Capítulo 4 LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS5 Los contratos de la Empresa de Acueducto La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S. A. E.S.P. (EAAB) es una empresa industrial y comercial del Distrito –la ciudad es la dueña de la totalidad de sus acciones–, y una potente generadora de contratos. En general, el Acueducto se comporta, en materia financiera y contractual, como una caja negra, frente a las autoridades de hacienda y planeación del Distrito. Los contratos suscritos por la empresa desde comienzos de 2008 hasta mediados de 2010 valen $1,33 billones, sin incluir los celebrados entre la EAAB y los gestores zonales –los operadores de las “zonas de gestión comercial” –, que descuentan su remuneración de las facturas pagadas por los usuarios. Incidentalmente vale recordar que la Empresa de Acueducto ha dividido la ciudad en cinco “zonas de gestión comercial” para manejar la distribución del agua al por menor y las relaciones comerciales con los usuarios. Dos firmas privadas se encuentran al frente de ellas, en desarrollo de contratos celebrados por la administración Garzón: Aguazul Bogotá E.S.P. maneja tres zonas y PROACTIVA S. A. (la misma sociedad que estuvo al frente del Relleno Doña Juana), dos. La remuneración bruta por zona que recibe cada gestor es del orden de $300.000 millones anuales. Los Nule operaron una de las cinco zonas durante ocho años, con muchas deficiencias, bajo las razones sociales de Aguas Capital primero, y Aguas Kapital después. Iban a licitar por tercera vez, pero por los escándalos de este año se vieron obligados a desistir y a ceder el contrato que tenían. A precios corrientes de cada año la contratación (sin incluir los gestores zonales) fue la siguiente: 2008: 2009: 2010:
$ 543.800 millones $ 730.100 millones $ 50.200 millones
El último dato va de enero a junio y genera dudas, pero así fue suministrado por la empresa a la Comisión para el Seguimiento a la Contratación Distrital, CSC.
5
Los valores que se mencionan están expresados en precios constantes de 2009, a menos que se indique algo distinto.
Concentración contractual y problemas de los grandes contratistas La contratación del Acueducto está concentrada –aunque no tanto como la del Instituto de Desarrollo Urbano–. Veinte grupos familiares o empresariales (grupos de firmas sometidas a un control conjunto)6 concentran el 45% de la contratación de la entidad. Cuatro grupos, que aparecen relacionados en el siguiente cuadro, concentran la cuarta parte: Cuadro 4.1 Concentración contractual EAAB 2008- julio de 2010 (millones de $ de 2009) % sobre No. de Grupo familiar/ empresarial Valor total contratos total contratos Odebrecht 151.852,3 11,2 1 Grupo Solarte 101.234, 9 7,5 1 Grupo Orlando Fajardo Castillo – Hermanos 46.126,0 3,4 28 Nieto García Grupo Yamil Sabbag Solano 42.272,1 3,1 24 Total 341.485.3 25,3 54 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EAAB.
A continuación se hace referencia a algunos de los 20 grupos más grandes y se describen situaciones problemáticas. Los dos principales conglomerados contratistas, ODEBRECHT S. A. y el de los hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte, se unieron para constituir el Consorcio Canoas, que contrató con la EAAB, por $253.090 millones, la construcción del túnel del alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, bajo la modalidad llave en mano. Esa operación equivale al 20% de la contratación del Acueducto en el período considerado. ODEBRECHT S. A. es una firma brasilera de alta capacidad técnica pero que ha apelado, según se dice en el medio, a prácticas poco ortodoxas para hacerse a grandes contratos en varios países del hemisferio. Tiene el 60% de capital del Consorcio Canoas. Los hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte son también grandes contratistas del IDU. La adjudicación, a principios de este año, del túnel Tunjuelo-Canoas fue muy cuestionada. El zar anticorrupción pidió suspender la licitación a finales de diciembre de 2009, porque a uno de los proponentes se le dio un trato distinto que a otro. Un grupo de empresas que pensaron unirse bajo el liderazgo de CONALVÍAS para participar, desistió de hacerlo
6
Para el definir el valor de la contratación que le corresponde a cada grupo familiar o empresarial, se procedió así: 1) se tomó el valor de los contratos celebrados por los consorcios o uniones temporales en los que participa el grupo; y, 2) se estableció lo que le corresponde al grupo en dicho valor, aplicando el porcentaje de participación del mismo en el capital del consorcio o unión temporal.
aduciendo que las condiciones del pliego volvían “el proyecto tecno y económicamente inviable para el contratista y, por ende, peligroso para la contratante”. El tercer grupo contratista del Acueducto, después de ODEBRECHT y los Solarte, es dirigido por Orlando Fajardo Castillo y de él forman parte su hermano Jaime y los hermanos Luis Gabriel y José Jairo Nieto García. Tienen una participación de más de $46.130 millones en más de 30 contratos celebrados a partir de 2008. Ese mismo grupo tiene contratos con el IDU por valor de $21.540 millones. El cuarto contratista es el grupo de Yamil Sabbag Solano, con más de $42.270 millones de participación en 24 contratos. Sus empresas están registradas en Barranquilla. Con el IDU ha celebrado contratos por más de $16.000 millones. El octavo grupo en orden de magnitud de la contratación es de Bucaramanga y pertenece a los hermanos Fernando, Ricardo y Mario Valderrama Cordero, quienes fueron contratistas de esa ciudad durante la Alcaldía de Iván Moreno. Tienen una participación de casi $25.880 millones en varios contratos con la EAAB –el más importante, el del acueducto y el alcantarillado de Soacha–. Han sido investigados porque CORMAGDALENA les ha adjudicado muchas obras por urgencia manifiesta para hacer diques que debían impedir inundaciones. Los diques fallaron y varias localidades, como Puerto Wilches, Las Curumatas y Sitio Nuevo, se inundaron. En Girón construyeron una ciudadela que también presentó serios problemas. El noveno contratista es la Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada SERVICONFOR Ltda., encargada de vigilar las instalaciones de la EAAB en desarrollo de un contrato celebrado en 2008 por $20.200 millones y con vigencia de dos años. La firma fue creada en 1984. En 2007 fue contratada por el IDU y al año siguiente obtuvo un reajuste del 25% de su remuneración. A causa de serios problemas financieros adelantó desde 2009 un proceso de reestructuración y suscribió un acuerdo con acreedores ante la Superintendencia de Sociedades. En éste se reconocen dificultades de liquidez debidas a un manejo administrativo muy deficiente y se señalan como causas determinantes de la crisis el “crecimiento desordenado e inesperado, con énfasis en la adjudicación de licitaciones, sin observar la rentabilidad del negocio”, y la “concentración de la Empresa en un solo cliente, el cual representó el 80% de los ingresos de la compañía”. El décimo grupo, que cuenta con participaciones en contratos por $18.570 millones, pertenece a Gustavo Alberto Giraldo Uribe y a Andrés Alberto Cardona Laverde. Cardona compró la mitad de la empresa ACC Ingeniería, S.A.S., en noviembre de 2009. Esta última hizo parte, junto con INDECON S. A. –de la que se habla más adelante– de un grupo de
firmas que fue considerado como posible cesionario de la “zona de gestión comercial” que manejó Aguas Kapital, de los Nule. El grupo de Sergio José Torres Reátiga (posición No. 13) reúne participaciones en contratos por más de $12.010 millones. También está consorciado con Yamil Sabbag en otros contratos con el Acueducto. Sus empresas están registradas en Barranquilla. Con el IDU ha celebrado contrataciones por $43.700 millones. El grupo de Luis Fernando Mesa Ballesteros (posición No. 14), que tiene participaciones contractuales por $12.310 millones, ha sido investigado por actuaciones poco claras. Según Caracol Radio, en emisión del 30 de noviembre de 2006, “entre las actuaciones sospechosas del INVIAS, hay otra que involucra al señor Luis Fernando Mesa Ballesteros, quien tiene un contrato en obras marítimas y fluviales con el INVIAS por 20.000 millones de pesos desde el año 2003”. Agregó la emisora que el señor Mesa está casado con la por entonces jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia Nacional de Puertos y Transporte, “entidad encargada de la vigilancia e inspección de las obras de infraestructura del sector”. Se comenta en el sector que los señores Orlando Fajardo Castillo y Andrés Cardona Laverde tienen alta capacidad de gestión ante el Acueducto para la obtención de contratos. Hay un contrato que ha suscitado muchas inquietudes. Es el celebrado por la EAAB con la Unión Temporal Canal del Fucha, en la que participa el grupo Solarte (25% del capital), Orlando Fajardo Castillo (10%) y Luis Gabriel Nieto García (10%). Los Solarte y Fajardo controlan las operaciones de la unión. El objeto contractual es “la canalización del Río Fucha, interceptor del Fucha, pondaje y obras anexas” por un valor de $84.700 millones (de 2006). La obra se inició en enero de 2007 y ha debido terminarse en julio de 2009, pero todavía está en ejecución. Ha sido suspendida por un mes en tres ocasiones. El contrato está en trance de ser aumentado en $50.000 millones para la realización de obras adicionales, a pesar del deficiente desempeño de la contratista y de que lo indicado sería realizar una nueva licitación para esas obras. Las articulaciones de Emilio Tapia Aldana en el Acueducto La Empresa Aguas de Bogotá S. A., E.S.P., fue creada como instrumento para la realización de negocios de la EAAB. Esta última posee el 99% de las acciones de esa sociedad. A partir de 2008, Aguas de Bogotá ha experimentado un crecimiento acelerado y manejado contrataciones por valor de unos $50.000 millones. Desde octubre de 2009 operó el Relleno Sanitario de Doña Juana, por convenio con la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos. Sus ingresos mensuales por ese concepto llegaron a $2.850 millones en febrero de este año. Desde el 1º de marzo de 2010 el gerente de Aguas de Bogotá es Alejandro Valencia Osorio. Como se dijo en capítulos anteriores, según la Revista Dinero una de las firmas que forman parte del eje empresarial de Tapia Aldana es Geos Consulting S. A. S., hoy llamada Geos Construcciones S. A. S. Alejandro Valencia Osorio fue gerente y representante legal de la misma hasta 2008, con suplencia de Julián Gómez Naranjo. En octubre de 2009 Gómez Naranjo era titular del 10% del capital social –idéntico porcentaje tenía por entonces Emilio Tapia–. La firma aparece celebrando un contrato con el Acueducto por $300 millones ese mismo año. La sociedad INDECÓN S. A., que figura varias veces en este informe, llegó a tener el 49% de las acciones de Geos, pero las vendió. INDECÓN surgió en 2004, en Manizales, como una escisión de una sociedad de nombre similar creada para la comercialización de productos. Su objeto social es la construcción y los proyectos inmobiliarios. En 2005 trasladó su domicilio a Bogotá. En 2007 sus principales accionistas eran Alejandro Valencia Osorio, Julián Gómez Naranjo y Eduardo Arango Arango –todos de la capital de Caldas– con el 33% de las acciones cada uno. Gómez Naranjo es su representante legal en la actualidad. Arango no solo ha sido accionista de INDECÓN sino de Geos Consulting. INDECÓN, según la Revista Dinero, tuvo contratos con el municipio de Manizales cuando Néstor Eugenio Ramírez fue alcalde. Alejandro Valencia Osorio renunció a la gerencia de Geos a finales de junio de 2008. Al parecer, para cuando se formalizó la renuncia Juan José Durango, quien según Dinero es un ex miembro de la escolta de Tapia, era el titular del 50% de las acciones de la sociedad. Valencia Osorio también fue accionista de Alianzas Internacionales S. A., a cuyo servicio trabajó como director del departamento de ingeniería entre julio de 2008 y febrero de 2010. En agosto de 2008 Alianzas Internacionales suscribió un memorando de entendimiento con Aguas de Bogotá S. A., E.S.P, para “explorar nuevas alternativas de negocios, especialmente en América Latina”, y en enero de 2009 las dos firmas celebraron un contrato para la reducción de pérdidas técnicas de agua en Orocué, Casanare. En 2009 Alianzas Internacionales se consorcio con INDECÓN para dos contratos de interventoría con la EAAB. En un acta de la Asamblea de Accionistas de Alianzas Internacionales S. A., del 24 de marzo de 2010, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, se consigna que el acuerdo celebrado por esa compañía con la firma francesa LYSA y Alejandro Valencia Osorio, en octubre de 2008, para la explotación conjunta de negocios de agua y
alcantarillado, había arrojado pérdidas por $118.717.893. Sobre esa base, Alianzas Internacionales habría terminado el acuerdo y la relación laboral con Valencia (con fecha 18 de febrero de 2010) quien habría enajenado sus acciones en esa sociedad. Julián Gómez Naranjo, por su parte, ha sido socio de H2O Consulting S. A., cuyo accionista mayoritario es Óscar Antonio Morales Beltrán. El formado por H2O Consulting y Oscar Antonio Morales es el grupo empresarial que tiene más interventorías en el Acueducto – maneja nueve, casi siempre en asocio con otros grupos–. Su participación en esas operaciones es de casi $6.000 millones. Entre las interventorías que opera ese grupo se encuentran las del 1º, el 2º y el 4º proyectos más grandes del Acueducto (túnel del alcantarillado troncal Tunjuelo-CanoasRío Bogotá, acueducto y alcantarillado de Soacha y revestimiento de los túneles de Chingaza). Para los contratos de interventoría, H20 Consulting se ha asociado en ocasiones con INDECÓN S. A. El grupo aludido no solo participa en las macro interventorías. Se le han adjudicado, además, varias interventorías medianas y pequeñas a través de la modalidad de contratación directa de menor cuantía. El contrato más grande con el Acueducto en el que participa INDECÓN S. A. fue celebrado por el Consorcio Borde Norte Bogotá, del que aquélla es miembro, y se inició el 18 de diciembre de 2009. Su objeto es definir la factibilidad técnica, ambiental y financiera de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en el borde norte de la ciudad. Julián Gómez Naranjo es el representante legal del consorcio contratista y de INDECÓN y, a su vez, es socio de la interventora del contrato, H2O Consulting S. A. En varias de las interventorías que ejerce esta última sociedad participa también la firma INTERPRO Ltda., registrada en Bucaramanga y cuyo representante legal es Luis Enrique Gómez Flórez. Tanto INTERPRO como Gómez Flórez fueron contratistas de la Alcaldía de Bucaramanga cuando la ocupó Iván Moreno. Con la EAAB tienen otros contratos, además de las interventorías. Contra Gómez Flórez cursa una investigación en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería por aprovechamiento de información privilegiada y competencia desleal frente a sus colegas. Incidentalmente vale reseñar que los casinos del Acueducto son manejados desde 2009 por PETROCASINOS S. A., en desarrollo de contratos por un monto de $4.900 millones. PETROCASINOS está registrada en Bucaramanga y al igual que INTERPRO fue contratista de la Alcaldía de Iván Moreno.
Contratación directa El gerente de la EAAB tiene autonomía para celebrar de manera directa contratos de cierta cuantía –desde julio de 2009 ésta asciende a 1.000 salarios mínimos, es decir, a $515 millones–. Los contratos de menor cuantía celebrados por la empresa, desde comienzos de 2008 y hasta mediados de 2010 suman $208.000 millones. Es de presumir que gran parte de ese valor fue contratado en uso de la autonomía gerencial mencionada. Los contratos del servicio de aseo El Relleno Sanitario Doña Juana A mediados de septiembre pasado, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, adjudicó en concesión por 11 años el Relleno Doña Juana, a uno de los tres consorcios que se presentaron a la licitación. Los pliegos licitatorios establecieron condiciones sobre el patrimonio y el tamaño de la experiencia del proponente que son, a las claras, innecesarias. Y dejaron de imponer requisitos indispensables sobre la calidad de la experiencia de los licitantes –lo que requiere el relleno es un operador eficiente, que preste un servicio de calidad y aporte conocimientos, buena ingeniería y capacidad de incorporar tecnología pertinente–. La operación del relleno se financia con las tarifas de aseo, las cuales suministran el flujo necesario para la operación del servicio y para las inversiones. Sin embargo, la UAESP decidió exigir que los proponentes tuvieran un patrimonio de $229.000 millones y un capital de trabajo de $32.000 millones, o un cupo de crédito de $80.000 millones –¡el patrimonio exigido equivale al monto de los ingresos totales del operador durante los 11 años de la concesión!– De esa manera se impuso una barrera muy restrictiva a la participación de proponentes (un intento de proceso licitatorio del año anterior exigía, más razonablemente, un patrimonio de $ 70.000 millones). Otra condición excesiva consistió en que los licitantes debían haber manejado rellenos de la misma magnitud de Doña Juana (5.000 toneladas diarias), en máximo dos proyectos. Esto le cerró el paso a operadores de tamaño mediano, que le hubieran podido dar un manejo idóneo al relleno de Bogotá. Mientras se imponían esos requisitos innecesarios, se descuidó lo principal: la calidad de los servicios prestados en anteriores proyectos por quienes aspiraban a la concesión de Doña Juana. Al respecto sólo se les exigió un certificado de un contratante anterior en que se calificara de buenos o excelentes sus servicios. No se pidieron conceptos positivos de
expertos independientes ni de autoridades ambientales y de salud, no se exigió un historial moderado de multas y reportes de no conformidad de las interventorías, y tampoco se practicaron visitas a los rellenos operados por los licitantes. Los prepliegos de la licitación favorecían a Aguas de Bogotá S. A., E.S.P. Esta empresa entró a manejar el relleno mediante convenio interadministrativo con la UAESP, cuando se venció la última prórroga del contrato de PROACTIVA. Cumplía el tamaño de la experiencia exigida para ganarse la licitación por haber estado, precisamente, al frente de Doña Juana. Podía, de consorciarse con la Empresa de Acueducto, reunir los requisitos sobre patrimonio y capital de trabajo. El problema era que solo había operado el relleno durante un lapso muy breve –tres meses cuando se abrió la licitación–. Sin embargo el prepliego, aunque puso requisitos muy altos en otras materias, se abstuvo de hacer referencia a la duración de la experiencia de los proponentes. ¡Un solo día les hubiera bastado para entrar a la licitación! En el pliego definitivo se corrigió esa omisión, reclamando una experiencia de seis meses para poder operar Doña Juana. Lo curioso es que Aguas de Bogotá cumplía el requisito una semana antes de que venciera el término para presentar las ofertas. El plazo parecía fijado a su medida. Por esa vía, la empresa iba a pasar de la comercialización de agua a pequeña escala, a las grandes ligas del negocio de los residuos sólidos. En todo caso, Aguas de Bogotá optó finalmente por no participar, quizá a causa de las críticas que se le hicieron a las condiciones que la favorecían. A la postre solo tres consorcios se presentaron. La licitación fue deficientemente divulgada, lo que pudo influir en el bajo número de proponentes. Dada la desatención al tema de la calidad en los pliegos de la licitación, no resulta extraño que surgieran dudas sobre las garantías que esos tres consorcios proporcionaban al respecto. Uno de ellos, ECOPARQUE S. A., está conformado por el grupo empresarial PROACTIVA S. A. (66% del capital del consorcio) y por STL S. A. Esas empresas manejaron Doña Juana entre 2000 y 2009, con estándares de calidad bastante malos. El capital de PROACTIVA es español y francés. Mientras operó Doña Juana varias veedurías constataron fenómenos como la permanencia de los residuos al sol y al aire durante demasiado tiempo, exceso de lixiviados generados, tratamiento incompleto de éstos, proliferación de vectores de infecciones (insectos, roedores…), malos olores y propagación de enfermedades, contaminación de acuíferos subterráneos y del río Tunjuelo y afectación de la estabilidad geomorfológica del relleno.
Aunque las interventorías y la propia entidad contratante fueron parcialmente capturadas por esos operadores, fue tan deficiente el manejo del relleno que la UAESP les impuso multas por casi $300 millones por razones como no proveer la totalidad de la maquinaria y equipo necesarios; no contar, en particular, con las compactadoras requeridas; no darle el mantenimiento adecuado a la maquinaria; no haber construido el campamento y las oficinas de administración y no controlar los olores. A pesar de todo eso, la UAESP le expidió a PROACTIVA, para la licitación, un concepto según el cual sus servicios habían sido buenos. Otro licitante, la Unión Temporal Gestión Ambiental, está conformada por CICÓN S. A. y KMA S. A., que aportan más del 90% del capital, y por una firma coreana que maneja el relleno sanitario de Seúl. CICÓN y KMA pertenecen a la familia cartagenera Amín Avendaño, y son contratistas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB –han participado en los últimos años, en consorcio con otras empresas, por lo menos en cuatro operaciones cuyo valor supera los $160.000 millones–. En 2004 CICÓN y KMA fueron contratadas por el la EAAB por más de $11.000 millones para el alcantarillado de unos barrios de la localidad de Suba. La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria le hizo auditoría a la ejecución del contrato y detectó deficiencias técnicas como la construcción de tramos en contrapendiente, materiales de relleno que no cumplen con la calidad exigida, y rellenos cuya densidad está por debajo de lo exigido. Esto dio lugar a una reclamación de la Empresa de Acueducto a la aseguradora de los contratistas, por “ocurrencia de siniestro”. CICÓN y KMA demandaron la EAAB ante un tribunal de arbitramento, pero el Acueducto las contrademandó por calidad de la obra. Las dos firmas han sido multadas en otros contratos, por incumplimientos diversos. El Instituto de Desarrollo Urbano les impuso trece sanciones y TRANSCARIBE, el Transmilenio de Cartagena, once. CICÓN opera el relleno sanitario de la Ciudad Heroica, en asocio con Construcciones Hilsaca Ltda., de propiedad del controvertido empresario Alfonso Hilsaca. CICÓN y KMA han sido también grandes contratistas de la Nación. En consorcio con otras sociedades se ganaron la licitación de la Ruta Caribe, presumiblemente por ofrecer precios artificialmente bajos –cobraron $ 41.525 millones, mientras que la siguiente propuesta era de $ 238.472 millones–. Ese consorcio fue uno de los beneficiarios de la billonaria adición expres que el gobierno del presidente Uribe le hizo a última hora a algunos mega contratistas de la infraestructura vial. El tercer proponente, que resultó vencedor en la puja por el relleno de Bogotá es la Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana. Está compuesto, entre
otras, por la firma brasilera Estre Ambiental (51% del capital de la unión), y las colombianas Grupo Roca S. A. (27.25%) y USA Global Market S. A. (9.25%). Grupo Roca S. A. tiene por socio mayoritario y gerente a Carlos Alberto Cardona Canal, cedulado en Cúcuta. Dicha sociedad estuvo al frente, entre 2002 y 2006, de la interventoría del contrato de PROACTIVA como operadora de Doña Juana. La supervisión que ejerció fue laxa, lo que a buen seguro incidió en la mala calidad de los servicios de PROACTIVA. Recolección, barrido y limpieza, RBL En septiembre de 2010 vencían los contratos de concesión celebrados en 2003 con los cuatro operadores que manejan las seis “áreas de servicio exclusivo” en que se dividió la ciudad para la recolección y transporte de los residuos sólidos. Esos operadores son: Ciudad Limpia S. A. E.S.P. (del grupo FANALCA –familias Lozada, Herrera y Barona de Cali– ); Aseo Capital S. A. (grupo de la familia Ríos Velilla, oriunda de Medellín); LIME S. A. (grupo Pescarmona, de Argentina); y ATESA S. A. (de propiedad, entre otros, de William Vélez). Debe agregárseles ECOCAPITAL S. A., que hace la recolección de los residuos hospitalarios (también pertenece al grupo Ríos Velilla). Desde septiembre de 2003 hasta diciembre de 2009 los operadores de las seis zonas han recibido, vía tarifas, $1,4 billones de pesos. El sistema de áreas de servicio exclusivo implica concederle un monopolio territorial a un operador. Permite reducir costos pero puede dar lugar a abusos, cuando el ente regulador es débil o capturado por los contratistas. A los contratos de 2003 se les ha aplicado la tarifa definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, mediante Resolución 151 de 2001. Esta tarifa fue modificada por Resoluciones 351 y 352 de 2005, que son mucho más favorables para los usuarios, pero no se aplican a los contratos celebrados con antelación a su expedición. Así las cosas, era muy conveniente para los bogotanos que al vencimiento de las concesiones, en septiembre pasado, se celebraran nuevos contratos de recolección de los residuos sólidos. No obstante, la UAESP no preparó con suficiente antelación la licitación para seleccionar a los nuevos contratistas y prorrogó los contratos vigentes por nueve meses –con lo que seguirá rigiendo la tarifa de 2001, más costosa para los usuarios–. Los operadores ejercieron un intenso lobby sobre la administración distrital para lograr esa prórroga.
Con ocasión de la prórroga la UAESP negoció, en todo caso, una reducción tarifaria del 5%. Sin embargo, se estima que la aplicación de la tarifa de la CRA de 2005 conllevaría una disminución mayor al 20%.