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Licitación para ampliar gasoductos El llamado a licitación para la adquisición y el transporte de cañerías para los gasoductos Regional Centro II, Cordillerano y de la Costa, tuvo la presentación de cuatro oferentes, según informó el ministerio de Energía.
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#167 20 de abril de 2017
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as empresas interesadas fueron M. Royo S.A., Sinopec International Petroleum Service, SIAT S.A., y Siderca S.A. en la licitación correspondiente a la “Ampliación del Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural”. El Ministerio informó que ahora una comisión evaluadora analizará las presentaciones y en los próximos días tendrá lugar la apertura de las ofertas. La licitación se realizó a través del sistema Contrat.Ar creado en 2016, que funciona a través de un expediente electrónico de acceso público.
Según la licitación, al Gasoducto Regional Centro se le añadirá un nuevo sistema de a b a s t e c i m i e n t o , denominado Gasoducto Regional Centro II, que permitirá aumentar el suministro de gas a ciudades santafesinas y sumará 34.000 usuarios al servicio. Esta obra tiene un presupuesto de 1.300 millones de pesos y el plazo estimado de ejecución es de 12 meses a partir del inicio de las obras. Los gasoductos de la Costa y Tandil - Mar del Plata, que llegan a 30 localidades bonaerenses, verán aumentadas con
esta licitación su capacidad de transporte para una demanda proyectada de 84.500 usuarios adicionales. La obra tiene un presupuesto de 1.078 millones de pesos y el plazo estimado de ejecución es también de un año a partir del inicio de las obras. La licitación del gasoducto Cordillerano - Patagónico, que abastece con gas natural a 25 localidades de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, tiene una presupuesto de 1.700 millones de pesos, con el mismo plazo de ejecución que los anteriores.
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El Enargas difundió el nuevo cuadro tarifario Comenzó a regir el 1 de abril pasado y es para los consumos de usuarios residenciales, comerciales e industriales del área metropolitana.
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través de la Resolución 4369/2017, el Enargas difundió las tarifas que entraron en vigencia. Los clientes residenciales que consumen hasta 500 metros cúbicos mensuales (R1) en la ciudad de Buenos Aires pagarán un cargo fijo de $58,75 y por metro cúbico de consumo $0,96; en tanto que en la provincia de Buenos Aries esos valores son de $58,99 y $0,99 respectiva-
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mente. Para el caso de los R2i, que consumen de 501 a 650 metros cúbicos, los precios son para CABA $62,10 de cargo fijo y $0,96 por metro cúbico de consumo, en tanto que en provincia son $62,34 y $0,99. Para los R2ii, cuyo consumo va de 651 a 800 metros, para CABA el cargo fijo es de $71,01 y por metro cúbico $1,15; y en provincia, $71,27 y $ 1,18.
Los R2iii, con un uso de 800 a 1.000 m 3, pagarán en CABA un cargo fijo de $80,30 y por metro $1,23; y en provincia, $80,57 y $1,27. Los usuarios R3i, que consumen entre 1.001 y 1.250 m 3, pagarán en CABA $104,65 de cargo fijo y $1,48 por metro cúbico; y en provincia $104,93 y $1,53. En el caso de los R3ii, que utilizan de 1.251 a 1.500 m 3, en CABA el cargo fijo es de $121,39
y por metro $1,48; y en provincia $121,67 y $1,53. La categoría más alta de residenciales, los R4, con un gasto superior a 1.801 m 3, en CABA el cargo fijo es de $ 263,06 y el precio por metro $1,88; y en provincia $263,39 y $1,94. Por su parte, los usuarios comerciales, P1 y P2, pagarán en CABA $148,36 por cargo fijo, y por consumo $0,63 hasta 1.000 m 3; $0,60 de 1.001 a 9.000 m 3; y $0,57 cuando superen ese tope. En provincia de Buenos Aires esos valores son $148,65; $0,64; $0,62 y $0,58, respectivamente. En tanto, los usuarios industriales P3, tendrán que pagar en CABA $560,81 de cargo fijo, y por consumo $0,80 hasta 1.000 m 3; $0,74 de 1.001 a 9.000 m 3; y $0,69 por encima de ese valor. Para los de provincia esos precios son de $561,11; $0,89; $0,83 y $0,77, respectivamente.
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En Tierra del Fuego analizan importar GLP para abastecer la demanda
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l Gerente de la empresa Sartini Gas Austral, Rody Rodríguez, aseguró que deberán importar unas 500 toneladas de gas de Chile por la paralización de la planta de
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YPF y el incumplimiento de la Ley que garantiza el consumo interno, para abastecer la demanda de tubos y garrafas en Tierra del Fuego durante el invierno. “Al día de hoy no tenemos garantizada la provisión de parte de las petroleras”, d i j o Rodríguez en declaraciones a FM Del Sur y agregó que “de las tres prod u c t o r a s que operan en la provincia, Roch produce muy poco, Total no aporta nada al consumo interno, por lo que dependemos de YPF”. Advirtió que “en este momento la planta de YPF está parada, no está produciendo nada, debido a que se encuen-
tran realizando modificaciones en la planta; algo que ya se sabía y que estaba informado y organizado”, dijo el representante de Sartini. Rodríguez también señaló que desde la petrolera estatal “hay muy poca informa-
tualidad YPF y Roch”, aseguró. Este cálculo del faltante se realiza en base al stock que maneja la Secretaría de Hidrocarburos provincial y del promedio de lo que se vende habitualmente. El gerente fue consultado
ción y Sartini ha tenido que salir a comprar productos fuera de la provincia.” “Estimamos que este año tendremos que comprar una cifra no menor a las 500 toneladas, cuando se termine el stock que tienen en la ac-
sobre el acuerdo entre el Gobierno provincial y las petroleras para garantizar el abastecimiento de gas natural y GLP, pero dijo desconocer esta información. “Hasta el momento no nos han comunicado nada”, manifestó.
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Defensores del Pueblo piden que se declare servicio público al gas en garrafas Reclaman la suspensión de la aplicación de aumentos en las tarifas de servicios públicos, que el gas en garrafa sea declarado un servicio público esencial y que el GNC tenga un valor testigo.
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a declaración coincidió con el último anuncio realizado por el gobierno nacional en relación a una nueva suba del precio del gas natural, y surgió del primer plenario del año realizado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en la ciudad de Neuquén, el 30 y 31 de marzo pasado. La iniciativa fue presentada por el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, y apoyada por los Defensores de Paraná, Luis Garay, y Pablo Donadío, entre otros integrantes del plenario. En la declaración final de la Asociación se consideró que “los aumentos no respetan el fallo en el caso Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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referido a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad”. Y se señaló que “las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, tal cual ocurre con las paritarias pero previas a ellas, así los acuerdos salariales podrán medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador”.
El plenario acordó requerir al gobierno que el gas envasado en garrafa sea declarado servicio público esencial. Hasta ahora el precio libremente dispuesto por el mercado tiene un fuerte impacto en los usuarios: la mayoría pertenece a sectores vulnerables que termina abonando bastante más caro que el gas natural. También,
solicitaron que el GNC tenga “un valor testigo”, con el fin de evitar que el precio quede a criterio del mercado. Seguidamente, los Defensores del Pueblo se opusieron a “los medidores de energía prepagos y a su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar económicamente las facturas y reclamaron que la tarifa social se incremente hasta los 800 kw por mes, actualmente está 300 kw/ mes”. Por último, exigieron de “las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellas no se sabe qué tipo de valor se está aplicando”.
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Aumentó el valor de la garrafa A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció los nuevos precios máximos para las garrafas de gas licuado de petróleo que ya comenzaron a regir. Se mantiene el subsidio estatal.
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a Resolución 56-E de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos establece que la garrafa de 10 kilos tendrá un precio máximo de venta final de $134,38, la de 12 kilos tendrá un costo final de $161,26, mientras que la de 15 kilos de $201,58. Estos valores rigen para todo el país pero no incluyen el costo de envío a domicilio. El último incremento en el valor del GLP en garrafas, fue en
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julio del año pasado, cuando el Gobierno estableció un precio máximo final de $97 para los envases de 10 kilos, de $116,40 para los de 12; y de $145,50 para los de 15. Con estos nuevos valores, el precio subsidiado para los beneficiarios del plan
Hogar, implica un desembolso por parte del Estado de $114,38
por cada garrafa de 10 kilos. La Resolución establece, además, los precios máximos de referencia en planta del productor y las compensaciones a los productores de butano y propano de uso doméstico con destino a garrafas. El precio para el butano es de $2568 por tonelada y la compensación es de $550; mientras que para el propano esos valores son de $2410 y $200 respectivamente.
Las estaciones de GNC podrán comprar el gas directo a petroleras El Ministerio de Energía y Minería dio marcha atrás con una resolución del año pasado y habilitará a los dueños de estaciones de GNC a adquirir el gas directamente a quienes lo producen.
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or medio de la resolución 80-E/2017, el Gobierno anuló los efectos del artículo 5 de la resolución 34-E/2016 de Energía que obligaba a los expendedores a comprar solamente a las distribuidoras el gas natural que luego transforman en GNC. Hasta ese momento, estaba la opción de comprarlo más barato a las petroleras en boca de pozo. Los expendedores denuncia-
ban que con esa m o d i f i c a c i ó n debían p a g a r más impuestos: tasa hídrica, impuestos a la transferencia de combustibles (ITC), entre otras tasas, lo que les hacía perder rentabilidad. La nueva norma establece que a partir del 1 de mayo de este año los usuarios
que adquieran gas natural con destino a expendio de GNC po-
drán adquirirlo a las distribuidoras de su zona o en forma directa a los productores o comercializadores. A quienes elijan la última opción se les exige respetar “las proporciones de cada cuenca incluidas en los cuadros tarifarios de la distribuidora zonal, así como los porcentajes de gas retenido correspondientes”. Y quienes modifiquen su modalidad de compra no podrán cambiarla por al menos 12 meses.
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Expendedores acusan a Aranguren de desalentar el uso del GNC
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os representantes de la Cámara de Expendedores del GNC nuevamente se reunieron con representantes del Ministerio de Energía de la Nación para exigirle a Juan José Aranguren que deje de tomar medidas que desalienten el consumo del combustible. “Nos dijeron que esta actividad ya fue. Y que la intención es que el GNC cueste lo mismo que la nafta, algo que sería lisa y llanamente nuestro certificado de defunción”, afirmó el vicepresidente de la Cámara de Expendedores, Pedro González, al sitio iProfesional. “Nos señaló como los responsa-
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bles del déficit de gas de la Argentina. No nos quedó ninguna duda de que estábamos ante un Ministerio anti GNC”, añadió el dirigente. Para los expendedores, Aranguren es el principal responsable de la caída en las conversiones y el consecuente cierre de estaciones de carga. Cecha, la confederación que aglutina a la mayoría de los empresarios del expendio de combustibles del país, es otra de las organizaciones que carga contra el ministro por la situación que atraviesa el GNC. “En 2016 Aranguren puso en marcha su plan para dejar de fomentar el uso y disparó una serie de medidas.
Quitó subsidios, duplicó el precio en las estaciones de servicio, engordó los costos y hasta culpó a la actividad del déficit gasífero”, aseguró Oscar Díaz, secretario general de la organización al medio digital y sentenció: “La idea de Aranguren es desarticular el mercado a como dé lugar”. El representante de la Cámara de Expendedores del GNC, dijo que el ministro les transmitió a sus directivos que el uso para autos es uno de los grandes responsables de la importación del combustible que continúa realizando el país. “Está convencido de que restarle protagonismo a esta rama de actividad redundará en una
mejora del balance energético y de las cuentas fiscales de la economía”, comentó González. Sin embargo esto se aleja de la realidad. En invierno el país requiere de un 20% extra para cubrir todas las necesidades, principalmente las hogareñas. La venta de gas vehicular no alcanza siquiera a representar el 5% de todo el consumo de combustible a nivel país. Otros aspectos que afectaron a la actividad fueron el tarifazo eléctrico porque la quita de subsidios triplicó el gasto en los puntos de venta; y la presión sindical que llevó a incrementos salariales del 45% en 2016.
Expendedores peruanos en alerta por la aplicación de pago complementario
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a aplicación de un pago c o m p l e m e n t a r i o desde este mes en la factura de consumo de gas natural vehicular (GNV) puso en pie de guerra a las estaciones de carga contra la distribuidora peruana de gas natural de Lima y Callao, Cálidda. La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (Agesp) asegura que Cálidda incorporó en las facturas un “derecho de conexión complementario” al derecho de conexión que los expendedores de GNV abonan
cuando solicitan el servicio. Cálidda comenzó a aplicar el pago acogiéndose a una resolución del Ministerio de Energía que señala que en caso de un incremento de 15% en la capacidad utilizada, las empresas distribuidoras de gas natural pueden cobrar la diferencia del derecho de conexión inicialmente asignado en el contrato de suministro y el nuevo derecho de conexión determinado. Para la distribuidora la norma es necesaria. “De lo contrario, podrían generarse incentivos perver-
sos para que los usuarios declaren capacidades de suministro ínfimas con el fin de pagar un derecho de conexión menor y luego realizar grandes consumos de gas natural, obteniendo un beneficio ilícito al usuario”, explicó la compañía. El derecho de conexión complementario se aplicará a las estaciones de carga que operan desde el 2010. De este universo, al menos el 40% de grifos recibió las notificaciones por exceso de capacidad. El Ministerio de Energía reconoció que en muchos de los contra-
tos Cálidda no procedió a establecer la capacidad contratada. Sin embargo, el regulador descartó que la norma pudiera incidir en un alza del combustible. “Es un cobro que no refleja un sustento técnico”, sostienen desde Agesp y aseguran que el costo de conexión debería ser proporcional al de instalación y no al volumen. Advirtieron, además, que el pago generaría sobrecostos que podrían devenir en un aumento del precio del GNV para los consumidores finales.