Capítulo 5 EL SECTOR DE HÁBITAT7 CAJA DE VIVIENDA POPULAR La Caja de Vivienda Popular, CVP, tiene a cargo las funciones de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de riesgo y el mejoramiento de vivienda y de barrios. En comparación con otras entidades distritales no es una gran contratante. Desde comienzos de 2008 hasta mayo de 2010 ha celebrado contratos por $ 27.860 millones. El 49% de dicho valor se concentra en un solo grupo contratista, Consorcio Villa Ángela Porvenir. El contrato para la “Ciudadela El Porvenir” En noviembre de 2009 la CVP celebró cuatro contratos, por un valor total $ 13.780 millones, para realizar los estudios, los diseños y la construcción de la ciudadela en mención, que estará conformada por 667 viviendas de interés prioritario, agrupadas en cuatro manzanas. Como contratista fue seleccionado el Consorcio Villa Ángela Porvenir, que está compuesto básicamente por dos sociedades, Constructora Villa Ángela S. A., y DAIMCO S. A. S., y cuyo representante es Luis Alberto Sánchez, quien tiene cédula de Manizales. La experiencia de Constructora Villa Ángela S. A. parece haberse desarrollado principalmente durante la reconstrucción del Eje Cafetero. DAIMCO fue creada en Montería. Al constituirse se indicó que su domicilio estaba en la vía entre Lorica y Cereté. En mayo de 2009 transfirió su domicilio a Bogotá. Cuando el consorcio se presentó a la selección abreviada, DAIMCO tenía un contrato vigente con el municipio de Sahagún. Su gerente era Carlos Javier Espitia, con cédula de Cereté. Para escoger a la constructora de la ciudadela se realizó una licitación que se declaró desierta –la documentación remitida por la CVP a la Comisión de Seguimiento no permite establecer por qué–. Con base en esa declaración se recurrió al procedimiento de selección abreviada, que ofrece menos garantías de transparencia. Según información recibida por la Comisión de Seguimiento, el consorcio ganador en ese procedimiento había sido descalificado en la licitación previa. La selección abreviada no se dirigió de entrada a escoger un solo contratista sino que se dividió en cuatro operaciones, correspondientes a las cuatro manzanas de la ciudadela. En
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Los valores que se mencionan están expresados en precios constantes de 2009, a menos que se indique algo distinto.
relación con cada una de éstas competía un grupo de proponentes, pero un mismo proponente podía participar en la puja por varias manzanas. Según el pliego, la experiencia acreditada en un grupo “no se valdrá en las ofertas subsiguientes, en caso tal, solo se valdrá en la oferta que haya sido presentada en primer orden y en las siguientes no se tendrá en cuenta la misma”. Eso restringía la participación de proponentes. Si la experiencia aportada por uno de ellos para ganar en un grupo no le bastaba allí, de nada le servía que fuera suficiente para ganar en alguno de los otros. Curiosamente, a pesar de que cada grupo funcionaba de forma independiente, un mismo contratista, el Consorcio Villa Ángela Porvenir, fue seleccionado en todos. Para eso presentó en cada grupo la experiencia de una empresa diferente, de aquéllas que conformaban el propio consorcio, o fragmentó la experiencia de cada empresa entre los distintos grupos. Así pudo apuntarle, con éxito, a todas las manzanas. La necesidad de recurrir a este comportamiento sofisticado para conseguir la adjudicación de todos los contratos, en un procedimiento acelerado, genera preguntas. ¿Había garantías para que un amplio número de proponentes hubieran participado con posibilidades de éxito? Para seleccionar al interventor de los contratos de Villa Ángela Porvenir se hizo un concurso de méritos, que se subdividió también en cuatro grupos y, de nuevo, un solo consorcio salió vencedor –más exactamente, el Consorcio INGEPROYECTOS se ganó tres de los contratos, y uno de sus miembros, INGEOBRAS S. A. S., obtuvo el cuarto; una misma persona gerencia a INGEPROYECTOS y a INGEOBRAS–. Los contratos entre la Caja de Vivienda y el grupo INGEPROYECTOS-INGEOBRAS valen $1.529 millones de pesos. Ese grupo es, en orden de magnitud de las operaciones, el segundo contratista de la Caja. Existen vínculos estrechos entre las empresas que componen a la constructora contratista, o sea, al Consorcio Villa Ángela Porvenir, y las firmas interventoras. El subgerente de INGEOBRÁS es Jaime Luis Amín Martelo, con cédula de Lorica, Córdoba (también es socio de la compañía). Parte del personal que presentó el Consorcio Villa Ángela para darle soporte a su propuesta en la selección abreviada de la “Ciudadela El Porvenir”, trabajó para Amín Martelo. El gerente del Consorcio, Luis Alberto Sánchez, celebró en 2003, en representación de Constructora Villa Ángela Ltda., un contrato con Amín Martelo, como persona natural, para que éste ejerciera la interventoría de una urbanización en Armenia.
De otro lado, Pablo Guerrero Jiménez, quien fue subgerente de DAIMCO hasta finales de 2009, ha sido también director administrativo de INGEOBRÁS. Para completar las cosas, DAIMCO e INGEOBRÁS han registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá una misma dirección. EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA, ERU La entidad en mención es una empresa industrial y comercial del Estado del orden distrital, dedicada a la promoción de proyectos urbanísticos. Su contratación no es muy grande –ascendió a $4.230 millones de 2008 a mediados de 2010– porque los proyectos que gestiona son financiados en alta medida por inversionistas privados y por los anticipos de los compradores de los inmuebles por construir. Las operaciones se desarrollan normalmente a través de la constitución de un fideicomiso, más exactamente de un patrimonio autónomo creado con los aportes del Distrito y de los privados. El centro comercial Cielos Abiertos En el 2007 la ERU constituyó un fideicomiso para desarrollar el Centro Comercial Cielos Abiertos, en San Victorino, cuyo costo se estimó en la suma de $289.000 millones. La fiduciaria seleccionada para manejar el fideicomiso fue FIDUBOGOTÁ. El Distrito transfirió al patrimonio autónomo $7.000 millones y los predios donde se realizaría el proyecto –2,9 hectáreas ubicadas en las manzanas 3, 10 y 22 del barrio Santa Inés–. Más adelante aportaría $12.500 millones más, casi todos en el período del alcalde Moreno. Gerencia del proyecto A principios de mayo de 2007 se abrió una convocatoria pública para un concurso de méritos tendiente a seleccionar la firma que gerenciaría el proyecto, el cual se declaró desierto a mediados de junio porque no se presentó ningún proponente. A continuación, dicho en palabras del contrato que finalmente se firmó, “se llevó a cabo un nuevo concurso bajo el sistema de contratación directa”. Al efecto hubo una convocatoria pública, pero se redujeron la amplitud y los plazos de la misma. Dos entidades participaron en el nuevo proceso: la Unión Temporal Urbe Capital, integrada por INDECON S. A. y Carlos Olano & Cia. Ingenieros Ltda., y la Unión Temporal Centro Internacional de Comercio y Logística Cielos Abiertos, conformada por Ospinas y
Cia. S. A. e Inversiones La Castellana S. A. El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Urbe Capital a mediados de septiembre de 2007. La empresa que aportó la experiencia y el soporte de capital de la Unión Temporal Urbe Capital fue Carlos Olano & Cía., pero curiosamente es INDECÓN quien tiene el control del proyecto de San Victorino. Su gerente, Julián Gómez Naranjo, funge también como representante legal de la Unión Temporal contratista. La otra unión temporal que se presentó al concurso por el Centro Comercial Cielos Abiertos, fue descalificada porque uno de sus miembros, la firma Inversiones La Castellana, no alcanzó a registrar en la Cámara de Comercio la escritura pública en que ampliaba el plazo de vigencia de la sociedad para adecuarlo al exigido en el pliego. La remuneración prevista para el contratista cambió entre la primera y la segunda convocatoria. Según los pliegos del concurso inicial iba a ser de $1.800 millones por la gerencia más una comisión por la comercialización del 1.1% sobre el valor de las ventas. En los pliegos del segundo concurso la remuneración techo subió al 5% sobre el valor de las ventas: 2.5% por la gerencia y 2.5% como comisión de ventas. Finalmente, en el contrato éstos dos últimos porcentajes quedaron pactados en el 1.75%, para una remuneración total del 3.5%. El área vendible del proyecto será de 52.315 metros cuadrados. Con una estimación del valor promedio del metro de $15 millones, que es bastante conservadora, el proyecto generaría $784.000 mil millones en ventas. Así las cosas, de haberse mantenido lo previsto en los pliegos del concurso inicial, la remuneración del contratista hubiera sido de $9.640 millones. Según lo pactado en el contrato ascenderá a $27.440 millones. Según ex funcionarios de la ERU el cambio de la remuneración fue inevitable: la prevista al comienzo era muy baja y por eso fracasó la primera convocatoria. En todo caso, no es una buena práctica pasar de un proceso de selección abierto a uno de convocatoria restringida variando elementos sustanciales del contrato, y más exactamente, triplicando la remuneración del contratista –ésta no fue la única modificación relevante: también se flexibilizaron las condiciones de experiencia exigidas al contratista–. Lo procedente hubiera sido que la segunda convocatoria fuera tan amplia como la inicial. En el segundo proceso de selección, los evaluadores jurídicos de las propuestas fueron asesorados por Diego Alberto Muriel, actual gerente de la ERU.
La gestión de la unión temporal contratista ha presentado muchas deficiencias operativas y administrativas. Según la Revista Dinero, en abril de 2009 el por entonces director de la Empresa de Renovación, Néstor Eugenio Ramírez, pensó en quitarle el contrato a Urbe Capital. Después de reseñar que de esa unión temporal “hace parte INDECÓN, otra de las firmas del eje empresarial en que gravita […] [Emilio] Tapia”, Dinero informa que “la sede de INDECÓN […] se convirtió entonces en una especie de cuartel para el manejo de la crisis […] Allí se reunían los contratistas que, coordinados por Tapia y por su amigo y representante de INDECÓN, Julián Gómez Naranjo, hacían esfuerzos por enderezar el rumbo del negocio”. Añade la revista que “Tapia hizo valer sus contactos con la administración distrital y consiguió una asesoría jurídica y administrativa proveniente de la propia ERU, que quedaba así en condición de juez y parte. La tarea de asesoramiento quedó a cargo del abogado Diego Alberto Muriel, entonces miembro del equipo jurídico de la ERU y hoy gerente de esa entidad distrital […]”. A partir entonces se habrían superado los problemas de las relaciones entre Urbe Capital y la ERU. Interventoría del proyecto En 2009 se hizo un concurso de méritos para la selección de la interventoría de los diseños y la construcción de Centro Comercial Cielos Abiertos. Curiosamente el proceso se adelantó cuando los estudios y diseños ya habían sido terminados. En la estructuración del proceso para seleccionar a la firma interventora participaron Manuel Fernando Pastrana Sagre y Ulises Julio Ibarra Daza. El primero de ellos tiene cédula de Sahagún. Recientemente la Revista Dinero señaló que es una “cuota burocrática” de Emilio Tapia y que acompañó a Iván Moreno y a Tapia en recorridos electorales por Córdoba. Es asesor de la gerencia de la ERU “en todo lo relacionado con la gestión técnica de los proyectos de renovación […] urbana”, función que ejerce desde que Néstor Eugenio Ramírez estaba al frente de la entidad. Ulises Ibarra se ha desempeñado como director jurídico de la ERU. Fue funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB. Se le sigue un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con la construcción de la represa Cantarrana cuando él era director de contratación y obras de la EAAB. A ese mismo proceso está sometido Édgar Ruíz, gerente del Acueducto durante el gobierno de Luis Eduardo Garzón.
El comité evaluador de las propuestas para la interventoría estuvo constituido por Pedro Roberto Posada Gracia, Carlos A. Olano (dueño de la sociedad del mismo nombre que participa en la Unión Temporal Urbe Capital) y Ulises Ibarra. Posada también tiene cédula de Sahagún. El único oferente en el concurso para la interventoría que cumplió los requisitos, según los evaluadores, fue el Consorcio Centro Comercial. Este consorcio está constituido por Proeza Consultores Ltda., firma inscrita en la ciudad de Cúcuta, por Ponce de León y Asociados S. A. (empresa de los Nule), por Tecniconsultas S. A., empresa subordinada a KMA, de los Amín Bajaire y cuya representante legal es Karina Amín Avendaño, y por Opergroup S. A. Proeza Consultores Ltda., además, fue contratada por la ERU para elaborar los estudios de prefactibilidad de Ciudad Salud. Ciudad Salud Bajo ese nombre se conoce un proyecto de renovación urbana que busca concentrar y articular en un sector del centro de Bogotá un amplio conjunto de equipamientos de salud. La Secretaría Distrital de Salud invertirá $4.200 millones en el impulso al proyecto. De acuerdo con fuentes del diario El Tiempo en el proceso de selección de la firma que hará los estudios y diseños de Ciudad Salud, estarían incidiendo Ulises Ibarra y Manuel Fernando Pastrana Sagre. Según el concejal Jorge Ernesto Salamanca, Manuel Pastrana es contratista del Distrito y hermano de Jorge David Pastrana, diputado de Córdoba por el Partido PIN. Plan parcial San Martín En 2007, antes de finalizar el período de Luis Eduardo Garzón, la ERU firmó un contrato por $700 millones con la Universidad Nacional de Colombia para la formulación de un plan parcial de renovación urbana en el Barrio San Martín, ubicado entre las Carreras 5ª y 7ª, al sur de la Calle 34 –un plan parcial es un instrumento de planeación del territorio para un sector específico de la ciudad–. Por su ubicación, la renovación del sector de San Martín podría convertirse en un negocio multimillonario y dejarle a sus promotores grandes ganancias. Ya bajo la administración Moreno Rojas la ERU, cuyo gerente encargado era Leonardo García, suspendió el contrato con la Universidad por dos meses. Un poco después entró a dirigir la empresa Néstor Eugenio Ramírez y García pasó a la Subdirección de Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, entidad responsable de la aprobación de
los planes parciales. Ramírez se mostró de acuerdo con el contrato con la Universidad Nacional aunque propuso algunos ajustes en su ejecución. En desarrollo del contrato la Nacional entregó, entre otros, los documentos de soporte a la solicitud que debía hacer la ERU ante Planeación Distrital para obtener de ésta los “determinantes del plan parcial” –parámetros a que debe ceñirse el plan para ser aprobado–. Sin embargo, la ERU nunca solicitó los determinantes ante la Secretaría de Planeación. Entretanto, esta entidad expidió los determinantes a solicitud de un inversionista privado interesado en desarrollar parte de la zona. Inmediatamente después Ramírez decidió buscar la terminación del contrato con la Universidad Nacional, bajo el argumento de que había incumplido sus obligaciones. A juicio del equipo de la universidad responsable de ejecutar el contrato, parte de esas obligaciones no pudieron cumplirse debidamente porque la ERU no realizó acciones que se requerían para ello. De otro lado, es posible que ciertos aspectos de los productos convenidos requirieran ajustes, pero hubiera sido viable realizarlos en el marco del contrato. Con todo, la universidad accedió finalmente a terminarlo. El resultado de la finalización anticipada del contrato fue la pérdida de las sumas pagadas a la Nacional. Más grave que eso: se prescindió de un proyecto urbano que era más conveniente para los intereses públicos que el propuesto por los privados, en asuntos como la amplitud del área afectada, la generación de espacio público y las condiciones viales del sector. En medio de la negociación para terminar el contrato Néstor Eugenio Ramírez les manifestó a los responsables del contrato en la Universidad que él no se iba a enfrentar al funcionario de Planeación que manejaba el tema, que era muy cercano a la familia del alcalde. El funcionario al que se refería el gerente de la ERU era Leonardo García, quien fue posteriormente declarado insubsistente en la Secretaría de Planeación pero fue vinculado a la de Hábitat. Allí manejará, entre otros, el proyecto del corredor ecológico de los Cerros Orientales, que abarcará 52 kilómetros y valdrá $80.000 millones de pesos de 2010 –el valor de su primera etapa, de 14 kilómetros, será de $20.000 millones–.