La Salud y la Confianza Inversionista Segunda Parte
¿Solución a la crisis financiera? La emergencia social se ha justificado por el surgimiento de una serie de hechos sobrevinientes que, como se ha demostrado con suficiencia, son estructurales y se han acumulado a lo largo de los años, desde la expedición de la Ley 100 en 1993. Argumenta el Gobierno Nacional que el crecimiento desbordado de las tutelas y de los servicios por fuera del POS, para los que supuestamente la Ley no había previsto fuente alguna, pusieron en jaque al Sistema. Las cifras desvirtúan esta afirmación. Un documento elaborado por Jaime Ramírez 1 muestra, basado en cifras oficiales, que el monto de las tutelas y recobros representa apenas el 5,4% de los recursos totales del sistema; el 12,7% de los del régimen contributivo; y el 2% del subsidiado. Además, la mayor parte de las tutelas corresponde al régimen contributivo y a eventos cubiertos por el POS. Las EPS descubrieron en las tutelas y los recobros un gran negocio, por el cual niegan los servicios a los pacientes, a la espera de pasarle la cuenta de cobro al Fosyga. La crisis estructural, como se ha reiterado una y otra vez, obedece a que los presupuestos básicos de sostenibilidad del Sistema, previstos en la Ley 100, no se cumplieron: altos niveles de empleo, lo cual suponía que el régimen contributivo representaría el 70% y el subsidiado el 30%; crecimiento económico del 5%, etc.,. En consecuencia, la crisis financiera tiene origen precisamente en el núcleo ordenador del Sistema: el aseguramiento que se encuentra atado al contrato laboral o a la capacidad de pago de las personas. Por otra parte, el Gobierno Nacional ha incumplido los compromisos previstos en la Ley para financiar el régimen subsidiado. Recordemos que éste tiene como fuentes las transferencias de la Nación a los Municipios, el aporte solidario de los cotizantes del régimen contributivo, y los recursos del presupuesto de la Nación, “el pari passu”, que debían corresponder, en principio, al mismo monto de los del contributivo. Respecto a este último compromiso, el Gobierno Nacional acumuló una deuda con el Sistema de más de $7 billones de pesos, entre 1998 y 2008. En cuanto a las transferencias, la salud dejó de recibir $3,5 billones (pesos constantes de 2007) entre 2002 y 2009, como efecto de las reformas introducidas por los actos legislativos de 2001 y 2007, que desligaron su crecimiento respecto de los ingresos corrientes de la Nación, para atarlo a la inflación. Al mismo tiempo que se desfinanciaba el régimen subsidiado (por más de $10 billones), el Gobierno Nacional promovió la ampliación significativa de la afiliación al mismo. Actualmente hay 17 millones de personas en el régimen contributivo (pero sólo cotizan 8 millones), y más de 23,6 millones en el subsidiado. Con las medidas tributarias adoptadas, por lo demás regresivas, el Sistema recibirá recursos adicionales por $800 mil millones. Frente a la magnitud del problema, esta 1
Ramírez Moreno Jaime, La emergencia social el salud:de las contingencias regulatorias a la desilusión ciudadana, Universidad Javeriana
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cifra genera muchas inquietudes. ¿Por qué una reforma tan a fondo, con la excusa de resolver un problema financiero, si su impacto en este campo es relativamente mínimo?