Foro Distrital Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Bogotá by casmujer

SUIPPCOL

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN BOGOTA 2000-2005

INDICE Introducción

1. Los derechos humanos de las mujeres en los planes de desarrollo de Bogotá 1.1. Legislación y derechos humanos de las mujeres 1.2. No discriminación en la Constitución 1.3. Institucionalidad para la protección de los derechos humanos de las mujeres

4 8 10 11

2. Participación y representación de las mujeres en cargos de elección popular en Bogotá 14 2.1. Ley de cuotas para la participación 16 2.2. Participación social de las mujeres en Bogotá 21 3. Violencia contra las mujeres en Bogotá

4. Salud de las mujeres en Bogotá

5. Sexualidad y reproducción 5.1. Fecundidad en adolescentes

28 30

6. Trabajo y empleo de las mujeres en Bogotá

7. Educación de las mujeres en Bogotá

Bibliografía

Para realizar una mirada retrospectiva del estado de los derechos humanos de las mujeres en Bogotá, en el período 2000-2005, es importante precisar que sus avances han tenido que ver con la lucha del movimiento de mujeres, en el cual el feminismo ha representado un papel de primer orden. Las condiciones habilitantes o los obstáculos para el goce de los derechos de las mujeres, se encuentran en íntima relación con el debate por el reconocimiento, ampliación y protección de sus derechos. Teniendo como marco general la hipótesis de que el reconocimiento y ampliación de los derechos humanos de las mujeres se ha dado en la esfera; también es un hecho, que gracias a la lucha de las mujeres el reconocimiento de sus derechos se ha extendido a lo privado. Pero tanto en lo público como en lo privado existen limitantes políticos, económicos y culturales que impiden su disfrute pleno. El propósito de este documento es el de presentar información fundamental de la situación y el estado de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito en el período 2000-2005, como parte del trabajo que viene realizando la Casa de la Mujer en el marco del Proyecto por una Vida Libre de violencias para las mujeres, financiado por la Unión Europea, Intermón Oxafam y Novib Oxfam y la Ruta Pacífica, en el marco del proyecto financiado por Suippcol. El diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Bogotá, consignado en este documento, contiene información acerca de las realidades que afectan a las mujeres, realizando un balance de los procesos políticos, sociales y económicos; así como también de la legislación y políticas públicas implementadas por el Estado colombiano y el gobierno distrital con respecto a los derechos humanos de las mujeres Con el documento esperamos hacer un aporte que facilite reconocer el panorama de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito. La intención de este documento es la de presentar un diagnóstico sobre la situación y el estado de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito, enfocado particularmente a recoger y analizar la información relevante, relacionada con participación y representación política y social de las mujeres, violencia, salud, sexualidad y reproducción, trabajo y empleo, educación y normatividad nacional e institucionalidad para proteger los derechos humanos de las mujeres en Bogotá. La información se seleccionó teniendo en cuenta el período comprendido entre los años 20002005, identificando las áreas temáticas que guiaron la selección de las variables y los indicadores. Partiendo de la información recolectada y analizada se llevó a cabo la selección de los indicadores, a partir de dos criterios: la relevancia y la validez de los indicadores para medir los avances en la protección, promoción y sanción de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito, en cada área considerada y la disponibilidad de información para los años contemplados.

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Introducción

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En relación con la información, sobre derechos de las mujeres es necesario hacer referencia a varios problemas: 1) La metodología y las variables que utilizan las diferentes instancias estatales responsables de generar y divulgar información, es diversa y en muchas oportunidades contradictoria, no se entrega oportunamente y tampoco se procesa en el mismo año que es recolecta; 2) los sistemas de información en la casi totalidad de instituciones y programas estatales, no se encuentran desagregada por sexo y etnia; 3) las cifras que se entregan por las instituciones del estado a veces son contradictorias, no solo como se menciono anteriormente porque se utilizan metodologías y variables diferentes sino también porque se oculta información o se analiza de acuerdo a intereses políticos. El documento incluye los siguientes temas: derechos humanos, participación en cargos públicos, participación social, violencia contra las mujeres, sexualidad y reproducción. I. Los derechos humanos de las mujeres en los planes de desarrollo de Bogotá Los planes y programas relacionados con derechos humanos de las mujeres se siguen trabajando desde un enfoque predominantemente sectorial; sin duda hay avances como los mostrados en las dos últimas administraciones del gobierno Distrital, en las que se incorporó la perspectiva de derechos de la mujer, sin embargo, persiste una tendencia a la focalización de los recursos hacia la población en mayor situación de vulnerabilidad y a la atención de las mujeres debido a su papel de madre y reproductora. Cuando las mujeres empiezan a aparecer en los planes de desarrollo, tanto los nacionales como los distritales, lo hacen a través de sus hijos e hijas. La atención de las mujeres en salud se debe primordialmente a su función reproductiva y se benefician indirectamente de los programas dirigidos a la infancia como cuidado prenatal, parto, atención inmunológica materno-infantil, lactancia materna y nutrición de madres gestantes y lactantes. En el período 1993 - 1995 se incluye el propósito de desarrollar campañas de educación sobre salud sexual y reproductiva, prevención de SIDA y enfermedades venéreas, se menciona, así mismo la importancia de prevenir y atender enfermedades como el cáncer cérvico-uterino1. De 1995 a 1998, no hay ninguna acción sobre salud sexual y reproductiva y de 1998 a 2001 se propone la construcción de un centro de control de la fecundidad, que no se realizó. En 1998, la Secretaría de Salud de Bogotá estableció el “Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Salud en Salud Sexual y Reproductiva”, con el objetivo central de fomentar la salud sexual y reproductiva por medio de los servicios de promoción y fomento de la salud y la prevención y recuperación de daños, que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, buscando el desarrollo de una sexualidad plena, responsable y segura, así como la protección integral antes y durante la gestación, el nacimiento, el puerperio y el primer año de vida, al igual que la información y atención en regulación de la fecundidad, la prevención y atención de las ETS y el VIH/sida, el cáncer del aparato reproductivo y de mama, la prevención y atención de la violencia sexual y de las condiciones que demanden atención de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), durante todas las etapas de la vida de mujeres y hombres de Bogotá2. 1

GARCÍA, Carlos Iván. Estado del arte sobre la situación de las mujeres entre 1990 y 2002. Departamento Administrati-

vo de Bienestar Social – Universidad Central. Bogotá. D.C. 2003. Pp. 59 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Dirección de Salud Pública. Plan de Acción de la Secretaría Distrital de

Salud en Salud Sexual y Reproductiva. Bogotá D.C. Agosto 1998. Pp. 35.

No obstante, entre el ámbito distrital y el nacional existe una gran brecha a nivel de políticas. Mientras que en el primero sólo hasta el año 1998 aparece una política dirigida hacia las mujeres sobre derechos sexuales y reproductivos, en el segundo esto se presenta desde 1990. Sin embargo, las cifras de fecundidad, uso de métodos anticonceptivos, edad de la unión, asistencia en el embarazo y parto, entre otras, muestran que la situación en materia de salud sexual y reproductiva de las bogotanas en general, es mejor que en el resto del país. Sin embargo, es preocupante la ausencia de estadísticas de la ciudad, teniendo en cuenta variables como el nivel educativo y el estrato social de las mujeres en relación con su salud sexual y reproductiva5. Al establecer paralelos con ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga, por mencionar algunas, es posible concluir que las mujeres de Bogotá han tenido acceso a información, sensibilización y capacitación por parte de grupos de mujeres que promueven el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y ello sin desconocer las mayores oportunidades de las bogotanas en educación y empleo, así como las brechas sociales y económicas entre las mujeres de estratos altos y bajos6. Respecto a los planes, programas y políticas de derechos humanos de las mujeres bogotanas, diseñados y desarrollados durante los últimos cinco años, es pertinente mencionar las siguientes acciones: Enrique Peñalosa, a través del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C. Por la Bogotá que queremos 1998-2001 (Acuerdo No. 06 mayo 30 de 1998), propuso como meta en la prioridad Desmarginalización, la construcción de un centro de control de la fecundidad. La prioridad Integración social, mediante el programa Mejoramiento de la calidad y cobertura en la prestación de los servicios de salud, estableció que se implantarían programas para disminuir la mortalidad materna. En las políticas sectoriales, Salud y bienestar social, se buscó fomentar la incorporación de las madres embarazadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En la administración de Antanas Mockus, a través del Plan de Desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo lado 2001-2004, se incorporó por primera vez, en el nivel distrital, la perspectiva de género. Los programas y proyectos que hacen referencia a la salud sexual y reproductiva de las mujeres se vincularon a dos de sus objetivos: Justicia Social y Familias y Niñez. En el primero, se planteó 3

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C 2001-2004

Bogotá para vivir todos del mismo lado. 4

GARCÍA, Carlos Iván. Op. cit. Pp. 60.

GARCÍA, Carlos Iván. Op. cit. Pp. 61.

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En el Plan de Desarrollo 2001-20043, los programas y proyectos hacen referencia a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y los hombres teniendo como metas disminuir en 11.000 el número de gestaciones no planeadas, promover una sexualidad sana, responsable, placentera y segura y una paternidad y maternidad responsables, incentivar el desarrollo personal y el empoderamiento de mujeres y hombres en derechos sexuales y reproductivos, generar procesos de corresponsabilidad en el hogar vinculando a los diferentes integrantes, especialmente al hombre en su condición de compañero y padre, disminuir el 50% de las muertes maternas y mejorar las condiciones nutricionales de las mujeres en el tercer trimestre de la gestación con deficiencias de hierro4.

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el programa «Nutrir para el futuro» que buscó mejorar las condiciones nutricionales de los más vulnerables, entre ellos, las mujeres en el tercer trimestre de la gestación con deficiencias de hierro. Con el Decreto 440 de 20017 una de las metas del programa Salud con calidad, fue la disminución del 50% de los casos evitables de mortalidad materna. El objetivo de familia y niñez estableció en el programa Educación para el amor y familias gestantes, el proyecto Familias gestantes: bebés sanos-as y deseados-as que tuvo como objetivo: “contribuir a generar procesos de educación sexual y reproductiva en el marco del amor y la responsabilidad mutua a través de las acciones de formación, capacitación, de apoyo social, afectivo, psicológico, nutricional y de promoción de derechos”8. Algunos de los objetivos específicos de este proyecto fueron: contribuir a la planeación de la natalidad en las familias gestantes beneficiarias del proyecto y aportar a la transformación de patrones culturales relacionados con el ejercicio de la maternidad y la paternidad responsables. Dos de sus metas incluyeron la formación de 4.500 mujeres en empoderamiento y desarrollo personal y capacitación a estas mismas mujeres y sus parejas en derechos sexuales y reproductivos. El decreto 440 de 2001 estableció como meta disminuir en 11.000 el número de gestaciones no planeadas fortaleciendo los vínculos de las familias gestantes. El proyecto Educación para el amor ejecutó acciones de promoción de una sexualidad sana, responsable, placentera y segura, y de una paternidad y una maternidad responsables, especialmente en las instituciones educativas. Entre tanto, el Programa Desarmarnos con amor del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) desarrolló mediante dos proyectos las violencias intrafamiliar y sexual. El primer proyecto, Atención integral a niños y niñas víctimas de delitos sexuales y de las peores formas de explotación abordó las problemáticas de abuso y explotación sexual y las peores formas de trabajo infantil “mediante modelos de atención integral que a través de la coordinación y articulación intra e interinstitucional, el fortalecimiento de redes familiares y comunitarias y el seguimiento de casos, privilegiando la vinculación efectiva a los servicios sociales, con apoyo suficiente y oportuno para el desarrollo de los niños-as y la defensa, protección y restablecimiento de los derechos”9. El segundo proyecto del programa se denominó Redes para la democracia familiar y tuvo como objetivo general crear redes comunitarias y familiares para la detección, prevención, intervención y sanción de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales. Dicho proyecto implicó, entre otras actividades, la realización de conversatorios y talleres con grupos de hombres y grupos de mujeres en las diferentes localidades de la ciudad. Por otra parte, el Acuerdo 51 de 2001 estableció que las entidades distritales y las empresas prestadoras de servicios públicos deberían disponer, en cada edificación destinada a la atención al público, ventanillas u oficinas especiales para atender exclusivamente a la población con discapacidad, mujeres en estado de embarazo y adultos-as mayores10. En la administración de Luis Eduardo Garzón, se presentó la política de derechos humanos 7

Decreto 440 del 1 de junio de 2001. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas

para Bogotá D.C. 2001-2004 Bogotá para vivir todos del mismo lado. 8

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL. DABS. Camino a la inclusión social. Proyectos

2001-2004, Serie Proyectos. Bogotá. 2001. Pp. 227 9

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL. Ibid. Pp. 75.

GARCÍA, Carlos Iván. Op. cit. Pp. 42 - 44

Adicionalmente y en el mismo esquema de la administración, el Plan de Desarrollo Social, Económico y de Obras Públicas 2004 – 2008 Bogotá sin Indiferencia – Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión, mediante Acuerdo 119 de 2004 del Concejo de Bogotá, sentó las bases para reconocer, restablecer, proteger y garantizar los derechos de las mujeres al incorporar la “política de mujer y géneros” en consonancia con el enfoque de derechos humanos que dicho acuerdo consagra, de los objetivos, principios y políticas que lo sustentan y de los propósitos de fortalecimiento del Estado Social de Derecho consagrada en la Constitución de 1991. En este sentido, durante la sesión del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Distrital de Política Social fue aprobado el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital 2004 – 2016. El plan formuló un objetivo general y con respecto a cada derecho incluyó fundamentos conceptuales, un diagnóstico base, un objetivo general, entre tres y seis objetivos específicos, entre ocho y veinte acciones para desarrollarlos, identificando además los proyectos correspondientes a cada derecho, los montos presupuestales para el período 2004 – 2008 y las entidades ejecutoras de los mismos12. Finalmente, la administración de Luis Eduardo Garzón estableció la Política distrital para la sexualidad, en la cual se estableció que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y su finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción13. Ahora bien, con excepción a los programas y las acciones planteadas en las administraciones distritales de Mockus y Garzón, el sistema y la cultura de la salud en Bogotá, y en el conjunto del país, no han asumido una concepción integral de la salud de las mujeres, sino que las han visto desde el prisma preponderante de su capacidad reproductiva. En efecto, “el tratamiento de las mujeres como subgrupo poblacional importante en el campo de la salud se ha centrado en la consideración de su rol reproductivo y materno” y ha sido mínima, en consecuencia, la atención dirigida a aspectos de la salud de las mujeres no directamente vinculados con dicho rol. Este se sigue interpretando, por demás, como un hecho básicamente biológico, desconociendo que en la maternidad entran en juego aspectos psicológicos, sociales y culturales14. 11

SECRETARÍA DE GOBIERNO – Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. Bogotá con más derechos, menos indife-

rencia. Documento de trabajo elaborado por Luis Fernando Maldonado. Bogotá. Mayo, 2005. Pp. 3 y ss. 12

Respuesta Juanita Barreto G, Asesora Política Pública de Mujer y Géneros, al derecho de petición solicitado por la Cor-

poración Casa de la Mujer, Bogotá. Noviembre de 2005. 13

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD – Dirección de Salud Pública. Política Distrital para la Sexualidad. Bogotá

D.C. 2005. Pp. 2. 14

GARCÍA, Carlos Iván. Op. cit. Pp. 160.

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“Bogotá con más derechos, menos indiferencia”, cuyo propósito fue la construcción de una ciudad humana que concibe el desarrollo dentro de la plena vigencia de los Derechos Humanos, desde una perspectiva integral, que busca generar capital productivo en lo económico, inclusión en lo social y participación en lo político. En esta perspectiva, la política se pretende ejecutar por medio de acciones de promoción, defensa, protección y garantía de los derechos humanos, articulándose a través de los siguientes tres grandes campos: a) fortalecimiento de la sociedad civil, b) fortalecimiento institucional y c) la creación de espacios conjuntos de trabajo entre los ciudadanos y la administración distrital y local11.

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Por otra parte, la penalización del aborto en nuestro país es un obstáculo importante para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de ir en contra de los compromisos internacionales que el Estado colombiano ha asumido y de las recomendaciones de las conferencias de Naciones Unidas. El aborto es un problema de salud pública por la magnitud de la incidencia y la reincidencia bajo condiciones riesgosas para la salud de las mujeres, principalmente las más pobres. Al respecto la legislación nacional debe ser cuestionada a la luz del reconocimiento del aborto como un problema cultural y no ligado al “destino biológico” de las mujeres. Los aspectos descritos llevan a que derechos que el Estado debe garantizar, como el derecho a la vida y a la salud, se vean vulnerados cuando las mujeres mueren por causas que son en su gran mayoría previsibles, y cuando las entidades prestadoras de salud no implementan programas serios sobre prevención y atención de los factores de riesgo que ponen en peligro la integridad de las mujeres, sobre todo de las más pobres. Al respecto cabe recordar la existencia de unos derechos sexuales y reproductivos que van más allá de la concepción de lo sexual como lo ligado directamente a la maternidad, en el caso de las mujeres. Una ciudadanía plena incluye el ejercicio de estos derechos: decidir si se desea, o no tener hijos-as, el tiempo de distanciamiento entre ellos-as, vivir una sexualidad placentera, decidir libremente con quién, cómo y cuándo tener relaciones sexuales, tener acceso a información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y recibir una atención pertinente y de calidad por parte de las entidades prestadoras de los servicios de regulación de la fecundidad. Estos derechos son, al mismo tiempo, una condición para el empoderamiento de las mujeres y un resultado de este proceso. 1.1. Legislación y derechos humanos de las mujeres En cuanto a la existencia de legislación explícita sobre derechos humanos de las mujeres, es importante mencionar algunos avances del Estado colombiano en definir normatividad interna y políticas institucionales, tales como: adopción de normas que favorecen los derechos de las mujeres y que buscan alcanzar una equidad de género, especialmente a través de la presentación y aprobación en primer debate, en la Comisión Segunda del Senado, del Proyecto de Ley No. 202 de 2004, por medio del cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, más recientemente el actual gobierno nacional en una posición regresiva, ha manifestado que la firma del Protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) no lo obliga a despenalizar el aborto, aún en los casos en donde se pone en riesgo la vida de la madre. Durante la administración de Andrés Pastrana (1998 – 2002) se sancionó la Ley 599 del 24 de julio de 2000, por la cual Colombia adoptó un nuevo régimen penal, a partir del cual se consagraron las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario como tipos penales autónomos, los cuales suman veintiocho conductas básicas contenidas en los artículos 135 a 164 y que conforman el Título II, los cuales fijan el principio instituido para asegurar el respeto y observancia de las normas humanitarias: la persecución y castigo judiciales en contra de quienes las violen. La criminalización interna de las conductas que configuran infracciones graves de las prescripciones del DIH representó un paso crucial en la tentativa por conferirle vigencia y obligatoriedad15. 15

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2002. Op. Cit.

9 En consecuencia, debido a la relación directa entre garantías procesales y derechos humanos, cualquier ciudadano colombiano está en la facultad de exigir el cumplimiento de las garantías mínimas procesales, como parte de los derechos de los cuales es titular de conformidad con la propia Constitución Política. Por esta razón, también en nuestro país los derechos humanos no sólo corresponden al ámbito del derecho sustantivo penal, sino que son parte inexcusable del derecho procesal penal. En cuanto al fortalecimiento de las políticas institucionales se destaca que las tres ramas del poder público hayan suscrito el Acuerdo Nacional por la Equidad de Género, en octubre de 2003 y que el gobierno colombiano, a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con la participación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, haya puesto en marcha un Observatorio de Asuntos de Género que deberá hacer efectivo el cumplimiento de los instrumentos internacionales por parte de las instituciones que firmaron el acuerdo. Adicionalmente, cabe mencionar que en el gobierno de Álvaro Uribe se ha impulsado la elaboración de estadísticas y establecimiento de indicadores con perspectiva de género. En este sentido, es de destacar el esfuerzo iniciado por el Departamento Administrativo de Estadística Nacional- DANE, con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD en la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de las estadísticas en distintos campos de estudio, entre ellos la jefatura de hogar en Colombia y las diferencias salariales en siete ciudades del país. Pese a estos avances existen grandes desafíos relacionados con la promoción de una verdadera cultura de los Derechos Humanos en Colombia. En este sentido y de acuerdo con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la igualdad entre hombres y mujeres exige la realización de mayores esfuerzos en la ejecución y efectividad de la política para las mujeres, la cual permitirá lograr una verdadera equidad de género, y contribuir a la creación de la cultura de los derechos humanos. Así mismo, son necesarias las medidas del Estado para modificar los estereotipos y patrones socioculturales que discriminan a las mujeres17. Adicional a que el Estado aún no cuenta con política efectiva y coherente en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tampoco ha recogido la recomendación del Alto Comisionado al gobierno colombiano de incorporar en la elaboración del Plan de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario un enfoque integral de género, que deberá concertarse con amplios sectores de la sociedad, incluyendo, por supuesto, a las mujeres. El país no ha adoptado medidas adecuadas y efectivas que permitan contrarrestar los graves efectos del conflicto armado sobre los derechos de las mujeres. En este sentido, de acuerdo con el Alto Comisionado, se requiere un mayor compromiso en la prevención y en la protección de los derechos 16

Sentencia C-574 de 1992 de la Corte Constitucional M.P Doctor Ciro Angarita, citada en la participación del Doctor

Joaquín Polo contenida en Garantismo, Eficiencia y Reforma Procesal Penal, Corporación Excelencia en la Justicia, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1999. 17

UN OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. 2004. Op. Cit.

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Adicionalmente, a partir de la Constitución de 1991, se “reconocen plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios, debidamente ratificados, concernientes a los derechos humanos”16 y así mismo, “por virtud del texto expreso del Artículo 94, bien pueden considerarse incorporados a los derechos y garantías reconocidos por la Carta todos aquellos que sean inherentes a la persona humana”.

10 de las mujeres, en la investigación de la violación de sus derechos, en la sanción a los responsables de estos delitos y en la reparación a las víctimas, por parte del Estado18.

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Colombia continúa padeciendo una grave crisis de Derechos Humanos y de Derecho humanitario. Los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la libertad se encuentran seriamente afectados. Igualmente, fenómenos como el desplazamiento forzado de personas y la práctica de la exclusión social, económica y política han generado una terrible desigualdad que se ve reflejada en un incremento de la pobreza, especialmente en la población femenina, infantil y afrocolombiana. Esta crisis humanitaria se expresa, también, en una gran inseguridad como resultado de un entorno institucional y normativo inadecuado para la materialización de los derechos fundamentales de todas las personas y grupos19. 1.2. No discriminación en la Constitución La protección y garantía de los derechos de las mujeres ha sido consagrada en diversas normativas nacionales e internacionales, dentro de las cuales se destacan los artículos contenidos en la Constitución Nacional (Artículos 2,5,15,17,40,42,43,44,45 y 46); la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) ratificada por el Congreso Nacional mediante la Ley 51 de 1981; la Declaración y la Plataforma de Acción para la Protección de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las niñas; la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, donde se resaltaron los derechos sexuales y reproductivos; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, refrendada por el Congreso de la República por medio de la Ley 248 de 1995. De esta manera y en relación con la cláusula de no discriminación, la Constitución, reconoce la plena igualdad entre mujeres y hombres mediante el Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, opinión política o filosófica”. El Artículo 43 establece que: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”. El proceso que tiende hacia la igualdad entre mujeres y hombres en Colombia se inició en 1932, cuando la Ley 28 derogó normas del Código Civil que limitaban la capacidad de la mujer. Dicha ley acabó con la incapacidad de las mujeres casadas, otorgándoles plena capacidad civil, manteniendo la noción de la sociedad conyugal, y privando al marido de la administración excluyente de los bienes sociales. En virtud del Acto Legislativo No. 3 de 1954 y el Decreto 2820 de 1974, se otorgaron a la mujer plenos derechos políticos e igualdad de derechos y obligaciones respecto al hombre20. 18

UN OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. 2004. Op. Cit.

FESCOL. 2004. Conflicto y Seguridad Democrática en Colombia. Seguridad y Derechos Humanos en el conflicto

armado. Policy Paper N0. 4. Bogotá. Pp. 2. 20

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS – COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS

11 1.3. Institucionalidad para la protección de los derechos humanos de las mujeres Es importante señalar que la institucionalidad prevista en la actual política del gobierno Uribe, no tiene ninguna especificidad de género. En este sentido, anticiparse y actuar para evitar que ocurran hechos violatorios de los derechos humanos e infracciones al DIH o procurar que no se produzcan nuevos, se ha constituido en un objetivo central de la aplicación de la política gubernamental de promoción y defensa de los Derechos Humanos. Con este propósito el gobierno creó en noviembre de 2002 el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), integrado por representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Vicepresidencia de la República, instancia que se encarga de tramitar los informes de riesgo generados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo21. Su creación surge de la necesidad de garantizar la acción de los entes gubernamentales nacionales, departamentales y municipales en las actividades de prevención, en procura de una respuesta integral no circunscrita a las acciones de la fuerza pública tal y como venía sucediendo. De esta manera el gobierno asumió, en su integridad, el trámite de los informes de riesgo elaborados por la Defensoría del Pueblo para todo lo concerniente con la toma de decisiones orientadas a prevenir la ocurrencia de hechos violatorios de los Derechos Humanos a todo nivel y con el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las mismas. Una vez constituido el CIAT, se procedió a compartir el nuevo esquema de administración de los informes con los comandantes de división y de brigada, con los comandantes de los departamentos de policía y con los secretarios de gobierno o responsables institucionales de los niveles regionales y municipales del tema, con el propósito de convenir mecanismos e instrumentos de coordinación de las acciones futuras. En contraste con esta institucionalidad, durante las últimas administraciones distritales se ha logrado la articulación de una gran variedad de entidades comprometidas con el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos humanos de la mujer. Tal articulación ha generado una visión integral en la formulación y realización de los programas que se han venido llevando a cabo. En este sentido, en la Secretaría Distrital de Integración Social (antiguo Departamento Administrativo de Bienestar Social- DABS) se ha realizado un esfuerzo colectivo para formular y reformular los proyectos a la luz del enfoque de género, echando mano de la legislación internacional y de las herramientas jurídicas para lograr desarrollos concretos y no simplemente operativos. El ICBF, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y PROFAMILIA trabajan igualmente en la promoción y el fortalecimiento de la paternidad responsable. Así mismo, en lo relacionado con la violencia intrafamiliar y sexual, se ha establecido un Consejo distrital sobre el tema del que hacen parte entidades distritales22. HUMANOS. 1997. 21

www.derechoshumanos.gov.co. Coordinación Interinstitucional para la Prevención de violaciones a los Derechos Huma-

nos y el DIH 22

UNICEF – DABS. Hacia la construcción de una ciudad más amable y justa. Políticas de niñez y juventud en Bogotá

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En Colombia, las mujeres representan el 51% de la población, sin embargo, son ellas quienes padecen mayoritariamente los efectos de la discriminación social por el hecho de ser mujeres, alejando el panorama de igualdad, pese a los desarrollos normativos que se han expuesto hasta el momento.

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Mediante el Decreto 679 de Agosto de 2001, la Alcaldía de Bogotá, interpretó el mandato nacional y se le otorgó una aproximación más estructural que incluye el trabajo intersectorial y la corresponsabilidad del sector social y del privado. De esta manera, se dio paso a la creación del Consejo Distrital de Política Social (CDPS) y a los Consejos Locales de Política Social (CLOPS) en las veinte localidades de la ciudad. El Consejo Distrital de Política Social es una “instancia de coordinación interinstitucional e intersectorial para la definición, concertación y evaluación de la política social orientada a mejorar la calidad de vida en el Distrito Capital”. Adicionalmente, mediante este mismo decreto se creó la Unidad de Apoyo Técnico del CDPS, conformada por los delegados de los integrantes del consejo. El Artículo 10 del decreto referido facultó a las alcaldías locales para crear los Consejos Locales de Política Social. De acuerdo con el balance de la política social realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la incorporación de lo poblacional se orienta a adecuar cada sector a las necesidades y expectativas de la población, con miras a conseguir mayores impactos y transformar la situación de grupos específicos. A ello se ha añadido la concepción territorial, pues cada localidad de Bogotá tiene características, problemáticas y prioridades diferentes. La reestructuración administrativa que se puso en marcha en el Distrito pretendió reducir el Gobierno Distrital en pro del gobierno local, considerando que es más factible la coordinación en lo local que en lo distrital. En este contexto, se establecieron tres instancias fundamentales del desarrollo territorial: el Consejo de Gobierno Local, el Consejo Local de Política Social y el Consejo Local de Planeación. Este último es una instancia de participación ciudadana única y exclusivamente. El Consejo Local de Gobierno es responsable de coordinar la institucionalidad distrital para que trabaje de manera articulada y le aporte al trabajo local. El CLOPS es una instancia mixta, donde confluyen el sector social, el privado y el institucional23. Como resultado de la reestructuración administrativa a finales de 2002 había 20 Redes locales de buen Trato, 20 Consejos locales de discapacidad, una Red de emergencias y desastres y una de Prevención de la urbanización ilegal. Los Consejos locales de discapacidad contribuyeron activamente a posicionar políticamente el tema de la discapacidad, mientras que las Redes de buen trato hicieron el seguimiento de 1.500 casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Las Redes de buen trato cuentan con una experiencia de más de diez años, lo que las convierte en una de las primeras formas de trabajo en red en Bogotá. Surgidas como alternativa al trabajo aislado de las instituciones para dar respuesta integral al problema de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, están compuestas por las ciudadanas y los ciudadanos que decidan participar y por las instituciones que realizan acciones orientadas a que la ciudadanía fundamente sus relaciones en el afecto, la capacidad de solucionar conflictos y la convivencia democrática. Entre sus mayores logros figuran el posicionamiento del problema de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil en la agenda pública, la consolidación de la estructura de red, la elaboración de instrumentos de gestión para la coordinación interinstitucional y diversas acciones de promoción, prevención y atención en coordinación interinstitucional24. 2001 – 2004. Sistematización de la experiencia de políticas de niñez del distrito capital en la administración de Antanas Mockus. Bogotá. D.C. 2005. Pp. 51. 23

UNICEF – DABS. Ibid. Pp. 64

UNICEF – DABS. Ibid. Pp. 82

El principal aprendizaje que se ha hecho en las últimas administraciones distritales consiste en haber logrado tejer una red para coordinar acciones, conjugando la capacidad operacional de las entidades públicas, tradicionalmente muy sectorizadas. En este sentido, se ha confirmado que diseñar, ejecutar y monitorear un plan por objetivos no sólo es posible, sino fructífero y necesario para desarrollar acciones integrales. Dicho de otro modo, se ha aprendido que sumando esfuerzos se pueden lograr mejores resultados individuales. No obstante, pese a la creación de los 20 Consejos locales de política social y al avance en la formulación concertada de lineamientos de política social, algunas entidades distritales no han comprendido aún la importancia del papel que pueden jugar el Concejo Distrital y los Consejos locales en la ciudad, como espacios de coordinación y de trabajo intersectorial. Por el contrario, se sigue trabajando dentro de una lógica y una tradición sectorial que hace difícil la concepción de políticas integrales capaces de articular y dar cuenta, de una manera coherente, de las dimensiones poblacional, territorial y sectorial de la política social25. Ahora bien, durante la administración distrital de Luis Eduardo Garzón y en el marco de la Política pública de mujer y géneros, se propuso establecer dos instancias para la formulación, puesta en marcha, evaluación y seguimiento de la Política de mujer: la Mesa diversa de mujeres, instancia de carácter deliberativo y propositivo y el Consejo consultivo de política pública de mujer y género, de carácter asesor y orientador de los procesos y las decisiones26. Así mismo, “Bogotá con más derechos, menos indiferencia”, articuló tres campos en los cuales se aborda el trabajo en derechos humanos en el distrito y que tienen que ver con el fortalecimiento tanto de la sociedad civil como institucional y la creación de espacios conjuntos de trabajo entre los ciudadanos y la administración distrital y local27. En esta perspectiva, administración Garzón sentó las bases de un criterio participativo en la Política de mujer y género de Bogotá articulando la voluntad política de la administración y valorando los procesos que en este campo se han desarrollado previamente en el Distrito Capital y en otros ámbitos territoriales de carácter regional, nacional e internacional y los acumulados políticos, sociales y culturales de las diversas organizaciones y grupos de mujeres presentes en el Distrito Capital. 25

UNICEF – DABS. Ibid. Pp. 115.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DABS

– OFICINA ASESORA DE POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNEROS. La Política Pública de Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. 2004 – 2008. Bogotá. D.C. 2004. Pp. 11. 27

SECRETARÍA DE GOBIERNO. Op. Cit. Pp. 5.

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En este sentido, el trabajo coordinado entre instituciones nacionales y distritales condujo a diseñar e implementar el Plan distrital para la atención integral a los niños y niñas víctimas de abuso y explotación sexual, con el cual se busca reducir la prevalencia e incidencia de esta problemática en la ciudad. En esta misma línea se crearon los Consejos locales para la atención integral a niños y niñas víctimas de abuso y explotación sexual con sus respectivos Subcomités locales de atención. Así mismo, conjuntamente con la Secretaría de Educación se ha constituido la Mesa de mujer, géneros y educación, como un espacio permanente de diálogo, de reflexión y construcción conjunta, para interpelar a las políticas educativas de la ciudad y a sus distintos actores y actoras.

14 2. Participación y representación de las mujeres en cargos de elección popular en Bogotá En cuanto a la participación en los espacios de poder, el panorama muestra un bajo porcentaje de presencia femenina, ocupando cargos “menores” en algunas de esas instancias y con reducido, e incluso nulo, ejercicio de representación de los intereses de la mujer o de otros y con un precario posicionamiento de sus demandas específicas.

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En este sentido, la intervención en los encuentros ciudadanos y en los Consejos Locales de Planeación, así como en las juntas administradoras locales, no permite que las propias necesidades e intereses de las mujeres se visibilicen y atiendan. Aún en el Concejo de Bogotá, las mujeres no constituyen más del 19% del total de miembros de esta colectividad, tal como se aprecia en la siguiente tabla. Tabla No. 1 Porcentaje de mujeres y hombres en instancias de participación del Distrito 2002 - 2005 PARTICIPACIÓN PARTICIPACION INSTANCIAS MUJERES % HOMBRES % Concejo Distrital de Bogotá 19,14 80,85 Consejo Territorial de Planeación 30,9 69 Juntas Administradoras Locales 20,33 79,66 Consejo Distrital de Cultura 42,85 57,14 Consejos Locales de Cultura 38,99 61 Consejos Locales de Juventud 41,8 58,2 Fuente: www.concejobogota.gov.co

Esta situación del distrito en cuanto a la participación política de la mujer es el reflejo de la situación nacional, donde se evidencia de manera más amplia la poca participación de las mujeres en los niveles locales. En las juntas de acción comunal del distrito, de un total de 1.593 presidentes, sólo 20.3% son mujeres (324). De 1.583 vicepresidencias, 373 están ocupadas por mujeres (23.6%). El 98% de las mujeres funcionarias del distrito están en cargos auxiliares y 27% en cargos directivos. En el Concejo hay 6 mujeres de 42 concejales y, de 12.000 agentes de policía, 1.800 son mujeres28. Los representantes a la Cámara por la circunscripción de Bogotá para el período 1998-2002 fueron 18, de los cuales dos eran mujeres (Leonor González Mina y Nelly Moreno Rojas) y tres senadoras contaron con más del 30% de la votación en Bogotá (Ingrid Betancourt, Claudia Blum y Vivian Morales). Aunque hay participación política de las mujeres, la rama legislativa está principalmente constituida por hombres a pesar de que las mujeres son mayoría en el total de la población. Para las elecciones del 11 de marzo de 2002 el 12.7% de los candidatos al Congreso de la República eran mujeres y el 82.4% de las candidatas al Congreso de la República aspiraban a ser representantes a la Cámara; sin embargo, dentro del total de aspirantes a la Cámara, las mujeres sólo alcanzaron a ser 14.1%. Como aspirantes al Senado de la República había 293 hombres y 28 mujeres que representaban 8.7%. 28

SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Las mujeres en la

economía y la sociedad bogotana: algunas cifras. Bogotá. 2002. Autora.

15 Tabla No. 2 Comparativo 2001 versus 1998, mujeres votantes y elegidas Categoría 1998 2001 Variación % % Votantes mujeres respecto del Total 51,8 51 -1,52 % Dignatarias elegidas 31,7 35,5 12,08 Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital (2002)

En términos generales se puede ver que hubo un ligero incremento en el número de dignatarias elegidas, (de 6.174 en 1998 a 6.827 en 2001), es decir, 10.58%, mientras que el de dignatarios bajó en 6.88%, aunque el número de mujeres votantes ha caído en 1.52% entre ambas elecciones. A lo anterior se suma que las mujeres elegidas para cargos de representación popular tienen poca conciencia de su rol como mujeres, y por tanto falta motivación para representar los intereses de sus congéneres. Lo anterior confirma que ser mujer no es garantía para la defensa de los intereses de otras mujeres29. Respecto al porcentaje de mujeres en los cargos de elección popular, continúan presentándose desbalances, traducidos en inequidades en la inserción política de las mujeres, consideradas problemas de orden estructural que se modifican con el concurso de medidas de acción positiva y con una transformación cultural, de sentido y de relacionamiento entre hombres y mujeres. Un ejemplo de lo anterior, se presentó con la convocatoria para la elección de alcaldes y alcaldesas locales. En la primera etapa del proceso -inscripción de candidatas y candidatos- se presentó la persistencia de los desbalances de género en los procesos participativos. En la inscripción sólo 285 fueron mujeres, es decir 23.20%, mientras que el número de hombres ascendió a 943. Según los datos registrados en la página www.redbogota.com, en la segunda fase de este proceso -presentación de exámenes- sólo 22% de las personas que aprobaron fueron mujeres, mientras 78% fueron hombres. La administración de Luis Eduardo Garzón, en cumplimiento del Acuerdo 091 de 2003, que estableció el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en Bogotá, decidió en Julio de 2005, nombrar 20 alcaldesas locales que, a partir del 6 de agosto del 2005 han estado al frente de las localidades haciendo realidad la descentralización. Dos de las designadas ejercen en calidad de encargadas, mientras las juntas administradoras locales de Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño realizan nuevamente el proceso de selección. Las reacciones a esta decisión no se hicieron esperar, validando el diagnóstico elaborado por Adriana Delgado, para quien la cultura política tradicional de los grupos, organizaciones e instituciones de la sociedad civil y del Estado limitan la presencia activa y decisiva de las mujeres en Colombia30. 29

GARCÍA, Carlos Iván. Op. Cit. Pp. 138

DELGADO, G. Adriana. Derechos, Política, Justicia. Un estudio sobre los derechos de mujeres, niños y ancianos en

Colombia. Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales – Defensoría del Pueblo. Bogotá. 1999. Pp. 46.

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Uno de los espacios de participación a nivel de las localidades son las juntas de acción comunal (JAC). Según datos del Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito (DAACD), las votaciones estuvieron distribuidas como se muestra en la siguiente Tabla.

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De esta manera, el ejercicio de los derechos políticos, a pesar de la alta participación de las mujeres como electoras o en las bases de los partidos políticos, su postulación y elección para cargos públicos y su presencia en la dirección de los partidos, es mínimo. Aunado a esto, la representación y participación política en las corporaciones públicas y en cargos de nivel de decisión, ha estado marcada, mayoritariamente, por la pertenencia a una determinada clase social y subordinada a los intereses generales de su organización o partido político. En muy pocas oportunidades, las mujeres que han accedido a estos niveles están dispuestas a defender los intereses específicos de sus congnéneres. Los partidos políticos son factor fundamental para explicar la baja participación de las mujeres. Las mujeres, a pesar de conformar ampliamente las bases de partidos y participar activamente en las elecciones (en promedio 44% de votantes son mujeres), continúan sub-representadas. Hay una marcada reticencia de los partidos políticos y de sectores tradicionales impregnados de hondos prejuicios culturales, a abrirles espacios de participación a las mujeres. Adicionalmente, los altos costos de las campañas electorales en Colombia las ponen en desventaja en la disputa por los escaños de las corporaciones públicas y los cargos de elección popular. Aunque la Constitución de 1991 es clara en exigir la vigencia de los principios de la democracia participativa en todas las organizaciones sociales y en la rama ejecutiva, no ocurre lo mismo respecto a los partidos políticos, lo cual constituye un obstáculo crucial en las aspiraciones de las mujeres colombianas, que reclaman su derecho a una participación equitativa en todas las corporaciones públicas. 2.1. Ley de cuotas para la participación En Colombia, la Ley 581 del 31 de mayo de 2000 o Ley de Cuotas reglamenta la participación de la mujer en los niveles decisorios de diferentes ramas y órganos del poder público. A través de ella se establece que por lo menos 30% de mujeres deben desempeñarse en los cargos de alta dirección del Estado. Es así, como se firmó un convenio interinstitucional entre el Instituto de Estudios del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y FESCOL -Observatorio de Mujeres y Participación Políticapara continuar la labor de seguimiento al cumplimiento de la ley de cuotas. Este convenio se firmó en 2002 por tres años y tiene como objetivo conformar el sistema de información para el seguimiento a dicha ley y realizar una labor de capacitación y actualización a los funcionarios/as de estas entidades sobre la misma. Resalta como un logro que las entidades que por ley deben hacer la promoción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas se hayan reunido en una sola acción coordinada, que permite aprovechar mejor los recursos existentes, y conseguir mayor impacto; tanto en el seguimiento de la ley, como en la formación de los funcionarios/as de estas entidades. Adicionalmente, con el Acuerdo 091 de 2003 y la Ley 823 de 2003, que estableció el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en Bogotá, se estableció que en el Distrito Capital se ponga en marcha un Plan de Igualdad de Oportunidades, orientado hacia la creación de

17 El Acuerdo 091 anota que cada una de las políticas, las áreas de acción, los programas, los proyectos que se formulen en el Distrito Capital deben ser concebidos desde el propósito de realizar la igualdad de oportunidades entre los géneros. Esto supone el reconocimiento de la necesidad de darle un lugar a la pregunta por la equidad entre los géneros y para las distintas poblaciones. El principal logro del Plan de Igualdad de Oportunidades, entonces, es el de hacer explícito que las políticas públicas en el Distrito Capital necesitan realizar acciones afirmativas de género encaminadas a que las diferencias no sean motivo de desigualdad. El Plan de Igualdad de Oportunidades plantea que diferencia no es sinónimo de desigualdad y que se deben crear condiciones para que se le asigne valor ético a las diferencias. No es posible construir igualdad, entre los seres humanos si no se tienen en cuenta las diferencias que constituyen a los seres humanos. El Plan ordena, a las instituciones, entidades y organizaciones del Distrito Capital que empiecen a pensar las políticas, los programas y los proyectos reconociendo las diferencias, no porque no se hayan pensado antes, sino porque, al dar este marco normativo, está proponiendo que: “todas las políticas tienen que considerar acciones afirmativas de género”32. Respecto a la existencia de programas gubernamentales para la participación política de las mujeres, durante la administración de Enrique Peñalosa Londoño (1998 – 2000), se hizo referencia directa a las mujeres en el Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que queremos”, únicamente en el Artículo 39, donde señala como una de las metas «impulsar las comisarías de familia, los centros de conciliación y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos entre parientes y vecinos y estimular el respeto a los más débiles, a las mujeres y a los niños». Las mujeres son vistas dentro del grupo de los más débiles y, por lo tanto, deben ser protegidas, es decir, se parte de una visión asistencialista hacia las mujeres, no compatible con lo que los movimientos de mujeres ya venían trabajando desde años anteriores33. La administración de Antanas Mockus, es la primera que diseña y realiza un plan de desarrollo distrital con perspectiva de género, “Bogotá para vivir todos del mismo lado”. En los lineamientos generales del plan establece que los programas del distrito tendrán perspectiva de género e incluirán a las mujeres como gestoras (Artículo 4). Así pues, define tanto los lineamientos a seguir en la formulación de los programas como las entidades encargadas de desarrollarlos. En este caso el Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) es la entidad encargada del desarrollo integral de la política pública dirigida a las mujeres. Además, se establece que los objetivos y prioridades, metas y programas incluidos en el plan de desarrollo son predicables para los planes de desarrollo local, lo cual acerca la perspectiva de género a la comunidad. 31

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – ES-

CUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Op. Cit. Pp. 49. 32

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Acuerdo No. 91 de 2003, “por el cual se establece el Plan de Igualdad de Oportu-

nidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital”. Bogotá. 2003. 33

GARCÍA, Carlos Iván. Op. Cit. Pp. 148

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condiciones para que la igualdad, que se ha construido como un valor, se convierta en una igualdad que se realiza cada día31.

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De manera más amplia, el plan de desarrollo articula programas intersectoriales de acción pública y privada y tiene como objetivos los siguientes: Cultura Ciudadana, Productividad, Justicia Social (el Programa Bogotá Ciudad Fraterna plantea entre sus metas apoyar la generación de ingreso a 40.000 personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente en hogares de jefatura única, particularmente mujeres), Educación, Ambiente, Familia y Niñez, Gestión Pública Admirable. En este sentido, dos de los programas de la alcaldía de Mockus son, primero, el Programa Cartas de Navegación para la Política Social, que tiene como objetivo formular y poner en marcha las políticas integrales con perspectiva de género para mujer, niñez, familia, jóvenes y vejez, con participación abierta de todos los sectores sociales, y una de sus metas es la de aumentar y fortalecer los espacios de participación de niños y niñas, familias, mujeres, hombres y jóvenes en todas las localidades. Y segundo, en el objetivo Familia y Niñez, el Programa Políticas y Modelos de Intervención Social, el cual busca formular, consolidar, promover e implementar las políticas integrales y los modelos de intervención dirigidos a la niñez, juventud, mujer y vejez, incorporando la perspectiva de género y las relaciones entre generaciones en la planeación y ejecución de los programas y proyectos. Se trata, en ambos casos, de la intención de construir políticas públicas de manera participativa, involucrando a todos los actores sociales34. En esta perspectiva, con enfoques distintos, han sido notorios los esfuerzos de las administraciones de Antanas Mockus y de Luis Eduardo Garzón por avanzar en la participación y en una democracia participativa. Bajo el lema de Participación para la Decisión la alcaldía de Samuel Moreno afronta retos significativos, que tienen que ver, no sólo con la lógica de funcionamiento actual de la participación, sino también con el carácter en el ejercicio que hacen las y los ciudadanos en el Distrito. Una apuesta interesante ha sido la convocatoria para la elección de alcaldesas y alcaldes locales con el concurso de la ciudadanía, lo cual sin duda constituye un importante avance. Esta, como otras dinámicas de la participación de Bogotá, invita a responder a los retos existentes de manera novedosa, concreta e incluyente. El programa de la actual administración plantea la necesidad de pensar la concreción de la democracia participativa, que alimenta de manera directa a la democracia representativa y hace pensar en el sentido de la participación ciudadana; en su viabilidad; en el carácter de la representatividad; en la capacidad de la ciudadanía cuando participa; en el contenido que asume su participación; en la oportunidad apropiada para convocarles; en los límites de la participación social; en el vínculo que se asume con los deseos y las propuestas de la ciudadanía convocada; en el modo como se lleva a cabo; y en su sostenibilidad . Estas reflexiones acerca de la medida en que los procesos participativos que se plantean y ponen en marcha, contribuyen a la generación de cambios profundos y a motivar la movilización ciudadana, también son relevantes. La historia participativa del Distrito Capital desde la década del ochenta permite plantear la transformación de las formas de relacionamiento entre la administración distrital y la ciudadanía, la cual tiene mayor posibilidad de incidir de manera directa en las decisiones que tienen que ver con Bogotá y las dinámicas locales. Con este panorama es claro que quedan muchos retos por asumir con respecto a las mujeres, y se hace necesario preguntar particularmente, cuáles son los avances que 34

GARCÍA, Carlos Iván. Op. Cit. Pp. 149.

19 Algunas medidas positivas, entendidas como acciones de carácter transitorio que buscan alcanzar la igualdad de oportunidades y avanzar en la consecución de la equidad de género, permiten allanar el camino en materia de participación de las mujeres. Desde acciones de este tipo las mujeres tendrían la posibilidad de aportar a la consolidación de una democracia incluyente, participativa y animada para el logro de la erradicación de las desigualdades, las inequidades y las exclusiones. En este sentido, el equipo de trabajo de la Oficina Mujer y Géneros de la Alcaldía de Bogotá, ha discutido con las organizaciones de mujeres, las ciudadanas y las y los funcionarios, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital, construido de manera participativa desde una experiencia de trueque de saberes y experiencias. En el área de Participación, Representación y Empoderamiento de las mujeres están consignadas acciones positivas que buscan contribuir a eliminar las inequidades en materia de participación, las cuales sólo se podrán materializar con el concurso y compromiso de las entidades del distrito, la voluntad política de alcaldesas y alcaldes, la corresponsabilidad de las mujeres y hombres que habitan el distrito capital y la articulación a los procesos participativos de la ciudad como la construcción de la Política Pública de Participación36. De acuerdo con Martha Buriticá, todos los avances que ha tenido la participación en el país y en Bogotá ganarán mayor concreción al hacer de los diversos procesos participativos espacios y tiempos más incluyentes de las diferencias y al reconocer las desigualdades y buscar caminos para eliminarlas. Las visiones de las mujeres y los sectores que han sido excluidos históricamente de la política y del ejercicio de derechos democráticos, pueden contribuir con nuevas visiones, procedimientos, temas y problemáticas a la ciudad y sus localidades37. En relación con la existencia de campañas de promoción de la participación política de las mujeres, durante las dos últimas administraciones, el desarrollo de normas y leyes distritales específicas que apoyan los planteamientos formulados en la Ley de cuotas, han sido un garante para el incremento de la participación política de las mujeres en el distrito, en el ámbito de los cargos de elección popular (JAC, JAL, Concejo). Desde esta perspectiva, el principal reto es el diseño de programas de capacitación y gestión centrados en la promoción de los derechos y deberes de las mujeres como ciudadanas colombianas, a la luz de los tratados internacionales vigentes. No se trata sólo de ofrecer información sobre sus derechos, sino de que conozcan las formas de participación política o ciudadana que la Constitución Política les ofrece a todos los ciudadanos y ciudadanas, y sepan recurrir a los más adecuados para ejercer su deber de fiscalización frente a los programas del Estado y sus políticas. Un ejemplo es el seguimiento 35

OFICINA DE MUJER Y GÉNEROS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Mujeres en la Participación. Avances

y retos para el Distrito en el proceso de elección de alcaldesas y alcaldes locales. Página Web: www.bogota.gov.co/bogota/equidad/ php. Visitada: 12/12/05. 36

OFICINA DE MUJER Y GÉNEROS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Página Web: www.bogota.gov.co/bogo-

ta/equidad/php. Visitada: 12/12/05. 37

BURITICÁ, Martha. Mujeres en la Participación: avances y retos para el distrito en el proceso de elección de alcaldesa.

Oficina de Mujer y Géneros – Alcaldía Mayor de Bogotá. Boletín electrónico de los Consejos Locales de Política Social. Boletín No. 26. Bogotá. 2005. Disponible en la página web: www.bienestarbogota.gov.co/unicef/visaje/default.asp?idboletin=26.

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han implicado estos mayores desarrollos para su participación y cuáles son los rasgos específicos que ésta adquiere35.

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al adecuado cumplimiento de la Ley 581 o Ley de cuotas, no sólo por parte de las organizaciones feministas, sino también por parte de las mujeres en general, sea cual sea el tipo de organización al que pertenezcan. En este sentido vale mencionar que dicha gestión ya se está llevando a cabo desde el 2000 por parte del Observatorio Mujeres y Participación Política de FESCOL. Otra forma de lograrlo es por medio de la creación de una veeduría ciudadana por la equidad de las mujeres, que se encargaría no sólo de velar por el cumplimiento de la ley mencionada, a nivel distrital (y de todas aquellas creadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá), sino que contaría con veedurías locales para garantizar la participación real de las mujeres en los órganos de participación de las localidades, como las JAL y las JAC. Por sus funciones, esta veeduría estaría en relación directa con la Consejería Presidencial para la Equidad de las mujeres y las organizaciones feministas de Bogotá. En este sentido, un programa que contribuyó a lo anterior fue el Proyecto 7316, «Nuevas Voces Ciudadanas» llevado a cabo por el DABS, cuyo objetivo fue promover la participación y la construcción de ciudadanía de niños y niñas y familias en situaciones de alta vulnerabilidad, por medio de la promoción de los procesos de participación de niños y niñas de los jardines infantiles y casas vecinales del DABS, de estratos 1 y 2. Durante la administración Garzón, los programas de promoción de la participación política de las mujeres, estuvieron definidos en el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 2004–2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, orientados a la creación de condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos y el respeto a las diferencias y al libre desarrollo de la personalidad y la diversidad sexual. De otra parte, en el plan de desarrollo se crea el programa “Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres”, que buscó “crear condiciones para asumir la equidad de género como un valor, mediante políticas públicas para las mujeres y la incorporación de una perspectiva de género en los planes y procesos de desarrollo del distrito, sus localidades y su articulación con los ejes de Reconciliación y Urbano Regional. En concordancia con lo anterior, los proyectos del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) se fundamentaron en un enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género, de equidad e igualdad de oportunidades y de corresponsabilidad entre Estado y sociedad. Como una acción afirmativa incorporada en la administración Garzón, algunas situaciones particulares que afectan a las mujeres fueron tenidas en cuenta para los procesos de selección y priorización de las usuarias de los proyectos. A manera de ejemplo se señala el caso de mujer cabeza de familia con hijos e hijas menores de 18 años. El plan de desarrollo Garzón estableció como proyecto prioritario la “Institucionalización del Plan de Igualdad de Géneros en el Distrito”, desarrollado en el Departamento Administrativo de Bienestar Social, actual Secretaría Distrital de Integración Social. Este proyecto, incluyó cuatro áreas que permitieron incorporar la perspectiva de mujer y géneros en los programas, las metas y los proyectos prioritarios correspondientes a los ejes Social, Urbano – Regional y de Participación, y al objetivo de Gestión Pública Humana. En ese sentido, dentro de las acciones adelantadas se encuentra la de establecer la Casa Matriz de la Igualdad de Oportunidades y seis casas filiales como laboratorios de aprendizaje práctico para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la transformación de las relaciones de género. Adicionalmente, dentro de la tercera de las áreas de la Política pública de mujer

21 2.2. Participación social Pese a la reducida información sobre el tema, en las organizaciones sociales, gremiales y sindicales el panorama de participación de la mujer tampoco es muy alentador. Son bajos los porcentajes de sindicalización de las mujeres, especialmente en el sector privado, salvo en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en donde el porcentaje de mujeres en la dirección llega a 14% -que no es gran cosa- en las demás centrales obreras no alcanzan 10% en los puestos de dirección. No obstante, los sindicatos estatales y en especial los de salud y educación, aportan un alto porcentaje de población femenina, sin embargo, sólo 14% de los altos cargos de dirección está en cabeza de mujeres. En la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, en las federaciones departamentales y municipales y en las juntas barriales, las mujeres tampoco ocupan más de 15% de los cargos directivos, pese a que constituyen más del 60% del total de personas afiliadas a estas organizaciones . En cuanto a las acciones afirmativas dentro de las organizaciones para la participación de las mujeres, no se contó con información suficiente para realizar una evaluación a profundidad. Pese a esto, entendiendo tales acciones como la creación de mecanismos normativos de discriminación positiva que se traducen en acciones o programas orientados a favorecer la igualdad de trato y representación de los diferentes grupos sociales; de acuerdo con Angélica Bernal, en la legislación constitucional colombiana se hace mención a la situación femenina en particular y no como grupo perteneciente a una categoría más amplia de “minoría”. Así, con respecto a los derechos civiles la Constitución establece la igualdad jurídica de varones y mujeres. En relación con los derechos políticos, la Constitución no se refiere explícitamente a la mujer, sino al reconocimiento general de los derechos políticos sin discriminación de raza, sexo, religión o etnia. A nivel de legislación electoral, más allá del mencionado reconocimiento general de los derechos políticos, el establecimiento de formas especiales de representación política de minorías sociales, se contempla únicamente en relación a las comunidades indígenas mediante la creación de circunscripciones especiales en Colombia. 3. Violencia contra las mujeres en Bogotá De acuerdo con el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, durante el 2003 las comisarías de familia reportaron un predominio de la violencia psicológica con 28% de los casos reportados, seguida de la violencia verbal con 26% y, finalmente, la violencia física y económica, con 15%39. Según PROFAMILIA (2001) en Bogotá, de 1797 mujeres unidas o casadas, 42.7% había 38

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – ES-

CUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Op. Cit. Pp. 27 39

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Bole-

tín Violencia Intrafamiliar Comisarías de Familia 2003. Bogotá. 2004. Pp. 18

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y géneros, se trabajó, entre otros aspectos, en la participación para la decisión y representación de las mujeres en el Distrito Capital38.

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experimentado alguna vez violencia física por parte del cónyuge. De acuerdo con los resultados de la reciente encuesta, esta cifra ascendió a 46.8% sobre un total de 4.244 mujeres alguna vez unidas40, cifra que, pese a la diferencia en el número de mujeres entrevistadas, podría representar un incremento en la prevalencia de violencia contra la mujer o en la denuncia de los casos. Incluidos los delitos sexuales, en el año 2002 se atendieron en Comisarías de familia 37.040 casos de violencia intrafamiliar. Para el año 2003, esta cifra ascendió a 41.841 casos, lo que representa un incremento de 4.1% en los casos o en las denuncias. Del total de expedientes analizados en 92% de los casos el demandado fue un hombre y en 88% de los casos la agredida fue una mujer41 (Tabla No. 3). No obstante, de acuerdo con las cifras de violencia intrafamiliar del Departamento Administrativo de Bienestar Social, los casos se han venido reduciendo de forma significativa, aspecto que no es consistente con los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2005, la cual reporta un incremento constante en las cifras de violencia intrafamiliar en sus diversas modalidades. En este sentido, esta situación podría estar mostrando las graves dificultades en consolidar un sistema de información que permita monitorear la situación de las mujeres en el Distrito. Tabla No. 3 Víctimas de Violencia Intrafamiliar según Género, Bogotá 2003 - 2005 No de No de AÑO % % Total Hombres Mujeres 2003* 25617 63 15046 37 40663 2004** 20641 74,7 6898 25 27539 2005** 9496 77,9 2657 22 12153 Fuentes: * Datos reportados en el Boletín Viol. Intrafam. Comisarías de Familia, Bogotá 2003 ** DABS, Sistema de Información y Registro de Beneficiarios- as SIRBE, Sep, 2005.

La violencia física incluye una diversa gama de agresiones que pueden ir desde un empujón hasta los intentos de feminicidio, pasando por el abuso sexual a la pareja y los ataques con armas de todo tipo. En este sentido, tal como se puede observar en la siguiente tabla, en muy pocas de las modalidades se ha presentado una reducción en la prevalencia de casos.

ENDS – 2005. Pp. 323.

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– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Elementos Conceptuales. Construcción colectiva de la Política Pública de Mujer y Géneros en Bogotá Distrito Capital. Bogotá. 2005. Pp. 20.

23 Porcentaje de Violencia Física por cónyuge o compañero, Bogotá 2000 - 2005 Tipo de Agresión 2000 2005 Agresión 42,7 46,8 Empujadas 39,5 41 Golpeadas con la mano 33,7 34,7 Pateadas 14,9 17,1 Golpeadas con objeto duro 11,4 11 Violadas 10,7 11,5 Amenazadas con armas 7,8 7,8 Intento de estrangulación 5,2 5 Mordidas 4,5 3 Atacadas con arma 4,1 3,8 Fuente:Encuestas Nacionales de Demografía y Salud 2000 y 2005

De acuerdo con la Oficina de Mujer y Géneros, esta diversidad de hechos violentos no implica una acción de parte de la mujer agredida ya que muchas veces ni siquiera una evidente herida o una dolorosa lesión le llevan a vencer el miedo a enfrentar el señalamiento social por ser víctima de su compañero y proceder a tomar acciones legales a las cuales tiene derecho. En este sentido, las mujeres encuestadas por PROFAMILIA en su gran mayoría (70%) ni siquiera acuden a los servicios médicos para evaluar o tratar los daños que han sufrido, y aquellas que lo hacen no reciben orientación suficiente que les permita el reconocimiento de esta situación como un delito que debe ser denunciado ante las autoridades42 (Tabla No. 5). Tabla No. 5 Consecuencias y reacciones de la mujer al hecho violento, Bogotá 2000 - 2005 Modalidad 2000 2005 No acudió al médico 70 78,1 Se ve el moretón / siente dolor 57 55.5 Tiene heridas o huesos quebrados 10 13,1 Acudió al médico y recibió información 20 15,5 sobre medidas de protección Acudió al médico pero no recibió info 10 6,3 sobre medidas de protección Perdió un órgano, función o miembro 3,3 2,9 Se defendió golpeando/ agrediendo 62,3 63,8 Pidió Ayuda 33,5 Fuente:Encuestas Nacionales de Demografía y Salud 2000 y 2005

4. Salud de las mujeres en Bogotá En cuanto a la esperanza de vida al nacer, se calcula que las mujeres viven más años que los hombres. En este sentido, la esperanza de vida de las mujeres es de 76.4 años, mientras que la de los hombres 42

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CUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Ibid. Pp. 21.

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Tabla No. 4

24 es de 70.1 años de vida. De esta manera, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, en Bogotá se han venido presentando menores tasas de crecimiento demográfico y mayor expectativa de vida43. Dentro de las causas de la mortalidad materna es necesario señalar que éstas pueden ser obstétricas directas e indirectas. Las causas directas son aquellas que resultan de complicaciones obstétricas del estado de embarazo, parto o el puerperio, de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originados en cualquiera de las causas mencionadas. Las causas directas son las que resultan de una enfermedad previa al embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causas directas, pero agravadas por el embarazo.

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En esta perspectiva, dentro de los principales factores asociados a la mortalidad materna es pertinente mencionar: -

Dificultades en el sistema de referencia y contrarreferencia: oportunidad en la remisión. Calidad del control prenatal, atención de parto y puerperio: aplicación de guías y protocolos. No aplicación del sistema informático perinatal como tecnología de atención.

Ahora bien, respecto a las principales causas de mortalidad materna se han identificado: 1. Edema, proteinuria, trastornos hipertensivos. 2. Complicaciones de trabajo de parto, parto y puerperio. 3. Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio. 4. Embarazo terminado en aborto. 5. Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica44. Un aspecto importante a señalar está relacionado con los resultados del estudio de Ana María Peñuela, de acuerdo con el cual, entre el 65.5% Y 88.5% de la mortalidad materna en Bogotá es evitable45. En términos de la situación de la salud de las Bogotanas en el periodo estudiado, es necesario señalar que en general, ésta ha mejorado en los últimos años. En este sentido y tal como se observó anteriormente, la esperanza de vida al nacer para las mujeres se ha incrementado. Este cambio se ha generado, entre otros factores, por el progreso en la calidad de vida, el aumento en el nivel educativo, el espaciamiento de los nacimientos, y el incremento de la oferta de los servicios de salud. Pese a los desarrollos en materia normativa que han permitido una optimización de las condiciones de salud de las bogotanas, tales como el establecimiento de la Salud como un servicio público a cargo del Estado, el cual tiene el deber de garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud, 43

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Boletín Epidemiológico Distrital. Volumen 9, Números 1 a 4. Enero – Abril

de 2004. Pp. 4. 44

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Ibid. Pp.8.

PEÑUELA, Ana María et al. Mortalidad Materna y factores de riesgo. Estudio de casos y controles. Secretaría Distrital

de Salud. Bogotá D.C. 1998. Pp. 87.

Según la información de Red Bogotá, para el año 2002 se registró una oferta total de 7855 camas hospitalarias en Bogotá. De acuerdo con esta cifra, la relación de camas por cada mil habitantes en la ciudad se establece en 1.2, estándar que a pesar de ser acorde con los parámetros observados en América Latina, ha mostrado un leve descenso pasando de 1.4 en el año 1995 a 1.2 en el año 200250. En este sentido, la red de hospitales adscrita al Distrito ofrece un total de 1.784 camas destinadas a la prestación del servicio en los tres niveles de complejidad; a esta cifra se suman 191 camas de urgencias (observación) para un total de 1.975 camas. A la Red norte pertenecen los hospitales de las localidades de Engativa, Suba y Chapinero, quienes en primer nivel ofrecen en conjunto un total de 60 camas; a la red Centro–oriente pertenecen los hospitales de las localidades Santafé, San Cristóbal y Antonio Nariño en los que la oferta total de camas para este nivel es de 23; la red Sur-occidente la conforman los hospitales de las localidades Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda con una oferta total de 53 camas, y finalmente la red Sur de quien hacen parte los hospitales ubicados en las localidades Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz con la mayor oferta en primer nivel de atención, 126 camas51. En relación con la legislación sobre reformas del sistema de salud, es necesario tener en cuenta la creación del Sistema de Protección Social52el cual constituye una transformación en la concepción, institucionalidad y funcionamiento de la política social en Colombia, que adopta los principios y estrategias del marco conceptual del Manejo Social del Riesgo del Banco Mundial. Así lo evidencia el informe del Ministerio de Protección Social 2002-2003 cuando anuncia como una de las principales 46

Reconocidos mediante la Constitución Política de Colombia de 1991.

Uno de los índices más altos de abortos se encuentra en Bogotá. El 33.9% de las bogotanas que han estado embarazadas

han abortado por lo menos una vez con un alto nivel de repitencia. GARCÍA, Carlos Iván et al. Op. cit. Pp. 53. 48

ZAMUDIO, Lucero. El aborto en Colombia; dinámica sociodemográfica y tensiones socioculturales, en La justicia en

nuestro tiempo, Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1999. Págs. 13-14. Su criminalización junto a las técnicas anticuadas y las condiciones antihigiénicas en que se realiza esta práctica, hacen que el aborto continúe siendo la segunda causa de muerte materna en Colombia (16%). 49

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resultados preliminares de la ESM. Boletín No. 26. Bogotá. 2004.

RED BOGOTA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Bogotá en Datos. www.redbogota.com. Página

web visitada el día 22/12/2005. 51

RED BOGOTA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Bogotá en Datos. www.redbogota.com. Página

web visitada el día 22/12/2005. 52

Ley 789 de diciembre de 2002

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el reconocimiento del derecho de la pareja y del individuo a decidir responsablemente el número de hijos-as, y la oportunidad de tenerlos46, así como la planificación familiar gratuita, obligatoria y universal como parte de los servicios básicos de salud , es necesario hacer mención de otros factores que constituyen problemas muy serios para la mujer, tales como el aborto47, se verifican anualmente unos 450.000 abortos inducidos48, la situación de la mujer como víctima de distintos tipos de violencia, la alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, que como en el caso de la sífilis congénita, da cuenta de las difíciles condiciones de las mujeres de escasos recursos sin afiliación al Sistema General de Seguridad Social y las enfermedades mentales que se han presentado en el 40,1% de la población, de acuerdo con el Estudio Nacional de Salud Mental y Estilos de vida del Ministerio de Salud49 .

26 transformaciones del área social, el “viraje en la concepción y el manejo de la política social, hacia brindar una protección social a todos los colombianos a través de diversas estrategias de manejo social del riesgo”53 .

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En cuanto a la existencia de políticas y programas hacia la salud de las mujeres, incluyendo salud mental y tercera edad, la actual Política Nacional “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo” incluye un lineamiento relacionado con la Salud, con el cual se pretende apoyar políticas y programas que contribuyan a eliminar gradualmente las desigualdades que impiden a las mujeres alcanzar una salud integral; promover la incorporación de la perspectiva de género en los programas de atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad y apoyar los de prevención de la violencia intrafamiliar. En esta vía se destaca el desarrollo de distintos programas adelantados por varias instituciones durante el año 2003: - A través del Ministerio de Protección Social se formuló la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. - Implementación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud del modelo de atención integral a víctimas de delitos sexuales. En este mismo sentido, la Defensoría del Pueblo ha promovido la creación de comités interinstitucionales tendientes a brindar una adecuada y efectiva atención a las víctimas y la Procuraduría Delegada para el Menor y la Familia viene ejerciendo vigilancia sobre la institucionalización de modelos de atención integral a víctimas de estos delitos. - Actualmente la Procuraduría ejerce participación y vigilancia al cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Consejo Distrital para la atención integral de los niños y niñas abusados sexualmente54, y efectúa aportes técnicos en el diseño del Plan Distrital de Bogotá para la atención a esta problemática. - De otro lado, cabe resaltar el Programa de Prevención de cáncer de cuello uterino y de mama con el cual se beneficiaron 2.000 mujeres desplazadas. Ahora bien, la Política Distrital para la Sexualidad orienta sus acciones al reconocimiento de las potencialidades de las mujeres que habitan el Distrito capital, a consolidar procesos en curso orientados a la prevención de la violencia sexual e intrafamiliar y a definir nuevas alternativas de acción para avanzar en la erradicación de la violencia de género; y a realizar acciones que permitan eliminar el sexismo aún presente en los campos de la educación – formal y no formal -, la salud – individual, familiar, comunitaria, ambiental y pública –, la interculturalidad, la comunicación y el uso cotidiano de los espacios públicos y privados55. Así mismo, el Plan de Igualdad de Oportunidades establece que en tanto que la Salud y la Educación potencian la identidad y la ciudadanía de las mujeres, se asumen como parte del cuidado del cuerpo y del espíritu, aunque los espacios en los cuáles se naturaliza manejan una concepción androcéntrica 53

Informe del Ministerio de la Protección Social.

El Concejo de Bogotá creó, mediante Acuerdo 12 de 1998, el Consejo Distrital para la Atención Integral a los menores

en Abuso y Explotación Sexual con el fin de ser cuerpo consultor y asesor encargado de formular políticas y programas de las entidades responsables en Bogotá sobre el tema. 55

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. 2005. Op. cit. Pp. 4.

En síntesis, la concepción sobre Igualdad de oportunidades que anima esta propuesta, complementa los enfoques de reconocimiento y redistribución con un posicionamiento del cuerpo como espacio fundamental del proyecto vital y de la territorialidad personal, desde el cual se ejerce la autonomía y la libertad, se vivencia la ciudadanía propia de las mujeres y se restituyen y garantizan derechos. De esta manera, desde el área de salud, educación y cultura no sexista de la oficina responsable de la Política Pública de Mujer y Géneros, se pretende construir un panorama de estas brechas y formular con criterio participativo propuestas para una interacción humana y social que no produzca el sexismo. Una vez establecido este horizonte de sentido, es necesario precisar que algunas poblaciones fueron definidas por el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” como prioritarias. En su orden son las niñas, los niños, las adolescentes y los adolescentes, las jóvenes y los jóvenes y las mujeres, pertenecientes a las localidades de emergencia y con mayor vulnerabilidad. Así mismo, el Plan de Desarrollo y la Política Pública de Mujer y Géneros establecen como prioridad la atención a las mujeres adolescentes, jóvenes, adultas y en la edad mayor, como una acción de protección y garantía de derechos para contribuir a aumentar las oportunidades de vivir una vida digna. En este sentido, el enfoque de equidad de género en salud se centra en la dialéctica de las relaciones entre factores biológicos y del medio social que conducen a situaciones de ventaja o desventaja relativa para uno de los géneros al explicar, significar, mostrar y hacer visible la equidad o inequidad en la distribución de los recursos de atención. Es decir, “hace relación al trato diferencial y en ocasiones preferencial, que requieren las personas o grupos, en razón de su situación especial de diferencia y en ocasiones desventaja, para garantizar la igualdad en el disfrute de sus derechos57. Desde esta perspectiva, la equidad hace referencia entonces a la creación de igualdad de oportunidades para que mujeres y hombres alcancen la salud, es decir, igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos disponibles e igual atención para todos y todas; distribución equitativa de los servicios, según las características territoriales; igual atención para igual necesidad en salud, e igual calidad de atención para todos y todas. El enfoque de equidad de género en el ámbito de la salud tiene como propósito, en primer lugar, disminuir las brechas, desventajas y discriminaciones que comportan un gran peso sobre mujeres y hombres para gozar de buena salud y acceder a los recursos y beneficios existentes para su protección y cuidado. En segundo lugar, se propone encontrar una mejor forma de construir y aplicar un enfoque integral de la salud que implique considerar al ser humano y a la 56

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Op. cit. Pp. 65 57

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Op. cit. Pp. 72

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de sí mismas, en sus relaciones con los otros y otras, de su subjetividad-identidad y ciudadanía. En esta perspectiva, el propósito que anima los esfuerzos del Plan en esta área se orientan hacia lograr la realización de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, considerando las múltiples diferencias que los y las constituyen y las exclusiones diversas que sobre ellas y ellos recaen y por ende, las infinitas posibilidades de realizaciones que se derivarían de una adecuada, oportuna y equitativa atención a sus demandas56.

28 salud como realidades complejas que hacen parte de un entorno que no puede fragmentarse, pues todos los factores: biológicos, ambientales, sociales, psicológicos y culturales están interrelacionados. Por tanto, se requiere de abordajes que den cuenta, tanto de la comprensión del proceso, como de las ofertas de servicios y de la multiplicidad de factores que condicionan la salud58.

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Respecto a la existencia de programas de capacitación para el personal de salud sobre salud y género, la Política Distrital para la Sexualidad contempla como una de sus líneas de acción, la capacitación permanente de funcionarios y funcionarias, así como del personal voluntario que apoya sus acciones59. En cuanto a la existencia de protocolos que garanticen autonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa, mediante la Resolución 412 del 25 de Febrero del 2000 se establecieron las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptaron las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y atención de enfermedades de interés en salud pública. Esta resolución establece procedimientos para los prestadores de salud dentro de los cuales deben garantizar los elementos mencionados anteriormente. En relación con el presupuesto destinado a la atención de la salud de las mujeres, vale la pena precisar que la asignación presupuestal del Distrito Capital a las Políticas Públicas de las mujeres están compuestas por los recursos del plan de desarrollo distrital y de los planes de desarrollo locales los cuales se invertirán entre otros proyectos, en la Institucionalización de Plan de Igualdad de Oportunidades, el establecimiento de la casa Matriz Laboratorio de igualdad de oportunidades y la creación de la red de apoyo educativo60. 5. Sexualidad y reproducción Durante la última década, en Bogotá se ha presentado una tendencia constante en el descenso en la fecundidad, pasando de 2,4 hijos por mujer en el año 2000 a 2.2 en el 2005, siendo una de las ciudades con la menor tasa de fecundidad del país. No obstante, esta tasa es preocupante y refleja la baja capacidad de decisión de las mujeres bogotanas en relación con su salud reproductiva, aspecto que también puede estar evidenciando fallas en el acceso a métodos de regulación de la fecundidad, pues no se logra satisfacer la fecundidad deseada que, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud – 2000 y 2005, fue de 1,9 61 y 1,6 62, respectivamente. Este fenómeno se corrobora en la investigación de Mosquera, en la que se encontró que existe una relación entre embarazo no planeado y aborto, indicándose que buena parte de los abortos inducidos 58

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Op. cit. Pp. 72. 59

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. 2005. Op. cit. Pp.7.

60 Respuesta de la Dra. Juanita Barreto G, Asesora Política Pública de Mujer y Géneros, al derecho de petición realizado por la Dra. Myriam Stella Pérez integrante del equipo de trabajo de la Corporación Casa de la Mujer, Bogotá. Noviembre de 2005. 61

ENDS – 2000. Pp. 93

ENDS – 2005. Pp. 174

Aunque en el conocimiento de MPF sobresale el condón, 94.61%, la prevalencia de su uso es baja entre aquellas mujeres que han iniciado vida sexual 9.46%, lo cual corresponde con lo encontrado en el componente cualitativo del estudio, en donde el condón no fue señalado como un método de uso frecuente o sistemático. Este hallazgo es preocupante dado el doble beneficio que este método tiene cuando es usado en forma correcta y sistemática: evitar ETS/VIH-SIDA y embarazos64. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de 1990 a 2005 el uso de métodos de planificación aumentó en las mujeres de Bogotá de 74.8% a 82.5%; sin embargo, 17.5% no utiliza ningún método actualmente. En este sentido, Bogotá presenta por regiones, el porcentaje más alto en el país, con un incremento para los años 2000 a 2005 de 80,7% a 83%, siendo el uso de métodos modernos el que más se ha incrementado de 69% a 74,2%. En orden de importancia, los métodos más usados continúan siendo: esterilización femenina 27%, dispositivo intrauterino (DIU) 21% y condón 10,1%. Por su parte, el uso de métodos tradicionales es de 8,3%, presentando una clara reducción con respecto al año 2000, en el que el uso de estos métodos representaba 11,5%65. Cabe resaltar que, dentro de los métodos modernos más usados, aquellos que se han incrementado de forma significativa han sido la esterilización femenina y masculina (de 22,9% a 27% y de 1,2% a 3% respectivamente) con un muy reducido incremento en el uso del condón y el DIU. Tabla No 6 Uso de anticonceptivos Método 2005 2000 1995 Métodos Modernos 74,2 69 64,6 Píldora 5,6 7,3 8,7 DIU 21 22 20,1 Inyección 5,1 3,7 2,2 Vaginales 1,6 1,2 2,5 Condón 10,1 10 7,5 Esterilización Femenina 27 22,9 21,5 Esterilización Masculina 3 1,2 1 Norplant 0,4 1,3 Métodos Tradicionales 8,3 11,2 12,7 Ritmo 6,8 6,6 Retiro 4,9 4,4 6,1 Folclóricos 0,1 0,5 0,5 Uso Total 82,5 80,7 77,9 Fuente:Encuestas de Profamilia 1990,1995,2000 y 2005

1990 61,8 8,7 25,7 2,3 3,8 5,3 15,5 0,7 13 8,1 4,4 0,5 74,8

MOSQUERA Becerra, Janeth et al. “Aborto inducido y embarazo no planeado en las localidades de Santa Fe, Usme y

Ciudad Bolívar de Bogotá”. Secretaría Distrital de Salud – Fundación FES social. Bogotá. D.C. 2003. Pp. 15 y 16. 64

MOSQUERA Becerra, Janeth et al. Ibid. Pp. 27.

ENDS – 2005. Pp. 116.

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son resultado de embarazos no planeados, aunque cabe reconocer que no todos los embarazos no planeados terminan en aborto inducido. En este sentido, esta investigación realizada en tres localidades de la ciudad, analizó el acceso y uso de los servicios de salud, encontrando que sólo 20.99% (420) de las mujeres encuestadas había utilizado los servicios de planificación familiar, en donde un poco más de 70% (1470) de las mujeres buscaron información sobre métodos de planificación familiar (MPF) o querían uno. En este grupo se indagaron variables de satisfacción encontrándose que 69.61% se sintió satisfecha con el servicio recibido; 94.33% considera que recibió información clara; 97.04% estima que los horarios de atención son adecuados y 95.12% que los costos son accesibles63.

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Ahora bien, de acuerdo con la investigación de Prada y colaboradores, se halló que en 1990 en Bogotá ocurrieron aproximadamente 44.286 abortos inducidos y 36.723 en 1995, lo cual quiere decir que en 1990 la razón de abortos inducidos fue de cuatro por cada diez nacidos vivos, mientras que en 1995 fue de tres por cada diez nacidos vivos, con una tasa anual de abortos por cada cien mujeres entre 15 y 49 años de 3,29 para 1990 y de 2,31 para 199566. Según esta misma investigación, en 1990 de 200.545 embarazos, 50% de los nacidos vivos fueron nacimientos deseados, 25% no deseados y 255 terminó en aborto inducido. En 1995 hubo 215.239 embarazos, de los cuales 49% de los nacidos vivos fueron nacimientos deseados, 32% no deseados y 19% terminó en aborto inducido. Un aspecto a resaltar respecto al aborto es que se presenta una situación de inequidad y discriminación, ya que son las mujeres pobres quienes concentran la morbimortalidad más alta al acceder a servicios clandestinos de baja calidad y a técnicas de alto riesgo67. Respecto a la mediana del intervalo entre nacimientos, en meses, es de 48 para la ciudad capital, uno de los intervalos más altos del país con una tendencia creciente respecto al 2000 cuando este indicador se ubicada en 41.2 meses68. 5.1. Fecundidad en adolescentes En Bogotá, la edad mediana de la primera relación sexual en mujeres de 20 a 49 años es de 18,5 años69, inferior a la edad registrada para el 2000 que fue de 19.1 años70 y por encima de la edad promedio para el país de 18.3 años. El 17,1% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están gestando su primer hijo (superior al promedio nacional de 16.2%), cifra que representa un incremento con respecto al año 2000, en el que esta cifra ascendió a 16,7%. Este incremento es preocupante, dado que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005, los embarazos a muy temprana edad, no son generalmente deseados y se presentan en parejas que no han iniciado una vida en común, configurando así el problema social de la “madre soltera”. Así mismo, muchos de estos embarazos terminan en abortos riesgosos que ponen en peligro la vida de la mujer71. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la edad de las madres ha disminuido muy poco entre los años 2001 y 2003. En este sentido, el siguiente cuadro muestra, de un lado, que en las ciudades como Bogotá aparecen las edades más tardías al nacimiento de los hijos y, de otro lado, podría estar mostrando que la fecundidad adolescente disminuyó durante los años 2001 a 2003, aspecto que va en contravía de los datos suministrados por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2005.

PRADA, Elena et al. “Factores condicionantes y estrategias para la prevención del embarazo no deseado y el aborto

inducido en Santa Fe de Bogotá, D.C.”. Secretaría Distrital de Salud, Bogotá. D.C. 1998, citado en: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Boletín Epidemiológico Distrital. Volumen 5, Números 4, 5 y 6, Marzo – Junio de 2000. Pp. 4 67

GARCÍA, Carlos Iván. Estado del arte sobre la situación de las mujeres entre 1990 y 2002. Departamento Administrati-

vo de Bienestar Social – Universidad Central. Bogotá. D.C. 2003. Pp. 48. 68

ENDS – 2005. Pp. 102

ENDS – 2005. Pp. 148

ENDS – 2000. Pp. 75

ENDS – 2005. Pp. 108.

Respecto al nivel educativo, si bien se confirma la tendencia en cuanto a la reducción de la fecundidad a mayor educación, llama la atención el leve descenso de los nacimientos en madres con bajo nivel educativo y el incremento en las madres con niveles educativos superiores, aspecto que en alguna medida, para el caso específico de Bogotá, no es consistente con los hallazgos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud en términos de ser la ciudad que presentó un incremento en el porcentaje de adolescentes que ya son madres o que están embarazadas por primera vez. Tabla No. 7 Nacimientos en madres residentes en Bogotá, según nivel educativo, 2001 - 2003 Nivel Educativo de la Madre Sin Nacimientos Primaria Primaria Secundaria Secundaria Universitaria Universitaria Preescolar Ninguno Información completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta Total 2001 232 13556 6477 34018 36634 14482 8954 464 4535 Porcentaje 0,19 11,36 5,43 28,50 30,69 12,13 7,50 0,39 3,80 Total 2002 275 12676 5944 34840 34888 14680 8810 475 2687 Porcentaje 0,2 11,0 5,2 30,2 30,3 12,7 7,6 0,4 2,3 Total 2003 229 12017 5666 35809 33177 15306 9066 493 1816 Porcentaje 0,2 10,6 5,0 31,5 29,2 13,5 8,0 0,4 1,6 Fuente: Dane. Certificado de nacido vivo. Sistema de estadísticas vitales

Total General 119352 100,00 115275 100 113579 100,0

De acuerdo con el estado civil, se presentó un incremento en el porcentaje de nacimientos en madres solteras y en unión libre, con una reducción en aquellas que están casadas y tienen una pareja estable. Tabla No. 8 Nacimientos en madres residentes en Bogotá, según estado civil, 2001 - 2003 Estado Civil de la Madre Nacimientos Unión Separada o Sin Total Soltera Casada Viuda Libre divorciada Información General Total 2001 20848 32706 265 61525 892 3116 119352 Porcentaje 17,5 27,4 0,2 51,5 0,7 2,6 100 Total 2002 20819 30776 282 60000 774 2624 115275 Porcentaje 18,1 26,7 0,2 52,0 0,7 2,3 100 Total 2003 20557 29690 207 60318 723 2024 113519 Porcentaje 18,1 26,2 0,2 53,1 0,6 1,8 100 Fuente: Dane. Certificado de nacido vivo. Sistema de estadísticas vitales. Datos preliminares

Lo anterior se confirma al observar el conocimiento que las mujeres tienen de los métodos de planificación. De acuerdo con investigaciones sobre el tema, se encontró que 78.14% (1641) de las mujeres entrevistadas desconocían la fecha de menor probabilidad de embarazo en una mujer

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Tabla No. 6 Nacimientos en madres residentes en Bogotá, según grupos de edad de la madre, 2001 - 2003 Edad de la Madre (en años) Nacimientos Sin dato Total General 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 Total 2001 510 21347 33144 27747 21358 11673 2875 158 5 535 119352 Porcentaje 0,4 17,9 27,8 23,2 17,9 9,8 2,4 0,1 0,0 0,4 100 Total 2002 445 20165 32520 26478 20430 11639 2915 161 5 463 115221 Porcentaje 0,4 16,9 27,2 22,2 17,1 9,8 2,4 0,1 0,0 0,4 100 Total 2003 480 19555 32313 26500 20037 11289 2855 161 12 317 113519 Porcentaje 0,4 16,4 27,1 22,2 16,8 9,5 2,4 0,1 0,0 0,3 100 Fuente: Dane. Certificado de nacido vivo. Sistema de estadísticas vitales

32 con ciclo menstrual regular y 84.26% (1770) no conocían el día adecuado para iniciar la píldora. Adicionalmente, respecto al momento adecuado en el que se debe hacer uso del condón, se encontró que 77.15% de las mujeres participantes en el estudio, indicaron incorrectamente cuál es el momento en el que el hombre debe hacer uso del condón en una relación sexual72. 6. Trabajo y empleo de las mujeres en Bogotá

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En cuanto a la situación laboral de la mujer en la capital de la república, el panorama nos muestra un bajo porcentaje de presencia femenina en espacios de importancia para el desarrollo de la vida capitalina; ocupación de cargos “menores” en algunas de esas instancias y bajo ejercicio de la representación de sus intereses o de otros, y del posicionamiento de demandas específicas de las mujeres73. La división del trabajo en función del sexo se traduce en la mayor parte de las sociedades en una jerarquización en cuanto a la valoración social y económica otorgada a las funciones que unas y otros desempeñan, valoración que se realiza, casi siempre, en perjuicio de las mujeres, y que se traduce en una manifiesta desigualdad entre ambos sexos. Para el caso de Bogotá según el estudio, realizado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, sobre los indicadores y tendencias del mercado de trabajo en Bogotá, los sectores de actividad en los cuales población femenina registra una participación importante con relación al total de ocupados desde el año 2002 fueron: servicios comunales y personales (60%), comercio, restaurantes y hotelería (48%), sector financiero y seguros (47%)74. A partir de los datos presentados, se puede observar que las mujeres continúan vinculadas a profesiones “feminizadas” como enfermería y educación. Cuando optan por carreras como derecho o ingeniería, tienen menos posibilidades de ascenso o de ocupar un cargo importante que sus pares masculinos. No obstante estos indicadores, se destaca en Bogotá la apreciable proporción de mujeres realizando actividades técnicas y profesionales. En esta perspectiva, la Encuesta de Calidad de Vida del año 2003 señala que del total de la población ocupada de Bogotá, el 19,5% correspondió a mujeres con educación superior frente al 20,12% que correspondió al total de hombres con el mismo nivel educativo75. En términos de ingresos es importante resaltar que, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 72

MOSQUERA Becerra, Janeth et al. Op. cit. Pp. 14

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Op. cit. Pp.56. 74

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Op. cit. Pp.56. 75

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Op. cit. Pp.56.

33 Respecto al trabajo informal, de acuerdo con la Encuesta continua de Hogares, el 22% de la población bogotana (cerca de 1.5 millones de habitantes) derivan su sustento de actividades económicas informales. Durante el año 2004, el total de trabajadores en esta categoría fue de 1’516.104, un 5% menos que los registrados durante el año 2003 (Gráfica No.1). Gráfica No. 1

Total trabajadores Año 2004

Familiar sin remuneración

Patrón

Cuenta propia

Total trabajadores Año 2003

Doméstico

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

Particular

Total Trabajadores

OCUPACIÓN INFORMAL EN BOGOTÁ (2003 - 2004)

Tipo de Ocupación

Fuente: DANE. Encuesta continua de Hogares (ECH)

De acuerdo con la Oficina de Mujer y Géneros del Distrito, más del 60% de las mujeres trabaja en el sector informal de la economía, en subcontratos, en subempleo y en trabajos por pago de obra. Lo anterior significa que las mujeres no tienen las garantías que ofrecen los contratos laborales, y con la posibilidad de obtener una pensión. Sólo el 35% de las mujeres que trabajan están afiliadas al sistema de seguridad social77. En el caso del servicio doméstico, este se caracteriza por ser un empleo informal, cuyas condiciones laborales y salariales en la mayoría de los casos, tiende a estar por fuera de la normatividad. Esta actividad, frecuentemente desarrollada por mujeres, constituye otro factor que hace a las mujeres más vulnerables a caer en la pobreza78. En cuanto a las asignaciones presupuestales del Estado para favorecer a mujeres del sector no estructurado, de acuerdo con la información suministrada por el Departamento Nacional de 76

COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. “El Deber de la Memoria: imprescindible para superar la crisis de dere-

chos humanos y derecho humanitario en Colombia”. Bogotá. 2005. Pp. 67. 77

BURITICÁ, Patricia. Ponencia elaborada para la I Cumbre Internacional de Liderazgo Femenino. “Mujeres, Liderazgo

y Nuevas Propuestas de Integración”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. Marzo de 2005. 78

DANE, Citado en el Tiempo, 2 de Septiembre de 2005. Pp. 1-8.

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2003, las mujeres colombianas empezaron el nuevo siglo con unos ingresos 20% inferiores a los de los hombres, porcentaje igual al de 1995. En este sentido, resulta pertinente señalar que los salarios reales de las mujeres y los hombres se han deteriorado entre el año 2000 y 2003, presentándose en el 2003 una caída más acusada en el salario femenino que en el masculino76.

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Planeación, las políticas del Gobierno Nacional se dirigen a todo el mercado laboral, sin discriminar entre mujeres y hombres. En este sentido, dichas políticas se han encaminado a buscar mecanismos para facilitar el crecimiento económico mediante la generalización de un adecuado ambiente de seguridad donde las empresas puedan invertir, la flexibilización del mercado laboral para que el proceso de creación de empleo productivo sea incentivado, la racionalización del tamaño del Estado y del Gasto Público para que los recursos escasos con que se cuentan se aprovechen de la mejor manera posible, buscando el beneficio de todos los colombianos, especialmente de aquellos en los deciles de ingreso más bajos79. No obstante, la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá sin Indiferencia, un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión» le apuesta a crear una institucionalidad para agenciar una Política Pública de Mujer y Géneros y dentro de ella a construir participativamente un Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. El área encargada de las propuestas en temas de trabajo, productividad y generación de ingresos define líneas de intervención que reconocen la complejidad de la situación de las mujeres, además, tiene en cuenta el valor del trabajo y la productividad de las mujeres y reconoce las variadas demandas de las mujeres del Distrito Capital en materia de trabajo y generación de ingresos. En este sentido, el área retoma del Plan de Desarrollo, el programa Bogotá Productiva» para construir desde allí e interactuando con entidades distritales y organizaciones de mujeres. Redes de Mujeres Productoras y Productivas, a través de las cuales se visibilice la producción de las mujeres, se conecten grupos que puedan complementarse en sus actividades y se den procesos de formación que permitan reconocer y fortalecer saber y promover el desarrollo personal y empoderamiento de las mujeres. De igual manera se busca avanzar en el reconocimiento del valor de la economía del cuidado y hacer visible su significado en la producción de riqueza social, difundir los derechos económicos y laborales de las mujeres, identificar y gestionar proyectos con participación significativa de mujeres, ligados al mejoramiento del hábitat, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria en la ciudad80. De otra parte, en cuanto al acceso de las mujeres al crédito productivo, de acuerdo con Planeación Nacional, el micro-crédito presenta un comportamiento creciente desde enero de 2002 a octubre del presente año, cuando se registraron colocaciones del orden de los 734 millones de pesos. Sin embargo, en la actualidad la información de la asignación de los recursos no está desagregada por sexo. A pesar de esto, es importante resaltar que el comportamiento histórico de los programas de micro crédito, dan cuenta del acceso de las mujeres a un 50% a los montos totales del mismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de Desarrollo empresarial)81. 79

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Respuesta al derecho de Petición realizado por la Corporación

Casa de la Mujer. Bogotá. 2004. 80

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Op. cit. Pp. 61 – 62. 81

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 2004. Op. cit. Pp. 23

35 En relación con la participación de la mujer en trabajos especializados y puestos de dirección de empresas es necesario mencionar la inexistencia a nivel de datos oficiales de este tipo de información. Pese a esto y como ya se mencionó se continua evidenciando la baja participación de la mujer en este tipo de cargos, dado que en muchos espacios, las mujeres siguen siendo consideradas únicamente como las responsables de la crianza de los hijos y por esta razón se las ve inscritas “naturalmente” al ámbito de los doméstico - privado e incapaces por su falta de experiencia o formación de enfrentar los retos que implica la participación en los espacios públicos. Esto último ya ha sido cuestionado, pues se ha confirmado que las mujeres tienen iguales o incluso en algunos sectores mayores niveles de educación y experiencia para manejar cargos de liderazgo y responsabilidad. La flexibilización e informalidad del trabajo femenino potenciados con la reforma laboral ha conllevado transformaciones en los lugares donde se desarrollaban las actividades laborales. En la década de los 90 las mujeres dejaron de trabajar en locales fijos y en sus propias viviendas para realizar sus actividades de trabajo en otras viviendas (cuenta propia de servicio doméstico, subcontratación y actividades de maquila), laborales puerta a puerta y en la calle83. Pese a que no existe un registro específico para el caso de Bogotá, las estadísticas desagregadas por sexo sobre el tiempo empleado en actividades del hogar y en el mercado de trabajo a nivel nacional muestra como la participación de las mujeres en el trabajo doméstico y en los oficios del hogar se ha venido incrementando significativamente, recibiendo un ingreso inferior al mínimo establecido legalmente. Esto refuerza la ocupación de la mujeres en roles tradicionales donde no se reconoce el ingreso que la misma ley establece para este tipo de actividades. Respecto a los indicadores de trabajadores asegurados según sexo las instituciones encargadas no suministraron esta información. No obstante, en términos generales, durante el año 2003 se registró un total de 5.323.486 personas afiliadas al sistema general de salud, cifra que corresponde al 77.6% de la población total de Bogotá estimada en 6.861.499 habitantes para el mismo año. Del total de afiliados, el 81.3% equivalente a 4.325.662 personas, se encuentran incorporadas al régimen contributivo, el 13.7% restante (997.825 personas) pertenecen al régimen subsidiado. 7. Educación de las mujeres en Bogotá Teniendo en cuenta “El análisis de las Condiciones de Equidad de Géneros en Bogotá 1993-2003 (DAPD, 2004) muestra los siguientes resultados: De 1.600.000 jóvenes entre los 14 y 26 años habitantes en la ciudad (23.6% de la población total), aproximadamente el 53% son mujeres y el 47% son hombres; el 16.3% pertenece a hogares en condición de miseria y el 26% a hogares en situación de pobreza; sólo el 44% asiste al sistema educativo y cerca de la mitad de las jóvenes y los 82

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Respuesta al derecho de petición realizado por la Corporación Casa

de la Mujer. Bogotá. 2004. Pp. 6. 83 16.

MUÑOZ Losada María Teresa. “¿Qué trabajo el de las mujeres?”. Corporación Viva la Ciudadanía. Bogotá. 2005. Pp.

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Respecto al acceso diferencial a los programas de capacitación laboral, el Ministerio de la Protección Social reporta la realización de 6.371 cursos de capacitación dirigidos a la cualificación de las personas desempleadas, pero no se desagrega la participación por sexo, ni edad82.

36 jóvenes abandonan la escuela luego de estudiar algún grado de educación media, a lo que se agrega que entre mayor pobreza menos acceso al sistema educativo; el desempleo alcanza en ellos y ellas el 30%, además el 8% son jefes de hogar, y en general no disponen de escenarios para la participación y decisión84.

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De otro lado, un factor incidente en las condiciones de acceso y permanencia en la educación ha sido el conflicto armado, que de acuerdo con una investigación realizada por ACNUR, en Agosto de 2002, al Distrito Capital han llegado 480.000 personas en situación de desplazamiento de las cuales el 44% solo ha accedido a educación primaria, el 24% a secundaria, el 18% a algún tipo de conocimientos técnicos y el 7% a ninguna formación. Del total de población en situación de desplazamiento en el distrito, el estudio afirma que “el 55% son mujeres”, la mayoría de ellas sin educación formal ni profesional e incluso con altos niveles de analfabetismo absoluto, cultural o funcional85 De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación, la proporción de personas analfabetas en el Distrito es baja (2,2%), aunque en localidades como San Cristóbal y Ciudad Bolívar esta proporción se acerca al 5%. Por el contrario, en localidades como Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires y Antonio Nariño este porcentaje se encuentra cerca de 1%. En lo que se refiere a los años promedio de educación, en Bogotá, la población mayor de 5 años tenía 8,7 años promedio de educación en 2003, con un promedio más alto para el grupo de edad de 20 a 34 años (11,4), 2 años menos para las personas de 35 y más años, y 6 años menos para las personas entre 5 y 19 años. Por localidad, Usme (6,4), San Cristóbal (6,6) y Ciudad Bolívar (6,7) tienen dos años de retraso frente al promedio distrital, mientras que localidades como Chapinero (12,9) y Teusaquillo (12,5) presentan 4 años más de educación que el promedio Distrital86. No obstante estos indicadores, se destaca el mayor índice de analfabetismo de las mujeres frente a los hombres. En este sentido, las tasas de analfabetismo de las personas mayores de 15 años para los hombres pasaron en 1997 de 1.06% a 1.71% en el 2000, mientras que las mujeres pasaron de 2.61% a 2.93%, en los mismos años87. Un elemento adicional que es pertinente señalar son los desfases entre la localización geográfica de los centros educativos y el lugar de residencia de la Población en Edad de Estudiar, aspecto que conduce a que en algunas localidades existan altos déficit de atención, como Ciudad Bolívar, Bosa y San Cristóbal, y, en otras, excesos de oferta como en Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón y Engativá. 84

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Op. cit. Pp. 67 – 68. 85

ACNUR-. Oficina Del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados La población desplazada en

Bogotá, una responsabilidad de todos”. Proyecto Bogotá Cómo Vamos, Foro sobre la población desplazada en Bogotá (2003), citado en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Documentos de Trabajo. Op. cit. Pp. 52. 86

SECRETARÌA DE HACIENDA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL.

Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las localidades. Bogotá. 2004. Pp. 13. 87

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – ES-

CUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Documentos de Trabajo. Op. cit. Pp. 52.

i) Subsidios a la demanda en instituciones privadas. ii) Centros educativos públicos administrados en concesión por privados. iii) Mejor utilización de la capacidad instalada de colegios públicos, mediante adecuación y ampliación de la infraestructura existente88. En los últimos años se han alcanzado logros muy importantes en cobertura y calidad de la educación en el Distrito. Sin embargo, a raíz de la crisis económica de finales de los años 90, por la cual muchos niños salieron a buscar trabajo y más ingresos para su familia, y debido a la rigidez del sistema, la eficiencia de la educación oficial se ha deteriorado en el Distrito. Hoy en día, más niños repiten y desertan del colegio89. Respecto al porcentaje de mujeres que acceden a becas para educación superior no existe información estadística actualizada. De otro lado, más allá del acceso y la permanencia en el subsistema de educación superior, el análisis de la participación de las mujeres por áreas de conocimiento registra una permanencia de ellas en carreras tradicionalmente femeninas. De acuerdo con el informe de la década de los noventa90, en Colombia se puede observar un número mayor de solicitudes de mujeres en las áreas de Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación, mientras que los hombres aspiran en mayor proporción a las ciencias de la naturaleza, agronomía, ingeniería y afines. En cuanto a los sectores de formación, se halló que en el sector comercio el porcentaje de mujeres es de 57% frente a 43% de hombres; en la industria es de 37% mujeres y de 63% hombres, mientras que en el sector agropecuario las mujeres ocupan el 26% mientras que los hombres el 74%. El SENA ofrece también la modalidad de cursos cortos en los que la participación por sexos se distribuye de la siguiente manera: los hombres ocupan el 97% en tractorismo, 94,3% en ganadería, 92% en cultivos básicos, 91,7% en cultivos frutales y 100% en cultivos de hortalizas. Las mujeres, por su parte, predominan en los cursos de cooperativismo agropecuario (93%) y vacunador (100%), procesamiento de productos lácteos (79%) y cultivo de huerta casera (70%); es decir, se mantiene una separación de labores a realizar según sexo, semejante a la ya mencionada sobre la elección de carreras universitarias. En promedio la edad de los-as 88

SECRETARÌA DE HACIENDA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Op.

cit. Pp. 14. 89

SECRETARÌA DE HACIENDA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Op.

cit. Pp. 18 90

ICFES: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (s.f.) La educa-

ción superior en cifras, resumen estadístico década 1990- 1999. Disponible en: sitio web Icfes.

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El avance del Distrito en cobertura se ha logrado especialmente por la creación de cupos en el sector oficial, frente a un comportamiento decreciente del sector privado. Entre 2000 y 2003, la matrícula oficial en Bogotá presentó un crecimiento de 19,7%, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 6,2%. Por el contrario, la matrícula en el sector no oficial se redujo a una tasa promedio anual de 1,7%, una caída acumulada de 5,7% en el período y una pérdida de 36.703 cupos en este sector. El crecimiento de la oferta financiada por el Estado se ha desarrollado mediante las siguientes estrategias:

38 alumnos-as que toman estos cursos es de 22,1 años con diferencias a nivel de promedio para mujeres con 23,3 años e inferior en los hombres con 21,1 años.

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Respecto al porcentaje de mujeres docentes en los distintos niveles de educación, pese a que no existe información desagregada por ciudades y municipios, a nivel nacional existe una alta concentración de la participación de las mujeres en educación básica primaria, mientras que en los niveles de secundaria y superior se reduce significativamente su participación. En el ámbito distrital es importante mencionar los esfuerzos que desde el Plan de Igualdad de Oportunidades se vienen realizando. En este sentido, desde el área de Salud, Educación y Cultura no sexista se pretende lograr la realización de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, considerando las múltiples diferencias que los y las constituyen y las exclusiones diversas que sobre ellas y ellos recaen y por ende, las infinitas posibilidades de realizaciones que se derivarían de una adecuada, oportuna y equitativa atención a sus demandas. En términos específicos, se propone que las Secretarías de Salud, de Educación, el Instituto de Cultura y Turismo, el Instituto de Recreación y Deporte, el Departamento Administrativo de Bienestar Social y el Departamento Administrativo de Acción Comunal incorporen en sus lineamientos de políticas, programas y proyectos y en sus presupuestos, las acciones mediante las cuales las mujeres en su diversidad étnica, generacional, de capacidad y discapacidad corporal, tengan igualdad de oportunidades para instituirse como sujetos fundantes del sentido de la vida colectiva. Esto quiere decir, que la oferta institucional debe disminuir las brechas en cuanto a accesibilidad, oportunidad, calidad y adecuación entre el servicio u oferta y los requerimientos de las mujeres91. 91

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

– ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Op. cit. Pp. 66.

39 ACNUR-. Oficina Del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2003). La población desplazada en Bogotá, una responsabilidad de todos”. Proyecto Bogotá Cómo Vamos, Foro sobre la población desplazada en Bogotá . ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DABS – OFICINA ASESORA DE POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNEROS.(2004). La Política Pública de Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. 2004 – 2008. Bogotá. D.C. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. (2003). Acuerdo No. 91 de 2003, “por el cual se establece el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital”. Bogotá. BURITICÁ, Martha. Mujeres en la Participación: avances y retos para el distrito en el proceso de elección de alcaldesa. Oficina de Mujer y Géneros – Alcaldía Mayor de Bogotá. Boletín electrónico de los Consejos Locales de Política Social. Boletín No. 26. Bogotá. 2005. Disponible en la página web: www.bienestarbogota.gov.co/unicef/visaje/default.asp?idboletin=26. BURITICÁ, Patricia. (2005). Ponencia elaborada para la I Cumbre Internacional de Liderazgo Femenino. “Mujeres, Liderazgo y Nuevas Propuestas de Integración”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. (2005). “El Deber de la Memoria: imprescindible para superar la crisis de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia”. Bogotá. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. (2004). Boletín Violencia Intrafamiliar Comisarías de Familia 2003. Bogotá. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Hacia el Plan de Igualdad de Oportunidades. Elementos Conceptuales. Construcción colectiva de la Política Pública de Mujer y Géneros en Bogotá Distrito Capital. Bogotá. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL. DABS. (2001) Camino a la inclusión social. Proyectos 2001-2004, Serie Proyectos. Bogotá. FESCOL. (2004). Conflicto y Seguridad Democrática en Colombia. Seguridad y Derechos Humanos en el conflicto armado. Policy Paper N0. 4. Bogotá. . GARCÍA, Carlos Iván. (2003). Estado del arte sobre la situación de las mujeres entre 1990 y 2002. Departamento Administrativo de Bienestar Social – Universidad Central. Bogotá. D.C.

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