Capítulo 1 LAS ANOMALÍAS GRAVES DE LA CONTRATACIÓN DE BOGOTÁ2 Como ya se explicó en la introducción, la Comisión para el Seguimiento de la Contratación Distrital, CSC, tuvo que limitarse a examinar los riesgos y los indicios más severos de corrupción. Esto significa que tuvo que enfocarse hacia las responsabilidades que le caben a la cúpula de la administración, en la distracción de recursos públicos en las contrataciones distritales de mayor envergadura. Al respecto, la Comisión hizo varias constataciones que se reseñan a continuación y se desarrollan en los capítulos subsiguientes. Imputaciones directas al senador Iván Moreno Tres personas han hecho manifestaciones que son de dominio público y que comprometen a Néstor Iván Moreno Rojas. La primera de ellas fue el ex representante a la Cámara Germán Olano. En un diálogo telefónico con Miguel Nule cuya grabación divulgó Caracol Radio, describió un escalafón de personas que inciden poderosamente en la contratación –al punto de que de ellos dependería el nombramiento del director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, la agencia distrital con mayor capacidad de contratación–. Ese escalafón estaría compuesto, en su orden, por “Iván”, “el Turco”, “Emilio” y “Julio”. Al responderle a Nule la pregunta de “por qué nombran a ese man en el IDU”, el ex representante dice: “Porque Emilio se le metió a Iván [...] Emilio es el que tiene un nexo con Iván en Estados Unidos a nivel personal”. Y añade: “la figura que me expresan a mí es ésta: que aquí está un Emilio, que acá atrás está un Julio y que por encima de ellos dos hay un turco […] Pero el que está hablando con el señor Iván es Emilio, y Emilio se hace unos negocios con ellos en Estados Unidos”. De esa misma conversación se desprende que Olano estaba cobrando una suma voluminosa de dinero a un “Julio”, a un “Dávila” y a los propios Nule. A la luz de esa conversación es evidente que Olano participaba en un esquema ilícito de intermediación contractual y pago de comisiones. Pero es improbable que un político curtido como él se hubiera arriesgado a hacer las afirmaciones que le hizo a un empresario con tantas conexiones como Nule, sin contar con alguna base en los hechos.
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Los valores que se mencionan están expresados en pesos constantes de 2009, a menos que se indique algo distinto.
La segunda persona cuyas declaraciones comprometen a Iván Moreno es el ya citado Miguel Nule. En recientes diálogos con los medios de comunicación (el 21 de octubre pasado), identificó por sus nombres de pila como Iván Moreno, Emilio Tapia y Julio Gómez, a las personas mencionadas por Olano. Señaló también que “el Turco” es Andrés Jaramillo, gerente de de CONALVÍAS. Migue Nule afirmó también, según El Espectador, que “en la oficina del abogado Álvaro Dávila, en presencia de Julio Gómez y Emilio Tapia, me pidieron una comisión del 6% para el hermano del alcalde y del 2% para el contralor”. En declaraciones a Caracol Noticias aseveró que “el señor Iván Moreno me presionó en forma directa para que nosotros las estaciones de servicio que estaban en la concesión Bogotá Girardot que eran de propiedad del Consorcio Bogotá-Fusa una de ellas se las adjudicáramos en forma directa por llamarlo así a ellos”. En esa misma entrevista agregó que “sentí como una presión y porque no existe una relación con ellos para que esto se diera de esta manera, eso queda claro en un correo además eso lo confirma uno de los correos que me manda en él se solicita que se firme ese contrato la oficina del señor Álvaro Dávila quien es una persona muy allegada a él”. También a través de Caracol Radio, Migue Nule manifiesta, al contestar la pregunta sobre con qué pruebas cuenta, que “yo tengo claramente un correo electrónico donde el señor Álvaro Dávila a través de él y de su correo me solicita llenar el modelo de contrato para las estaciones de gasolina que iban a ser entregadas al señor al señor Moreno”. Y añade: “por otro lado las relaciones entre los señores Moreno con el señor, en otro contexto, con el señor Emilio Tapia, tengo en mi poder un pagaré en los cuales los deudores son Emilio Tapia y Víctor Gómez y el deudor es el señor Álvaro Dávila y el señor Iván Moreno”. En una entrevista muy anterior, de mayo de 2010, Miguel Nule había dicho lo siguiente: “al señor Emilio Tapia yo lo conozco pues básicamente porque nuestro asesor jurídico que era el señor Álvaro Dávila, el señor Álvaro Dávila ehhh, mmm, me lo presenta”. Es evidente que Miguel Nule no es un testigo desinteresado. Es corresponsable, con su hermano Manuel y su primo Guido, de un enorme descalabro empresarial que está afectando los recursos y los intereses públicos. Lejos de reconocer su responsabilidad y la de su familia, que los llevó a tener que ceder los contratos que tenían con el Distrito, culpa por completo a otros. Pero esa circunstancia, aunque debilita la credibilidad de lo que dice sobre Moreno, Dávila, Tapia y Gómez, no la elimina del todo.
Finalmente, están de por medio las afirmaciones públicas y las que hizo ante la CSC Alejandro Botero, subcontratista de Julio Gómez y Emilio Tapia Aldana en varias obras de infraestructura vial. Botero sostiene que ha sido subcontratista de Julio Gómez y de Emilio Tapia. Éstos últimos, según lo estableció la CSC, han celebrado contratos con ese instituto a través de diversas sociedades y personas por $173.000 millones, para la construcción y mantenimiento de vías. De acuerdo con Botero, Gómez y Tapia le dieron a él y a otros subcontratistas un tratamiento económico desequilibrado –se quedaron con todo el AIU (administración, imprevistos y utilidades) y los pusieron a construir las obras solo con lo presupuestado como costos directos–. Al propio Botero le habrían quedado debiendo $268 millones. En reuniones con Gómez, Tapia y sus colaboradores, afirma Botero, oyó hablar varias veces de Iván Moreno. Al referirse a esas conversaciones le dijo a El Espectador que “siempre escuché el nombre de Iván Moreno […] en todos los contextos”. En la semana anterior a las elecciones parlamentarias del 14 de marzo de 2010, Tapia le pidió un préstamo de $50 millones para Moreno. Cuando hizo gestiones ante el IDU y ante un asesor del alcalde para que le ayudaran a recuperar lo que Gómez y Tapia le habían quedado debiendo, quienes lo habían contratado le dijeron: “¿usted qué va a decirle al alcalde si el alcalde es hermano de Iván e Iván es amigo nuestro?”. Las quejas de Botero no habrían tenido ningún resultado ni en el IDU ni en la alcaldía. Lo único que le habrían dicho fue que no denunciara nada en los medios de comunicación. Según Botero, Gómez y Tapia cuentan con mucho poder en el Instituto de Desarrollo Urbano. Tenían mucho acceso al ex subdirector del instituto, Luis Eduardo Montenegro y varios otros funcionarios les colaboraban. Incluso intentaron convertirse en cesionarios de los contratos del grupo Nule, a efectos de lo cual los habrían presionado y arrinconado, en unión con funcionarios del instituto. A diferencia de Olano y los Nule, Botero no está sub judice y no ha incumplido contratos con el Distrito. La Comisión de Seguimiento no ha podido dejar de preguntarse qué hubiera ocurrido si un dirigente del sector que tiene una representación minoritaria en los órganos de dirección del Polo, por ejemplo, Gustavo Petro o el senador Avellaneda, hubieran sido objeto de los señalamientos concurrentes que se le han hecho al senador Iván Moreno en los medios de comunicación por parte de Olano, Nule y Botero.
A buen seguro, esos órganos habrían tomado cartas en el asunto y emprendido una investigación de oficio para imponer las sanciones del caso y salvar la responsabilidad del partido. Muy posiblemente habrían adoptado la medida provisional de suspender los derechos de los investigados como militantes de la organización –así acaba de hacerlo el Partido Liberal con el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi– . Sin embargo, en el caso del senador Moreno no se ha dado ni un paso en esa dirección. Por el contrario, el sector que controla la dirección ha sido explícito en apoyar al alcalde e implícitamente ha respaldado a su hermano Iván. Y eso a pesar de mediar un agravante: por ser Iván Moreno hermano del alcalde de Bogotá, las imputaciones que se le han hecho pueden tener mayor alcance que las referentes a otros dirigentes y perjudican mucho más al partido. La Comisión de Seguimiento entrevistó, asimismo, a Jorge Acevedo Ávila, subcontratado por Emilio Tapia en nombre de la Cooperativa COOTECOL, para la construcción de un camino en Chitaraque, Boyacá. El ingeniero residente de la obra era Ulfran López, cedulado en Sahagún, Córdoba. Tapia le quedó debiendo $151 millones a Acevedo y cuando éste se los reclamaba le contestaba que se tranquilizara, que le iba a pagar, que él era muy poderoso porque era amigo del alcalde de Bogotá y de su hermano. Al final, según Acevedo, Tapia lo mandó a amenazar con sus guardaespaldas, para que no cobrara más. Nexos entre Iván Moreno y Emilio Tapia Aldana y favorecimientos a éste Los medios de comunicación han documentado la existencia de vínculos cercanos entre el senador Iván Moreno y Emilio José Tapia Aldana. El primero de ellos ha reconocido que se conocen desde hace años y que sus familias han sido amigas desde hace varias generaciones, porque el general Rojas Pinilla, abuelo de Iván, tuvo una hacienda en Cereté, Córdoba, vecina a una propiedad del padre de Emilio Tapia. Se sabe que éste último acompañó a Moreno a hacer campaña electoral en Córdoba, especialmente en Sahagún, de donde es oriundo, y que en ese municipio la votación por el candidato alcanzó los 3.880 votos en marzo pasado, mientras que en las elecciones parlamentarias anteriores había obtenido solo seis. Existen también muchas pruebas indirectas de las relaciones entre Tapia y el senador Moreno. Como empresario e inversionista, Emilio Tapia ha tenido un meteórico crecimiento durante los años de la administración Moreno Rojas. De ocupar una posición económica más bien modesta pasó a participar, en consorcio con Héctor Julio Gómez González, en contratos con el IDU por un valor de $173.000 millones –como Tapia
responde, por interpuestas personas, por alrededor del 20% del capital de los consorcios, su participación en esos contratos sería del orden de los $35.000 millones–. Por la magnitud de sus contratos, Gómez y Tapia ocupan hoy el quinto lugar entre los contratistas del IDU y han sido beneficiados con medidas como los siguientes: Se les adjudicó casi el 20% del valor contratado por el IDU en 2009 (básicamente obras de valorización del Acuerdo 180 de 2005). En esos contratos de obras de valorización se les hicieron anticipos por el 40% del valor del contrato, cuando lo acostumbrado por el IDU era el 30% y lo normal en la construcción es aún más bajo. Fueron unos de los beneficiarios de la adición, sin licitación, de obras de valorización a contratos preexistentes, concretamente, al de uno de los dos distritos de conservación vial que tenían en asocio con los Nule. Se les permitió seguir participando en uno de los distritos de mantenimiento de la malla vial que manejaban en consorcio con los Nule y en el que las obras estaban muy atrasadas. A los Nule se los obligó a ceder su participación en el consorcio contratista, pero Gómez y Tapia no solo conservaron la suya sino que la ampliaron del 45% al 60%, a pesar de que eran corresponsables de los retardos. No se atendieron cabalmente los reclamos del subcontratista Alejandro Botero contra ellos por sumas de dinero que le habrían quedado debiendo. También se ha ventilado públicamente que Tapia actuó como intermediario para que a los Nule no se les declarara la caducidad de sus contratos y pudieran cederlos a terceros. Contratación sin licitación en el IDU Mientras Tapia Aldana iba haciéndose a una trayectoria empresarial atípica, en el marco de la mega contratación distrital de obras de infraestructura se presentó algo preocupante: $846.383 millones fueron asignados a grandes contratistas sin previos procesos de licitación. El fenómeno se produjo por tres vías: adiciones de obras de valorización (Acuerdo 180 de 2005) a los contratos de la fase III de Transmilenio y de los distritos de conservación vial ($95.430 millones); cesiones de los contratos de los Nule a otros contratistas –como CONALVÍAS y Julio Gómez ($357.204 millones) –; y reajustes en el valor de los contratos de la fase III de Transmilenio ($393.700 millones). La parte del león en estas
reasignaciones de recursos le correspondió a CONALVÍAS: recibió $515.383 millones, casi el doble de lo que se le había adjudicado en procesos licitatorios. Estos mega desplazamientos de recursos sin procedimientos públicos y competitivos de selección de los contratistas y orientación de la inversión, crean, objetivamente, oportunidades para la corrupción y vulneran los derechos de quienes participaron en las licitaciones originales. Las razones alegadas por la administración para haber movido $846.000 millones sin los trámites de rigor fueron, en varios casos, deleznables y han dado lugar a investigaciones de los órganos de control. La otras cuerdas contractuales de Emilio Tapia Aldana La ingerencia de la red de relaciones a la que pertenece Tapia Aldana en la contratación no se agota en el área de la movilidad. Existen muchos indicios de que a través de varias sociedades y personas, articuladas entre sí, ha incidido en los contratos más grandes de otros sectores de la administración. Según la Revista Dinero, Tapia ha utilizado como eje de sus actividades a la sociedad Geos Consulting S. A. S., constituida en Calarcá, cuyo domicilio actual es Bogotá y cuya denominación es hoy Geos Construcciones S. A. S. Tapia fue socio de la firma en 2009. El socio mayoritario de ésta es actualmente Juan José Durango (50% del capital), miembro de la escolta de Tapia según Dinero. De acuerdo con Alejandro Botero, Tapia Aldana actúa en asocio de colaboradores y amigos como Ómar Pérez Tejada (cedulado en Sahagún), Salomón del Valle, Javier Haddad (barranquillero) y el mencionado Juan José Durango (también cedulado en sahagún). Haddad es el gerente de H y H Arquitectura S. A., sociedad con domicilio en Barranquilla que en consorcio con firmas controladas por Julio Gómez y Emilio Tapia licitó y obtuvo la adjudicación de una de las obras de valorización del Acuerdo 180 de 2005. Además de los mencionados, los medios de comunicación han señalado, como estrecho colaborador de Emilio Tapia a Manuel Fernando Pastrana Sagre, quien también tiene cédula de Sahagún. Dinero lo identificó como “cuota burocrática” de Tapia e informó que había acompañado a éste último y a Iván Moreno en recorridos electorales por Córdoba. Pastrana es asesor de la gerencia de la ERU desde que Néstor Eugenio Ramírez encabezó la entidad.
Geos Consulting ha tenido muchas articulaciones con la sociedad INDECON S. A., constituida en Manizales y con domicilio actual en Bogotá. INDECÓN llegó a tener el 49% de las acciones de Geos. Alejandro Valencia Osorio fue gerente de ésta y, simultáneamente, accionista de INDECÓN. Julián Gómez Naranjo fue suplente de Valencia en la gerencia de Geos y ha sido socio de las dos firmas. Eduardo Arango Arango también lo ha sido de ambas. Gómez Naranjo gerencia actualmente a INDECÓN. Esta firma tuvo contratos con el municipio de Manizales cuando Néstor Eugenio Ramírez, actual director del IDU, era alcalde. Para la época en que se formalizó la renuncia de Valencia Osorio a la gerencia de Geos, Juan José Durango ya era el accionista principal de la compañía. Acueducto y alcantarillado y aseo Alejandro Valencia Osorio es hoy el gerente de Aguas de Bogotá S. A., E.S.P., sociedad creada por la Empresa de Acueducto, EAAB, para la promoción y realización de negocios. Julián Gómez Naranjo ha sido socio de H20 Consulting S. A., cuyo accionista mayoritario es Óscar Antonio Morales Beltrán. Morales y dicha sociedad constituyen el grupo empresarial que tiene mayor participación en las interventorías de la Empresa de Acueducto. Manejan las correspondientes a los proyectos más grandes de la EAAB, como el túnel del alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, el acueducto y el alcantarillado de Soacha y el revestimiento de los túneles de Chingaza. Pero no solo participan en las macro interventorías: también se les ha adjudicado un buen paquete de interventorías medianas y pequeñas mediante la modalidad de contratación directa de menor cuantía. La licitación del Relleno Sanitario Doña Juana, recientemente adjudicada, contenía condiciones que favorecían muy claramente a Aguas de Bogotá S. A., como si la administración hubiera estado determinada a dejar el relleno en manos de esa empresa. Sector hábitat El contrato más grande de la Caja de Vivienda Popular, CVP, bajo el gobierno de Samuel Moreno, fue celebrado por $13.780 millones para la construcción de 667 viviendas de interés prioritario. El contrato le fue adjudicado, a través de un proceso de selección enredado, a un consorcio compuesto por Constructora Villa Ángela S. A. y por DAIMCO S. A. S. La primera de esas compañías se desarrolló, al parecer, durante la reconstrucción del Eje Cafetero. DAIMCO S. A. S. fue creada en Montería, con domicilio, según la respectiva escritura, en la vía Lorica-Cereté. Al momento de hacerse la selección del contratista,
DAIMCO tenía un contrato vigente con el municipio de Sahagún. Su gerente era Carlos Javier Espitia, con cédula de Cereté. El negocio de más envergadura en que participa la Empresa de Renovación Urbana, ERU, es un centro comercial en San Victorino, cuyo valor-ventas podría ascender a unos $780.000 millones. Un proceso de selección controversial condujo a entregarle la gerencia y las ventas, a finales del gobierno de Luis Eduardo Garzón, a una Unión Temporal controlada por INDECÓN S. A. La gestión de la unión contratista presentó posteriormente muchas deficiencias y el primer gerente de la ERU bajo la administración Moreno, Néstor Eugenio Ramírez, pensó en quitarle el contrato. Según Dinero, Emilio Tapia y su amigo Julián Gómez Naranjo, gerente de INDECÓN, se movieron para evitarlo, haciendo valer los contactos del primero con el gobierno distrital, y consiguieron la asesoría de Diego Alberto Muriel, quien era, a su vez, asesor de la ERU y hoy se desempeña como gerente de esa empresa distrital. En la estructuración de la selección de la firma interventora del contrato de gerencia y ventas, participó Manuel Fernando Pastrana Sagre, el amigo de Emilio Tapia ya mencionado. Roberto Posada Gracia, cedulado en Sahagún, formó parte del comité evaluador de las propuestas. Según lo informó el diario El Tiempo, Pastrana Sagre estaría incidiendo en el proceso de selección de la firma que hará los estudios y diseños de Ciudad Salud, el proyecto de renovación urbana que concentrará numerosos equipamientos de salud en el centro de Bogotá. Sector salud El contrato más cuantioso de la Secretaría bajo el actual gobierno es el celebrado por $67.000 millones para un servicio de 70 ambulancias con sus respectivos equipos de médicos y paramédicos. Se ganó la licitación una unión temporal compuesta por una empresa con cierta experiencia en ese servicio, Transporte Ambulatorio Médico Ltda. (con el 30% del capital del consorcio), y por dos firmas constructoras, Suárez y Silva Ltda. Ingenieros Contratistas y J. A. Asociados S. A. (50% y 20% del capital, respectivamente). Suárez y Silva Ltda. amplió su objeto social un mes antes de la apertura de la licitación, e incluyó la prestación de servicios de salud mediante unidades móviles para el traslado de pacientes.
Los dos socios de Suárez y Silva Ltda. –Juan Carlos Aldana Aldana y Wilson Bula Ramos– son de Sahagún. J. A. Asociados S. A. es una firma barranquillera gerenciada por Jairo Ramón Aldana Bula, cedulado también en Sahagún. Ambas sociedades habían licitado juntas para la construcción de vías en el departamento del Atlántico. J. A. Asociados S. A. también lo hizo con H y H Arquitectura S. A., cuyo representante legal, como se dijo, es Javier Haddad. La unión temporal que se ganó la licitación presentó una certificación sobre el cupo de crédito exigido redactada en términos que la hacían inservible. No obstante, la Secretaría de Salud la validó. Vale aclarar que ser oriundo o tener cédula de Sahagún, Córdoba, no es ningún motivo de descrédito. La belleza de la ciudad y de su entorno y la calidez de su gente llevan a pensar lo contrario. Ahora bien, Sahagún solo tiene algo más de 100.000 habitantes. Y ocurre que la proporción de los cedulados en ese municipio dentro de la ciudadanía colombiana es muchísimo más baja que su proporción dentro de los grandes contratistas del Distrito de Bogotá y sus colaboradores inmediatos. Esto es lo que llama la atención, máxime si se tiene en cuenta de que en muchos casos se trata de personas vinculadas a un mismo contratista, Emilio Tapia Aldana. Los Torrado y el programa bandera del Polo en Bogotá El de la seguridad alimentaria de los pobres, que fue el programa bandera del Polo en Bogotá, devino en el negocio de unos particulares, los dirigentes del Partido de la U Efraín y Edgar Torrado y sus parientes cercanos. El primero de los mencionados es senador y es amigo de Iván Moreno, de quien fue compañero en la Comisión Sexta del Senado. Las empresas de los Torrado fueron contratistas del municipio de Bucaramanga durante la alcaldía del hoy senador Moreno. Dichas empresas celebraron contratos con Bogotá durante el gobierno de Garzón por $15.353 millones. De ellas, la que tiene mayores operaciones con la actual administración es COOPROSPERAR, cuyos servicios fueron muy mal calificados por la Contraloría Distrital durante el período de Garzón. Pero esas firmas no solo volvieron a ser contratadas por el gobierno de Samuel Moreno sino que se las premió con contratos por $161.131 millones, de los cuales $96.000 millones quedaron asegurados mediante vigencias futuras –algo totalmente atípico para actividades de suministro de alimentos–. Los amigos y los testaferros La existencia de una red de sociedades y personas vinculadas a Emilio Tapia que participan en los contratos más grandes de diversos sectores de la administración distrital no es, por
sí sola, prueba de corrupción, aunque es un indicio de irregularidades. Pero aquí intervienen otros hechos inquietantes: las operaciones de esas empresas crecen rápidamente; el objeto y la magnitud de sus contratos no siempre guardan relación con su experiencia previa; se les conceden a los contratistas condiciones muy favorables (adiciones, anticipos…); se toleran sus incumplimientos y se los admite como intermediarios de operaciones entre la administración y terceros. Agréguense a lo anterior las declaraciones de subcontratistas sobre comportamientos abusivos de las empresas de la red y las personas que las manejan y sobre sus vínculos con los funcionarios de la administración. En este caso hay, además, circunstancias objetivas que prueban una conexión entre los líderes de esa red y el hermano del alcalde –como la amistad familiar de vieja data entre los Rojas y Moreno Rojas y los Tapia, el apoyo electoral que le dio a Iván Moreno Emilio Tapia, y las menciones recurrentes de éste, de Julio Gómez y de los colaboradores de ambos a su cercanía con el aludido senador–. Todo esto es bien preocupante, independientemente de las declaraciones de algunas personas sobre el papel de Tapia y su socio Julio Gómez en el cobro de comisiones para el alcalde y su hermano. Los gobernantes corruptos no pueden actuar solos. Tienen que servirse de amigos que tengan presencia en diversos sectores de las administraciones y acceso fácil a las oportunidades de negocios que se presentan allí. Y aunque del hecho de que un gobernante tenga amigos provistos de buenos contratos no puede inferirse, con certeza, que participa en maniobras corruptas, sí hay motivos para prender las alarmas porque esas relaciones vienen como anillo al dedo para las maniobras de ese tipo. El “cartel de la contratación” De tiempo atrás se viene hablando en los medios de comunicación de un “cartel de contratistas” en Bogotá. Sobre su composición, antes de que Emilio Tapia fuera mencionado con insistencia en los medios, se citaron los nombres de Julio Gómez, Manuel Sánchez, Álvaro Dávila y Carlos Alberto Plata. Todos ellos han estado vinculados desde hace muchos años al Distrito, como funcionarios o contratistas, básicamente desde los tiempos de Jaime Castro en la Alcaldía. Gómez, como se muestra en este informe, no es solo un contratista grande de infraestructura vial, en asocio con Emilio Tapia. También participa en la edificación de hospitales y, a través de fundaciones, en las actividades de la Secretaría de Integración Social.
La Comisión de Seguimiento recibió referencias a que las relaciones que pudieron existir entre Manuel Sánchez y los Moreno Rojas se deterioraron mucho apenas comenzó la actual administración. En sus indagaciones, la Comisión supo, entre otras intervenciones de Sánchez, de su asesoría a uno de los proponentes de la licitación de los refrigerios escolares en 2009, y a un grupo de transportadores en la licitación de la operación del Sistema Integrado de Transporte, SITP, en 2010. De Álvaro Dávila se ha dicho que ha incidido en muchos procesos contractuales, en áreas como la construcción obras de infraestructura, la operación del sistema Transmilenio y la recolección y el manejo de residuos sólidos. La Silla Vacía señaló que Dávila estudió con Samuel Moreno en el colegio Anglo Colombiano y en la Universidad del Rosario y que ha sido asesor jurídico de varias entidades distritales. Añadió que se lo “percibe[…] como un intermediario que tiende puentes entre empresas privadas interesadas en negocios con el Distrito y las secretarías de la Alcaldía, algunas de cuyas licitaciones él asesora, aprovechando la amistad que tiene con el alcalde”. Álvaro Dávila le pidió a la Silla Vacía que rectificara sus informaciones. Planteó que no había estudiado en el mismo curso de Samuel Moreno en el colegio ni la universidad y que no había estructurado licitaciones de la administración. Sin embargo, de su comunicación a ese portal se infiere que, aunque no actuó como estructurador de aquéllas, sí asesoró, en general, procesos de selección de contratistas, revisó y evaluó pliegos de condiciones, e intervino en la elaboración de contratos de concesión. Por otra parte, Dávila ha sido mencionado como representante de diversos empresarios e inversionistas con intereses en el Distrito, como los Nule y la firma española Ortiz Construcciones y Proyectos S. A. El papel de oficinas de abogados como las de Manuel Sánchez y Álvaro Dávila debe mirarse a la luz de lo planteado por las entidades que trabajan globalmente contra la corrupción. El Banco Mundial, por ejemplo, ha sido explícito en aconsejar que se evite que intervengan en la preparación y marcha de los procesos contractuales del sector público abogado externos, sobre todo cuando también fungen como articuladores y representantes de grupos de inversionistas privados. Miami y las Islas Vírgenes Emilio Tapia está registrado en el Estado de la Florida como agente de una “limited liability company” llamada Geos Investment LLC y que también en la Florida se encuentra registrada una sociedad llamada Arkgo Corporation, cuya presidenta/directora es la señora Jannett Arévalo, esposa de Julio Gómez. En una de las reuniones con Gómez, Tapia y sus colaboradores, Alejandro Botero oyó decir, según lo afirmó ante la CSC, que un residente en Miami, Luis Cárdenas Gerlein, les
iba a dar dos o tres millones de dólares para convencer a los Nule de que cedieran sus contratos de vías en Bogotá. Germán Olano, como se reseñó arriba, afirmó en conversación telefónica con Miguel Nule que Iván Moreno tiene negocios con Emilio Tapia en Miami. Iván Moreno también dispone desde hace muchos años, en asocio con “Samuel Moreno” (él ha dicho que se trata de su padre, Samuel Moreno Díaz), de una cuenta en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, según lo denunció en Semana el columnista Daniel Coronell. Cualquier gobernante puede tener negocios en el exterior sin que eso indique que sea corrupto. Pero también es un hecho que las cadenas de movilización de recursos de dudosa procedencia suelen contar con terminales en países diferentes a aquél donde se generaron, y especialmente en paraísos fiscales. ¿Y el Polo qué? Mientras todo este panorama se ha venido configurando, los órganos de dirección del Polo han estado mirando para otra parte. No solo han impedido que se dé el debate de la contratación en Bogotá, como se los pidió el sector que tiene representación minoritaria en esos órganos, sino que han salido a respaldar al alcalde e, implícitamente, a su hermano Néstor Iván, como ya se señaló. Curiosamente, esto ocurre en un contexto de falta de vínculos programáticos y políticos – en el buen sentido de la expresión– entre el partido y el gobierno de Bogotá. Carlos Gaviria ha dicho públicamente que mientras fue presidente del Polo (más de tres años) no habló con Samuel Moreno más de tres veces, y que le reprochó que no era el PDA sino el uribismo, el liberalismo y los conservadores quienes gobernaban la capital de la república. De los doce secretarios y secretarias de despacho y coordinadores de otros tantos sectores de la administración solo tres, concretamente tres mujeres, se reconocen como del Polo –dos de ellas, las secretarias de gobierno y de integración social son, ante todo, personas de estrecha confianza de la Casa Rojas–. Así las cosas, no es el Polo Democrático Alternativo sino los Moreno Rojas, la cúpula de la ANAPO y sus aliados en otros partidos, como el de la U y el samperismo, quienes manejan el Distrito. Preguntas al alcalde En los países anglosajones se acostumbra que los políticos, los periodistas, los académicos y los ciudadanos en general, le hagan preguntas a los gobernantes, sobre asuntos de interés colectivo. Las preguntas pueden ser comprometedoras, a condición de que no
sean insultantes. La gente se siente con el derecho a que se las respondan y es implacable con el gobernante que falta a la verdad al contestarlas. Para el avance de la democracia en Colombia sería muy saludable que se adoptara esa práctica. Además de lo que se narra en los diferentes capítulos de este informe, la Comisión de Seguimiento ha recogido elementos dispersos acerca de hechos sobre los cuales no pueden hacer afirmaciones pero sí formular interrogantes, para obtener aclaraciones del alcalde y sus colaboradores a la propia CSC, a los órganos de control –incluidos los de control político– y a la ciudadanía. Se trata de las siguientes preguntas: ¿Qué papel cumplió Emilio Tapia Aldana en el proceso por el cual el contrato del grupo Nule en la troncal de la Calle 26 le fue cedido al grupo CONALVÍAS? ¿Cuántas veces y en qué fechas se han reunido el señor Alcalde o su hermano, el senador Iván Moreno, con la señora Victoria Turbay, hermana del ex contralor Julio César Turbay para hablar del metro de Bogotá? ¿En cuáles de esas reuniones ha estado presente el señor Carlos Alberto Plata? ¿Qué papel ha jugado o juega el señor Carlos Alberto Plata en relación con la contratación de los trabajos del metro y la selección de los contratistas? ¿Ha sido mencionado el señor Carlos Alberto Plata por el señor Alcalde como “la persona correcta” para tratar el tema del metro con posibles contratistas, o para tratar con ellos otros temas de interés distrital? En este último caso, sírvase decir cuáles son esos otros temas. ¿Qué papel ha jugado o juega el señor Álvaro Dávila en relación con la contratación de los trabajos del metro y la selección de los contratistas? ¿Qué papel ha jugado o juega el señor Álvaro Dávila en relación con la contratación, por parte del Distrito, de otras obras de infraestructura en la ciudad, y en la selección de los contratistas? ¿Qué participación o incidencia tienen algunos dirigentes distritales del Partido de la U en la administración y en la contratación del Distrito? Al contestar, sírvase indicar de qué dirigentes se trata y referirse específicamente, a su incidencia en el sector de movilidad, entre otros. ¿Qué reuniones o diálogos han tenido el señor Alcalde o el senador Iván Moreno, o sus dependientes o colaboradores, con el señor Héctor Taborda Maya o los administradores o
socios de ANGELCOM S.A., para hablar sobre el Sistema de Recaudo y Control de la Información, SIRCI? ¿A qué acuerdos se ha llegado en esas conversaciones o diálogos? ¿Qué reuniones o diálogos tuvieron el señor Alcalde o el senador Iván Moreno, o sus dependientes o colaboradores, con los operadores de las “áreas de servicio exclusivo” de recolección de los residuos sólidos, o con sus representantes, en relación con la prórroga del contrato que les concedió la UAESP? ¿A qué acuerdos se llegó en esas conversaciones o diálogos? ¿Qué papel jugó el señor Álvaro Dávila en la concesión de la prórroga a que se refieren las dos preguntas anteriores? ¿Qué papel jugó el señor Álvaro Dávila en relación con la estructuración de reciente licitación del Relleno Doña Juana y en la selección del contratista? ¿Qué incidencia tiene el senador Iván Moreno en la administración y marcha de los hospitales de la red pública de Bogotá? ¿En cuáles hospitales tiene incidencia? En particular, ¿qué influencia ejerce y para qué efectos en los hospitales Simón Bolívar y de Engativá y Fontibón? ¿Está el señor Alcalde realizando personalmente o por interpuesta persona, contactos con posibles interesados en convertirse en socios de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB? En su caso, ¿con quiénes se han establecido esos contactos y para qué efectos? Conclusiones La Comisión de Seguimiento considera que los elementos planteados en este capítulo y sustentados en los subsiguientes, pueden contribuir a enriquecer el control político y la deliberación ciudadana sobre la corrupción en la contratación pública distrital y nacional. Esos elementos justifican también la adopción de medidas políticas y éticas de los organismos internos del PDA en relación con los miembros del partido comprometidos con los hechos enunciados y, más específicamente, la suspensión de la militancia del senador Iván Moreno y del alcalde Samuel Moreno, conforme lo solicitó públicamente el senador Luis Carlos Avellaneda, en nombre de la Comisión, en rueda de prensa del 20 de octubre. Es posible, en cambio, que las declaraciones e indicios recogidos y evaluados por la CSC no basten para sustentar sanciones penales o disciplinarias. Pero el objetivo de los trabajos
de la Comisi贸n no era reemplazar a los jueces ni a los agentes disciplinarios, conforme se explic贸 en la introducci贸n.