UN AMARGO BALANCE DESPUÉS DE TRES AÑOS

No solo preocupa la inconsistencia de las cifras y el engaño de llamar obras a actividades que claramente no lo son, preocupa la forma como la mayoría de las ejecuciones están a cargo de empresas creadas recientemente para que funcionen bajo la regulación privada, evadiendo descaradamente la obligatoriedad de cumplir los pliegos tipos y el régimen de contratación estatal.

En esta Cámara ha sido habitual resaltar las obras más relevantes adelantadas en Antioquia en los últimos años, la Central Hidroeléctrica Ituango, las obras 4G, Puerto Antioquia, el Túnel de Oriente, el Parque Vial del Río etapas A y B, los metrocables, el Tranvía de Ayacucho o los múltiples intercambios viales construidos en el área metropolitana, todos ellos por su grado de complejidad, no han estado exentos de problemas, pero en general, podemos afirmar que todos han contado con una planeación adecuada, un proceso de adjudicación de contratistas y una buena ejecución, a pesar de los inconvenientes y trabas de nuestro sistema de obra pública.

En esta ocasión, hemos decidido realizar un breve recorrido por las obras adelantadas en la actual Administración Municipal de Medellín, que como ya lo hemos mencionado, rompe con las tradiciones y nos propone un nuevo modelo, según ellos, más transparente y eficiente, luego de satanizar las administraciones que la precedieron.

Empecemos por revisar los indicadores del Plan de Desarrollo que tienen una relación directa con la construcción de infraestructura física y con el reciente informe denominado las 1.000 obras de la Administración Quintero 2020-2023.

Partiendo de la última información suministrada por Planeación Municipal, de los 91 indicadores a los cuales le hacemos seguimiento, tuvimos que corregir 35 por estar evidentemente mal calculados, 31 de ellos a la baja y cuatro al alza, pasando así de un supuesto cumplimiento del 59% según sus cálculos a tan solo el 34,5%. Encontramos, además, que 16 de las obras más relevantes del Plan de Desarrollo presentan avance “cero”, de acuerdo con la información oficial disponible.

De otra parte, en el reciente informe denominado las 1.000 obras de la Alcaldía de Medellín 2020-2023 encontramos que, como tal, entre obras que venían desde las administraciones anteriores y obras nuevas de esta alcaldía, solo hay 186 que pueden clasificarse como tal, las 814 restantes, lejos de ser obras, son mantenimientos rutinarios, algunos diseños, lavados con hidrolavadoras, adecuaciones menores e incluso intervenciones artísticas, entre otras cosas que no se pueden clasificar como “obras”.

No nos parece correcto que permanentemente se esté dando información equivocada y sobrevalorada sobre ejecuciones que no son ciertas y que distan mucho de las promesas de campaña y lo plasmado en el Plan de Desarrollo.

Ante la contundencia de nuestros análisis y el evidente poco avance de las obras actualmente en ejecución, nos dimos a la tarea de hacer un pequeño seguimiento en aquellas más relevantes y esperadas por la comunidad, encontrando que: en general los avances físicos son inferiores a los contractuales, es común encontrar prórrogas sin justificación técnica adecuada en tiempo y valor por cifras varias veces superiores a las inicialmente contratadas (Carabobo Norte, Parque Lleras, Metroplús Aguacatala, etc) práctica que en la contratación pública está prohibida, pero que gracias a los convenios interadministrativos, tan comunes en esta administración, logran burlar la ley de la contratación estatal.

PARTIENDO DE LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR PLANEACIÓN MUNICIPAL, DE LOS 91 INDICADORES A LOS CUALES LE HACEMOS SEGUIMIENTO, TUVIMOS QUE CORREGIR 35 POR ESTAR EVIDENTEMENTE MAL CALCULADOS, 31 DE ELLOS A LA BAJA Y CUATRO AL ALZA, PASANDO ASÍ DE UN SUPUESTO CUMPLIMIENTO DEL 59% SEGÚN SUS CÁLCULOS A TAN SOLO EL 34,5%.

Pero no solo preocupa la inconsistencia de las cifras y el engaño de llamar obras a actividades que claramente no lo son, preocupa la forma como la mayoría de las ejecuciones están a cargo de empresas creadas recientemente para que funcionen bajo la regulación privada, evadiendo descaradamente la obligatoriedad de cumplir los pliegos tipos y el régimen de contratación estatal, además, la escasa publicidad de los procesos derivan en un número ínfimo de participantes, y la alta concentración de las obras en pocas compañías con poca tradición en el sector, la mayoría de ellas foráneas.

Poco podemos esperar de los organismos de control, que, en el caso de los regionales, parecieran que han perdido autonomía e independencia. Solo falta esperar que los organismos del orden nacional adelanten las investigaciones y puedan dar claridad a los ciudadanos sobre el destino y buen uso de los recursos públicos de los medellinenses en estos últimos años.

Seccional Occidente