, que era la expectativa de vida que tenían. En segundo lugar estos descuentos no habían capitalizado ningún interés, como lo hubieran hecho de ser realizados con anterioridad y por último, estos jubilados escapaban al riesgo estadístico de muerte o pérdida del empleo, en cuyo caso sus aportes hubieran quedado en su totalidad para capitalizar a la Caja. Como advirtió la entidad previsional allá por 1915, “con esta disposición el empleado no se jubila con los fondos acumulados por él mismo, sino con los descuentos hechos en los sueldos de otros empleados, los cuales al terminar sus 30 años de servicio no encontrarán el fondo de jubilación que les corresponde”. Este planteo, al igual que los anteriormente analizados, se mantuvo a lo largo de los años. Es así como en 1922, la Caja sostiene que “el cinco por ciento de descuento que se hace en los haberes del jubilado para cubrir esa falta de ingreso oportuno es absolutamente irrisorio, pues representa simplemente una reducción pequeña en el beneficio acordado”. Según sus cálculos, esto hizo que la entidad, desde el momento mismo de su creación, tuviera un déficit que rondaba los 13,5 millones de pesos y que para compensar la falta de aportes en su debido momento, el descuento a los nuevos jubilados debía rondar el 47 por ciento. Mucho, pero mucho más que el cinco por ciento que efectivamente se les descontaba.

1916 argentina

El 12 de octubre las mayorías se confirman como actor político y agente de cambio social. Asume la presidencia de la Nación el radical Hipólito Yrigoyen, rompiendo con la hegemonía que, fraude mediante, mantu-

Jubilación opcional para los jueces Los jueces y magistrados, a diferencia del resto de los empleados provinciales para quienes la adhesión al régimen jubilatorio era obligatoria, podían elegir entre acogerse o no a la ley y, por lo tanto, podían también elegir si sufrían descuentos o no. Esta situación, que generó reclamos de la Caja tan reiterados como estériles, recuerda mucho el actual debate en torno a que paguen impuesto a las ganancias. Tal como ocurre hoy con ese gravamen que no se aplica a jueces y a muchos otros trabajadores de la Justicia, en 1913 los legisladores consideraron que imponerles un aporte obligatorio sobre sus sueldos era incumplir el precepto de la Constitución Provincial vigente en esa época que establecía la intangibilidad de sus salarios. La 2301, según su artículo 2° inciso 4° regía para “los magistrados de la Administración de Justicia, asesores y fiscales

viera el Partido Autonomista Nacional desde 1874.

Un dirigente destacado Desde que comenzó a funcionar en 1914 y hasta 1924, año en que se jubiló, Víctor Rée se desempeñó como secretario contador de la Caja de Jubilaciones. Este ingeniero nacido en Aahus, Dinamarca, el 8 de agosto de 1868, tuvo una fructífera vida en proyectos y realizaciones. El profesor Juan Carlos Olmos sintetiza: “Tuvo una destacada actuación en el espectro educacional de nuestra ciudad, siendo propulsor de la enseñanza mercantil”. Tras egresar de la universidad de Copenhague y revalidar su título en Inglaterra, llegó a nuestro país contratado para la construcción del ramal ferroviario de Frías a Tucumán. Posteriormente se radicó en Córdoba, donde se desempeñó como profesor de inglés en el Colegio Monserrat. A principios del siglo XX por su iniciativa se imparten en el establecimiento cursos de contabilidad. En 1907 impulsa la creación de la Escuela de Comercio para Varones, actual Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera, y fue su primer director. En 1925 promovió la creación del Instituto de Ciencias Económicas, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue el primer antecedente para la actual Facultad de Ciencias Económicas. Rée también se desempeñó como interventor del Consejo de Educación de la Provincia e integró el equipo del ingeniero Carlos Cassaffousth en la obra del dique San Roque. Falleció el 12 de noviembre de 1947 y un colegio de la capital cordobesa hoy lleva su nombre.

que se acogieran a la presente ley”. Es decir que si no lo hacían quedaban al margen de las obligaciones que la ley imponía y también, pero esto en los hechos no sería así, de los beneficios que ésta importaba. Ya en su primer análisis de 1914, el titular de la institución condenaba esta situación: “Se ha querido tener en cuenta las disposiciones del artículo 126 de la Constitución que no admite reducciones de sueldos de los jueces, pero… dicho descuento no contradice absolutamente el espíritu del artículo 126 el cual sólo quiere garantizar la más absoluta independencia de los actos de los funcionarios judiciales y que el hecho de verse obligado a contribuir a la formación de un fondo el cual le ofrecerá un socorro cuando, después de largos años de servicio, se encuentra imposibilitado para el trabajo, no puede afectar la independencia y el recto proceder de un magistrado”. Al seguir con su línea argumental, el funcionario destaca que “si la ley no hubiese tenido efecto retroactivo computándose para las jubilaciones servicios prestados con anterioridad a la formación de su fondo (esta situación) no ofrecería inconveniente ninguno, puesto que la Caja sólo habría contraído compromiso con unos pocos jueces acogidos voluntariamente a la ley... pero desde el momento en que hay miembros de la Administración de Justicia que han podido jubilarse sin haber contribuido en nada a la formación del fondo de jubilación, es evidente que otros deben costear estas erogaciones, puesto que la Caja carece de capital y fondo propio, y parece entonces más lógico que esa carga corresponda a los demás funcionarios de la misma administración, que no se han acogido a la ley”. Al quejarse de que las jubilaciones de los jueces se pagaran con aportes de otros sectores, lo hacía con números en la mano. De hecho, en ese mismo 1914, la entidad denunciaba que “no se han acogido a la ley sino los magistrados que estaban en vísperas de presentar sus solicitudes de jubilación, de manera que el ingreso mensual por concepto de descuentos hechos a la Administración de Justicia es de $ 2.552 y el egreso por jubilaciones concedidas dentro de dicha Administración de Justicia, importa $ 2.663, suma que en dos o tres años se habrá duplicado. Luego, son prácticamente los vigilantes y los maestros de escuela los que están costeando las altas jubilaciones concedidas o por concederse a los magistrados judiciales de la Provincia, lo que evidentemente no puede haber sido la mente del legislador”. De hecho, el primer jubilado de la historia de Córdoba fue

1917 el mundo

Durante la Primera Guerra Mundial, el mercante argentino Monte Protegido es hundido por un submarino alemán. A pesar de este incidente el presidente Yrigoyen mantiene la neutralidad del país.

Roque C. Funes. Retirado desde el 30 de julio de 1914, vocal del Tribunal Superior, argentino, casado, de 61 años y con 40 de servicio, quien como último sueldo recibió 1.000 pesos y como jubilado cobraba 950 pesos, es decir que se le descontaba el 5 por ciento de su haber para compensar su falta de aportes. Los planteos de la Caja contra esta posibilidad de elegir, se reiteraron de manera sistemática a lo largo de los años. La única limitación que enfrentaban los magistrados estaba dada por la reglamentación de la ley 2301 que, en su artículo 8°, establecía que aquellos jueces que rechazaran los descuentos estaban renunciando a cualquier posibilidad de jubilarse, ya que se trataba de una opción definitiva. Art. 8°- El descuento forzoso del cinco por ciento, se hará igualmente sobre los sueldos de los magistrados Judiciales del que habla el inciso 4° del artículo 2°, y continuará haciéndose en adelante, siempre que en el término de 30 días no hubiesen reclamado de ese descuento. El reclamo importará no acogerse a los beneficios de la ley, en cuyo caso les será reintegrado. El mismo término, y bajo igual procedimiento, regirá para los que en adelante, ingresen a la Magistratura Judicial. La opción es definitiva y no permite variación ulterior, ni aún en el caso de pretender acumular y capitalizar los descuentos que hubieren debido efectuarse. Sin embargo, esta limitación fue abolida en 1926 a partir de un caso que llevó a una modificación de ese decreto. Ese año Juan B. González, quien había sido vocal del Tribunal Superior de Justicia y nombrado en 1925 fiscal de ese cuerpo, presentó una nota para tramitar su jubilación pidiendo que se le reconociera antigüedad desde que ingresara a la Magistratura, en 1916. El problema radicaba en el hecho que en junio de ese mismo año, había enviado una nota manifestando de forma expresa que no quería acogerse a la jubilación y que por lo tanto no se le hicieran descuentos. Si bien 10 años después, con este cambio de opinión, González ofrecía realizar los aportes que adeudara; la Caja rechazó la propuesta. Para eso se basó en el párrafo que establecía: “La opción es definitiva y no permite variación ulterior, ni aún en el caso de pretender acumular y capitalizar los descuentos que hubieren debido efectuarse”. Comenzó allí un arduo cruce de notas, recursos, reconsideraciones y dictámenes entre los que destacaba el del

Éste es el listado de los primeros jubilados de Córdoba. Las nóminas completas de jubilados y pensionados se siguieron publicando hasta los años ’50.

fiscal de Gobierno, quien le dio la razón al organismo previsional. Sin embargo, el recientemente reelecto gobernador Cárcano modificó el decreto reglamentario que él mismo había firmado una década atrás y estableció que los magistrados podían acogerse a la jubilación “en cualquier momento”. La institución una vez más se quejó. “Los ingresos de la Caja procedentes de la Rama Judicial, que como hemos dicho no alcanzan ni remotamente a cubrir las erogaciones producidas por sus empleados y funcionarios en pasividad, serán todavía considerablemente disminuidos con la facultad acordada de acogerse en cualquier momento a los beneficios de la ley puesto que no habrá magistrado que arriesgue su aporte, mientras no tenga el número de años de servicio para una jubilación”. Y el reclamo, una vez más, fue ignorado. A partir se ese momento, todos los años la Caja insistirá en pedir la derogación de ese decreto hasta que en 1929, el gobernador José Ceballos lo hizo regresando al régimen anterior. Es decir el de la opción “definitiva”, sin lugar a arrepentimientos ni cambios de opinión. Entre los considerandos del nuevo decreto, se destacaba que “no puede ni debe mantenerse una situación que, además de privilegiada, rompe con el principio de mutualidad en que descansa la creación de la Caja Provincial de Jubilaciones”.

Historias de la Caja Policías golondrina Una de las principales fuentes de ingresos de la Caja de Jubilaciones era el descuento de 50 por ciento que se le hacía al primer sueldo de quien comenzaba a trabajar para la Provincia. Este descuento, sin embargo, era resistido tanto por los empleados ingresantes como por sus superiores, ya que los trabajadores no solían durar más que unos pocos meses. Es que hace un siglo el empleo público no era visto como una opción a largo plazo y mucho menos como una carrera. En muchos casos era apenas un mero conchabo coyuntural o un segundo empleo a la espera de que surgiera otro más redituable. Este fenómeno se daba particularmente entre los policías de campaña, según expone la Caja en la Memoria de 1914, al detallar las dificultades con que tropezaba a la hora de hacer efectivo ese descuento sobre el primer sueldo. “Se nos ha observado por algunos jefes de reparticiones, que existen en la administración empleados subalternos, como por ejemplo los agentes de policía, cuya inestabilidad en los puestos es tan marcada que a veces permanecen en éstos sólo un mes. Si en estos casos -nos dicen los señores Jefes Políticos- pretendemos retener la mitad de un mes de sueldo, será imposible conseguir vigilantes, pues luchamos además con el inconveniente de los sueldos insignificantes que asigna el presupuesto, comparándolos con los jornales que durante la época de la cosecha se pagan en casi toda la provincia”. La entidad explica que insiste en hacer esos descuentos porque así lo dice la ley y, especialmente, porque esa movilidad es fundamental para la salud financiera de la entidad. Sin embargo, reconoce que no siempre ha tenido éxito debido a “algunos jefes de reparticiones que se consideraban autorizados para desacatar las mencionadas disposiciones legales”. Ante esto, agrega que “es cierto que la movilidad de los agentes de policía de campaña se ha acentuado en estos últimos años -un mal que seguramente indica la necesidad de un mejoramiento de los sueldos- pero nuestro Registro de Empleados demuestra que la gran mayoría de los agentes dados de baja durante la cosecha, vuelven a reingresar cuando terminan las faenas agrícolas, sufriendo sólo una vez en la vida el discutido descuento de medio mes de sueldo”.

Los que sí y los que no se jubilaban por invalidez A la hora de criticar la liberalidad con que se concedían jubilaciones extraordinarias (que serían comparables a las que hoy se conocen como jubilaciones por invalidez) la Caja destacaba que estos jubilados que se retiraban de la actividad por estar gravemente enfermos tenían al menos la misma expectativa de vida que quienes se retiraban sólo por haber alcanzado la edad necesaria. Es decir que los teóricamente enfermos vivían tanto como los teóricamente sanos. Sin embargo, una lectura puntual de algunas memorias revela no sólo que los

enfermos vivían tanto como los sanos, sino que incluso vivían más. De la Memoria de 1916, se desprende que hasta fin de ese año, 73 trabajadores habían sido beneficiados con la jubilación ordinaria y 63 con la extraordinaria. Pues bien, en el primer caso hubo seis fallecimientos, mientras que en el segundo las muertes fueron cuatro. Eso significa que entre los jubilados “sanos”, el porcentaje de mortalidad era del 8,2 por ciento mientras que entre los “enfermos” llegaba sólo al 6.3 por ciento, índices reñidos con lo que la lógica y hasta el más elemental sentido común entienden por “salud” y “enfermedad”. Al examinar las causas por las que se concedieron algunas jubilaciones extraordinarias, se encuentran patologías que hoy nos parecen serias y evidentes causales de incapacidad como hemiplejia, ceguera o afección cardíaca. Pero junto a ésas hay otras que hoy suenan leves, como presbicia, otitis crónica, úlcera, hernia inguinal y hemorroides. Y los más extraños son esos otros diagnósticos que resultan difíciles de interpretar a un siglo de distancia como neurastenia, surmenage, temblor permanente de ambas manos o desgaste orgánico. Igualmente revelador es revisar síntesis de expedientes iniciados para gestionar la jubilación extraordinaria. Así tenemos el caso de M.U. (las reseñas de expedientes identifican a los causantes sólo por sus iniciales), quien alegaba “sufrir colitis y dilatación del estómago” ante lo cual el Consejo de Higiene informó que su dolencia “lo deprime por debilitamiento, impidiéndole un trabajo regular y continuado”, pero al mismo tiempo consideró que ese mal era “susceptible de modificación favorable con un régimen racional de alimentación”, por lo que la solicitud fue rechazada. Otro caso llamativo fue el de R.E., quien tras 16 años de servicios invocó su “imposibilidad física para el trabajo”. Un examen médico constató que la imposibilidad existía, pero que databa desde que el empleado tenía 9 años de edad (pudo haber sido polio. N. del E.) a la vez que el jefe de su repartición declaró que a raíz de esa dolencia “el interesado jamás desempeñó el puesto que figura en planillas”. Aquí la Caja consideró que la ley “concede beneficios sólo en virtud de servicios prestados y no por el mero hecho de cobrar sueldo”, por lo que rechazó el pedido. Mejor suerte tuvo R.V.: quien tramitó su jubilación extraordinaria por padecer “catarro bronquial y faringitis por el excesivo uso de tabaco, la que se comunica a las trompas con obstrucción tubaria completa produciéndole una sordera acentuada en algunos momentos”. Según el Consejo de Higiene, el interesado “si bien no está imposibilitado de un modo absoluto para el trabajo, debe someterse a un tratamiento prudencial a fin de obtener la modificación de su estado”. En este caso, la Caja rechazó el pedido apelando a la doctrina de distinguir “entre la imposibilidad que como una desgracia ha caído sobre un honesto empleado y la otra imposibilidad contraída por el mismo interesado”. Este rechazo fue apelado y un nuevo informe médico consideró “no probable una mejoría aunque el recurrente se someta a un riguroso tratamiento dado el estado de desnutrición en que se encuentra”, por lo que el Ejecutivo revocó el dictamen previo y concedió la jubilación. Al buscar las siglas R.V. en el listado de jubilados, se encuentra que se llamaba Rolando Villagra, tenía 50 años de edad, 25 de servicio y se desempeñaba en la Policía como comisario inspector.

Médico es médico, juez es juez En los primeros años de la Caja de Jubilaciones, funcionarios judiciales de diverso rango plantearon con suerte dispar que también para ellos la jubilación fuera opcional, tal como ocurría con “magistrados, asesores y fiscales”. Sin embargo, hubo un planteo similar de parte, no ya de un abogado, sino de un médico que revestía el carácter de asesor. En noviembre de 1922 el “médico asesor de los Tribunales del Crimen”, el reputado psiquiatra León S. Morra, se dirigió a la entidad para dejar constancia de que no se adhería a la ley 2301. La Caja dudó sobre qué hacer y consultó al Poder Ejecutivo si esa disposición “es aplicable a un asesor médico, cuya inamovilidad e inviolabilidad de remuneración no se encuentran establecidas en el artículo 126 de la Constitución Provincial”. La Fiscalía de Gobierno respondió en unos días que “el caso no encuadra” en la excepción que beneficia a magistrados. El pedido fue rechazado y la jubilación siguió siendo obligatoria para él.

Controlando fantasmas y dobles sueldos Para la creación de un sistema jubilatorio es básico contar con un detallado padrón de trabajadores para saber con qué aportes se cuenta y cuáles son las obligaciones a futuro, ya que todo trabajador actual es un jubilado potencial. El 8 de enero de 1914 se firmó un decreto por el cual se le asignaba a la Caja hacer un censo de empleados comprendidos en los alcances de la ley. Aunque el número de jubilados era reducido, a fines de 1915 había 5.598 funcionarios y empleados provinciales. La tarea no fue sencilla. El primer problema era que muchos empleados no llenaban sus respectivas fichas con datos reales. La Memoria de 1915 es más que clara al enumerar las irregularidades: “… hemos podido comprobar que los datos anotados por los interesados en sus fichas personales sólo reflejan una verdad relativa y que en muchos casos no sólo equivocados sino evidentemente falsos. El hecho señalado es muy lamentable, pues deja una impresión penosa sobre la honestidad con que algunos empleados, felizmente pocos, desempeñarán sus funciones públicas si alguna vez los deberes se encontrasen en oposición a sus intereses privados”. Pero ése era sólo el primer problema. No el único ni el más grave. Al comenzar el primer control que se practicaba sobre los empleados provinciales en la historia cordobesa, la Caja encontró de todo y un poco más. “1) Hay jefes de reparticiones que hacen figurar en sus planillas mensuales de pago personas que muchos meses atrás dejaron el servicio. 2) Al objeto de hacerle figurar por un tiempo más en las planillas, en ciertos casos ha sido retenida y no elevada por el Jefe, la renuncia de un empleado, que al momento de presentarla dejó el servicio. 3) Con frecuencia figura al mismo tiempo, una misma persona prestando servicios en dos departamentos distintos, separados uno del otro por una distancia considerable. 4) En ciertos casos hemos comprobado que un empleado ascendido figuraba luego en dos puestos a la vez, cobrando sueldos correspondientes al empleo que ocupaba antes y al que ocupa actualmente.

5) Personas cuyas renuncias, según el Boletín Oficial, habrán sido aceptadas han figurado, a veces, cobrando sueldo algún tiempo después de dicha aceptación. 6) Existen en la región agrícola de la provincia departamentos donde la estabilidad del personal subalterno de policía es tan notable que durante casi dos años no ha habido ni un solo movimiento por alta, baja, traslado, ascenso ni descenso. 7) Cuando a las planillas de pago va agregada la rendición de cuentas correspondiente al mes anterior, hemos a veces podido constatar que los recibos están firmados por personas que no figuraban en la planilla correspondiente a dicho mes anterior, en cambio faltaban los recibos del personal que había figurado”. Tras esa detallada enumeración de anomalías que hacen inútil el uso de adjetivos, la Caja se limita a señalar que “casos como los anotados afectan seguramente la exactitud de nuestros registros y estudios estadísticos, pero nos cabe la satisfacción de haber podido cooperar eficazmente en la obra de fiscalización que durante estos últimos años ha preocupado tan seriamente al Superior Gobierno de la Provincia”.

La Caja de Jubilaciones comenzó con un puñado de empleados y funcionarios. Ésta es la nómina del personal que echó a andar la entidad con el detalle de sus tareas.

De la previsión social al peligro social n 1924 se realizó en Buenos Aires un Congreso Internacional de Economía Social en cuya mesa directiva había personalidades como Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América, y el diplomático Carlos Saavedra Lamas, quien años después sería galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En representación de la Caja de Jubilaciones de Córdoba participó el ingeniero Víctor Rée, ex secretario de la institución. El temario era amplio y hoy, casi un siglo después, de evidente vigencia. Esto muestra el espíritu modernizador y progresista que animaba ese encuentro. Iba desde el análisis de la problemática de los accidentes de trabajo hasta el de la participación obrera en los beneficios, pasando por mecanismos de conciliación y arbitraje y la creación de un derecho internacional obrero. La Caja de Jubilaciones estaba particularmente interesada por el tema del seguro social. Ya en esa época se recomendaba “uniformar en un solo sistema de seguro social, las diferentes Cajas que funcionan en un mismo país introduciendo, entre otros, el seguro de enfermedad y el de desocupación”. Víctor Rée tuvo entre sus principales tareas el presentar una ponencia que había elaborado el organismo provincial sobre la propuesta de seguro social. A casi 90 años de distancia, el revisar los principales lineamientos de esa exposición nos acercamos a la forma en que pensaba y entendía su labor la conducción de la Caja por ese entonces y, además, permite ver de qué manera se intentó alertar sobre situaciones que se fueron presentando con el correr de los años.

1917 córdoba

El 1° de mayo presenta su renuncia Eufrasio Loza, el primer gobernador radical, a raíz de dos hechos que habían socavado el poder de su partido: los enfrentamientos entre los miembros de su agrupación política y la derrota sufrida durante la elección de renovación del Senado. La Legislatura aceptó su renuncia el 19 de mayo y le entregó el mando al vicegobernador Julio Borda.

Refiriéndose a las cajas estatales (nacionales, provinciales y municipales) y hablando con conocimiento de causa por experiencia propia, Rée destaca que “fueron creadas a base pura de generosidad fiscal, sin fundamento actuarial alguno y han llegado a considerar factible el absurdo matemático de acordar rentas vitalicias a los 30 años de servicio y 50 de edad con el 90 por ciento del último sueldo”, para calcular a renglón seguido que en un futuro cercano esas cajas se financiarán sólo en un 30 por ciento con recursos genuinos mientras que el restante 70 por ciento “cargará sobre el fisco, o sea sobre el contribuyente”. Reconoce Rée que “nuestro proverbial optimismo contesta generalmente que, a pesar del pesimismo de los técnicos, las principales cajas oficiales del país siguen haciendo frente a sus obligaciones y que el país es rico”, pero advierte que llegará “fatalmente un momento en que el déficit ahora poco visible se manifieste... para imponer una suspensión parcial de pagos”. El que sigue es un párrafo que bien pudo haber sido escrito en cualquiera de los 100 años con que cuenta la Caja de Jubilaciones y siempre habría parecido oportuno. “(Ante la inevitable crisis) se buscará entonces una solución en el mayor aporte del Estado, o sea del contribuyente; en mayores descuentos de los sueldos y en un nuevo ajuste racional de todas las jubilaciones y pensiones acordadas con anterioridad al ‘crack’, y por acordarse pero… aquel reajuste, chocando con una enorme masa de intereses creados, no podrá realizarse sin un evidente peligro social, político y económico para el país”. Profecía El pronóstico oscuro que hace la Caja se completa con una suerte de profecía apocalíptica: “No es difícil imaginarse los trastornos que sufrirán la paz y la armonía social cuando toda esa fantasía se venga abajo con todas sus hermosas promesas y ensueños y cuando la masa trabajadora realiza una dolorosa verdad: que ha sido engañada y que sus ahorros tan penosamente realizados han desaparecido…”. “Con estos fundamentos -agrega Rée-, la Caja de Jubilaciones que represento considera un deber de patriotismo declarar que las instituciones que pretenden contribuir a la previsión social y cuya financiación no se

1918 el mundo

El 11 de noviembre a las 11 horas (11 del 11 a las 11) termina la Primera Guerra Mundial, que representó la irrupción de las matanzas sistemáticas e industrializadas en los conflictos bélicos. Le costó la vida a más de 20 millones de personas entre militares y civiles.

historia La Caja comienza a ser noticia

l 29 de noviembre de 1913 en Los

sensible en la ley de jubilaciones es

Principios se publica bajo el titular

que la Constitución no haya permitido,

“Actualidad” un balance sobre La ley de

ante el concepto de la mayoría de los

Jubilaciones: “Cuenta por fin la provincia

legisladores, la adición de la pensión, o

con la esperada ley de jubilaciones, de

sea de la jubilación extendida a los

la que habíamos carecido antes por-

herederos de los jubilados… no duda-

que no la permitía la Constitución

mos de que cuando sea propicio alguna

antes de su última reforma. Ella viene

reforma al estatuto público… introducir

a llenar un vacío que harto se lo sen-

algo en la ley que haga extensivo el

tía y con ella se viene a proteger al

beneficio a los sucesores del emplea-

empleado no sólo mientras depende del

do… Entretanto esperamos que la jubi-

poder público sino cuando habiendo

lación entrará a producir dos grandes

perdido sus energías en el ejercicio de

ventajas: llevar el beneficio a varios

sus funciones necesita, precisamente,

empleados y producir en la adminis-

no ser abandonado. Los beneficios de

tración la renovación de sus elemen-

esta ley son incuestionables… responde

tos… Veamos cómo funciona en la

a una necesidad muy sentida… lo único

práctica”.

ajusta a rígidos principios actuariales, basados en extensas y prolijas estadísticas, constituyen no sólo una imprevisión social sino un peligro social”. Este discurso, visto a nueve décadas de distancia, nos parecería proveniente de la más rancia entraña del conservadurismo que llevaría, como corolario inevitable, a una merma o incluso supresión de beneficios sociales. Nada que ver. Estos dirigentes (repetimos, de hace 90 años) estaban animados por una clara idea de justicia social y del rol del Estado para contribuir a ese fin. Tras presentar ese sombrío panorama. Rée no propugna dejar de hacer sino, simplemente, hacerlo bien, para lo cual destaca el ejemplo del sistema de seguro social implementado en Dinamarca. En la visión del secretario de la Caja de Jubilaciones, para Argentina “un mismo seguro proporcionará al enfermo asistencia médica, hospitalización, sanatorio de reconvalecencia, medicamentos, aparatos e indemnización por jornales perdidos. A las madres puérperas, un descanso prudencial con anterioridad y posterioridad al parto, indemnizándola por jornales perdidos; al desocupado involuntariamente, un mínimo de jornal; al parcialmente inválido, un suplemento de jornal; al totalmente inválido, al anciano, a la viuda y al huérfano, una modesta pensión”. Además, y de manera llamativa proviniendo de una Caja de asalariados, Rée asegura que este nuevo tipo de seguro “ha de contribuir a la paz social, no debe aportar factores para ahondar la división de la humanidad en castas -asalariados y no asalariados- llevando sus beneficios exclusivamente a los primeros”. En cuanto a la forma de financiación de este “súper seguro social”, el representante de la Caja de Jubilaciones de Córdoba afirma que en experiencias similares analizadas “las dos terceras partes del fondo de seguro es formado generalmente por contribuciones de los patrones y del Estado -o sea, en el primer caso, del consumidor y en el segundo caso del contribuyente en general- sistema complejo que bien podría simplificarse con un impuesto sobre la renta”. Es decir que como piedra basal de la paz social, se propone un sistema de progresividad impositiva, algo que se sigue discutiendo hoy en día. A continuación sigue otro párrafo cuya lectura hace pensar que Rée ya vislumbraba lo que sería el sistema

1929 el mundo

El 24 de octubre comienza en Estados Unidos una debacle bursátil que arrastrará al mundo entero a la peor depresión económica del siglo XX. Millones de personas quedan sin empleo y la crisis se convierte en caldo de cultivo para el surgimiento de regímenes totalitarios, como el nazismo en Alemania o el fascismo en Italia.

privado de jubilaciones. “Los capitales enormes que el seguro reconcentra no deben permanecer en manos de empresas particulares. Su importancia económica es tan grande que sólo el Estado, o sea la sociedad misma, puede manejarlos sin convertirlos en un peligro social”. Tras este análisis, presenta la que es otra tesis de la Caja de Jubilaciones de Córdoba: “El seguro será integral, universal, obligatorio, oficial, centralizado, con participación popular en las administraciones locales, y el fondo será formado por contribuciones del capital y del trabajo”.

Análisis económicos que incluían el precio del kilo de sal. La Caja de Jubilaciones, además de sus tareas inmediatas, elaboró numerosos análisis que, a un siglo de distan-

cia, nos ofrecen un panorama de la realidad social y econ贸mica de la 茅poca. Este estudio, sobre los ingresos de los trabajadores estatales, es particularmente revelador.

Llegan las pensiones La década de 1930 marca la incorporación de las pensiones a la Caja, pero ese hecho se da en un contexto político nacional signado por la irrupción militar en la vida democrática argentina que va de la mano del ascenso, a lo largo y ancho del mundo, de totalitarismos del más diverso color. Los dos primeros textos tratan estos procesos: nos ubican dentro de la llamada Década Infame y nos cuentan cómo surgió la ley 3589. Además, en otros artículos veremos de qué manera la legislación jubilatoria sentó las bases de la estabilidad del empleado público; cómo la Caja invirtió en préstamos hipotecarios; el proceso por el cual se erigió el tradicional edificio de Colón y Rivera Indarte, y una curiosidad sobre las descendencias cruzadas del primer jubilado y la primera pensionada.

La marca imborrable de la Década Infame l perfil de los líderes mundiales dominantes en la década de 1930 era espectral: Joseph Stalin en la comunista Unión Soviética; Adolf Hitler en la Alemania que emergía de la derrota en la Primera Guerra; Benito Mussolini en la desordenada Italia y Francisco Franco en la desgarrada España de la Guerra Civil. La Década Infame, como se conoce en Argentina a los 10 años que transcurrieron hasta 1940 -los historiadores la prolongan hasta el golpe de 1943- bien pudo designar también al mundo de las persecuciones por razones políticas y raciales; al crac de 1929; a las alternativas autoritarias (y en muchos casos totalitarias) y al capitalismo en crisis que tuvieron un cruento desenlace en la Segunda Guerra Mundial. Ése fue el marco para un período inaugurado el 6 de septiembre de 1930 por el primer golpe de Estado en Argentina, contra el gobierno del radicalismo. Un radicalismo que era, a su vez, el primer partido político que había capitalizado las nuevas reglas establecidas por la Ley Sáenz Peña en 1912 que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio. El progreso político llevó al poder a Hipólito Yrigoyen como representante de una emergente clase media que había peleado por sus derechos hasta torcer el brazo de los sectores dominantes. Acompañaba, asimismo, una bonanza económica que prometía colocar al país, como granero del mundo, entre las primeras potencias del globo.

Las políticas nacionalistas y populares del primer caudillo radical, atenuadas pero no abandonadas durante el interregno de Marcelo T. de Alvear y resistidas por la desplazada oligarquía, agregaban al progreso político y económico, importantes avances sociales. Los efectos del crac de 1929 se hicieron sentir con dureza en nuestro país porque significaron el brusco despertar de un sueño de grandeza. La apertura política, el crecimiento económico, la distribución de la riqueza que colocaba a los trabajadores argentinos entre los mejores pagos del mundo con índices de desocupación muy bajos y la movilidad social ascendente, se vinieron abajo de un día para otro. Estos títulos, que la Argentina ostentaba con orgullo en el concierto latinoamericano, fueron reemplazados por la práctica sistemática del fraude electoral, la corrupción, el autoritarismo y la represión; y por una caída del empleo que llevó los índices de desocupación a cifras cercanas al 30 por ciento. De ahí la denominación de Década Infame, acuñada por el historiador José Luis Torres y adoptada en forma unánime por sus colegas, que la impusieron y popularizaron.

1930 el mundo

30 de julio: Uruguay vence a Argentina en la final de la Primera Copa Mundial de

Córdoba y una versión atenuada Nada muy distinto ocurría en Córdoba. Los efectos de la crisis se hacían sentir con la consiguiente convulsión social, moderada en parte por la administración de gobernadores como Pedro José Frías (1932-1936) y Amadeo Sabattini (19361940). Producido el movimiento del 6 de septiembre de 1930, el contralmirante Alfredo Malbrán fue designado presidente de la Caja de Jubilaciones por el interventor de la Provincia, Carlos Ibarguren. “Con satisfacción -dice Malbrán en la memoria de la Caja- declaro que nada anormal he encontrado en su administración, estando organizada en forma que hace honor a la Provincia”. No es la misma óptica que la de su jefe. En un discurso pronunciado en el Teatro Rivera Indarte, Ibarguren expresó: “El poder administrativo (del yrigoyenismo) ha sido corrompido con la repartija de empleos y las dádivas, fomentando la venalidad y el servilismo con tales mercedes concentradas en las manos omnipotentes del jefe del Estado”. En 1933, durante el gobierno de Pedro J. Frías, padre del constitucionalista homónimo fallecido en 2001, la Caja incorpora la figura de las pensiones entre sus beneficios,

Fútbol, por 4 a 2.

José Félix Uriburu. Presidente de facto entre 1930 y 1932.

Las ideas que marcaron la primera parte de la Década Infame (1930-1932) historia

“T

anto Uriburu como el sector

comunismo, al liberalismo y a la colectivi-

nacionalista que lo apoyaba no

dad judía, aunque en la práctica sólo llegó

sólo eran antiyrigoyenistas sino profunda-

a manifestarse hacia los primeros…”.

mente antidemocráticos. Desde una concepción antagónica al liberalismo, pretendían instaurar una sociedad jerárquica e imponer un gobierno de tipo corporativo orientado desde el Estado. Para ello, creían necesario reformar la Constitución Nacional, derogar la Ley Sáenz Peña e ins-

Lobato, Mirta Zaida y Juan Suriano: Atlas

tituir un sistema de voto calificado. Su dis-

Histórico de la Argentina, Sudamericana.

curso ponía énfasis en el combate al

Buenos Aires, 2004. Pág. 351

concretando un viejo proyecto. “Desde la promulgación de la presente ley, la actual Caja Provincial de Jubilaciones se transformará en Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones”, decía el artículo primero de la Ley 3589, sancionada a fines de diciembre de 1933. De particular interés en el debate parlamentario son las argumentaciones de Arturo Orgaz, senador por el Partido Socialista, advirtiendo sobre la necesidad de no caer en tentaciones demagógicas para asegurar la sustentabilidad de la Caja. Entre otras cosas, señalaba una situación verdaderamente insólita: “Las jubilaciones actualmente existentes -decía Orgaz- son 311 ordinarias y 260 extraordinarias. ¡Esto sí que es un hecho extraordinario!”.

1932 el mundo

La Biblia y el calefón Los acontecimientos, tanto nacionales como de nivel mundial, afectan en forma brutal la ilusión del destino de grandeza para Argentina que se había forjado a lo largo de muchos años, con bases ciertas, apoyadas en la realidad, pero también con una alta dosis de mitificación. Una de las producciones artísticas emblemáticas de ese impacto entre los sueños y la realidad, es el célebre tango Cambalache que Enrique Santos Discépolo compuso en 1934. En su letra puede verse llorar a la Biblia, símbolo sagrado, junto al calefón, invento cuya aplicación se expandía en la Argentina de las florecientes capas medias. Con el movimiento encabezado por el general José Félix Uriburu, comienza un período de creciente intervención del Estado en todos los órdenes y, en especial, en el económico. Pero además, coloca a las Fuerzas Armadas por primera vez en un nefasto camino de intervención en la vida política del país que tendría su expresión cumbre en la dictadura militar de 1976-1983. El autoritarismo es la tónica de la época en el mundo y hasta en Estados Unidos, después del crac de 1929, el presidente Franklin Roosevelt aplica un programa intervencionista que se haría famoso con el nombre de New Deal. Pero en el resto del mundo la cosa es peor, ya que la fuerte militarización de Alemania tiene su correlato con el fascismo de Benito Mussolini en Italia, la dictadura franquista en España y el estalinismo en la Unión Soviética. En ese marco de fuerte tono nacionalista, y de acuerdo con el historiador de las ideas Oscar Terán, nace en la Argentina una corriente de pensamiento que, en cierto modo, traslada al ámbito local las ideas dominantes de la época, con sus

El 9 de septiembre comienza la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia que dura hasta el 12 de junio de 1935. La lucha se da por el control del Chaco Boreal y se movilizan 250 mil soldados bolivianos y 150 mil paraguayos. En el enfrentamiento hubo una gran cantidad de bajas: 60 mil bolivianos y 30 mil paraguayos.

nociones de orden, autoridad y jerarquía y el rescate de la tradición hispano-católica. De esta época son el Leopoldo Lugones que exalta la hora de la espada y los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta que desarrollan desde el periódico La Nueva República un programa francamente antiliberal “contra el espíritu satánico de la civilización moderna”. “Los principios de libertad e igualdad sin restricciones -escribían- que son el fundamento de la democracia, hacen imposible toda organización, la cual no vive sino de diferencias y del sometimiento de unas partes a otras”. República y democracia, pues, no son sólo diferentes sino antagónicas. Nace una nueva república, necesariamente aristocrática. Por eso, los hermanos Irazusta son fervientes antiyrigoyenistas y respaldan en forma activa al golpe de 1930. Pero pronto se encuentran frente a un acto de gobierno que los coloca en una dura contradicción: el histórico pacto RocaRunciman (1933), que hace concesiones leoninas a Gran Bretaña con tal de conservar el volumen de las exportaciones agropecuarias, en particular la carne. La resuelven atribuyendo esa “defección coyuntural” a una falla estructural que constituye la base misma de la clase dominante nacional que la ha llevado desde la aristocracia a la oligarquía. O sea desde el gobierno de los mejores (aristocracia) al de un sector que identifica los intereses de la Nación con sus propios intereses particulares (oligarquía). Postulan que el pacto citado es el último eslabón de una cadena que se empezó a forjar con el empréstito contratado por Bernardino Rivadavia con la Baring Brothers en 1824.

1933 argentina

Una multitud acompaña los restos de Hipólito Yrigoyen, fallecido el 3 de junio a la una de la tarde, a su última morada en el cementerio de la Recoleta. El pueblo de Buenos Aires, que había saludado su derrocamiento,

Un fiscal para la República El diario La Vanguardia describía la fraudulenta elección de 1931 en la que el binomio Agustín P. Justo-Julio A. Roca (h) se imponía a Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto de la siguiente forma: “Libres de todo control, los presidentes (de mesa) cumplieron ‘lealmente’ las órdenes recibidas: suprimieron el cuarto oscuro; obligaron a declarar por quién votaba el elector; y cuando éste se negaba a complacerlos, le devolvían la libreta con la palabra ‘votó’, colocando ellos mismos en las urnas la boleta oficial”. De la Torre, el candidato perdedor, venía sosteniendo desde hace tiempo, en particular desde el gobierno de Yrigoyen, una cruzada contra la corrupción política y la siguió en la Década Infame desde su banca en el Senado nacional por el Partido Demócrata Progresista de Santa Fe. Era el fiscal de

demuestra ahora su dolor ante la desaparición del viejo líder radical. Su familia rechaza los honores oficiales correspondientes a un presidente de la República.

historia Comienza la industrialización por sustitución de importaciones (1935-1943)

“L

a clase obrera aumentó a la luz

medio de horas semanales del obrero

del desarrollo industrial que,

industrial se estabilizó en 45, hecho que

entre 1935 y 1943, había crecido el doble

generalizaba la jornada de ocho horas de

que en el período 1914-1935. Como con-

trabajo […] El estancamiento del salario

secuencia de las migraciones internas se

real, las deficientes condiciones de trabajo

argentinizó de tal manera que hacia 1947

y el problema habitacional contribuían a

sólo el 25 por ciento de los trabajadores

generar un clima de descontento social

industriales era extranjero. Las condicio-

potencialmente conflictivo. Éste se agra-

nes de vida de los obreros no se modifica-

vaba en coyunturas críticas como la leve

ron sustancialmente y una vez finalizados

recesión industrial durante 1937-1938 o

los efectos de la crisis, el nivel de desocu-

la Segunda Guerra Mundial…”.

pación alcanzó sus índices más bajos. Con respecto al costo de vida, se mantuvo estable hasta 1935 y a partir de allí creció

Lobato, Mirta Zaida y Juan Suriano: Atlas

más rápidamente que el salario nominal,

Histórico de la Argentina, Sudamericana.

afectando levemente el salario real. El pro-

Buenos Aires, 2004. Pág. 373.

la Patria y, en esa tesitura, denunció el Pacto Roca-Runciman “por escandaloso” y afirmó: “El ministro argentino, señor (Luis) Duhau, parece el ministro de alguno de los dominios británicos; el ministro de Agricultura sabe perfectamente que los frigoríficos constituyen un monopolio escandaloso; el ministro de Agricultura sabe que realizan ganancias ilícitas; el ministro de Agricultura sabe mejor que yo que se quedan con la mitad de los cambios”. El escándalo de las carnes tendría un desenlace trágico en 1935 cuando el senador demócrata-progresista Enzo Bordabehere fue asesinado a balazos en el recinto del Senado por un matón relacionado con el oficialismo que intentaba matar a De la Torre. Éste es un episodio de la historia argentina que Juan José Jusid llevó a la pantalla grande en 1984 con el título de “Asesinato en el Senado de la Nación”.

1934 el mundo

Sabattini en Córdoba Ese mismo año, Amadeo Sabattini, con la consigna de “defender el comicio”, logró frenar las maniobras fraudulentas para impedir su victoria y se consagró como gobernador de la Provincia para el período 1936-1940. Fue una resistencia signada por la violencia que se cobró la vida de Pedro Vivas, quien integraba una comitiva de control de las elecciones enviada al interior por Sabattini y que fue recibida a balazos por la Policía de Plaza de Mercedes (hoy Río Primero). Precisamente, Lisandro de la Torre es quien reconoce que “con la candidatura de Amadeo Sabattini se salva en Plaza de Mercedes el honor de la República”. Contra viento y marea, Sabattini terminaría su mandato de gobernador en 1940 y, cargado de prestigio político, se retiraría a Villa María para seguir ejerciendo su profesión de médico. Ya en los ’40, la democracia recobró su vigencia y el pueblo eligió a la fórmula Perón-Quijano para gobernar el país. Pero ésa ya es otra historia.

A la muerte del presidente Hindenburg, el 2 de agosto, Adolf Hitler (foto) se otorga a sí mismo el título de Führer y comienza a hegemonizar el poder en Alemania.

La Memoria de 1934 cuestiona aspectos de la 3589. Uno de los reclamos reiterados de la Caja se refiere a que se concedieron pensiones a beneficiarios que no hicieron aportes.

historia

Fábricas de armas y municiones en Villa María, San Francisco y Río Tercero (1930-1935)

“L

a Fábrica de Aviones [Iame]

como centro de las industrias mecánicas, al

sentó un precedente para el esta-

mismo tiempo que esperaban que sus fábri-

blecimiento de otras fábricas de armamen-

cas se beneficiaran como proveedoras y

tos y municiones en la provincia. En la

compradoras de otras plantas de la ciudad.

década de 1930 se construyeron otras

De este modo, la intervención estatal y el

plantas militares como la Fábrica Militar de

apoyo gubernamental acompañaron a la

Pólvora y Explosivos en Villa María, la

industrialización de Córdoba desde el prin-

Fábrica de Armas Portátiles de San

cipio…”.

Francisco y una de municiones para artillería en Río Tercero. Estas fábricas de armamentos y municiones sustentaron la expe-

Brennan, James y Mónica Gordillo: Córdoba rebelde. El

riencia técnica de la región y crearon en los

Cordobazo, el clasismo y la movilización Social. De la

militares el interés por sostener a Córdoba

Campana. La Plata, 2008. Pág.19.

El primer jubilado y la primera pensionada, unidos por cinco bisnietos Roque Carlos Funes es el primer jubilado provincial bajo la ley 2301 de 1913, y Zenaida Ordóñez de Reyna, la primera pensionada provincial por la ley 3589 de 1934, según las memorias de la Caja de los años 1914 y 1935, respectivamente. Dejando de lado los gruesos tomos de los balances e interiorizándonos en sus árboles genealógicos, descubrimos que tienen en común algo más que encabezar las listas a la hora de obtener beneficios por las dos primeras normas previsionales provinciales. De hecho, los unen cinco bisnietos. Pero no sólo los uniría un futuro por entonces distante, sino también un pasado patricio. Funes fue doblemente nieto de gobernadores de Córdoba, por rama paterna y materna. Había nacido en la capital de la provincia el 10 de noviembre de 1852 y al día siguiente fue bautizado en la Catedral. Sus padres eran Antolín Funes y Manuela Eduarda López. Su madre era hija de Manuel "Quebracho" López, gobernador provisional en 1835-36 y séptimo gobernador de la Provincia entre 1836 y 1840. A su vez, su padre, era hijo de José Roque Funes, cuarto gobernador de Córdoba en 1831. Roque, el primer jubilado, se casó el 30 de marzo de 1883 con Trinidad Matilde Moyano, con quien tuvo tres hijos: Roque, Matilde y Sara. Tras ejercer como vocal del Tribunal Superior de Justicia, donde cobraba mil pesos mensuales, con 40 años de servicio y 61 de edad, Roque Funes obtuvo la jubilación ordinaria con 950 pesos de haber. Zenaida, primera pensionada provincial, era viuda de Guillermo Reyna, jubilado número 60 del organismo previsional. Había nacido el 7 de abril de 1859 y fue bautizada el 14 de abril de ese año como hija de Cesáreo Ordóñez y Arias de Cabrera, senador por el departamento Río Seco, y de la riocuartense Teodosia Abaca Gómez. Se casó el 22 de mayo de 1880. Su esposo Guillermo había nacido el 21 de mayo de 1856 en San Juan. El matrimonio engendró a Stella, Arturo y Ricardo Reyna Ordóñez. Jubilado en 1914 como subsecretario en el Ministerio de Gobierno, murió el 24 de diciembre de 1929. Recién en 1934, con la incorporación del beneficio a la ley, Zenaida obtiene la pensión por viudez, la que percibió hasta el 11 de setiembre de 1938 cuando falleció.

Zenaida Ordóñez de Reyna, la primera pensionada cordobesa. Nacida en 1859, percibió el beneficio por ser viuda de Guillermo Reyna desde 1934 hasta 1938, año en que falleció.

Uno de los hijos de este matrimonio, Ricardo Reyna Ordóñez, se casó con Josefina Robin Carranza. De esta unión nació María de las Mercedes Reyna Robin, que contrajo nupcias con Luis Augusto Caeiro Funes, hijo de Luis Augusto Caeiro Camillion y Sara Funes Moyano. Esta última era, a su vez, hija de Roque Funes, el primer jubilado, y de Matilde Moyano. Es decir que hay bisnietos de Guillermo Reyna y Zenaida Ordóñez que son a su vez bisnietos de Roque Funes y Matilde Moyano. Bajo el apellido común de Caeiro Reyna, Luis Augusto, Verónica, María José, Ricardo y Fernando unen, en tercera generación, al primer jubilado y a la primera pensionada de la Caja.

Nueva ley y nuevo beneficio: las pensiones os años de la década de 1930 encuentran una Argentina sacudida por la crisis económica que había estallado un año antes en Estados Unidos y con la democracia cuesta abajo, en una rodada que no se detendría sino hasta medio siglo después. Los militares derrocaron por primera vez a un presidente elegido democráticamente. Lo hicieron con total impunidad. Tanta, que convertirse en un factor político se volvió tentación en la que cayeron una y otra vez durante la segunda mitad del siglo. A partir de 1930, el país fue otro. Otro peor. Sin embargo, al revisar la documentación generada por la Caja de Jubilaciones, sorprende el hecho de que la entidad no se viera mayormente afectada por la crisis política, económica e institucional que aquejaba al país. El 23 de septiembre de 1930 es designado al frente de la Caja el contraalmirante Alfredo Malbrán como resultado del golpe del 6 de septiembre que derrocó a Hipólito Yrigoyen. Dos cosas llaman la atención del lector actual. Que no critique a sus predecesores en el cargo ni caiga en la manida acusación de “la pesada herencia” y que el tono de sus críticas y reclamos contra la vigente ley 2301 sea idéntico al de los civiles que ocuparon antes el máximo cargo en la institución. Coincide con funcionarios radicales y demócratas que lo precedieron en que Córdoba necesita con urgencia una nueva ley de jubilaciones y la necesita ya. “Con satisfacción declaro que nada anormal he

encontrado en su administración, estando organizada (la Caja) en forma que hace honor a la Provincia”, afirma el marino en la Memoria de 1930. En cuanto a los reclamos de una actualización legislativa, Malbrán hace propios anteriores reclamos referidos a insuficiencia de aportes; pocos años de servicio y de aportes exigidos; la elevada proporción de jubilaciones extraordinarias respecto de las ordinarias y el exceso de liberalidad a la hora de conceder beneficios. Incluso, en un hecho que sorprende proviniendo de un funcionario de facto, retoma los planteos que denunciaban la inestabilidad del empleado público. Además insiste en la necesidad de crear un sistema de pensiones “el beneficio sagrado para los servidores del Estado ya que es segura e inalterable herencia de su familia”. Y, también al igual que los civiles que presidieron la Caja antes que él, el pedido de una nueva ley se hizo reclamo repetido año tras año. “Es necesario se recabe de la H. Legislatura la pronta sanción de una ley que sea garantía para empleados y jubilados y la caducidad de la vigente que es puro privilegio y desequilibrio”, afirma en la Memoria de 1932. Finalmente, en 1933 los recurrentes pedidos de la Caja y, especialmente, la certeza de que la ley 2301 se había quedado renga al legislar sólo sobre jubilaciones e ignorar las pensiones, impulsaron el debate de una nueva norma que mejorara y completara la anterior. De hecho, hacía ya 10 años que una reforma constitucional autorizaba a legislar sobre pensiones. Un debate arduo Los registros parlamentarios muestran que había consenso unánime sobre la necesidad de crear un régimen de pensiones. Por eso, el debate se centró en los aspectos técnicos de la nueva ley. Es decir, los mecanismos de financiamiento de la Caja, los tipos de jubilación, la edad y años de servicio requeridos, la creación de topes para los haberes y la forma en que se designaría a los beneficiarios de las pensiones. Los legisladores, especialmente del oficialista Partido Demócrata, insistieron con particular énfasis en destacar la profundidad de los análisis técnicos realizados y el gran peso que tuvieron las sugerencias y recomendaciones de la institución en el texto final. El senador Isidro Gigena (Tulumba), miembro informante por la mayoría, no duda

1935 argentina

Un accidente aéreo ocurrido el 24 de junio en Medellín, Colombia, se lleva a Carlos Gardel. El cortejo fúnebre que acompañó su sepelio en el Cementerio de la Chacarita fue multitudinario.

en afirmar que el proyecto abrevó en todas las fuentes: iniciativas de otros legisladores, la remitida por los empleados públicos y la elaborada por el ministro de Hacienda como expresión del pensamiento del Ejecutivo. Es así como Gigena, hablando en nombre del oficialismo, no duda en afirmar que el futuro de la Caja será sólido merced a sus nuevos mecanismos de financiamiento, sus más estrictos requisitos jubilatorios y las amplias posibilidades que tendrá de hacer rendir sus ingresos con inversiones tales como la concesión de préstamos hipotecarios. Sin embargo, ese destino soñado es cuestionado no sólo por legisladores de la oposición, sino también por medios de prensa como La Voz del Interior. En el debate, la oposición encontró su voz en el senador socialista Arturo Orgaz, quien entre otras críticas, cuestionó la creación de un sistema de jubilaciones voluntarias. “No acepto la jubilación voluntaria. La naturaleza misma de la jubilación, su sentido tradicional, de razón social, es incompatible con el principio de voluntariedad. El principio de la jubilación reposa en este hecho: el Estado acuerda una pensión vitalicia a un servidor, por razones de edad o de incapacidad cualquiera sea su edad. La jubilación voluntaria es un principio individualista burocrático que ha penetrado en la economía de las jubilaciones y cuya virtud es la de contemplar el caso de empleados que entran viejos a la administración y para los cuales el Estado debe acordar una pensión vitalicia”. También cuestionó que se mantuvieran en algunos casos edades jubilatorias bajas. “Me parece una irrisión que haya jubilados a los 45 años de edad, y me parece una herejía que haya lo que vemos en Córdoba: jubilados de la provincia por invalidez, con jubilación privilegiada y que se dedican a otras actividades como la docente, o salen a trabajar al campo en sus profesiones”. Además, criticó con dureza que se pagaran haberes jubilatorios muy altos en el caso de los magistrados. Concretamente denunció la existencia de 12 jubilaciones superiores a 900 pesos y que esos jubilados en un año retiraron casi todo lo que habían aportado. La nueva ley fue también severamente cuestionada por La Voz del Interior. En su edición del 14 de diciembre de 1933, critica la labor de los diputados a la hora de tratar el proyecto recibido del Senado. Bajo el título “El Debate de la Ley de Jubilaciones y Pensiones”, los acusa, sin eufemismos, de no haber hecho “ningún estudio serio de asun-

1935 argentina

El 23 de julio, en plena sesión del Senado, es asesinado Enzo Bordabehere, alcanzado por una bala destinada a Lisandro de la Torre, quien había denunciado negociados de la por entonces gobernante oligarquía agroexportadora con empresas británicas.

to tan delicado”. La nota, firmada bajo el seudónimo de Atalaya, recuerda que el proyecto original había sido elaborado con participación de la Caja de Jubilaciones que “estudió concienzudamente el asunto de las jubilaciones y pensiones. Hizo cálculos, compulsó estadísticas... recurriendo a los datos de la propia Caja realizando investigaciones allí mismo. Dicho proyecto fue elevado al gobierno por el ministro de Hacienda que presidió la comisión”. Sin embargo, lamenta Atalaya, “el Gobierno, en sucesivos acuerdos de ministros, transformó este proyecto, que fue el único científico y serio, remitiendo al Senado otro distinto, pero que respondía a la satisfacción de intereses particulares. Con este proyecto del Ejecutivo, y los demás que se habían presentado, se hizo una amalgama, respondiendo como digo a compromisos particulares y políticos… la ley que se va a sancionar es bastante mala y atrasada”. De acuerdo con la versión del diario, “el régimen de pensiones respondía a un concepto moderno, justo y humanitario. Tenían derecho a pensión las personas cuya subsistencia con una antigüedad de dos años, haya estado a cargo directamente de todo jubilado, o de todo obrero, empleado o funcionario acogido a esta ley, con derecho a jubilarse y que falleciere... ya fuere sirviente, criado, esposa, hermano o lo que fuere... El acuerdo de gobierno modificó radicalmente esta concepción tan humana prefiriendo hundirse en los manidos conceptos de la organización familiar del Código Civil eliminando así del beneficio a una porción de gente que es, sin embargo, quien tiene más derecho muchísimas veces que un familiar ligado por parentesco al causante y que explota su muerte”. Es decir que el proyecto original elaborado por la Caja de Jubilaciones, se anticipaba décadas a su tiempo al instaurar como beneficiarios de las pensiones a personas no vinculadas legalmente al causante sino, por ejemplo, a la mujer conviviente, un reconocimiento que debió esperar hasta 1975 para hacerse ley. No sorprende que en la Córdoba conservadora y clerical de los años ’30, esa revolucionaria iniciativa terminara cajoneada por casi medio siglo. Además, no faltan críticas a la hora de analizar los mecanismos de procurarle recursos a la Caja. “El proyecto de la comisión de referencia, financiaba perfectamente a la Caja de Jubilaciones, y todavía le aseguraba un superávit. Obtenía esta financiación sin aplicar porcentajes de reducción a los sueldos de los empleados

1936 argentina

Carlos Saavedra Lamas, ministro de Relaciones Exteriores, es distinguido con el Premio Nobel de la Paz por sus gestiones para poner fin a la Guerra del Chaco. Es la primera vez que un argentino recibe este galardón.

Los créditos de la Caja eran para empleados y jubilados . Barrio General Paz, San Vicente, Nueva Córdoba y hasta lo que hoy es Villa Belgrano tienen aún esas viviendas.

Préstamos hipotecarios La innovación central de la ley 3589, aprobada en 1933, era la incorporación de las pensiones, pero el texto también materializa otros viejos reclamos como la posibilidad de invertir los fondos de la Caja en préstamos hipotecarios (artículo 9, inciso c). Sin embargo, recién tres años después, según consta en la Memoria del ejercicio 1936, se reglamenta su otorgamiento. Una de las exigencias establecidas era que los créditos no podían superar los 15 mil pesos y debían ser destinados a la adquisición o construcción de casas. Sus beneficiarios eran los empleados de la Provincia con 10 años de servicios como mínimo y los jubilados. La reglamentación precisaba que los préstamos se acordaban con garantía de primera hipoteca, y garantía del sueldo o jubilación a la vez que la casa construida o adquirida con el préstamo debía ser habitada por el adjudicatario. Estas viviendas estaban exceptuadas del pago de impuestos provinciales. La Caja, por su parte, quedaba autorizada para adquirir en subasta pública los inmuebles en que fuera acreedora hipotecaria y hasta por el monto de su crédito”. Al finalizar 1938, existían 269 solicitudes presentadas. Durante ese ejercicio se acordaron 27 préstamos por un total de 235.756 pesos. De esos, seis correspondían a jubilados y el resto a personal de la administración provincial. Las dos primeras operaciones de préstamos para la adquisición de terreno y edificación de vivienda propia se autorizaron en sesiones del 23 y 28 de marzo de 1938 a favor de Miguel Antonio López, auxiliar del Banco Provincia de Córdoba, a quien se le facilitaron 7.660 pesos y a Carlos E. Cabrera, jefe de Mesa de Entrada y del Archivo de la Caja de Jubilaciones, que recibió 9.943 pesos. Fue precisamente Cabrera el primero que se hizo de una casa financiada por la entidad. Este año la Municipalidad de Córdoba, a través de su Concejo Deliberante, respondió en forma positiva a un pedido de la Caja para que se eximiera de impuestos a los titulares de los préstamos otorgados por la institución. Dos años más tarde, en 1940, se detalla que la entidad entregó préstamos por 971.232 pesos. De esa suma, 50 por ciento correspondía al personal docente, pues de los 120 préstamos otorgados, 64 eran para docentes del Consejo de Educación, Escuelas Alberdi, Olmos, Superior de Comercio, Profesional y Academia de Bellas Artes. Durante el siguiente año se construyeron viviendas en localidades del interior como Alta Gracia, Villa María y otras en el departamento Punilla. En 1942 se concedió solamente un crédito a Juan Enrique Binda, por entonces subgerente de la Caja de Jubilaciones que llegaría a ser presidente interino de la institución. Después de acordar 150 créditos por un total de 1.200.061 pesos, el 15 de julio de 1943 el directorio “suspendió la tramitación de los expedientes de préstamos hipotecarios por considerar prudente, dado la inestabilidad, no realizar tales operaciones”. En junio de 1944, se reanudaron pero de forma limitada.

como los proyectos actuales”. Y agrega: “El proyecto que considera diputados no alcanza al porcentaje establecido en los cálculos actuariales para el equilibrio financiero de la Caja, que tengo entendido que es del 13 (se refiere al porcentaje sobre los salarios. N. del E.), lo que se llama valor actual de la jubilación. En el proyecto de aquella comisión se cubría perfectamente”. El remate de la nota es lapidario: “En suma, que un proyecto serio, estudiado, controlado sobre los cuadros de personal de la administración, equilibrado con conceptos modernos, justos y humanitarios, fue destrozado en los acuerdos de ministros por el Gobierno y modificado por compromisos y el juego de los intereses”. Nace la 3589 Así es como ve la luz la ley 3589 que transforma a la institución en “Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones”, es decir que 20 años después de la primera ley jubilatoria y a 10 años de que la Constitución cordobesa lo permitiera, el Poder Ejecutivo y los legisladores crean un régimen de pensiones para los derechohabientes de la administración pública. La ley concede este beneficio no sólo a los familiares de quienes se jubilarán bajo el nuevo régimen, sino también de los que lo hicieron merced a la 2301, para lo cual se les exige una aportación adicional. En cuanto a la designación de los beneficiarios y a los montos que les correspondían, la ley, como ya se dijo, no se mete en camisa de once varas y se limita a adoptar los criterios generales con que el Código Civil asigna y reparte las herencias. Respecto del monto de la pensión, determina que durante los primeros seis meses a contar desde el fallecimiento será igual al de la jubilación que el causante gozaba o le hubiera correspondido y que, vencido ese plazo, se reduciría a la mitad. Fija la pensión mínima en 60 pesos. Pero sus innovaciones no se limitaron a crear ese nuevo régimen. También establece mayores fuentes de financiación que su antecesora, la 2301. Entre los principales mecanismos con que la institución cuenta para sostenerse, se destaca el hecho de que obliga a la Provincia, en su carácter de patrón, a aportar el tres por ciento sobre el total de salarios abonados cuando en la anterior ley se establecía una suma fija de cinco mil pesos mensuales que apenas alcanzaba para cubrir los gastos de funcionamiento

1936 argentina

Con motivo del cuarto centenario de la ciudad de Buenos Aires, se construye el Obelisco, entre las calles Corrientes y 9 de Julio. Aunque al principio se pensó en demolerlo a raíz de distintas controversias, con el tiempo fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Una curva ascendente. El gr谩fico muestra el incremento de empleados de la administraci贸n provincial. De seis mil en 1919, se aproximan a los 20 mil en 1948.

de la Caja. El aporte del cinco por ciento de los trabajadores se eleva en forma escalonada de acuerdo con el nivel salarial ya que parte de un mínimo de seis por ciento y llega al 10. El empleado ingresante, antes obligado a aportar una quincena de sueldo, ahora debe contribuir con un mes y cuarto, además de la diferencia en un salario cuando el agente era promovido. Otras diferencias significativas con respecto a la anterior ley se encuentran en el establecimiento de montos jubilatorios mínimos y máximos (90 y 1.000 pesos, respectivamente) y en el destino de los recursos propios, que pueden ser utilizados en parte para conceder préstamos hipotecarios. En cuanto a las jubilaciones, establece dos tipos: la obligatoria, para todo empleado con 60 años de edad y 20 de servicio y la voluntaria, para aquel agente con 50 años de edad y un mínimo de 15 años de servicio. En el caso de los docentes primarios fija la edad en 45 años y exige sólo 15 años de servicio. De esta manera, los mayores recursos que esta nueva ley le asigna a la Caja se diluyen a través de conceder beneficios con menos años de aporte que la norma anterior. Según la 2301, los docentes se jubilaban también con 45 de edad, pero les exigían 25 años de servicio en lugar de los 15 de la ley 3589. De similar manera, antes se requerían 50 años de edad para la jubilación ordinaria y si bien ahora se eleva a 60 años, la antigüedad necesaria cae de 30 a 20 años, lo que implica un tercio menos en los años de aportes. También están las jubilaciones por invalidez, exigiendo 15 años de aportes, salvo que tal incapacidad fuera resultado de un acto de servicio. Además, autoriza a la Caja a invertir parte de sus recursos en préstamos hipotecarios. Pero las novedades no se agotan en la creación del régimen de pensiones o la expresa asignación de fondos con destino a financiar la construcción de viviendas sino que alcanzan a la conducción misma de la Caja de Jubilaciones. La nueva ley crea un Directorio de cinco miembros en el que tendrán cabida dos vocales elegidos por los propios jubilados. Lo que pedía la Caja Recordemos que los legisladores del oficialismo aseguraban durante el debate parlamentario haber atendido las

1937 el mundo

El 6 de mayo, en Nueva Jersey, Estados Unidos, se incendia el dirigible Hindenburg mientras realizaba maniobras de arribo. Esto marcaría el fin de los zeppelines como medio de transporte.

inquietudes y reclamos de la Caja de Jubilaciones para evitar así caer en errores similares a los que tuvo la 2301. Recordemos también que, al parecer, esto en realidad no ocurrió. Por un lado, como ya se vio, informaciones periodísticas de la época dan cuenta de que el proyecto original fue alterado por presiones e intereses sectoriales. Por el otro, la propia Caja documentó su propuesta original y la contrastó con la que los legisladores votaron. Las diferencias entre lo que pedía y lo que obtuvo son muchas y muy significativas. Las discrepancias fueron desde los porcentajes de aportes hasta los años de servicios requeridos y los montos máximos de las jubilaciones, pasando por una suerte de condonación de deuda que el Gobierno provincial se autoconcedió. En cuanto a los aportes de la Provincia como empleadora, se aprobó un tres por ciento cuando la Caja consideraba como mínimo indispensable que llegara al 3,5 por ciento. “Los recursos no son suficientes y se inicia con déficit”, advertía la Caja de Jubilaciones a meses de sancionada la nueva ley. También hay claras diferencias entre la redacción final de la ley y el proyecto original a la hora de establecer el mínimo de antigüedad para acogerse a la jubilación voluntaria. Los legisladores establecieron 50 años de edad y 15 de servicio. La entidad proponía un mínimo de 20 años de servicio para evitar una acumulación de beneficiarios que afectaría las finanzas de la institución. “En la forma que lo dispone la sanción del Senado, en breve plazo (4 años) se habrá duplicado el número de jubilados y el monto a pagar”, dice la Caja. Y agrega a estas consideraciones contables, objeciones morales: “Conceder jubilaciones con sólo 15 años de servicio y 50 de edad importa una carga para la institución y la pérdida de un elemento aún útil para la Administración que va a dedicarse a otras actividades en perjuicio de aquellos que tienen estos medios de vida como único recurso”. Otro punto polémico fue el del monto de las jubilaciones máximas. El oficialismo logró imponer una jubilación máxima de mil pesos. Si se tiene en cuenta que los beneficiados por estos montos jubilatorios eran exclusivamente funcionarios del Poder Judicial, en el debate intervienen no sólo argumentos económicos, sino también visiones sectoriales. Para la Caja de Jubilaciones, el monto máximo debía fijarse en 850 pesos: “Ese sueldo debe permitir una vida relativamente decente, en relación a su proceso

1937 el mundo

Se proyecta el primer largometraje de Walt Disney que se convertiría en un clásico de la cinematografía universal: Blancanieves y los siete enanitos.

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Las recomendaciones de la Caja. El debate de la ley 3589 cont贸 con extensos informes elaborados por la Caja de Jubilaciones en los que se aportaban argumentos t茅cnicos y eco-

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nómicos a los legisladores. Por ejemplo, al proponer un monto jubilatorio máximo incluía un análisis sobre los gastos de una familia de 8 a 10 integrantes.

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social, pero no el lujo o gastos superfluos”. La entidad fundamenta esa cifra con un cálculo que demuestra que con 850 pesos se asegura el bienestar de una familia de ocho a 10 integrantes que cuenta además con tres personas de servicio. En el texto de la nueva ley, se establece que el Gobierno provincial cubrirá el déficit de la institución “con exclusión de lo que pudiera corresponder al 31 de diciembre del año actual”. La Caja cuestionó ese texto al considerar que dicha exclusión “es injustificada, si se tiene en cuenta que el Estado es el causante de dicho déficit” por no haber realizado en años anteriores los aportes que por ley le correspondían. A pesar de las críticas de la prensa y los cuestionamientos de la oposición, se impone el proyecto que desoye los reclamos de la institución al ser aprobado con premura el 31 de diciembre de 1933. Es decir que los legisladores prácticamente alzaron una mano para votar mientras que con la otra sostenían la copa para brindar por el año que llegaba. Incluso en esas postreras sesiones, se votaron, además de la ley de jubilaciones, proyectos de lo más variados y diversos que iban desde una nueva ley de sellos hasta la concesión del lago San Roque al Club Náutico de Córdoba. Esa mezcla legislativa despertó ironías de la prensa, esta vez del diario Los Principios que, el 30 de diciembre, se burlaba: “Los diputados quieren demostrar su espíritu de labor llevándolo al heroísmo, con un anhelo de sacrificio conmovedor; se reúnen en la noche de un día y continúan hasta el siguiente sin intervalos y pasan por el tapete de sus deliberaciones como en un fantástico film, los asuntos más varios y complejos y nada turba sus afanes ni hace vacilar su presunta capacidad legislativa”. La ley comienza a andar Analizar una ley sólo por su letra se parece a evaluar un par de zapatos por cómo se ven en la vidriera. Podrán gustar o no, pero para saber si sirven hay que comenzar a usarlos. Y en ese sentido, la 3589 le provocó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones más de una ampolla. Para entender las virtudes y defectos de la nueva norma, veamos cómo la juzgaba en su Memoria de 1937. La ley establece que a fin de cada año se haría un balance y si había déficit sería cubierto con bonos del Estado con un cinco por ciento de interés. Pero en 1937, por ejemplo, sólo había recibido los bonos del ’34 sin los intereses y

1938 el mundo

20 de junio: En Estados Unidos se publica el primer número de la revista Action Comics que contiene la primera aparición de Superman, personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, pionero del género de los superhéroes.

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nada del 35, 36 y 37. El déficit pasaba del millón de pesos (1.249.125). “Estos déficits que son evidentemente una pesada carga para el Estado tienen su origen en la deficiente financiación determinada por la ley. Está comprobado que para que una Caja de Jubilaciones y Pensiones tenga una vida financiera equilibrada permanente debe recibir como ingresos un porcentaje del 13 al 14 por ciento de los sueldos de todos sus afiliados calculando que las pensiones se otorguen con 30 años de servicio y 55 de edad por lo menos y las pensiones a los derechohabientes que hayan prestado no menos de 20 años de servicios”, señalaba en un tono que recuerda mucho el que usaba para desnudar las falencias de la primera ley jubilatoria, la 2301. “Por nuestra ley, entre el empleado que conforme a la escala establecida aporta un promedio aproximado de 6,5 por ciento y el Estado o patrón que lo hace con el tres por ciento, sólo contribuyen con dos terceras partes de lo indispensable y esa falta de la tercera parte de los ingresos que con sus intereses formaría una apreciable cifra se aumenta en los quebrantos o déficits con las facilidades otorgadas para las jubilaciones voluntarias y por invalidez y para las pensiones con sólo 15 años de servicio”, agrega el análisis. “El aporte patronal es por nuestra ley muy bajo si se compara con el que reciben otras instituciones similares”. Y cita los ejemplos de otras Cajas como las de bancarios y ferroviarios en que los aportes patronales eran del ocho por ciento y el de los trabajadores llegaba al 10 por ciento en el caso de las jubilaciones extraordinarias. “Entendemos que la única manera de evitar los déficits sería el aumento al siete por ciento del aporte patronal, que éste se haga mensualmente para poder disfrutar del interés de las sumas que excedieran las necesidades normales y que se exigiera un mínimo de 20 años de servicio para las jubilaciones voluntarias y la pensión”, añade la Caja. Más adelante cita casos de ambigüedades de la ley, lo que se presta a interpretaciones abusivas para con la Caja. En tal sentido, recuerda que la ley establece que “se otorgará jubilación por invalidez a todo empleado, obrero o funcionario del Estado que se incapacite física o intelectualmente con carácter permanente, etcétera. La interpretación que se le ha dado ha sido amplia bastando que la incapacidad comprobada lo sea para el desempeño del cargo que el interesado ocupaba, aunque éste no haya teni-

1938 argentina

Por ley del 9 de junio se declaró “Día de la Bandera” al 20 de junio en homenaje al aniversario de la muerte de su creador, el General Manuel Belgrano. El 16 de agosto se estableció al 17 de agosto como feriado nacional, en recordación de la muerte del Libertador de América, General José de San Martín.

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El “Tanito” que transformó Córdoba Amadeo Sabattini fue una figura destacada de la historia de Córdoba, a la que gobernó en un período particularmente difícil, en plena Década Infame (1936-1940). Previamente, entre 1928 y 1930, había sido ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública de la administración de Enrique Martínez. Había nacido en Buenos Aires el 29 de mayo de 1882. Hijo de un inmigrante italiano, lo que le valió el apodo de “Tanito”, Sabattini vivió una época contradictoria de la que fue fiel exponente desde una proverbial honestidad y transparencia, una profunda convicción democrática y un fuerte compromiso con los sectores más necesitados. “He sido y sigo siendo yrigoyenista no en el sentido de la sumisión incondicional a la voluntad de un hombre, sino porque he interpretado a Yrigoyen como a un pensamiento en marcha, en pro de la redención de las clases trabajadoras y necesitadas, y de lucha eterna contra el privilegio”, dijo en 1935, en un discurso previo a ser consagrado candidato a gobernador. Ganó las elecciones por escaso margen en un proceso confuso en el que convocó a “defender el comicio” de la amenaza del fraude patriótico. En esa misión, dos de sus correligionarios -Pedro Vivas y Agobar Anglada- perdieron la vida en un tiroteo con la Policía en Plaza de Mercedes (Río Primero). La gestión Sabattini impulsó una política industrialista que produjo una profunda transformación del perfil productivo de Córdoba. En su libro sobre el Cordobazo, James Brenan y Mónica Gordillo apuntan: “...Entre las medidas adoptadas durante los años de su gobernación se encontraba una serie de proyectos de obras públicas tales como la construcción de caminos, el desarrollo hidroeléctrico y la industrialización liviana, que destacaron a Córdoba dentro del interior del país”. En relación con la Caja de Jubilaciones, durante su gobierno se adquirió el inmueble de avenida Colón y Rivera Indarte, en el que se construiría luego la sede de la institución. En las memorias de 1937 se informa: “Otra operación importante ha realizado esta institución. Se trata de la adquisición, en subasta pública, y por intermedio del Banco de Córdoba, de un inmueble ubicado en la parte céntrica de la ciudad con destino a la construcción de un edificio para sede de la

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Amadeo Sabattini misma, que llene las necesidades del presente y para el futuro, dedicando a renta hasta tanto no fuere indispensable para la Caja, lo que excediera de sus necesidades. Nos proponemos iniciar en breve la obra que a la vez que llenará una necesidad comprobada, contribuirá, junto con las construcciones por préstamos hipotecarios aludidos, a realizar el loable propósito expresado por el Superior Gobierno de ofrecer trabajo a muchos obreros que lo reclaman como medio de subsistencia”. Concluido su período como gobernador, Sabattini se retiró a Villa María donde ejerció su profesión de médico. Según el historiador Roberth Potash, recibió numerosos ofrecimientos para participar en el movimiento que gobernó al país tras el derrocamiento de Ramón Castillo y del que surgiría el peronismo. Tanto Juan Domingo Perón como la coalición opositora encabezada por Tamburini, le ofrecieron la candidatura a vicepresidente para las elecciones de 1945. A unos les contestó: “Estamos contra el 6 de septiembre de 1930, pero también contra el 4 de junio de 1943, y contra cualquier intervención militar”. Y a los otros: “¡Sí que estamos bien! Caminamos codo a codo con los que nos explotaron tantos años, nos metieron en la cárcel y nos balearon en Plaza Mercedes. ¡Y por si fuera poco nuestro socio es Braden, el embajador norteamericano!”.

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do tal cargo como profesión habitual y permanente y que su impedimento no lo sea para otros trabajos propios a su condición. Leyes más claras de otras Cajas, dejando menos motivos de interpretación diversa, consignan en estos casos que la incapacidad a los efectos de la jubilación debe serlo no solamente para el desempeño del empleo sino también de cualquier otro compatible con su actividad habitual o su preparación comprobada”. Pero la cereza en este postre de críticas y cuestionamientos surge del análisis que la Caja hace sobre la manera en que nuevos beneficiarios quedaron automáticamente en deuda con la entidad y de los increíbles plazos en que la saldarán. “La liberalidad de la ley se pone también en evidencia en el artículo 42 de la misma al disponer que los servicios anteriores a la vigencia de la ley 2301, los de los funcionarios judiciales que estando acogidos no hubieran hecho aportes y, cuando se consideran servicios como legisladores y miembros del PE que la citada ley 2301 excluía, se computen sin aportes previos por tales servicios. Se hace cargo al jubilado o pensionado por el aporte de los descuentos que hubieran correspondido al causante de dicha jubilación o pensión con el interés del 6 por ciento capitalizado anualmente... Pero el total resultante en cada caso no se hace efectivo de inmediato sino en bajísimas cuotas mensuales que varían según el monto de la jubilación o pensión y se descuentan de éstas sin cargo de intereses para el futuro. En un alto porcentaje de estos cargos ellos resultan ilusorios y prácticamente incobrables. Baste decir como verdad de esta afirmación que muchos beneficiarios en estas condiciones necesitarían varias generaciones de vida para alcanzar a abonar el total de su deuda”. Y la Caja no exagera. Si se toma por ejemplo el caso de la primera pensionada de la Caja de Jubilaciones, Zenaida Ordóñez de Reyna, por entonces de 79 años, se ve que por insuficiencia de aportes le debía a la Caja poco más de 40 mil pesos. Y que de acuerdo con lo establecido por la 3589, terminaría de saldar esa deuda en el... 2250. Sí, dos, dos, cinco, cero. Dos mil doscientos cincuenta. Es decir 316 años después. Y 300 años son muchos para un país que por entonces apenas había cumplido 124. Y mucho más para una mujer de 79.

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El papel de la Caja en la estabilidad del empleado público a estabilidad de que hoy gozan los empleados públicos, está estrechamente vinculada a la historia de la Caja de Jubilaciones. De hecho, la institución desempeñó un papel determinante en la redacción y sanción de las primeras leyes en defensa de los empleados públicos provinciales. Esto se debe a que, en sus primeros años, la entidad no se limitó a administrar los fondos que se le encomendaban y a abonar beneficios, sino que además asumió la tarea de alertar, incluso con un marcado tono de denuncia, sobre distintas situaciones que afectaban en forma directa a los trabajadores provinciales. Es así como a lo largo de diferentes memorias se encuentran claras advertencias sobre problemas que van desde lo exiguo de los salarios hasta la ausencia de una entidad gremial que ampare a estos trabajadores, con especial énfasis en la absoluta ausencia de cualquier principio de estabilidad laboral. Algunas de estas advertencias van incluso contra los intereses inmediatos de la Caja, lo que habla de una visión amplia que supera por mucho la búsqueda de pequeñas ventajas a corto plazo. Es que en las primeras décadas del siglo XX la movilidad de los empleados públicos, es decir, la renovación de sus planteles, alcanzaba niveles difíciles de entender a un siglo de distancia. Por ejemplo, en 1918 se renovó el 41 por ciento de los 5.880 empleados que por entonces integraban la planta. Ese recambio salta hasta el 63 por ciento cuando se analiza el escalón salarial más bajo, el de los 705 empleados que recibían hasta 50 pesos mensuales. Una idea aproximada de lo que por entonces representaban 50 pesos mensuales,

1939 el mundo

2 de agosto: Albert Einstein advierte al presidente Franklin Roosevelt sobre el peligro de que Alemania se adelante en la construcción de la bomba atómica. Nace el proyecto Manhattan dirigido por el físico Julius Robert Oppenheimer.

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la da saber que un kilo de carne rondaba los 50 centavos y el pan estaba en 19 centavos, mientras que un alquiler promedio costaba unos 120 pesos al mes. Esta inestabilidad favorecía las finanzas de la Caja, ya que cada empleado ingresante sufría el descuento de la mitad del primer sueldo. Sin embargo, es la propia entidad la que denuncia lo irracional de esta situación y el perjuicio que entraña tal inestabilidad para la administración pública. “La movilidad de 41 por ciento anual comparada con la de otros países donde cuatro o cinco por ciento es la norma, pone en evidencia la triste situación de los empleados públicos que seguramente ha de reflejarse en su labor administrativa... Conviene llamar la atención de los poderes públicos hacia este estado de cosas que, si bien da estabilidad a nuestra institución, constituye evidentemente un grave peligro para la buena marcha de la administración pública”, advierte el organismo previsional. La Caja sale en defensa de los empleados públicos que podían ser despedidos sin necesidad de invocar causa, es decir que estaban librados a los caprichos no sólo de sus superiores sino también de los vaivenes políticos: “Es fuera de duda que en estas condiciones la ley de jubilaciones prematura y hasta injusta puesto que el empleado en virtud de ella va adquiriendo una fracción de derecho por cada año de servicios prestados, derechos que con una simple plumada y sin trámites de ninguna clase puede serle quitado”. A pesar de ser un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, es decir del empleador, no duda en destacar la necesidad de promover leyes que brinden certidumbre al trabajador del Estado. “Antes de dictarse la mencionada ley debería haberse legislado sobre la carrera de empleado público estableciendo las condiciones para ingresar y salir de la administración, el escalafón, los ascensos, los sueldos, etcétera y como complemento o parte de dicha legislación habría encuadrado debidamente la Caja de Jubilaciones. Se ha comenzado por el final, se ha creado un organismo para un gremio que no existe pues con una movilidad de 41 por ciento por año creemos que no puede llamarse carrera el desempeño de un puesto público”, destaca. Esta situación de inestabilidad, señalada en 1918, se agravó en años siguientes. Por ejemplo, en 1919, la movilidad (es decir el recambio de empleos) llegó al 71 por ciento

1939 el mundo

1 de septiembre: Las tropas alemanas invaden Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Apenas dos días después, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a la Alemania nazi. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, manifiesta su neutralidad.

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y en el caso de los trabajadores de menores ingresos, que cobraban hasta 50 pesos mensuales, alcanzó el 108 por ciento, es decir que reemplazaron a todos y de los nuevos volvieron a cambiar a ocho de cada 100. ¿Qué pasó? Si bien la Caja no se detiene a analizar las causas de este fenómeno “por ser demasiado complejas”, no sería mera coincidencia que en 1919 haya habido en Córdoba un cambio de gobierno, cuando el conservador Rafael Núñez venció en las elecciones al radicalismo que gobernaba desde 1916. Estos señalamientos fueron oídos, al punto que el 20 de diciembre de 1921 el por entonces gobernador Jerónimo del Barco “atento a lo manifestado por la Caja de Jubilaciones” dicta el decreto 5361 de sólo dos artículos que establece: “Hágase saber a los jefes de las reparticiones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, con facultades para remover personal subalterno, que tales remociones sólo podrán hacerlas en lo sucesivo con la expresa constancia de la causa que las motiva”. Este decreto fue más bien intencionado que efectivo. Las oleadas de personal entrante y saliente continuaron a lo largo de toda la década de la mano de los cambios políticos. El pico de recambio de personal registrado en 1918, que alcanzó al 71 por ciento, fue superado en 1928, cuando trepó al 78 por ciento. Ese año, el radical Enrique Martínez ganó la gobernación desplazando a los conservadores que habían estado gobernando la provincia encabezados por Ramón J. Cárcano. Sí, el mismo Cárcano que 15 años antes había impulsado la creación de la Caja de Jubilaciones. Es decir que los cambios de gobierno continuaban sacudiendo la administración pública con fuerza de terremoto. En tal sentido, es revelador el hecho de que en 1929 el recambio cayó al 30 por ciento mientras que el año siguiente, el del golpe militar que derrocó al radical Hipólito Yrigoyen inaugurando la Década Infame, la renovación de personal volvió a saltar al 73 por ciento. La Memoria de 1930 acusa de todo a gobiernos radicales cuando dice: “La inestabilidad del empleado público, implantada desde 1916 por haber pasado a ser el puesto de una prebenda de políticos para el proselitismo partidario, haciendo de la jubilación que debe acordarse a los 25 ó 30 años de servicio, un beneficio sólo en la letra de la ley, pues un promedio reducido de empleados, el 15 por ciento, en su mayor parte docente, de Justicia o bancos, ha continuado sin interrupción sus servicios desde 1916”.

1940 el mundo

Perdida Finlandia en manos de la URSS, atacadas Noruega y Dinamarca por Alemania, la Segunda Guerra Mundial avanza devorando inocentes. El 10 de junio Italia declara la guerra a Francia y al Reino Unido. Luego Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica lo hacen con Italia. Mientras tanto, avanza Alemania sobre Europa.

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Puede afirmarse, apoyándose en registros de la época, que el principio de estabilidad del empleado púbico se gestó junto con la ley que el 31 de diciembre de 1933 creó en Córdoba el régimen de pensiones: la 3589. Esta ley, entre sus disposiciones generales, establece un mecanismo mucho más estricto a la hora de sancionar o separar a trabajadores provinciales. “Los funcionarios, empleados y obreros sometidos al régimen de la presente ley, no podrán ser separados, suspendidos, o sometidos a penas disciplinarias, sin que medie sumario instruido con conocimiento, intervención y defensa del empleado o funcionario contra quien se dirijan las actuaciones. La resolución definitiva que se dicte dará lugar a la acción contencioso administrativa”, establece el artículo 54 de la ley. Y esta ley cumplió su objetivo, al menos en parte. En 1934 y 1935, el recambio de trabajadores cayó al 14 y 24 por ciento, respectivamente. Se registra un nuevo pico en 1936, que coincide con la llegada al poder en Córdoba de Amadeo Sabattini, pero de inmediato vuelve a caer en los años siguientes. Entre 1937 y 1947, salvo en 1946 cuando llega al 27 por ciento, nunca supera el 20 por ciento. Tal como sostenía la Caja en 1919, el sistema de jubilaciones y pensiones que creaba un beneficio a futuro para los estatales, perdía todo sentido si esos mismos trabajadores carecían de mínimas garantías de permanencia.

1941 el mundo

En diciembre el emperador Hirohito, de Japón, aprueba el comienzo de la guerra contra Estados Unidos y los países de la Commonwealth. Esto desataría el ataque contra Pearl Harbor: los japoneses realizan un bombardeo sorpresivo sobre la base naval estadounidense.

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La eterna lucha contra el d茅ficit. La Memoria de 1937 analiza la ley que entr贸 en vigencia en 1934 y advierte que el aporte a la Caja no garantiza la sustentabilidad del sistema.

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El edificio emblemĂĄtico de la Caja de Jubilaciones. Tras comenzar compartiendo lugar con una escuela, la Caja levanta un edificio propio para cubrir sus necesidades especĂficas.

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Colón y Rivera Indarte, un punto de referencia para los cordobeses a Caja de Jubilaciones y Retiros de la Provincia de Córdoba en sus comienzos funcionó en el local de la Escuela de Comercio, siendo empleados y colaboradores sus propios alumnos, desde 1914 a 1919”, rescata el libro Escuela Jerónimo Luis de Cabrera: Cien años sembrando sueños 1907 - 2007. El establecimiento, que después pasaría a llamarse Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera, acababa de estrenar edificio en calle Santa Rosa al 600, donde se encuentra en la actualidad. En 1920, previa autorización del Ejecutivo, la junta administradora del organismo previsional compró un terreno para tener su sede propia. Por licitación se adquirió a María Inés Crespo por 31.500 pesos, el predio ubicado en 27 de Abril 151 y 155, que constaba de 15 metros de frente por 28 de fondo. María Inés (nacida el 14 de setiembre de 1876) lo había heredado de su tío Aurelio (agrimensor, nacido en 1838), dueño de una estancia en Cruz del Eje. La mujer era hermana de José María Crespo, presidente de la Caja desde el 21 de marzo de 1945 hasta el 13 de junio de 1946. Personal de la Dirección de Arquitectura confeccionó planos, pliegos y presupuesto, pero luego se hizo otro llamado a licitación por decreto del 20 de diciembre de 1920

“L

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y se contrató a personal técnico para que se hiciera cargo de la obra. Para cubrir estos gastos, se depositaron 100 mil pesos en el Banco de Córdoba. El edificio, en el que funciona actualmente el Archivo Histórico de la Provincia, aún pertenece a la Caja. Gestando una nueva sede El 10 de diciembre de 1928, el titular de la Caja, Tomás Miguel Argañaraz, eleva una nota al ministro de Hacienda pidiendo un llamado a licitación para adquirir un terreno para construir un nuevo edificio. Argumenta que el edificio en el que funciona la institución “no reúne las condiciones necesarias para llenar las exigencias del presente, debido a la creación de nuevas secciones y dependencias, por lo que resulta sumamente reducido, imposibilitando una cómoda ubicación de las oficinas y, en consecuencia, buena marcha del trabajo de los empleados”. En la Memoria del Ejercicio 1937, el titular de la Caja, José María Martínez, informa que se adquirió en subasta pública y por intermedio del Banco de la Provincia de Córdoba un inmueble, ubicado en la esquina de Rivera Indarte y Colón, que será la nueva sede de la institución. El 20 de julio de 1939, a través de una resolución de la Contaduría General de la Provincia, se decide hacer una licitación pública, confeccionándose los pliegos de condiciones y especificaciones con cómputos y presupuesto oficial. En la convocatoria se fundamenta: “La finalidad inmediata es procurar un local adecuado y conforme a las exigencias de su actual desenvolvimiento, circunstancia que excluya toda realización que tienda a dar a la misma un sentido preferentemente ornamental y suntuario”. Y considera “imprescindible en una operación de esta naturaleza que prime un criterio de estricta economía en los gastos y un sentido más ajustado que se avenga a un severo régimen de contralor y claridad en la disposición de los fondos públicos”. En consecuencia, “debe adoptarse un procedimiento que tienda a alejar a la institución de toda posibilidad de contingencias que signifiquen modificar su presupuesto de gastos en proporciones superiores a la previsión que debe efectuar el directorio”. Por pedido de la conducción de la Caja, el Ministerio de Obras Públicas designa como asesores técnicos a los ingenieros Julio Barraco y Víctor Metzadour. Los profe-

1942 argentina

El 27 de junio de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el argentino Vito Dumas parte solo para dar la vuelta al mundo en un pequeño barco, el Lehg II. Atraviesa tres océanos y regresa en 1943 luego de 437 días de viaje, de los cuales 274 fueron navegando. Su travesía recibe el nombre de “Los cuarenta bramadores” por el itinerario cercano al paralelo de 40º Sur, zona de fuertes vientos y frecuentes tormentas, denominada, también “la ruta imposible”.

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sionales recibieron los pliegos del proyecto y especificaciones técnicas del arquitecto santafesino Salvador Bertuzzi, a cargo de la dirección de la obra y calificaron de irreprochable el proyecto desde el punto de vista técnico y artístico. “Consta de numerosísimos planos de detalles y de un pliego de condiciones y especificaciones estudiados minuciosamente, que permiten la realización precisa y fiel de la obra”, agregaron. El pliego general de condiciones para el contrato de la construcción del edificio quedó reflejado con todos sus detalles en 53 páginas y 135 artículos, más las nueve páginas con precisiones de los materiales, con precios unitarios, por un importe definitivo de 1.430.017 pesos. Los avisos de la convocatoria se publicaron en los diarios Los Principios, La Voz del Interior, La Prensa, Crítica y Córdoba.

1943 argentina

En junio, la Guarnición de Campo

Las empresas y sus propuestas El 24 de enero de 1940 a las 10, en el despacho de la presidencia de la Caja, 27 de Abril 151, se abrieron los sobres con las propuestas de seis empresas. Sus nombres y su presupuesto en pesos fueron: Benito Roggio e Hijos, 1.314.359; Soler Hermanos, 1.319.715; Sollazzo Hermanos, 1.459.701; Morbelli y Buguña, 1.471.137; Ubaldi Emiliani, 1.479.037 y Luis Pastrone, 1.534.818. Tras analizar las presentaciones, Bertuzzi elevó su informe. Aconsejó rechazar las ofertas de Sollazzo, Morbelli y Buguña y Roggio por contener errores de cálculo y anular la de Emiliani por no tener el sellado de ley. Opinó que debía aceptarse la de Soler por ser la más conveniente ya que comparada con la de Pastrone, había una diferencia de 215.103.30 pesos. El directorio, tras un minucioso análisis, decidió realizar la contratación tal como lo indicó el director de la obra. Evaluó que sólo Pastrone y Soler no tenían errores de cálculo y presentaron listas de subcontratistas con responsabilidades técnicas. En el ejercicio de 1940 se indica que se licitó la construcción del edificio de avenida Colón y Rivera Indarte. El edificio luce monumental El 1 de enero de 1942, el diario Los Principios celebraba la inauguración de la nueva sede de la Caja. Pero es en el ejercicio 1941 donde se repasaban con lujo de detalles las características de la nueva sede: “La adopción del estilo,

de Mayo avanza sobre la ciudad de Buenos Aires para derrocar al gobierno de Castillo. El presidente es depuesto y se anuncia que asumirá la primera magistratura de facto el general Arturo Rawson. Este golpe será conocido como la Revolución del 43.

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con adaptación del estilo clásico español, con su rico y fino detalle, con decoraciones platerescas y la simple simetría de sus líneas, dan a la obra un carácter monumental”. “El área que ocupa la construcción es irregular, la planta trapezoidal se refleja en la volumetría de fuerte impronta compositiva haciendo del edificio un hito urbano de la ciudad. La fachada está coronada a 33 metros de altura por un piso con arcadas y cornisamento, rematada con la clásica decoración de estilo. El revestido de frente es zócalo de granito rosado de San Luis hasta la altura de los balcones superiores del primer piso. El resto es de revoque símil piedra, a base de cementos blancos “Atlas”. En los ventanales de la planta baja de calle Rivera Indarte “se colocó -dice la Memoria- una gran reja de hierro forjado, asegurando obtener con los moldes así colados un efecto e impresión idéntica a la fachada del Banco de Boston de Capital Federal, edificio éste que resultaría siempre un orgullo para cualquiera de las capitales europeas”. En la entrada principal en ochava se instaló una puerta de bronce accionada con movimientos verticales por un montacarga eléctrico especial, para no restar superficie al salón. El decorado interior es del mismo estilo que la fachada. Se utilizaron zócalos de mármol, revoque símil piedra, mostrador de mármol, rejas de bronce y cristales, pupitres y escritorios de mármol y cristales, puerta vaivén de bronce y cielorraso de roble americano, con casetonados en yeso para pintar al aceite. Los pisos graníticos fueron pulidos y lustrados en obra. Los escalones y contra huellas de las escaleras son de mármol Travertino de los Andes. Toda la carpintería exterior al salón se proyectó con perfiles metálicos laminados y dispositivos especiales de cierre y seguridad. El edificio cuenta con servicio de calefacción a vapor, instalación completa de servicio de luz y de incendio de acuerdo a las exigencias de obras sanitarias”. Desde el tercer piso hasta el noveno inclusive, estaban los departamentos destinados para renta, cuatro por planta, tres a la calle y uno interno. “Los departamentos externos tienen hall, living room, antecámaras, tres dormitorios, baño principal, office,

1943 argentina

Juan Domingo Perón se hace cargo de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Desde ese cargo promueve aumentos de salarios a los trabajadores y otorga “estatutos” a diversos gremios.

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cocina, habitación y baño de servicio, terrazas con piletas de lavar y depósito para útiles de limpieza. Los internos tienen dos dormitorios y todas las demás comodidades. En el piso 10, se encuentran dependencias de portería, lavaderos y tendederos generales, depósito y azoteas de recreo. El piso 11 comprende instalación de tanque de agua, cabina de máquinas para montacargas y azotea cubierta para la torre de enfriamiento de las obras de aire acondicionado”.

1945 el mundo

El 6 de agosto de

La inversión Los fondos invertidos en la obra con construcción y terreno ascendieron a 1.982.158 pesos (en el caso del predio una propiedad se adquirió por subasta pública y otra se expropió). El costo de la parte del edificio destinado a renta fue de 1.088.473 pesos. El traslado del personal al nuevo edificio se concretó a principios de mayo de 1942. Se ocupó la planta baja, primer piso, entrepiso y subsuelo. El resto del edificio destinado a renta se alquiló en su totalidad (segundo piso, 28 departamentos del tercero al noveno y dos locales para negocio en PB), según la memoria del ejercicio 1942.

1945 el mundo descubre asombrado el uso militar del átomo. Estados Unidos lanza sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica. Luego, otra sobre Nagasaki, forzará a la rendición nipona con lo que concluirá la Segunda Guerra Mundial.

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La política se saca la camisa A principios de los ’40 surge el peronismo. Éste es un fenómeno que marcaría, tanto por presencia como por ausencia, la vida política, social y económica del país hasta nuestros días. Esta impronta y sus vaivenes se reflejan en las diferentes leyes previsionales que se suceden en Córdoba y que están teñidas con el tinte del gobierno de turno, democrático o militar. En esta parte recordaremos cómo las clases marginadas se convierten en actores políticos de la mano de un joven coronel; de qué manera la Provincia hace propias instituciones que el peronismo había creado a nivel nacional, como el Instituto de Previsión Social; y cómo se consagra el principio del 82 por ciento como base del haber jubilatorio. Repasaremos los golpes militares que se sucedieron en un esfuerzo por anular a este emergente social; de qué manera se legisló en “los años de plomo”, y la incorporación de nuevos beneficiarios a la Caja, como los trabajadores de Luz y Fuerza y los municipales.

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La irrupción del peronismo espués del 17 de octubre de 1945, el país nunca volvió a ser el mismo. Así como la Revolución del Parque, el 26 de julio de 1890, había puesto en la escena política nacional a las capas medias y a su expresión política, el Partido Radical, esta otra fecha parió un nuevo actor: los descamisados, los cabecitas negras, los obreros industriales, conscientes de que eran poseedores de un poder. Lo habían ejercido ya desde los sindicatos. Pero lo empezaron a hacer público también en las calles de Buenos Aires para liberar a su líder, el entonces coronel Juan Domingo Perón, preso en la isla de Martín García por defender los derechos obreros y pretender encabezar una revolución cuyos alcances no estaban claros en ese momento, pero que serían profundos y duraderos. El 17 de octubre fue el primer acto de un rosario de acontecimientos que fueron configurando un movimiento económico-político, social y cultural tan vasto, complejo y vital que resulta difícil de encuadrar en una definición. De hecho, uno de los tantos mitos (¿o verdades?) generados a lo largo de la contradictoria existencia del peronismo es el de su ininteligibilidad. En su origen, su nomenclatura pretendió encuadrarlo en el Partido Laborista y luego como Partido Justicialista, pero la denominación que se impuso es la de “peronismo”, una expresión cabal de la impronta exclusiva y excluyente de su líder, el general Perón. Sin embargo, es tal su vitalidad y su consustanciación con los problemas nacionales que el movimiento que Perón dirigiría hasta su muerte en 1974 -como presidente de la Nación ratificado una vez más por la voluntad popular después de 18 años de exilio- logró sobrevivirlo con tanta salud que hoy, en 2013, casi 40 años después, hay gobiernos de ese signo en la Nación y en la mayoría de las

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provincias, incluida Córdoba. La multitud que lo catapultó al poder, su gobierno de 10 años que enarboló las célebres banderas de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, la prolongada resistencia que siguió a su derrocamiento en 1955 y su retorno al poder en 1973, son los hitos sobresalientes de una de las grandes epopeyas de la historia argentina. En su devenir original, al impulso de la sustitución de importaciones facilitada por las condiciones internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, produjo profundas transformaciones en las estructuras de país y fuertes conmociones políticas y sociales. Y del mismo modo que el radicalismo no pudo sostenerse en el poder en 1930, por la reacción de los sectores dominantes afectados por los cambios, el peronismo fue derrocado por un golpe de Estado en 1955, que adoptó el nombre de Revolución Libertadora y abrió un capítulo oscuro en la historia de la democracia en nuestro país.

1945 argentina

El 17 de octubre, los obreros salieron a la calle para pedir la

En los orígenes, el GOU Pese a que el golpe que derrocó a Ramón S. Castillo el 4 de junio de 1943 fue llevado adelante por generales -Arturo Rawson y Pedro Ramírez-, la figura del coronel Perón fue creciendo gracias, por un lado, al prestigio ganado en el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) y por otro, a su energía, su habilidad política y sus dotes oratorias. El GOU tenía un plan y el entonces secretario de Trabajo y Previsión Social lo puso en marcha: leyes a favor de los trabajadores, protección y fomento de la industria e intervención creciente del Estado en la solución de los problemas socioeconómicos del país. Con el apoyo de los trabajadores, nucleados en una CGT única y cada vez más adepta al gobierno, Perón le ganó las elecciones del 24 de febrero de 1946, acompañado por Hortensio Quijano como vicepresidente, al dúo José Tamborini-Enrique Mosca, candidatos de la Unión Democrática, una alianza que incluía a la Unión Cívica Radical (UCR) y a los partidos Comunista, Socialista y Demócrata Progresista. El signo distintivo de su gobierno fue la profundización y consolidación de un proceso de sustitución de importaciones que se había iniciado con el comienzo de la guerra. Este proceso había generado un grupo social y económico fuerte, la burguesía nacional, que encontró su expresión

libertad del coronel Juan Perón, quien había sido arrestado y alojado en la Isla Martín García. Ocuparon la Plaza de Mayo y permanecieron allí hasta que Perón, liberado, apareció en el balcón de la Casa Rosada. La historia reconoce a este episodio como hito fundacional del peronismo.

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política en el peronismo y, poco a poco, se fue apoderando del Estado, desplazando a sectores más tradicionales ligados al esquema agroexportador. Ese esquema no dejó de existir y constituyó también durante el peronismo una fuente de ingresos imprescindible, pero quedó en segundo plano mientras en la escena principal, esta burguesía emprendedora pero muy dependiente de los favores estatales, desarrollaba la industria liviana a niveles nunca vistos en el país. Autos, lavarropas, cocinas, prendas de vestir, calzado y otros artículos de consumo masivo que antes eran importados, comenzaron a fabricarse aquí, generando un fuerte mercado interno de cuya salud dependía cada vez más la marcha de la economía. Desde esa tesitura económica, se forjó en política otro elemento distintivo del peronismo, hijo de la histórica neutralidad argentina en las guerras y factor de equilibrio ante las dos potencias emergentes de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética. "Ni yanquis ni marxistas, peronistas" es la consigna popular que simboliza y define la denominada tercera posición. De hecho, esa polarización estuvo también presente en las elecciones de 1946, azuzada por los peronistas bajo la consigna Braden o Perón. Spruille Braden era el embajador norteamericano en el país y tuvo fuerte injerencia para la constitución de la Unión Democrática. Otra condición necesaria y excluyente para este modelo es el fortalecimiento del poder adquisitivo del mercado interno como motor del desarrollo industrial, lo que redundó más o menos directamente en beneficio de los trabajadores que, para disgusto de las capas medias, comenzaron a frecuentar los mismos lugares que éstas. Eva Perón, su prematura muerte y la caída Uno de los pilares más sólidos de la popularidad de Perón era su esposa Eva Duarte, Evita. Su prematura muerte, el 26 de julio de 1952, significó una baja insustituible para el gobierno y un sentimiento de dolor y pérdida entre los sectores desposeídos del país que se plasmó en su multitudinario funeral. A partir de allí se generó uno de los mayores mitos populares argentinos, potenciado por un enceguecido odio que llevó a algunos sectores de las Fuerzas Armadas -luego del golpe que derrocó a Perón en 1955- a secuestrar su cadáver y ocultarlo bajo un nombre falso.

1946 argentina

En su mensaje al Congreso Nacional del 19 de octubre de 1946, el presidente Perón presenta los lineamientos del Plan del Poder Ejecutivo sobre Realizaciones e Inversiones para el Quinquenio 19471951.

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Un crimen sin precedentes. La aviaci贸n naval bombarde贸 la Casa Rosada en un intento por asesinar a Per贸n, provocando una masacre entre civiles que se limitaban a caminar por Plaza de Mayo.

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La voz quebrada de Evita renunciando ante una multitud a su candidatura a la vicepresidencia para las elecciones de 1952, estaba anunciando también el comienzo del fin para la primera etapa del peronismo. Los cambios en la situación internacional tras el triunfo de los aliados y el desgaste que le produjo su enfrentamiento con la Iglesia se sumaron a esta pérdida clave para fortalecer la oposición de las clases altas y de algunos sectores politizados de las capas medias. El golpe del 16 de septiembre de 1955 que tuvo seguidores entusiastas en Córdoba, puso fin a la primera etapa del peronismo y abrió el camino a una resistencia tenaz que tiñó el período siguiente, caracterizado por la proscripción del peronismo y por una seguidilla de golpes de Estado que desnaturalizaron a la democracia. Pero ésa ya es otra historia.

1947 argentina

Bernardo Houssay es galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel desempeñado por las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre (glucosa). Es el primer argentino laureado en ciencias.

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Llegan la movilidad y el 82 por ciento uando la primera mitad del siglo XX estaba a punto de concluir, una nueva institución se fue incorporando a los distintos regímenes previsionales: la movilidad jubilatoria. Es decir que los haberes jubilatorios comenzaron a incrementarse al mismo ritmo que los salarios en un esfuerzo por escapar al creciente fenómeno de la inflación. Sin embargo, habría que esperar hasta 1959 para que entrara en vigencia la ley que consagró el 82 por ciento para las jubilaciones y el 75 por ciento para las pensiones como base de cálculo del haber inicial. En el caso de Córdoba, con la sanción de la ley 4165 de 1949, que creó el Instituto de Previsión Social de la Provincia (IPS), se consagró el primer sistema de movilidad en el régimen previsional. En 1959, con la ley 4689, se cuantificó el porcentaje de haber inicial para jubilaciones y pensiones, como quedó dicho. Pero en realidad no se trató de una iniciativa provincial, sino que la norma cordobesa incorporaba los preceptos de la ley nacional 14.499.

1947 el mundo/argentina

María Eva Duarte de Perón, Evita, es recibida en el Vaticano por el Papa Pío XII el 27 de junio. La entrevista duró 20 minutos y no existen

La creación del Instituto de Previsión Social Habían transcurrido 16 años desde 1933, cuando se aprobara la última reforma jubilatoria (ley 3589). Con Juan Domingo Perón en la Casa Rosada, se sancionó en Córdoba la ley 4165 que reflejaba en su texto el espíritu de las nuevas tendencias políticas en materia de derechos sociales y que comenzó a regir el 11 de noviembre de 1949, tras haber sido aprobada por la Legislatura luego de un arduo debate, pero demasiado corto según lo que opinó la oposición de entonces. La norma, además de crear el IPS que integraba a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia con la Caja Popular de Ahorros y el Banco de Préstamos, dejó abierta la puerta para la incorporación de los empleados

registros conocidos de lo que hablaron.

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municipales, algo que se produciría a principios de la década de 1970. El IPS fue creado a imagen y semejanza del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) fundado por Perón en 1944 cuando era secretario de Trabajo del gobierno surgido en la Revolución del 4 de junio de 1943. La ley buscaba reflejar los nuevos aires políticos que soplaban por todo el país y su función era velar por la protección de la ancianidad, la niñez, la familia y los inválidos. Pletórica de buenas intenciones, la ley duró hasta que fue modificada por decreto el 29 de abril de 1957, tras el derrocamiento del peronismo y la llegada al poder de los militares a través del golpe de 1955. Dos años después, en 1959 y durante el gobierno de Arturo Frondizi, fue definitivamente reemplazada por las leyes 4687 y 4688. Pero quedó como antecedente la aplicación por primera vez en Córdoba de la movilidad en los haberes jubilatorios establecida en el artículo 51, que establecía: “Las jubilaciones y pensiones ya acordadas y las que se acordaren en el futuro, cumplida una antigüedad de tres años quedarán aumentadas automáticamente cada vez que los sueldos del personal de la Provincia, ya sea en uno o varios ejercicios, experimenten mejoras generales o parciales”. Asimismo, la nueva legislación incluía como novedad un cálculo de aportes de los trabajos por jornal, por hora o a destajo para el caso de empleos temporarios o eventuales. La 4165 fijó además un mecanismo para calcular el haber inicial jubilatorio basado en una escala que preveía el cobro del 90 por ciento hasta haberes de 500 pesos, mientras que los sueldos de más de 500 y hasta mil pesos percibirían un fijo de 450 pesos más el 80 por ciento entre 500 y el excedente. A medida que subía la retribución, bajaba el porcentaje sobre la composición salarial que excedía el piso. Por ejemplo, en los haberes de más de mil pesos hasta 1.500, el fijo era de 850 pesos más el 70 por ciento entre mil y el excedente; en los de más de 1.500 pesos hasta 2.500, era de 1.200 fijos, más el 50 por ciento entre 1.500 y el excedente. La ley fijaba que ninguna jubilación podría ser superior a 1.700 ni menor a 300 pesos mensuales. El debate en 1949 Un agitado debate parlamentario entre los miembros del oficialismo peronista y de la oposición radical precedió y

1948 el mundo

En enero, el mundo llora al líder pacifista que había conquistado la independencia de India y ganado millones de corazones: es asesinado Mahatma Gandhi.

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Volaba alto y miraba lejos El brigadier Juan Ignacio San Martín (1904-1966) es una de las figuras destacadas de la historia cordobesa. A su breve ejercicio de la gobernación de la Provincia, desde 1949 hasta 1951, fecha en la que el gobierno nacional lo designó ministro de Aeronáutica, agregó su vocación industrialista. Este ingeniero militar, industrial y aeronáutico fue además director de la Fábrica Militar de Aviones entre 1944 y 1948, ministro de Aeronáutica entre 1952 y 1955 y creador del Iame (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado). Como aficionado a la aviación, no sólo volaba alto, sino que también miraba lejos en lo tecnológico. Cuando fue gobernador, encaró una reforma administrativa que elevó los ministerios provinciales de tres a siete y atendió las consecuencias sociales de la evolución industrial que él mismo estaba propiciando. San Martín impulsó políticas de seguridad social, entre ellas la creación del Instituto de Previsión Social de la Provincia, un ente autárquico cuyo objetivo era asegurar la protección del Estado para la ancianidad, la niñez, la familia y la invalidez. Asimismo, se establecieron importantes beneficios para los trabajadores en actividad. Fue artífice de un modelo de desarrollo de la ciencia y la tecnología que inició en la aeronáutica y que trasladó luego a la industria civil en general, lo que generó un interesante efecto multiplicador. Apenas asumió como ministro de Aeronáutica, San Martín le solicitó a Perón que transfiriera a esa cartera la responsabilidad del desarrollo de la industria automotriz nacional contemplada en el Segundo Plan Quinquenal. Al obtener la aprobación de su pedido, decidió crear en 1952 el Iame. A partir de allí se gestaron 11 industrias dentro de la Fábrica Militar de Aviones. Comenzaron a fabricarse automóviles, camiones livianos o utilitarios, tractores y motocicletas, entre ellas, la legendaria Puma, una marca que identificó una época y fue un emblema cordobés. Paralelamente, se desarrolló el segundo grupo de fábricas relacionadas a las producciones aeronáuticas y conexas: el Instituto Aerotécnico, destinado a la investigación y desarrollo, la fábrica de aviones, de motores y de motores a reacción, de instrumentos, paracaídas y armamentos. Más de 300 industrias de todo el país proveían a la fábrica,

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Brigadier mayor Juan Ignacio San Martín

generando numerosos empleos indirectos. La misma fábrica de aviones a través del Iame llegó a emplear en forma directa a más de 10 mil trabajadores. Iame promovió nuevas sociedades y posibilitó la instalación de grandes complejos industriales lo que convirtió a Argentina en un verdadero polo industrial: Fiat Someca, dedicada a la fabricación de tractores, Gilera Argentina (motocicletas), Forja Argentina (piezas para la industria metalmecánica), Transax (engranajes helicoidales) e Industrias Kaiser Argentina (automóviles), entre otras. De ahí que San Martín sea considerado promotor de la industria y también de una clase social nueva, clave en el proceso peronista: la burguesía industrial nacional que entremezcló sus intereses sectoriales con los grandes objetivos nacionales de desarrollo. En 1955, tras el derrocamiento del gobierno de Perón, San Martín marchó al exilio. Murió en Houston, Texas, centro tecnológico y de misiones espaciales, en 1966.

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acompañó la sanción de la ley. En la sesión del 28 de octubre de 1949 dos posturas pueden sintetizar lo que fueron los fundamentos a favor y en contra de la iniciativa: la del justicialista Federico de Uña, y la del radical, Arturo Zanichelli, ambos senadores provinciales por el departamento Capital. Ya en el recinto legislativo, con todo listo para sancionar la ley, el senador Federico de Uña anticipó que la bancada justicialista aprobaría el proyecto de su par Alberto Novillo Saravia. Y fundamentó la norma, al destacar la importancia de la obra realizada por el coronel Juan Domingo Perón a partir de la creación del Instituto Nacional de Previsión Social en 1944. Agregó que Córdoba no podía quedar rezagada en esta reforma social: “Un alto espíritu justicialista preside la creación y funcionamiento de este organismo y en ello radica precisamente el propósito fundamentalmente social y justo. ¡Quién puede negar al autor de este proyecto el espíritu de justicia que tiende a eliminar el dolor y el desconcierto en los hogares proletarios de nuestra provincia!”. Se cumplía así, según el legislador, el principio peronista que decía: “No ha de haber ni excesivamente ricos ni excesivamente pobres”. De Uña destacó asimismo: “No hay democracia sin justicia social, porque el ciudadano que no encuentra justicia en sus problemas económicos y biológicos será siempre un resentido social”. Y consideró que el gobierno a través del INPS, había encarado el problema y sus efectos se sentían en todo el país. Por lo tanto, aseguró que crear el instituto a nivel provincial, sería sumar un aporte más a la obra de Juan y Eva Perón. Tras la defensa de la iniciativa enmarcada en la política nacional por parte de De Uña, su par Arturo Zanichelli, de la Unión Cívica Radical (UCR), consideró: “Un proyecto de trascendencia y de esta naturaleza debe ser analizado durante todo el año legislativo y no en dos sesiones (una de Diputados, otra de Senadores) al finalizar el período ordinario”. Asimismo calificó de “mala” a la iniciativa y recordó que en la reunión de comisión se dijo que estaba llena de errores, y por lo tanto, se decidió no tratarla esa semana. “Sin embargo, súbitamente se resolvió debatirla a toda marcha con sus aproximados 100 artículos”. Zanichelli advirtió: “En esta ley no hay previsión social, ni seguridad social; se trata de una caja de jubilaciones y pensiones”, y denunció que el proyecto apuntaba a “crear

1948 argentina

Ernesto Sabato publica El túnel. Obra esencial de ese autor, nos entrega los elementos básicos de su visión metafísica del existencialismo. Es una novela en la que abunda el pesimismo en cada diálogo o pensamiento de los personajes. Tras su publicación, Sabato logró el reconocimiento internacional al recibir elogios de personalidades del mundo como Thomas Mann y Albert Camus.

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puestos y altas funciones, bien rentadas”. Con respecto a la fundación del Instituto, afirmó que era simplemente burocrática, porque se refería sólo a los empleados públicos jubilados y pensionados “y no a todos los habitantes como debe responder la previsión y seguridad social”. Advertía, además, que la iniciativa generaría un déficit que requeriría para su equilibrio de aportes extras. “Hay una cantidad de antecedentes a nivel nacional de cajas que han sufrido crisis económicas agudas”, afirmó Zanichelli, quien calculó que para que puedan subsistir se necesitaba un subsidio de 500 millones de pesos. Estimó finalmente el legislador radical como “poco posible” que el Estado pueda soportar ese gasto. La reforma a la ley jubilatoria de 1949 durante el gobierno peronista en Córdoba bajo el mandato del brigadier Juan Ignacio San Martín, rescata también el tema de los “préstamos hipotecarios” como uno de los pilares para el desarrollo de políticas de empleo y fortalecimiento del mercado interno acicateadas desde la Casa Rosada. Los préstamos debían ser otorgados a “empleados con no menos de tres años de antigüedad y a jubilados provinciales para la adquisición o construcción de sus viviendas, debiendo combinarse con un seguro de cancelación”, medida esta última tendiente a asegurar la devolución del capital. Del mismo modo, preveía “préstamos en efectivo a jubilados provinciales, hasta por el importe de seis meses de la jubilación, amortizables en un plazo no mayor de 36 meses”. Un gran número de propiedades construidas en la época, en un sistema que continuó en años y gobiernos sucesivos, habla del importante servicio que brindó la Caja. Sin embargo, la combinación de imprevisión y una mal diseñada política a la que se sumaron las condiciones inflacionarias que eclosionaron a fines de la década de 1950 e inicios de los ’60, minaron el capital que se disponía para este tipo de préstamos. Llega el 82 por ciento móvil El gobierno de Arturo Frondizi derogó el decreto ley 3271 (1957) sancionado por el régimen de facto que sucedió al peronismo. En diciembre de 1959 se sancionó la ley 4687, mecanismo legal que vio la luz en Córdoba 10 años después de la ley 4165 de 1949. El artículo 10 de la norma estipulaba que los haberes móviles de las jubilaciones ordinarias serían equivalentes

1948 argentina

El gobierno de Juan Domingo Perón nacionaliza el último ferrocarril extranjero en el país: el Central de Buenos Aires. Entre 1946 y 1948 todas las líneas férreas fueron estatizadas bajo la órbita de la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino y recibieron nombres de personalidades destacadas de la historia como San Martín, Belgrano, Sarmiento o Urquiza, entre otros.

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El lugar de la Caja de Jubilaciones. La Caja se integr贸 a una estructura mayor que se organiz贸 en torno al Instituto de Previsi贸n Social de la Provincia de C贸rdoba.

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al 82 por ciento de las remuneraciones mensuales correspondientes al cargo, oficio o función que ejercieran los afiliados a la fecha de cesar en el servicio. No obstante, en otra parte de este texto se fijaba una escala para haberes mayores a cinco mil pesos, similar al mecanismo utilizado durante la reforma jubilatoria de 1949. La norma de 1959 toma del anterior decreto ley y de la reforma de 1949, el servicio médico asistencial para jubilados y pensionados en calidad de beneficio complementario y, además, otorga carácter permanente al pago del sueldo anual complementario o aguinaldo. Asimismo, pese a la derogación de la ley del peronismo, el IPS se mantiene con vida. El debate legislativo de la ley 4687 de 1959 también fue arduo y se dio en medio de un clima de gran efervescencia política. Miembro informante por el oficialismo, en ese entonces la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), fue el senador Pedro Barciocco. El legislador se quejó de la falta de consenso con la oposición encarnada en el Partido Conservador, pese a que la fijación del 82 y 75 por ciento móvil para jubilados y pensionados había sido un punto central sobre el cual no hubo desavenencias. La discusión en el recinto giró en torno a la manera de financiar las mayores erogaciones derivadas de un proceso inflacionario antes nunca visto y en la emisión de los bonos de la Provincia para cubrir los fondos que retiró para otros menesteres. Al respecto, en un párrafo destinado a evaluar la situación económica y financiera de la Caja, Barciocco fue contundente: “El análisis de cómo se ha comportado el sistema jubilatorio nos muestra por un lado que la capitalización provocada por los superávits financieros (aclaró que no hablaba de los actuariales) desde 1914 hasta 1958 en la Caja provincial, y desde 1952 a 1958 en la municipal, no ha servido para reservar bienes suficientes en consonancia con la capacidad adquisitiva de la moneda”. Allí planteó la necesidad de pasar a un sistema de reparto. Puntualizó: “En las estadísticas proporcionadas, advertimos cómo ha ido disminuyendo la contribución por persona pasiva en términos reales y cómo ha aumentado la carga contributiva por cada afiliado activo. A su vez, cómo el sistema de capitalización ha sido deteriorado por la desvalorización monetaria”. “Resulta imposible, con una moneda que ha venido depreciándose en los últimos años en medida tan significativa, consolidar bases seguras y fir-

1949 el mundo

Pío XII excomulga a todos los comunistas y sus simpatizantes “del pasado, el presente y el futuro”. Le tocó ser el Papa de la Guerra Fría y en este contexto, su opción fue clara: ferviente anticomunismo y aproximación a la nueva potencia emergente, Estados Unidos.

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La evoluci贸n de la Caja. Los beneficiarios aumentan, con lo que la Caja fortalece su presencia entre los cordobeses, pero debe adoptar medidas de control de sus fondos.

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mes de previsión financiera. Casi siempre se arguye la acción del Estado que sustrae fondos líquidos a cambio de títulos de la deuda”, acotó. Allí pidió la palabra el senador conservador Mercado, quien afirmó que la solución sería determinar taxativamente que la Provincia no pueda negociar bonos con la entidad. “Así desaparecería el problema”, enfatizó. Se refería Mercado a las potestades del gobierno provincial de usar fondos de la Caja, cubriéndolos con bonos que el Estado, “o no paga, o paga mal”, canje al que denominó “empapelamiento”. Barciocco intentó una defensa de la gestión oficial, argumentando que la Provincia se desenvuelve en una situación de angustia económico-financiera. “Usted conoce el centralismo económico de nuestro país -dijo-; Buenos Aires mira al Río de la Plata y vuelve sus espaldas al interior. tenemos un régimen tributario por el que desgraciadamente la gran urbe absorbe todo por vía de los impuestos internos, directos e indirectos”. Los últimos conceptos del radical, palabras que por otra parte no suenan desconocidas hoy en día, pusieron el dedo en la llaga. La distribución de los recursos coparticipables es un anhelo de las provincias tan antiguo como insatisfecho. Le replicó Mercado al argumentar que “la Nación se lleva la parte del león y reparte migajas a las provincias y vivimos el triste espectáculo de que nuestros gobernadores tengan que golpear las puertas de la Casa Rosada para conseguir dinero con qué pagar los sueldos de los maestros provinciales”. Y agregó: “El gobierno de la Nación y de las provincias sustrajeron esas reservas (de las cajas) a cambio de bonos inconvertibles que redituaban un magro interés. El despacho contempla este problema. En el futuro los bonos devengarán casi un interés bancario, pero en eso no radica el mal. El mal radica en que la Provincia, en el caso Córdoba, puede echar manos de los recursos de la Caja. Y ya sabemos, la Provincia no paga nunca y cuando lo hace, lo hace mal”. Finalmente ambos acuerdan que, con las debidas previsiones, la situación económico-financiera se va a resolver debido a un relativo buen manejo de las finanzas de la Caja, encarando políticas de austeridad y con la esperanza de que el Estado pague la deuda con la institución.

1950 el mundo

Maracanazo. Contra todo pronóstico, Uruguay le ganó a Brasil por 2 a1 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y se consagra campeón mundial de fútbol.

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Aumentan los haberes y los problemas Con la nueva norma, las jubilaciones y pensiones registraron una suba significativa, si se tiene en cuenta el promedio de las primeras que en diciembre de 1959 era de 1.636 pesos y en marzo de 1960 ascendieron a 3.396,20 pesos, con un incremento relativo de 107,5 por ciento. A su vez, las pensiones que en diciembre del 59 promediaban los 1.342,78 pesos, en marzo del 60 pasaron a 2.782 pesos con un incremento relativo del 107,2 por ciento. El valor de la comparación sobre los haberes de jubilados y pensionados sirve para medir el ritmo de la inflación que deterioraba los haberes de los pasivos, al mismo tiempo que provocaba una pérdida de valor de los fondos acumulados en reserva para asumir futuros compromisos de la Caja. Así fue que por la mezcla de factores externos como la inflación e internos, como la “liberalidad” de esta ley jubilatoria, la 4687 no representó una necesaria solución, sino un impensado problema. En efecto, la Memoria de 1961, apenas dos años después de que se sancionara esta norma, contiene amargas quejas contra esta ley y señala las dificultades que ocasionó. La Caja de Jubilaciones, cuyo presidente interventor era Rodolfo Llanos, emitió un elocuente informe titulado “Consideraciones preliminares”, en el que destaca que la institución entró en “un estado de descapitalización y de futura inestabilidad financiera” y recomienda “la adopción de medidas que tiendan a solucionarlos”. El crecimiento constante del número de jubilados, sin el aumento correlativo de afiliados aportantes, “hizo bajar la relación activo-pasivo a su punto más crítico” poniendo a los ingresos totales cerca de los egresos, destacaban las autoridades de la Caja en ese momento, temerosos de no poder atender el pago regular de los beneficios. Otro de los motivos citados como causantes de déficit era el cumplimiento del decreto 368/61-B, que creaba un régimen jubilatorio “diferencial y de privilegio” para los magistrados del Poder Judicial y funcionarios con exigencia de título universitario y que debió extenderse a todos los pasivos del sector. Surgen del informe propuestas para implementar un drástico ajuste, como la eliminación de todo trato diferencial en las prestaciones, supresión de derechos jubilatorios en expectativa, prescripción de sumas devengadas por beneficios no reclamados en término, interpretación

1950 el mundo

Pío XII instaura el dogma (verdad de la que no puede dudarse) de la Asunción de María. Fue el último dogma consagrado por la Iglesia Católica Apostólica Romana y dice: “La Inmaculada Madre de Dios, María siempre virgen, terminada su vida terrestre fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. Si alguien, lo cual a Dios no le agradaría, pusiera voluntariamente en duda lo que ha sido definido por nosotros, que sepa que ha abandonado totalmente la fe divina y católica”.

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Los números de la Caja de Jubilaciones a lo largo de más de medio siglo. Las cifras son más que elocuentes. En 54 años hubo sólo tres en los que la Caja no tuvo déficit.

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Entre el reparto y la capitalización La duda de elegir entre un abanico de opciones que en sus extremos tiene al sistema de capitalización y al de reparto no es algo nuevo. Mucho menos se trata de un debate nacido con el menemismo que implantó las jubilaciones privadas a través de las AFJP. De hecho, estas alternativas están en la base misma de un sistema previsional y en el caso de Córdoba, la decisión final no fue resultado de una elección meditada sino forzada por la realidad de una inflación galopante. En el “Comentario sobre la situación financiera de la Institución y sus posibilidades futuras”, incluido en las Memorias del año 1959, el director del Cuerpo de Asesores Actuariales, Mario Franzosi, destacaba la sólida situación financiera de la Caja que permitió afrontar el 82 por ciento móvil, beneficio otorgado por la ley 4687. Sin embargo, advertía que para preservar esta situación de suficiencia financiera, “corresponde que se efectúen constantemente los estudios adecuados que permitan prever la futura tendencia de su desenvolvimiento”. Agregaba que “el estudio económico financiero de las cajas de jubilaciones se suele efectuar en base a dos sistemas: el de capitalización y el de reparto, que a su vez admiten diversas modalidades”. “Por el primero, cada afiliado debe formar un fondo suficiente para afrontar el costo del beneficio que se le otorgará; en el segundo, se consideran ingresos y egresos en un período dado, de tal manera que las contribuciones de los afiliados activos y los empleadores deben ser suficientes para que se abonen los beneficios al grupo en pasividad”, explicaba Franzosi. Sostenía que el sistema de capitalización era menos “gravoso” y podía proveer los recursos para el pago de los beneficios hasta que se extingan los beneficiarios. Sin embargo, también señalaba el talón de Aquiles de este sistema, que era “muy sensible” a la desvalorización de la moneda. Sobre el reparto opinaba que “no es mayormente afectado por la desvalorización de la moneda”, pero “es más costoso” y sus reservas “sólo permiten atender la prestación de servicios en un período limitado y su éxito se basa en la subsistencia del Estado como tal”. Por este motivo, consideró Franzosi, “la desvalorización de la moneda ha influido decisivamente en que las instituciones de Previsión Social se desenvuelvan en base al sistema de reparto, y si efectuamos estudios de equilibrio económico en base al sistema de capitalización, encontramos, como ocurre en la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones al 31/12/59, que para hacer frente al pago de las prestaciones en vigor, desde esa fecha, hasta la extinción de sus beneficiarios, necesita disponer de una reserva de $ 3.247.760.346,48”. “Ello -agregaba- sin tener en cuenta el compromiso que tiene la Caja con todos sus afiliados, de otorgarles el correspondiente beneficio en el futuro”. De acuerdo con la ley 4687, el Estado provincial era el garante del cumplimiento de las prestaciones, “en caso de insuficiencia financiera”, a diferencia de leyes anteriores que buscaban mantener el equilibrio económico en base al sistema de capitalización, proveyendo a la institución de reserva necesaria para afrontar el pago de las prestaciones hasta la extinción de los beneficios. Es decir que ya no se pagaba con lo que se acumulaba sino, simplemente, con el dinero que iba entrando mes a mes y al faltante lo cubría la Provincia.

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Nuevas leyes, viejos problemas. Las sucesivas normas jubilatorias fracasaron a la hora de hacer una Caja sustentable, como lo explica este fragmento de la Memoria de 1961.

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restrictiva de los dispositivos que acuerdan beneficios, revisión del sistema de reciprocidad, ampliación del término acumulativo de haberes, aplicación irrestricta de las normas que reglan la jubilación por invalidez y abandono de toda forma de inversión que no garantice alto interés y recuperación de capital a corto plazo. “Naturalmente, que todas estas medidas deberán ir acompañadas de una reducción de gastos burocráticos, austeridad administrativa y mayor rendimiento de tareas”, acotaba el informe. Finalizaban las consideraciones recordando que durante el trámite legislativo que culminó con la sanción de la ley de 1959, se había dejado “expresamente establecido” que el sistema económico-financiero “podría resistir sin temores un período no menor de cinco años, pero a condición de que no variaran las estructuras”. “Lamentablemente no ha ocurrido así”, fue la última frase que dejó planteado un oscuro panorama a futuro si no se realizaba un fuerte ajuste que no descartaba un cambio de modelo del previsional al asistencial o de reparto puro; o si no mediara la asistencia del Estado. Instaba, por fin, a reflexionar sobre la posibilidad real de mantener “la movilidad jubilatoria y la extensión de beneficios en forma tan liberal como lo tiene consagrado la actual ley 4687”.

141

Atención médica para los jubilados

Eliseo Brizuela, interventor de la Caja entre 1956 y 1958, destacaba, como uno de los hitos más importantes de su gestión, la implementación de un servicio médico integral para jubilados y pensionados provinciales en todo el territorio cordobés. En su artículo 34, la ley 4165 -aprobada durante el gobierno peronista en 1949era categórica en su afán de otorgar a los jubilados asistencia médica integral. Sin embargo, “durante todo el período de su vigencia no se cumplió su mandato”, informó Brizuela. Por tal motivo, se sancionó el decreto 5002-58 mediante el cual quedó implantado el “servicio médico integral para jubilados y pensionados de la Caja”, que entraría en vigencia el 1 de abril de 1958. En este contexto es que el 19 de noviembre de 1959 se promulgó la ley 4687, que oficializa el servicio de salud integral. Tras varias reglamentaciones, el 26 de mayo de 1967, se firma un nuevo decreto que busca optimizar el sistema que alcanza a los jubilados o pensionados, y como “beneficiarios optativos los familiares del jubilado con derecho a pensión”. El servicio médico que prestaba la Caja comprendía “consultorios clínicos generales y/o especializados y exámenes complementarios”, además de “internaciones, excepto los casos de enfermedades crónicas, infectocontagiosas y mentales”. El 28 de noviembre de 1971 en el Boletín Oficial fue publicada la creación del Instituto Provincial de Atención Médica (Ipam), organismo que organizó y manejó el sistema médico tanto para los trabajadores activos como los pasivos hasta el 27 de diciembre de 2005, fecha en que cambió su nombre por el de Apross (Administración Provincial del Seguro de Salud), por ley 9977, sancionada el 27 de diciembre de 2005, durante el segundo mandato del justicialista José Manuel de la Sota.

142

historia EL COMPROMISO DE LOS CURAS DEL TERCER MUNDO

“O

tra de las vertientes de impor-

Eggers Lan sobre la posibilidad de un diá-

tante desarrollo en Córdoba y

logo entre católicos y marxistas. En

que contribuyó a sostener cuestionamien-

Córdoba estas ideas prendieron en varios

tos al sistema y a bregar por cambios pro-

curas que estaban trabajando en parro-

fundos en la organización social y econó-

quias de barrios obreros y marginales […]

mica, fue la ligada a la Teología de la

Siguiendo el “Mensaje de los 18 obispos

Liberación. Aunque las cúpulas eclesiásti-

para el Tercer Mundo”, dado en Medellín

cas por lo general se resistieron a los cam-

en 1967, cerca de 270 sacerdotes realiza-

bios, las encíclicas papales de Juan XXIII

ron su primer encuentro en Córdoba, los

(foto) habían comenzado a calar profunda-

días 1 y 2 de mayo de 1968…”.

mente en las generaciones más jóvenes que veían la necesidad de hacer surgir otra Iglesia, que estuviera comprometida y diera respuestas a la realidad social. Ésta

Brennan, James y Mónica Gordillo:

tomaría como ejemplo la experiencia fran-

Córdoba rebelde. El Cordobazo, el clasis-

cesa de los curas obreros y, en el campo

mo y la movilización social. De la

teórico, la prédica del filósofo Conrado

Campana. La Plata, 2008. Pág. 73.

143

La resistencia: 18 años de lucha por el retorno de Perón l historiador consciente de los límites de la imparcialidad de su mirada se obliga a un viaje incesante de ida y vuelta entre el presente y el pasado. Es desde el aquí y ahora que rastrea en una maraña infinita los hechos que le interesan. La periodización, es decir, la fragmentación del tiempo en núcleos de significado, es una de sus armas. A medida que suceden, los hechos van resignificando el pasado, como un haz de luz que alumbra hacia atrás y resalta los acontecimientos que fueron construyendo el presente. Un notable ejemplo de ello es el abrumador triunfo electoral del peronismo en marzo de 1973, ratificado luego en setiembre, ya con la fórmula Perón-Perón. Ese hecho político insoslayable ilumina el período que comienza con el golpe de Estado de 1955: es la culminación victoriosa de la resistencia del peronismo al derrocamiento de su líder, que encontraría su sentido simple y profundo en la popular consigna “Luche y vuelve”. Por cierto, nadie está afirmando que lo único que ocurrió en ese período fue la resistencia peronista. Pero hasta esa fecha, hasta las elecciones de 1973, muy pocos habían sabido ver el hilo conductor que unía y daba inteligibilidad a hechos que parecían no tener conexiones entre sí. La seguidilla de golpes militares de este período no fueron sino el producto de la profunda incomprensión de los sectores dominantes hacia el peronismo. Y de su impotencia, también, para encontrar caminos políticos estables para ejercer su hegemonía, prescindiendo del “tirano depuesto”.

1951 argentina

La Unión Cívica Radical proclama a Ricardo Balbín como candidato a presidente, acompañado como vice por Arturo Frondizi. Ambos realizan intensas giras por todo el país, pero el ganador por amplio margen será Juan Domingo Perón.

144

¿Ni vencedores ni vencidos? Después del cruel bombardeo de la aviación naval a Plaza de Mayo durante el frustrado golpe de junio, que dejó alrededor de 300 muertos, y del éxito del movimiento de septiembre de 1955, asumió la presidencia el general Eduardo Lonardi, con una consigna que pretendía expresar su espíritu contemporizador: “Ni vencedores ni vencidos”. Duró muy poco. Lonardi fue desplazado por la dupla conformada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas que declaró ilegal al peronismo, prohibió que se nombrara a Perón y reprimió a sangre y fuego todo intento de resistencia, con el caso ejemplar de los fusilamientos de José León Suárez donde, entre otros, cayó el general Juan José Valle. La falta de escrúpulos con que los aviadores navales, en un siniestro bautismo de fuego, arrojaron sus bombas y su metralla sobre la población civil indefensa y los fusilamientos en un basural, sin orden escrita, ni decreto de fusilamiento, ni registro de los responsables, prefiguraban un comportamiento absolutamente desaprensivo de los militares argentinos hacia sus propios compatriotas que llegaría al paroxismo durante la última dictadura militar (1976-1983). En medio de esa severidad represiva, el gobierno militar intentó restaurar, con el peronismo proscripto, un remedo de democracia y convocó a elecciones generales para el 23 de febrero de 1958. Ganó Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical Intransigente (Ucri), una escisión del radicalismo, respaldado desde el exilio por Perón, con quien el candidato triunfante había hecho un pacto muy mal visto por las Fuerzas Armadas. Tanto que en 1962, lo derrocaron, luego del triunfo del peronista Andrés Framini en las elecciones de gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En 1963, siempre sin participación del peronismo, triunfó el postulante de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), Arturo Illia, que reunió poco más del 30 por ciento de los sufragios, mientras una gran cantidad de electores votó en blanco. A su débil origen, Illia sumó algunas medidas que disgustaron a los sectores dominantes (nacionalización del petróleo, negativa a enviar tropas a Santo Domingo, ley de medicamentos, etcétera). Pero lo que determinó su derrocamiento el 28 de junio de 1966 fue el avance del

1952 argentina

El 26 de julio, a las 20:25, muere Eva Duarte de Perón. Tenía 33 años y su funeral fue una de las expresiones más multitudinarias y emotivas de la historia política argentina.

145

historia

LUCHAS GREMIALES Y POLÍTICAS EN CÓRDOBA

“…

Los reclamos laborales eran

cuente rechazo a la democracia formal. La

reales y fueron un factor de

política era un modo de vida, especialmen-

importancia considerable para explicar la

te en Córdoba, en parte debido al rol de la

participación de los trabajadores, pero el

universidad en la vida cívica y en parte a

Cordobazo sólo puede entenderse plena-

las pequeñas dimensiones de la ciudad y a

mente cuando también se toma en cuenta

su historia de oposición a Buenos Aires…”.

el carácter de la cultura políticamente activa y políticamente letrada de la Nación. La Argentina era un país en el cual, en cierta forma, se esperaba que todas las clases participaran en política y, en ese sentido, las políticas autoritarias de los tres años de gobierno de Onganía ha-

Brennan, James y Mónica Gordillo:

bían llevado la frustración a un nivel insos-

Córdoba rebelde. El Cordobazo, el clasis-

tenible; profundizando el descontento de

mo y la movilización social. De la

la proscripción del peronismo y el conse-

Campana. La Plata, 2008. Pág. 84.

146

peronismo en las elecciones legislativas de 1965. El general Juan Carlos Onganía asumió entonces la presidencia con el proyecto de reemplazar la democracia liberal por una democracia corporativa en la que la participación popular en elecciones quedaba para un indefinido futuro. Medidas autoritarias como la intervención a las universidades o la promulgación de un Estatuto de la Revolución en reemplazo de la Constitución desataron la oposición, primero del movimiento estudiantil y luego de los trabajadores con el respaldo de amplios sectores de las capas medias que lo desgastaron muy rápidamente. Cordobazo, el golpe de gracia La pueblada del 29 de mayo de 1969, que pasó a la historia como el Cordobazo, le dio el golpe de gracia. Onganía fue reemplazado por el ignoto general Marcelo Levingston, relevado a su vez al poco tiempo por el prestigiado general Alejandro Agustín Lanusse, en medio de un escenario turbulento en el que se sucedían las acciones armadas de grupos guerrilleros. Por fin, la mayor parte de las Fuerzas Armadas parecía comprender la necesidad de integrar al peronismo si es que se quería de verdad pacificar el país y establecer un sistema democrático de gobierno más o menos duradero. En esa línea, Lanusse convocó al Gran Acuerdo Nacional (GAN) y desafió al ya anciano líder popular para que volviera al país y revalidara su supuesto liderazgo. Perón no se hizo esperar y abandonó su exilio, regresando por primera vez en 1972 y definitivamente, en 1973, después que su candidato, Héctor José Cámpora, se impusiera con holgura en las elecciones de ese año. Comenzaba a cerrarse un ciclo histórico que no tardaría, sin embargo, en poner de manifiesto su precariedad. Los desencuentros, la tensión y los enfrentamientos entre facciones internas del peronismo marcaron ese período. Estas diferencias internas estallaron de manera cruenta el 20 de junio de 1973, el día del fin de 18 años de exilio de Perón y su regreso definitivo. Los enfrentamientos dejaron muertos y escenas de violencia y confusión entre la multitud que había llegado a Ezeiza desde todos los rincones del país. Debió ser una fiesta, pero fue una tragedia que pasó a la historia como “La masacre de Ezeiza”.

1953 el mundo

Con dinero prestado, Hug Heffner saca el primer número de la revista Playboy. En su tapa aparece una rubia sonriente, Norma Jean Baker, famosa luego como Marilyn Monroe, quien seguiría siendo un símbolo sexual hasta su muerte (1962) y un ícono de la cultura pop hasta nuestros días.

147

En julio, Cámpora y su vicepresidente renunciaron. Asumió la presidencia el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, quien convocó a nuevas elecciones para septiembre en las que Perón, acompañado en la fórmula por su esposa María Estela Martínez (Isabelita), consiguió 7.359.252 votos (el 61,85 por ciento) contra 2.905.719 (24,42 por ciento) del radical Ricardo Balbín. Un triunfo tan contundente debería haber disipado dudas y sobresaltos. No fue así. Primero porque facciones antagónicas del peronismo como Montoneros y la Triple A siguieron su sangrienta batalla, mientras otras organizaciones armadas no peronistas tampoco deponían las armas. Y segundo, porque la salud del anciano líder se fue deteriorando hasta que el 1 de julio de 1974, Perón murió, provocando una inmensa demostración de dolor del pueblo argentino y, sobre todo, dejando un vacío de poder que sería llenado por los sectores más reaccionarios del peronismo. Sin legitimidad y sin capacidad, jaqueada por la guerrilla y por condiciones económicas adversas, María Estela Martínez (Isabelita) no pudo completar su mandato. El 24 de marzo de 1976, Argentina volvió a amanecer con sones de marchas militares en el aire. Pero ésa ya es otra historia.

1954 el mundo

El 13 de julio muere en Coyoacán la pintora mexicana Frida Kahlo. Su obra está dedicada a reflejar el infortunio de su vida signada por una enfermedad infantil y un grave accidente. Su enigmática belleza cautivó a su esposo, el célebre muralista Diego Rivera, a León Trotski y a otros amantes de ambos sexos.

148

historia

EL ACERCAMIENTO ENTRE OBREROS Y ESTUDIANTES

“E

l gobierno de Onganía y su políti-

idea de la “juventud” como categoría

ca hacia la Universidad crearon

regeneradora, incontaminada de los vicios

las condiciones para que -en el contexto

de la sociedad liberal…”.

general de exclusión- se produzca el acercamiento entre los sectores estudiantiles y obreros en torno a dirigentes sindicales que, como Ongaro y Tosco, supieron aglutinar las fuerzas populares. Un elemento

Brennan, James y Mónica Gordillo:

que permitió ese acercamiento fue la reva-

Córdoba rebelde. El Cordobazo, el clasis-

lorización del “pueblo” como cosa pura,

mo y la movilización social. De la

como algo incorruptible, al igual que la

Campana. La Plata, 2008. Pág. 79.

149

Epec y municipales entran a la Caja en tiempos difíciles os trabajadores de Epec pasaron a ser parte de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia en 1969, un año crucial para Córdoba en general y en particular para el Sindicato de Luz y Fuerza. El gremio había sido uno de los principales protagonistas del Cordobazo, el levantamiento popular que sacudió al régimen militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Unos años después, los empleados municipales siguieron los mismos pasos y también se incorporaron a la Caja. La lectura de los medios de prensa en la década de 1970 muestra que se trataba de tiempos difíciles para todos y, en especial, para los gremios y sus afiliados: trabajadores y jubilados. En una entrevista publicada a principios de 1970 por el diario Comercio y Justicia, Agustín Tosco resume la situación de 1969. El líder sindical ve en ese año grandes problemas económicos, ocasionados por las decisiones del gobierno de Onganía; un saldo negativo en las políticas implementadas y un intento de retrotraer la situación a la década de 1930 tras el objetivo de una “presunta estabilización monetaria”. El proyecto del gobierno nacional -dice Tosco- desalienta la dinámica del trabajo y de la transformación del país y las instituciones. La situación parece ir de mal en peor. Tosco señala que a nivel político y social, se vive un proceso oscurantista y regresivo, cargado de represión, asesinatos y persecución, promovidos por un “gobierno antipopular y antinacional”. Destaca las victorias sociales de los trabajadores y del pueblo que resiste a la dictadura y afirma: “El año transcurrido fue, en síntesis, el año del definitivo fracaso

150

de todos los proyectos reaccionarios de la dictadura y el renacer firme y decidido de las luchas populares en defensa de sus inalienables derechos”. En este contexto, sin embargo, la situación se tornaba difícil para todo aquel que percibiera un ingreso fijo, ya fuera trabajador o jubilado. Un informe dado a conocer a través de la Comisión de Estudios Económicos y Sociales de la CGT, Regional Córdoba, en ese mismo año, dice que en el período 1967-68 el sueldo de los trabajadores se ha reducido un 22,3 por ciento debido a las políticas sociales y económicas. El origen de dicho deterioro es el incremento del nivel de vida calculado en un 40 por ciento mientras los salarios se mantienen congelados. En ese marco, la memoria y balance del Sindicato de Luz y Fuerza sostiene que la ley de jubilaciones de la Caja Nacional para el personal de Servicios Públicos permite que sus beneficiarios sufran una exacción cada vez más insoportable. “Las cajas de previsión, alimentadas con los aportes de los trabajadores -dice Luz y Fuerza-, soportan el saqueo más grande de toda su historia, mientras que la clase pasiva vive en condiciones humildes, percibiendo haberes magros”. La legislación previsional modificada por la dictadura eleva en dos oportunidades los topes mínimos de edad para obtener los beneficios, por lo que los trabajadores con mayor carga laboral recién pueden jubilarse a los 60 años, pero sólo unos pocos alcanzan esa edad.

1955 argentina

El 16 de septiembre, la denominada Revolución Libertadora provoca la caída de Juan Domingo Perón. El presidente depuesto comienza un exilio de casi 18 años que se iniciará en Paraguay y recorrerá varios países hasta recalar en la

El traspaso de Epec Es en este contexto que se da el traspaso de los empleados de Epec desde la ex Caja Nacional para el Personal de Servicios Públicos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, mediante la ley 5067. Los medios de comunicación de la época aseguran que esto beneficia a los jubilados y a la Provincia y ayuda en el aceleramiento de los procesos administrativos, es decir, se agiliza el trámite jubilatorio. El 23 de marzo de 1969, el diario Los Principios detalla que las gestiones de traspaso fueron llevadas a cabo por la Subsecretaría de Seguridad y Acción Social y las autoridades de la ex Caja Nacional para el Personal de Servicios Públicos. También se destaca el importante aporte de 700 millones de pesos que los tres mil empleados del ente estatal deben depositar anualmente en la Caja, beneficiando por ende su

célebre residencia de Puerta de Hierro, en Madrid.

151

economía y la de la Provincia. Sin embargo, no fue un buen negocio para la Caja, ya que no sólo se hizo cargo de los trabajadores sino que también jubiló a muchos de ellos a pesar de que hasta entonces habían realizado sus aportes a la Nación. Es decir que percibieron sus haberes de la Provincia, pero su contribución quedó en otro lado. La revista Electrum del Sindicato de Luz y Fuerza del 18 de abril informa acerca de una reunión entre afiliados, jubilados y funcionarios de la entidad previsional. En su carácter de secretario general del gremio, Tosco destaca que la relación entre activos y pasivos iba disminuyendo como consecuencia de la desocupación y que el gobierno, en lugar de crear nuevas fuentes de trabajo para resolver el financiamiento de las Cajas, había optado sucesivamente por elevar los mínimos de edades para acogerse al régimen jubilatorio. Tosco se refiere a que la entidad a la que pertenecían los trabajadores de Epec había elevado la edad jubilatoria, primero de 50 a 55 años y, en una reforma posterior, de 55 a 60. En el régimen nacional también se suprime la posibilidad de retirarse con 30 años de servicios. Es decir que un trabajador que empieza a aportar a los 18 años, necesitaba prestar servicios durante 42 años para poder jubilarse. Como señala Tosco durante el encuentro con funcionarios de la institución, el incremento de la edad jubilatoria y la quita de años de servicios hacen que las preocupaciones sean mayores para los afiliados y un motivo de malestar para los que están prontos a jubilarse. Las condiciones en la Caja de Jubilados y Pensionados de Córdoba eran más beneficiosas: mientras la ex Caja Nacional requería 60 años de edad y no especificaba años de servicio, la de la Provincia pedía 30 años de servicio o 58 años de edad (55 para las mujeres). Quizá sea ésa la explicación de que, sin mayores especificaciones, el boletín Electrum destacara que, en la reunión realizada a tal fin, los integrantes de la Caja respondieron todas las dudas y dejaron a los afiliados y jubilados satisfechos y tranquilos, ya que los aplauden y felicitan. Sin embargo, esta modificación no es bien vista por todos. El 25 de abril, Electrum informa que en el XLV Congreso Extraordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza se aprueba una resolución referida a la incorporación de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba al Régimen Previsional de la Caja Provincial de Jubilaciones.

1958 el mundo

Brasil gana su primer Mundial de fútbol en Suiza. Durante este torneo, el mundo conocerá a Pelé, que debutó con tan sólo 17 años.

152

historia

EL CORDOBAZO, HITO DE LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA (1969)

“E

l Cordobazo se erige como uno de

renunciar menos de un año después, des-

los acontecimientos y divisoria de

mantelando el programa económico guber-

aguas históricos genuinamente seminales

namental y algunas de las pretensiones

en la Argentina del siglo XX. Su efecto polí-

autoritarias y abriendo camino a la restau-

tico inmediato fue desacreditar a la dictadu-

ración del régimen democrático en 1973…”.

ra de Onganía y debilitar los fundamentos de lo que otrora parecía el más fuerte de

Brennan, James y Mónica Gordillo: Córdoba

todos los regímenes posperonistas. Tanto

rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la movi-

dentro como fuera del gobierno, desencade-

lización social. De la Campana. La Plata,

nó fuerzas que obligarían a Onganía a

2008. Pág. 84.

153

Dicen que esta medida adoptada por el gobierno de Córdoba puede constituir un “desmembramiento del régimen que tradicionalmente ha amparado a los trabajadores de Luz y Fuerza” y que las medidas pueden significar un riesgo para los afectados, frente a la tranquilidad y seguridad que brinda un régimen unificado con carácter nacional, amparado por la solidaridad de todos los que se desempeñan en la actividad. Rechazan la actitud de las autoridades que adoptan una medida “tendiente a la destrucción de nuestro régimen nacional de Previsión Social”. Sin embargo, no se observan otras repercusiones en los siguientes boletines. A partir del 1 de junio comienzan a transferirse los empleados de una caja a otra, sin mayores complicaciones, con el trabajo de la Caja de la Provincia y de la comisión de jubilados del Sindicato Luz y Fuerza que ayudó en el proceso.

1959 el mundo

El 1º de enero triunfa en Cuba la revolución liderada por

Llegan los municipales Este proceso se repetiría en 1973, cuando otro cambio se realiza en Córdoba: los diversos organismos previsionales de las municipalidades cordobesas pasan a depositar el descuento de sus afiliados en la Caja provincial y sus jubilados comienzan a cobrar en la Provincia. La ley de traspaso de las cajas municipales es la 5575 que establece el régimen unificado provincial y municipal, con la jubilación ordinaria con el 70 por ciento por edad avanzada y 50 por ciento por invalidez. También contempla pensiones y se incorpora el retiro policial. Se sanciona y promulga el 11 de mayo de 1973 y se publica el 24 de mayo en el Boletín Oficial. Aunque el mismo día de la sanción se realizó la primera reunión sobre tablas en la Legislatura provincial tras el retorno de la democracia, los militares responsables de esta ley estamparon su firma antes de dejar el poder. Transcurren los últimos días de la dictadura de Alejandro Lanusse y no hay debates parlamentarios ni repercusión en los medios, demasiado ocupados en el retorno a la democracia.

Fidel Castro, contra la dictadura de Fulgencio Batista. Uno de sus máximos líderes fue el guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara.

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Las leyes de “Los Años de Plomo” as leyes jubilatorias sufrieron los vaivenes que vivió el país en la década de 1970 y que desembocaron en la dictadura militar que lo gobernó entre 1976 y 1983. Pero “Los Años de Plomo”, en realidad, habían comenzado unos años antes y las innumerables modificaciones de los regímenes jubilatorios también. En 1971, bajo gobierno militar, el principio del 82 por ciento móvil quedó entre paréntesis. Ese año fue promulgada el decreto 5320 que recogía los lineamientos fijados en la ley nacional 18.037, con lo que derogaba ese mecanismo consagrado en la reforma de 1959, y lo sustituía por otro más restrictivo. El nuevo haber se calculaba en el equivalente al 70 por ciento del promedio de las remuneraciones actualizadas correspondientes a los tres años más favorables al beneficiario, dentro de los últimos 10 que precedieron al cese en la actividad. No obstante, el porcentaje podía incrementarse acreditando servicios excedentes a razón de un uno por ciento por cada año de exceso. Por ejemplo, a un afiliado que hubiese prestado servicios ininterrumpidos desde los 18 años de edad hasta los 60, acreditando 42 años de servicios, le correspondía un haber equivalente al 82 por ciento de la base de cálculo (70 por ciento + 12 por ciento de bonificación por servicios excedentes). La ley 5320 fue sustituida en 1973 por la 5575, que reprodujo casi textualmente su precedente, manteniendo intacto el mecanismo de cálculo del haber inicial. Las diferencia radica en que unificó el Régimen General de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Administración Pública Provincial y de las Municipalidades y, asimismo, fijó las condiciones para el retiro del personal de la Policía de la Provincia de Córdoba. El gobernador era el contraalmirante (RE) Helvio N. Guozden y las normas se aprobaban sin discusión.

1961 el mundo

El 12 de abril el primer teniente de la Fuerza Aérea de la URSS, Yuri Alexéyevich Gagarin, realizó en la nave Vostok el primer vuelo tripulado al espacio en la historia. Gagarin falleció el 27 de marzo de 1968 cuando el avión de caza que pilotaba durante un vuelo rutinario se estrelló cerca de Moscú.

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El aumento de los aportes, tanto de los empleados como del Estado fue uno de los mecanismos a que se apeló para dotar de mayor sustentabilidad a la Caja. Se trata de un recurso repetido ya que desde la creación misma de la institución, este aporte fue siempre en alza. Los afiliados provinciales y municipales debían aportar el 12,5 por ciento de sus remuneraciones y el Estado contribuiría con otro 13,5 en su carácter de empleador. Eso significa que el aporte total equivalía al 26 por ciento de la masa salarial, más de cinco veces el aporte con que nació la Caja en 1913 que era de apenas cinco por ciento. En el caso del personal policial, que contaba con un régimen especial, los aportes eran del 14 por ciento para el gobierno provincial y el mismo porcentaje para el servidor público. Cinco categorías jubilatorias El nuevo régimen establecía cinco tipos de prestaciones: jubilación ordinaria, por edad avanzada, por invalidez, retiro para el personal policial y pensiones. Se accedía al beneficio ordinario con 60 años de edad (55 para las mujeres) y 30 de servicio. Sin embargo, dentro del sistema común, existía una subcategoría denominada Servicios Privilegiados. De acuerdo con este régimen, podían acceder al beneficio ordinario con 25 años de servicio y 55 de edad (52 para las mujeres), todos aquellos empleados que estuvieran en los siguientes servicios: docentes de enseñanza primaria, preescolar, media o superior al frente directo de alumnos; enfermeros de salas hospitalarias; y todo servidor que desempeñara tareas en actividades penosas, riesgosas o insalubres. La jubilación por edad avanzada era otorgada a quienes hubieran cumplido 65 años cualquiera fuera su sexo, y acreditaran 10 años de servicio computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad. La jubilación por invalidez, en tanto, era concedida cualquiera fuera la edad y antigüedad del trabajador. Se consideraba incapacidad laboral total una disminución del 66 por ciento o más de las capacidades normales. En cuanto al cálculo del beneficio, tal como ya se indicó, al igual que la ley de 1971, tomaba como base el 70 por ciento del promedio mensual de las remuneraciones actualizadas. Pero el haber se bonificaba con el uno por ciento por cada año de servicio que excediera el mínimo de antigüedad requerido para la jubilación ordinaria.

1961 córdoba

El 6 de Julio se inaugura el Palacio Municipal. El edificio es diseñado por el estudio Sepra de Buenos Aires, de los arquitectos Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini. Su realización fue producto de un concurso nacional.

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Por otra parte, la norma legal consagraba un sistema de movilidad por índice de actualización anual mediante coeficientes fijados por el Poder Ejecutivo por sectores, en función de las variaciones de la remuneración media de cada sector, y no la movilidad según el cargo como lo había consagrado la ley de 1959. El régimen especial para la Policía contemplaba el retiro voluntario u obligatorio. El voluntario se acordaba a solicitud del interesado, con una escala que fijaba un mínimo de 15 años de servicio para acceder al beneficio. El obligatorio era dispuesto por el Poder Ejecutivo a propuesta del jefe de Policía, y podía ser por límite de años de servicio o de edad, por incapacidad física o psíquica o por razones de servicio. La llamada ley Mestre Ya con el regreso a la democracia en 1973, y bajo la intervención provincial de Duilio Brunello, la Legislatura sancionó la ley 5749 llamada de Creación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba e impulsada por el entonces diputado Ramón Bautista Mestre. Fue vetada el 9 de septiembre de 1974 por el nuevo interventor brigadier Raúl Lacabanne, a los dos días de haber asumido el Poder Ejecutivo provincial. La norma había sido sancionada ante la presencia en la Legislatura de la ministra de Educación, Julia Argentina Peñaloza de Couzo, porque el proyecto traía aparejada una serie de beneficios para los maestros, quienes poblaban las gradas del recinto parlamentario. El 25 de agosto de 1974, un editorial del diario La Voz del Interior calificaba a la ley como de “avanzada” y auguraba que traería innumerables beneficios no sólo a los docentes sino a los empleados de la administración pública, policías y del Poder Judicial. El 7 de septiembre de ese año, Brunello fue reemplazado por Lacabanne. Mestre, acompañado por su par, Ileana Sabattini, reclamó por la reglamentación de la norma, pero otros planes ve-nían gestándose en el cerebro del nuevo mandamás provincial, por lo que procedió a vetarla a través del decreto 4555. Esto obligaba a la redacción de una nueva iniciativa que reglamentara el sistema. La ley 5846 de 1975 A mediados de 1975, Lacabanne envió a la Legislatura el proyecto de ley 5846 que al ser sancionado derogó el decreto

1961 argentina

El 29 de marzo, un golpe de Estado militar depone al presidente Arturo Frondizi, quien es reemplazado por José María Guido, presidente de la Cámara de Senadores.

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ley 5575, tras sólo dos años de vigencia. Básicamente, la nueva legislación reinstalaba el 82 por ciento móvil para las jubilaciones, es decir, volvía al espíritu de la reforma de 1959 y, como dato de época, incorporaba a las convivientes como derechohabientes al beneficio de la pensión. Además consolidó los regímenes especiales para el personal con estado policial y penitenciario de la provincia de Córdoba, para magistrados del Poder Judicial, para docentes y para titulares de cargos electivos y ministros. La norma fue sancionada en la sesión de la Cámara de Senadores del 14 de agosto de 1975, y publicada en el Boletín Oficial el 26 de agosto de ese mismo año. Sería reglamentada al año siguiente, ya con la firma del interventor militar, general de Brigada, Carlos Chasseing, impuesto por el llamado Proceso de Reorganización Nacional que enlutó al país durante siete años. En su artículo 43, la 5846 calculaba los haberes iniciales en los siguientes términos: “El haber de la Jubilación Ordinaria y por Invalidez se determinará de conformidad con el procedimiento que a continuación se detalla: a) Será igual al ochenta y dos por ciento (82%) móvil de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio; en todos los casos se requerirá haber desempeñado el cargo durante los últimos doce (12) meses consecutivos. Si este período fuere menor, o si el cargo, oficio o función, no guardare una adecuada relación con la jerarquía de los desempeñados por el agente en su carrera, el haber resultará de aplicar el ochenta y dos por ciento (82%) al promedio actualizado de las remuneraciones correspondientes a los cargos desempeñados en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la cesación en el servicio”. Los nuevos beneficios y su incidencia en las finanzas de la Caja fueron motivo de un acalorado debate legislativo.

1962 argentina

El 10 de febrero se lanza en forma oficial en todas las concesionarias de la marca el Ford Falcon, un vehículo familiar capaz de transportar a seis personas. Este auto tendría el infortunio de convertirse en el emblema de la represión ilegal durante la dictadura militar entre 1976 y 1983, a través de los temi-

“De la Meca a la Ceca” El debate parlamentario en 1975 estuvo marcado por un ir y venir del proyecto entre las dos cámaras que por entonces componían la Legislatura. “De la Meca a la Ceca”, editorializaba el 13 de agosto de ese año el diario Los Principios como una manera de reflejar los vaivenes de la iniciativa entre diputados y senadores. Con el Senado como Cámara de ingreso, la iniciativa del Poder Ejecutivo tuvo media sanción sin sufrir reformas,

dos “Falcon verdes”.

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pero al llegar a Diputados se le introdujeron cambios que fueron los que finalmente quedaron sancionados. Estas modificaciones tenían que ver con el mecanismo de aumento de haberes. La Cámara baja proponía un incremento de dos mil pesos en los beneficios a jubilados y pensionados, propuesta surgida desde la propia bancada peronista y que contó con el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). El Senado, que defendía, la postura del Ejecutivo, consideraba este incremento como de difícil cumplimiento para las arcas del Estado y expuesto a la posibilidad de ser “vetado” por el gobernador-interventor ante la amenaza de “comprometer seriamente las reservas de la institución”. En la Cámara alta, el oficialismo se inclinaba a llevar los haberes mínimos a cuatro mil pesos para las jubilaciones y tres mil para las pensiones, disponiendo además un incremento que variaría entre los mil y los 7.500 pesos. Para comprender la magnitud de las cifras, el incremento propuesto por Diputados (que había tomado la decisión de subir dos mil pesos los haberes) importaba un egreso adicional para la Caja de 250 millones (o sea 25 mil millones moneda nacional). Hay que recordar que había entrado en vigencia la ley 18.188 que le había quitado dos ceros a la moneda. Por motivos de técnica parlamentaria, al recibir media sanción en el Senado tal como había llegado la iniciativa desde el Ejecutivo y ser modificada en Diputados, para insistir con el despacho original, éste debía obtener el apoyo de dos tercios de los senadores, es decir mayoría agravada. El peronismo en el Senado no contó con el apoyo del radicalismo y no tuvo los votos necesarios para lograr la mayoría agravada necesaria para modificar la propuesta de Diputados, por lo que quedó convertida en ley la sanción de la Cámara baja. En su edición del 15 de agosto, Los Principios tituló: “Al no lograr senadores los dos tercios, es ley lo propuesto por diputados sobre las jubilaciones”, y agregó: “El senador Medina Cobas (Frejuli) lee la nota remitida por el presidente de la Caja, doctor Guillermo Berrotarán, a manera de fundamento, en la cual se reiteran los conceptos de un informe dado por la institución, especificando que el pago de dos mil pesos mensuales hasta el 31 de diciembre de 1975 -aprobado por Diputados- compromete la economía de la Caja”.

1963 argentina

El radical Arturo Umberto Illia asume la presidencia del país el 12 de octubre. Quienes lo conocieron recuerdan que ya siendo presidente, salía de su despacho de la Casa de Gobierno, y cruzaba a pie la Plaza de Mayo, sin acompañantes ni custodios, para ir al bar de la esquina a tomar un café.

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“En contraposición, el radicalismo sostuvo que el ahogo económico será momentáneo y producido porque los organismos descentralizados del Estado no cumplen con el depósito de los aportes, al igual que las municipalidades y que si no están en condiciones de pagar esos dos mil pesos, no se entiende cómo se logrará cumplir con el 82 por ciento móvil a partir de enero, beneficio consignado en el proyecto del Poder Ejecutivo. Cerrado el debate y al no contarse con los dos tercios requeridos, el proyecto con las modificaciones introducidas por la Cámara baja, se convirtió en ley”, concluía la nota periodística. Volvía, como ya se señaló, la ley 5846 al concepto del 82 y del 75 por ciento para jubilaciones y pensiones, respectivamente, e incorporaba los regímenes especiales de la Policía (ya esbozado en el decreto ley anterior), de los magistrados del Poder Judicial, docentes y titulares de cargos electivos y de ministros. Conviviente con derecho a pensión Entre las reivindicaciones de tipo social, también se reconoció como derechohabiente a la mujer conviviente con 10 años de cohabitación comprobados, en calidad de legítima beneficiaria de la pensión del jubilado. Esta norma, polémica para la época, fue luego reglamentada por el decreto ley 2706 con vigencia durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, pero terminó siendo derogada por la intervención militar a principio de los ’80. El decreto reglamentario determinaba: “La Caja está facultada para exigir todos los elementos que estime necesarios para acreditar los extremos referidos para la mujer que hubiere convivido con el causante sin reunir los requisitos formales del matrimonio civil”. “En todos los casos de convivencia pública y notoria, el mutuo respeto y deberes exigibles a los cónyuges deberá ser probado fehacientemente, con principio de prueba por escrito, no limitándose exclusivamente a la testimonial”, establecía. También determinaba que cuando la pensión debía “ser compartida entre la cónyuge supérstite y la mujer que convivió con el causante, el importe de cada una será igual al 50 por ciento del monto correspondiente al cónyuge”. La ley, demasiado ambiciosa para el estado de las finanzas de la entidad previsional, también tendía a complejizar las prestaciones. Categorizaba los beneficios jubilatorios en nueve clases: la jubilación ordinaria, la ordinaria

1964 argentina

Aparece por primera vez Mafalda, la célebre creación del dibujante Joaquín Lavado (Quino). Fue en Gregorio, suplemento de humor de la revista Leoplán, que publica tres tiras.

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reducida, la por edad avanzada, por invalidez, para minusválidos, y los regímenes especiales de retiro para el personal policial y penitenciario, docentes, Poder Judicial, titulares de cargos electivos y ministros. Fijaba la jubilación ordinaria en 58 años de edad (55 para las mujeres), con 30 años de servicio. En tanto, para los regímenes especiales, señalaba 55 y 52 años para varones y mujeres, respectivamente, incluso personal de establecimientos asistenciales o sanitarios, con 25 años de servicio. También era extensivo a los trabajadores que desempeñen actividades “penosas, riesgosas o insalubres”. Dos trajes hechos a medida Ya en los estertores de la dictadura militar que ensombreció al país entre 1976 y 1983, en Córdoba se promulgaron dos decretos ley, el 6351 y el 6743, en consonancia con la norma nacional 19.939, y su modificatoria 21.361, que otorgaban irritantes privilegios a funcionarios y magistrados. Estas medidas, además de injustas y arbitrarias, asestaban un duro golpe a las finanzas de la Caja. A través de estas normas, el Estado asumía “el aseguramiento, en favor de quienes hayan desempeñado las más altas funciones judiciales de la Provincia, de los medios económicos suficientes para el mantenimiento de la misma dignidad y decoro de vida que les impusieron las obligaciones inherentes a tales funciones”, según afirmaban sus fundamentos. En los hechos, los decretos 6531 y 6743 crean un régimen especial para vocales, fiscal del Tribunal Superior de Justicia y para cargos electivos y ministros, respectivamente, como un traje hecho a medida para los funcionarios de turno. Con la firma del gobernador de facto Adolfo Sigwald, el decreto ley 6531 se promulgó el 30 de marzo de 1981 y se publicó el 9 de abril del mismo año. Establece en su artículo primero que los “vocales y fiscal del Tribunal Superior de Justicia que se encontrasen desempeñando su cargo y que cesaren en el mismo por cualquier causa que no sea remoción por mal desempeño en su ejercicio, gozarán, a partir de la fecha del cese, de un haber mensual, móvil, vitalicio e inembargable en concepto de jubilación, cuyo monto inicial será igual a la retribución total asignada a su cargo”. Este régimen de privilegio, otorgaba el beneficio con 25 años de servicio.

1978 argentina

Triunfa el seleccionado argentino en el Campeonato Mundial de Fútbol. El máximo goleador es el bellvillense Mario Alberto Kempes, quien convierte seis tantos, por lo que es premiado con el Botín de Oro.

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Un año después, bajo la intervención de Rubén Pellanda, se promulgó el 8 de junio de 1982, el decreto ley 6743, cuyo cuestionable artículo segundo incorporaba un régimen jubilatorio especial para los cargos de Gobernador y Vicegobernador. Concretamente, les permitía beneficiarse con la jubilación ordinaria “sin acreditar tiempo mínimo en el ejercicio de dichos cargos”. De esta manera, el propio Pellanda se acogió a la ley que él mismo había dictado y se jubiló a los 54 años, cinco meses y cinco días de edad tomando como base el sueldo de gobernador, cargo que había desempeñado por tan sólo un año y 10 días. Incluso comenzó a tramitar su jubilación mientras aún detentaba el cargo de gobernador. Además, la denominada “Ley Pellanda”, generosa con su autor, resultó ser mezquina con los ciudadanos de a pie: en su artículo primero derogaba el derecho a pensión de las convivientes, otorgándolo únicamente a la “viuda o viudo incapacitado para el trabajo”. Ambos decretos leyes, el 6531 y el 6743, fueron derogados en 1984, con la llegada de la democracia, por la ley 7142 que también restituyó el derecho a pensión de las convivientes. El 25 de noviembre de ese año, la Cámara de Senadores presidida por el radical Edgardo Grosso, y la de Diputados encabezada por Elvio Molardo, pusieron punto final a las normas ruinosas del Proceso de Reorganización Nacional.

1982 argentina

El 2 de abril tropas argentinas ocupan las Islas Malvinas, dando comienzo a la guerra contra el Reino Unido. Los argentinos se rinden el 14 de junio. Tras la derrota, Leopoldo Galtieri renuncia y es reemplazado por el general Reynaldo Bignone.

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Nuevos vientos y viejas tempestades Tras el terror implantado por la dictadura militar (1976-1983), la democracia volvió para quedarse y en 2013 cumplió años “redondos” junto con la Caja. A las autoridades surgidas del voto popular también les costó hallar las herramientas para resolver viejos problemas de la entidad previsional, sobre todo en materia de sustentabilidad. La ley 8024, sancionada en 1990, marcó la impronta de la entidad en estos años, y no son pocos los que la señalan como la que terminó de poner en jaque al sistema. En esos años, además, las finanzas provinciales se vieron sacudidas por la crisis de México de 1995, que se conoció como “efecto Tequila”. Poco después aparecieron las AFJP (jubilación privada) y, en ese proceso, muchas provincias transfirieron sus cajas a la Nación, pero Córdoba no lo hizo. Por otra parte, la firma del Pacto Fiscal de 1992 con la Nación significó la cesión del 15 por ciento de la coparticipación. De este período es la creación del Hogar de Día Arturo Umberto Illia, un espacio socio-cultural y recreativo para adultos mayores.

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La democracia que supimos conseguir o sólo la Caja de Jubilaciones de la Provincia cumple años redondos (100) en 2013. También la democracia celebra los primeros 30 años ininterrumpidos de vigencia desde que la ley Sáenz Peña implantara el sufragio universal en 1912. Nunca antes había logrado tanta continuidad, lo que pone de manifiesto el sustento frágil de las instituciones y de la conciencia ciudadana acerca del valor profundo del “gobierno del pueblo”. Una de las razones básicas de la inestabilidad política que caracterizó al siglo XX en la Argentina es el desencuentro entre los intereses económicos dominantes y la voluntad popular expresada en el terreno político. El pueblo convocado a votar eligió a aquellos que consideraba sus legítimos representantes, primero el radicalismo que gobernó el país entre 1916 y 1930 (14 años) y luego al peronismo que estuvo en el poder entre 1946 y 1955 (10 años). Los golpes militares, el denominado “fraude patriótico” y las proscripciones políticas fueron las armas utilizadas por el sector dominante oligárquico para obtener lo que le negaban las urnas: conducir el país por un camino coincidente con el de sus propios intereses. La falta de legitimidad de esos métodos fue generando un clima de violencia interior que alcanzó su punto culminante durante la segunda época del peronismo en el poder, que sólo duró tres años y tuvo cuatro presidentes: primero Héctor J. Cámpora (25 de mayo-13 de julio 1973); luego Raúl Lastiri (13 de julio-12 de octubre); el propio Perón, desde el 12 de octubre hasta su muerte, el 1 de julio de

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1974; y, por fin, su esposa María Estela Martínez de Perón, derrocada el 24 de marzo de 1976 por el golpe militar que encabezó el general Jorge Rafael Videla. Ni la imaginación más afiebrada pudo prever la profundidad del horror desatado por la última dictadura en su misión de aniquilar a la guerrilla, que se había fortalecido capitalizando, precisamente, la clausura de las vías democráticas. Fue tal la atrocidad de sus crímenes, cuyos alcances continúan descubriéndose aún hoy, coronados por la delirante decisión de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas por medio de la guerra, que la última dictadura se convirtió en un antídoto contra quienes pretendan alterar la plena vigencia de la democracia. Es una bisagra de la historia que nos permitió disfrutar de 30 años continuados de gobiernos constitucionales. Un hito sin retorno El desgaste de la dictadura se mostraba a través de diversos indicios. El primero de ellos era el resquebrajamiento del frente interno, sobre todo durante el período gobernado por el general Roberto Viola, reemplazado muy rápido por el general Leopoldo Galtieri, quien contaba con un fuerte respaldo de la oficialidad y venía a restituir el espíritu inicial. Otro foco de conflicto estuvo dado por la marcha cada vez más difícil de la economía. Los crónicos problemas fiscales del país y la recurrencia constante al congelamiento salarial, acompañados por alza de tarifas e impuestos y liberalización de precios, terminaron por despertar a las organizaciones gremiales. En marzo de 1982, convocaron a una concentración en Plaza de Mayo que fue duramente reprimida. Por otra parte, las violaciones de los derechos humanos eran cada vez más evidentes y arreciaban las protestas de organismos nacionales, como las Madres de Plaza de Mayo, e internacionales. Esta situación de debilidad aceleró la decisión fatal del gobierno de facto de recuperar por sorpresa las Malvinas, lo que provocó un entusiasmo popular tan ferviente que Galtieri tuvo que asomarse al balcón de la Casa Rosada para saludar a la multitud concentrada en apoyo a uno de los reclamos que más unifican y sienten los argentinos: la soberanía en las Islas del Atlántico Sur. Pero la derrota fue tan rápida, tan cruenta y tan costosa, que significó el fin de la dictadura y sumergió a las Fuerzas Armadas en un desprestigio del que aún hoy les

1984 argentina

El 20 de septiembre, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (Conadep) entrega al presidente Raúl Alfonsín el informe Nunca Más, donde se documentan 8.960 desapariciones forzadas.

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FIESTA POPULAR EN LUGAR DE FUNCIONES DE GALA

historia

l 31 de octubre de 1983 los dia-

“E

Después de la asunción, se haría una fiesta

rios titulaban “Alfonsín presiden-

popular en la Plaza de la Intendencia. La

te”. Los primeros días de diciembre se

iniciativa seguía la propuesta de Alfonsín

asistía a la proclamación legislativa de los

que había dispuesto el reemplazo de las

candidatos triunfantes y se disolvía la

funciones de gala por fiestas populares,

junta militar. “Recuperamos la Nación

donde el pueblo pudiera festejar la recon-

para la vida, la justicia y la libertad”, anun-

quista de la democracia”.

ciaba Alfonsín al asumir la primera magistratura el 10 de diciembre. En Córdoba, el gobernador electo, Eduardo Angeloz, con-

Philp, Marta: Memoria y política en la his-

vocaba a la ciudadanía a vivir en libertad y

toria argentina reciente: una lectura desde

democracia. Una publicidad en la prensa

Córdoba. Universidad Nacional de

decía: “Córdoba. Hoy asume el pueblo”.

Córdoba, 2009. Pág. 304.

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cuesta salir. En rigor, todo el país fue afectado por el dislate. Desafiar al mismo tiempo a Estados Unidos y a Gran Bretaña no es algo que el poder mundial pueda olvidar así nomás. Muchas puertas se cerraron para los argentinos por culpa de esa aventura militar. Y además, la endeble economía nacional, que marchaba con mucha dificultad por una inflación superior al ciento por ciento anual, se derrumbó sin remedio tras la derrota y los ingentes gastos que demandó la guerra. La promesa democrática “Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, no necesitamos nada más”, machacaba Raúl Alfonsín en sus discursos de campaña de 1983 en escenarios multitudinarios, antes o después de recitar el Preámbulo de la Constitución. Alfonsín, líder indiscutido de la UCR tras la muerte de Ricardo Balbín, supo ubicar al radicalismo como el partido de la democracia, frente a un peronismo que ponía en escena los mismos personajes de siempre (Lorenzo Miguel, Ítalo Luder, Deolindo Bittel), y con apariciones desafortunadas como la de Herminio Iglesias, quien en el acto de cierre de campaña quemó un féretro con los colores de la UCR. Asimismo, Alfonsín había denunciado la existencia de un pacto sindical-militar que condicionaría la futura democracia, con lo que terminó de asociar al peronismo con las desprestigiadas Fuerzas Armadas y se puso a la vanguardia de la denuncia de sus crímenes. En un libro reciente, Historia de la Argentina (1955-2010), Marcos Novaro afirma: “El repudio total al régimen y a las Fuerzas Armadas, que fue en aumento a medida que se acercaban las elecciones, no sólo expresaba la frustración por los fracasos y el horror por los crímenes que salían a la luz, sino también la necesidad -más profunda y de más largo aliento- de dar vuelta una página de la historia y hacer a un lado a los actores hasta entonces dominantes”. El 30 de octubre de 1983 el radicalismo derrotó al peronismo por primera vez en la historia en elecciones libres y sin proscripciones (52 contra 40 por ciento). La primavera democrática tuvo muy pronto severos tropiezos. Primero, rebeliones militares como la de Semana Santa devolvieron a escena los viejos fantasmas autoritarios, condicionaron al gobierno y lo obligaron a dictar

1984 córdoba

La Mona Jiménez saca su primer disco solista: Para toda América. Anteriormente, el artista había conquistado al público como parte del Cuarteto Berna y luego como cantante del Cuarteto de Oro.

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leyes de perdón, como las de Obediencia Debida y Punto Final, que le pusieron límites a los juicios y a la investigación de los crímenes cometidos por los militares durante el período anterior (1976-1983). Y luego, la hiperinflación puso de manifiesto las heridas profundas de la economía con un Banco Central exangüe y a merced de los operadores cambiarios y una deuda externa agobiante que necesitaban algo más que democracia para resolverse. El Consenso de Washington Fue Carlos Menem, peronista y sucesor de Alfonsín, quien aprovechó la debacle radical para instalarse en la Casa Rosada con un plan integral que incluyó una nueva institución: la convertibilidad peso-dólar, cuyo primer efecto fue frenar en seco la inflación. Esa decisión fue acompañada por un acelerado proceso de privatización de empresas de servicios como correos, ferrocarriles, teléfonos y luego Aerolíneas Argentinas e YPF, al compás de las ideas dominantes de la época sintetizadas en un listado de principios denominado Consenso de Washington. Pero si bien había acabado con la inflación, el plan tuvo efectos claramente recesivos: crecieron los índices de desocupación y de pobreza resultado de la brutal reconversión industrial a la que se empujó al país. En paralelo con el debilitamiento del gobierno, creció su desprestigio. Las denuncias por corrupción mellaron la imagen de Menem que no pudo imponer la idea de un tercer mandato y el peronismo, representado por Eduardo Duhalde, perdió las elecciones de 1999 a manos de una alianza de radicales, peronistas disidentes y fuerzas progresistas. Poco duraría ese gobierno, encabezado por Fernando de la Rúa, quien mantuvo un plan económico que ya había mostrado sus fisuras e insistió incluso con colocar en el Ministerio de Economía al padre de la convertibilidad: Domingo Cavallo. Pero ésa ya es otra historia.

1985 argentina

Juan Sourrouille reemplaza a Bernardo Grinspun al frente del Ministerio de Economía. Pone en marcha el Plan Austral, que impide emisiones monetarias, congela precios y salarios, y crea una nueva moneda, el austral, equivalente a 10.000 pesos argentinos.

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La 8024, una ley para la polémica n 1990, un año antes de finalizar su segundo mandato, el gobernador radical Eduardo César Angeloz envió a la Legislatura el proyecto de lo que sería la ley 8024. Entre sus aspectos más polémicos, sancionaba un sistema de jubilaciones que parte de la oposición consideró un régimen de privilegio. Entre otras disposiciones, establecía un nuevo mecanismo de cálculo del haber inicial por el cual la jubilación se determinaría en función del cargo de mayor jerarquía escalafonaria que ocupó el afiliado en la administración provincial o municipal en cualquier etapa de su vida laboral, durante dos años consecutivos o cinco alternados, aunque no se tratase del que desempeñara a la fecha del cese. De igual modo, los docentes podrían computar para el cálculo de su haber inicial la mayor cantidad de horas cátedra que hubieran ejercido durante dos años seguidos o cinco alternados (inciso f del artículo 50). Para acceder a estas prerrogativas, los afiliados debían acreditar 30 años de servicio, de los cuales 20 tenían que ser de aportes a la Caja de la Provincia. La opción favorecía a todos los afiliados, pero en especial a quienes se desempeñaron como titulares del Poder Ejecutivo, ministros, secretarios de Estado, fiscales de Estado, legisladores, vocales del Tribunal Superior de Justicia y fiscal General de la Provincia. Todos los que ocuparon estos puestos jerárquicos, dependientes de gobiernos elegidos por el voto popular, podían pedir la jubilación por desempeño en esos cargos. Para ello necesitaban acreditar 10 años de aportes a la Caja provincial, o abonarlos incrementados en un cuatro por ciento sobre la remuneración actualizada del cargo desempeñado (inciso g del artículo 50). En tanto, el haber máximo jubilatorio quedaba supeditado al 82 por ciento móvil del sueldo asignado al cargo de

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gobernador, no pudiendo disminuir el haber del beneficio en un porcentaje superior al 10 por ciento (artículo 61). Esta modificación, entre muchas otras que introdujo el “angelocismo”, marcó la impronta de la Caja en estos años, y no son pocos los que señalan a esta ley como la que terminó de poner en jaque a un sistema que venía perdiendo sustentabilidad, ya no sólo por su desbalance actuarial sino también por la caída en la relación aportante-beneficiario. Por estas razones es que el liberalismo, que había logrado pocos escaños en la Legislatura, criticó lo que denominó un sistema de privilegio, y comenzó a proponer -sin éxito- la implementación de un sistema de “capitalización”, copiando el modelo de Chile que años más tarde terminaría aplicando la Nación con la creación de las AFJP. Para los opositores, la incorporación de los incisos f y g al artículo 50 sumaban lisa y llanamente “jubilaciones de privilegio”, mientras que el radicalismo y el peronismo coincidían en una interpretación amplia de la norma y aseguraban que, así como beneficiaba a los cargos de más alta jerarquía, también lo hacía con los tramos más bajos del escalafón. Para asegurar su cumplimiento, esta ley establecía en su artículo 5, la garantía de que el Estado provincial se comprometía a hacer efectivo el pago de los haberes jubilatorios en caso de necesidad. La 8024, también denominada “ley Angeloz”, sigue vigente en la actualidad aunque con numerosas modificaciones. El cuerpo normativo reproducía en general los conceptos de la 5846/75 aprobada durante el gobierno peronista previo al golpe militar del 24 de marzo de 1976, por lo que fue sancionada como fruto de un acuerdo entre la bancada del radicalismo y del justicialismo. Otro cambio significativo que incorporó la 8024 fue la de un nuevo mecanismo de movilidad. Quedó establecido que la suba a los pasivos debía ser efectivizado a los 30 días a partir del incremento salarial para los trabajadores en actividad, de acuerdo al aumento logrado en cada sector. Esta modificación a la movilidad se había convertido en uno de los principales reclamos de los jubilados, que veían sus haberes licuarse al ritmo de la hiperinflación desatada durante el gobierno de Raúl Alfonsín y los inicios del de Carlos Menem. Cambios principales Al elevar a la Legislatura el proyecto de ley que establecía el Régimen General de Jubilaciones, Pensiones, Retiros y

1986 córdoba

En Capilla del Monte, el 9 de enero, se produce el incidente de la Huella del Pajarillo. En el cerro Pajarillo aparece una extraña mancha oscura. Vecinos y aficionados a explicaciones sobrenaturales atribuyen el fenómeno al aterrizaje de naves extraterrestres.

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Subsidios para el personal de la Administración Pública Provincial en sus tres poderes y de las municipalidades de la provincia, el entonces gobernador Eduardo César Angeloz expresaba: “El régimen jubilatorio se basa en el llamado sistema del 82 por ciento y 75 por ciento móviles, para la determinación del haber jubilatorio inicial y sus sucesivas actualizaciones, cuyo origen se remonta al año 1959”. Recordaba el entonces gobernador, que el proyecto había sufrido varias modificaciones “derivadas principalmente de la persistencia de este verdadero flagelo nacional que es la inflación”. Ante los legisladores que debían tratar la iniciativa, destacaba Angeloz que con el nuevo régimen “se impone la necesidad de adoptar algunas medidas que aseguren su equilibrio actuarial para que los afiliados actuales y futuros mantengan su derecho a gozar en la pasividad de similares ingresos que cuando eran trabajadores activos, teniendo en cuenta que la actual relación activos/pasivos es de 2,755 a 1, con natural tendencia a reducirse aún más”. El titular del Ejecutivo manifestaba en torno al polémico tema de las finanzas de la entidad, que una de las formas de mejorar la relación técnica era elevar la edad de retiro, pero aclaraba que se había optado por retocar otras variables menos conflictivas. La Legislatura aprobó la ley con las siguientes modificaciones: -El régimen pasó a ser de jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios, por incorporar como nueva prestación al subsidio por indigencia y salario familiar por cónyuge. - Se aumentaron en forma gradual los aportes personales y se facultó al Ejecutivo a elevar los porcentajes de estos aportes y los del Estado cuando lo exigiera la situación económica de la Caja. Se estipuló el 14,5 por ciento de contribución personal más 20 por ciento del Estado, totalizando un 34,5 ciento, en contraste con el 30,5 por ciento que fijaba la ley 5846 de 1975. - Conservó la misma edad de la ley anterior para la jubilación ordinaria (58 años para el varón y 55 para la mujer), 30 años de servicios y 25 de aportes mínimos (cinco menos que la ley 5846). -El derecho a la jubilación ordinaria reducida permitió retirarse a los afiliados tres años antes de cumplir la edad necesaria para acceder al beneficio común; otra novedad es que ese jubilado podía transformar su jubilación en ordina-

1986 argentina

Argentina gana la Copa Mundial de Fútbol, que se celebra en México. Entre los jugadores se destaca un joven argentino que marca dos hitos en el fútbol: en el partido ArgentinaInglaterra, Diego Maradona convierte sus goles más famosos, la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

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ria si continuaba abonando aportes. -La jubilación por invalidez se otorgaría a quien quedara incapacitado en forma total para el trabajo. La incapacidad absoluta sería equivalente a la ordinaria, siempre que la incapacidad laboral fuera del 66 por ciento o más. -Se reconoció el derecho a pensión para el viudo incapacitado o mayor de 58 años. -Se incorporó el subsidio por indigencia para personas que aportaron en alguna época de su vida durante cinco años a la Caja, que tuvieran más de 70 años de edad y se encontrasen en estado de necesidad extrema. El derecho se extendió a la viuda o viudo en similares condiciones y a los hijos menores de 18 años. -La movilidad fue considerada como un derecho básico que debía ser respetado, exigiendo además que llegara al bolsillo del beneficiario en el menor tiempo posible y haciendo su liquidación a partir del mismo momento en que se produzca la variación salarial (30 días). -Otro de los aspectos reclamados persistentemente por las entidades gremiales y los propios interesados fueron los topes mínimos y máximos. Para el primer caso, equipara la pensión a la jubilación y para el segundo, se mantiene el techo del 82 por ciento del sueldo asignado al cargo de gobernador. - Se institucionalizó el procedimiento de la renuncia condicionada para asegurar que quien deja de percibir el sueldo pasa al mes siguiente a cobrar su jubilación. -Se incorporó el derecho a la jubilación extraordinaria para los integrantes del Ballet Oficial, toda vez que su aptitud laboral es mucho más breve que en las demás actividades. La ley 8024, aprobada por amplia mayoría en virtud de un acuerdo entre peronistas y radicales, se votó el 19 de diciembre de 1990, tras dos años de intentos sin éxito marcados por una larga serie de idas y vueltas del proyecto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La discusión de la 8024 El debate legislativo sobre la 8024 se basó en dos ejes: la polémica sobre las jubilaciones de privilegio y la continuidad del sistema de reparto en lugar del de capitalización. Pero, en realidad, estas discusiones legislativas habían empezado ya dos años antes, mientras que las críticas de la prensa se habían centrado en ese entonces en torno a las jubilaciones de privilegio y por invalidez.

1988 el mundo

El 5 de octubre, en Chile, Augusto Pinochet es derrotado en el plebiscito nacional para renovar su mandato, con el 56 por ciento de los votos en contra y un 44 por ciento a favor. Este resultado marca el fin de las aspiraciones políticas del dictador.

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Luego de varios intentos por sancionar un nuevo cuerpo legal, en 1990, el Ejecutivo -con la firma del entonces vicegobernador Mario Raúl Negri- ejerció el derecho de veto total de la ley 7984 (intento legal previo a la 8024) referida al Régimen General de Jubilaciones, Pensiones, Retiros y Subsidios para el Personal de la Administración Pública Provincial, sancionada en la Legislatura. Quedaba trunco un nuevo intento por reformar el sistema previsional. En esa ocasión, Negri argumentó “diferencias de criterio” entre las modificaciones que introdujeron al proyecto los parlamentarios y “los desajustes técnicos” que estos cambios podrían provocar en la estructura financiera de la Caja. Al día siguiente a la aprobación de esta ley, luego vetada por Negri, bajo el título “Un tercio de las jubilaciones provinciales serían por invalidez”, La Voz del Interior consigna que “más del 30 por ciento de las jubilaciones se acogen a ese beneficio, según fuentes oficiales”. La crónica periodística indicaba que “en 1990, la Caja relevó registros de los años 86, 87 y 88 y obtuvo como resultado que el 45 por ciento de las solicitudes era por invalidez: 16 mil de un total de 47 mil beneficios”. El mencionado relevamiento agrega que “hay mucha demanda, particularmente de docentes, que en general aducen problemas psiquiátricos”. Recuerda también este matutino que el subsecretario de Previsión Social, Afelio Viera, al informar en la Cámara de Diputados -antes de la sanción y veto de la Ley 7894-, había manifestado que “esta reforma no sólo impacta económicamente en la Caja y la coloca bajo pronóstico reservado, sino también la corruptela seguirá teniendo piedra libre”. El funcionario -según La Voz del Interior- precisó que “una de cada tres jubilaciones es por invalidez y el promedio de edades de 40 a 45 años, lo que las hace muy gravosas”. Tras el veto de Negri, el 12 de diciembre de 1990 el gobernador Angeloz se reunió con el presidente de la Cámara baja, Elvio Molardo, los titulares de las bancadas peronistas de Diputados y Senadores, José Rufeil y Juan Manuel de Rivas, los oficialistas Blanca Roqué y Orlando Cortés Olmedo, y el titular de la bancada radical del Senado, José María Parola. Si bien nadie formuló declaraciones al salir del chalet de la Casa de Gobierno, ubicado cerca del Parque Sarmiento, trascendió que se había acordado que la Legislatura en

1989 córdoba

Por accidente, durante obras del cableado telefónico subterráneo de Megatel, se redescubren las Criptas del Noviciado Jesuita. La Municipalidad decide protegerlas y recuperarlas, ya en 1928 aparecieron durante unas obras de ensanchamiento de avenida Colón, pero se continuó con los trabajos y se olvidaron las construcciones bajo el tránsito.

175

historia

LA REBELIÓN CARAPINTADA DE SEMANA SANTA

arte de los sectores militares que

“P

representantes de todos los partidos, sin-

reivindicaban su actuación en la

dicalistas, empresarios, miembros de enti-

lucha antisubversiva y reclamaban el cese

dades defensoras de derechos humanos,

del accionar de la justicia en la investiga-

la Iglesia Católica, firmaron un “Acta de

ción del pasado reciente, se sublevaron

Compromiso Democrático”, hecho carac-

durante la Semana Santa de 1987. Ante

terizado por la prensa como “un pronun-

un importante respaldo popular, el presi-

ciamiento inédito desde la instauración del

dente (Raúl Alfonsín) comunicaba el fin de

sistema democrático”.

la crisis, caracterizando al acontecimiento como “un 17 de octubre de la democracia” mientras el nuevo jefe del Ejército afirmaba que ya no existía la palabra golpe

Philp, Marta: Memoria y política en la his-

en el léxico militar… En Córdoba, diferen-

toria argentina reciente: una lectura desde

tes actores políticos, entre los que se con-

Córdoba. Universidad Nacional de

taba el gobernador (Eduardo) Angeloz,

Córdoba, 2009. Pág. 391.

176

sesiones extraordinarias aceptara el veto y, a cambio, el gobernador respaldaría a legisladores y desestimaría los aspectos más irritantes de los artículos denunciados como privilegios del régimen especial. El entonces intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, habló con la prensa y expresó: “No debe existir ningún privilegio en los sistemas jubilatorios y los beneficios previsionales deben ser iguales para todos”. Una semana después, el 19 de diciembre, Diputados aprobó el proyecto de ley 8024 con el voto de radicales, peronistas y democristianos. Los liberales defendieron su proyecto de capitalización en ambas cámaras (Diputados y Senadores). Las posiciones en Diputados El diputado radical Jorge Celli abrió el debate en su carácter de presidente de la Comisión Especial creada para tratar la norma, y manifestó que iba a informar por tercera vez sobre el proyecto, con el íntimo deseo de que la iniciativa sea finalmente convertida en ley. “Es muy probable que no estemos aprobando la mejor ley, pero es la que la situación política, social y económica del país y de la provincia nos permite sancionar”, acotó el legislador oficialista. Seguidamente, el diputado Tomás Antonio Montilla anticipó el voto afirmativo de la bancada del justicialismo, ya que expresó que se ha trabajado con responsabilidad para consensuar el proyecto, “a pesar de las severas críticas de algunos comunicadores sociales a la clase política dirigente de la provincia”. Coincide con el oficialista Celli en que “se ha trabajado con responsabilidad para dar a los jubilados de Córdoba una ley que tal vez no es perfecta, pero es la ley posible en estas circunstancias que vivimos los argentinos y los cordobeses”. Cuando le llegó el turno de fundamentar a la Unión de Centro Democrático (Ucedé), el legislador Eduardo Vincenti anticipó que se opondrían al proyecto, como lo hicieron con el anterior, porque “con algunas pocas modificaciones que disimulan un poco los regímenes de privilegio”, se mantiene “un sistema de reparto perimido en el tiempo, arbitrario e injusto, inequitativo e ineficaz”. A continuación el diputado Alfredo Ciocca, de la misma bancada, explicó que su bloque apuntaba a un sistema complementario y obligatorio de capitalización, a través de compañías privadas de libre elección, mecanismo que,

1989 argentina

Ese año Argentina sufrió un golpe hiperinflacionario que tuvo su pico en julio, cuando los precios se incrementaron un 200 por ciento. La crisis provocó la anticipada salida del presidente Raúl Alfonsín, quien le entregó el mando a su sucesor, Carlos Menem.

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según ellos, había sido probado en Chile. Criticó además a “riesgo de aparecer como impopular” la no modificación de la edad jubilatoria y la pensión por indigencia, por considerar que era un resorte de asuntos sociales. El peronista Horacio Obregón Cano terció en el debate, donde sostuvo una enfática defensa de la ley al manifestar que no aceptaba que se hable de privilegios porque la ley contempla la edad y los mismos aportes para cualquier ciudadano y criticaba a los liberales con quienes dijo tener “diferencias abismales, ya que aparecen con una privatización de la Caja, cuando nosotros seguimos sosteniendo un criterio social”. Carlos Bianco de la Ucedé insistió en que el sistema de reparto no funcionaba más y remitió a las definiciones de las autoridades de la entidad previsional, que habían dicho que “con este sistema la Caja de Jubilaciones quiebra”, lo que significaba que “va a haber que hacer un esfuerzo adicional para que los jubilados cobren”. De este modo, la 8024 tuvo media sanción con los votos de los legisladores radicales, peronistas y la Democracia Cristiana. La Ucedé que se oponía quedó reducida a un grupo con presencia más testimonial que real en el recinto legislativo, imposibilitada de cambiar el curso del debate.

1989 el mundo

Cae el Muro de Berlín entre la noche del jueves 9 y la del viernes 10 de noviembre, 28 años después de su cons-

En el Senado, más de lo mismo El radical Roberto José Inaudi, como miembro informante, también se refirió a las 26 modificaciones, igual que hizo su par en Diputados. “Tras el torbellino de opiniones encontradas y con dimes y diretes, aquí estamos con la firme convicción de cumplir con la función que específicamente nos compete, la de buscar y lograr el bienestar de nuestros representados”, concluyó al presentar la iniciativa. A continuación, el peronista José Campellone destacó que era excepcional que el Ejecutivo remitiera sucesivamente dos proyectos distintos referidos a un régimen de envergadura en un mismo período legislativo. El titular del Smata calificó como “carentes de legalidad” los procedimientos adoptados y consideró que el hecho de que el proyecto se tratara en extraordinarias constituía la más acabada demostración del mal funcionamiento de las instituciones de la Provincia. Pese a las críticas formales, destacó que se habían incluido varias propuestas de su bloque, por lo tanto anticipó el voto afirmativo en general, “sin perjuicio de disidencias en particular”.

trucción. Durante esas casi tres décadas, 79 personas han perdido la vida intentando franquearlo, más de 100 resultaron heridas de bala y 4.000 lograron cruzar a Occidente.

178

Finalmente, el liberal Prudencio Bustos Argañaraz adelantó que votarían por la negativa en general y en particular por considerar que el sistema de reparto había fracasado y lo habían reconocido las propias autoridades del organismo previsional, por lo que sugería que se lo debe sustituir por “uno más moderno como es el de capitalización, que impide situaciones de injusticia o de privilegio”. Machacó con la acusación de que este proyecto volvió a ser tratado por el artículo 50, inciso g), al que calificó como “jubilaciones de privilegio”. Con un trámite más rápido lo aprobó el Senado, también con la oposición de los liberales, los que defendían el sistema de capitalización que el gobierno de Carlos Menem aplicaría en el país pocos años después, a través de la creación de las AFJP.

1989 córdoba

La prensa, más tranquila La prensa bajó el tono crítico que venía manteniendo hasta ese entonces, y resaltó que el proyecto se hizo eco de una de las principales demandas de la clase pasiva que era la de percibir los aumentos a los 30 días de que lo hicieran los activos. Sostuvo que uno de los aspectos cuestionados fue el aumento de aportes, pero reconoció como una innovación en la legislación nacional la inclusión de la pensión por indigencia. Finalmente consideró que quedaron virtualmente descartados los privilegios al eliminarse la prerrogativa que les permitía acceder al beneficio con dos años de aportes a la Caja a legisladores y funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial. Rescató el artículo 50 incisos f y g, al entender que la obligación de éstos de completar los 10 años de aportes antes de jubilarse (y no sólo dos como la ley vetada) era una morigeración al sistema de privilegio, aunque remarcó la diferencia con el régimen ordinario que exigía 20 años de aportes a la Caja Provincial. Finalmente, ambos incisos fueron derogados años después con la llegada del nuevo siglo. La ley tiene ya más de 22 años, puesto que la 8024 entró en vigencia el 1 de febrero de 1991, y aún hoy se discuten sus virtudes y defectos.

Se inaugura el servicio de Trolebuses de Córdoba, con el objetivo de mejorar el sistema de transporte público de la ciudad.

179

Un decreto para corregir una ley los cuatro años de promulgada la ley 8024, quedó en evidencia que era inviable cuando a sus deficiencias estructurales se sumaron factores externos. En 1995 se produjo una crisis económica global que afectó a todos los países y que tuvo su epicentro en México, razón por la cual se la conoció como “efecto Tequila”. La provincia entró en crisis y con ella la Caja. El gobernador Eduardo Angeloz debió abandonar cinco meses antes su tercer mandato, al no conseguir recursos ni de la Nación ni de fuentes internacionales. Con casi tres meses de sueldo adeudados a empleados públicos y jubilados, y en medio de fuertes convulsiones sociales que tuvieron su punto más dramático en la quema de la Casa Radical, asumió la gobernación Ramón Mestre, que ya había sido elegido para ese cargo. El mandatario entrante aplicó una fuerte política de “ajuste” con reducción de empleados y recortes salariales y jubilatorios. También debió emitir cuasi moneda: un bono denominado Cecor. Pero para implementar todas estas políticas de ajuste, Mestre hizo sancionar en la Legislatura una Ley de Emergencia Económica, la 8427, que se promulgó el 13 de julio de 1995. Las “recetas” incluían la sugerencia de privatizar el Banco de Córdoba y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), algo que Mestre se negó a realizar. La ley incluyó la emergencia previsional y dispuso en su reglamentación que la clase pasiva cobrara hasta 300 pesos en moneda de uso legal y el resto en bonos, los Cecor. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para reencauzar financieramente a la Caja de Jubilaciones. Fue así que el 22 de septiembre, La Voz del Interior publicó en su tapa que el gobierno analizaba mecanismos

1990 argentina

María Soledad es asesinada en la madrugada del 8 de septiembre. Su muerte marcará un antes y después en el país, desentrañando los vínculos entre el poder político y la impunidad de la política catamarqueña. Las marchas de silencio, organizadas por familiares y amigos de María Soledad, rompen ese poder y esa impunidad.

180

para eliminar o reducir el 82 por ciento, entre otras medidas que apuntaban a corregir el déficit de la Caja. Al asumir su cargo, el interventor Oscar Bertona lo había admitido sin matices. “La Caja está quebrada”, dijo y anticipó que se podrían modificar las edades jubilatorias, el nivel de aportes y los beneficios de privilegio. Agregó que el sistema previsional no podía sobrevivir con las remuneraciones que percibían sus beneficiarios. Puesto que la ley 8024 no podía modificarse hasta 1999, el funcionario no descartó la posibilidad de cambiar la Constitución para paliar el rojo de 70 millones anuales que la Caja generaba en las cuentas provinciales. El subsecretario de Seguridad Social, Jorge Moreyra, al poner en funciones al interventor, fue tan contundente como Bertona. “Esta Caja está en estado de cesación de pagos y tenemos la obligación de decirlo con todas las letras, porque tiene una ley que es la propia destrucción del sistema y debemos expresarlo con sinceridad para no engañar más a la gente”. El anuncio fue considerado inoportuno y si bien se reconoció que el Gobierno estudiaba medidas para paliar el déficit, hablar de eliminar el 82 por ciento resultaba, además de urticante, jurídicamente muy difícil. Para quebrar esa suerte de impasse legal, y siempre en el marco de la Emergencia Económica, Mestre dictó el decreto 1777/95, que establecía la reducción de jubilaciones del 82 por ciento a un 67 por ciento móvil. En realidad, el nuevo sistema de Mestre establecía que el 82 por ciento móvil que fija la ley 8024 para el cálculo de los haberes, debía aplicarse sobre el salario neto, es decir después de realizados los descuentos de ley, y no sobre el bruto. En la práctica, la reducción orillaba el 18 por ciento. El reclamo en las calles se hizo sentir ante estas medidas. La respuesta del mandatario cordobés también fue rotunda: “El camino es muy simple, no hay recursos. Las jubilaciones tienen que tener un tope, un techo, como sucede en todos los lugares del mundo”. Los fallos de la Corte Esta decisión de Mestre generó miles de juicios que terminaron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El decreto 1777 fue convalidado por el Tribunal Superior de Justicia mediante sentencia del año 1997 dictada en la causa “Carranza, Raúl Ernesto contra Provincia de Córdoba y otras – acción de inconstitucionalidad”.

1990 argentina

Argentina disputa su segunda final consecutiva en un Mundial de fútbol. Se repite el duelo contra Alemania de cuatro años atrás. Sin embargo, la victoria esta vez es de los germanos merced a un polémico penal marcado por el árbitro, un uruguayo nacionalizado mexicano.

181

Remitida la causa a la Corte Suprema, se pronunció en agosto de 2001, desestimando el Recurso Extraordinario interpuesto contra de la decisión del TSJ que se había expedido previamente a favor de la constitucionalidad del mecanismo de cálculo previsto en el decreto Mestre. Poco después, con el gobierno de Néstor Kirchner, y con la renovación de los integrantes, la Corte se abocó al estudio de los últimos planteos sobre este sistema, pronunciándose por su inconstitucionalidad. Éste fue el caso de “Iglesias, Antonio Martín y otros c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba” que en la Corte tuvo dictamen favorable. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni votaron por la revocación de la sentencia objetada, entendiendo que el decreto 1777/95 se oponía a las normas jubilatorias provinciales, ya que extrapolaba un instituto propio del salario del sector activo (que había sufrido recortes) al sector pasivo. Desde este punto de vista, la decisión se oponía al sistema de jerarquía de las normas, ya que jamás un decreto puede modificar o desnaturalizar una ley. Recordaron que si bien es doctrina de la Corte que por motivos justificados se pueden realizar ajustes a las jubilaciones, lo cierto es también que dichos ajustes deben realizarse por ley y no por decreto. Por su parte, Juan Carlos Maqueda votó en disidencia sobre la cuestión reeditando los argumentos de los precedentes “Carranza” y “Richard”, y Carmen Argibay entendió que la queja debía rechazarse por no ser la sentencia objetable válidamente a través del recurso extraordinario federal. En definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del decreto 1777/95 el 11 de julio de 2007 y decidió por mayoría remitir el expediente nuevamente a Córdoba, al Tribunal Superior de Justicia, a fin de que se dictara un pronunciamiento acorde con lo allí decidido. En ese mismo julio, y a pocos meses de terminar su segundo mandato, el gobernador José Manuel de la Sota derogó la norma y restableció el 82 por ciento móvil. Habían transcurrido 12 años desde el dictado del decreto 1777/95 y el saldo no sería neutro para las cuentas de la Caja sino que agravaría su situación financiera, como se verá más adelante.

1991 argentina

Domingo Cavallo asume como ministro de Economía y pone en marcha el plan de convertibilidad, que establecía la paridad del austral en dólares, con una paridad cambiaria fija de 10.000 australes por dólar.

182

EL TRIUNFO DE MENEM SOBRE ANGELOZ

historia

ada uno de los candidatos había

“C

queda de respuestas, las expectativas y

apelado a distintos modelos histó-

aspiraciones de los ciudadanos respecto a

ricos. Angeloz evocaba la figura de Alberdi

los resultados que debe producir la política

para fundamentar su fe en los principios

y específicamente los políticos, valorados

constitucionales. Menem decía represen-

en la medida que prometen soluciones

tar la reencarnación del abrazo de Quiroga

mágicas para problemas complejos”.

y Rosas, como un símbolo del acuerdo entre la ciudad del puerto y el interior. Sin embargo, las razones del triunfo del candidato justicialista no se encuentran en este pasado lejano sino más bien en el pasado

Philp, Marta: Memoria y política en la his-

reciente, signado por una transición demo-

toria argentina reciente: una lectura desde

crática jaqueada por la crisis económica y

Córdoba. Universidad Nacional de

la cuestión militar, sin olvidar, en esta bús-

Córdoba, 2009. Pág. 436.

183

Las provincias financian a la Nación os sucesivos pactos fiscales que las provincias firmaron con el gobierno nacional a partir de la década del ’90, tuvieron entre sus objetivos el sostenimiento de la Previsión Social. Este tema, con el transcurrir de los años, terminó siendo motivo de discordia entre la Provincia y la Nación, con planteamientos administrativos y jurídicos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota. Cronológicamente, la detracción de impuestos coparticipables a las provincias para la financiación del sistema previsional nacional comenzó en 1991, es decir antes de la reforma que dio origen al surgimiento de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), pero que iba allanando el camino al futuro régimen de capitalización. En ese año, parte del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que es un impuesto coparticipable, fue derivado para el sostenimiento del sistema previsional. El cálculo se realizaba restando a la recaudación del IVA los reintegros a las exportaciones, se volcaba un 11 por ciento para el sistema de previsión social, y de eso se distribuía un 93,73 por ciento para Anses, y el 6,27 por ciento para las cajas provinciales. No obstante, el impacto financiero más importante se produjo en 1992, cuando las provincias cedieron el 15 por ciento de la coparticipación para financiar el sistema previsional nacional según las leyes 24.130 y 26.078. Ese mismo año por Decreto 879/82 se destinó a la Anses el 20 por ciento de lo recaudado en concepto de Ganancias.

1992 argentina

Muere el músico Astor Piazzolla. Criticado por la “Guardia Vieja” del tango y alabado por compositores, músicos de distintos géneros y la crítica internacional, Piazzolla llevó el tango por el mundo, tocó con grandes artistas y puso su música en varias películas.

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Los docentes nacionales se hacen provinciales La transferencia del sistema educativo nacional a las provincias llevó en Córdoba a que 12.729 docentes oficiales y privados pasaran a engrosar el número de beneficiarios de la Caja de Jubilaciones. De este número de educadores transferidos, los que pudieron acreditar 10 años de servicio en la Provincia se jubilaron a través de la ley 8024, provocando un sacudón en las flacas arcas de la Caja. Tanto es así que en 2002, a través de la ley 9045, el gobierno provincial debió considerar los servicios de los docentes transferidos como prestados bajo el régimen de la Caja a todos sus efectos. Es decir, los docentes transferidos podían jubilarse con los beneficios de la 8024, aun sin haber aportado 10 años bajo el régimen provincial, siempre y cuando completaran su aporte. El 10 de diciembre de 1992, la Legislatura aprobó la ley 8253 que avaló el convenio entre el Poder Ejecutivo de la Nación, representado por el ministro de Cultura y Educación, Antonio Salonia, y la Provincia de Córdoba, por el gobernador Eduardo Angeloz. Mediante ese acuerdo se convino el cronograma y los procedimientos que se llevarían a cabo para la transferencia de los servicios educativos dispuesta por la ley nacional 24.049. Al ser refrendado en la Legislatura, el miembro informante, senador Oscar Meza, consideró que el proyecto se enmarcaba dentro de “las políticas de reforma del Estado, descentralización y federalización de los servicios educativos, con las lógicas discrepancias y diferencias de criterios entre el gobierno de la Provincia de Córdoba y el Poder Ejecutivo Nacional”. El legislador tradujo el convenio en las siguientes cifras: la Provincia acepta 157 establecimientos oficiales y 178 privados, o sea un total de 335 establecimientos educativos. Estos albergan a 43.117 alumnos de colegios oficiales y 44.690 de privados, lo que suma 87.807 estudiantes en todo el territorio. Éstos serán atendidos por 5.914 docentes oficiales y 6.815 privados. Todos pasarían a revestir a partir de enero de 1993, como alumnos o personal de la Provincia. Respecto de la situación previsional del personal transferido, Meza señalaba que “aquel personal en condiciones de jubilarse al momento del traspaso podrá optar por hacerlo por el régimen nacional”. La oposición justicialista en Córdoba, a través del senador, Luis Gaviglio, adelantó el voto afirmativo y consideró que el pase de los servicios a la Provincia “es un viejo anhelo de la educación cordobesa”, porque permitirá terminar con la dicotomía que significa que, en un mismo territorio, haya docentes de una y otra órbita. Finalmente, el liberal Prudencio Bustos Argañaraz dijo que los que sostienen la necesidad de fortalecer el régimen federal de gobierno están convencidos de que “la educación es uno de los ítems que corresponde a las provincias administrar”. Agregó que lo halagaba que Córdoba esté en condiciones de poder absorber y hacerse cargo de “una obligación que subsidiariamente atendió la Nación en circunstancias excepcionales”. La ley 8253 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 26 de enero de 1993.

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La instrumentación de cada una de estas quitas fue justificada con el argumento de que la Anses necesitaba de estos fondos para el pago de los jubilados y pensionados de las provincias argentinas. Con estos mismos argumentos es que en 1993 se crearon las AFJP llevándose la mayoría de los aportantes, por lo que la Anses se quedó sin ingresos para pagar las jubilaciones y pensiones otorgadas por la Nación y de allí la necesidad de financiamiento extra. Cabe destacar que Córdoba no transfirió la Caja a la Nación, un proceso que se instrumentó entre 1994 y 1996 en todo el país. En total, 11 provincias pasaron sus cajas de jubilaciones a la Nación. Cómo fue la cesión del 15% de coparticipación El 12 de agosto de 1992, después de arduas negociaciones, la Nación y las provincias firmaron un pacto sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos y los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Los gobernadores aceptaron una reducción del 15 por ciento de los recursos coparticipables y, como contrapartida, pidieron que los 900 millones de dólares anuales del Fonavi pasaran a ser administrados por sus distritos. Tras mantener una reunión de casi dos horas con el entonces ministro del Interior de la Nación, José Luis Manzano, el vicegobernador Edgardo Grosso y el ministro de Economía, Jorge Caminotti, acordaron esta cláusula y se sumaron al encuentro, que llevaba cuatro horas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y donde ya estaban los gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis y La Pampa porque fueron los impulsores de la propuesta. Córdoba firmó “con reservas” y ad referéndum de la Legislatura. El gobernador Eduardo César Angeloz, que ese día presidía una gira de Gabinete en Traslasierra, afirmó que “no se aceptará una reducción de fondos, ya que desde 1988, con la administración de Raúl Alfonsín y luego con el actual gobierno de Carlos Menem, la Provincia perdió 533 millones de dólares a manos de la Nación”. El mandatario agregó que el esquema que impulsaba Domingo Cavallo, “afecta cifras que se extraen indebidamente del presupuesto de la administración cordobesa”. Calculó en 28 millones de pesos la reducción mensual de la coparticipación que le corresponde a la Provincia por las medidas impulsadas por la Nación.

1992 argentina

El 17 de marzo una explosión destruye la Embajada de Israel, causa graves daños en edificios vecinos y provoca la muerte a 29 personas, y deja un saldo de más de 200 heridos. La investigación del ataque a la sede diplomática, llevada adelante por la Corte Suprema , no arrojó detenidos ni imputados.

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Dos visiones Al día siguiente el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguró que con este acuerdo “ningún jubilado va a percibir menos del 82 por ciento que le daba como beneficio la ley anterior”. “En algunos casos significará mejoras de un 20 a un 30 por ciento, y en otros duplica o más el haber”, aventuró el funcionario. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el subsecretario de Seguridad Social de la Provincia de Córdoba, Afelio Viera, quien estimó que los jubilados nacionales con el acuerdo recibirían como máximo un incremento de 30 por ciento de los haberes actuales, ya que en ese porcentaje aumentarán los fondos del sistema. El especialista añadió que era una falacia que los beneficiarios nacionales fueran a cobrar el 82 por ciento de lo que percibían en actividad. Viera explicó que “la Provincia paga el 82 por ciento del cargo que dejó al momento de jubilarse, en cambio la Nación paga un promedio”. Los legisladores lo apoyaron Tras interiorizarse de los detalles del acuerdo a través de su vicegobernador y ministro de Economía, Angeloz, que en un principio había sido crítico, expresó su conformidad a la firma. “Todo ha estado prolijamente planteado y cuando algunos esperan que Córdoba pateara el tablero, nos colocamos muy lejos de esa actitud discordante con la necesidad que tiene el país, fundamentalmente para atender a los jubilados nacionales”, dijo Angeloz e insistió con la formalidad de que se pronunciara la Legislatura. Al día siguiente de firmado el Pacto Fiscal, casi todos los presidentes de las bancadas, tanto del Senado como Diputados, se pronunciaron a favor del nuevo acuerdo en declaraciones periodísticas. Pedro Gioda adelantó que los legisladores radicales acompañarían la postura del gobernador y destacó su vocación democrática para que se discutiera el tema. Su par liberal, Carlos Bianco, se mostró conforme y señaló que la prioridad eran los jubilados, que estaban en emergencia. El peronista Esteban Dómina calificó de buena noticia al pacto porque se ha logrado una solución real al problema de los jubilados. El único legislador que se manifestó totalmente en contra fue Prudencio Bustos Argañaraz (Ucedé), quien

1993 argentina

El presidente Carlos Menem y el ex mandatario Raúl Alfonsín firman el Pacto de Olivos: el acuerdo incluye la aceptación por parte del radicalismo de una nueva y única reelección presidencial con el acortamiento del mandato de seis a cuatro años. Será la base de la reforma constitucional de 1994.

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Una tendencia que preocupa. La Memoria de 1999 de la Caja muestra la tendencia a la continua ca铆da de la relaci贸n entre activos aportantes y pasivos beneficiarios.

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sostuvo en declaraciones al diario La Voz del Interior que la ley de coparticipación ya es un despojo de la Nación a las provincias. En la prensa el impacto fue relativo. En su edición del 22 de agosto de 1992, La Voz del Interior, en un editorial titulado “Los puntos oscuros del pacto federal”, señalaba que la rúbrica del acuerdo fue recibida con indiferencia por parte de la ciudadanía, pero no puede evitarse un debate público y legislativo sobre la privatización de YPF y las reformas al sistema jubilatorio que incluían el pase al sistema de capitalización. El Congreso Nacional prestó acuerdo y el pacto se transformó en la ley 24.130 que señalaba entre sus objetivos asistir a las necesidades sociales básicas, especialmente las vinculadas con el sector pasivo, afianzar el federalismo, garantizar la estabilidad económica y el crecimiento y profundizar la descentralización.

1995 córdoba

Explota la planta de Fabricaciones Militares en la ciudad de Río Tercero. Mueren siete perso-

El desmadre de los pactos sucesivos Esta asimetría entre las provincias que transfirieron sus cajas y las que no lo hicieron, generó una serie de inconvenientes, por lo que en 1999, bajo el gobierno de José Manuel de la Sota, se firmó un nuevo acuerdo denominado “Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal” ratificado por ley 25.235. En una de sus cláusulas, el Gobierno nacional se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales de las provincias que no transfirieron sus cajas, con la condición de que armonizaran sus normas previsionales a las reglas vigentes en el sistema nacional, una cláusula que aún es motivo de reclamo a la Provincia por parte del gobierno nacional.

nas y hay 300 heridos, gran parte de las viviendas de la ciudad quedan dañadas. Poco tiempo antes se había denunciado la venta clandestina de armas a Ecuador en la guerra que dicho país mantenía con Perú.

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Después de la jubilación l caminante que se aventure por detrás de la ex Plaza General Paz, por ahí donde la calle La Tablada da una vueltita, se encontrará con una postal inesperada. ¡Qué viejos lindos! Pensará al observar en los amplios salones del Espacio Arturo Umberto Illia a grupos de hombres y mujeres que aquí tejen, allá bailan o cantan y por otros lugares juegan al ping pong o simplemente conversan cerca de la barra de un bar en el que sirven café y refrescos. Al mediodía, también se ofrece un menú de ocasión para aquellos a los que les cuesta volver a casa y prefieren quedarse un poquito más en General Paz 539 que es la dirección del que hasta no hace mucho se llamaba Hogar de Día. Fue fundado en 1986, como fruto de la democracia recuperada en 1983, con la idea de mantener activa a la mal llamada clase pasiva, con una reminiscencia de refugio diurno, similar al que por las noches ofrecen los hospedajes geriátricos. En su evolución hasta nuestros días, se fueron descubriendo muchas posibilidades. En ese sentido, la vejez también es un cielo abierto en el que caben realidades distintas y en el que los límites están dados sólo por las ganas y las fuerzas físicas para concretar sueños.

1997 argentina

En Pinamar aparece dentro de un auto el cuerpo calcinado del fotógrafo José Luis Cabezas. Su caso se convirtió en el mayor emblema de la lucha de la prensa argentina en pos de la libertad de expresión.

Los primeros pasos “He comprometido mi palabra de que, antes de la finalización de mi mandato como presidente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, dejaré en pleno funcionamiento el Instituto Modelo-Hogar de Día Dr. Arturo Umberto Illia. Hoy es ya una realidad y muy pronto, con el apoyo de todos los cordobeses, será una obra de trascendencia para la comunidad”, decía en 1986 Rolando Villagra, el fundador del Hogar. En ese momento, poco tiempo después de que el país recuperara su democracia, el espacio daba sus primeros pasos orientados por la idea de superar la idea asistencialista del aislamiento y dependencia de la vejez que comenzó a imponerse en la segunda mitad del

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siglo XX. En un tiempo de crecientes exigencias laborales para los más jóvenes, los viejos se enfrentaron con situaciones difíciles y hasta tristes pues ni a los jóvenes les resultaba fácil atenderlos -algo que sin duda generaba en ellos un fuerte sentimiento de culpa- ni los mayores encontraban en sus familias el marco de seguridad y afecto que necesitaban, con los consiguientes cuadros de depresión y angustia. Esto planteaba dos alternativas posibles: vivir en soledad o ser institucionalizados, sea en un centro dependiente del Estado, sea en un geriátrico privado. La propuesta impulsada por el doctor Villagra partía, en primer lugar, de la obligación del Estado democrático de hacerse cargo de su papel asistencial de los más débiles, en este caso, como resultado de la vejez. Antes de que existiera el Hogar, la Caja auspiciaba actividades que realzaban la presencia de los mayores. En esos tiempos, el actual edificio del Espacio Arturo Illia era una maqueta y se recordaba aún el que albergara al Teatro Argentino donde, según el poema de don Efraín U. Bischoff, “un sábado diez de agosto de mil ocho ochenta y nueve/la compañía que tuvo a doña María Tubau/como dama de cabeza, inauguró el escenario/brindando el “Divorciémonos” de Victoriano Sardou. Entre esas actividades se encontraba el certamen oficial para elegir los 10 jubilados sobresalientes que se realizaba cada año durante la Semana del Jubilado, a fines de noviembre. El 5 de julio de 1985, la presidencia de la Caja elaboró un memorándum en el que enunciaba la necesidad de un Hogar, se comisionaba a la Subgerencia de Patrimonio y Mantenimiento para que se abocara a la elaboración del proyecto y pliegos para el llamado a licitación pública, se describían las ideas básicas de diseño y se asignaba una transferencia de crédito presupuestario por un monto de 91 mil australes. El actual edificio se construyó en seis meses de acuerdo con dichas premisas, vinculadas con un ambiente flexible y funcional. Se proponía que, en su aspecto formal, la construcción se asemejara a una plaza techada donde la vegetación, los espacios verdes y la luz natural fueran aprovechados. Por la negativa, que no fuera un geriátrico, sino un ambiente para la recreación y el esparcimiento. El Hogar abrió sus puertas el 16 de octubre de 1986 como una institución pública provincial dependiente de la Caja de

1997 córdoba

El Colegio Monserrat de Córdoba se ve obligado a recibir alumnas, rompiendo una tradición que viene desde su fundación. Aunque hay resistencias de estudiantes y padres, finalmente el establecimiento educativo deberá admitirlas.

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Jubilaciones. En la inauguración estaban presentes, entre otros, el vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez, el vicegobernador de la Provincia, Edgardo Grosso; el arzobispo de Córdoba, Raúl Primatesta, y el presidente de la Caja, Rolando Villagra. Un día antes, La Voz del Interior destacaba el hecho afirmando que el Hogar venía a llenar “una sentida necesidad de la clase pasiva”. “Tendrá como función prioritaria reinsertar en la sociedad a los integrantes de la denominada tercera edad”, agregaba. Espacio, mejor que Hogar La “reinserción”, ése era, precisamente, el espíritu con que nació esta institución pionera que fue ejemplo a seguir tanto en nuestro país como en el resto de América latina. Tiene, por cierto, un anclaje jurídico en el artículo tercero de la ley 5317 (1971) del que surge que, además de la responsabilidad pública respecto del régimen de Previsión, son ineludibles para el Estado las tareas vinculadas al bienestar social de los jubilados de la provincia. Por cierto, el Espacio no distingue los orígenes de la jubilación, de modo que los jubilados nacionales lo pueden utilizar en un pie de igualdad con los que provienen de la Caja provincial. En esa visión fundadora, le estaría reservada la tarea de brindar actividades científicas, culturales, sociales, de esparcimiento, de recreación, talleres de aprendizaje de oficios varios, servicios de asistencia médica, social y personal, refugio temporal, reuniones sociales, cantina, comedor, bar, etcétera. Desde el primer día, la idea del Hogar mostró su potencia y su realismo. Dotado por entonces para recibir 600 jubilados, pronto colmó su capacidad y comenzaron a surgir las actividades, los talleres y las iniciativas. Por ejemplo, el Coro estable María Elena Walsh, los talleres de teatro, danzas, pintura y tejido o la escuela primaria para adultos mayores (Centro Educativo Nivel Primario para Adultos, Cenpa). Así comenzó la vida del Hogar, una vida que no pudo sustraerse de los vaivenes políticos, sociales y económicos que atravesó el país. Así fue como hubo momentos en los que las actividades se redujeron a una mínima expresión, o fueron resultado más del empuje y entusiasmo de talleristas y asistentes que de una política clara y consistente hacia los adultos mayores. Es en ese marco que se encuadró la decisión de utilizar el edificio del Hogar de manera plena con la finalidad para la

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Se produce un trágico accidente en Aeroparque cuando un avión de la empresa Lapa sale de pista y cruza la avenida Costanera. En el siniestro murieron 65 personas, mientras que 17 resultaron heridas de gravedad.

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"Nadie se jubila de la vida sino del empleo" Rolando Arturo Villagra muestra con orgullo un ejemplar del Martín Fierro que le regaló el Centro de Jubilados de Córdoba durante su gestión en la Caja de Jubilaciones y lee la dedicatoria: "Por el logro que se materializó en la lucha por la dignidad del jubilado". El monumento material más concreto de esa lucha es el Espacio Arturo Umberto Illia que funciona en avenida General Paz 539 y que abrió sus puertas el 16 de octubre de 1986. Villagra, nacido el 20 de septiembre de 1928 en Córdoba, fue el primer presidente de la Caja tras el regreso de la democracia en 1983. Este abogado, que ya había sido funcionario público en 1963 como secretario de Gobierno del intendente de Córdoba, Víctor Martínez, cuenta que fue un desafío dejar su estudio jurídico para asumir la conducción de la institución previsional. Pero no volvió a ese lugar hasta 1988, después de desempeñarse como titular de la Caja hasta 1987, subsecretario de Seguridad Social de la Nación durante ese año y ministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba en 1988. Uno de sus lemas, asumido por el Hogar de Día, en cuyas paredes puede leerse hoy, fue: "Nadie se jubila de la vida sino del empleo". En ese sentido, por su iniciativa, se puso en marcha el Primer Certamen del Jubilado Sobresaliente, comenzó a festejarse la Semana y el Día del Jubilado; se implementó el sistema de compras comunitarias para adquirir productos más económicos; se logró un 40 por ciento de descuento en la entrada de los cines (ventaja que se mantiene), un 50 por ciento para participar de espectáculos en el Teatro Libertador San Martín y entradas gratuitas para los eventos deportivos de los clubes Belgrano, Talleres, Instituto y Racing. Pero el motivo de satisfacción más grande para él fue la creación del Hogar de Día Arturo Illia, que recientemente cumplió 27 años (fue inaugurado el 16 de octubre de 1986) y alberga a jubilados provinciales y nacionales. Villagra destaca que Miguel Iriarte y Luis Molina fueron los pioneros del taller de teatro a través del cual se estimuló la participación de los jubilados y el acompañamiento de sus familiares en los estrenos. Grandes artistas, entre los que se destacan Jairo, Mercedes Sosa y Luis Aguilé pasaron por el Hogar durante su gestión y les cantaron también a los jubilados. Otra de las medidas de la que se enorgullece es la tarea que

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ROLANDO VILLAGRA Presidente de la Caja (1983-1987) y fundador del Hogar de Día Arturo Illia

cumplían los inspectores, que eran empleados de la Caja, quienes realizaban relevamientos en el domicilio de los jubilados. En algunos casos llevaban los haberes a la casa del retirado si así lo indicaba la situación. "Controlé sobre todo a los que tenían apoderados y recuerdo el caso de la viuda de un juez a la que se la encontró viviendo en un gallinero, sucia y con tos. Llamé al hijo a quien indiqué que tenía que traer a su madre a un control médico y en mi presencia decirle cuánto ganaba, porque su primogénito se quedaba con el 90 por ciento y le daba solamente lo restante. Otro caso que se detectó fue el de un niño con síndrome de Down, cuyo tío cobraba la pensión de los padres fallecidos y al chico siempre lo tenía alcoholizado para que no molestara". Villagra sigue recordando mientras guarda unos versos que le escribió el historiador Efraín U. Bischoff. Ese poema, que don Efraín tituló "Teatro y Hogar", cuenta que donde ahora está el Hogar, había un teatro, el Argentino, del que, al decir de las rimas: "Algunas rejas insistirán con la historia,/contando mil aventuras al derecho y al revés".

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Una experiencia pionera. Con la apertura del Hogar Arturo Illia, la Caja deja de ser mero ente pagador de haberes para asumir un rol m谩s completo en su relaci贸n con los jubilados.

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que había sido creado, un ámbito de apoyo y realización de los adultos mayores, dejando de lado otros usos que se le fueron añadiendo como el de ser un lugar de pago a jubilados. Llevó tiempo y hubo que superar muchas resistencias, pero finalmente el Hogar se concentró en las tareas para las que había sido creado. Con esta nueva etapa comenzó un proceso de renovación edilicia al tiempo que una ley que le asignaba fuentes de financiamiento propias le permitió al Hogar encarar el futuro con una autonomía inédita. En efecto, por medio de la ley 9884 se creó el “Fondo de Financiamiento de Actividades Recreativas y Sociales” que se alimenta de los aportes y contribuciones de los jubilados que reingresan a la actividad. Con esos recursos, y tras la adhesión de Córdoba a una ley nacional de voluntariado, se pudo enriquecer el plantel de voluntarios talleristas garantizando la sustentabilidad del Hogar y la gratuidad de sus actividades, además de extender sus actividades al interior provincial. Concretamente, a Río Cuarto. Desde julio de 2013, por resolución 248 de la Caja, el Hogar cambia de nombre a “Espacio Socio Cultural y Recreativo para Adultos Mayores Arturo Illia”. Esta decisión fue mucho más que rebautizar al Illia. La modificación pretende acompañar los nuevos paradigmas gerontológicos que fomentan el envejecimiento activo, participativo y saludable.

1999 argentina

Las elecciones presidenciales del 24 de octubre dan el triunfo a Fernando de la Rúa, candidato por la Alianza opositora: obtiene el 48,5%.

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La historia del presente La reflexión sobre el pasado inmediato suele alejarse de lo que tradicionalmente se entiende por Historia para convertirse en materia de la crónica periodística. Por otra parte, la falta de distancia, en este caso temporal, constituye una dificultad para la búsqueda de una perspectiva amplia que no caiga en miradas parciales y sesgadas. Ese riesgo pende, de manera particular, sobre este último capítulo Como eje del período, se tomó la que es la mayor amenaza actual sobre el sistema previsional: la deuda que la Nación mantiene con Córdoba. Se analizan los sucesivos pactos fiscales y los planteos provinciales que llegaron incluso ante la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, se recuerda el final del decreto 1777 declarado inconstitucional por la Justicia. También se destacan los esfuerzos por lograr una Caja más eficiente y transparente. Además, se rescatan dos hechos no menores, como la extensión de la pensiones a convivientes del mismo sexo y la lucha contra el fraude a la Caja de Jubilaciones.

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Armonización, eje de la controversia Provincia-Nación o bien asumió como gobernador en julio de 1999, José Manuel de la Sota comenzó a buscar un acuerdo con la Nación para lograr el envío de los fondos correspondientes al sostenimiento de la Caja Provincial. Como ya se señaló, Córdoba no había transferido su organismo previsional, lo que provocaba una situación de asimetría respecto de aquellas provincias que sí lo habían hecho. La mala situación financiera de la Caja de Jubilaciones a fines de ese año preocupaba a la Provincia que buscaba que el gobierno nacional asumiera el déficit creciente, calculado en “70 millones de pesos mensuales”, según un artículo de La Voz del Interior. La discusión se remontaba a 1992, año en el que Córdoba había cedido el 15 por ciento de su coparticipación al sostenimiento del régimen jubilatorio de reparto, pero sin transferir su Caja a la Nación. Estos recursos eran los que se buscaba recuperar a través de pactos fiscales, al considerar que la Anses debía compensar esta situación. Hay que recordar que entre los diversos puntos establecidos en el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, acordado y firmado en 1992 por las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y el Estado nacional, se encontraba una invitación a los gobiernos provinciales a que transfieran sus instituciones de seguridad social al sistema nacional. Las provincias que lo hicieron fueron 10, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que traspasó el Instituto de Previsión Social Municipal. Córdoba mantuvo su autonomía. Las crónicas preocupaciones financieras de las provin-

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cias, a las que se le sumaba la situación de las cajas no transferidas, eran motivo común de reclamo de todos los gobernadores del país, quienes se reunieron para negociar un acuerdo con el gobierno de Fernando de la Rúa. El 6 de diciembre de 1999, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires se realizó una reunión de mandatarios en ejercicio y electos, a la que concurrieron el de Córdoba, José Manuel de la Sota; el de Buenos Aires, Carlos Ruckauf; Catamarca, Oscar Castillo; Corrientes, Hugo Peri; Chaco, Ángel Rozas; Chubut, José Luis Lizurume; Entre Ríos, Sergio Montiel; Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Eduardo Fellner; La Pampa, Rubén Marín; La Rioja, Ángel Maza; Mendoza, Roberto Iglesias; Misiones, Federico Puerta (luego Carlos Rovira); Neuquén, Jorge Sobisch; Río Negro, Pablo Verani; Salta, Juan Carlos Romero; San Luis, Adolfo Rodríguez Saá; Santa Cruz, Néstor Kirchner; Santa Fe, Carlos Reutemann; San Juan, vicegobernador Waldino Acosta; Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti; Tucumán, Julio Antonio Miranda, y los dirigentes funcionarios Federico Storani y José Luis Machinea, quienes suscribieron el Compromiso Federal plasmado en la ley nacional 25.235. Con el pacto ya firmado, el ministro de Economía de la Provincia, José María Las Heras, destacó que se solucionaba “el 90 por ciento del gran problema que teníamos que era la concentración de vencimientos en el corto plazo”, al referirse a la deuda provincial con el Estado nacional. La Voz del Interior sostuvo que el Compromiso Federal acordado con la Alianza “fue un éxito rotundo para las finanzas de Córdoba, ya que el gobierno de De la Sota deberá pagar un 20 por ciento menos de la deuda que vencía en el 2002”. El entonces presidente de la Bolsa, Juan Carlo Viano, anticipó que el acuerdo implicaba “un puntapié para un convenio mayor con todas las provincias a fin de sanear el déficit”; en tanto, el titular de la Unión Industrial, José Castro Garayzábal, estimó que si el presidente Fernando de la Rúa lograba bajar el riesgo país mediante la disminución del déficit fiscal, “los intereses de la deuda provincial también disminuirán”. “Con sabor a peperina” Fue por pedido de Córdoba que se incorporó el artículo 12 al Compromiso Federal firmado y ratificado por ley nacional 25.235, en el que se hacía expresa referencia a la finan-

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El Senado aprueba la Ley de Reforma Laboral. Sin embargo, la legitimidad de esta ley se ve cuestionada cuando se denuncian sobornos desde la Presidencia a senadores de la oposición. Renuncia el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, en protesta por la falta de compromiso de su gobierno para esclarecer este hecho.

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ciación de las cajas no transferidas a la Nación. Este artículo cobraría especial significación más adelante porque dará pie a la Provincia a demandar al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia por su incumplimiento. El mencionado artículo expresa textualmente: “El Estado nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes vigentes; como los de aquellos sistemas que arrojen déficit previsional originados en forma individual (personal civil, docente, policial, etcétera)”. Agregaba, además, que “las cajas continuarán administradas por las respectivas provincias, si así lo desearan o cláusulas constitucionales impidieran su transferencia, quienes armonizarán en un plazo de 180 días sus sistemas integrados de jubilaciones y pensiones para sus beneficiarios futuros en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos en edad y años de aportes para acceder a beneficios en el futuro”. Surgía en este Compromiso Federal la cláusula de “armonización” del régimen provincial con el nacional, que constituirá el principal motivo de controversia de Córdoba con el gobierno nacional. El acuerdo permitía a las cajas provinciales no transferidas “la constitución de fondos compensadores para situaciones especiales”, y también fijaba un cronograma a través del cual el gobierno central iría financiando los déficits en forma escalonada. Definido por Las Heras, como “con sabor a peperina” (por haber sido sugerido por Córdoba), en el artículo 12 se acordó textualmente que “las provincias podrán constituir fondos compensadores para determinadas situaciones especiales asignándoles recursos específicos, por vía legal y con administración a cargo de la respectiva caja”. Estipulaba, asimismo, que el Estado nacional cubriría los déficits en forma escalonada y acumulativa. Para lograr esta financiación las provincias deberían sancionar un convenio con el Estado nacional, incluyendo una “auditoría completa de la situación preexistente”. Para finalizar, el acuerdo con la Casa Rosada establecía que “en caso de prorrogarse los pactos fiscales o de dictarse la nueva ley a partir del vencimiento del presente se completará hasta llegar al 100 por ciento la atención por

2000 argentina

El 29 de julio se suicida de un disparo en el corazón el prestigioso cardiólogo René Favaloro, primero en realizar una operación cardiovascular con bypass para reparar la insuficiencia arterial. El profesional, narraron sus allegados, estaba muy deprimido por la falta de apoyo a su fundación. El hecho conmociona a los medios y a la opinión pública.

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parte del Estado nacional de los déficits fiscales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, en los tres años subsiguientes”. Como ya se dijo, La Voz del Interior señalaba por esos días que la Caja tenía “un déficit de 70 millones de pesos”, por lo que el gobierno de la Alianza financiaría en el 2000, solamente el cinco por ciento (3,5 millones); en el 2001, el 20 por ciento (14 millones) y el ciento por ciento desde el 2002. Al respecto, Las Heras explicó que la autorización a las provincias para crear fondos compensadores que podrían elevar los haberes, abría la posibilidad de recuperar el 82 por ciento para los jubilados. Tras la euforia inicial, mucha agua debería pasar debajo del puente para que esto se concretara. La salida anticipada del poder de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 y la declaración del default de Argentina entre otros hechos de inusitada gravedad, llevaron a que este anhelado 82 por ciento recién se hiciera realidad a fines de 2007. En el caso de la provincia de Córdoba, el proceso de armonización establecido por el Pacto Federal de 1999 se inició con la suscripción en noviembre de 2000 de un Convenio de Armonización y Financiamiento del Régimen Previsional entre los Estados provincial y nacional, ratificado en la Legislatura por ley 8911. Dicha norma contemplaba en su cláusula quinta: “Las partes firmarán un Convenio Específico en el que se estipularán las características y el cronograma del proceso de armonización del sistema previsional de Córdoba”. En tanto, en los artículos séptimo y octavo se fijaban las sanciones para los casos de incumplimiento. El de la Provincia produciría la extinción de las obligaciones del Estado nacional para financiar el déficit global de la Caja. El de la Nación “dará derecho a la Provincia a requerir el inmediato cumplimiento del total del déficit global existente, como si se tratara de una obligación vencida y exigible”. El gobernador De la Sota anunció en su mensaje de fin del año que las jubilaciones y pensiones mínimas que paga la Provincia tendrían un aumento del 25 por ciento, que las llevaría a 500 pesos y “serán las más altas del país”. El incremento alcanzó a 27.078 de los 65 mil beneficiarios. En 2002 se modificaron las edades de retiro en el marco del proceso de armonización con las reglas vigente a nivel

2000 argentina

El 24 de junio, en La Plata, muere el cuartetero Rodrigo Bueno en un accidente automovilístico. El cantante cordobés había trascendido a nivel nacional al popularizar ese ritmo en la Capital y se encontraba en la cúspide de su carrera. Entre los múltiples mitos que rodean su figura, no faltan los que le atribuyen milagros.

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nacional. Como parte de este cambio se estableció el régimen de jubilaciones anticipadas. En términos simplificados su impacto fue que afiliados que tenían previsto jubilarse entre los años 2003 y 2008 adelantaran su retiro. Al resto de los trabajadores se les aplican las nuevas edades, esto implica posponer su retiro en cinco años las mujeres y siete los varones. Puede decirse que fue a partir de 2003, cuando Córdoba comenzó a profundizar los cambios acordados en los sucesivos convenios firmados con la Nación hacia la conjunción de los dos sistemas previsionales. En 2003, con la sanción de la ley 9075, se inicia el proceso de armonización, con el alza en la edad jubilatoria, y modificaciones al sistema de pensiones y jubilaciones por invalidez. En la norma, que ratifica la adhesión al convenio con la Nación, se adhiere a la ley nacional 24.241, artículo 19 incisos a y b) que establece que tendrán derecho a la jubilación los hombres que hubieran cumplido 65 años de edad y las mujeres con 60. Luego de completarse las auditorías de Anses a la Caja de Jubilaciones, lo que requirió varios años y más convenios, la Nación exigió a la Provincia una mayor armonización con el sistema jubilatorio nacional. Si bien la situación ya era difícil, un nuevo acontecimiento vino a complicar aún más las finanzas de la Caja. En 2007, el Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Provincia pagar las deudas acumuladas desde hacía 12 años tras declarar inconstitucional al decreto 1777. La resolución judicial afectaba por doble vía a las finanzas de la Caja: por un lado el desembolso pecuniario de los juicios perdidos; y por el otro, el hecho de que De la Sota debió restituir el 82 por ciento móvil a pocos meses de concluir su mandato al derogar el decreto 1777/95 con el 1140 del 30 de julio de 2007. Esta verdadera “espada de Damocles” quedó pendiendo sobre la cabeza del nuevo gobernador, Juan Schiaretti, quien a poco de asumir la gobernación en diciembre de ese año debió encarar una serie de medidas impopulares para que no naufragara un barco que hacía agua. La reforma Schiaretti A poco de llegar a la Casa de Gobierno, Juan Schiaretti, debió tomar una drástica decisión en torno a las finanzas de la Caja de Jubilaciones, jaqueadas por un importante

2000 el mundo

El caso de Elián González, “el balserito”, conmueve al mundo. El niño de 6 años es el único sobreviviente de un grupo de personas que escapaba desde Cuba hacia Miami. Entre los muertos estaba su madre y ya en Estados Unidos intentan adoptarlo familiares maternos. Sin embargo, el niño es devuelto a su padre que se encuentra en la isla. Fue una de las batallas por custodia más publicitadas por los medios.

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número de juicios perdidos derivados de la aplicación del decreto 1777 de Ramón Mestre. Asimismo, el restablecimiento del 82 por ciento dispuesto por De la Sota antes de dejar el poder, tras conocerse el fallo que declaró inconstitucional el decreto “mestrista”, constituía otro de los problemas que ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema. Por estos motivos, 2008 fue tenso en materia de generación de nuevas reglas de juego para el sistema previsional cordobés. En este proceso, los dos hitos más importantes fueron la sanción de la ley 9504 que constituyó la reforma más importante a la ley 8024 aprobada durante la gestión de Eduardo Angeloz en 1991, y la firma del Convenio entre la Provincia y Anses para la armonización de la Caja, aprobado por ley 9562. Éste ratificaba el Convenio 90/08 de armonización de los sistemas jubilatorios provincial y nacional y fue la base para la firma de un posterior convenio, el 80/09, de particular relevancia en el entramado. La reforma previsional fogoneada por Schiaretti tuvo como objetivo fortalecer el financiamiento del sistema previsional. Su aprobación legislativa fue motivo de graves protestas e incidentes protagonizados por los gremios estatales que se opusieron a la reforma y la Policía, donde no faltaron una exacerbada violencia y la detención de varios manifestantes. Felizmente no hubo que lamentar víctimas fatales, pero las escenas de calles cordobesas devenidas en campo de batalla fueron reflejadas por todos los medios de comunicación, tanto provinciales como nacionales. La ley 9504 fue sancionada el 30 de julio de 2008, 17 años después que el radicalismo promulgara la 8024, y comprende un conjunto amplio de reformas de características heterogéneas, algunas de tipo transitorio (destinadas a afrontar la situación de emergencia en la que se encontraba el sistema) y otras permanentes. Para llevar adelante estas reformas, era necesaria una declaración legislativa que sincerase la existencia de un estado de emergencia en el sistema previsional. Por eso el Capítulo I del Título II de la citada norma, que fue reglamentada a posteriori con varios decretos complementarios, estuvo dedicado a este tema. Contenía una serie de disposiciones con vigencia por un plazo determinado, como el caso del pago con títulos de parte de las jubilaciones más altas.

2001 argentina

La profunda crisis económica que atravesaba el país obliga al ministro de Economía, José Luis Machinea, a presentar su renuncia. Domingo Cavallo (foto) es designado en esa cartera y obtiene "superpoderes". Se implementa la bancarización forzada, la prohibición de giros al exterior y el congelamiento de los depósitos bancarios: Nace el “corralito financiero”.

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Un edificio pensado. La Memoria de 2011 destaca la inauguraci贸n de la nueva sede de la Caja, un edificio moderno y m谩s c贸modo tanto para trabajadores como para beneficiarios.

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La declaración de emergencia fue entonces fundada en la crítica situación financiera. “Comparando la evolución de ingresos y erogaciones del primer semestre del año, aparecen evidencias contundentes de una dinámica insostenible. Mientras los gastos totales en los primeros seis meses del año alcanzaron a 1.562 millones, los ingresos genuinos -incluyendo los aportes y contribuciones destinadas al Fondo Complementario- apenas llegaron a 1.151 millones”, precisa el Informe Anual de 2008 de la Caja de Jubilaciones, ya a cargo del secretario de Previsión Social, Osvaldo Giordano. “En un semestre se acumuló un desequilibrio del orden de los 400 millones de pesos. La proyección para el año completo -es decir, incorporando el impacto pleno de los aumentos de salario- permiten estimar un déficit superior a los 1.100 millones”, señala el documento. A todo esto, la Nación había suspendido el envío de fondos reclamando el cumplimiento de las medidas de “armonización” con el sistema nacional, por lo que la Provincia tuvo que enfrentar en soledad este déficit. “En tal sentido, era evidente que los montos involucrados eran imposibles de cubrir”, fue, en síntesis, el preocupante diagnóstico de la propia Caja. En este contexto, la determinación de modificar la ley se fundaba “en la excepcionalidad de la situación que derivó en un estado de gravedad institucional, no sólo para el sistema previsional, sino para el conjunto de la sociedad, debido a sus impactos desestabilizadores para las finanzas provinciales”, destaca el Informe Anual 2008 de la Caja. La propuesta contenía “mecanismos paliativos a esta situación financiera a través de dos vías: el diferimiento de las obligaciones corrientes (a través de títulos de consolidación y de cancelación), y el aumento transitorio de los recursos genuinos del sistema”. Siguiendo esta lógica, uno de los componentes que integraron la declaración de la Emergencia fue la autorización legislativa para que las deudas acumuladas por la Caja se pagaran parcialmente en efectivo y el resto en Títulos de Consolidación. Títulos de Cancelación Volviendo al texto de la ley 9504, la norma también contemplaba pagar parcial y progresivamente una porción de los haberes más altos con títulos de cancelación previsional, lo que se convirtió en una de las más controvertidas

2001 el mundo

El 11 de septiembre, las Torres Gemelas del complejo World Trade Center cayeron tras ser embestidas por dos aviones secuestrados por terroristas. Los atentados, que también alcanzaron al Pentágono y causaron la muerte a cerca de tres mil personas y heridas a otras seis mil, fueron atribuidos a la red islámica Al Qaeda. Al mes siguiente, tropas estadounidenses invadieron Afganistán, donde se refugiaba el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

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decisiones de la administración de Schiaretti, y la más criticada y combatida desde los gremios estatales. Originalmente, la norma contempló afectar de manera progresiva a quienes tenían -a agosto del 2008- haberes superiores a cinco mil pesos. Esta disposición fue flexibilizada a los pocos meses, cuando mejoró la situación financiera de la Caja, merced a la firma de un nuevo convenio con Anses refrendado por decreto 1481/08 que habilitó el ingreso de fondos frescos que permitieron subir el piso de los diferimientos en las jubilaciones más altas del sistema a seis mil pesos. “El monto total a cancelar con títulos -unos 75 millones al año- constituyó un paliativo importante aunque no decisivo frente al enorme tamaño del déficit. La clave estuvo en que fue muy selectiva su aplicación. El 92 por ciento de los beneficiarios no fue afectado por el diferimiento, continuando el cobro pleno en efectivo. De los restantes, más de un cuarto tuvo una afectación relativamente pequeña de su haber ya que no superó el 10 por ciento del total. En el otro extremo, para poco más de dos mil beneficiarios, la proporción del haber pagado con títulos superó el 25 por ciento”, informó en esa ocasión la Caja. Desde el diario La Mañana de Córdoba se editorializaba en esa época sobre el diferimiento de “las jubilaciones VIP”, en alusión a que el esfuerzo recaería sobre los que más cobraban dentro del sistema, principalmente jueces, bancarios, empleados de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y -en menor medida- docentes. Sin embargo, las reformas que introdujo la ley 9504 no fueron las únicas tomadas para mejorar la situación financiera de la Caja. Los ingresos del sistema buscaron ser reforzados temporalmente, a través del aumento de las contribuciones patronales -en dos puntos porcentuales- de todas las entidades empleadoras dependientes del Estado provincial. La excepción a esta regla fue la exclusión de los municipios y comunas del interior, decisión que fue justificada por constituir el único subsector del sistema en el que los aportes y contribuciones de los activos superaban a las erogaciones que generaban los pasivos. Como consecuencia del aumento en las contribuciones, los ingresos de la Caja se incrementaron aproximadamente en 12 millones de pesos mensuales. La ley 9504 además establecía que el salario de referencia sobre el que se calcula el haber inicial debía determi-

2001 argentina

El 19 de diciembre, el presidente Fernando de la Rúa decreta el Estado de Sitio ante los saqueos a supermercados. Se produce una espontánea protesta y un masivo cacerolazo popular en Plaza de Mayo, en el Congreso y en la residencia de Olivos, reprimida por la Policía. Renuncia Cavallo.

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2001 argentina

En medio de una crisis política, económi-

Rúa, hubo cuatro presidentes en menos

ca e institucional, el 20 de diciembre

de dos semanas: Ramón Puerta, asume

renuncia el presidente Fernando de la

como interino el 20 de diciembre. El 23

Rúa. La imagen del helicóptero llevándo-

lo hace Adolfo Rodriguez Saá. El 31,

se al ex presidente de la Casa Rosada

Eduardo Camaño. Por último Eduardo

será un ícono del acontecimiento para

Duhalde toma el mando presidencial el 1

los argentinos y el mundo.

de enero de 2002, elegido por la

Luego de la renuncia de Fernando de la

Asamblea Legislativa.

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narse tomando como base el salario de los últimos 48 meses con aportes a la Caja (en el sistema nacional son 10 años). Otras de las reformas más importantes que introdujo la 9504 junto con el Decreto Reglamentario 41/09 respecto a la ley 8024 pueden sintetizarse de la siguiente manera, según detalló la Caja: Servicios ad honórem y compra de aportes: Se adopta la regla de que los años de aportes a los fines de cumplir con los requisitos de acceso a los beneficios previsionales, tienen que ser con servicio efectivo. Caja otorgante: Se instrumenta el criterio de que para jubilarse en el sistema provincial es necesario que la mayor proporción de años de servicio sean en la Caja de Córdoba. Recaudación de aportes y contribuciones: Se establece un conjunto de reglas tendientes a facilitar el control de la cuantía y la percepción de los aportes y contribuciones. Incompatibilidades: Se establecen reglas precisas y racionales en la definición de incompatibilidades y se otorgan herramientas más potentes a la Caja para el control y el recupero de haberes cobrados en situación de irregularidad o error. Contratos de locación: Se establece que los contratos de locación que superen un período de un año serán considerados como de empleo público y, por lo tanto, sujetos a aportes y contribuciones. Regímenes especiales: Se tiende a la armonización con las disposiciones nacionales de los regímenes especiales para determinados grupos de afiliados. Así se establece el régimen especial para docentes, siguiendo los lineamientos de la ley nacional 24.016, y para las autoridades del Poder Judicial, conforme la ley nacional 24.018. También se contemplan regulaciones especiales para los trabajadores que integran los Equipos de Salud Humana. Invalidez: Se simplifican los procedimientos y se profundiza la armonización con el sistema previsional nacional. En esta línea, a los fines de agilizar la acreditación de las enfermedades invocadas, se les otorga validez a los estudios y exámenes certificados por instituciones privadas especializadas, y se establecen pautas para mejorar la articulación con las Entidades Empleadoras cuando se trata de licencias de largo tratamiento y por enfermedades crónicas. Descuentos sobre los haberes: Se fija un conjunto

2002 argentina

El Congreso aprueba la Ley de Emergencia Económica que dispone el fin de la convertibilidad. El "corralito" a los depósitos sigue vigente y el Gobierno decidirá en qué forma devolverá el dinero de los ahorristas.

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de criterios a los fines de establecer procedimientos claros y objetivos a los que se debe sujetar la instrumentación de descuentos voluntarios a favor de determinadas entidades. Un punto clave es que se permite a los beneficiarios revertir el mandato previa notificación a la entidad beneficiaria. Conceptos no remunerativos: Se fija un tope -el vigente al momento de la norma- a los conceptos no remunerativos como proporción del salario. Esto permitirá ir resolviendo gradualmente los problemas que genera el pago de una porción del salario, sin realizar aportes y contribuciones que desfinancian a la Caja. Reclamos gremiales Las reformas a la ley jubilatoria provincial propiciadas por la ley 9504 y su reglamentación continuaron siendo tema de constante fricción del gobierno provincial con los sindicatos estatales. El miércoles 19 de noviembre de 2008, los gremios llevaron ante la Legislatura un proyecto de derogación de la Reforma Previsional (ley 9504), con el argumento de que “rebajó jubilaciones y eliminó el 82 por ciento móvil para el cálculo del haber”. La presentación se hizo en el marco de una Iniciativa Popular, una alternativa prevista por la Constitución Provincial, que obliga a la Legislatura a tratar un proyecto si era respaldado por un número de firmas certificadas equivalente al 8 por mil del padrón electoral, lo que implicaba recolectar unas 19 mil firmas. Con este premisa, los gremios estatales, a lo largo de los meses de octubre y noviembre, lograron reunir 40 mil firmas certificadas, lo que, según los gremios, “revela el rechazo que genera el ajuste neoliberal que el gobierno provincial ha aplicado a los compañeros jubilados”. En esas semanas, se juntaron firmas en los lugares de trabajo, oficinas, escuelas, Epec, el Banco de Córdoba, etcétera y en mesas ubicadas en la Plaza San Martín y otros lugares. También se hizo la misma campaña en numerosas localidades del interior. Miles de cordobeses firmaron para que se derogara esta reforma. Sin embargo, la petición no prosperó. La situación del pago a las jubilaciones altas con un proporcional en títulos (una escala acreditaba el 27 por ciento a los haberes más altos, el 25 por ciento a los intermedios y el 22 por ciento a los más cercanos al piso) se prolongó hasta diciembre de 2009 cuando el Tribunal Superior de

2002 argentina

El 26 de junio, el gobierno nacional ordena la represión de una manifestación de grupos piqueteros en Avellaneda. Son asesinados por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los activistas Maximiliano Kosteki y Darío Santillán pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD). Además se registran 33 heridos de bala entre los manifestantes.

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Justicia (TSJ) a través del “fallo Bossio” ordenó a la Caja que el máximo de bonos no debía ser mayor al 18 por ciento del haber percibido por un jubilado. La emergencia previsional declarada por la gestión de Schiaretti se prolongó de este modo hasta el 31 de julio de 2012, fecha en que unos 3.688 jubilados y pensionados (un cuatro por ciento del total de pasivos) cobraron por última vez una porción de sus haberes en títulos de cancelación. Los convenios con Anses Las relaciones con Anses siempre resultaron complicadas, lo que no impidió que el gobierno nacional le reconociera en concepto de financiación del déficit del sistema previsional provincial por el período 2002-2007, la suma de 2.647 millones de pesos, equivalente al 95 por ciento del faltante acumulado en esos años. Luego en 2008 se acordó, según datos recogidos del informe anual 2012 de la Caja de Jubilaciones, la suscripción de un nuevo convenio que fijaba transferencias mensuales actualizables según el índice de movilidad nacional para los años 2008-2009. Esto implicó un giro de 1.426 millones a favor de la Caja. Sin embargo, las dificultades volvieron a aflorar en 2009, situación que llevó al gobernador Schiaretti a la Corte Suprema de Justicia para gestionar por esta vía el reintegro de 1.227 millones de pesos que la Nación adeudaba por partidas no giradas para cofinanciar el déficit de la Caja de Jubilaciones. Otra vez, la postura de la Nación fue negar su deuda con Córdoba acusándola de incumplir el acuerdo firmado en 1999, en el que la Provincia se comprometía a armonizar su sistema previsional con el nacional. La Corte citó a las partes a una audiencia de conciliación el 15 de octubre de 2009, a la que asistió el gobernador Schiaretti acompañado por el titular de la Caja de Jubilaciones, Osvaldo Giordano y el abogado, Alberto García Lema. Por la Anses fue su presidente, Diego Bossio, y en representación de la Casa Rosada lo hizo el ministro de Economía, Amado Boudou. La mediación de la Corte fue exitosa y derivó en la firma del Convenio 80/09, refrendado por ley provincial 9721. Dicho acuerdo estableció que la Provincia se comprometía a mantener el proceso de armonización de su normativa en materia de jubilaciones, pensiones y retiros, bajo las pautas fijadas en la cláusula primera del convenio

2003 argentina

El 25 de mayo Néstor Kirchner asume la presidencia. En las elecciones de abril, el Frente para la Victoria de Kirchner obtuvo el 22 por ciento y la Alianza Frente por la Lealtad de Menem, el 24,3 por ciento. Previendo una derrota, Menem resuelve no presentarse a la segunda vuelta. A partir de este año y durante la gestión de Kirchner y la de Cristina Fernández de Kirchner se reestatizan: el Correo Argentino, privatizado en 1997; en 2008 las AFJP y Aerolíneas Argentinas y en 2012 YPF.

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Las consecuencias de la caída del decreto 1777

Como se advirtió en el presente capítulo, la deuda con los jubilados contraída por la aplicación del decreto 1777/95 - dictado durante la gestión de Ramón Mestre y que rebajó los haberes jubilatorios en un 18 por ciento- era importante y comprometía las cuentas de la Caja. No bien se conoció la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1777/95, la Provincia formalizó, a través del decreto 1140 del 31 de julio de 2007, la derogación de la norma y la vuelta a lo prescripto en la ley 8024. Esto era, lisa y llanamente, restablecer el 82 por ciento móvil. Ante esta situación, el gobernador Juan Schiaretti envió a la Legislatura la Ley de Emergencia Previsional, con el objetivo fundamental de proteger la sustentabilidad de la Caja, a través de la emisión de Titulos de Consolidación de Deuda para atender los pasivos judiciales originados por el decreto y Títulos de Cancelación Previsional destinados a diferir el pago de una porción de los haberes de los beneficiarios con los ingresos más altos, con una vigencia entre dos y ocho años.

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suscripto el 16 de septiembre de 2008 y aprobado por ley 9562 que, en su oportunidad, había dispuesto armonizar los siguientes aspectos con la ley nacional 24.241: a) Requisitos de edad y de servicios para acceder a la jubilación ordinaria y compensación de exceso de edad con falta de servicios. b) Cuantificación del grado de invalidez de conformidad con el Baremo Nacional instituido por decreto 478/98. c) Beneficiarios del derecho a pensión. d) Cálculo del haber inicial. e) Ajuste por movilidad. Por su parte, el Estado nacional asumía el compromiso de contribuir al financiamiento del régimen de jubilaciones, pensiones y retiros de la Provincia, incluyendo el Régimen Especial de Seguridad, en el marco de lo establecido por la cláusula 12 del Compromiso Federal de fecha 6 de diciembre de 1999. Para los ejercicios 2010 y 2011, la Nación transferiría, por todo concepto, la suma de 1.652 millones a la cuenta que la Provincia determinara. Este monto sería cancelado a través de una cuota con vencimiento en la primera quincena de enero de 2010, de 350 millones, y el saldo en 23 cuotas mensuales y consecutivas de 56.608.695. Asimismo, se acordó la actualización automática de las cuotas mensuales en función del índice de movilidad que se verifique en los haberes jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa); y se dispuso un mecanismo de control a través de auditorías semestrales a cargo de Anses. Finalmente, a través de la cláusula cuarta se estableció que “toda vez que el proceso de armonización se contraponga con derechos conferidos por la Constitución Provincial y/o leyes provinciales, los mismos serán respetados y sus mayores costos financiados exclusivamente por la Provincia”. Córdoba, a su vez, reconocía que efectivizadas estas transferencias no tendría más reclamos hacia la Nación, al tiempo que “en caso de verificarse incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de Córdoba, las obligaciones reconocidas por el Estado nacional perderán eficacia y exigibilidad”. Durante el debate sobre tablas en la Unicameral, el legislador oficialista Dante Heredia defendió el acuerdo y sostuvo que había garantías por parte de la Nación para el

2003 el mundo

Tropas de Estados Unidos y otros tres países invaden Irak el 20 de marzo, iniciando la Segunda Guerra del Golfo. El 14 de diciembre, el líder iraquí Saddam Hussein (foto) es arrestado en una operación conjunta entre efectivos kurdos y el Ejército estadounidense, mientras se encontraba escondido en un sótano en los alrededores de la ciudad de Tikrit. Murió ejecutado en la horca en diciembre de 2006.

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desembolso. Recordó que ya había obrado el cálculo del haber inicial. Que en la Provincia, en lugar de considerarse las últimas 120 remuneraciones con aportes actualizados, como es la ley nacional, desde el mes de agosto del año 2008 se tomaban los últimos 48 sueldos para computar el beneficio, de acuerdo a la modificación introducida en la ley 9504. La radical Ana Dressino, por su parte, denunció que la norma perjudicaba a los trabajadores por el cálculo del haber inicial y la movilidad, contrastando los dichos de Heredia. Recordó que en 2008 había dicho que “la Nación nos iba a hacer arrodillar para renegociar un nuevo convenio”, y advirtió que “eso ocurrió y volverá a ocurrir, porque ésta es la historia de nunca acabar”. El gobierno de la Nación, a través de Anses, envió los fondos durante 2010 ,fruto del convenio refrendado por la ley 9721, pero las partidas cesaron de fluir en 2011: fue por eso que cuando De la Sota asumió su tercer mandato y tras agotar las instancias administrativas para cobrar la deuda, presentó un recurso ante la Corte demandando el pago de 1.100 millones de pesos. Sin embargo, los tiempos judiciales y los políticos no son los mismos, y en agosto de 2012, ante el agravamiento de la situación financiera de la Caja, privada de los recursos nacionales, De la Sota llevó a la Legislatura personalmente la ley 10.078 por la que se difirió por 180 días el pago de los aumentos a jubilados.

2004 argentina

Se produce un incendio en la discoteca Cromañón, mientras actuaba el grupo Callejeros y luego de que una bengala alcanzara material inflamable. Mueren casi 200 personas y la crisis política de-

Trámite veloz El gobernador llevó la iniciativa hasta la Legislatura, mientras ésta sesionaba, cerca de las 22. El proyecto se aprobó rápidamente, tras escuchar la exposición del titular del Ejecutivo. Se votó sin la presencia de la oposición que se había retirado descontenta del recinto. Cuestionaba, entre otros puntos, el horario y el modo intempestivo de tratar la ley. La ley 10.078 establece, expresamente, que los jubilados provinciales cobrarán los aumentos que se otorguen al personal activo, respetando el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto, pero 180 días después. El gobernador justificó la iniciativa en la necesidad de tener una “mejor planificación financiera de la Caja”. Al mismo tiempo, la jubilación mínima se elevó a 2.500 pesos “mediante un complemento previsional solidario, para todos aquellos que no tengan otra prestación por la Caja o

satada por el hecho provoca la renuncia del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra.

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por cualquier otra entidad adherida al sistema de reciprocidad jubilatorio”. Además, el mandatario indicó que los “desequilibrios” del régimen especial de personal policial y penitenciario, no serán cubiertos por “los aportes y contribuciones del resto de los afiliados al sistema”. Ya en el terreno político, el gobernador nuevamente denunció los incumplimientos de la Nación con los acuerdos anteriores. “Llevamos ya 19 meses pagando el déficit de nuestra Caja de Jubilaciones con recursos propios del Estado provincial. Déficit que debió pagar el gobierno nacional y no cumplió. Dicho de otra manera: si el gobierno provincial hubiera esperado cobrar lo que la Nación le debe a los jubilados para pagarles sus haberes, no hubieran cobrado durante los últimos 19 meses”, expresó De la Sota. Esa noche en el recinto hubo una inusitada actividad. Minutos antes, la Legislatura había aprobado casi por unanimidad el proyecto de ley 10.077 por el que Córdoba pedía salir del Pacto Fiscal de 1992, por el cual había cedido el 15 por ciento de la coparticipación a la Nación para el sostenimiento del sistema previsional.

2005 el mundo

El 2 de abril muere el Papa Juan Pablo II. Lo sucede el alemán Joseph Ratzinger (foto). El nuevo pontífice, quien adopta el nombre de Benedicto XVI, proclama a su predece-

Protestas y fallos judiciales La aprobación de esta ley, el 8 de agosto de 2012, provocó la reacción de los gremios estatales que organizaron varias protestas callejeras, y presentaron un proyecto de “declaración de inconstitucionalidad” de la norma ante los Tribunales de la Provincia, en una jornada que estuvo teñida una vez más por enfrentamientos entre manifestantes y policías. Al menos 11 uniformados y una quincena de manifestantes resultaron heridos en medio de choques, en pleno centro de la Capital mediterránea. Poco antes de los enfrentamientos, los sindicatos que agrupan a los trabajadores estatales presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia una acción de inconstitucionalidad contra el ajuste previsional impulsado por la administración cordobesa. La nota estaba acompañada por el pedido de una medida cautelar para que no se aplicara la ley 10.078, que difiere el pago de aumento a los jubilados por 180 días, respecto de los activos. esta solicitud fue rápidamente desestimada. A casi un año de estos sucesos, el 28 de mayo de 2013 se dio a conocer una resolución del Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 2ª Nominación -Sec. 3-, de

sor venerable el 19 de diciembre de 2009 y preside la ceremonia de su beatificación el 1 de mayo de 2011. En 2013, el papa Francisco, autoriza su canonización, lo que le aseguró a Juan Pablo un lugar en los altares.

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Carlos Paz, a cargo de Viviana Rodríguez. El tribunal se pronunció en los autos “Stretz Cristina c/Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba-Amparo”, y consideró que la ley 10.078 no violenta el “núcleo duro” del 82 por ciento móvil. Se trata del primer fallo sobre el fondo de la cuestión, y desde la Caja se manifestaron satisfechos por la decisión. El secretario de Previsión Social, Osvaldo Giordano, señaló al diario Comercio y Justicia que la sentencia consolida la ley 10.078 (de diferimiento) y que lo fundamental es que se trata de un fallo que resuelve el fondo. “Nos garantiza la seguridad jurídica y además desalienta la posibilidad de que sigan apareciendo planteos de este tipo”, dijo Giordano, insistiendo en que esto “implica un importante desgaste administrativo”. De hecho recordó que “todavía se están gestionando reclamos por el decreto 1777 de (Ramón) Mestre”, a 15 años de aquella decisión administrativa. “El diferimiento había logrado reducir el déficit previsional prácticamente a la mitad y este año puede cerrar en torno a 900 millones”, estimó el citado periódico. No obstante, los planteos judiciales deberán recorrer todo el espinel judicial para terminar en el Tribunal Superior de Justicia, lo que podría demorar varios años. Hoy, en 2013, siguen los reclamos por la deuda del 2011, y no hay acuerdo en el envío de fondos nacionales para el sostenimiento del déficit de la Caja desde 2012 en adelante.

2006 argentina

El 18 de septiembre, Jorge Julio López, testigo clave en el juicio por genocidio contra Miguel Etchecolatz, desaparece tras declarar. Etchecolatz era director de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros de detención clan-

Córdoba pide salir del Pacto Fiscal El 9 de agosto de 2012 Córdoba oficializó el pedido de abandonar el Pacto Fiscal de 1992, por el cual había cedido a la Nación el 15 por ciento de la coparticipación para sostener el sistema previsional. Ese día se publicó en el Boletín Oficial la ley 10.077 aprobada en la Unicameral dos días antes. La norma contiene cuatro artículos y el primero denuncia el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales” celebrado en agosto de 1992 y que fuera ratificado por ley nacional 24.130. La “denuncia” del Pacto a través de esta ley, busca que la Nación deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación que Córdoba y el resto de las provincias argentinas cedieron hace 20 años para el sostenimiento del sistema previsional nacional. Hace dos décadas, las provincias habían cedido ese porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontaba el sistema nacional por la creación de las Administradoras

destinos y mano derecha del ex general Ramón Camps.

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de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Cuando se produjo la reestatización de las AFJP, en noviembre de 2008, ese 15 por ciento no volvió a las provincias. En su artículo 3, la ley 10.077 determina la asignación que tendría el incremento de los recursos de la coparticipación federal de impuestos generado con motivo de la denuncia del convenio. Establece que se afectará a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, y que el remanente formará parte de los recursos que por ley se coparticipan con las municipalidades y comunas de la provincia. Asimismo, el articulado establece que se deberá requerir al Estado nacional la inmediata extinción de los efectos jurídicos emergentes del acuerdo denunciado respecto de la Provincia de Córdoba y el cese inmediato y automático de la detracción sobre la masa bruta de impuestos. Al momento de votar el proyecto, el legislador oficialista Ricardo Sosa dijo que la ley era necesaria “para reclamar” ante la Corte los recursos que son de la Provincia. Desde la oposición radical y juecista, compartieron en general la iniciativa, pero sostuvieron que el pedido debería ser retroactivo a 2008, cuando las AFJP pasaron a la Anses. En julio de 2013, Córdoba oficializó ese pedido ante la Corte Suprema. Concretamente, reclamó el pago del 15 por ciento de la coparticipación federal y exigió la devolución de los fondos que "ilegalmente le fueron retenidos a la Provincia de Córdoba" desde 2012 por ese concepto.

218

Un fraude sin nombre Uno de los actos de corrupción más frecuentes que ha padecido la Caja a lo largo de sus 100 años de existencia -y que genera no sólo pérdidas económicas, sino también situaciones odiosas, incómodas y molestas- es el cobro indebido de haberes de beneficiarios ya fallecidos. La estafa a una institución de bien público obligó a la Caja a instrumentar un sistema de cruce de datos entre diferentes instancias de gobierno. Este intercambio informativo dio frutos cuando logró que se procesara y, por primera vez en la historia de la institución, se encarcelara a una persona acusada de defraudar no sólo a la entidad sino también a todos los jubilados cordobeses mediante esta maniobra. La noticia fue publicada por el matutino La Voz del Interior el 4 de septiembre de 2012, bajo el título: “Primera prisión preventiva por una presunta estafa a la Caja”. “El caso -dice la información- involucra a la contadora Gladys María Minardi, de 58 años, quien desde septiembre de 2009 hasta junio de 2012 cobró, en forma ilegal, 242.695 pesos”. Minardi era la apoderada de una pensionada de la Caja de Jubilaciones que había fallecido el 13 de septiembre de 2009. El diario da detalles del proceso: “A principios de agosto, la Fiscalía de Instrucción Distrito 2 Turno 3, a cargo de Pedro Caballero, había detenido a Minardi, acusada del delito de estafa reiterada calificada, falsificación de instrumento público reiterado y uso de instrumento público reiterado”. De acuerdo con dicha información, el artilugio consistía en falsificar los certificados de supervivencia de la beneficiaria que, en el momento de su muerte, residía en la localidad entrerriana de Libertador San Martín. “En el allanamiento que la Justicia practicó en su momento en las oficinas de Minardi, se encontraron tres sellos adulterados de funcionarios del Registro Civil de Libertador San Martín y un sello, también adulterado, que corresponde a un policía de Córdoba”, informa la publicación. La involucrada estuvo detenida en la cárcel de Bouwer, con prisión preventiva, acusada de “defraudación calificada continuada” y “falsificación de sellos oficiales”. “La prisión preventiva se debe a la entidad del delito, al daño que causó y por considerar que estando en libertad se podría escapar”, justificó el fiscal. Caballero explicó: “Se considera 'continuado’ porque el robo se sostuvo en el tiempo, como quien saca todos los días una perla del collar; y es 'calificado' porque atenta contra la administración pública”. Por cada uno de estos delitos, el Código Penal establece entre uno y seis años de cárcel. Minardi quedó en libertad luego de acordar un plan de pagos con la Caja por una parte de la deuda, pero la causa continuó. Los equipos técnicos de la Caja de Jubilaciones detectaron, entre 2011 y 2013, 3.017 casos de beneficiarios fallecidos cuyos apoderados o cotitulares de cuentas bancarias siguieron cobrando los haberes. El volumen de la irregularidad es enorme, si se tiene en cuenta que involucra casi el

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70 por ciento del total de decesos relevados entre esas fechas. Hasta ese momento, la Caja demoraba unos siete meses promedio desde el fallecimiento del beneficiario hasta la fecha en que se ordena el recupero de fondos. Para disminuir esos plazos, la Caja comenzó a trabajar con el Registro Civil de la Provincia, que centraliza los datos de los municipios del interior y ha suscripto un convenio para un cruce de datos similar con la Municipalidad de Córdoba. Antes, aunque resulte ilógico, la Caja se informaba de los decesos ocurridos en esta ciudad por fuentes nacionales. Otros fraudes En el mes de junio de 2011, se denunciaron ante los tribunales ordinarios en materia penal dos casos considerados emblemáticos por la Caja. Las particularidades de ambos radican tanto en el ardid utilizado para llevar adelante el fraude como en el tiempo que duró y en los montos indebidamente abonados. Caso 1: en enero de 2011, a través de un cruce informático de datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), se detectó el fallecimiento de una titular de pensión en septiembre de 2009. Inmediatamente se bloquea el pago por cuenta bancaria y se faculta el cobro por Tesorería ante la eventualidad de que se trate de un error accidental, previa presentación de constancia de supervivencia del titular. Antes de la fecha del pago bloqueado, se presenta espontáneamente la hija de la titular, quien aduce verbalmente que se trata de un error, que su madre está viva y que el hecho ya ha sido comprobado con un certificado de supervivencia. Se le informa que en los próximos días se realizará un control de supervivencia en el propio domicilio de la titular. Al realizarse la verificación de supervivencia en el domicilio, la hija confiesa ante personal de la Caja que en realidad su madre había fallecido y que ellos venían cobrando fraudulentamente el beneficio de su madre desde entonces. Caso 2: En enero de 2011, también a través de un cruce informático, se detecta la defunción de una beneficiaria de pensión en enero de 2010. Inmediatamente se bloquea el pago por cuenta bancaria y se faculta el cobro por Tesorería. Se presenta al cobro una supuesta titular, con un DNI aparentemente legal y con fecha de expedición posterior al fallecimiento. Se abona el haber correspondiente y se dispara una alerta de posible error en la identificación del fallecido. Posteriormente, la Caja gestiona directamente en el Registro Civil el certificado de defunción que ratifica la correcta identificación de la fallecida. Por consiguiente, se bloquea el pago de haberes de febrero, impidiendo incluso el pago por Tesorería y se realiza una verificación de supervivencia en el domicilio particular registrado de la beneficiaria. Personal de Auditoría, acompañado por policías, se presenta en el domicilio donde viven las hijas de la beneficiaria fallecida, pero no es atendido. Se presenta e identifica a una vecina que, ante la consulta, responde que sabe que la beneficiaria ha fallecido. Adicionalmente, una asistente social visitó el domicilio y la familia de la difunta reconoció que habían cometido un fraude, y que quien se presentaba al cobro como la titular era en realidad su hermana.

220

Una relaci贸n tormentosa. En su Memoria de 2011, la Caja de Jubilaciones analiza los v铆nculos entre C贸rdoba y la Naci贸n a la luz del financiamiento al sistema previsional.

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Hacia una gestión ágil y transparente n 2008, la Caja comenzó a rediseñar sus procedimientos y políticas de gestión con el objetivo de agilizar la atención y resolución de trámites. Para decirlo de modo más sencillo, se buscaba que los plazos para completar un expediente, que hasta entonces solían contarse en años, se redujeran a meses primero y a semanas después. Este proceso, que se cimentó en la incorporación de las nuevas tecnologías, fue de la mano de una suerte de apertura de la Caja hacia la comunidad y que se puede resumir en el concepto de transparencia. Es así que la institución comenzó a generar más información estadística y de análisis y a ponerla a disposición del público a través de diversos mecanismos que fueron desde la publicación de informes anuales, hasta la comparecencia de autoridades de la Caja en la Legislatura, pasando por conferencias de prensa y la refuncionalización de la página web del organismo. En materia de gestión, la tarea no fue sencilla. La acumulación de más de 30 mil expedientes hablaba a las claras de que se enfrentaban no simples defectos de procedimiento, sino problemas estructurales que pueden resumirse en inadecuadas infraestructura y tecnología y falta de capacitación del personal. Ésos son los aspectos en que se centra el trabajo. Ese mismo 2008 se busca descomprimir la sobrepoblada sede de Colón y Rivera Indarte enviado algunas áreas a otros edificios, comienzan procesos de capacitación y se incorporan 170 equipos de computación. A fin de ese año se logra que, en promedio, la demora para la tramitación de un expediente ronde los 12 meses. Además se impulsa la bancarización del cobro, lo que por un lado permite a la Caja liberarse del pago por ventanilla de la institución y por el otro le brinda más seguridad al beneficiario que puede retirar su dinero de un cajero automático. Es algo, pero falta. La tradición señala “que entre la fecha de presentación de la solicitud para ejercer el derecho y la fecha efectiva de otorgamiento del beneficio media un plazo considerable, en

2006 córdoba

En julio se desarrolla la Trigésima Cumbre del Mercosur con la asistencia del líder cubano Fidel Castro y del presidente venezolano Hugo Chávez. Ambos concurren al Museo del Che en Alta Gracia y además pronunciaron sendos discursos ante una multitud reunida en la Ciudad Universitaria.

222

la mayoría de los casos se trata de años”, lamentaba la Memoria de la Caja en 2009. Por eso, se profundizó el proceso iniciado en 2008, lo que permitió no sólo reducir la duración promedio de un trámite a tres meses y medio, sino también detectar anomalías de otro tipo, como por ejemplo la existencia de beneficios incompatibles. En ese 2009 se detectaron 984 casos en que una misma persona cobraba dos jubilaciones y, por lo tanto, existía la posibilidad de que se estuviera violando el principio de beneficio único que contempla el régimen de reciprocidad previsional. Ya en 2010, se emitieron poco más de 10.400 resoluciones, cifra que representó un crecimiento del 35 por ciento respecto de las firmadas el año anterior y del 47 por ciento respecto de 2008. En ese año la demora promedio fue de poco menos de dos meses, esto contrasta con los casi siete meses que insumía ese mismo trámite en 2008 y aún más con los 10 meses que se demoraba a mediados de la década. Además, como muchos de los beneficiarios que se agolpaban en el edificio de la Caja llegaban con un simple pedido de información, se buscó darle agilidad y eficiencia a un requerimiento tan sencillo. Fue así que comenzó a operar el área de Atención Integral al Beneficiario, concebido “como un canal de comunicación directa con los beneficiarios a través del cual pueden manifestar consultas o iniciar reclamos”. Entre marzo y diciembre de 2010 se atendieron más de 6.500 consultas y reclamos, de los que se resolvieron 98 por ciento. Este proceso de modernización vivió un momento clave en 2011, cuando la Caja se trasladó a su nuevo hogar de Alvear y Rosario de Santa Fe. De esta manera, quedó atrás la vieja sede de avenida Colón que en parte había sido diseñada y construida como edificio de vivienda y que se intentó reconvertir de manera anárquica en edificio de oficinas. “Para mejorar la atención a la comunidad y el flujo laboral, se cuenta con un nuevo edificio. Se trata de dar un paso trascendental para el sistema previsional provincial, ya que se procura contar con instalaciones modernas y seguras, acordes al crecimiento de la población que atiende”, destacaba la Caja en su Informe Anual de 2011. Además detallaba las características principales del inmueble: “El nuevo edificio dispone de 2.765 metros cuadrados, distribuidos en seis niveles de plantas libres”. Por otra parte, se siguió avanzando en el proceso de acelerar la gestión de jubilaciones y pensiones. “En el caso de las jubilaciones, la media de demora se redujo a aproximada-

2007 argentina

El 10 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia. Es la primera mujer que logra triunfar en elecciones presidenciales del país. La anterior presidenta fue María Estela Martínez de Perón, quien asumió desde la vicepresidencia tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón.

223

historia

EL PROGRAMA "NACIONAL Y POPULAR" DEL KIRCHNERISMO

l kirchnerismo, que había surgido

“E

tad transformadora, esto es, los idearios

de circunstancias bastante azaro-

forjados durante la juventud de quienes

sas y de la adaptación pragmática de sus

ahora formaban la elite gobernante… Y

líderes y seguidores a lo ocurrido entre

por el otro, el clima político-cultural que

2001 y 2003, y que se había fundado en

había ido madurando en la Región desde

dos recursos particularmente tradiciona-

que varios de los programas de reforma

les, propios de la Argentina predemocráti-

de mercado aplicados en los 90 concluye-

ca, como lo eran las exportaciones agríco-

ron en crisis financieras agudas y comen-

las y la política conservadora de provin-

zaron a proliferar los movimientos de pro-

cias, empezó a tener un ‘programa’ y éste

testa y los gobiernos de izquierda”.

consistió, antes que en un listado de reformas o en un conjunto de metas de política pública, en una visión ideológica de los problemas que se enfrentaban. A esta

Novaro, Marcos. Historia de la Argentina

visión contribuyó, por un lado, la tradición

(1955-2010). Biblioteca básica de histo-

en la que abrevó para cargarse de volun-

ria. Siglo XXI editores. Pág. 301.

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mente 1,8 meses en el año 2011, lo cual contrasta con los casi dos años de demora que se registraban a mediados de la década pasada. En el caso de las pensiones, a lo largo del año 2011 se logró que en el 97% de las solicitudes el otorgamiento o la comunicación de la denegatoria se produjesen al mes siguiente del que se inició el trámite”, precisaba la Caja. En 2012, la institución puso énfasis en los avances en materia de capacitación y profesionalización del personal. “En los últimos cinco años se duplicó la dotación de personal con formación universitaria, pasando de 50 profesionales a fines del año 2007 a 95 en diciembre 2012”, aseguraba la entidad al tiempo que destacaba la reducción en materia de expedientes atrasados. “A fines del año 2012 los expedientes en trámite representan poco menos de un tercio de los relevados a fines del año 2008, es decir de 6.101 contra 24.819”. Una administración transparente La elaboración y difusión pública de indicadores estadísticos y de información sobre el funcionamiento del sistema previsional emprendido por la Caja de Jubilaciones de Córdoba desde 2008 apunta a fortalecer los mecanismos de control por parte de la sociedad y promover debates serios y fundados sobre las políticas previsionales. Sin embargo, para la institución no se trataba de una práctica novedosa sino de retomar una de sus tradiciones fundacionales que con el tiempo se fue desvirtuando hasta desaparecer por varios años. De hecho, desde su primer año de vida la Caja publicó minuciosas Memorias que no sólo reflejaban el estado de las cuentas de la entidad sino que se convirtieron en una suerte de retratos de época, tanto de la administración pública como de los problemas que afrontaban los cordobeses de esa época. Estadísticas, balances, listados de beneficiarios, síntesis de casos resueltos por la Justicia y hasta informes de asistencia en las diferentes reparticiones públicas son hoy una información invaluable. Lamentablemente, en la medida en que la institución fue creciendo tanto en número de afiliados como en complejidad, se le dedicaron cada vez menos recursos a estas Memorias. Es por eso que con el nuevo siglo, se aumentaron los esfuerzos para generar información pertinente que facilite el monitoreo de la gestión del sistema y su organización. Hitos de ese proceso son en primer lugar la mejora en las técnicas contables y los plazos de publicación de los balances anuales que, en los últimos cuatro años, fueron aprobados

2007 el mundo

El 6 de septiembre, en Módena, muere Luciano Pavarotti a causa de un cáncer de páncreas. El gran tenor italiano tenía 72 años y participó en actuaciones memorables junto a sus colegas españoles Plácido Domingo y José Carreras.

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dentro del primer trimestre del año siguiente al cierre de ejercicio. A su vez se continuó con la política de someterlos a un proceso de auditoría externa a fin de contar con una opinión calificada e independiente sobre la calidad de las registraciones contables. No menor es la importancia de difundir información completa, objetiva y permanente sobre otros aspectos de la gestión que involucran el manejo de fondos públicos para que sean sometidos a un intenso control social, más allá de los procedimientos generales y formales de control que operan en el sector público. Para encontrar consensos en la formulación de estrategias no sólo es importante clarificar metas y posicionamientos sino también contar con diagnósticos objetivos y confiables. La presentación de una memoria anual de gestión ya se ha convertido en una práctica en el calendario de publicaciones de la institución. Desde 2008 se presenta el Informe Anual, cuyo objetivo es documentar los principales hechos que caracterizaron la gestión del sistema previsional provincial, presentando un conjunto de reflexiones en torno a ellos, y trazando perspectivas en relación a los principales desafíos pendientes. Como complemento, continuó y se fue perfeccionando la producción y difusión de información relevante en tiempo y forma. Mensualmente los beneficiarios, afiliados y la comunidad en general cuentan con datos detallados y precisos de los recursos de que dispone el sistema así como del uso que se hace de ellos. Esta información se difunde a través de tres publicaciones que se encuentran disponibles en la página Web de la Caja (Informe Financiero, Estadístico y de Movilidad). En base a la producción de información periódica, la institución emitió 65 gacetillas y comunicados dirigidos a más de dos mil destinatarios entre periodistas, técnicos y especialistas, diputados y senadores nacionales por Córdoba, legisladores y asesores y funcionarios provinciales, gremios y sindicatos, cajas previsionales, centros de jubilados y municipios y comunas. La novedad en este sentido es que a partir de 2011 se cuenta con un servicio de e-mail marketing para el envío digital de comunicados, gacetillas y boletines informativos. Esta modalidad permite enviar de forma masiva, rápida y eficiente a varios destinatarios un mismo contenido evitando que dichos envíos sean receptados como spam o correo no deseado y garantizando de este modo, la llegada de la información

2010 argentina

El 27 de octubre muere en El Calafate el ex presidente Néstor Kirchner, víctima de un ataque al corazón. El deceso del ex mandatario, quien tenía 60 años, sorprendió al país en un feriado nacional decretado con motivo del Censo Nacional que se llevaba a cabo ese día.

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Primera pensión para pareja del mismo sexo A tono con los tiempos, con una lógica de equidad e igualdad y dentro del marco de la progresiva armonización con las reglas vigentes en el sistema nacional, la Caja otorgó en 2010 el primer beneficio de pensión entre parejas convivientes del mismo sexo. Ello fue posible porque el Gobierno, a través de un decreto interpretativo, el 42/09, clarificó la ley al indicar que la convivencia, a los fines previsionales, comprende tanto la unión de personas de distinto sexo como las parejas de igual sexo. Se trataba de un hecho inédito que marcó un hito en la defensa de los derechos de la diversidad sexual en la provincia y referencial para el resto del país. La ley establece que la convivencia genera derecho a pensión cuando tiene una extensión superior a los cinco años. En el caso de que la pareja tuviera hijos, el plazo se reduce a dos años. Precisamente ésa, la demostración de que la convivencia cumple con los periodos mínimos que fija la norma, suele generar inconvenientes para un acceso equitativo a los beneficios previsionales. Da pie a procesos de verificación complejos y muchas veces invasivos de la intimidad de las personas. Con la finalidad de facilitar el otorgamiento de las pensiones, la Caja creó el Registro de Convivientes que pone a disposición de las parejas la posibilidad de registrar su situación. Este instrumento, en un entorno donde cada vez con mayor frecuencia las parejas no formalizan su relación, constituye una interesante herramienta que contribuye a dar precisión, transparencia y agilidad al derecho previsional. Pero el problema vale tanto para las parejas heterosexuales como para las que integran personas del mismo sexo, lo que hace doblemente meritoria la amplitud y sensibilidad mostrada en este caso, que se anticipó a lo que luego sancionaría de manera explícita la legislación referida al matrimonio igualitario.

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emitida al destinatario final. De acuerdo con la auditoría de medios realizada diariamente, la información emitida por la Caja en 2011 se reprodujo 931 veces en medios de comunicación de capital y del interior. El principal medio de difusión es la radio (35 por ciento del total de repercusiones). Las que dieron mayor acogida a la información fueron Cadena 3, Radio Mitre y Radio Universidad. En segundo lugar, con el 25 por ciento de las noticias, participan las páginas web, liderando el ranking las de Así Somos, Cónclave Político y Cadena 3. En tercer lugar, con una participación no menor, aparece la difusión gráfica. Aproximadamente una de cada cuatro informaciones aparecieron en este medio encabezado por el diario Hoy Día Córdoba, al que le siguen La Voz del Interior, Comercio y Justicia, Día a Día y La Mañana de Córdoba. Por último, aparece la difusión televisiva, donde las principales repercusiones fueron difundidas por Canal 10, Canal 12 y Canal 8.

2013 córdoba

Muere en agosto, a los 100 años, el destacado historiador cordobés Efraín Urbano Bischoff, cuyos textos fueron consultados a la hora de preparar este libro. Nacido el 30 de septiembre de 1912 en La Plata, pasó su infancia en Cruz del Eje, para luego radicarse en Córdoba. En 2003 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba y en 2012 fue declarado Ciudadano Ilustre.

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Revisar y aprender La simple acumulación de datos se parece a la Historia tanto como una paleta de colores a un cuadro. Los datos se deben ordenar primero y relacionar y contextualizar después para que adquieran algún sentido. Para que formen una imagen comprensible y transmitan un mensaje. Con el siglo de vida de la Caja ocurre algo similar. El repaso de este período debería mirar más allá de la anécdota o la nota curiosa. Sólo así, 100 años de vida se podrán convertir en 100 años de experiencia.

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Una lección de supervivencia risis sin precedentes”, “momento histórico”, o “situación única” son algunas de las muchas expresiones que se repiten a diario cuando alguien quiere revestir a un tiempo o una situación y a veces a él mismo de una singularidad de la que, por lo general, carecen. Este afán de mostrarse a sí mismos y a su circunstancia como algo único -al que son tan proclives adolescentes, vedettes y políticos-, suele evidenciarse estéril cuando se cotejan las palabras de hoy con los hechos de ayer. Se advierte, casi de inmediato, que las crisis actuales sí tienen precedentes… y muchos. Que el momento histórico de hoy será fácilmente eclipsado por el momento histórico de mañana, tal como lo fue el momento histórico de ayer. Y que a las situaciones suelen caberles adjetivos más afortunados que el de “única”. La Caja de Jubilaciones es buen ejemplo de esa recurrencia de crisis, momentos y situaciones. De allí deriva la importancia de analizar su siglo de historia para reconocer errores y aciertos y aprender de ellos. Se advierte de inmediato que el desafío de contar con una Caja sustentable no es nuevo. Esa sustentabilidad constituye un reto permanente. Y es que en materia previsional, aún más que en otras áreas, las acciones tienen efecto retardado. El costo de las decisiones que sólo persiguen votos, acallar el reclamo de un sector o ceder ante algún grupo de presión, no lo termina pagando el gobierno que toma esas decisiones. Tampoco el gobierno que sigue, sino el ciudadano que viene mucho después. Desde que comenzó a andar, las autoridades de la institución advirtieron sobre los problemas económicos con que la Caja había nacido. “(El empleado de Córdoba) corre el riesgo de encontrar una Caja vacía de dinero, aunque llena de hermosas e irrealizables promesas”, señala el pri-

“C

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mer balance que hace la Caja en 1914. Y es que, desde su creación, la Caja evidenció una serie de vicios y contradicciones que se repetirían a lo largo de casi toda su historia. La ley original buscó contemplar situaciones particulares en ciertas actividades especialmente sufridas o desgastantes para concederles beneficios especiales. Así se pensó inicialmente en maestros de aula y policías de calle. Pero lo que debía ser una estrecha ventana se convirtió en un amplio portal por el que se colaron “servicios que siempre se han considerado como de los más cómodos dentro de la administración”. Jueces, catedráticos, directores de escuela, y hasta trabajadores de Parques y Paseos son algunos de los muchos grupos que se vieron beneficiados. Los números son elocuentes: ya en el primer año de vida de la Caja, tres de cada cuatro trabajadores estaba incluido en un régimen de privilegio lo que llevó a las autoridades de la entidad a quejarse de que se hizo “de la excepción una regla y de la regla una excepción sin motivo racional”. Este fenómeno desnuda la lucha, que se mantiene hasta nuestros días, de distintas agrupaciones gremiales o profesionales por obtener mayores beneficios para su sector en desmedro del interés general. Por otra parte, la búsqueda de una jubilación por invalidez basada en males que van de lo leve a lo inexistente tampoco es una invención del siglo XXI. Hace 100 años se advertía que buena parte de los empleados que se jubilaban aduciendo alguna grave enfermedad no sólo volvían a trabajar en el sector privado, sino que incluso tenían una expectativa de vida superior a las personas sanas. A éstos se suman otros problemas crónicos como el de la falta de equilibrio entre ingresos y obligaciones o la concesión de beneficios excesivos a personas que aportaron poco y nada. Un listado exhaustivo de ejemplos sería redundante, pero no se puede dejar de insistir en casos como el de un gobernador de la última dictadura que se jubiló merced a una ley dictada por él mismo y que parecía diseñada para su propio beneficio. Pero las enseñanzas no son sólo de lo que no se debe hacer. Hay también ejemplos a imitar. En tal sentido, sorprende al lector del siglo XXI la lucidez y hasta el coraje con que las primeras autoridades de la Caja se dirigían a sus superiores para denunciar irregularidades, advertir sobre deficiencias y anticipar crisis.

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Es así como se puede leer hoy cómo estos hombres, nacidos y formados en el siglo XIX, alertaban sobre fraudes: “Hay jefes de reparticiones que hacen figurar en sus planillas mensuales de pago personas que muchos meses atrás dejaron el servicio”; propugnaban que se le diera estabilidad al empleado público quien en ese entonces “con una simple plumada y sin trámites de ninguna clase” podía ser privado de sus derechos y anticipaban problemas: “La Ley de Jubilaciones bajo su forma actual es irrealizable”. Además, las Memorias de la Caja nos permiten vislumbrar de primera mano cómo pensaban esos hombres de hace un siglo y nos sorprenden con análisis que parecen anticiparse a su época. Víctor Rée, quien fuera el primer secretario de la institución, vaticinaba ya en 1924 convulsiones sociales derivadas de problemas financieros de las cajas: “No es difícil imaginarse los trastornos que sufrirán la paz y la armonía social… cuando la masa trabajadora (advierta) que ha sido engañada y que sus ahorros han desaparecido…”. Mostraba una sensibilidad social clarividente al advertir sobre la brecha que se abriría entre asalariados y no asalariados, que hoy llamamos desempleados y que estuvieron en la base del fenómeno piquetero surgido en los ’90. Para prevenirla, proponía la creación de una suerte de seguro social que amparara a desocupados, ancianos, inválidos, viudas y huérfanos. En síntesis, veían a la Caja de Jubilaciones no como un mero pagador de beneficios, sino como un factor de paz social. Sin embargo, tal vez la mayor enseñanza de la historia de la entidad radique no en lo que hizo, sino en lo que evitó: desaparecer. Tras un siglo en que los sistemas de previsión social estuvieron expuestos a desvaríos jurídicos, privatizaciones, nacionalizaciones, envejecimiento poblacional, pérdidas de empleos, precarizaciones y los más variados etcéteras, la Caja sobrevive y sigue siendo cordobesa. Su capacidad de adaptación fue puesta a prueba muchas veces a lo largo de estos 100 años y todo indica que el examen no terminó. Aprender de la historia, construir sobre lo ya hecho con las herramientas del presente; continuar aquello que produjo beneficios y dejar a un lado las malas prácticas eligiendo una u otra con lucidez y firmeza, son los grandes desafíos de la Caja.

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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADAS Memorias de la Caja de jubilaciones, pensiones y retiros de la Provincia de Córdoba 1914 - 1961 y 2008 – 2012. Resoluciones de directorio de la Caja de jubilaciones, pensiones y retiros de la Provincia de Córdoba Electrum - Periódico del Sindicato de Luz y Fuerza 1969. Memoria balance de Sindicato de Luz y Fuerza 1969. Archivo General de la Nación. Archivo fotográfico de Córdoba. Historia de Córdoba. Efraín Bischoff. Córdoba, nuestra historia, editado por La Voz del Interior. Diario La Voz del Interior, Los Principios, Córdoba y La Mañana de Córdoba. Historia de las ideas en Argentina. Oscar Terán. Breve historia de la Argentina. José Luis Romero. Estado de las clases obreras en Argentina, Juan Bialet Massé. Jubilaciones y pensiones. Ángel Ávalos. Atlas histórico de la Argentina. Mirta Zaida Lobato y Juan Suriano. Córdoba rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la movilización social. James Brennan y Mónica Gordillo. El ejército y la política en la Argentina. Robert Potash. Escuela Jerónimo Luis de Cabrera. Cien años sembrando sueños 1907 – 2007. Historia de la Argentina. Marcos Novaro. La influencia del renacimiento español en la arquitectura de la restauración nacionalista en las ciudades de Córdoba y Mendoza, Pascual Clemente López. Historia del pueblo argentino. Milcíades Peña. Estudios sobre los orígenes del peronismo. Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero. Memoria y política en la historia argentina reciente: una lectura desde Córdoba. Marta Philp. AGRADECEMOS LA AYUDA PRESTADA POR: Familia Escalera, Brottier, Binda, Vivas, Malbrán, Reyna. Rolando Villagra. Jorge ’Coco’ Ferreyra - Genealogía de Córdoba. Isaac Silbermanas - Investigaciones fotográficas. Delfina Luisa Bonino. Edgardo Dainotto Francisco Olcese Enrique Molina. Empleados del Boletín Oficial y del Archivo de EPEC.