Althair alvarez

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Quien ejerce el derecho de acción y aquél contra el cual se hace valer la pretensión deben tener la legitimación o capacidad procesal necesaria, dado a la capacidad de disposición del derecho del cual se afirma titular el demandante y de quien se pretende su satisfacción; careciendo de dicha capacidad, deberán las partes estar representadas o asistidas, de acuerdo con las normas del Código Civil que las regulan. Para la realización de los actos procesales la Ley de Abogados, en su artículo 4, establece una legitimación procesal especial, al ordenar que la validez de los actos que realizan, tanto el demandante como el demandado, deben estar asistidos o representados por un profesional del derecho. La verificación de los presupuestos procesales señalados es indispensable para que se constituya válidamente la relación procesal. Sólo en este caso nace la obligación del Juez de resolver la controversia sobre el mérito. La omisión de uno o cualquiera de tales requisitos eximirá al órgano jurisdiccional de cumplir con tal obligación.


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