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“El cuerpo es el espejo en que cada sociedad se mira” (Fontecha, 2009)
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I. Agradecimientos Este estudio no habría sido posible sin el apoyo y acompañamiento de algunas de las personas que cito a continuación. Mi agradecimiento también a aquellas que quedando fuera de este listado, que no pretende ser exhaustivo, contribuyeron a que esta investigación cobrase forma. Mi más sincero reconocimiento al equipo del “Máster Interuniversitario Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina” de la Universidad Complutense de Madrid [UCM], por ser el marco en el que se sitúa este estudio. En especial a la Coordinación del programa y a Rosa de la Fuente por su asesoría permanente; a Almudena Cabezas, maestra generosa, comprometida con la causa feminista; y a Almudena Cortés por tutorizarme y confiar en mi capacidad y criterio. Mi gratitud por supuesto a las personas entrevistadas que constituyeron la muestra del estudio por prestar su apoyo a la investigación y facilitarme tanta y tan valiosa información, a pesar de lo ajustado de sus tiempos; de entre ellas, sin duda, las mujeres sobrevivientes merecen una mención especial por su inestimable contribución, fuerza y valentía. A Movimiento por la Paz [MPDL], la organización en la que trabajo, por darme la oportunidad de acercarme a la realidad colombiana, al equipo de esta ONG por escucharme, darme ideas y respaldarme cuando lo he necesitado en esta apuesta y, en especial, a Iria Folgueira, por recordarme en una conversación casual la relevancia de estas agresiones. Gracias también a Esther Carrasco y Empar Peris, por su amistad, aportes críticos y lectura comprometida. También a mi ayudante en el estudio, Juan Rojas, quien me apoyó con las entrevistas en Bogotá, cuya profesionalidad y aportes fueron más allá del acuerdo inicial por el propio compromiso personal de este investigador con la generación de conocimiento. A mi familia y amistades por escuchar mis quejas y soportar mis ausencias motivadas por la realización de este estudio. A mi compañero, Javier Espejo, ante todo, sobre todo y por todo, ya que me ha apoyado, leído, cuidado, cocinado y sostenido, en esta aventura sacrificada que III
supone compaginar la investigación con la vida cotidiana, y en la que en tantos momentos estuve a punto de tirar la toalla, si no fuera porque el incremento de tasas en la Universidad Pública española, fruto de la Política Educativa actual, ha convertido la segunda matrícula en estos espacios en un privilegio digno de élites. A Ariadna porque con su partida antes de tiempo contribuyó sin saberlo a que retomara este máster, y a la personita que viene por recordarme que la vida está por encima de todo esto. A todas y cada una de estas personas: gracias.
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II. Resumen Este TFM explora el problema de las agresiones con ácido contra las mujeres en Colombia dentro de la perspectiva feminista interpretándolos como una práctica de violencia de género. Tras un análisis en profundidad del contexto, el estudio hace una caracterización de las agresiones y sus implicaciones para las sobrevivientes, para pasar a estudiar los procesos de construcción de los discursos y demandas de la sociedad civil Bogotana y cuál ha sido la reacción del Estado en torno a estos ataques. Así, esta investigación pretende arrojar luz sobre cuestiones como: ¿Qué caracteriza a las víctimas? ¿Qué relación tenían con los agresores y cómo los definen? ¿Qué implicaciones tiene que sea el rostro la principal parte del cuerpo atacada? ¿Qué discurso y reacción ha tenido la sociedad civil frente a los ataques? ¿Qué papel han tenido los actores trasnacionales en la construcción de la agenda de la sociedad civil? ¿Cómo ha sido la interpretación y propuesta del Estado frente al problema? ¿Cuáles han sido los desplazamientos, alineamientos y cruces de estos marcos discursivos (sociedad civil y Estado)? ¿Qué parte de las demandas de la sociedad civil ha sido recogida por la regulación estatal?
III. Palabras clave Agresiones con ácido, violencia de género, construcción de agenda, corporalidades, Colombia.
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IV. Índice I. AGRADECIMIENTOS ...........................................................................................................................III II. RESUMEN.......................................................................................................................................... V III. PALABRAS CLAVE ............................................................................................................................. V IV. ÍNDICE ............................................................................................................................................ VI V. LISTADO DE GRÁFICOS Y TABLAS .................................................................................................... VII VI. LISTADO DE ACRÓNIMOS.............................................................................................................. VIII 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1 1.1 PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.......................................................................................................... 1 1.2 PRESENTACIÓN DEL TEMA Y LA PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO ............................................................................. 2 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................................... 4 1.4 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................................ 5 2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA ............................................................................................................ 8 2.1 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................. 8 2.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DATOS ................................................................................................ 10 2.3 HIPÓTESIS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL ESTUDIO: .................................................................................. 14 2.4 NOTA SOBRE EL SISTEMA DE CITAS UTILIZADO ............................................................................................. 14 3. PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN: ....................................................... 15 4. ESTADO DE LA CUESTIÓN ................................................................................................................. 16 4.1 ESTUDIOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y CORPORALIDADES VIOLENTADAS: LA VIOLENCIA ENCARNADA ................. 17 4.2 ESTUDIOS SOBRE ANÁLISIS DE MARCO, ENCUADRE Y ESTABLECIMIENTO DE AGENDA POLÍTICA ............................... 27 5. CONTEXTO INTERNACIONAL ............................................................................................................ 29 5.1 VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO Y EN AMÉRICA LATINA ......................................................................... 29 5.2 AGRESIONES CON ÁCIDO EN EL MUNDO Y EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA ..................................................... 33 6. AGRESIONES CON ÁCIDO EN COLOMBIA .......................................................................................... 38 6.1 VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLOMBIA: HISTORIA DE UNA SOCIEDAD DESFIGURADA ............................................ 38 6.2. UNA ÁCIDA Y NO TAN RECIENTE REALIDAD ................................................................................................. 42 6.3 CUANDO EL OBJETIVO ES MARCARLAS PARA SIEMPRE .................................................................................... 54 6.4 LA MUERTE EN VIDA .............................................................................................................................. 58 6.5 VIOLENCIA INCORPORADA: EL CUERPO COMO CÁRCEL .................................................................................. 62 6.6 SACANDO FUERZA DE FLAQUEZA: ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR EL TRAUMA .................................................... 65 7. DISCURSO Y REACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA FRENTE A LOS ATAQUES ................... 69 7.1 MOVILIZACIÓN EN TORNO A LAS AGRESIONES CON ÁCIDO: MUJERES QUE DAN LA CARA ....................................... 69 7.2 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: CAUSAS, REPRESENTACIÓN, ROLES Y DIMENSIONES DE GÉNERO ............................. 71 7.3 PRONÓSTICO DEL PROBLEMA: MEDIOS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA, QUIÉN DEBE ACTUAR PARA SOLUCIONARLO Y CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE GÉNERO. ..................................................................................................... 73 7.4 EQUILIBRIO-DESEQUILIBRIO ENTRE DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO.................................................................... 74 8. INTERPRETACIÓN Y PROPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE AL PROBLEMA ...................... 75 8.1 REACCIÓN ESTATAL (NACIONAL Y LOCAL) PARA DAR RESPUESTA A LAS AGRESIONES CON ÁCIDO: PROYECTO DE LEY Y PACTO PÚBLICO DISTRITAL ............................................................................................................................ 75 VI
8.2 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: CAUSAS, REPRESENTACIÓN, ROLES Y DIMENSIONES DE GÉNERO ............................. 79 8.3 PRONÓSTICO DEL PROBLEMA: MEDIOS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA, QUIÉN DEBE ACTUAR PARA SOLUCIONARLO Y CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE GÉNERO ...................................................................................................... 81 8.4 EQUILIBRIO-DESEQUILIBRIO ENTRE DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO .................................................................... 83 9. DESPLAZAMIENTOS, ALINEAMIENTOS Y CRUCES DE ESTOS MARCOS DISCURSIVOS (SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO)............................................................................................................................................ 86 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 93 10.1 RECAPITULANDO ................................................................................................................................. 93 10.2 CUESTIONES PARA SEGUIR................................................................................................................... 101 11. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS .................................................................................... 107 12. ANEXOS .......................................................................................................................................... A 12.1 MATRIZ RESUMEN PERSONAS ENTREVISTADAS ............................................................................................ A 12.2 GUÍA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS ................................................................................................. B 12.3 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN LEGISLATIVA Y PARLAMENTARIA ANALIZADA ....................................................... J
V. Listado de gráficos y tablas Tablas: Tabla nº 1: Objetivos y técnicas por fase de la investigación Tabla nº 2: Lesiones no fatales según manera (violencia interpersonal). Quemadura por agente químico Colombia desde el Año 2004 al 2012* (acumulado enero-diciembre) Tabla nº 3: Lesiones no fatales según manera (violencia interpersonal). Quemadura por agente químico en Bogotá, D.C. desde el Año 2004 al 2012* (acumulado enero-diciembre) Tabla nº 4: Afectaciones en salud, fatales y no fatales, de las agresiones con ácido Tabla nº5: Comparativa entre la primera versión y la definitiva de la ley nº 1639 Gráficos: Gráfico nº 1: Caracterización del contexto y de las agresiones con ácido Gráfico nº 2: Línea del tiempo del contexto internacional y nacional de las agresiones con ácido (de enero de 1997 a julio de 2013)
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VI. Listado de acrónimos ASTI: Fundación Internacional de Supervivientes de Ácido (Acid Survivors Trust International) BM: Banco Mundial BOGOTÁ D.C.: Bogotá Distrito Capital CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística ELN: Ejército de Liberación Nacional FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes FMI: Fondo Monetario Internacional ILSA: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos INMLCF: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos MAGEEQ:
Mainstreaming y Políticas
de
Igualdad
de
Género en
Europa
(Mainstreaming Gender Equality in Europe) MIRA: Movimiento Independiente de Renovación Absoluta MPDL: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad NNUU: Naciones Unidas OEA: Organización de Estados Americanos OMS: Organización Mundial de la Salud ONG: Organización No Gubernamental ONU mujeres: Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer PACTO: Pacto público para la prevención de las agresiones y accidentes con agentes químicos en Bogotá D.C. PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo SMLV: Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. TFM: Trabajo de Fin de Máster UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia USA: Estados Unidos de América
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1. Introducción 1.1 Presentación de la investigación Este proyecto de investigación se presenta en el marco del Máster Internacional de Estudios Contemporáneos sobre América Latina. La motivación es doble, por un lado responder al requisito del Trabajo de Fin de Máster [TFM] y, por otro, aportar a la investigación relacionada con el estudio de la violencia de género y los procesos de construcción de agendas políticas en torno sus prácticas, haciendo énfasis en el rol que juega la sociedad civil, concretamente el movimiento feminista y de mujeres, y su interrelación con el Estado. La selección de la violencia de género como eje temático no es casual, desde hace aproximadamente una década y por diferentes razones académicas, profesionales y personales, me preocupa conocer y explicar las razones que sustentan este grave problema social con el objetivo de contribuir a su prevención. Así, desde mi incorporación al mundo laboral, tanto en el campo de la docencia, como en el de la cooperación internacional al desarrollo (principalmente en la ONG MPDL y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), he procurado comprender y combatir las causas de la violencia contra las mujeres, en sus diferentes manifestaciones y a partir de diversas estrategias que han ido desde la sensibilización, hasta la atención a víctimas pasando por la denuncia o la transversalización del enfoque de género. Esto ha sido posible gracias a los nutrientes recibidos en el ámbito académico, al que he contribuido con algunos estudios inéditos siempre en la línea de prevención de la violencia y búsqueda de la igualdad de género, y que ha sido paralelo a mi desarrollo profesional. En el espacio académico he podido aprender “de” y “con” maestras inagotables, creativas y comprometidas, destacando las colegas de la asignatura de “Políticas Públicas de Igualdad” de la Universidad Central de Venezuela, las de la Unidad de Prevención de Violencia Intrafamiliar del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, las valientes guatemaltecas y las compañeras de viaje del magister en “Género y Desarrollo” de la UCM. Estos espacios formativos han sido una fuente de aprendizaje, de renovación de fuerzas, de “sostenimiento” cuando yo misma he sido víctima de 1
violencia, y de reafirmación en la convicción de la necesidad de continuar trabajando en esta vía, un camino que, aunque duro en muchas ocasiones, es gratificante precisamente porque no lo transitamos solas.
1.2 Presentación del tema y la problemática de estudio El estudio se centra en Colombia, país con una democracia formal de larga duración, pero sitiada por la convivencia con un conflicto armado que ha supuesto limitaciones a la práctica de la democracia, en su sentido más amplio, al no garantizar la participación política plena en condiciones de seguridad para gran parte de sus ciudadanos y ciudadanas. La guerra que ha asolado y asola su territorio, y a la que actualmente dos de los bandos (Estado y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) intentan dar fin mediante unas negociaciones de terminación del conflicto, tiene su traducción en una internalización y normalización de prácticas violentas sobre los combatientes y no combatientes. Las masacres, torturas, violaciones, desapariciones y desplazamiento forzado, son algunas de las cruentas formas en las que la violencia se encarna en los cuerpos y cuyo asentamiento ha sido posible debido a la existencia de otras prácticas violentas, estructurales y simbólicas, que nutren un imaginario social permisivo y legitimador de esta violencia. El movimiento de mujeres y feminista ha analizado los procesos de construcción del cuerpo de las mujeres como objeto vulnerable a las distintas expresiones de violencia, concretamente en Latinoamérica vienen denunciado un incremento de prácticas violentas (feminicidio, trata de mujeres, violaciones, prostitución forzosa), las cuales existen en todas las sociedades, pero se exacerban en determinados contextos de precariedad económica o conflictividad social, y tienen como objetivo común la dominación, subyugación y control de las mujeres. En Colombia, en las últimas décadas, la sociedad civil ha hecho un esfuerzo para mostrar los impactos diferenciales del conflicto sobre los cuerpos y vida de las mujeres, siendo la violencia sexual el rasgo más distintivo de las prácticas violentas utilizadas casi específicamente contra este grupo, frente a otras modalidades de violencia compartidas con sus compañeros varones (asesinatos, desapariciones, etc.).
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Los ataques con ácido en Colombia se producen desde hace décadas aunque empezaron a darse a conocer por los medios de comunicación en el 2010, teniendo fuerte presencia mediática en el año 2012. Aunque las agresiones con elementos químicos afectan tanto a varones como a mujeres, este proyecto de investigación pone el foco en los procesos de construcción de los discursos y demandas de la sociedad civil en torno a estos ataques, quien los ha interpretado como una nueva práctica de violencia contra las mujeres, y cuál ha sido la reacción del Estado frente a ello. Para esto ha sido fundamental el acercamiento a los actores y actrices que se han movilizado desde diferentes escenarios de la sociedad civil y del Estado, como son integrantes de: colectivos de víctimas, organizaciones de mujeres y feministas, políticos/as (Concejalas y Congresistas), funcionariado relacionado con la equidad de género y personal de acompañamiento médico y psicosocial a las víctimas. Sin dejar de lado la importancia del fenómeno a lo largo de todo el territorio, cabe destacar el papel clave y estratégico que han tenido, en todo el proceso de construcción de la agenda política, las mujeres agredidas y sus aliadas mujeres1 situadas en Bogotá, por la importancia geopolítica que supone su enclave en la ciudad en la que residen las instituciones del Estado donde se legisla en clave nacional. En definitiva, la presente investigación encuadra el análisis de los ataques con ácido contra las mujeres en Colombia dentro de la perspectiva feminista interpretándolos como una práctica que busca degradar su cuerpo con el objetivo de dominarlas. Las mujeres agredidas con ácido forman parte así de las corporalidades violentadas2, los ataques constituirían manifestaciones socio-culturales de las confrontaciones, mientras que los cuerpos agredidos serían víctimas y reflejo de las relaciones de poder, en un contexto de dominación de género y violencia generalizada por un conflicto armado de larga duración. Lo anterior da pie a una de las primeras preguntas que han guiado la presente investigación y es: ¿De qué manera el contexto colombiano se relaciona con la instauración de las agresiones con ácido en el país? A continuación se detallan otras de las preguntas que han servido para orientar el estudio: 1
Muchas de ellas feministas o con formación feminista aún sin autodenominarse como tal. Término utilizado para referirse a los cuerpos lacerados por diferentes expresiones de la violencia (Rehhorn, y otros, 2012). 2
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¿Qué caracteriza a las víctimas (edad, clase, etnia/ raza)? ¿qué relación tenían con los agresores y cómo los definen? ¿Qué implicaciones tiene que sea el rostro la principal parte del cuerpo atacada? ¿Qué discurso y reacción ha tenido la sociedad civil frente a los ataques? ¿Qué papel han tenido los actores trasnacionales3 en la construcción de la agenda de la sociedad civil? ¿Cómo ha sido la interpretación y propuesta del Estado frente al problema? ¿Cuáles han sido los desplazamientos, alineamientos y cruces de estos marcos discursivos (sociedad civil y Estado) durante el periodo de tiempo estudiado? ¿Qué parte de las demandas de la sociedad civil ha sido recogida por la regulación estatal?
1.3 Objetivos de la investigación Objetivo general: Analizar cómo se construyen los discursos y demandas de la sociedad civil en torno a las nuevas prácticas de violencia de género en general, y específicamente, de las agresiones con ácido contra mujeres. Objetivos específicos: Contextualizar la práctica de los ataques con ácido contra mujeres en Colombia Conocer los marcos interpretativos de la sociedad civil (organizaciones de mujeres y feministas y colectivos de víctimas) y el Estado (debates para aprobación de la normativa reguladora) en torno a los ataques con ácido contra mujeres en Colombia. Comparar los marcos interpretativos de cada actor estudiado, analizando su evolución e interrelación (alineación, cruces y desplazamientos).
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Usaré para definir este concepto parte del análisis de Daniel Mato (2004) 4
1.4 Justificación La violencia de género es un problema social mundial que afecta también a la región latinoamericana (Larraín & Rodríguez, 1993) y que ha sido ampliamente estudiado desde diferentes disciplinas (psicología, antropología, historia, etc.), entre ellas la ciencia política. Para la ciencia política, es un clásico de estudio la construcción de la agenda pública, el analizar el proceso por el que determinadas situaciones o problemas son dotados de carga política por los diferentes actores y acaban exigiendo atención del Estado y convirtiéndose en issues políticos o temas de la agenda gubernamental. Uno de los aspectos relevantes en este sentido es poder analizar cómo los actores (re)crean marcos de interpretación en relación a los problemas o situaciones sociales, en este caso en torno a la violencia de género en la región. Para realizar este tipo de análisis desde las ciencias sociales se cuenta con mecanismos como los “marcos interpretativos”, concepto utilizado principalmente por la teoría de los movimientos sociales, que sirve para dotar de significado e interpretar los acontecimientos sociales, construyendo su identidad y movilizando a sus simpatizantes (McAdam, McCarthy, & Zald, 1999; Ibarra, 2000). El análisis de marcos (Goffman, 1974) se ha aplicado con este fin anteriormente al estudio de las políticas públicas, Policy frame, específicamente las políticas de igualdad de género europeas (Bustelo & Lombardo, 2007) y la ley de violencia de género en España (López Rodríguez, 2011). Respecto a la relevancia de este eje de análisis para la región, hay que partir de que América Latina es, aún con importantes diferencias regionales, una de las zonas más inseguras, “con una tasa de homicidios seis veces mayor que el promedio mundial” (Carrillo Flórez, 2007, pág. 181) y desigual del mundo. La inequidad y la exclusión se traducen en altos niveles de violencia que afectan diferencialmente a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, entre los que se incluyen las mujeres, población indígena y afrodescendiente, jóvenes, niños y niñas. La violencia de género tiene una prevalencia e impacto ampliamente investigado; entre sus consecuencias destacan daños físicos, psicológicos y socio-económicos, que van desde la desestructuración y ruptura del tejido familiar y social, hasta las lesiones,
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enfermedades mentales y discapacidades de las personas agredidas, pasando por los costes en materia de inclusión e inserción laboral de las víctimas. Este tipo de violencia es un problema social mundial, que se exacerba en tiempos de conflicto pero que permanece en tiempos de paz, y sus prácticas van desde el tráfico y trata de personas, hasta el femi(ni)cidio4, pasando por la violencia física, psicológica y/o sexual. A continuación se ofrecen algunas cifras que ilustran brevemente la magnitud del problema social en la región, el cual será abordado con más detalle en el capítulo 5 relativo al contexto: La mitad de las mujeres ecuatorianas asesinadas en 2008 murieron a mano de su pareja o ex pareja (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2010). En Bolivia, prácticamente 4 de cada 10 mujeres manifiestan sentir que su pareja ejerce distintas formas de control sobre su comportamiento, relaciones y vida (CEPAL, 2010), siendo este país, según Estudio de la Organización Panamericana de la Salud [OPS] y del Centro de Control de Enfermedades basado en encuestas demográficas de salud sexual y reproductiva en trece países de la región publicado en el 2012, el que más alto nivel de violencia física reportado por mujeres de 15 a 49 años (Bothh, Guedesm, Goodwin, & Ada, 2013). Por su parte, el 67% de las mexicanas han vivido también incidentes de violencia por parte de su pareja o de otras personas de su familia, comunidad, trabajo o escuela (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2007) En relación a la violencia sexual, el 36% de las mujeres en situación de desplazamiento en Colombia han sido forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer[CLADEM], 2007) y una de cada 10 mujeres salvadoreñas ha sufrido violencia sexual, el 50% antes de haber cumplido 19 años (Asociación Demográfica Salvadoreña,
4Por “femicidio” se entiende la muerte violenta de mujeres, cometidas por hombres por el hecho de ser
mujer, con independencia que el asesinato se cometa en el ámbito público o privado y que haya existido o no relación entre el agresor y la víctima: ; mientras que por “feminicidio” hace alusión al conjunto de femicidios, o asesinatos de mujeres por su condición de género, cuando estos crímenes han sido tolerados (por negligencia o inactividad en la prevención, investigación y sanción de los crímenes) o perpetrados por el propio Estado (Peramato Martín, 2012). 6
2009). La región Centroamericana es, a su vez, escenario de múltiples asesinatos contra mujeres, sólo en el año 2009, se produjeron entre Guatemala, El Salvador y Honduras 1.798 asesinatos de mujeres según el Sistema de Integración Centroamericano [SICA]. Lo que se propone con este trabajo es acercarse a una de las prácticas menos estudiadas y más crueles de la violencia de género: los ataques con ácido contra mujeres. Este tipo de violencia aún no ha sido abordada desde la investigación social en la región latinoamericana al tratarse de un problema que hasta hace unos años se asociaba a otros países del mundo, principalmente al continente asiático, hasta que han empezado han producirse casos en algunos países como Bolivia o Paraguay, saltando con fuerza en la arena política y social en Colombia. Es importante señalar que cuando se planteó este TFM se desconocía que este problema alcanzara a otros países latinoamericanos más allá de hechos puntuales, sin embargo, fruto de la investigación se ha identificado que, desgraciadamente hay más casos de los identificados inicialmente, que existe mucho sub-registro, y que países como República Dominicana también han tenido que tomar medidas políticas para intentar frenar el uso de estas sustancias corrosivas - “El ácido del diablo” como lo denominan en la isla- como arma química. Se trata de una práctica reciente en el continente, pero lo suficientemente instalada como para ser preocupante; esto, unido a los elevados niveles de inequidad y violencia, así como la facilidad para adquirir los productos, a un sistema sexista y a Estados con falencias institucionales de cara a garantizar la seguridad, la justicia y los servicios básicos de su población, podría facilitar un aumento del problema en la región de no adoptarse las medidas preventivas. En Colombia las agresiones con ácido se han convertido en una práctica sistemática, con datos oficiales que sitúan al país entre aquellos con mayor prevalencia de este tipo de agresiones a nivel mundial, como son Bangladesh o Pakistán5. Lo anterior, unido a que en menos de dos décadas, se haya construido un discurso público sobre el tema, hasta lograr una regulación estatal del problema, convierte a la construcción de la agenda política de la sociedad civil 5
Un panorama detallado de la evolución, número y evolución de los casos se aborda en el capítulo 6 de este trabajo 7
colombiana en relación a los ataques con ácido en un objeto de estudio en sí mismo relevante para los estudios sociales y políticos de la región.
2. Estrategia metodológica 2.1 Metodología y técnicas de investigación La estrategia metodológica propuesta para el TFM es de carácter cualitativo realizada desde una perspectiva constructivista (paradigma postmoderno de conocimiento) y basada en el “análisis de marcos” (Goffman, 1974). En primer lugar, es necesario aclarar que por marco interpretativo se entiende el principio subjetivo de organización, clasificación e interpretación de la realidad construido en permanente interacción con el entorno circundante, que da sentido y define a dicha realidad, a la vez que orienta las acciones (Verloo, 2005). El enfoque constructivista permite estudiar cuáles son los “marcos interpretativos” que aparecen en un específico momento histórico, comprobando así las diferentes representaciones alrededor de un determinado problema. A partir del análisis del discurso se pueden identificar los marcos dominantes y los marginales, que se construyen como fuentes de sentido. El concepto de “marco interpretativo” se relaciona también con la literatura sobre el establecimiento de la agenda política (agenda setting) que explica cómo se construyen determinados temas de interés social o issues, las percepciones de los mismos y los estereotipos (Mc Cobbs & Shaw, 1993). Estas representaciones, pueden ser complementarias o estar en disputa, y son aprehendidas a través de los discursos enunciados por diferentes actores del mundo político y social. El diseño de este TFM obedece a una investigación exploratoria dada la ausencia de experiencias previas en el estudio de las agresiones con ácido en Colombia desde las ciencias sociales. Las técnicas cualitativas utilizadas tuvieron como objeto aproximarse al proceso de construcción social del objeto de estudio, re/construyendo los conceptos y acciones respecto a las agresiones con ácido, a los discursos y demandas de la sociedad civil 8
entorno a estos ataques, y a la reacción estatal. Las técnicas de recolección y análisis de datos utilizadas han sido: revisión de fuentes secundarias, micro-entrevistas6, entrevista semi-estructurada y análisis de marcos interpretativos. Aunque los casos de agresiones con sustancias químicas se han producido a lo largo de todo el país, el estudio se ha centrado en el Distrito de Bogotá, por ser en la capital donde tienen la sede las instituciones políticas implicadas en el proyecto y debate de la ley, y donde se han llevado a cabo las principales acciones de seguimiento y denuncia de estos ataques desde la sociedad civil. Tras la revisión bibliográfica y la realización de micro-entrevistas a agentes clave, se definió la matriz con los actores a entrevistar y finalmente, con los insumos de la información recabada se reconstruyó una “línea de tiempo” (ver páginas 87-88) en la que se identificaron los eventos relevantes. El discurso de la sociedad civil se ha extraído a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas a representantes de un colectivo de mujeres agredidas, personal de apoyo médico y psicosocial a sobrevivientes, integrantes del movimiento feminista y de mujeres y de la academia. Mientras que, para acercarse al discurso oficial en relación al problema estudiado, se ha entrevistado a mujeres políticas del nivel distrital (Concejalía de Bogotá) y nacional (Congresista) y a funcionarias públicas de instituciones para la equidad de género; esto se ha completado con un análisis de las iniciativas legislativas presentadas y debatidas en el Congreso y en el Senado -a través de los informes de las ponencias, sus enmiendas y actas parlamentarias - y que finalmente han dado resultado a la Ley nº1639 de 2 de julio de 2013, “Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la ley 599 de 2000” (Congreso de la República, 2013). A continuación se detallan las fases de la investigación, junto con las técnicas de investigación utilizadas y los objetivos de cada etapa:
6Las
microentrevistas sólo aluden a un barrido de información preliminar, casi una formalización de una conversación informal. Es un sondeo para dibujar un primer mapa de actores y luego configurar la muestra estructural macro. No implica transcripciones, sino que esta información se procesa en el mismo trabajo de campo. 9
Tabla nº 1: Objetivos y técnicas por fase de la investigación: ETAPAS / FASE DE INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
1. Definición del problema
Revisión de fuentes secundarias, Micro-entrevistas a agentes clave Objetivo: Completar y concretar la definición del problema y las preguntas de investigación Revisión de fuentes secundarias, Objetivos: Definir la muestra, re-construir la línea de tiempo, Micro-entrevistas a agentes clave diseñar las herramientas de recolección de información y organizar el trabajo de campo (calendario de entrevistas, desplazamientos, etc.) Selección de datos secundarios (noticias, legislación, etc.), Entrevistas semiestructuradas Objetivo: aplicar las herramientas de recolección de datos Análisis de marcos interpretativos Objetivo: categorizar, describir, desentrañar, relacionar y explicar la información recabada
2. Diseño del trabajo
3. Recopilación de la información
4. Análisis de los datos
5. Informe y validación de la información
OBJETIVOS
Triangulación de datos obtenidos Objetivo: contrastar la validez y fiabilidad de la información con diferentes técnicas recabada cualitativas (datos secundarios y entrevistas) Fuente: elaboración propia
2.2 Descripción y evaluación de los datos El análisis de los datos ha consistido en extraer, describir y analizar toda la información obtenida a través de las diferentes estrategias de recogida de datos con la finalidad de llegar a responder al conjunto de preguntas que han motivado y guiado la investigación. La técnica utilizada para el procesamiento del material discursivo recabado ha sido el análisis de contenido o del discurso porque es el procedimiento que permite pasar desde un habla (individual, grupal o colectiva) a las determinaciones sociales y culturales contenidas en un discurso. El discurso se ha entendido como el “conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. El análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y promoviendo estas relaciones” (Íñiguez & Antaki, 1994, pág. 63). Los textos se han analizado bajo la premisa de la existencia de un segundo orden que subyace al texto explícito (subtexto), siendo el objetivo de este análisis, develar este segundo orden, comprendiendo su lógica, para mostrar las asociaciones, construcciones culturales y conceptualizaciones que lo sostienen. Basándose tanto en la teoría de los movimientos sociales como en la literatura sobre el establecimiento de la agenda, el proyecto "Mainstreaming y Políticas de Igualdad de Género en Europa" [MAGEEQ por sus siglas en inglés: “Mainstreaming Gender Equality 10
in Europe”] se centra en el proceso de enmarcamiento de las políticas (policy framing) y en una valoración de la diversidad de interpretación de los problemas y de los objetivos de las mismas. El método de estudio de los marcos interpretativos de política del que parte la metodología MAGEEQ en la que se basa este estudio ha sido elaborado por las investigadoras de la UCM: María Bustelo, Emanuela Lombardo, Elin Peterson y Raquel Platero, entre otras, y busca identificar los marcos dominantes, que pueden estar en conflicto, los discursos de los diferentes actores políticos, para determinar qué marcos se construyen que confieren un significado a los eventos, atribuir causalidad y determinar soluciones a los problemas públicos. Dentro de las investigaciones del MAGEEQ, se define marco de política como un principio organizador que transforma fragmentos o partes incidentales de la información en problemas que son estructurados y significativos, en los cuales, la solución está incluida de forma implícita o explícita. No se trataría por lo tanto de una descripción, sino de una construcción o representación que le da sentido y forma a nuestra comprensión de la realidad. Esta metodología parte de seis dimensiones: voz, diagnóstico, roles en el diagnóstico, pronóstico o solución, roles en el pronóstico, y equilibrio entre diagnóstico y pronóstico. A cada una de estas dimensiones generales se le asocian una serie de preguntas que ayudan a focalizar la atención en las causas del problema y los medios para solucionarlo, la localización del problema y su solución, las dimensiones de género y la interseccionalidad con otras desigualdades. Para ello se parte de una parrilla de preguntas que intentan extraer de los discursos de los diferentes actores, en este caso “sociedad civil” y “Estado”: quiénes tienen el problema; quiénes deben solucionarlo; en qué medida está relacionado el género con el problema y la solución; cuáles son las causas del problema y los medios para solucionarlo; dónde están localizados el problema y la solución, si en la organización del trabajo, de la intimidad o de la ciudadanía y, finalmente, qué actores tienen voz o están excluidos a la hora de definir el problema y la solución. La información de este TFM se ha categorizado en base a estas preguntas guía y las dimensiones elaboradas a partir de las preguntas que orientan la investigación.
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Por su parte, para la definición de la muestra se ha optado por una de tipo estructural, es decir, una muestra cualitativa pero representativa del universo del cual se extrae. Montañés señala que la muestra estructural sirve para conocer las diversas posiciones discursivas que se estructuran respecto a una problemática social determinada (1998). El supuesto es el siguiente: las partes son capaces de dar cuenta del todo, por tanto no hace falta entrevistar a 100 individuos correspondientes a una de las posiciones en la estructura social (o en el campo específico), quizá dos o tres ya saturen esa posición discursiva. Finalmente se han realizado 12 entrevistas para cubrir las necesidades de información, dos de ellas se han realizado de manera colectiva, entrevistándose en un mismo encuentro a dos de las personas, en uno de los casos la entrevista se desarrolló sin inconvenientes, no identificando a priori relaciones jerárquicas que hayan podido sesgar el testimonio de alguna de las entrevistadas; si bien en otras de las entrevistas a dúo sí se ha identificado que la persona con más experiencia de trabajo y aproximación a la problemática ha sido la que ha mantenido un discurso dominante en la entrevista. En los anexos nº 1 y nº 2 se puede tener acceso al perfil de las personas entrevistadas y a la guía de preguntas utilizada en las entrevistas, respectivamente. Entre las personas a entrevistar se ha distinguido entre: a) sobrevivientes de las agresiones organizadas (se ha tenido acceso a mujeres agredidas con ácido que estaban articuladas en torno a un colectivo de sobrevivientes puesto que se encontraban en un proceso de elaboración de lo ocurrido que les permitía narrar lo ocurrido a personas externas a su entorno terapéutico o de apoyo); b) activistas feministas y de organizaciones de mujeres; c) personal de apoyo médico y psicosocial a las víctimas; d) políticas del nivel local y nacional y e) Funcionaria de institución pública relacionada con el ámbito de la igualdad de género en Colombia.
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A esto se le ha sumado una reunión mantenida con una representante de Naciones Unidas [NNUU] para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer [ONU mujeres] quien, tras interrogársele sobre el tema puso de manifiesto la desvinculación del trabajo de esta agencia de NNUU en Colombia de todo el proceso, por lo que no se procedió a realizar la entrevista como tal, si bien se recogen las conclusiones de lo conversado en el análisis. Para la realización de las entrevistas se contó con un asistente de investigación en Bogotá quien, una vez identificadas y contactadas las personas a entrevistar y realizadas las guías para estas entrevistas por la autora de este TFM, apoyó en la realización de las mismas. Para la selección de esta persona, se elaboraron unos términos de referencia y se recurrió a contactos de confianza. El profesional seleccionado es licenciado en Antropología y con maestría en Estudios Culturales, lo que ha permitido que realizara la tarea con profesionalidad y calidad e incluso que aportara ideas para el análisis. No obstante, para el caso de las mujeres sobrevivientes se identificó la pertinencia de que fuera una mujer la que recogiera el testimonio por lo que en ese caso fue otra compañera, con perfil similar, quien realizó la entrevista. De cara al análisis de la construcción del discurso gubernamental se han estudiado las posturas reflejadas por el Estado en la ley nº 1639 de julio 2 de 2013 (Congreso de la República, 2013)y los debates previos a su aprobación en el Congreso y en el Senado, llegándose a examinar 19 documentos entre informes para ponencias, actas y pliegos de modificaciones publicados por la Gaceta del Congreso de la República (Congreso de la República, 2011); se puede ver detalle completo de la documentación relativa al debate legislativo parlamentario revisada en el anexo nº 3. La definición de la muestra, de tipo estructural, se ha concretado en función del criterio de saturación discursiva. Dados los objetivos de este TFM se ha logrado cumplir con este criterio en la revisión de material legislativo y en las entrevistas, sobre todo en las procedentes a personal de apoyo y activistas feministas e integrantes de organizaciones de mujeres. Por su parte, este estudio, debido a los plazos y recursos manejados, ha tenido acceso al testimonio de dos sobrevivientes que han resignificado y reelaborado su proceso de manera que han logrado compaginar su condición de agredidas con acciones de liderazgo y que están articuladas en un colectivo. No 13
obstante, para lograr un abordaje al problema de las agresiones con ácido que incluya una caracterización completa desde la mirada de las personas agredidas, se requerirá de un acercamiento y presencia continuada que permitan generar lazos de confianza con las sobrevivientes necesarios para este abordaje.
2.3 Hipótesis principales y secundarias del estudio A continuación se detallan las hipótesis principales que guían la investigación: Los ataques con ácido en Colombia responderían a la internalización y reproducción en los cuerpos de las lógicas violentas del conflicto armado, del sexismo y otras formas de jerarquización social pendientes de identificar. La sociedad civil colombiana, concretamente el movimiento de mujeres y feminista, sería quien habría impulsado la necesidad de regulación pública del fenómeno y lo ha habría hecho desde un discurso que enmarca los ataques con ácido como una expresión de la violencia de género. El Estado se habría demorado en dar respuesta a la problemática y lo habría hecho presionado por la alarma social construida por diferentes actores, pero principalmente por las organizaciones de mujeres y feministas. Junto con las hipótesis habría otros sub-temas o subhipótesis que también pretenden ser abordados: Con la desfiguración del rostro el agresor pretendería contribuir a la subyugación, “deshumanización”, ostracismo y aislamiento de la mujer atacada. La sociedad civil en su abordaje de los ataques con ácido puede reforzar y reproducir de forma contradictoria los modelos de belleza, estética e imagen corporal hegemónicos y patriarcales.
2.4 Nota sobre el sistema de citas utilizado El sistema para citas y referencias bibliográficas seleccionado ha sido el de la Asociación Americana de Psicología (APA), sexta edición. Se han utilizado las
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herramientas de Word para generar la bibliografía automáticamente a partir de las fuentes de información.
3. Perspectivas teóricas y enfoques de la investigación La propuesta teórica de interpretación de la que parte este estudio es el paradigma feminista o el enfoque de género, supone reconocer una división social por género, la existencia de discriminación en función del sexo al que se adscribe a las personas desde su nacimiento y la necesidad de visibilizar las necesidades prácticas e intereses estratégicos de los diferentes grupos poblacionales, poniendo el foco en aquellos que tradicionalmente han estado más olvidados: las mujeres. Al hablar de género se hace referencia al contenido sociocultural (roles, actitudes, posiciones, etc.) que se dan a las características biofisiológicas de los sexos. Es un sistema de relaciones de poder, de interdependencias socialmente construidas entre mujeres y hombres, que ordenan y estructuran pautas de organización de la sociedad que discriminan a las mujeres. Mediante el género no sólo se establecen la relación entre los sexos sino que se establece la “naturalidad” binaria de los mismos y se designa normativamente la heterosexualidad –en tanto posibilidad de reproducción– como destino de la sexualidad. Este enfoque, que bebe de los aportes de la teoría crítica feminista, tiene una serie de implicaciones metodológicas, como realizar las preguntas investigativas centradas en las mujeres (qué les interesa, qué hacen), reconocer desde donde se realiza la investigación o lo que se conoce como “conocimiento posicionado”, partir de una perspectiva crítica y de la necesidad de una ruptura epistemológica con las categorías tradicionales occidentales y recuperar y revalorizar los aportes y experiencias de las mujeres. Con este enfoque se reconoce que el género es una construcción social y cultural y por lo tanto es susceptible de ser transformado y que el empoderamiento y la autonomía de las mujeres es un derecho y desde esa perspectiva se debe trabajar. Desde el punto de partida de este trabajo el enfoque de género permite situar la violencia contra las mujeres en la esfera de lo público y político. Como modelos explicativo de la violencia se parte de la base teórico epistemológica propuesta por el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner aplicado a la comprensión de la 15
violencia (Corsi, 1994) el cual postula que la realidad individual, familiar, la realidad social y la cultura pueden entenderse organizadas como un todo articulado, como un sistema compuesto por diferentes subsistemas (macrosistema, exosistema y microsistema) que se entrelazan de manera dinámica, recíproca y permanente. Para completar este modelo, siempre desde un punto de vista teórico, éste se combina con los aportes del enfoque de género y la teoría crítica feminista, tomando como factor central explicativo de cómo se genera y mantiene esta violencia la socialización de género. Se ha seleccionado este modelo porque permite comprender, desde un acercamiento interdisciplinar, multicausal, multidimensional y dinámico, cómo se relaciona el hecho violento, con los contextos socioculturales del abuso al identificar niveles de sistemas y describir la interacción entre la cultura, las instituciones y organizaciones sociales, la historia individual y las dinámicas subjetivas de las personas.
4.
Estado de la cuestión
El lograr incorporar la violencia de género a la agenda política es uno de los mayores logros de los movimientos feministas. Desde los años setenta hasta ahora la violencia contra las mujeres ha pasado de ser un asunto privado a ser un problema público. Si bien aún existen muchos Estados que carecen de legislación al respecto7 (y por lo tanto de políticas públicas enfocadas a atenderla), organismos internacionales, como ONU mujeres o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], “han planteado que la violencia de género es un obstáculo para el logro de los objetivos del desarrollo pues trastorna las vidas de las mujeres y les niega opciones, tiene efectos sobre niñas y niños -en tanto las mujeres son sus principales cuidadoras-, implica costos económicos para los Estados y sufrimientos humanos difíciles de calcular (Carrillo, 1991)” (Pérez de Armiño, 2000). Existen múltiples formas de aprehender el fenómeno, de conceptualizarlo, de teorizarlo y de plantear estrategias para abordarlo. Una de las conceptualizaciones más recientes es la que plantea la violencia de género como un problema de derechos 7
Colombia cuenta desde el 2008 con la Ley 1257, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. 16
humanos, entendiendo por ella: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (NNUU, 1993, art.1.). Lo cual abarca, entre otros aspectos: “La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación” (NNUU, 1993, art.2.a.). En relación al cómo se construyen los discursos y demandas de diferentes actores sociales en torno a nuevas prácticas de la violencia de género, este apartado se centra, primero, en la revisión bibliográfica y el análisis de estudios sobre violencia de género y “corporalidades” y; en segundo lugar, en los estudios sobre análisis de marco, encuadre y construcción de agenda política.
4.1 Estudios sobre violencia de género y corporalidades violentadas: la violencia encarnada Como se exponía en el apartado relativo a las perspectivas teóricas que guían el estudio, el género hace referencia al conjunto de roles sociales, comportamientos, actitudes, auto y hetero valoraciones, sentimientos, posiciones y relaciones con personas del mismo y del otro sexo, que definen lo femenino y lo masculino, lo propio del hombre y lo propio de la mujer. Se trata de un sistema de relaciones de poder, de interdependencias socialmente construidas entre mujeres y hombres, que ordenan y estructuran pautas de organización de la sociedad que discriminan a las mujeres y lo considerado como femenino (cuidado, intuición, sentimientos y emociones, etc.). En la especie humana se ha considerado que existen dos sexos: macho y hembra, sobre los cuales se han apoyado las categorías hombre/mujer. Para ello, se han supuesto y conceptualizado diferencias entre ambos sexos y se ha procedido a relacionar dichas diferencias con otros ámbitos de la vida humana que no son orgánicos, sino sociales y psíquicos: “En cada cultura, esta oposición binaria 17
hombre/mujer es clave en la trama de los procesos de significación (…) La diferencia sexual nos estructura psíquicamente y la simbolización cultural de la misma diferencia, el género, no sólo marca los sexos sino marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano” (Lamas, 1994, pág. 8) . Lamas, siguiendo a Bourdieu, insiste en cómo se naturalizan las relaciones sociales para legitimarlas. La biología combina cinco áreas fisiológicas (genes, hormonas, gónadas, órganos reproductivos internos y órganos reproductivos externos o genitales) y en función de los resultados determina cual es el “sexo biológico”. La casuística demuestra que estas diferencias sexuales no siempre se cumplen en todos los niveles de determinación del sexo, ni en todas las personas. De hecho, existen minorías que se hallan en situación ambigua (las personas denominadas como intersexuales) y otras que, aún siendo consideradas como hombres o como mujeres, comparten características físicas teóricamente propias del otro sexo (por ejemplo: hombres que tienen mamas o mujeres que tienen vello facial). Los cuerpos, como seres vivos, son sistemas abiertos que se construyen en su interacción con el medio, revelando por tanto que no sólo el género es una creación sociocultural, sino que en realidad todo es género, dado que el propio sexo es construido. La diferenciación sexual no es puramente física, sino que consiste en la construcción de un sistema de significados que se apoyan en características corporales. Por lo tanto, las categorías de “hombre” y “mujer”, tal y como se entienden, son efectos del sexismo8: “La mujer” y “el hombre” no son anteriores a la desigualdad sexual sino que son generados por la misma. Aunque parezca una incongruencia, hay “la mujer” y “el hombre” porque hay desigualdad sexual. Evidentemente, entre las mujeres y los hombres existen diferencias anatómicas, pero se requieren determinadas condiciones históricas para que las diferencias se conviertan en el criterio legitimador de la segregación funcional de las mujeres respecto de los hombres, y para que esas diferencias se traduzcan en desigualdad de las unas frente a los otros” (Izquierdo Benito, 1998, pág. 37).
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Por sistema sexista se entiende aquel en el que las relaciones entre los individuos se regulan a partir de las diferencias anatómicas y fisiológicas referidas principalmente al aparato genital, generando relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. 18
En la cosmovisión sexista, hombres y mujeres son conceptualizados como entidades esencial y naturalmente diferentes entre sí: los cuerpos sexuados como machos, a quienes se les adscribe una identidad “masculina” que lo configura como “hombre”, y los cuerpos sexuados “hembras”, a quienes se les asigna cualidades “femeninas”, y se constituyen como “mujeres”; ambos, hombres y mujeres, se definen por oposición al género contrario, y comparten afinidades y similitudes con sus compañeras o compañeros del mismo sexo. Con la socialización masculina el hombre se asocia al poder, al ámbito de lo público y de lo racional, constituyéndose como un factor de riesgo hacia las mujeres (y niñas y niños), entre hombres (homicidios, lesiones, accidentes, etc.) y hacia sí mismos (suicidio, conductas de riesgo, adicciones, etc.) (De Keijzer, 2001); mientras que las mujeres se configuran como seres pasivos, emocionales, destinados a los cuidados y la reproducción y dependientes de los varones. El reduccionismo que implica este modelo, se revela desde el momento en que no sirve para explicar la complejidad de lo social: por un lado, existen cuerpos sexuados que no son etiquetables ni como hombres ni como mujeres; por otro lado, hay hombres y mujeres cuyos roles y experiencias se acercan más a los estereotipos atribuidos al otro género (u otros géneros). Mediante el género no sólo se establecen la relación entre los sexos sino que se establece la “naturalidad” de los mismos y se designa normativamente la heterosexualidad como la única forma de sexualidad legítima por su relación con la posibilidad de reproducción. En este sentido, los estudios feministas han contribuido, mediante la redefinición del concepto de género, a cuestionar qué se entiende por ser “hombre” o “mujer” y si estas categorías engloban o no a la diversidad de los cuerpos humanos. Se cuestiona el carácter natural de los géneros masculino/femenino, afirmando su construcción social y cultural dentro de un contexto de relaciones de poder asimétricas. Pero el movimiento y teoría “queer9” va más allá, afirmando que los rasgos sexuales sobre los que se erigen esas construcciones sociales son artificiales. Según autoras como
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Queer: término despectivo que se traduciría literalmente por “rarito” y que ha sido reclamado de forma positiva para reflejar la diversidad y amplitud de las identidades sexuales y de género. Con “queer” se alude tanto a personas transgénero, como intersexuales, pasando por bisexuales, entre otros/as. 19
Monique Wittig (Femenias, 2000), años 70-80, tanto las diferencias sexuales como las de género se crean dentro de un sistema económico, político y social determinados, que producen un discurso creador de identidades sexuales aceptadas como las “normales” o “naturales” frente a las otras sexualidades, que se convierten en perversas, inmorales o innaturales-patológicas. De este modo, se afirma que la categoría de sexo no existe a priori, no es natural, no es algo de lo que se tenga una descripción estática y sobre la cual se desarrolle el género. Según otras investigadoras feministas como Judith Butler o Christine Delphy (Millán & Estrada, 2004), es el género lo que precede al sexo (y no al revés). Estas autoras plantean la teoría de la permutabilidad de las características que definen al género: la identidad genérica no es ni uniforme ni estable y, en consecuencia, puede ser resignificada. Si los cuerpos son construcciones generizadas, resulta necesario explicar cómo se produce la materialidad de ese sexo y de los cuerpos que lo significan genéricamente. La dicotomía hombre/mujer es, más que una realidad biológica, una realidad simbólica o cultural que está en continúa redefinición. Los procesos de sexualización y generización desarrollados anteriormente se producen en sociedades calificadas como patriarcales10, esto es, en aquellas que se rigen por un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas donde el varón es el parámetro de la humanidad (androcentrismo), al cual se le otorgan todo tipo de privilegios que sirven para institucionalizar su dominio sobre la mujer en todos los ámbitos. Otras expresiones de este dominio de lo masculino son el machismo (resalto lo masculino y desvaloriza lo femenino), el sexismo (despreciar lo que son, dicen o hacen alguno de los sexos, generalmente a las mujeres) y la homofobia11 (las actitudes negativas, estereotipos y prejuicios hacia las personas no heterosexuales). El mantenimiento de este sistema no es ajeno al ejercicio de la violencia como mecanismo de control, a partir de la cual se practican abusos, principalmente, pero no exclusivamente, contra mujeres. 10
Actualmente no existen evidencias empíricas de que hayan existido sociedades humanas no patriarcales. 11 Con el término “homofobia” incluimos el odio social hacia lo gay y lo lesbiano (también llamado “lesbofobia”). Con este concepto no se agotan las manifestaciones de rechazo hacia otras sexualidades disidentes ya que también existe animadversión hacia lo transexual (“transfobia”), hacia lo bisexual “bifobia”, etc 20
Tras este repaso por las implicaciones de la categoría de género y retomando la temática de la violencia es evidente que el hablar de “violencia de género”, frente a otras denominaciones de la violencia contra la mujer, permite incluir aquellas situaciones de violencia que en particular afectan a las personas por ser, o parecer o considerarse, mujeres o por ser, o parecer o considerarse, varones, es decir, que se puede aplicar para referirse a la violencia contra las mujeres, puesto que es con diferencia la más representativa estadísticamente, aunque también se podría incluir la que ejerce contra la población homosexual (gais y lesbianas) y otras violencias fundamentadas en atribuciones genéricas. De hecho, la violencia de género puede ejercerse también contra hombres, cuando no encajan con el estereotipo masculino de la sociedad patriarcal (gais, transexuales, etc.), y los agresores pueden ser tanto varones como mujeres. En el caso de las mujeres, la forma tradicional de vehicular esta violencia ha consistido en educarlas y socializarlas en los valores de la competencia y envidia hacia otras mujeres para que pugnen entre ellas por un hombre. En este sentido, el sistema patriarcal ha privilegiado la competencia entre mujeres por encima de la cooperación o el establecimiento de alianzas entre ellas (“sororidad”), como una herramienta para dividirlas y debilitarlas frente al colectivo masculino, más articulado en lo que se ha conocido como la “fraternidad” entre hombres. Desde la teoría feminista se ha deconstruido por lo tanto la categoría analítica “mujer” como un ente biológico o natural incuestionable. El “sujeto político mujer” ya no se articula en torno a bases naturales ni psicológico-culturales esencialistas sino en torno al estudio de las desigualdades de poder encarnadas en los cuerpos construidos socialmente como femeninos. Estos cuerpos in-corporan –en un sentido bourdiano- en sí mismos desigualdades, dominación y estrategias de resistencia y subversión. Para hacer relación a este proceso se utiliza el concepto de embodiment, el cual pretende explicar la manera en la que se personifican en el cuerpo biólogico las circunstancias sociales y materiales del mundo en el que vivimos, desde antes de nacer hasta la muerte; cómo la historia individual y social atraviesa las maneras de existir. Este eje de análisis parte a su vez de la noción de bio-poder o “poder sobre la vida” de Foucault, categoría con la que llama la atención sobre la historicidad del cuerpo y el poder sobre los cuerpos. El cuerpo así como la vida (y los poderes sobre ésta) que lo 21
configura se nos ofrece de este modo como una categoría de análisis cambiante, compleja y dinámica; un lugar donde convergen y antagonizan múltiples relaciones de poder, discursivas, institucionales y simbólicas. Con esta noción se supera la idea de que lo social se inscribe en el cuerpo, para hablar de lo corporal como auténtico campo de la cultura (ground of culture), como “proceso material de interacción social”, subrayándose su dimensión potencial, intencional, intersubjetiva, activa y relacional. (Esteban Galarza, 2004, pág. 3) Centrados en esta temática, desde el Seminario de Investigación en Estudios Culturales Departamento de Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana de Bogotá, durante el curso 2012-2013, han planteado un proyecto de investigación de autoría colectiva titulado “Corporalidades violentadas, segregadas e [in]deseadas: articulaciones de corporalidades normalizadas y disidentes en Colombia” cuyo marco teórico y división en categorías ha sido muy útil para este TFM, especialmente las reflexiones relativas a las “corporalidades violentadas” (Rehhorn, y otros, 2012). Este proyecto colectivo universitario parte de la noción “corporalidades”, frente a la de “cuerpo”, porque considera que con corporalidades se rompe de alguna manera la equivalencia entre persona, individuo y cuerpo. Para los autores de este proyecto una misma corporalidad puede ser compartida por diferentes personas, mientras que en un mismo cuerpo pueden coexistir diferentes corporalidades, algunas de ellas incluso en contradicción. Entendiendo por “corporalidades violentadas” aquellos cuerpos lacerados por diferentes expresiones de la violencia encarnada: la violencia política derivada del conflicto armado interno; la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia sexual; y la violencia urbana. Existen diferentes autores y autoras que amplían esta categoría y cuyos aportes se resumen a continuación. Para entender la importancia del tejido simbólico en la construcción de las prácticas bélicas los aportes de Elsa Blair (1999) son claves para acercarse a las causas estructurales de la violencia en Colombia pero también para aprehender cómo lo simbólico y lo imaginario alimentan el conflicto y se ponen en escena en los cultos que realizan tanto la población civil como los actores armados, particularmente, el actor militar, en el cual se concentra el análisis. La autora muestra de qué manera la acción 22
violenta sobre los cuerpos en el marco del conflicto se ritualiza, buscando mostrar el dolor y sufrimiento del cuerpo como espectáculo que va más allá de la muerte (Esta práctica de crueldad se replicará en otras violencias, que superan el ámbito del conflicto, como es el caso de las agresiones con ácido contra mujeres). De cara a entender cómo se naturalizan ciertas prácticas violentas sobre los cuerpos en Colombia, así como los mecanismos emocionales que subyacen (fantasías/fantasmas miedo/amenaza) es interesante el estudio de Paola Andrea Londoño Mora (Londoño Mora, 2011), que parte de los principios de la “Sociología de los cuerpos y las emociones” para acercarse a la política de “seguridad democrática” de Uribe. El estudio empieza por el origen de las políticas de Seguridad de los Estados que se basan no sólo en la fuerza sino también en la amenaza del uso de la misma y los mecanismos por los que se instauró esta política durante la Guerra Fría en América Latina y, concretamente en Colombia. Pasa a centrarse más tarde, en la década Uribe, y su Política de Seguridad Democrática, donde el enemigo deja de ser el insurgente para ser el terrorista, muy en la línea de los cambios en el contexto internacional tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Este enfoque es interesante para analizar cómo los discursos permitieron la permeabilización e intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos del país, cómo el miedo, que pasó de individual a social, vertebró las relaciones sociales colombianas, haciendo que todas las personas estén bajo amenaza y sospecha. Entre los mecanismos utilizados destacan los de “soportabilidad social” y dispositivos de regulación de sensaciones que son aquellos estructurados en torno a un conjunto de prácticas hechas cuerpo que se orientan a la evitación sistemática del conflicto social; estos mecanismos actúan de manera sutil, en los entramados del “sentido común”, en la construcción de las sensaciones más intimas; que se vinculan con las “fantasías y fantasmas sociales”, las cuales contribuyen al “ocultamiento” del conflicto social12. La autora muestra el vínculo entre las formas de dominación política y el repertorio emocional de las sociedades. La 12
Para la configuración de los Estados modernos se han hecho necesarios repertorios que rechacen el uso de la violencia, sin embargo, en el uso del lenguaje que pretende rechazar esos principios se reconfigura a la vez la imagen del enemigo que pone en peligro la lucha de las fuerzas de seguridad del Estado. Desde esta perspectiva las fuerzas del estado son actores necesarios para la anhelada paz; al hacer de la libertad y los derechos el sello del Estado, el gobierno está desechando la necesidad de la discordia y se está erigiendo como garante de la paz (deseo anhelado de la población), poniendo en riesgo la existencia de pensamientos disidentes. 23
dominación se inserta en los cuerpos, en las prácticas cotidianas, en el mundo de los sentidos, incluido el “sentido común” y opera sutil e imperceptiblemente. En esta misma línea tiene lugar el análisis que realiza Juana Chaves Castaño, en “Entre la violencia sobre el cuerpo y la violencia incorporada” (2011), muestra cómo en situaciones de violencia continuada el cuerpo está en una continua transición entre “ser objeto de la violencia” e “incorporarla”, de manera que se reconfiguran prácticas sociales que en otras circunstancias serían culturalmente inaceptables. Por su parte, Dolores Juliano (2011) (Juliano Corregido, 2011), pone de relieve la relación entre cultura y sexualidad (incluida la masculina), cómo con el culto del guerrero se logra la desvalorización del cuerpo, el cual es sacrificable y digno de control, lo que estará tras el origen de la violencia contra las mujeres: “En relación con el propio cuerpo, partir de un ideal guerrero implica asumir como necesaria y legítima la agresión a la integridad corporal. Si el arrojo es un bien, y otorga prestigio, quiere decir que la conservación de la propia vida es un objetivo secundario. Esto implica una desvalorización aún mayor de la vida y la integridad ajenas” (…) “El que es capaz de morir por una causa, puede matar por ella. El modelo de virilidad basado en el hecho de que el hombre obtiene prestigio como potencial guerrero, genera una amplia población de soldados potenciales, en busca de una causa por la que luchar, ya que esto daría sentido a su existencia” (Juliano Corregido, 2011, pág. 26) Entre los hallazgos de la investigación social realizada bajo la perspectiva de género destaca el haber documentado y relacionado la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en diferentes escenarios de conflicto armado y de tensiones de carácter sociopolítico (Amnistía Internacional, 2004), entre los que se incluye el conflicto colombiano (Fiscó, 2005). El cuerpo y la vida de las mujeres son utilizados como arma de guerra, para desmoralizar a los combatientes y sembrar el terror entre la población y especialmente entre las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad (ACNUR, 2006). Así, el 88.7% de las mujeres víctimas de violación sexual en Guatemala fueron mayas; en Perú, el 75% fueron quechuahablantes y el 83% de origen rural; en Colombia las mujeres representan el 75% de la población desplazada y son, junto con las afrodescendientes, indígenas y campesinas, las que se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia sexual (CLADEM, 2007). En el marco del conflicto la violencia se utiliza para disciplinar el cuerpo de las mujeres, este cuerpo se supedita a las decisiones jerárquicas del grupo y se convierte en espacio sobre el que se libran 24
batallas por el predominio militar; “por ello, la violencia basada en el género –VBG– (tanto por parte del propio bando como de los contrarios) aumenta significativamente en contextos de conflicto, aunque no así el reconocimiento de la misma y de la necesidad de penalizarla. El cuerpo se convierte en ámbito fundamental de ejercicio del poder y del mantenimiento de las relaciones de género que sustentan este” (Cifuentes Patiño, 2009). En Colombia, Sonia Fiscó (2005) realiza, a partir de los casos y testimonios recopilados, una codificación de la tipología de violencia sexual (acceso carnal violento, esclavitud sexual o prostitución forzada, etc.), por autor (Guerrilla, Fuerzas Armadas del Estado, Paramilitares, etc.) y por víctima (ex¬-combatientes, mujeres civiles, pertenencia a grupos étnicos, mujeres desplazadas, etc.), reflejando que la violencia sexual es una práctica generalizada de los diferentes actores armados, que se ceba en unos colectivos de mujeres más que en otros pero que ninguno está excluido, y que la respuesta institucional ha sido insuficiente y negligente, además de permanecer estos hechos como impunes. La investigadora analiza a su vez variantes de violencia sexual que, si bien no están tipificadas como delito, son consideradas por el estudio como modalidades del ejercicio de este tipo de violencia que hay que documentar para lograr que en un futuro sean sancionadas, a saber: determinadas reglas de convivencia que implican discriminación /violencia (obligar a determinadas pautas de conducta social como horarios, maneras de vestir, etc.) y señalamientos por presuntas relaciones con actores armados en el conflicto. Será de nuevo Elsa Blair quien junto a Luz María Londoño indague sobre la “CorpOralidad” (Londoño, 2005), para señalar la importancia de lo corporal y de lo “oral” o testimonial, en las mujeres combatientes, en la línea de Norma Vázquez o Clara Murguialday para el caso salvadoreño (Vázquez, Ibañez, & Murguialday, 1996) o Ilja Luciak (Luciak, 2001), para el centroamericano; estas autoras consideran que los cuerpos de las guerreras son también en el lugar e instrumento donde la guerra se vive, se significa y se narra, y donde hay que poner atención para tener un panorama completo interpretativo de una guerra donde las mujeres han sido tradicionalmente invisibilizadas tanto en el conflicto como en la búsqueda de la paz, a pesar de ser combatientes, víctimas y ciudadanas. 25
Junto a las corporalidades violentadas, donde la violencia se expande más allá del conflicto armado, y tiene como común denominador la degradación y sometimiento de otros cuerpos (torturas, violaciones, asesinatos, agresiones con ácido, etc.), se encuentran, siguiendo la categorización realizada por el grupo de investigación colectivo de la maestría de estudios culturales, otro tipo de “corporalidades”: las aseguradas, y las (in)deseadas (Rehhorn, y otros, 2012). Las corporalidades aseguradas surgen cuando unos grupos sociales se aferran, en una sociedad desigual, a su ideal de seguridad, segregando y separando los cuerpos “legítimos” de los “cuerpos fuera de lugar”, en una lógica de análisis relacionada con la sociología urbana y la geopolítica, incluida la geopolítica feminista. Así los cuerpos que son permitidos en unos espacios, están prohibidos en otros, a partir de una lógica de aislamiento de los cuerpos para evitar “el contagio”. Ejemplo de estos cuerpos “desterritorializados” serían los de la población desplazada por el conflicto armado. Paralelamente a las corporalidades violentadas y aseguradas claramente marcadas por el conflicto, se localizan las prácticas y los discursos dirigidos al mantenimiento y perfeccionamiento de los cuerpos, en una sociedad en la que se desarrolla, paradójicamente, un amplio mercado de la estética personal. Entendido como la normalización en torno a un sistema de patrones de belleza concretos, que a menudo esconden un consumo “en serie” de los cuerpos inscritos en sus prácticas de estética y cuidado. Estas prácticas también reproducen imágenes articuladas por el miedo a lo grotesco, lo monstruoso y lo decadente. De cara a este TFM son importantes en este sentido los aportes de Carolina Monroy (2007) quien pondrá de manifiesto cómo la idea de que existe un patrón de cuerpo perfecto, está muy instalada en la sociedad y que los medios de comunicación y la publicidad tienen una gran responsabilidad en la construcción de esos modelos, pero la sociedad en su conjunto es quien lo avala y lo refuerza. Para esta psicóloga, la imagen corporal será un elemento clave en la construcción de la identidad de las mujeres, debido a la importancia que la apariencia física adquiere en todos sus ámbitos (profesional, social y afectivo). Otros trabajos, indagan a su vez en la “tiranía del cuerpo” que caracteriza a la sociedad actual, donde se concibe el cuerpo, especialmente el de las mujeres, como algo 26
moldeable, capaz de ser intervenido sucesivamente hasta llegar a convertirse en el “objeto deseado”, aquel que más se acerca al ideal de belleza (Martín Hernández, 2007). El cuerpo cosificado, enajenado, que convive con un discurso médico que asocia la salud con la belleza y la apariencia (López, 2012). Lo que muestran los estudios sociales relacionados con el fenómeno de los “Reinados de belleza” en Colombia13, es una contradicción entre los cánones establecidos para ser “Reina” (altura, medidas, etc.) y la realidad de la colombiana promedio; así mismo muchos de los abordajes en torno a este evento social han permitido desgranar cómo las categorías de clase, raza y sexo se han articulado en la identidad nacional colombiana y cómo desde estos imaginarios se imponen y reproducen ideales generalizados de belleza que empujan a las mujeres hacia prácticas que las acerquen al cuerpo deseado (Bolívar Ramírez, 2007). Entender este tipo de procesos es fundamental en una sociedad como la colombiana donde el cuidado por la estética y la belleza se erigen como claves en la configuración de la identidad femenina, lo cual tiene un impacto especialmente grave en los casos de agresiones con ácido contra mujeres, siendo además uno de los primeros casos que tuvo más repercusión mediática el de la agresión contra una candidata a este concurso. Estos y otros acercamientos ayudan a entender cómo se (re)producen la violencia en los cuerpos y de qué manera se articulan con los diferentes contextos sociales.
4.2 Estudios sobre análisis de marco, encuadre y establecimiento de agenda política Lo anterior se completa con el estado del arte de las investigaciones relacionadas con los marcos, encuadres y establecimiento de agenda política. Las ciencias sociales han identificado cómo las personas, de cara a estudiar e interpretar la realidad, necesitan ordenarla y simplificarla, para lo cual se construyen “mapas coginitivos o mentales”, concepto elaborado por Edward C. Tolman en su
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El Concurso Nacional de Belleza de Colombia es un certamen que ha sido celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias desde 1934. Este evento consiste en seleccionar a la colombiana que representará al país en Miss Universo y tiene una gran repercusión social. La Señorita Colombia y su corte ostentan su título por aproximadamente un año, hasta que el concurso elija a sus sucesoras. 27
artículo de 1948 “Cognitive maps in rats and men” (Platero, 2004). En los años setenta y ochenta aparecerá así el concepto de policy frames, traducido por “marcos de política” o “marcos interpretativos de política” y que hace alusión a una manera determinada de organización de los problemas, que busca dotarles de coherencia y que implica la delimitación de la realidad compartida por una comunidad o grupo social. Según Erwing Goffman (1974), los marcos serían las representaciones simbólicas que dotan de significado a lo que sucede, organizando las experiencias, modelando y evaluando comportamientos y orientando la acción individual y colectiva. Para algunos autores, en un contexto de formulación de políticas el encuadre o framing constituye la importancia social que se asigna a una situación política, redefiniendo los problemas, y formulando estrategias para su resolución. El proceso de enmarcar o asignar un significado, implica realizar un diagnóstico de una situación problemática que da atención selectiva a algunos aspectos de la realidad social, priorizándolos y descartando otros, de cara a buscar una solución a dicho problema y llamar a la acción; supone por tanto interpretar un hecho relevante o sus condiciones, de forma que faciliten la movilización, de aquellos que potencialmente pueden apoyarla y desmovilizar a sus oponentes (Schön & Rein, 1994). Otros investigadores, en concordancia con la literatura tradicional sobre marcos interpretativos dividen el proceso de encuadre en tres tareas de tipo técnico: diagnóstico (construcción del problema), pronóstico (diseño de las medidas para su solución) y motivacional (utilización y diseño del lenguaje y el discurso para incentivar a la movilización social) (Benford & Snow, 2000). El término de “marco interpretativo” se relaciona a su vez con la bibliografía sobre el “establecimiento de la agenda política” o teoría de la agenda setting, y que hace referencia a cómo los medios influyen en el público, directa o indirectamente, a través del proceso de priorización de las cuestiones o temáticas a tratar. El término se acuña para expresar cómo las agendas o temas considerados relevantes por los medios pasan a ser resaltados a su vez en las agendas de la audiencia. Las personas no sólo reciben información a través de los medios sobre determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y son considerados prioritarios, sino que también aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les deben dar. En definitiva, según palabras del propio Mac 28
Combs: "Su nombre metafórico proviene de la noción de que los mass-media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad" (Bryant & Zillman, 1996, págs. 16-17). Por su parte, las teóricas feministas y los estudios de género, también han puesto de relieve en numerosas ocasiones cómo la definición de los problemas políticos que llegan a la agenda no son una simple descripción de hechos y objetivos, sino que se trata de representaciones y visiones estratégicas, que dan importancia a determinados temas frente a otros y cómo cada “solución” propuesta contiene en sí misma una determinada representación del problema (Bacchi, 1999) y la relevancia que este proceso de definición de políticas tiene en términos de las relaciones sociales entre hombres y mujeres y la reproducción de las estructuras de desigualdad social, incluidas las genéricas (García Prince, 2000). El proyecto MAGEEQ, como se señalaba en el apartado de metodología se nutre tanto de la teoría de los movimientos sociales, como la del establecimiento de la agenda, todo ello desde una perspectiva feminista, constituyendo por lo tanto una herramienta útil para analizar desde un enfoque de género los marcos interpretativos de la construcción de la agenda socio-política en torno a las agresiones con ácido y la propuesta de su regulación estatal.
5. Contexto internacional 5.1 Violencia de género en el mundo y en América Latina Como se dijo en la introducción, la violencia de género es un problema histórico mundial, una violación a los derechos humanos y un problema para el desarrollo, asociado a unas relaciones entre hombres y mujeres desiguales en términos de poder y que puede afectar tanto a hombres como mujeres, si bien la ejercida contra las mujeres es la más representativa. La violencia contra la mujer pasó del plano privado a la esfera de lo público - y por tanto al ámbito de responsabilidad estatal- debido en gran medida a la labor de base de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas en todo el mundo. Gracias a esta labor se ha puesto de manifiesto que la violencia contra las mujeres no 29
es un elemento ocasional o individual sino que responde a unas relaciones estructurales de desigualdad entre el hombre y la mujer profundamente arraigadas que superan la esfera de lo privado. A pesar de que las expresiones de este tipo de violencia son diferentes según el contexto cultural en el que se inscriben, ésta se practica tanto en tiempos de paz como en conflicto y postconflicto, debido al carácter estructural de la discriminación basada en el género y al recurso a la violencia como dispositivo coercitivo para la subordinación y control de las mujeres, es decir, que la violencia contra la mujer es a la vez una manifestación de la desigualdad de género y una manera de imponer esta desigualdad. Para entender que la violencia contra las mujeres es un continuum hay que comprender primero que los agresores actúan sobre la base de formas preestablecidas de relaciones de género, que sólo se exacerban en determinados contextos (de pobreza, de conflicto, de crisis, etc.). De esta manera, la violencia de género se normaliza y naturaliza haciéndose aceptable e inevitable. La perspectiva de género en el análisis de la violencia permite evidenciar que las modalidades, consecuencias y factores de riesgo de la violencia son diferentes entre hombres y mujeres. Los hombres tendrían más probabilidades de morir o sufrir violencia en los conflictos armados y actividades delictivas, mientras que las mujeres tienen más riesgo de sufrir violencia por parte de su entorno más cercano o íntimo. Dentro de los diferentes tipos de violencia las mujeres y las niñas tienen más posibilidades de sufrir violencia sexual que los hombres o los niños. Además de que los impactos de ser víctima de violencia son distintos si quienes la sufren son mujeres o varones en términos de salud sexual y reproductiva, pero también en términos económicos y sociales. La violencia de género abarca la física, la sexual y la económica o patrimonial. Según ONU Mujeres -con datos compilados en 2011 referentes a 86 países y basados en estudios y encuestas de instituciones internacionales- la prevalencia de la violencia física y sexual contra las mujeres, incluyendo la iniciación sexual forzada y el abuso durante el embarazo es elevada alcanzando valores de hasta el 70% en Etiopía (ONU Mujeres, 2011). NNUU señala así mismo que la forma más común de violencia física y sexual que las mujeres y las niñas sufren es a manos de sus maridos, parejas o algún 30
conocido, de hecho la tasa de prevalencia de la violencia física dentro de la pareja a lo largo de la vida oscila entre el 13% y el 61%, siendo la proporción más habitual la de entre un 23% y un 49%; mientras que la tasa de prevalencia de la violencia sexual infligida por la pareja oscilaba entre el 6% y el 59%. Destaca que los actos de violencia están por encima del cáncer, la malaria, la guerra y los accidentes de tráfico juntos, como causa de muerte y de discapacidad para las mujeres entre 15 y 45 años (Secretario General de las Naciones Unidas, 2007). Entre las modalidades que adopta la violencia NNUU en este mismo estudio nombra: Femicidio: En Estados Unidos, un tercio de las mujeres asesinadas cada año lo son a manos de sus parejas, mientras que en Sudáfrica , una mujer es asesinada cada 6 horas por su compañero íntimo, tráfico de mujeres y niñas: el colectivo femenino supone e 80% de las personas traficadas, la mayoría con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina: entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido la mutilación o ablación genital femenina, matrimonio infantil: más de 60 millones de niñas en el mundo se casan antes de los 18 años, violencia sexual: 150 millones de niñas menores de 18 años sufrieron alguna forma de violencia sexual en 2002, de 250.000 a 500.000 mujeres y niñas fueron violadas en el genocidio Ruandés del 1994, acoso: entre el 40-50% de las mujeres de la Unión Europea manifiestan haber sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo y el 83% de las niñas estadounidenses de entre 12 y 16 años dicen haberlo experimentado en las escuelas. Pero también los crímenes de honor, el aborto forzado, el uso forzado de anticonceptivos, prenatal o infanticidio femenino selectivo, la esterilización o el embarazo forzado, la violencia doméstica, la prostitución forzada o los ataques con ácido, entre otros. Los estudios que se han realizado sobre el fenómeno en la región latinoamericana son múltiples y variados en sus definiciones y mediciones. La OPS (Bothh, Guedesm, Goodwin, & Ada, 2013) ha realizado un esfuerzo para intentar salvar las dificultades a la hora de realizar este tipo de comparativas y teniendo en cuenta el sub-registro del 31
fenómeno. Entre otras cuestiones el estudio concluye que la violencia contra la mujer infligida por el compañero íntimo, la cual comprende desde actos moderados ocasionales hasta situaciones crónicas o prolongadas de maltrato (golpizas), están presentes en toda la región con una prevalencia variable según el país junto con el maltrato emocional y los comportamientos controladores también. Igualmente preocupantes son los porcentajes de mujeres de entre 15 a 49 años de edad que alguna vez han estado casadas o en unión que han manifestado haber sido víctimas de “Violencia física o sexual infligida por el compañero íntimo alguna vez y en los 12 meses precedentes” puesto que existen países como Bolivia con más de un 50% (50,3%), Colombia con un 39,9% o Perú con 39,5% (Bothh, Guedesm, Goodwin, & Ada, 2013). Un grupo importante de mujeres de América Latina y el Caribe informan haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, perpetrada principalmente por hombres conocidos por ellas, mientras que un grupo más pequeño pero sustancial reconoce haber tenido una iniciación sexual temprana forzada y no deseada. Las consecuencias que todo esto tiene en términos de salud sexual y reproductiva para las mujeres son graves, especialmente en los casos de maltrato durante el embarazo, además de que la “exposición a la violencia en la niñez aumenta el riesgo de otras formas de violencia en etapas posteriores de la vida y tiene importantes efectos intergeneracionales negativos” (Bothh, Guedesm, Goodwin, & Ada, 2013, pág. 10). Entre los factores destacan que los sociodemográficos como pobreza o ruralidad son variables según el contexto, mientras que el alcohol es un detonante común; se señala como elemento a tener el cuenta el incremento de casos en aquellos entornos donde las mujeres estén vinculándose a roles socio-económicos tradicionalmente masculinos. La búsqueda de ayuda o la permisividad o aceptabilidad de la violencia también varían según el contexto, siendo la proporción de mujeres favorables a que una esposa obedeciera a su marido, aunque estuviera en desacuerdo con él, entre la cuarta parte de las mujeres en el Paraguay urbano de 2008, y casi las tres cuartas partes de las mujeres en la Guatemala rural de 2008 y 2009 (Bothh, Guedesm, Goodwin, & Ada, 2013).
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5.2 Agresiones con ácido en el mundo y en la región latinoamericana Los ataques con ácido son una modalidad cruel de agresión violenta, definida como el acto de arrojar ácido (los más comunes son ácido sulfúrico, nítrico o clorhídrico) en el cuerpo de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o asesinarla y que tiene secuelas físicas, psicológicas, sociales y espirituales, de por vida. Este tipo de ácidos son de común acceso por utilizarse para actividades cotidianas (limpieza) o productivas (reparar vehículos, fundición de metales, trabajo con madera, elaboración de explosivos, etc.). El arma química suele arrojarse de manera premeditada contra el rostro de la víctima, causando graves lesiones en la cara, cabello, cuello, hombros y brazos, estos últimos muchas veces por ser utilizados por las personas atacadas para protegerse del ataque. Como consecuencia del actuar del producto químico los tejidos de la piel se funden llegando a exponer los huesos (los cuales pueden llegar a disolverse) e incluso algunas víctimas pierden la visión de uno o dos ojos. Todo esto tiene además impactos psicológicos y sociales permanentes. La investigadora Jane Welsh (2009) describe cómo el uso de este tipo de sustancias está documentando desde el siglo I D.C. en la Antigua Grecia, en la purificación del oro y que fue utilizado después por sumerios, romanos, persas, árabes e indios, y en Europa durante la Edad Media. El uso del “vitriol” -como era conocido el ácido sulfúrico- para ataque, ha sido reportado por primera vez en la Francia de Luis XIV, pero será a finales del siglo XIX cuando se produzca una oleada de agresiones con esta sustancia en Europa, sobre todo en Francia (en 1879 en Francia se denunciaron ante el tribunal 16 casos y entre 1888 y 1890 se reportaron 83) y Reino Unido. El fenómeno se expandió y tuvo mucha cobertura en prensa, y era retratado como un crimen de pasión llevado a cabo por una mujer, la vitrioleuse, generalmente pobre, motivada por los celos, la venganza o la locura que le había provocado una traición o decepción. Con la desfiguración de la víctima, su marido infiel o su amante, la agresora pretendía impedir su relación amorosa, y llegó a haber cierta permisividad y aceptabilidad social al considerar que los motivos del ataque estaban justificados y que la víctima en cierta manera había provocado las condiciones que habían llevado a la 33
agresión. La publicidad y cobertura mediática influyeron en su prevalencia y el fenómeno de los ataques con vitriolo llegó a popularizarse entre clases pudientes y burguesas cuyo uso en caso de “honorables motivos” (pérdida del amor, la lealtad o posición social) era socialmente validado o al menos no sancionado. La investigación de esta autora señala que la causa de la decadencia de este fenómeno en Europa podría deberse a una escasez del ácido a causa de las guerras del siglo XX, o bien a que con la partida de los hombres a los campos de batallas las mujeres asumieron roles, productivos y sociales, diferenciados que produjeron una transformación social que iría más allá del 1945 llegando hasta la actualidad. Sin embargo, como ella misma señala, existe un vacío de investigación sobre las causas que estuvieron detrás de este cese del problema en Europa y de ser resuelto podría dar pistas sobre cómo erradicar los ataques allí donde se siguen produciendo. Según la Fundación Internacional de Supervivientes de Ácido [ASTI] en el mundo se registran 1.500 casos anuales de personas agredidas por estas sustancias, de los cuales, aproximadamente, el 80% son mujeres, si bien los datos podrían ser mucho mayores dado que no se cuenta con datos estadísticos y registros confiables a nivel mundial que den cuenta del fenómeno, tan sólo hay estudios y controles en algunos países donde el problema se ha identificado como grave y se han adoptado medidas para su atención (ASTI). Desde finales de la década de los sesenta y durante los setenta se empiezan a registrar casos en el sur del continente asiático, principalmente en Bangladés, India, Camboya, Nepal, Paquistán, Vietnam, Laos y China, siendo Bangladés el que presentaba una tasa más alta, si bien parece que en los últimos años las medidas legales adoptadas podrían estar detrás de su reciente remisión. Según Jane Welsh (2009), los casos que se suelen nombrar son los de: Bangladesh, India, Pakistán, Nepal, Camboya, Vietnam, Laos, Hong Kong, China, Reino Unido, Kenia, Sudáfrica, Uganda y Etiopia; a los que ella añadió en su investigación los de “Indonesia, Malasia, Myanmar, Tailandia, Taipéi, Sri Lanka, Afganistán, India, Irak, Turquía, Egipto, República de Yemen, Arabia Saudí, Bengala, Nigeria, Gabón, Italia, Francia, Bulgaria, Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Cuba y Jamaica” y otros casos
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anecdóticos en “el norte de África y África central, Oriente Medio, Asia Central y Sud América” (Welsh, 2009, pág. 26) La revisión documental, de noticias aparecidas en los medios de prensa digital y las entrevistas realizadas en el marco de este TFM muestra que desde el año 2009 hasta julio del 2013 se han reportado casos también en: España (Barroso, Javier, 2012), Irán (Kamali Dehghan, 2011), Bélgica (Reuters, 2013), Uruguay (El Ciudadano, 2011), República Dominicana, (Grupo SIN, 2013) Colombia (Ospina, 2012), Costa Rica (Bravo, 2012), Rusia (AFP, 2013), Palestina (Hartman, 2013), México (Medina, 2013), Paraguay (Paraguay.com, 2011) y Bolivia (Grupo Bolivia Bz, 2011)14. El caso de Haití es una excepción en este sentido pues se ha encontrado una noticia relativa a un atentado a un oficial utilizando ácido del año 1978 (The Virgin Islands Daily News, 1978) , dato que puede ser interesante como indicio para futuras investigaciones de la problemática en la región desde una perspectiva histórica. Quienes han acompañado y estudiado el fenómeno en la región asiática muestran que en muchos países, donde la discriminación estructural de género se une a Estados débiles, pobreza e impunidad, las agresiones con ácidos se pueden constituir en una forma más de violencia de género, al ser utilizada por familiares, parejas o conocidos de las mujeres agredidas como un arma para castigarlas. Entre las motivaciones de estas agresiones han identificado la restitución del honor herido, los celos, las negociaciones familiares en torno a la dote o la sospecha de algún acto inmoral por parte de la persona amada. Sin embargo, no todas las víctimas son mujeres. Aproximadamente el 20% de las personas agredidas por ácido en el mundo son hombres, con grandes diferencias entre países. En Uganda el 57% de las sobrevivientes de las agresiones con ácido son mujeres y el 43% hombres, la mayoría entre 20 y 44 años, aunque un 10% de las víctimas son niños y niñas afectados cuando la agresión iba contra sus padres. Las cifras presentan el uso de estas sustancias en diferentes contextos que van desde las disputas
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Como fuente se incluye los enlaces a los medios de prensa digital donde se detallan casos de agresiones con ácido en estos países. Por motivos prácticos se ha incluido un enlace por país a modo de muestra.
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domésticas hasta robos y otros crímenes con violencia. Por su parte, en Sri Lanka, la mayor parte de las víctimas son hombres agredidos en el marco de violencia y robos en general, así como en el ámbito doméstico. Para el caso de Nigeria las víctimas hombres también son mayoría, con un 60%, y muchas de las agresiones se hacen con la intención de mutilar o matar, por lo que gran parte de las mujeres a quienes les arrojaron el ácido han perdido la vida (Acid Survivors' Foundation Uganda & Acid Survivors Trust International, 2011). De hecho, "Los estudios de quemaduras químicas causadas por el asalto en los últimos 40 años revelan que, si bien en algunos lugares la mayoría de las víctimas son mujeres, los hombres en general son de mayor riesgo," dice el Dr. Alexander Butchart, coordinador de la unidad de prevención de la violencia en la Organización Mundial de la Salud (OMS)”15, citando a Jamaica como un país en el que se presentan las mujeres que han recurrido a la violencia con ácido contra los hombres con más frecuencia que los hombres contra las mujeres (OMS, 2011, pág. 1). Los ácidos utilizados para los ataques no son armas en sí mismas, se convierten en tales en función del uso que les da quien agrede. En este sentido, es básico tener claro que: a) no todas las agresiones con ácido que tienen a las mujeres como sobrevivientes pueden ser interpretadas como violencia de género (si una mujer es agredida por ácido para robarle un teléfono móvil no es una agresión por motivos de género si no que se trataría de una agresión por robo o delincuencia común); b) existen agresiones contra hombres que pueden ser catalogadas como violencia de género; por ejemplo, las sistemáticas humillaciones y torturas cometidas contra los detenidos iraquíes por las tropas estadounidense en la prisión Abu Ghraib que, en parte, consistieron en un ataque a la identidad de género de los detenidos forzándolos, entre otros cuestiones, a vestir ropas de mujer; o el caso en Paraguay de agresión con ácido a una transexual “bio-hombre”- trabajadora del sexo (Paraguay.com, 2011)); c) las mujeres no sólo pueden ser víctimas de las agresiones si no también perpetradoras; y d) existen manifestaciones de violencia contra las mujeres, como ahora el desplazamiento forzado, que no están basadas en el género, pero que tienen un impacto diferencial y desproporcionado en las mujeres y las niñas, este puede ser también el caso de las 15
Traducción desde el inglés de la autora de este TFM 36
agresiones con ácido en determinados contextos donde la importancia de la imagen y la belleza corporal adquiere dimensiones distintas en función del sexo de la persona. Es importante, por tanto, estudiar en cada contexto cuáles son las motivaciones que están detrás de su utilización para desentrañar qué tipo de violencia está en juego, qué impactos tiene, y cuáles son las causas estructurales y medidas a las que las políticas públicas deberían enfocar. Las agresiones con ácido son un fenómeno de interés reciente en la región latinoamericana. De hecho no se ha encontrado literatura sobre el tema, más allá de la investigación médica sobre cómo abordar las quemaduras, y a la información sobre los casos que se accede a través de los medios de comunicación, así como los ejercicios de recolección de información que Estado y sociedad civil empiezan a realizar en los países más afectados. Se desconoce por tanto los orígenes históricos, sus características principales, la magnitud y la prevalencia del problema y se presupone que, como en el caso de otras violencias silenciadas, pueda existir un importante subregistro. Anteriormente mostrábamos un listado donde aparecían los países del mundo donde se habían identificado casos de agresiones con ácidos, entre ellos los pertenecientes a América Latina y el Caribe serían: Cuba, Argentina16, Jamaica, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Haití, Costa Rica, Paraguay y Bolivia. De estos, aquellos países donde el número de casos cubiertos por la prensa es más recurrente y ha llegado a provocar una reacción del Estado y la sociedad civil para motivar la regulación pública del problema son República Dominicana y Colombia, siendo este último el país donde se centra este trabajo y que se abordará con más profundidad en el próximo apartado. Por su parte, el caso de República Dominicana merecerá especial atención para futuras investigaciones dado el incremento reciente de casos y que el pasado mes de junio fue aprobado en el Congreso, por 122 votos a favor y 3 en contra, una propuesta de modificación al Código Penal que actualmente se encuentra pendiente de debate y aprobación en el Senado y que en principio propone penas de hasta 40 años para
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En la revisión realizada para este TFM no se han encontrado casos de agresiones que hayan tenido lugar en Cuba o Argentina, no obstante estos países aparecen listados en el trabajo de Jane Welsh (2009). 37
quienes cometan femi(ni)cidios, usando la sustancia conocida como “ácido del diablo”, o para quienes cometan “sicariato”. La autora de “It was like burning in hell” (Welsh, 2009) deja abierta la hipótesis a futuras vías de investigación de que exista un patrón de ataques detrás de las colonias del Imperio británico y francés, en cuyo caso de estudio encajarían los sucesos de Haití (como se comentó con anterioridad se han encontrado casos en prensa que datan de 1978) y Jamaica; sin embargo, el conocimiento de la existencia de casos de características similares en países latinos arroja nuevas variables para el análisis lo que complejiza a priori la hipótesis de esta investigadora. Se recomienda por lo tanto más investigación rigurosa sobre este tipo de violencia que analice las peculiaridades y convergencias del problema en la región desde perspectivas históricas, socio-culturales y epidemiológicas, poniéndola en relación y diálogo con lo ocurrido en otros continentes.
6. Agresiones con ácido en Colombia 6.1 Violencia de género en Colombia: Historia de una sociedad desfigurada Colombia es un país de aproximadamente 47.121.089 millones de habitantes en el que las mujeres representan el 51.3% de la población (DANE, 2013), considerado como la 28 economía del mundo por el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2012) pero con apenas un puesto 91 de los 186 posibles en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2012). Sin embargo, Colombia presenta una ratio de desigualdad que sólo es superado en América por Haití, con un coeficiente Gini17 nacional de 55.9 según cifras del Banco Mundial del 2011 (BM, 2011), siendo el índice de concentración de la propiedad (calculado por PNUD en base al índice GINI) de la tierra en el 15,36% de los municipios del país superior al 0,8 (PNUD, 2011), y viviendo más del 34 % de la población bajo el umbral de la pobreza (OEA, 2013). Estos altos índices de inequidad se traducen también en términos de desigualdad de género, al persistir las relaciones de
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El Gini es una medida de desigualdad cuyos valores posibles se ubican entre el 0 y el 1, en donde 1 significa el máximo posible de desigualdad y cero el mínimo 38
subordinación, discriminación y exclusión de la mujer, con un índice de equidad de género de 0, 64 en el 2012 (Social Watch, 2013), donde la incidencia de la pobreza es mucho más marcada para las mujeres, ya que del total de pobres en el país el 51,6% son mujeres y la tasa de desempleo de éstas en el año 2011 fue de 14,4 frente a una de 8,1 para los hombres según datos oficiales del DANE (Caicedo, 2013). En Colombia se desarrolla desde hace casi 60 años un conflicto armado complejo de larga duración que ha provocado entre 3.600.000 y 5.445.406 de personas desplazadas, en función de si son cifras gubernamentales o de la sociedad civil (CODHES, 2012), el segundo país en población desplazada tras Sudán. Con la aplicación de la “Ley 1448 de 2011” o “Ley de víctimas y restitución de tierras” y las negociaciones actuales para la paz el propio gobierno colombiano ha cifrado en más de 5 millones las víctimas del conflicto -entre población desplazada, asesinados/as por los diferentes grupos, secuestrados, impactados/as por las minas, etc.- lo que supondría aproximadamente un 10% de la población total, con una afectación mayor en las zonas rurales del país, y a lo que se suma el abandono y/o despojo de entre 5 y 6 millones las hectáreas a causa del conflicto. Determinar los muertos por el conflicto colombiano es complejo puesto que existen muchas diferencias entre las fuentes, falta de información y manipulación de los datos por parte de las partes en conflicto;sin embargo, un estudio de la ONG Indepaz, con base en el análisis de los datos concluye que de 1964 a 2008 murieron a causa del conflicto 105.452 colombianos y colombianas entre guerrilleros, militares, paramilitares, policías y civiles, lo que supondría un 15.29% del total de homicidios cometidos en el mismo período (INDEPAZ, 2008). Respecto al número de homicidios, con datos del 2011, se maneja la cifra de 15.572 (de las cuales 1.427 víctimas fueron mujeres), lo que representa una tasa de homicidio de 33,4 cada 100mil habitantes, obteniendo así el puesto 16 a nivel mundial (Caicedo, 2013, pág. 24), superada por otros países centroamericanos como Honduras y El Salvador. Se observa un impacto diferencial de género siendo los hombres, especialmente los jóvenes, quienes corren mayor riesgo de ser asesinados, si bien “las mujeres lo son de los homicidios cometidos por sus allegados. En Europa por ejemplo, el 77% de los asesinatos contra mujeres fueron cometidos por personas con algún 39
vínculo, mientras que cerca del 50% de los principales asesinos de los hombres son personas desconocidas. Las mujeres son asesinadas en más del 35% de las veces por sus esposos o exesposos mientras que los hombres solo en el 5% de las veces fueron muertos a manos de sus esposas o exesposas (UNODC, 2012: 11)” (Caicedo, 2013, pág. 30). A los asesinatos, masacres, desplazamiento forzado, desapariciones, minas antipersonas, secuestros y torturas, se añade, para el caso de las mujeres y niñas principalmente, la incidencia de altos índices de violencia sexual que aún no están completamente documentados, debido a la falta de una respuesta pública adecuada y a la consecuente “sub-denuncia” (entre el 50 y el 90% de los casos no se denuncian, dependiendo del contexto) entre otros factores, a pesar de este subregistro sólo en el 2011 la policía colombiana registró 7.975 delitos sexuales, de los cuales 3.154 fueron violaciones, entendiendo por tales “el acceso carnal sin consentimiento válido” (OEA, 2013). Los grupos armados han utilizado las masacres como un mecanismo para crear terror en la población, y han usado los cuerpos de las mujeres como medio para humillar y degradar la dignidad humana. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, “la violencia sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, entre otras, hacen un conjunto de prácticas comunes en el contexto de la degradación de la guerra, asociadas al control del cuerpo de las mujeres como forma de regulación simbólica de un territorio y su población” (Defensoría del Pueblo, 2006, pág. 101). Según Amnistía Internacional: “La violencia contra las mujeres forma parte integral del conflicto armado [colombiano18] y continúa siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto” (Amnistía Internacional, 2004, pág. 1). Junto a los homicidios y la violencia sexual, la violencia en el marco de las relaciones de pareja, también llamada “doméstica” o “intrafamiliar” en función de quién haga las clasificaciones y con las diferencias de cómputo que cada nomenclatura incluye, es otra de las formas más habituales de violencia de género. Las cifras en este sentido muestran que en 2011, según el INMLCF [Instituto Nacional de Medicina Legal y
18
Acotación de la autora del TFM 40
Ciencias Forenses] la violencia intrafamiliar19 ocupó el segundo lugar después de la violencia interpersonal, en el cuadro violencias no fatales, registrándose por parte de este instituto 89.807 víctimas en todo el país, lo que representó una tasa de 195,04 por 100.000 habitantes. La tendencia epidemiológica para este año que se registró en este tipo de violencia, al igual que los años anteriores, mostró que en la violencia sexual las mujeres siguen siendo las principales víctimas; sobre todo en la violencia de pareja, en la que ocuparon el primer lugar con un porcentaje del 88,4 %, en comparación con el 11,5 % de los hombres20. Los altos índices de inseguridad de la sociedad colombiana están relacionados con las inequidades sociales a las que se ha hecho referencia al inicio del apartado, pero también a los impactos en las dinámicas poblacionales del conflicto armado interno y a un ordenamiento de género donde los estereotipos de género exaltan masculinidades violentas (que resuelven los conflictos a través del uso de la fuerza, con los riegos que esto conlleva para todos, hombres y mujeres), heterosexuales, competitivas y con un rol donde los hombres deben ser los proveedores de la familia, mandato de género que les lanza la sociedad pero que en muchos casos les cierra las puertas para lograr cumplir, por lo que recurren a medios ilegítimos para obtenerlo igualmente; y unas feminidades cosificadas, que tienen como precepto ser madres cuidadoras y donde su éxito depende del triunfo económico y social de sus parejas, para lo cual la belleza es su instrumento clave para poder lograr un compañero exitoso, lo que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. “Las cifras sobre las víctimas de homicidio presentadas con anterioridad así lo revelan. Por otra parte la sumisión, complacencia, aceptación y dependencia, considerados valores femeninos, sustraen a las mujeres agencia y poder, las sujeta y cosifica, haciéndolas vulnerables a todo tipo de violencias: la intrafamiliar, la sexual y la económica, como lo demuestran los datos expuestos con anterioridad. Una de las demostraciones de fuerza es el pandillismo y una de las formas de sujeción es el comercio sexual” (Caicedo, 2013, pág. 87).
19
Según este Instituto la Violencia Intrafamiliar incluye la violencia que se ejerce en el seno familiar: contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y de pareja, entre otros familiares 41
6.2. Una ácida y no tan reciente realidad Orígenes No hay estudios que muestren los orígenes de las agresiones con ácido en Colombia. Los testimonios de las personas entrevistadas sitúan los primeros casos entre hace 16 y 19 años. La mayoría coinciden en señalar como la primera agresión la que se produjo en Bogotá contra Gina Potes, una de las sobrevivientes que se ha convertido en lideresa y actriz clave para el posicionamiento de este tema en la agenda pública; también se puede inducir de los testimonios que las principales víctimas son las mujeres jóvenes a manos de sus parejas, exparejas o conocidos, en casos de lo que se conoce como violencia de género en el marco de las relaciones de pareja. Al inicio, los casos que se registraban en los centros de salud eran esporádicos y espaciados entre sí, por lo que se pensaba que se trataba de hechos aislados, sin elementos en común; sin embargo en los últimos años se identifica una tendencia creciente en el número de casos, así como una mayor presencia de su cobertura en los medios de comunicación. Según los testimonios de las personas entrevistadas no se sabe con certeza si el incremento del número de las agresiones contra mujeres se debió precisamente a que con la aparición en los medios de comunicación se produjo un efecto imitación; o si, el conocer de la existencia de otros casos animó a las víctimas de las agresiones a denunciar los suyos. Los medios de comunicación empiezan a dar cobertura a las agresiones con ácido en junio del 2010, con el caso del ataque a María Fernanda Núñez, una de las aspirantes a “reina de la belleza” de Cúcuta, mujer joven, de clase acomodada y que encaja con el prototipo de beldad occidental (mujer alta, delgada y de rasgos caucásicos), que como ponía de relieve Bolívar Ramírez (2007) en el estado de la cuestión, no coincide con el promedio
de
la
población
colombiana
con
fuerte
influencia
indígena
y
afrodescendiente. El que se haya cubierto por los medios de comunicación este caso de agresión, frente a otros previos, podría reflejar la estructura racista y clasista del país. Dos meses después, en agosto del 2010, uno de los periodistas documentalistas más reconocidos del país, “Pirri”, hizo público un programa especial en televisión en
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relación a las agresiones con ácido21 en el que situó el fenómeno en el marco de la violencia contra las mujeres, haciendo un análisis comparativo con la situación de otros países y mostrando las causas, características e impactos de estos ataques a partir de varias historias de vida de mujeres agredidas en Colombia y en Pakistán (Especiales Pirry-Canal RCN, 2010). Este programa tuvo una amplia repercusión y ha sido nombrado por muchos de los testimonios como un hito clave en el proceso de establecimiento de la agenda pública del problema y como tal se ha recogido en la línea del tiempo. El boom mediático se alcanzó entre finales del 2011, fecha en la que se radicaron la primera versión del proyecto de ley en el Congreso, y el primer trimestre del 2012, y en el que coincidirían diferentes iniciativas legislativas en el Congreso, el Senado y en el Distrito de Bogotá, las cuales se abordarán en detalle en el apartado relativo a la reacción estatal. Estos hechos coincidirán con el inicio de la movilización de las mujeres sobrevivientes, lideradas por Gina Potes, quien a raíz de tener conocimiento a través de los medios de nuevos casos que quedaban impunes, comenzó a identificar y acompañar a otras sobrevivientes y a reivindicar apoyo institucional. En relación a los orígenes del fenómeno en Colombia destacar además el testimonio de uno de los congresistas, Carlos Germán Navas Talero, recogido en el “Acta de la Comisión”, de 10 de abril de 2012, correspondiente al primer debate en la Cámara de Representantes del proyecto de ley 091 de 2011, quien afirmó que "esta situación fue muy común en el año cincuenta y cuatro más o menos, que emplearon una sustancia que se llamaban el vitriolo, no sé que será eso, y era muy, en las riñas entre mujeres normalmente usaban esta sustancia y las lanzaban en la cara de ellas, fue muy en boca allá, fue cíclico como lo es ahora, la mayor venganza contra una mujer por quitarle el marido a la otra, era echarle vitriolo, si alguien sabe qué era eso, pues que me lo cuente, pero así lo llamaban en aquella época, en los años cincuenta y dos a cincuenta y cuatro, más o menos que yo recuerde, era noticia de aquella época” (Congreso de la República, 2012) .
21
“Especiales Pirri: mujeres quemadas, la historia de una sociedad desfigurada” 43
Por otro lado, las investigaciones y trabajos sobre el conflicto armado colombiano aportan evidencias de la utilización de estas sustancias como mecanismo de tortura y ensañamiento con los cuerpos, por parte de todas las partes implicadas en la contienda: Estado a través de las Fuerzas Armadas, las guerrillas (principalmente las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional-ELN-) y los paramilitares. A continuación se dan algunos ejemplos y se citan las fuentes. Casos de utilización de ácido como arma corrosiva de tortura por parte del Ejército estatal: “Según testigos, el 14 de abril de 2007 los hermanos Luis Guillermo Robayo Mora, de 25 años, y Rubén Darío Avendaño Mora, de 14, salieron de su casa en Agua Blanca, en el municipio de Sácama, departamento de Casanare, con la intención de comprar ganado en Paz de Ariporo, también en el departamento de Casanare. Según los informes, por ese motivo llevaban consigo una suma considerable de dinero. Los cuerpos de los dos hermanos se encontraron el 16 de abril de 2007. Al parecer murieron a manos de miembros del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), la unidad antisecuestros del ejército. El ejército afirmó que los hermanos eran guerrilleros muertos por tropas del ejército cuando iban a cobrar una extorsión. Al parecer habían sido torturados; Rubén Darío tenía quemaduras en los dedos y cortes profundos en la garganta. El cadáver de Luis Guillermo presentaba quemaduras causadas por ácido en el abdomen (AMNISTIA INTERNACIONAL, 2008, pág. 55). Ejemplos de su utilización por parte de los paramilitares: “El 10 de noviembre de 2007, en Buenaventura (Valle del Cauca), fue desaparecido forzadamente el joven afrocolombiano Elton Brayan Riascos, de 18 años de edad, presuntamente por paramilitares. Su cadáver fue encontrado el 15 de noviembre flotando en un estero, en el barrio Miraflores ubicado en la zona de bajamar, con varios impactos de bala y evidentes signos de tortura, tales como quemaduras con ácido en el rostro e incisiones en sus genitales (Comisión Colombiana de Juristas, 2010, pág. 33) “Durante años, los paramilitares, agrupados en las AUC, han cometido masacres y atrocidades contra civiles en sus esfuerzos por expulsar a la guerrilla de los territorios en disputa. Varios de los niños ex reclutas paramilitares entrevistados por Human Rights Watch para este informe nos dijeron cómo les obligaron a mutilar y matar a guerrilleros capturados en la primera fase de su entrenamiento. Otros contaron cómo vieron arrojar ácido a la cara de los prisioneros o cómo mutilaban a algunos con sierras eléctricas” (Human Rights Watch , 2002, pág. 8). Casos de utilización de ácido como arma corrosiva de tortura por parte de la guerrilla
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“El jefe del Ejército aseguró que al cabo Benavides los subversivos le dieron “varios machetazos de manera inmisericorde hasta destrozarle por completo el lado izquierdo de la cabeza”. Al soldado Vergara “le cercenaron el pene y le lanzaron ácido en la cara hasta desfigurarlo por completo” y le dejaron “abandonado hasta que murió en medio de espantosos dolores”, agregó el alto oficial” (Pardo & Neyla, 2008, pág. 188). A lo anterior se le suma el caso de los “desaparecidos” en el conflicto, cadáveres que no han sido reivindicados y que por su estado de descomposición es imposible identificarlos pero que también muestran síntomas de agresión con ácido: “Lo que observamos fue un aumento de los casos de desapariciones y, al mismo tiempo, un aumento de cadáveres no identificados quemados con ácido, mutilados y en avanzado estado de descomposición,” afirma Gómez (Brigadas Internacionales de Paz, 2009, pág. 4). También existen trabajos que ponen de relieve la utilización de los ácidos como arma contra las mujeres rurales en el marco del conflicto, y con un fuerte componente de violencia de género, empleando la mutilación y la desfiguración, no sólo del rostro sino también de los genitales y órganos sexuales; técnicas utilizadas en el marco del conflicto colombiano pero también de otros conflictos y contextos violentos como el Guatemalteco. Este es el caso del trabajo realizado durante el 2011 por el fotógrafo español Gervasio Sánchez que tenía como objetivo dar voz a las víctimas para acabar con la impunidad de los delitos por violencia sexual y que recopila testimonios como este: BLANCA NUBIA DíAZ, 58 AÑOS. Madre de Irina del Carmen Villero, de 15 años, secuestrada, violada por una decena de paramilitares y asesinada. “Mi hija Irina del Carmen tenía 15 años cuando un día salió de casa para vender artesanía. No nos enteramos de su muerte hasta una semana después. Supimos que fue violada por una decena de paramilitares. Unos aldeanos encontraron su cadáver semidesnudo con señales de tortura y las manos rotas. La enterraron como NN (sin nombre); la desenterramos un mes más tarde. En aquellos días mataron a varias menores, decían que por ir con ropas ligeras; alguna apareció con los pechos rociados de ácido. He sido amenazada de muerte y perseguida. He venido a la capital, pero me siguen atemorizando porque quiero que se haga justicia” (Sánchez, Víctimas de todos, 2012).
45
Los anteriores no son los únicos cadáveres con síntomas claros de utilización del ácido a modo de tortura y desfiguración. También se han reportado casos en la ciudad de Bogotá contra mujeres transexuales (bio-hombres): “En uno de los casos reportados en Bogotá, la víctima fue atacada con cuchillo y además su rostro fue quemado con ácido. La fuente que reportó el caso mencionó otros casos de mujeres trans asesinadas de esta manera. Esto coincide con el alto índice de denuncias de mujeres biológicas quemadas con ácido en la ciudad de Bogotá” (Colombia Diversa, 2013, pág. 21). Lo anterior pone de manifiesto la complejidad del caso de las agresiones con ácido en Colombia, su imbricación y continuum con otras violencias y la necesidad de seguir investigando sobre los orígenes y evolución de este problema para ahondar en las causas y en sus mecanismos de prevención.
Algunas cifras No hay un registro confiable del número de casos a nivel nacional y las informaciones de las diferentes instituciones y de los testimonios no coinciden. Esto puede deberse a lo reciente del fenómeno y del interés por contabilizarlo, así como por la falta de denuncia y sub-registro que acompaña a este tipo de problemática social. A continuación damos algunas cifras y, posteriormente, los argumentos para su interpretación cuidadosa. No obstante, desde las instituciones colombianas se han adelantado cifras intentando aproximarse a la magnitud y prevalencia del problema. El INMLCF reporta, para el periodo 200422-2012, como “Lesiones no Fatales según manera (violencia interpersonal)” causadas por “Quemadura por agente químico” en el país, un total de 884 casos, de los cuales 440 corresponderían a mujeres agredidas. La tendencia habría sido creciente, sobre todo en el último año, pasando de tener 44 mujeres agredidas en el 2011 (61 hombres) a 92 (68 hombres) en el 2012, posiblemente producidas por una combinación del “efecto imitación” y del incremento de la denuncia que se producen cuando existe mucha sobreexposición mediática de un fenómeno.
22
Año a partir del cual el INMLC dispone de información consolidada. 46
Tabla Nº 2. Lesiones no fatales según manera (violencia interpersonal). Quemadura por agente químico Colombia desde el Año 2004 al 2012* (acumulado enerodiciembre) año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
MUJER 24 9 26 53 61 68 63 44 92 440
HOMBRE 20 7 23 60 74 54 77 61 68 444
TOTAL 43** 16 49 113 135 122 140 105 160 884
Fuente: Instituto Nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV. Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres—SIRDEC, consultada e n Enero 17 de 2013. * (Enero a diciembre de 2012) Información preliminar sujeta a cambios por actualización. **Nota autora TFM: se ha mantenido el error en el sumatorio facilitado por esta fuente.
A nivel distrital, el INMLCF, para el mismo periodo 2004-2012 y teniendo en cuenta las mismas variables de “quemadura por agente químico” y “lesiones no fatales por violencia interpersonal”, arroja 184 casos para Bogotá D.C., de los cuales 89 corresponderían a mujeres y 95 a varones, apreciándose aquí también un incremento en el año 2012 de la prevalencia en el colectivo femenino duplicándose con respeto a periodos anteriores (22 casos), frente al masculino (10 casos).
47
Tabla Nº 3. Lesiones no fatales según manera (violencia interpersonal). Quemadura por agente químico en Bogotá, D.C. desde el Año 2004 al 2012* (acumulado enerodiciembre) año 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
MUJER 2 8 13 15 11 12 6 22 89
HOMBRE 0 5 8 16 15 23 18 10 95
TOTAL 2 13 21 31 26 35 24 32 184
Fuente: Instituto Nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV. Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres—SIRDEC, consultada e n Enero 17 de 2013. * (Enero a diciembre de 2012) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.
Sin embargo, como señalábamos al inicio las cifras anteriores no recogen la realidad del problema que aquí estamos analizando en toda su magnitud. Una de las razones es que, si bien según el mismo INMLCF, la “violencia intrafamiliar” ocupó en 2011 el segundo lugar en el cuadro de “violencias no fatales”, después de la violencia interpersonal (la variable que mide el mecanismo de lesión por agente químico), no estuvo presente en las estadísticas de violencia intrafamiliar, por lo que no existe un registro de los casos en los que se utilizaron los agentes químicos para agredir en el marco de la violencia doméstica, siendo esta casuística la que nos ocupa principalmente en este caso. A esto se le suma el testimonio de una de las personas entrevistadas, directora del INMLCF hasta el 2010, quien afirma expresamente que los datos de este instituto se refieren a otra problemática, no la de las agresiones con 48
ácido que estudia este TFM, que los datos de que hay más hombres que mujeres agredidos se refieren a otro tipo de violencia (no la de pareja), que la clasificación "quemadura por agente químico" es demasiado amplia y contempla otras casuísticas diferentes a la del fenómeno que se pretende estudiar, y que no es hasta ahora cuando el INMLCF se plantea la necesidad de clasificar esta modalidad de violencia de manera diferenciada. De hecho, otra de las posibles causas de que el indicador esté midiendo otros fenómenos la podemos encontrar en el hecho de que estos ácidos son utilizados para procesar cocaína, por lo que muchas de las lesiones, especialmente de los varones y niños, podrían deberse a este motivo: “Así mismo, informes de Colombia indican que en muchos casos el primer contacto que los niños tienen con los grupos armados es a través de su trabajo en la cosecha de la coca. Los cálculos aproximados del número de niños trabajadores explotados en la cosecha de la hoja de coca, varían ampliamente. El Defensor del Pueblo cita 200.000 en contraste con 700.000, cifra proporcionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, extraída de un estudio realizado por la Iglesia Católica. De acuerdo con un estudio de UNICEF de 2001 en Putumayo, 41.000 niños menores de 15 trabajaban procesando coca. Los párrocos de las iglesias señalaron que hasta el 85% de los niños en las escuelas locales tenían quemaduras causadas por químicos, causadas muy probablemente por el uso de la soda cáustica y el ácido sulfúrico, durante el procesamiento de la coca” (Watchlist, 2004, pág. 24). Las cifras anteriores del INMLCF tampoco recogen los casos de personas que hayan resultado muertas a consecuencia de las agresiones con ácido, ni dentro ni fuera del conflicto armado, pues incluye las víctimas de “lesiones no fatales”. Sin embargo, en la revisión bibliográfica realizada por esta investigación se ha identificado el uso de estas sustancias corrosivas para torturar y asesinar a actores armados en el país (Fuerzas Armadas, Guerrillas y paramilitares) y a personas transexuales, tal y como se probado anteriormente. Por otro lado, al no contemplar la variable “opción e identidad sexual” en el registro de casos, es difícil conocer qué número de agresiones contra hombres se han producido motivados por una sexualidad diferente a la heteronormativa y, sin embargo, se ha identificado como una variable que influye en las agresiones: “En las entidades 49
privadas, esta semana dos empresas aceptaron, y se quieren unir a esta campaña, y van a contratar hombres y mujeres, porque no han sido solamente mujeres, sino hombres que han sido atracados, hombres también que por su condición sexual, pero en su naturaleza hombres, han sido atacados” (Concejala de Bogotá, Sede del Consejo de Bogotá, 18 de Mayo de 2013). A pesar de las dificultades señaladas arriba, en el documento elaborado por diferentes entidades del orden público y privado comprometidos con el problema de las agresiones con ácidos o “armas corrosivas”, especialmente contra mujeres, en una acción de responsabilidad social compartida23, se hace un ejercicio serio de acercarse desde los datos existentes, con sus limitaciones, al objeto de estudio (Pacto Público para la Prevención de Agresiones y Accidentes con Agentes Químicos en Bogotá, D.C., 2012). El Pacto, en este escrito, hace un ejercicio de investigación importante analizando los datos reportados por el INMLCF para el contexto del Distrito de Bogotá, mostrando que desde el año 2006 hasta al primer trimestre del año 2012, se registraron 153 informes periciales por violencia interpersonal por mecanismo asociado a quemadura con agente químico, y 26 informes periciales por violencia intrafamiliar por mecanismo asociado a quemadura con agente químico, lo que supondría un total de 179 casos, de los cuales 92 (un 51%) corresponderían a varones y 87 (un 49%) a mujeres; sin embargo, destaca el documento, al hacer la diferenciación por el tipo de violencia y sexo, se halla que en la violencia interpersonal las principales víctimas son los hombres en un 54%; mientras que las mujeres suponen el 46% del total de los casos. Esto varía, no obstante, en el caso de las violencias al interior de la familia, donde las principales víctimas fueron las mujeres con el 62% del total de los casos, representando los varones el 38%. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá con datos del 2011 y de enero hasta el 17 de octubre de 2012, el total de hombres agredidos fueron 11, lo 23
El Pacto Público para la Prevención de Agresiones y Accidentes con Agentes Químicos en Bogotá, D.C., es producto de la libre concertación entre la sociedad civil; las autoridades distritales, (Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y la Policía Metropolitana de Bogotá); los gremios industriales y comerciales como FENALCO; las universidades (Universidad del Rosario y Universidad Católica de Colombia); diversas fundaciones y asociaciones (Fundación Médica Mira tu Salud, Fundación ENCAUSA y Asociación Rostros Sin Ácido); el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; el Grupo ATENEA de Seguridad y Defensa de España y la Concejala de Bogotá por el Movimiento Político MIRA, Olga Victoria Rubio. 50
que representaba el 0.38% del total de lesionados con ácido durante ese periodo. De estos casos sólo dos agresores habrían sido capturados (Pacto Público para la Prevención de Agresiones y Accidentes con Agentes Químicos en Bogotá, D.C., 2012, págs. 17-18). El informe del Pacto hace a su vez un repaso a las violencias como mecanismo causal de la lesión de quemadura con agentes químicos desde el 2006 al año 2011 en Bogotá D.C., mostrando que para las violencias interpersonales ha existido un aumento del 57% de los casos (de 14 casos en el 2006 a 22 casos en el 2011), mientras que en los supuestos de violencia intrafamiliar se habrían registrado 3 casos en el 2006 y 1 en el 2011 (Pacto Público para la Prevención de Agresiones y Accidentes con Agentes Químicos en Bogotá, D.C., 2012, pág. 14). En base al análisis de la información realizado por el Pacto se reconoce que en las violencias interpersonales con agente químico, las principales víctimas hombres se encuentran entre los 25 a 29 años, seguido del rango entre los 20 y 24 años. Mientras que, el mayor número de mujeres agredidas se encontrarían entre 25 a 29 años de edad, seguidas de las de 30 a 34 años. Para las violencias en el marco de las relaciones familiares, las principales víctimas varones tendrían entre 0-4 años, seguido de los 18 a los 19 años. En el caso de las mujeres, los principales rangos de edad se encuentran entre los 0 a 4 años, seguidos de 20 a 24 y de 25 a 29 años, respectivamente. Este documento también hace una desagregación de la información por posibles agresores, mostrando que entre el 2006 y el primer trimestre del 2012, para los casos de
violencia
interpersonal,
los
potenciales
agresores(as)
fueron
personas
desconocidas, seguido de los conocidos. Mientras que, en la violencia al interior de la familia, los principales posibles agresores(as) de los hombres son el cuñado y la categoría de otros familiares; y en las mujeres, el compañero permanente seguido de otros familiares (Pacto Público para la Prevención de Agresiones y Accidentes con Agentes Químicos en Bogotá, D.C., 2012, pág. 16). Lo anterior muestra una realidad en la capital donde los mayores agredidos con sustancias corrosivas habrían sido los hombres, en el marco de la violencia interpersonal; y las mujeres y los niños y niñas, en el ámbito de la violencia intrafamiliar, corriendo las mujeres un riesgo mayor de ser agredidas por compañeros 51
permanentes u otros familiares, mientras que los hombres tienen como potencial agresor a personas desconocidas. Los datos enunciados son, como decíamos anteriormente orientativos, y dan pinceladas de la realidad pero no la abarcan en su amplitud por ser un fenómeno cuyo interés de medición es relativamente reciente. De hecho, la propia ley incluye entre las medidas a adoptar que “Los prestadores de los servicios médicos tienen la obligación de llevar un registro y reportar a las autoridades competentes sobre las personas atendidas en casos de lesiones corporales causadas por ácidos o sustancia similar o corrosiva que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano” (Congreso de la República, 2013); es decir, hasta ahora el registro no era obligatorio ni se hacía en todos los casos, si no que quedaba a la voluntad y el compromiso de cada institución sanitaria, mientras que la Policía dependía de la denuncia para poder llevar un control. Otra muestra de la necesidad de una lectura cautelosa de los números es que las cifras varían en función de las fuentes. Mientras el INMLCF arroja 169 casos para el 2012 (57.5% mujeres) a nivel nacional, la Fiscalía reporta para ese mismo periodo 55 casos denunciados, correspondiendo 36 a víctimas mujeres y 19 a hombres (65.45% mujeres). Para el distrito bogotano, según el INMLCF el número de casos acumulado (2004-2012) desde que tienen registro es de 184, de los cuales 89 corresponderían a mujeres y 95 a varones. Sin embargo, según información de la Fundación del Quemado: en Bogotá entre 1995 y el primer trimestre de 2012 se registraron un total acumulado de 35 pacientes con quemaduras con ácido, la mayor parte mujeres jóvenes (sólo dos hombres atendidos) que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, con bajo nivel de educación y la alta dependencia de su pareja; el rango de edad de la paciente fue de entre 13 y 41 años, con una media de 22,7 años. Esto coincide con la información facilitada por la Directora de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar quien afirma que: “En lo que va contado del 2002 hasta la fecha [mayo del 201324], en este hospital, en el mío, porque debe haber mucho sub-registro en otras ciudades del país, en otras partes, hay 30 casos. 30 casos es mucho porque si vamos a mirar, uno o dos 24
Acotación de la autora del TFM 52
que habían por año, y ya en los últimos dos años ha habido un número importante, incluyendo 3 hombres” (Médica Cirujana y Directora de la Unidad de Quemados, Hospital Simón Bolívar, 16 de mayo de 2013). Es decir, estos datos son significativamente menores que los arrojados por las otras fuentes en términos absolutos (en lugar de 184 se barajan 35 casos) y con un sesgo de género de agresiones contra las mujeres mucho más marcado (los hombres agredidos no superarían el 5,7%). Por su parte, todas las entrevistas realizadas en el marco de este TFM coinciden en señalar que las principales víctimas son las mujeres, con una presencia muy residual de hombres agredidos. En definitiva, es muy complicado realizar un análisis en base a los datos existentes pues son dispersos, en muchos casos contradictorios y los mecanismos de registro y medición no se concibieron con el objetivo de contabilizar el problema de las “agresiones con ácido” tal y como se ha venido dibujando este fenómeno en los últimos años, a lo que se une el sub-registro. Como se ha visto en los párrafos anteriores, las cifras muestran que los ácidos se están utilizando como arma en diferentes tipos de prácticas violentas, presentando un comportamiento en términos de sexo e intencionalidad de víctimas y agresores muy diversos, y yendo más allá de la violencia en el marco de las relaciones de pareja, insertándose en un continuum que permea todas las capas y ámbitos de una sociedad profundamente marcada y desdibujada por el conflicto y los estereotipos de género, la discriminación y la homofobia. En este sentido, es importante que tanto los sistemas de registro y medición como las investigaciones futuras puedan dar cuenta de esta compleja tipología de la violencia, diferenciando entre el contexto y la intencionalidad con la que se practique, con el objetivo de diseñar estrategias y políticas para abordar el problema más ajustadas y certeras, sin olvidar el continuum de las violencias. Para ayudar a desentramar esta complejidad este TFM se dispone a acercarse a una de las modalidades de la violencia que hemos detectado en el caso de usos de ácido: la violencia por razones de género en el distrito de Bogotá, normalmente en el ámbito de la violencia de las relaciones de pareja, todo ello desde una mirada posicionada en el lado de las mujeres agredidas.
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6.3 Cuando el objetivo es marcarlas para siempre Los ataques con ácido son una modalidad de agresión violenta, definida como el acto de arrojar ácido en el cuerpo de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o asesinarla. Entre los elementos más utilizados para las agresiones están el ácido sulfúrico (se compra fácilmente en el mercado negro), sosa caustica (para desatascar baños), ácido muriático (ácido clorhídrico -“agua fuerte” o "salfumán" en España- de uso industrial) y unos ácidos de batería. Sobre la piel humana estas sustancias provocan quemaduras de segundo y tercer grado. Los hallazgos de este estudio muestran que las sobrevivientes de estas agresiones en Bogotá son principalmente mujeres de bajos recursos, jóvenes, calificadas por los demás como “bonitas” (que se ajustan a los cánones de belleza actuales), con hijos/as a cargo, y con una “historia” de pareja, expareja o conocido que quiere hacerle daño. Debido a su situación de vulnerabilidad algunas de ellas permanecen conviviendo con el agresor por temor o por dependencia económica. "la mayoría de las víctimas somos madres cabezas de familia, entonces tenemos que responder por nuestros hijos, casi todas, porque como decía el compañero sentimental le ha mandado hacer a uno el daño tan grande que es una agresión como ácido y obviamente ellos se retiran entonces queda uno no solo herido, bien lastimado y además con la responsabilidad de los hijos, entonces el trabajo que hay que desempeñar es bien, bien grande, para poder nosotras como poder salir adelante con eso, de eso se necesita mucha colaboración" (Sobreviviente, Bogotá, 10 de junio de 2013). La pobreza es un factor de vulnerabilidad por diferentes motivos, entre ellos porque obliga a la mujer a “exponerse” más en un contexto de inseguridad como el colombiano, teniendo más “momentos de riesgo”; así, las mujeres pobres se ven obligadas a salir más temprano de casa a pie y a regresar tarde en la noche, sin contar con vehículo propio para estos traslados, lo que incrementa el riesgo de agresión cuando ésta se realiza en la vía pública. No obstante, en el caso de las agresiones con
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ácido que se enmarcan en las relaciones de pareja o “violencia intrafamiliar”, el principal escenario de los hechos es la propia vivienda25. Por el alcance geográfico del estudio los casos que se conocen son del ámbito urbano. Se cree que puede haber subregistro en lo rural: " ..pueden haber muchos más, con toda seguridad deben haber más. Yo pienso que mujeres anteriores a Gina, sobre todo en áreas rurales probablemente ni siquiera entendían la dimensión de lo que les había pasado, eso es lo más triste” (Funcionaria pública institución para la equidad de género, Bogotá, 15 de mayo de 2013). "..fenómeno más urbano, de mujeres de sectores populares. Que yo sepa no hay casos en comunidades indígenas o negras, pero sabemos que no es que haya un censo confiable sobre el tema en general. Hasta donde sabemos es un fenómeno urbano (Representante a la Cámara por el Partido Verde, Bogotá, 22 de mayo de 2013). Hay que señalar que los testimonios coinciden en ubicar como característica principal de las personas agredidas el hecho de ser mujer, y del agresor, el hecho de ser su pareja o expareja: "La característica común a ellas es que todas son jóvenes, bonitas y siempre tienen una historia. O sea, a pesar que últimamente no ha faltado la paciente que diga que fue un habitante de la calle o un, mal llamado, indigente que arrojó el ácido en su cara, siempre en el curso de la hospitalización descubrimos, o descubre el equipo médico, o el de enfermería, o el de psicología, que esta paciente tenía un problema con alguien, un ex novio, un marido, una persona que quiere hacerle daño y dejarle una marca indeleble en ella" (Médica Cirujana y Directora de la Unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, Bogotá, 16 de mayo de 2013). No se tiene mucha más información sobre el perfil de los agresores, más allá del vínculo con la víctima (pareja, expareja o conocido), de su “celotipia” o celos desmesurados, su objetivación de las mujeres al considerarlas de su propiedad y su incapacidad para aceptar que se “escapen de su control”, reaccionando de manera violenta. Hay testimonios que los señalan como “enfermos”, “que no están bien de la cabeza”; sin embargo, muchas de las personas entrevistadas quieren separar la 25
Datos del “Pacto público para la prevención de agresiones y accidentes con agentes químicos en Bogotá, D.C.”, en base a datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses para el periodo comprendido entre el 2006 y el primer semestre del 2012. 55
“enfermedad mental” (aspecto individual y biológico) de lo que sería un problema social, donde las causas radicarían en la cosificación26 de las mujeres en un orden patriarcal y sexista: "Hay motivaciones de un delincuente para hacer eso, y lo prepara, porque fíjate que lo piensa, va y lo compra, lo prepara, ubica a la víctima en un sitio en donde la puede agredir, ¿cierto?, la parte del cuerpo que le va a quemar, o sea, es un caso, ni siquiera es una enfermedad mental, como lo dicen: “es que está enfermo mentalmente” … “tiene un propósito, tiene una sistematicidad y él sabe la consecuencia que eso es irreversible, que eso es un castigo profundo hacia la mujer, por algo que él considera que ella deber ser castigada" (Investigadora y terapeuta de Casa de la Mujer, Bogotá, 17 de mayo de 2013). Sin embargo, es evidente, que para aprehender en su totalidad el fenómeno deberá haber más aproximaciones académicas desde las diferentes disciplinas (sociología, psicología, etc.) para acercarse a las motivaciones y perfil de quienes agreden y completar así la mirada que obtenemos desde las víctimas y sus acompañantes. En Bogotá las modalidades más comunes que se han identificado son: motivos económicos (ejemplo: robo o el caso de alguien que se negó a dar una limosna a un “habitante de la calle”, quien como represalia le agredió con ácido), o violencia en el marco de las relaciones de pareja o la violencia de género. En el primer caso, el de las motivaciones económicas, tanto los agresores como las víctimas suelen ser hombres y hay un menor número de casos identificados en Bogotá por las personas entrevistadas; mientras que en el segundo los agresores (materiales o intelectuales27) suelen ser hombres, y las víctimas mujeres; en este caso la agresión suele venir
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Si bien el proceso de objetivar o cosificar a las mujeres venía de antes, el concepto en sí surgió con el feminismo de segunda ola de la década de los 70’. Este término se refiere al acto de representar o tratar a una persona como a un objeto (una cosa no pensante que puede ser usada como uno desee). La cosificación sexual, por su parte, consiste en considerar a las personas como objetos sexuales, ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y personales y reduciéndolas por tanto a instrumentos para el deleite sexual de otra persona. Actualmente, en una sociedad consumista y mercantilista, el proceso de convertir a las mujeres en mercancía dedicada al disfrute de los hombres, ha ido en aumento. Esta forma de violencia simbólica, que resulta casi imperceptible, somete a todas las mujeres a través de la publicidad, las revistas, las series de televisión, las películas, los videojuegos, los videos musicales, las noticias y otros mecanismos de representación. 27
Según el Código Penal español el término adecuado para la persona que no realiza el hecho directamente, sino que se vale de una tercera persona, quien actúa como instrumento, y que es quien realiza el delito, sería “autor mediato”. No obstante, se ha optado aquí por incluir el concepto de “autoría intelectual” por ser el que se utiliza en Colombia y por haber sido citado en las entrevistas. 56
motivada por la necesidad de controlar a la otra persona a la cual se considera “de su propiedad”. Los testimonios coinciden en señalar que en los ataques a hombres el desfiguramiento puede ser una consecuencia no buscada por el agresor donde el móvil es otro (por ejemplo: robo); mientras que en el caso de las mujeres sería un fin en sí mismo, pues habría una intención clara de causar este daño, que ella quede desfigurada, destruida su belleza, su imagen y su vida. El personal médico destaca que cuando las agresiones afectan a las mujeres el ácido afecta principalmente al rostro, al cabello y al cuello, mientras que en los ataques contra los hombres (muchos menos, el personal médico de quemados de Bogotá relata haber atendido entre 2 y 4 casos en las últimas dos décadas) el rostro sale menos dañado y son las manos las que se ven más afectadas. Se trata, por tanto, de hechos planificados, y en la mayoría de casos había habido intentos o amenazas previas que no han sido tomados en cuenta por la mujer o por la institucionalidad. Lo que pone de relieve la falta de protección del Estado y la importancia de atender este tipo de situaciones desde los inicios para atajar una posible escalada de la violencia que desencadene en una agresión con ácido o un femi(ni)cidio: "son casos en los cuales ya habían denuncias por violencia intrafamiliar, por abuso sexual y no pasa nada, toca esperar entonces a que la maten o a que la quemen, o que la violen o que la empalen" (sobreviviente 2, Bogotá, 18 de mayo de 2013). Ni en las entrevistas ni en la revisión de prensa se ha encontrado ningún caso en Bogotá donde haya sido la mujer quien ha agredido a su pareja o expareja con ácido. Sin embargo, si se han identificado casos donde la autora, intelectual o material, de la agresión, ha sido una mujer; detrás de estos casos estaba la “competencia” por el “amor” de un hombre, lo que encaja con los mandatos de género de una sociedad discriminatoria donde las mujeres son dependientes de sus parejas varones y han sido socializadas en la división de género y en la competencia con las pares mujeres de cara a lograr “mantener” a “su hombre” como única posibilidad de éxito social. Esto encaja a su vez con el patrón y motivación de agresiones de la Europa de pre-guerras donde el “vitriolage” era usado principalmente por las mujeres como venganza ante infidelidades. 57
6.4 La muerte en vida Los agresores suelen arrojar el ácido al rostro de sus víctimas (si bien en Bogotá los casos identificados contra hombres lo más afectado han sido las manos) causando quemaduras de tercer y cuarto grado y provocando graves lesiones al fundir la piel y exponer los huesos, que en ocasiones llegan a disolverse. Algunas de las víctimas también pierden la visión de uno o de los dos ojos y muchas ven afectadas la funcionalidad de diversos órganos: "Su gran deformidad le impide trabajar, quemaduras de tercer grado, producen deformidades en los ojos, en la boca, en la nariz, en el cuello, en la orejas..." (Médica Cirujana y Directora de la Unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, Bogotá, 16 de mayo de 2013). “El daño fue duro, y los ojos también porque me hicieron cirugía en los ojos pero igual" (...) "Acá donde me ves me han hecho 24 cirugías" (...) "Lo más afectado fue el cuello y el pecho" (Sobreviviente, Bogotá, 10 de junio de 2013). “…también saltó bastante por los brazos y más que todo, para cubrir una parte que fue el pecho tuvieron que quitarme de la pierna entonces ese es otro de los grandes problemas, que para cubrir de una parte, tienen que retirar de otra, vienen quedando marcas en todo el cuerpo, y así para todas, entonces es difícil" (Sobreviviente, Bogotá, 10 de junio de 2013). "..la parte funcional, porque como te digo, hay mujeres que han perdido, sus ojos, su cuero cabelludo, sus oídos, su nariz, sus labios, se le n tanto que se le riega la saliva, se le riega la comida. Está tan expuesta su boca, o no pueden cerrar su ojos porque sus párpado les queda así" (sobreviviente 2, casa de la entrevistada, 18 de mayo de 2013). En un primer momento las mujeres requieren de ingreso hospitalario por largos periodos que van desde tres meses hasta un año, el promedio de cirugías que necesitan va desde las 20 hasta las 50, y hasta ahora el coste no está cubierto por el Estado. Tras esa primera hospitalización continúa un proceso de recuperación y cicatrización que dura toda la vida, pues cada cirugía requiere hospitalización y cuidados postoperatorios, teniendo en cuenta el número de operaciones a los que se someten estas mujeres, el calvario se prolonga durante décadas. Un proceso largo de resultados lentos y con mejorías limitadas: “A partir de… del año 2000, tuvimos la primera paciente quemada con ácido, como un caso aislado, de violencia de género, causado por el esposo a una paciente que aún continua con nosotros. Vive en unas condiciones de 58
indigencia muy lamentables, porque su gran deformidad le impide trabajar y permanece detrás de una máscara oculta y eso nos entristece mucho” (Médica Cirujana y Directora de la Unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, Bogotá, 16 de mayo de 2013) Además de las secuelas físicas permanentes que afectan su imagen, las víctimas usualmente quedan traumatizadas psicológicamente de por vida con paranoia, miedo, pensamientos suicidas, desconfianza. Sufren además aislamiento social y del ámbito de lo público, dificultades en las relaciones íntimas y sexuales y problemas económicos por las dificultades para mantener o encontrar un empleo, lo que merma a su vez las oportunidades de sus hijos e hijas cuya educación no pueden asegurar, así como la necesidad de cubrir los costes de las cirugías y los procesos judiciales. "Total, con esto que pasó fue un año incapacitada. Yo tenía de pronto mi forma de vivir, de trabajar y eso se vio afectado, porque mientras uno está un año hospitalizado y en cirugías, eso le daña el tema económico y laboral a uno, total. En esa parte, verdad. En la parte social, también siento que me afectó bastante porque, si yo por ejemplo, yo tenía que ir a un banco, yo tenía que ir a tal parte, y ya así no me atrevo, entonces yo he dejado de ver muchas personas porque me siento mal… y las personas dicen “ay que le pasó, yo supe que esto” y entonces contarle la historia a todo el mundo es “jartísimo” [extenuante28] , entonces, he tratado como de, eso ha hecho. que me ausenté también de las personas bastante. Mi familia, pues ahorita, el apoyo que yo recibí fue todo de ellos, todo de ellos, o sea ellos han sido como mi respaldo, mi ayuda, mi compañía. No sé, pienso que de pronto para también rehacerme la vida con otra persona y eso, también le limita bastante, porque una siempre está pensando en que “se me ve feo, que se me ve…” huy no, eso es un trauma, o sea, psicológicamente hablando es bien, bien difícil" (Sobreviviente, Bogotá, 10 de junio de 2013) Los hijos e hijas en un primer momento rechazan a sus madres por las dificultades de reconocerlas y ante la magnitud de los cambios producidos en su imagen, más tarde se convierten en una de las principales razones para que las mujeres quieran seguir con vida. Las secuelas que las agresiones sobre sus madres tienen en ellos se incrementan cuando los propios victimarios son sus padres, si bien en cualquier caso requieren de apoyo psicosocial para poder elaborar lo ocurrido. Ellos no están exentos de riesgos, pues como en otros países algunas veces se ven afectados por la agresión, bien como un medio para dañar a sus madres, bien de manera indirecta por estar con ellas cuando el hecho ocurre. El hecho de que puedan resultar agredidos preocupa a las sobrevivientes quienes no cuentan con las suficientes garantías para evitar la 28
Acotación de la autora del TFM. 59
repetición de los hechos como demuestra el testimonio de esta mujer, quien ha sido atacada ya en diferentes ocasiones: "Últimamente a raíz del empoderamiento que he tenido, fui nuevamente víctima de un atentado que tuve, entonces tengo protección del Estado en este momento, tengo un esquema de protección el cual pues está conmigo… porque no solamente soy yo sino mis hijos también, los cuales están conmigo, por lo menos estoy ahí con el esquema pues, y espero tenerlo por lo menos hasta que esta lucha salga a flote" (Sobreviviente 2, Bogotá, 18 de mayo de 2013) Desde una mirada feminista se señala cómo estos dramas vienen a acentuar la desigualdad de género preexistente a las agresiones, sumándose a la “feminización de la pobreza” y al “techo de cristal” que obstaculiza ya de por sí la obtención de oportunidades laborales en igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. Con las secuelas de las agresiones con ácido, las mujeres suman una variable de discriminación adicional a las ya identificadas: mujer, edad (joven) y clase social (baja). Todos los testimonios coinciden en calificar el fenómeno como “de muerte en vida”, con la agresión hay una imagen corporal y un modo de vida que se trunca por completo, apareciendo la necesidad de “hacer un duelo” por la vida perdida: “..me arrojaron el ácido y pues me terminaron la vida ahí de alguna manera" (Sobreviviente 2, Bogotá, 18 de mayo de 2013). "Todo, es un duelo, se genera un duelo" (Cirujana plástica, Directora de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar, Bogotá, 16 de mayo de 2013). "Se les acaba la vida, realmente lo que ellas dicen es la muerte en vida"; "pero en estas condiciones es bien difícil que se regresen a la vida" (Psicóloga de la Fundación del Quemado, Bogotá, 6 de mayo de 2013). "..es matar a las mujeres en vida, es aislarlas totalmente de su contexto social, algunas hasta de su contexto familiar porque se retraen totalmente, se pierden de la familia, porque las dejan con un estigma muy complejo. Entonces empezando por eso porque se avergüenzan de su situación…" (Directora del Observatorio para Temas de Género de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, Bogotá, 15 de mayo de 2013). “"estoy muerta en vida” y eso tiene una significación impresionante porque es que la despojan de la única propiedad que es su cuerpo; entones ahí hacemos un ejercicio de sanación muy bonito, pero muy bonito de 6 meses, para que ellas logren empezarse a ver un poco en espejo. Entonces “estoy enterrada en vida”, con el tema de la discriminación, empiezan a ser discriminadas en todos los ambientes, tú no puedes hablar de autoestima porque hay un cuerpo en donde “yo no quiero estar” (Investigadora y terapeuta de Casa de la Mujer, Bogotá, 17 de mayo de 2013). 60
Hay quien ve esto como un “asesinato perfecto”, pues hay un homicidio pero a la vez no hay penas por homicidio porque existe una sobreviviente, porque el cuerpo que queda no es un “cuerpo cadáver” aunque sea un cuerpo en el que la persona ya no quiere vivir. De este modo el agresor conseguiría en gran parte su objetivo de control sobre la persona que considera de su propiedad apartándola del ámbito de lo público y obligándola a recluirse en el de lo privado; además de anulando y borrando su individualidad al desdibujarle el rostro, el rasgo facial donde se inscribe nuestra identidad, que aglutina en ella y su entorno más inmediato los cinco sentidos que nos permiten conocer y relacionarnos con el mundo: "porque una mujer con su rostro desfigurado no quiere estar en la esfera de lo público, o sea, tiene unas razones sobre todo pensadas para dañar y acabar con la vida de las mujeres, una vida pública, de relación social, de relación sexual, de relación afectiva, o sea, es terminar en vida con la vida de las personas, en este caso la vida de las mujeres" (Coordinadora Ejecutiva de la Corporación Humanas, Bogotá, 17 de mayo de 2013). A continuación se incluye un cuadro resumen con las principales afectaciones de las agresiones con ácido en materia de salud, entendiendo ésta en su concepto amplio “bio-psíquico-social”.
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Tabla Nº 4. Afectaciones en salud, fatales y no fatales, de las agresiones con ácido FATALES Homicidio
NO FATALES Físicas: lesiones, deterioro funcional, incapacidad permanente (ceguera, inmovilidad cuello, etc.), desnutrición, peor salud subjetiva, tirantez en la piel y picazón, problemas de salud sexual y reproductiva (abortos, complicaciones en embarazo, trastornos ginecológicos, etc.)
Suicidio
Mentales y espirituales: Estrés posttraumático, depresión, ansiedad, fobias, pánico, disfunciones sexuales, baja autoestima, abandono, dolores crónicos, somatizaciones, abuso de sustancias, miedo, desconfianza, etc.
Mortalidad materna
Sociales: aislamiento y rechazo social, ostracismo, problemas para la empleabilidad e inserción laboral, dependencia económica, dificultades para encontrar pareja, falta de protección y garantías de no repetición (se las vuelve a amenazar y/o atacar), etc.
Elaboración propia a partir del cuadro e laborado por Jane Welsh e n “It was l ike burning i n hell”, como adaptación al de: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M.Ending violence against women. Population Reports, series L, nº 11. Baltimore: Johns Hopkins University School of Public Health; 1999
6.5 Violencia incorporada: el cuerpo como cárcel Como se ponía de manifiesto en el estado de la cuestión la violencia utiliza dispositivos de marcación y sometimiento de los cuerpos, esto se manifiesta en la guerra a través de las torturas, violaciones o desapariciones, entre otros, pero también en otros contextos como el “doméstico” o el de las relaciones de pareja donde se inserta una parte importante de la violencia de género. Lo anterior sucede en una sociedad en la que, paralelamente al conflicto armado, convive un ideario generalizado de belleza marcado por “los reinados” y un mercado de la estética y el cuidado corporal que presiona e induce a las mujeres a perseguir y alcanzar el tan ansiado, como deseado y antinatural, prototipo de beldad. Esto se traduce en que Colombia ocupa el puesto número 11 del planeta en número de 62
operaciones, siendo así el tercer país latinoamericano donde la cirugía plástica está más extendida, con 211.879 operaciones y 159.629 procedimientos menos agresivos (ISAPS, 2012). Esta situación sería una muestra más de violencia encarnada en los propios cuerpos, que en esta ocasión son disciplinados de manera “voluntaria” para ajustarse a los cánones sociales, pero cuya interpretación no puede hacerse al margen de las relaciones de género que vertebran la sociedad y que empujan en mayor medida a las mujeres que a los hombres, a someterse a estas intervenciones. De hecho, la imagen corporal es un factor determinante en la construcción de la identidad de la mujer colombiana, debido a los estereotipos genéricos imperantes y a la importancia que su apariencia física cobra en ámbitos de la cotidianidad como la vida laboral, social y amorosa. Por lo tanto, la agresión con ácido al cuerpo de las mujeres, especialmente al rostro, cabello, cuello y pecho, va dirigida al centro identitario de las mismas y, como tal, tiene unos impactos demoledores. El agresor conoce este hecho: "precisamente lo mío ocurrió por eso porque era muy bonita, pues físicamente , yo me sentía bella y la persona que tomó la decisión de hacerme esto lo hizo precisamente para dañar mi belleza" (Sobreviviente, Bogotá, 10 de junio de 2013). ““en mi caso el autor me dijo: “quién la mandó a ser tan bonita"” (Sobreviviente 2, Bogotá, 18 de mayo de 2013). Tras la agresión las mujeres sufren duelo por la muerte de su (auto) imagen anterior, tienen terror a mostrar un cuerpo que no reconocen, especialmente el rostro, percibiéndose como monstruos; la sociedad les devuelve un retrato de cuerpos “indeseados”, abyectos, que ya no tienen cabida, o bien una mirada de asistencialismo y lástima, pero no es capaz de proyectarles una mirada digna. A diferencia de las “corporalidades segregadas” (desplazados, migrantes, etc.), donde los cuerpos son marcados como extraños, siendo objetos de miradas y de mecanismos de control en determinados espacios pero no en otros, las corporalidades marcadas con ácidos son destinadas al “no lugar”, a la segregación permanente, a la no pertenencia a ningún espacio, ya que son cuerpos marcados que generan rechazo en cualquier entorno con unos patrones estéticos rígidos, dicotómicos y excluyentes de beldad vs fealdad: "no poder aceptar el poder tomar un transporte, salir a la calle y ver que todo el mundo lo mira, que todo el mundo los cuestiona y que no sólo llega hasta ahí sino que en muchos casos hay palabras ofensivas de gente que no los conoce 63
en la calle les gritan cosas […]. Todo el tiempo piensan en terminar su vidas" (Trabajadora social de la Fundación del Quemado, Bogotá, 6 de mayo de 2013) El dolor de las agredidas se transforma en un sentimiento de inutilidad social; en un país discriminatorio donde a las mujeres se las valora especialmente por su belleza, el hecho de que ésta se vea dañada afecta directa e indirectamente a sus posibilidades de ser productivas, a pesar de que muchas de sus capacidades hayan quedado intactas, incluyendo las cognitivas: “Sus familias no ven el monstruo que ellas ven en el espejo o que la sociedad les hace creer que son y por lo que son tan agredidas fuera de su casa" (Psicóloga de la Fundación del Quemado, Bogotá, 6 de mayo de 2013). "..en este sistema patriarcal en el que vivimos el ser bello, o el ser bella o no definitivamente influye mucho en tu vida, porque así mismo o se te abren o se te cierran las puertas. Estamos en un mundo, en un país en donde se ha formado un estereotipo de la mujer, del cuerpo de la mujer, que tiene que ser así, tiene que hablar así, que el tacón tiene que ser así, entonces imagínate que si a una mujer se le “borra su identidad”, se le borra su rostro, se le derrite su rostro, pierde el rostro, entonces queda uno como en el limbo, desparecido, en donde ya pasas a ser como un bicho raro, como que aquí ya no entras en esta sociedad . Si antes no tenías trabajo por ser madre, o gordita, o sin plata o más o menos vestida…o bueno, que se yo… si que menos ahorita" (Sobreviviente 2, Bogotá, 18 de mayo de 2013) Los cuerpos agredidos con ácido son narrativas de las violencias que subyacen en la sociedad colombiana, son lugares de legitimidad y sanción social donde se expresan las diferentes relaciones de poder y fuentes de discriminación. Así, el cuerpo de la mujer transexual (bio-hombre) es un mapa de la homofobia, el cuerpo de los jóvenes combatientes torturados con ácido es la expresión de la violencia política y de la guerra hecha carne; mientras que aquellos de las sobrevivientes de agresiones con ácido por sus parejas, exparejas o conocidos (as), son el escenario “incorporado” de la cultura patriarcal, esto es, de una violencia de género donde el cuerpo de la mujer es “disciplinado” cuando no se ha sometido a la voluntad del hombre o a la “conducta esperada” (cuando lo ha rechazado, o le ha sido infiel, o no lo desea, etc.). "…es un continuo en la vida de las mujeres que se da en la casa, que se da en la calle, que se da en la guerra y en general en todos los escenarios, y tiene como fin, pues eso, por un lado generar terror, amenazas, pero como yo te decía, también marcar, es decir, es un poco como un sello que el varón le hace a la mujer para decir: “mire, yo soy el que tengo el poder y yo soy el que decido 64
sobre la vida suya” (Integrante de la "Mesa mujer y conflicto armado", Bogotá, 20 de mayo de 2013). En la afirmación anterior se ponen de relieve varias cuestiones clave y que han sido compartidas en muchas de las personas entrevistadas, esto es el continuum que existe entre las diferentes violencias. ““…nosotras documentamos un caso, donde un ex novio contrató a un sicario para mandar a matar a la novia, entonces el ex novio, le dijo al sicario: “yo necesito que usted la coja, la viole, y le eche este ácido” el exnovio, y el sicario “huy no, no, no” … o sea, mira el planteamiento tan jodido, o sea es una cosa súper fuerte… y el sicario le dijo: “si usted quiere yo se la violo y hasta se la mato, pero yo ácido no le echo” (…) “entonces aquí pensar en una escala de valores, o cual delito es más importante, o que yo tenga que escoger entre ser violada, o ser regada con ácido, también está hablando de una sociedad muy enferma, o sea, donde yo tengo unas probabilidades de que me maten, de que me violen, o de que me echen ácido. Entonces yo prefiero, escoja, qué prefiere póngamelas en escala… y hay mujeres que van a preferir que las maten a que les echen ácido, ¿sí? y tener que vivir toda su vida con ácido en esta sociedad que no responde en salud…”” (Coordinadora Ejecutiva de la Corporación Humanas, Bogotá, 17 de mayo de 2013). En numerosos relatos aparece un vínculo entre la violencia sexual y la agresión con ácido, en el sentido de que ambas pasan por el cuerpo de las mujeres, dejando marcas de por vida, si bien en el caso de las violaciones hay ocasiones en las que las secuelas físicas no son crónicas (en otros sí) y el cuerpo en apariencia deja de remitir al hecho violento, en el caso de la agresión con ácido el cuerpo de la mujer será el reflejo permanente del acto del agresor. En este sentido, múltiples testimonios señalan las similitudes entre “quemar el cuerpo y violarlo”, cómo esos actos violentos dejan huellas que provocan que las mujeres habiten en cuerpos que han sido invadidos, cuerpos cautivos que han sido marcados para siempre.
6.6
Sacando fuerza de flaqueza: Estrategias para afrontar el trauma
Los cuerpos, desde el momento en que se resisten a morir, contienen a su vez la potencialidad de la resiliencia, la resistencia y la disidencia; ejemplo de ello es que las mujeres se autodenominan como “sobrevivientes” y no como víctimas.
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Tras un evento de este tipo las personas ponen en práctica diferentes estrategias de afrontación de la nueva situación, éstas no son lineales ni excluyentes y se superponen entre sí. Tras el análisis realizado desde este estudio se han identificado las siguientes estrategias que se desarrollan a continuación: 1) negación, 2) reconstrucción y 3) aceptación y resignificación. En el primer caso las mujeres optan por ocultar o velar lo ocurrido, ocultando las partes del cuerpo afectadas (rostro, cabello, cuello, pecho, etc.) tras algún tipo de prenda o elemento que las cubra (máscara, maquillaje, peluca, cuello alto, etc.). “..yo no he podido con eso, yo el no poderme colocar algo descubierto en mi pecho, siempre tengo que estar con buzos hasta la barbilla tapándome toda porque se me ve eso ha sido terrible, eso es un trauma de todos los días al verme al espejo y verme así" (Sobreviviente, Bogotá, 10 de junio de 2013) En el segundo, las mujeres se apoyan en los procesos de reconstrucción quirúrgica y rehabilitación para recuperar parte de su autoestima y “empezar con el nuevo yo”, intervenciones que hasta la fecha no estaban cubiertas por el Estado y cuyos costes muchas de las sobrevivientes no se han podido permitir. En este procesos el apoyo familiar y especialmente los hijos e hijas se erigen como un elemento clave que les trasladan su amor “diciéndoles que están lindas”, pero sobre todo la posibilidad de contar con cirugías reconstructivas: "…cirugías, por lo que hemos visto, son no sólo importantes a nivel de reconstrucción, sino en el proceso de aceptación de sus cuerpos, de sus rostros con esa nueva condición. Que a ti te digan, que a pesar de lo grave del trauma puedes recuperar cierto porcentaje, pues eso te motiva psicológicamente, te da alternativas, te da una ventana… para … para soñar" (Representante a la Cámara por el Partido Verde, Bogotá, 22 de mayo de 2013). Mientras que con la tercera estrategia las mujeres logran elaborar dignamente su proceso, aceptarlo y resignificarlo: "Me terminaron la vida pero al mismo tiempo me regalaron otra, porque definitivamente hay que sacarle el lado positivo a las cosas negativas que te pasan" (Sobreviviente 2, Bogotá, 18 de mayo de 2013). "Siempre he dicho, y lo he dicho en mi casa, a mí una quemadura, una cicatriz no me hacen menos mujer nunca, antes al contrario, siento a veces que tengo más fuerza, que hay que luchar, que no hay que dejarse vencer pese a todo…" (Sobreviviente 2, Bogotá, 18 de mayo de 2013).
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En algunos casos –los menos, pues requiere de un grado de elaboración y fortaleza especial, además de los recursos para poder poner en juego estas capacidades- llegan a dotarlo de componente político, articulándose en torno al hecho violento y traumático que les cambió la vida, creando una organización (como el caso de la Asociación Rostros sin Ácido) y trabajando duramente para exigir el restablecimiento y la reparación de los derechos vulnerados de las mujeres agredidas con ácido. Con el objetivo de posicionar el tema han recurrido a estrategias como “la espectacularización”, mostrando sus caras a quienes no se atreven a mirar pero que tienen capacidad de decisión ¿es este hecho un mal manejo mediático, un recurso morboso, o puede ser también interpretado como una estrategia de disidencia de las mujeres, de darle la vuelta a su situación para lograr lo que quieren utilizando el único lenguaje que la sociedad maneja? En el gráfico que se incluye a continuación se muestra cómo las agresiones con ácido son utilizadas por los victimarios, quienes están en una situación de poder sobre la persona agredida, para intentar controlarla. No obstante, tras la agresión, ella cuenta con diferentes estrategias para intentar hacer frente a lo ocurrido; el éxito en reelaborar y resignificar lo ocurrido dependerá en parte del respaldo institucional que obtenga; del soporte de terceros significativos y la reacción social que encuentre, entre otros factores. Todo ello en un contexto donde operan diferentes variables de exclusión y el continuum de violencias.
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Gráfico nº 1: caracterización del contexto y de las agresiones con ácido
C o n t i n u u m
V i o l e n c i a
d e
g é n e r o
Contexto excluyente:
Agredidas con ácido
Agresor (a)
Utiliza su situación de
Poder
Sexismo, Clasismo Racismo y xenofobia Misoginia Homofobia/lesbofobia/transfobia Tiranía del cuerpo/modelo belleza Segregación espacial “Urbanocentrismo” vs ruralidad Conflicto armado, (in)-seguridad ciudadana
Estrategias sobrevivientes: Negar, ocultar, velar Reconstruir, integrar Aceptar, reelaborar y resignificar
Sobreviviente
Mediante la agresión con ácido busca el
Control
Reacción social: Empoderamiento/Asistencialismo Terceros significativos¹/”Ruta crítica²” Apoyo /Estigma
Estereotipos de género
1.Personas (familiares, amistades, funcionariado..) que apoyan a la persona agredida a elaborar y afrontar su situación. 2. Proceso que atraviesan las sobrevivientes de las agresiones con ácido desde que lo hacen público hasta que encuentran respuesta institucional.
Fuente: Elaboración propia. 2. Proceso que atraviesa la mujer agredida con ácido desde que ocurre el ataque hasta que encuentra respuesta institucional.
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7. Discurso y reacción de la sociedad civil colombiana frente a los ataques 7.1 Movilización en torno a las agresiones con ácido: mujeres que dan la cara Desde la sociedad civil se han identificado actores que han venido acompañando el proceso, ante la falta de respuesta adecuada y efectiva por parte del Estado a las demandas de las mujeres agredidas con ácido, algunos desde el principio, otros más recientes, pero todos ellos son fundamentales para entender la construcción de la agenda política en torno a las agresiones con ácido en el país. Los medios de comunicación han sido muy relevantes en el proceso. En un primer momento hicieron un seguimiento a casos aislados y desde una óptica sensacionalista o de cobertura de sucesos violentos. Le dieron mucha cobertura al caso de la agresión contra la aspirante a reina de la Belleza en el año 2010 y será unos meses después, con el programa especial del documentalista Pirri (Especiales Pirry-Canal RCN, 2010), cuando el fenómeno obtenga un análisis más riguroso, encuadrado en la violencia de género y explorando las causas. No obstante, a pesar de que este programa se concertó con algunas sobrevivientes y se trató de manera digna y respetuosa, algunas de las informaciones que allí se dijeron, como el precio de los productos y donde encontrarlos, podrían estar detrás del incremento de casos de los últimos dos años. Como parte de las acciones enfocadas a visibilizar la problemática y sensibilizar a la opinión pública a las que recurrieron las sobrevivientes, han consistido en posar para una toma fotográfica vestidas como modelos, o en participar en programas de televisión para denunciar su situación. A pesar de que no hay claridad sobre si el rol jugado por los medios de comunicación, y el hecho de que las mujeres agredidas hayan recurrido a ellos para hacerse oír, ha sido contraproducente para el incremento de casos, la realidad es que han jugado un papel muy importante de cara a posicionar el problema en la agenda pública. En el acompañamiento en salud ha sido fundamental la Fundación del Quemado (organización sin ánimo de lucro que ha apoyado casos que no encontraban cobertura en el sistema público), cuyo equipo de trabajo ha acompañado estos casos desde el 69
punto de vista médico y psicosocial, pero también llevando registros, sistematizando información y acompañando a las sobrevivientes en sus procesos de denuncia y búsqueda de apoyo público. También han contado con el respaldo de profesionales que han realizado cirugías de manera gratuita, como es el caso del cirujano Alan Rodríguez. Las organizaciones feministas y de mujeres han estado desbordadas con las múltiples violaciones de los derechos humanos que atraviesan las mujeres en el país; entre sus prioridades han estado las violencias en el marco del conflicto (desplazamiento forzado, violencia sexual y feminicidio, principalmente), frente a otras ocurridas en el ámbito de lo cotidiano. Dentro de las organizaciones de mujeres y feminista destaca el apoyo realizado por la Casa de la mujer, quien acompaña a algunas de las sobrevivientes desde hace 4 años y, recientemente, otras organizaciones también han realizado apoyos (Comisión Colombiana de Juristas, el Fondo de Acción Urgente y un colectivo de abogadas jóvenes); actualmente, entidades de la sociedad civil que trabajan el tema de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres declaran la voluntad de empezar a integrar el fenómeno de las agresiones con ácido como parte de su abordaje institucional de cara a posicionarlo en su trabajo y quehacer diario (informes de derechos humanos, informes sombra, trabajo en redes, etc.). Otras entidades vinculadas son las que conforman El Pacto, resultado de la libre concertación entre la sociedad civil e instituciones públicas y en que también participa el sector empresarial; entre las organizaciones no estatales destacan: los gremios industriales y comerciales como FENALCO; las universidades (Universidad del Rosario y Universidad Católica de Colombia); diversas fundaciones y asociaciones (Fundación Médica Mira tu Salud, Fundación ENCAUSA y Asociación Rostros Sin Ácido); el Grupo ATENEA de Seguridad y Defensa de España. Pero en el origen de las iniciativas de este proceso encontramos siempre la presencia y tenacidad de un grupo de mujeres sobrevivientes, lideradas por Gina Potes, sobreviviente extraordinariamente empoderada, y que todos los testimonios coinciden en describir como una persona muy especial, comprometida, luchadora y que ha realizado una labor sin la cual no se entendería nada de lo que ha ocurrido: 70
“Yo creo que inicialmente, el romper el silencio de mujeres que han sido víctimas directamente de estos ataques, la movilización que ellas, que las mujeres junto con otros movimientos, sobre todo ellas porque son las víctimas, han hecho, han llamado la atención a los medios de comunicación, es lo que ha llevado también a la institucionalidad al menos a mirar la situación..” (Integrante de la mesa “mujer y conflicto armado”, Bogotá, 20 de mayo de 2013). Han sido ellas las que se han buscado, conociendo los casos a través de los medios de comunicación, se han apoyado, han llamado a las puertas de la institucionalidad, de los medios de comunicación, de las confederaciones de comerciantes, de las ONGs, de los políticos y políticas del nivel distrital y nacional, y quienes han optado por utilizar diferentes estrategias, bien recurrir a mostrarse para lograr atención pública y mediática, bien ocultarse para evitar el efecto imitación o los riesgos personales de una nueva agresión.
7.2 Diagnóstico del problema: causas, representación, roles y dimensiones de género El problema de las agresiones con ácido se enmarca aquí en la violencia de género. Dentro del movimiento feminista son más explícitas al abordarlo como un problema histórico que se ubica dentro del continuum de violencia contra las mujeres, concretamente en el ámbito de la violencia doméstica, intrafamiliar o de pareja. Entre las causas se señala la sociedad patriarcal, machista y desigual (macrosistema), unidas a un Estado revictimizante, sin capacidad para proteger a las mujeres (sobre todo en los casos con denuncias previas) ni de prevenir ni sancionar a los agresores (exosistema). A lo que se le une la existencia de individuos con celotipia y relaciones de pareja “disfuncionales” (microsistema29). En las personas entrevistadas representantes de la sociedad civil se aprecian dos tendencias en el discurso: una que, ubicándolo dentro de la violencia de género no aludiría tanto a las causas estructurales (orden de género, desigualdad, etc.) sino más bien a las individuales (celotipia, relaciones de pareja, etc.), y que se corresponde más 29
La diferenciación entre los factores que corresponderían al “macro”, “exo” o “microsistema”, de acuerdo al Modelo ecológico, corresponden al análisis de la autora de este trabajo y no han sido enunciados explícitamente por las personas entrevistadas. 71
con el discurso “medicalizado”, centrado en el ámbito de la salud; y otra tendencia, más crítica, que se correspondería con una perspectiva feminista y que haría énfasis en el sistema patriarcal como causa de la discriminación de las mujeres en todas las esferas, relacionando las agresiones con ácido como un crimen de odio contra éstas por el hecho de serlo y que tendría como objetivo dañar su vida, anularlas, controlarlas y apartarlas de la esfera de lo público. Respecto a quiénes serían los responsables del problema en el discurso de la sociedad civil (roles en el diagnóstico) se coincide en apuntar hacia los varones, normalmente “parejas, exparejas o personas conocidas” de las mujeres agredidas. Sin embargo, los dos casos de mujeres sobrevivientes entrevistadas no coinciden exactamente con este patrón puesto que en uno la presunta agresora fue una mujer para poder mantener una relación con el marido de la mujer agredida; mientras que, en el segundo caso, las causas serían desconocidas (aunque hay indicios y testimonios de otras entrevistas que llevan a creer que la agredida si conoce al agresor pero no se habría atrevido a denunciarlo, lo que parecería bastante lógico teniendo en cuenta que ya ha recibido diversos ataques). Aunque se alude al orden patriarcal en algunos testimonios se puede deducir la visión del “individuo enfermo” como descripción del agresor, mientras que otras entrevistadas (más cercanas a la perspectiva feminista) dejarán claro la necesidad de diferenciar entre una persona enferma, y un agresor que comete su ataque de manera premeditada. Se mezclan por tanto dos concepciones: la de individuo enfermo y la del varón que ha interiorizado los valores de la sociedad patriarcal que le lleva a considerar a las mujeres como objetos de su propiedad: "…a la psiquis colombiana de los varones, que les lleva a cosificar a las mujeres y considerarlas de su propiedad". (Investigadora Universidad del Rosario, Bogotá, 17 de mayo de 2013). En ocasiones, de los testimonios de la sociedad civil apuntan a las mujeres como responsables de no denunciar por miedo; si bien estos testimonios señalan claramente que se trata de una responsabilidad compartida por el Estado, pues éste, al no ofrecer la protección necesaria a las mujeres agredidas, se convierte a su vez en un agresor más que las “revictimiza”. 72
Existen diferentes y opuestas maneras de presentar a las mujeres agredidas con ácido; por un lado, como aquellas que necesitan asistencia y protección, utilizando para referirse a ellas se utilizan términos como "víctimas", "pacientes" o "inválidas"; pero también en algunos casos como "lideresas", "sobrevivientes", “mujeres guerreras” o “mujeres verracas”. Estos discursos se alternan, prefiriendo las mujeres agredidas que se las nombre como sobrevivientes que como víctimas. En estos discursos el género se cruza con las variables edad (jóvenes), clase (pobres) y ámbito geográfico (urbano). Sin embargo, se apunta que es posible que se esté produciendo en el ámbito rural o con población indígena o afrodescendiente y que no se tenga información.
7.3 Pronóstico del problema: medios para solucionar el problema, quién debe actuar para solucionarlo y cuáles son las dimensiones de género. Es un amplio elenco de medidas las que se proponen para dar respuesta a este problema. Existen demandas de incremento de penas y de judicialización de los casos; de recibir atención en salud (incluida la salud mental); de obtener trabajo (inserción laboral); de percibir subsidios económicos (pensión de discapacidad, subsidios vivienda, etc.); de tener acceso a la vivienda y educación para ellas y su entorno; de apoyo y prevención (atendiendo a causas estructurales de la violencia) tanto primaria, a través de regulación de comercio de sustancias químicas, de sensibilización social, investigación sobre el tema, etc.; como secundaria, cuando aparecen las primeras manifestaciones y denuncias para impedir la escalada. Aquí se aprecian diferencias en el discurso, existe una corriente que considera que no es necesario considerarlo como un delito autónomo que permita este incremento de penas, si no que lo que habría que hacer es aplicar a cabalidad las herramientas jurídicas y políticas existentes y trabajar de manera exhaustiva en la prevención y en el abordaje de las causas estructurales. Mientras que hay otra tendencia discursiva que se inclina claramente por el aumento de las sanciones contra los agresores, unido al 73
resto de medidas. En este último caso es donde se ubican las sobrevivientes de las agresiones, mientras que en la primera corriente discursiva se incluirían las posiciones más críticas y feministas. Respecto a quién debe actuar para solucionar el problema, se aprecia unanimidad al atribuir al Estado, a través de sus diferentes instancias, la responsabilidad de dar respuesta, sobre todo en materia de justicia, protección y salud. La sociedad civil es quien posiciona, acompaña y da seguimiento pero es el Estado quien debe asumir. Adicionalmente, se nombra a las empresas para apoyar en la consecución de empleo para las personas agredidas, mientras que a las familias se las enfoca como responsables de la “educación en valores”. La mayor parte de las medidas propuestas tienen, eso sí, como grupo diana a las mujeres agredidas y su entorno inmediato. Los hombres, por su parte, aparecen como grupo meta de las medidas encaminadas a acabar con la impunidad e incrementar las penas. Mientras que, para las acciones de prevención se apunta hacia la sociedad en general.
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Equilibrio-Desequilibrio entre diagnóstico y pronóstico
Hay una coherencia entre el diagnóstico del problema como parte del continuum de la violencia contra las mujeres y el pronóstico que plantea la atención integral además de la prevención a través del cambio cultural de los patrones del orden patriarcal. Sin embargo, las soluciones tienen como grupo diana las mujeres (atención en salud, ayudas financieras...), a la sociedad en general (sensibilización, apoyo en empleo, regular comercialización sustancias corrosivas..) o a las familias (educar en valores y en resolución pacífica de conflictos); mientras que los hombres sólo son focalizados en las medidas de judicialización y criminalización, pero no se ha identificado ninguna propuesta enfocada específicamente a ellos para prevenir la agresión con ácido. Por lo tanto, a pesar de identificar al varón como el responsable de las agresiones, en el pronóstico el componente de género se diluye a la hora de trabajar en la prevención al plantear la necesidad de realizar acciones en general con la sociedad, y no proponer
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medidas específicas para la prevención con el colectivo masculino o la reinserción de los victimarios. Así mismo, mientras en el diagnóstico se hace referencia a variables específicas que intersectan con el género a la hora de perfilar a las mujeres agredidas (clase, edad, etc.), en el pronóstico las medidas propuestas no tienen en cuenta estas particularidades.
8. Interpretación y propuesta del Estado colombiano frente al problema 8.1 Reacción estatal (nacional y local) para dar respuesta a las agresiones con ácido: Proyecto de ley y Pacto público distrital
Las sobrevivientes no han encontrado respuesta por parte de las instituciones y cuando se han acercado a ellas han sido revictimizadas, tal y como han reflejado sus testimonios o los del personal de apoyo desde la sociedad civil. A las barreras que ofrece la propia estructura pública y su funcionariado que no ha contado con recursos y capacidades suficientes para abordar estos casos, se han sumado otros elementos, como es el caso de que muchas de las agredidas no pudieran asumir los costes del transporte que las llevarían al hospital o para cubrir los gastos en tratamientos necesarios; o el que otras, traumatizadas por su nueva condición, no han sido capaces de acudir a una institucionalidad que tampoco las ha buscado o ha ideado cauces más flexibles para llegar a ellas por tener vergüenza y temor a mostrar su nueva condición en público. Tampoco ha sido una prioridad de la comunidad internacional para Colombia, más allá del apoyo del “Grupo ATENEA de Seguridad y Defensa de España” al Pacto y el respaldo puntual de ONGs como la estadounidense “Médicos por la Paz” organización de USA con quienes profesionales colombianos compartieron técnicas relacionadas con las cirugías reconstructivas y estéticas que requieren este tipo de agresiones.
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A pesar de que NNUU ha abordado el fenómeno en otros países, y que cuenta con un documento de buenas prácticas legislativas para los Estados, no ha acompañado el proceso de construcción de la ley en Colombia. Y llama especialmente la atención la ausencia de acompañamiento teniendo en cuenta que durante el debate parlamentario colombiano este documento ha sido utilizado como fuente para construir su proyecto de ley (Congreso de la República, 2012). De hecho, ONU mujeres Colombia no tenía conocimiento en el momento de realizar esta investigación sobre el proceso normativo en curso, ni contaba con ningún tipo de acción específica o programa destinado a abordar esta temática en el país, además de poner de relieve que no se trataba de una prioridad ni del movimiento feminista ni de mujeres, que estaba más centrado en posicionar el feminicidio y la violencia sexual en el marco del conflicto. Dado que entre las funciones de ONU mujeres a nivel internacional se encuentra la de dar apoyo y asistencia a los Estados en la formulación e implementación de las políticas, normas y estándares mundiales relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el que su delegación en Colombia no haya participado activamente en el proceso de construcción de la ley para la protección de víctimas de agresiones con ácido, puede interpretarse como una pérdida de oportunidad para transversalizar el enfoque de género en la legislación aprobada. A pesar de que la ausencia de apoyo ha sido el común denominador, existen en los testimonios analizados algunos actores públicos que han sido fundamentales en el respaldo a las mujeres y en el proceso de construcción de agenda y que se detallan a continuación. Para el acompañamiento en salud destaca el Hospital Simón Bolívar, especialmente a través de la Unidad de Quemados, quien ha atendido a los casos ocurridos en el distrito de Bogotá, además de llevar registros y apoyar a las sobrevivientes en sus procesos de denuncia y búsqueda de apoyo público. Las sobrevivientes han articulado acciones con entidades públicas para la promoción de la igualdad y los derechos de las mujeres como ahora la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, o la Secretaría Distrital de la Mujer. También han establecido alianzas con Senadoras y Concejalas, si bien, en la mayoría de estos casos, 76
los compromisos han sido en un inicio más de tipo personal (una Concejala, una Senadora o una funcionaria especialmente comprometida con el tema) que institucional, hasta que finalmente con el Pacto–donde intervienen por parte del estado autoridades distritales, Secretaría de Gobierno, Secretaría de salud, Policía Metropolitana de Bogotá, INMLCF, además del proyecto de ley asumido por el grupo MIRA y que ha fructificado en la Ley nº 1639 de julio 2 de 2013, se ha iniciado la institucionalización de los compromisos, si bien habrá que esperar unos años para poderle hacer seguimiento y evaluación a la implementación y el impacto de estos acuerdos. En términos generales en Colombia, el trabajo legislativo se realiza tanto en el Congreso como en el Senado. El del Congreso se realiza en dos fases: la primera se desarrolla en comisiones especializadas por temas y, la segunda, en las plenarias, donde se aprueban, modifican o rechazan las iniciativas trabajadas. El Senado y la Cámara tienen tres tipos de comisiones: constitucionales permanentes, legales y accidentales. Las comisiones constitucionales permanentes se eligen por el sistema de cociente electoral, teniendo todos los miembros del congreso la obligación de pertenecer a una de estas comisiones. Cada comisión tiene una mesa directiva integrada por un presidente y un vicepresidente elegidos para periodos anuales, quienes no pueden ser reelegidos. Como se ha comentado en otros apartados, entre finales del 2011 y el 2012 se inscriben en Colombia varias iniciativas legislativas con el objetivo de dar respuesta a la problemática creciente: el 7 de septiembre del 2011 el congresista Oscar de Jesús Marín, del movimiento MIRA, radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 091 de 2011, por medio de la cual se fortalece la protección de la integridad personal y se adiciona un inciso al artículo 113 de Ley 599 de 2000 (Congreso de la República, 2011). Meses después, en febrero del 2012, los concejales de Bogotá por el Movimiento Político MIRA, Olga Victoria Rubio y Jairo Cardozo presentarán en el Cabildo Distrital el proyecto de acuerdo N° 11 de 2012 “Por medio del cual se crea el Registro de control para la venta al menudeo de ácidos, álcalis y sustancias corrosivas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”; este proyecto sería archivado meses después por “vencimiento de términos” (Rubio, 2013). 77
Paralelamente, los Senadores Alexandra Moreno, Carlos Alberto Baena y Manuel Virgüez, del MIRA, y los Representantes a la Cámara, Gloria Stella Díaz (MIRA) y Óscar de Jesús Marín (Partido Liberal Colombiano), radicaron en el Senado el proyecto de Ley N° 197 de 2012 “Por medio de la cual se fortalece las medidas de protección a la integridad de las ciudadanas y ciudadanos frente a crímenes con ácido, se regula el uso y comercio de ácido y crea el articulo 118 a en la Ley 599 de 2000” (Congreso de la República, 2012), pues consideraban que el proyecto de ley 091, interpuesto por ellos mismos, no contenía todas las medidas necesarias para combatir el problema. Sin embargo, ante el avance del Proyecto de ley 091 (número 239 de 2012 Senado, 091 de 2011 Cámara), el propio Senado decidirá aunar ambos proyectos (el 091 con el 197) por abordar la misma temática desde ópticas complementarias, fusionándolos en uno, el que dará lugar a la ley nº 1639: “Proyecto de ley por medio de la cual se fortalece las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000” (Senado de la República, 2013). La iniciativa parlamentaria aprobada insta a las instituciones de salud, públicas y privadas a brindar atención integral a las víctimas de estos ataques, en materia de salud (incluyendo la práctica de cirugías generales y estéticas) y el acompañamiento psicológico y jurídico30. En este proceso, las mujeres políticas han sido fundamentales para investigar, denunciar y plantear el problema. De hecho el proyecto de ley inicia con el trabajo de una Concejala Distrital de Bogotá, Olga Rubio, quien traslada su propuesta a congresistas de su partido político, el grupo MIRA, al ser ésta relegada a nivel del distrito. Esta misma concejala está detrás de otras acciones de apoyo y visibilización a las víctimas de crímenes de ácido, como ahora la Campaña del Concejo Distrital: "No más agresiones con ácido" de marzo del 2012 para recabar cabello para las sobrevivientes de las agresiones. 30
Este debate parlamentario se dio en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República de Colombia, esta comisión se encarga de los siguientes asuntos: reforma constitucional, leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, normas generales sobre contratación administrativa, notariado y registro, estructura y organización de la administración nacional y central; así como de los derechos, las garantías y los deberes, rama legislativa, estrategias y políticas para la paz, propiedad intelectual, variación de la residencia de los altos poderes nacionales y asuntos étnicos.
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Aunque el proyecto de ley se radicó bajo la firma del Congresista Oscar de Jesús Marín, y el proceso ha contado con varones aliados, la realidad es que el trabajo incansable de mujeres políticas como el de esta concejala o el de la congresista Gloria Stella Díaz (grupo MIRA), está detrás de la elaboración y priorización de esta temática, tal y como lo reflejan las entrevistas realizadas y los documentos del debate parlamentario del proyecto analizados.
8.2 Diagnóstico del problema: causas, representación, roles y dimensiones de género
En las entrevistas a funcionarias públicas y políticas del Distrito y del Congreso, se aprecian dos posiciones discursivas diferentes; por un lado está la concepción de que las agresiones con ácido forman parte del continuum de violencia de género y que responden a una cultura patriarcal y machista y, por otro lado, la posición política que concibe esta problemática como un problema de “seguridad y mujer” y donde los agresores son personas celosas y enfermas: "…problema estructural de la sociedad, que viene de mucho antes, de la representación que se ha tenido siempre de la mujer como un objeto y en general de la valoración, el valor que tiene la vida y la libertad de un individuo aquí" (Representante por el partido Verde a la cámara, Bogotá, 22 de mayo de 2013) "algunos no están bien de la cabeza"…"..eso comienza con los celos, con el mal manejo de la confianza, con no respeta al otro y es el querer borrar la identidad de alguien que es mirado, observado, adulado por su belleza, son mujeres muy bonitas" (Concejala de Bogotá, Sede del Consejo de Bogotá, 18 de Mayo de 2013) En la primera de las posiciones discursivas el problema estaría relacionado con el género, mientras que, en la segunda, con el hecho de ser mujer, por lo que las relaciones de poder entre hombres y mujeres y el orden social sexista quedarían ocultas en esta segunda concepción. En lo que sí coinciden los testimonios de las diferentes posiciones es en la caracterización de las sobrevivientes, adelantada en el capítulo correspondiente, como personas en las que interseccionan las siguientes variables de exclusión: sexo (señalan a las mujeres como las principales víctimas); 79
opción sexual (se informa sobre algunos casos de agresiones a transexuales); edad (jóvenes); clase (precario nivel socio-económico); educación (bajos niveles de escolaridad) y condición urbana (aunque señalan que puede estar produciéndose en otros contextos, como el rural, pero que de momento no hay información al respecto). Sin embargo, lo anterior responde a posiciones individuales reflejadas en las entrevistas a personas que integran las instituciones, para analizar cuál es la postura del Estado que queda fijada se ha recurrido al análisis del debate del proyecto de ley y la normativa finalmente aprobada. El problema en los debates de la ley aparece representado como un asunto de “seguridad ciudadana”, en el sentido de que se requiere un incremento de las medidas represivas para mantener el orden, y de “salud pública” y las personas agredidas aparecen representadas como "víctimas" que necesitan asistencia y protección. Existen diferencias entre el análisis de los orígenes del problema que se realiza en el proyecto debatido en el Congreso (091 del 2011), donde se consideraba que "no hay motivo aparente más allá de darle placer al victimario", o bien se atribuía el hecho a "razones como la venganza por actos pasionales” (Congreso de la República, 2012); y el proyecto debatido en el Senado (el 239 de 2012) donde se aludía a los argumentos generales de NNUU "Los perpetradores cometen ataques con ácido por diversas razones, tales como venganza por el rechazo de una propuesta de matrimonio u otro tipo de insinuación de carácter sexual o romántico, conflictos relacionados con las tierras, supuesto deshonor, y celos", o bien: "Los expertos consideran que la frecuencia de la práctica se debe en parte a la facilidad para conseguir los ácidos" (Congreso de la República, 2012). Sin embargo, en ninguno de los dos aparece la dimensión de género como parte del diagnóstico, ni se ahonda en la causalidad del problema ni en quiénes son los responsables. Esto indicaría que se legisla en relación a las agresiones con ácido como si éstas se produjeran de manera independiente a las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, y como si las consecuencias y afectaciones para ambos sexos fueran equivalentes, siendo como se ha puesto de manifiesto en otros apartados la desigualdad de género una variable influyente. Por otro lado, al obviar el análisis de responsabilidades, las medidas propuestas no apuntarán hacia las raíces del problema para erradicarlo (normalización de la violencia, 80
cultura patriarcal, etc.), sino a incrementar el control sobre la sociedad (a través de la regulación de la compra-venta de productos químicos y el incremento de las sanciones para los agresores) o a gestionar las consecuencias del fenómeno una vez se produce (ruta de atención a víctimas).
8.3 Pronóstico del problema: medios para solucionar el problema, quién debe actuar para solucionarlo y cuáles son las dimensiones de género Los testimonios de las funcionarias y políticas entrevistadas apuestan por la necesidad de que las personas agredidas, principalmente mujeres, cuenten con atención integral en salud, protección, apoyo en la inserción laboral y justicia. Respecto a esta última coexisten dos posiciones discursivas, una más neutral al género, en los medios propuestos para solucionar el problema, y otra postura, más feminista, que aboga por incorporar la dimensión de género en el pronóstico: "La idea es igualmente cobijar a cualquier persona que se vea afectada por acciones de este tipo, pero se hace un especial énfasis en las mujeres porque son el objeto selectivo de estos ataques. En ese sentido, pues no es igual, hay que pensar de forma diferencial, pero con una simetría legal, es decir que a pesar de las diferencias la justicia opere equitativamente y las víctimas se sientan realmente reparadas…" (Representante a la Cámara (Congreso), Bogotá, 22 de mayo de 2013). Entre los roles en el pronóstico, además del Estado, se nombra a las empresas para que favorezcan la inserción laboral de las personas agredidas y a las propias mujeres sobrevivientes para que se empoderen, y se organicen de cara a canalizar ayudas (de la cooperación internacional) y “no esperar a que el Estado les de respuesta a sus necesidades”. Como en el caso del diagnóstico, la postura estatal quedará plasmada en la ley, y no tanto en el testimonio de las personalidades públicas entrevistadas, si bien éstas se han nombrado por considerarse importantes para entender las posturas en juego. Aunque en el primer proyecto de ley debatido en el Congreso -Proyecto de ley número 091 de 2011 Cámara- las medidas propuestas se centraban únicamente en el incremento de las penas, lo que encajaría con el enfoque de seguridad basado en lo 81
punitivo, con la fusión con el proyecto de ley que se debatió en el Senado (239 de 2012 Senado), el pronóstico añadirá medidas complementarias relacionadas con la prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Con este último se suman, al capítulo sobre las sanciones, otros dos, sobre el control de la comercialización y otro sobre la ruta de atención integral a las víctimas (salud, trabajo, justicia). Esto último es especialmente valorado por la sociedad civil al incluir tratamiento médico y psicológico, incluidas intervenciones quirúrgicas gratuitas, a las personas agredidas con este tipo de arma química. Finalmente, la ley nº 1639 de julio 2 de 2013 incluirá en su pronóstico tanto aumento de penas, como regulación de la comercialización, ruta de atención integral a las víctimas, la cual incorpora a su vez información, apoyo en medios judiciales, administrativos, inserción laboral y atención en salud. Los responsables de llevar a cabo estas medidas (roles en el pronóstico) son: INVIMA; establecimientos que venden las sustancias; Ministerio de Salud y Ministerio de Industria y Comercio para regular la comercialización de ácidos; el gobierno nacional para la ruta integral de atención a la víctima, quien lo realizará a través del sistema de salud y prestadores de servicios médicos cuando se trate de asistencia en salud, siendo la policía quien pueda exigir a estos centros médicos el registro de personas agredidas para efectos de control. El grupo diana de estas medidas lo constituyen las personas agredidas, quienes son representadas como víctimas que requieren asistencia, y que serán apoyadas integralmente, entendiendo integral como información, apoyo jurídico, laboral y en salud. Por su parte, los agresores conforman el grupo meta de las medidas enfocadas a incrementar las sanciones. También constituyen el grupo diana los comercios, quienes deberán aplicar los mecanismos que la institucionalidad designe para regular la compra-venta de las sustancias que puedan ser utilizadas en estos ataques. En el pliego de modificaciones de agosto del 2012 a la ponencia del primer debate del proyecto de ley número 239 de 2012 del Senado se incluían medidas específicas que incorporaban criterios diferenciales de género, edad y ocupación: "Parágrafo 2°: Cuando la deformidad sea producida usando para ello cualquier tipo de ácidos; álcalis; 82
sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano y afecte a menor de edad; a mujer; a persona que tenga contacto con comunidades o grupos considerables de personas o que sea reconocida públicamente; o que su actividad laboral dependa de su imagen; la pena se incrementará hasta en la mitad" (Congreso de la República, 2012). No obstante, este párrafo no volverá a aparecer en los documentos de las siguientes ponencias o debates parlamentarios y la ley nº 1639 de julio 2 de 2013 se presenta como neutra respecto a la dimensión de género en su propuestas y no se incorporan otras variables de vulnerabilidad. De nuevo esto implica que el Estado estaría optando por legislar de una manera única para toda la población, obviando así las relaciones jerárquicas que vertebran la sociedad y que son las causantes de que un mismo hecho (agresión con ácido) tenga un impacto diferencial en colectivos diferentes de población (mujeres, clases populares, población no heterosexual, etc.) que requerirían de medidas adaptadas y equitativas para cada uno para evitar la discriminación de “tratar igual a lo que es diferente”.
8.4 Equilibrio-Desequilibrio entre diagnóstico y pronóstico Hay un desequilibrio entre el diagnóstico y el pronóstico del discurso estatal, pues prácticamente todos los documentos y debates se centran en las medidas (pronóstico) y no hay un análisis detallado de las causas del problema (diagnóstico). Como pone de relieve la metodología MAGEEQ basada en el análisis de marcos, este hecho no es casual, ya que cualquier medida propuesta para solucionar un problema contiene en sí misma una representación del mismo; siguiendo esta línea de análisis, si la legislación colombiana aprobada está compuesta por medidas enfocadas a tratar las consecuencias de las agresiones (atención integral a las víctimas) y a sancionar a quienes trasgredan la normativa (bien porque no gestionen adecuadamente la comercialización de los ácidos, bien porque los utilicen como arma química), esto indicaría que las causas que se presuponen del problema están relacionadas con la falta de control, autoridad y fuerza por parte del Estado, y no tanto por un problema social y cultural reversible con otro tipo de medidas, como las educativas o de inserción social. 83
La normativa colombiana aprobada incluye acciones tanto para la prevención, como para la atención integral y la sanción. No obstante, la prevención está enfocada a la restricción y control de la compra-venta de sustancias corrosivas y ácidos, apreciándose una completa ausencia de medidas que apunten a combatir la cultura violenta y discriminatoria, especialmente entre los jóvenes varones, potenciales agresores. Con la ausencia de medidas encaminadas a la sensibilización o a la prevención en términos educativos se aprecia un triunfo del marco discursivo basado en el enfoque de seguridad y justicia, frente a la posición feminista que visiona el problema como de orden patriarcal. Así la ley plantea acciones para dar solución al problema - basadas en incrementar penas a los agresores, en aumentar el control de la comercialización de sustancias, y en acompañar integralmente a las víctimas- que no alteran sustancialmente las lógicas y jerarquías (de sexo, de clase, de raza, etc.) de poder. Aunque en los debates y en la argumentación de la necesidad de esta legislación se nombra el caso de las mujeres agredidas con ácido, ésto se diluye en el documento de ley, por lo que el delito queda tipificado como neutro al género; hay coherencia por lo tanto en la ausencia de la dimensión de género tanto en la concepción del problema como en las medidas para su solución. A continuación se presenta de manera esquemática el contenido de la normativa aprobada, comparando la primera versión del proyecto de ley debatido en la Cámara de Representantes con el documento final de la ley aprobada.
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Articulado
Título
Tabla nº5: Comparativa entre la primera versión y la definitiva de la ley nº 1639 Primera versión proyecto de ley Ley aprobada Ley nº1639 del 2 de julio del 2013, “Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las Proyecto de ley número 091 de víctimas de crímenes con ácido 2011, por medio de la cual se y se adiciona el artículo 113 de fortalece la protección de la la ley 599 de 2000” integridad personal y se adiciona un inciso al artículo 113 de Ley 599 de 2000.
1. Objeto: Fortalecer la protección de la integridad personal, enfocada en la integridad corporal, la integridad de la salud y la vida de relación o integridad social, buscando aumentar la pena para quien de manera dolosa o gravemente culposa atenta en contra de este bien
1. Objeto: Fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.
2. Se adicionaba un inciso al Código Penal (artículo 113 de la ley 599 de 2000) para incrementar las penas para las agresiones que causaran grave deterioro en cuello y cara
2. Se adiciona un inciso al Código Penal (artículo 113 de la ley 599 de 2000) para incrementar las penas para las agresiones con estas sustancias. Si afecta al rostro las penas se incrementan desde 1/3 hasta la ½.
3. Vigencia de la ley
3. Sobre el control de la comercialización: regulación del control de la venta de ácidos mediante un Registro de control de compra venta, prohibición de la venta a menores y otras medidas.
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Observaciones Se modifica “Integridad personal” por “integridad de las víctimas de crímenes con ácido”; las personas agredidas son conceptualizadas así como “víctimas”, con las connotaciones que esto tiene en términos de acceso a medidas de reparación, pero también de estigmatización (ellas prefieren ser nombradas como sobrevivientes o “mujeres agredidas con ácido”). Además, al incorporar “crímenes con ácido” se hace explícita esta práctica de violencia. Se añaden medidas para la prevención y atención integral, manteniendo las de protección, lo que amplía la cobertura y alcance del proyecto de ley. Se vuelve a especificar a qué grupo poblacional va dirigido con “víctimas de crímenes de ácido” y amplia la descripción de este tipo de agresiones describiendo las sustancias que se utilizan para este delito “ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas” y el tipo de lesión que provocan “que generen daño o destrucción al entrar en contacto con e l tejido humano”. Las penas disminuyen de la primera a la última versión del proyecto de ley: De entre 10-20 años a entre 16 y 126 meses, y entre 94-174 a 34.66-54 SMLV[1] En lugar de deterioro o pérdida funcional se habla de “deformidad” y se distingue e ntre “deformidad permanente y transitoria”, graduando las penas. La agresión al rostro se considera un agravante. Se amplía la cobertura de la ley con estos mecanismos enfocados a la prevención a través del control y registro de la comercialización de estas sustancias.
No Aplica
No Aplica
No Aplica
4. Sobre la atención integral: contempla la creación de una ruta de atención integral para las víctimas de los ataques con ácidos que incluye información y asesoría a las víctimas sobre los recursos con los que cuenta, medios judiciales, administrativos y de salud. Además de mecanismos para la ocupación laboral. 5. Medidas de protección en salud: incluye tratamientos médicos y psicológicos gratuitos, además de que los operadores de salud deberán llevar un registro de los casos atendidos.
Se ensancha el alcance del proyecto de ley gracias a la incorporación de mecanismos para la atención integral a las personas agredidas por este tipo de sustancias. El apoyo para la inserción laboral es una de las principales reivindicaciones de las mujeres agredidas.
6. Vigencia de la ley
La ley aplica a partir de su promulgación el 2 de julio del 2013
Esta inclusión recoge la principal demanda de las mujeres agredidas y es poder tener acceso a las cirugías y tratamientos en salud de manera especializada y gratuita. Así mismo el registro permitirá tener un acercamiento más claro a la magnitud del problema
[1] SMLV: salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Fuente: elaboración propia
9. Desplazamientos, alineamientos y cruces de estos marcos discursivos (sociedad civil y Estado) En apartados anteriores se ha ido haciendo referencia a muchos de los eventos fundamentales relacionados con las agresiones con ácido en Colombia. Esta información ha sido sistematizada en una “línea de tiempo” que permite visualizar de una manera más gráfica y ordenada la evolución de estos acontecimientos, diferenciando entre aquellos ocurridos a nivel internacional, con los acontecidos en el país, así como por actor social (sociedad civil o Estado) que está involucrado.
Gráfico nº 2: Línea del tiempo del contexto internacional y nacional de las agresiones con ácido (de enero de 1997 a julio de 2013)
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Desde finales de la década de los 90’ hasta finales de los 2000 esta problemática fue asociada a las agresiones con ácido acontecidas en el continente asiático, principalmente en Bangladesh. NNUU elaborará sus buenas prácticas para legislación en relación al problema de las agresiones con ácido en 2007, y entre el 2008 y el 2009 el fenómeno empieza a conocerse en todo el mundo, en parte debido a los premios obtenidos por Emilio Morenatti por sus retratos a sobrevivientes de estos ataques y la gira de su exposición por diferentes países. En el gráfico anterior se reflejan, a su vez, algunas de las reflexiones que se han venido adelantando. A pesar de que en Colombia se produjeron algunos casos desde 1997, el problema no entrará en la agenda pública hasta 2011, un año después de que los medios de comunicación comenzaran a hacerse eco de estas agresiones. El papel jugado por la sociedad civil colombiana para posicionar este problema en la agenda ha sido escaso, y las reacciones y apoyos por parte del colectivo feminista y movimiento de mujeres, se han debido más a acciones puntuales de acompañamiento personal a algunas sobrevivientes, que a la inclusión de esta temática en su agenda política. Respecto a la reacción estatal, ésta ha sido tardía como demuestra el hecho transcurrido entre el primer caso y la adopción de medidas reguladoras al respecto, las cuales están en alineación con las adoptadas en otros países donde esta problemática es acuciante. Esta reacción habría respondido más a la iniciativa de un grupo parlamentario (el grupo MIRA) jalonado por una de sus políticas (la Concejala del Distrito de Bogotá) y otros integrantes de este partido político, y a la presión de los medios de comunicación, quienes sí se han hecho eco de este tipo de agresiones a partir del año 2010. Ambos, medios de comunicación y políticos(as) vinculados al proyecto de ley, han estado a su vez muy influidos y alentados, según los testimonios recabados, por algunas mujeres sobrevivientes de este tipo de agresiones especialmente empoderadas, quienes han hecho un trabajo incansable de incidencia “puerta a puerta” y de liderazgo -llegando incluso a constituirse como colectivo de sobrevivientes- que empieza a obtener sus frutos al firmarse el “Pacto Público para la Prevención de Agresiones y Accidentes con Agentes Químicos en Bogotá” del 2012 y al ratificarse la Ley nº 1639 de 2 de julio de 2013.
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Si bien la sociedad civil ha enmarcado las agresiones con ácido en Colombia como una modalidad más de violencia de género, especialmente en el marco de las relaciones de pareja, el Estado ha neutralizado este componente en su legislación equiparando a las víctimas de ambos sexos. Dentro de la sociedad civil conviven dos posiciones discursivas, la feminista, que hace una lectura de este tipo de violencia situándola en el orden patriarcal y aboga por medidas de tipo estructural, y otra, más medicalizada, que apuesta por soluciones en materia de salud y seguridad. La sociedad civil, especialmente las sobrevivientes organizadas y más activas en las acciones de incidencia, se movilizan en un primer momento articuladas principalmente en torno a dos demandas: el incremento de las penas para los agresores quienes por norma general resultaban impunes por estos ataques, y la reivindicación de una atención en salud que incluyera, entre otras cuestiones, las cirugías reconstructivas y estéticas, incluidos los tratamientos post-operatorios, de manera gratuita. A estas demandas las entrevistadas añaden otras que consideran relevantes para poder reparar parte del daño sufrido: apoyo en inserción laboral, recursos para asegurar la vivienda y la educación de sus hijos e hijas y protección para evitar la repetición de los hechos. Respecto a qué parte de las demandas de la sociedad civil ha sido recogida por la regulación estatal es importante señalar la evolución que ha sufrido el proyecto de ley, el cual pasa de presentarse como una reforma del Código Penal para incrementar las penas contra este tipo de delitos, a incluir en su articulado un capítulo para el control de la comercialización de los ácidos a modo de prevención, y otro para estipular la creación de una ruta de atención integral a las víctimas de estas agresiones que hace mención específica a la atención en salud. En este sentido, dos de las principales demandas de las sobrevivientes: el aspecto punitivo y la cobertura en salud, estarían recogidas en esta normativa, aunque no en su totalidad porque ellas demandaban penas más altas para los victimarios. Por su parte la sociedad civil entrevistada señala la eficacia simbólica de la norma en términos de posible disuasión para el agresor; así como el hecho de poder contar con un instrumento para exigir el cumplimiento de derechos al Estado en caso de que éstos se vulneren: 90
"En este país una ley no resuelve esas cosas, esto es un proceso, son procesos de prevención que no existen. Entonces, la ley no es todo pero es lo único que tenemos, entonces de ahí nos podemos apegar. Chévere si la logran firmar pronto, porque de ahí tendríamos un poco, sobre todo para el aumento de penas. Lo que pasó con el tema de violencia sexual: antes una de las penas para violencia sexual eran dos años, ahora con el código la mínima es cuatro años. Eso no signifique que sustancialmente disminuya las violencias sexuales, pero significa que si el victimario supiera que su pena que era de 6 meses pasó a 4 años se abstendría un poco para eso" (Investigadora y terapeuta de Casa de la Mujer, Bogotá, 17 de mayo de 2013). “Yo creo que este proyecto de ley no es perfecto, ni mucho menos, y que le hace falta concebir una cantidad de cosas, pero que es una herramienta jurídica importante para ellas, para su lucha" (Representante a la Cámara por el Partido Verde, Bogotá, 22 de mayo de 2013). No obstante, a pesar de lo anterior, los testimonios arrojan algunas dudas y críticas que consideramos importante rescatar. Por un lado, se considera que se dejan fuera cuestiones como el acompañamiento psicológico familiar, la vivienda o la educación para ellas y sus hijos, teniendo en cuenta la condición de precariedad económica a las que los ataques las condenan31. Por otro, también hay temor de que no se haga un adecuado seguimiento y reglamentación de la ley, sobre todo, que se no se aplique en profundidad por no haberse hecho un estudio de factibilidad adecuado; es decir, que se cuente con una ley pero que luego se hayan previsto o no se asignen los recursos suficientes para contar con una política pública efectiva para su aplicabilidad: "el tema también del seguimiento en parte de justicia porque existe fiscalía y existen las leyes pero mientras no las apliquen, no haya alguien quien coordine y vigile que las cosas se hagan, definitivamente en este país las cosas no funcionan así" (Sobreviviente, Bogotá, 10 de junio de 2013). Otro de los temores al éxito en la aplicación de la ley está relacionado con que su ámbito de competencia es nacional ¿cómo el Estado se plantea aplicar esta normativa en zonas rurales y aisladas del país, especialmente en aquellas donde no cuenta con infraestructuras en salud ni presencia institucional efectiva o en las que el conflicto armado sigue especialmente activo? es uno de los interrogantes que se plantean en este sentido. 31
La ruta de atención integral a las víctimas de la ley nombra en su Artículo nº4 la creación de mecanismos para asegurar la ocupación laboral de éstas, pero hasta que no se regule se desconoce su alcance 91
El principal debate gira en torno a la eficacia de la norma en Colombia, en general, las personas entrevistadas coinciden en señalar que en este país el hecho de legislar para regular en relación a un problema social no es suficiente debido a la elevada impunidad y escasa aplicación real de la norma. En estas condiciones, señalan, el incrementar las penas a los agresores, sólo es útil si luego éstos son ligados a los delitos, investigados y, por lo tanto, sancionados. Dentro de la sociedad civil, la posición discursiva de corte más feminista, va más allá y pone de relieve que no es necesario el incremento de penas, si no aplicar eficazmente la legislación existente, y apostar por apuntar desde la prevención a las causas estructurales del problema de la violencia de género en el país. "No estoy muy de acuerdo en el aumento de penas, yo creo que aquí hay tipos penales, o sea, yo creo que en casos como estos uno puede pedir las penas máximas agravadas, aquí hay unas lesiones personales agravadas, hay sevicia, pues está la ley 1257 que habla también de la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Yo sí creo que habría un marco normativo penal que permitiría tener una punibilidad en ese delito, y yo no estaría tan de acuerdo en otro tipo penal…” (Coordinadora Ejecutiva de la Corporación Humanas, Bogotá, 17 de mayo de 2013). "no es suficiente que esto pase solamente por esa acción del Estado, es decir, la justicia está asociada, no solamente a que se castigue el agresor, a que se condene, a que tenga los años de cárcel, sino también alrededor, la justicia pasa también por otra serie de condiciones que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la prevención, incluso que tiene que ver con las creencias y con las ideas, porque eso también pasa por ahí. Es decir, no es suficiente " (Integrante de la "Mesa mujer y conflicto armado", Bogotá, 20 de mayo de 2013).
Finalmente, se puede señalar, que si bien la ley deja fuera el enfoque de género y la mirada feminista en su diagnóstico y pronóstico, sí recoge algunas de las demandas de las víctimas, por lo que en principio el grado de satisfacción de las sobrevivientes con la respuesta estatal dependerá más bien de cómo se lleve a cabo su reglamentación, aplicación y seguimiento, que del documento de ley en sí.
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10. Conclusiones y recomendaciones 10.1 Recapitulando Durante el desarrollo de este TFM se han analizado y respondido las preguntas planteadas que abrían esta investigación. En este apartado se retoman algunos de los interrogantes más relevantes, poniéndolos en relación con las hipótesis de partida. Una de las primeras cuestiones que se planteaban era ¿de qué manera el contexto colombiano se relaciona con la instalación de las agresiones con ácido en el país? Como se ha puesto de relieve en el apartado relativo al contexto, este tipo de agresiones es una práctica transcultural de violencia que se produce en muchos países, entre ellos Colombia, respondiendo a diferentes motivaciones y adoptando distintas modalidades, en términos de sexo e intencionalidad de víctimas y agresores, según el contexto. Si bien, sería necesario que se hiciesen más investigaciones en este sentido, parecería confirmarse que en Colombia, estas agresiones están estrechamente vinculadas con la coexistencia de desigualdad estructural, junto con una cultura de violencia instalada (normalización de violencia) fruto de la existencia de un conflicto armado de larga duración internalizado y con la persistencia de un orden social discriminatorio en términos de clase, edad, género y opción e identidad sexual. Existen otras formas de jerarquización social, por ejemplo, la etnia/raza o la condición urbano/rural, que podrían estar infiriendo en otras partes del país, pero que por el alcance de esta investigación no se han podido probar. La segunda de las cuestiones era la caracterización de las víctimas y su relación con los agresores, ampliamente desarrollado en el capítulo número 6. Como se ha venido desarrollando a lo largo del estudio, los ácidos se están utilizando como arma en diferentes tipos de prácticas violentas: como mecanismo de tortura utilizado por grupos armados legales e ilegales contra sus oponentes; con el objetivo de robar y extorsionar; para degradar, desfigurar, marcar y controlar a las mujeres, en el marco de la violencia de género; etc. Estos usos presentan una intencionalidad muy diversa, que va más allá de la violencia en el marco de las relaciones de pareja, insertándose en un continuum que permea todas las capas y ámbitos de una sociedad profundamente
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marcada y desdibujada por el conflicto y los estereotipos de género, la discriminación y la homofobia. En este TFM se ha hecho un acercamiento exploratorio desde lo cualitativo, en un contexto limitado como es el Distrito de Bogotá, donde los hallazgos ponen de manifiesto la dificultad de basar los análisis en las cifras existentes, incluidas las oficiales, debido al subregistro, la dispersión en los datos y la contradicción en muchos casos de éstos en función de la fuente. Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas en esta investigación parecen señalar como motivación principal de las agresiones con ácido que se han producido en la capital colombiana, la violencia de género, siendo las principales agredidas mujeres de bajos recursos, jóvenes, y calificadas por el entorno como “bonitas”, con hijos/as a cargo, y con una relación donde el agresor es su pareja o expareja sentimental, o quiere serlo. Junto a estos casos se han nombrado otros, como las agresiones a algunas mujeres transexuales (“bio-hombres”), o agresiones contra varones (un habitante de la calle que lanza el ácido a un transeúnte que se niega a darle una limosna, un ladrón que agrede a quien no quiere entregarle su teléfono móvil, etc.). En este último caso la modalidad de la agresión se diferencia de la practicada contra las mujeres en el marco de las relaciones de pareja por su carácter no planificado y por no ser la desfiguración con ácido un fin en sí mismo. Entre los autores mayoritarios se coincide en señalar a los hombres, si bien se han identificado casos donde la autora (intelectual o material) de la agresión, ha sido una mujer, quien respondiendo al mandato de género donde su posibilidad de desarrollo personal pasa por encontrar y mantener a un compañero varón, del que es dependiente, agrede a otras mujeres motivada por los celos. En el caso de las agresiones a mujeres transexuales (bio-hombres), considerados en este TFM como un caso más de violencia de género donde se sanciona a los individuos que desafían al modelo patriarcal y heterosexual, se desconoce la autoría del ataque y la relación del agresor con la víctima, por lo que se recomienda posterior investigación en esta temática. Con las respuestas a las dos primeras preguntas de investigación, ya se puede revisar la primera hipótesis sobre la que basábamos el estudio, en la que se especulaba sobre si 94
“los ataques con ácido en Colombia responderían a la internalización y reproducción en los cuerpos de las lógicas violentas del conflicto armado, del sexismo y otras formas de jerarquización social pendientes de identificar”; tras lo desarrollado en este TFM sí se podría confirmar que las agresiones con ácido en el país forman parte del repertorio de las lógicas de la violencia en una sociedad fuertemente violentada por la desigualdad social y de género, siendo el conflicto armado un elemento del contexto que contribuiría a exacerbar estas dinámicas. Entre los otros elementos identificados el género se cruza con otras variables de jerarquización social como son: edad (jóvenes), clase (pobres), opción e identidad sexual (agresión a mujeres transexuales“biohombres”-) y ámbito geográfico (urbano). La investigación también alerta sobre la posibilidad de que se esté produciendo en el ámbito rural y/o implicando a población indígena o afrodescendiente y que no se tenga información. El estudio ha mostrado que en las agresiones que se han atendido en Bogotá se aprecian diferencias en las partes del cuerpo atacadas en función de si son los hombres o las mujeres las víctimas de la agresión: a las mujeres el ácido afecta principalmente al rostro, al cabello y al cuello, mientras que en los hombres el rostro sale menos dañado y son las manos las que se ven más afectadas. Esto nos lleva a la tercera pregunta de la que partía el estudio ¿Qué implicaciones tiene que sea el rostro la principal parte del cuerpo atacada? Los testimonios coinciden en señalar lo planificado de este tipo de agresiones, incluida la selección de la parte del cuerpo que resultará dañada. El rostro, junto con los atributos sexuales, es la parte del territorio del cuerpo humano socialmente más valorada por ser donde se inscribe la distinción individual y estar asociado a la seducción y a la belleza. De hecho los ataques vienen acompañados de sentencias como "quién la mandó a ser tan bonita" o "si no eres para mí no serás para nadie". Por lo que los agresores conocen que la imagen corporal es un factor determinante en la construcción de la identidad de las mujeres colombianas y que, en consecuencia, el ataque tendrá impactos demoledores en sus víctimas. Entre estos impactos destacan las secuelas físicas permanentes que afectan su imagen, las víctimas usualmente quedan traumatizadas psicológicamente de por vida, además de sufrir aislamiento social y del ámbito de lo público, dificultades en las relaciones íntimas y sexuales y 95
problemas económicos por las dificultades para mantener o encontrar un empleo, entre otros aspectos. Es lo que las sobrevivientes consideran como la “muerte en vida”, ya que con la agresión hay una imagen corporal y un modo de vida que se trunca por completo. Lo anterior vendría a confirmar la primera de las subhipótesis de este trabajo, la que afirmaba que “con la desfiguración del rostro el agresor pretendería contribuir a la subyugación, “deshumanización”, ostracismo y aislamiento de la mujer atacada”. Si bien, afortunadamente, no siempre logra su objetivo y existen mujeres poderosas que logran, con mucho esfuerzo, reelaborar lo ocurrido y resignificarlo, dotando de un nuevo sentido a su existencia y encaminando su experiencia a apoyar a otras mujeres. La segunda de las subhipótesis que guiaba la investigación era que “la sociedad civil en su abordaje de los ataques con ácido podía reforzar y reproducir de forma contradictoria los modelos de belleza, estética e imagen corporal hegemónicos y patriarcales”. Esta afirmación va en la línea de mostrar la importancia que en Colombia tiene la belleza y la estética en la configuración de la identidad de las mujeres, constituyendo este tipo de agresiones un ataque a su elemento constitutivo más representativo. Sin embargo, los varones definen su rol en la sociedad en torno a otros valores, como el poder o la inteligencia, por lo que las agresiones con ácido les afectan enormemente pero no les relega a la “inutilidad social”, como sí lo hace en el caso de las mujeres. Como argumentos que fortalecerían esta hipótesis de trabajo se halló que parte de las acciones enfocadas a visibilizar la problemática y sensibilizar a la opinión pública a las que recurrieron las sobrevivientes acompañadas por políticas del grupo político MIRA, han consistido en que estas mujeres posaran para una toma fotográfica vestidas como modelos o en realizar una campaña para la donación de cabello para las sobrevivientes de las agresiones, lo que contribuiría a reforzar los modelos de belleza hegemónicos. Por otra parte, las sobrevivientes y las profesionales que las acompañan entrevistadas, coinciden en señalar la importancia que los tratamientos de cirugía estética y reconstructiva adquieren para las personas agredidas de cara a recuperar la funcionalidad y parte de la imagen perdida. Desde un punto de vista holístico, tan relevante es para la persona la salud mental y espiritual, como la física y la social; 96
desde esta óptica de análisis la autoestima y la autoimagen es un factor clave para la salud de las personas agredidas. A pesar de lo anterior, los hallazgos de este TFM no han cubierto de manera suficiente información como para validar o descartar ésta sub-hipótesis inicial. En relación a las siguientes cuestiones que orientaban el estudio: ¿Qué discurso y reacción ha tenido la sociedad civil frente a los ataques? y ¿Qué papel han tenido los actores trasnacionales en la construcción de su agenda?; es importante tener en cuenta que en el proceso de posicionamiento de la temática, ha sido clave el rol de algunas mujeres, sobre todo de una de las sobrevivientes convertida en lideresa y defensora de los derechos de las mujeres agredidas, algunas políticas y algunas profesionales (médicas, psicólogas y trabajadoras sociales) comprometidas con la causa. Los medios de comunicación han jugado un rol ambivalente en el proceso, ya que si bien han contribuido enormemente en la visibilización y difusión de la problemática, en ocasiones, un manejo errado de la información, ha podido estar detrás del incremento de casos al dar datos sobre cómo y dónde comprar este tipo de sustancias, facilitando así un efecto imitación. El estudio ha identificado que el movimiento de mujeres y feminista en Colombia, incluido ONU mujeres, ha estado más centrado en posicionar otras modalidades de la violencia de género, como son la violencia sexual y el feminicidio en contexto del conflicto armado, que en visibilizar la problemática de las agresiones con ácido contra mujeres. No obstante, la formación y experiencia acumulada en la defensa de los derechos de las mujeres ha facilitado un marco interpretativo desde el que explicar este tipo de agresiones y sus causas, ubicándolas en el continuum de violencia de género contra las mujeres, para que algunas de ellas desde su posición de sobrevivientes, de funcionarias públicas o de políticas, hayan podido abanderar esta causa y posicionarla hasta lograr una respuesta estatal a modo de legislación. La siguiente pregunta que orientaba la investigación era: ¿Cómo ha sido la interpretación y propuesta del Estado frente al problema?; a lo largo de este TFM se ha visto que éste actor habría actuado de manera tardía en relación a los casos identificados optando por una regulación aséptica desde el punto de vista del enfoque de género, pero que recoge medidas para la protección integral para las personas 97
agredidas, incremento de penas para los agresores y medidas de control de la comercialización de ácidos como mecanismo de prevención de nuevos delitos de este tipo. Para dar respuesta a la penúltima pregunta que estructuraba este TFM: ¿Cuáles han sido los desplazamientos, alineamientos y cruces de estos marcos discursivos (sociedad civil y Estado) durante el periodo de tiempo estudiado?; nos remitimos aquí a lo reflejado en la “línea de tiempo” y en el apartado correspondiente, donde se mostraba cómo no se han identificado grandes movilizaciones desde la sociedad civil, más allá del incansable actuar de algunas de las sobrevivientes agredidas y el eco obtenido por los medios de comunicación, y por un partido político, quien intentará regular la problemática, primero a nivel distrital y, ante el fracaso de esta iniciativa, a nivel nacional. De las primeras propuestas de ley a la versión finalmente aprobada, existen cambios sustanciales en el contenido, habiéndose ampliado la cobertura de ley, la cual habría pasado de incluir medidas exclusivamente punitivas para los agresores, a incorporar una ruta de atención integral a la víctima y regulación de la comercialización de químicos que podrían ser utilizados en estos ataques. Lo anterior nos lleva a la última de las preguntas guía, aquella que aludía a: ¿Qué parte de las demandas de la sociedad civil ha sido recogida por la regulación estatal?; en este sentido, la atención eficaz y gratuita en salud para las agredidas con ácido y el incremento de penas para los victimarios, serían
los elementos reclamados que
mayormente recoge la ley. Quedarían fuera, sin embargo, las demandas relacionadas con tomar medidas encaminadas a modificar los patrones culturales que están detrás de una sociedad sexista y que legitima el uso de la violencia para resolver los conflictos. Una vez aprobada la legislación, los mayores temores por parte de la sociedad civil recaen sobre la factibilidad y aplicabilidad de la misma, así como el seguimiento a su implementación. Si se retoma el supuesto inicial de la segunda hipótesis sobre cómo “la sociedad civil colombiana, concretamente el movimiento de mujeres y feminista, sería quien habría impulsado la necesidad de regulación pública del fenómeno y lo ha habría hecho desde un discurso que enmarca los ataques con ácido como una expresión de la violencia de género”, nos encontraríamos con que, sorprendentemente, la movilización se ha 98
debido más a algunas personas clave (una concejala, una sobreviviente muy empoderada, alguna profesional de apoyo comprometida, etc.) que han iniciado el ejercicio de búsqueda de apoyos (políticos, institucionales y mediáticos) y posicionamiento de la problemática, que a una llamada del movimiento feminista y de mujeres colombianas en su conjunto; es decir, se trataría, por tanto, de iniciativas personales más que colectivas del movimiento de mujeres y de la sociedad colombiana. Lo que sí se valida de la hipótesis inicial es que, el trabajo conceptual y de sensibilización previo realizado por el movimiento de mujeres y feministas, en relación a ubicar determinados hechos de violencia contra las mujeres como violencia de género que van más allá de casos aislados en el ámbito de lo privado, sí ha contribuido a generar el discurso de la sociedad civil colombiana en relación a las agresiones con ácido y a ubicarlas como parte del continuum de violencias contra las mujeres. Así mismo, las demandas de estas lideresas han encontrado respuesta en un tejido social que ha respondido, en gran parte, gracias a las estructuras, instituciones y cuadros técnicos generados a partir de las luchas feministas y del movimiento de mujeres. Respecto a la otra hipótesis de partida, la tercera, que consideraba que “el Estado se habría demorado en dar respuesta a la problemática y lo habría hecho presionado por la alarma social construida por diferentes actores, pero principalmente por las organizaciones de mujeres y feministas”, se puede afirmar que, efectivamente, el Estado no habría dado una respuesta temprana a las agresiones en el sentido de que no ha sido capaz de prevenirlas, ni tampoco de atender integralmente a las víctimas o sancionar adecuadamente a los agresores. De hecho, a lo largo del TFM se ha puesto de manifiesto que el Estado ha optado por legislar con una normativa que no alteraría de manera sustancial las relaciones de poder y que iría en la línea del “enfoque de seguridad” colombiano, privilegiándolo por encima del de género; lo que pondría de relieve que entre las motivaciones que lo han llevado a tramitar y aprobar esta legislación se encuentran más las relacionadas con dar respuestas en términos de “orden público” (lo que encaja con la política gubernamental heredera de la época uribista) que con la voluntad de lograr un cambio en las relaciones patriarcales en el país.
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Con el Proyecto de ley número 091 del 2011 Cámara que se empezó a debatir en el Congreso (Congreso de la República, 2011), se pretendía dar respuesta al problema incrementando las sanciones a los victimarios, lo que efectivamente iría en la línea del “enfoque de seguridad” o “mano dura”, más que en una línea preventiva que apuntara a las causas del fenómeno. No obstante, la ley que finalmente se ha aprobado - Ley nº1639 de 2 de julio dl 2013-, conciliará los proyectos de ley que se venían trabajando en el Senado (239 de 2012 Senado) y en el Congreso (091 de 2011) que trataban medidas complementarias relacionadas con la prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Esta ley sí superará el contenido meramente represivo, incorporando a su vez medidas preventivas (regulación de la comercialización de los ácidos) y de atención integral a las víctimas; si bien no hace referencia a medidas educativas o de sensibilización que aborden la raíz o las causas estructurales del problema. El Estado ha actuado más bien en respuesta a una alarma social generada por los medios de comunicación, en quienes a su vez se habían apoyado algunas sobrevivientes como vehículo para denunciar su situación y recogida por algunas personalidades políticas, que por una presión del movimiento feminista o de mujeres. Lo que sí coincide con lo augurado en la hipótesis inicial es que las medidas propuestas por el Estado no alterarían sustancialmente las relaciones de poder, al situar el problema como neutro al género (se habla de víctimas en general y no se alude a las relaciones desiguales entre hombres y mujeres), lo que le permite obtener respaldo social a bajo coste (de momento en la ley no se establece asignación presupuestaria) en un tema sobre el que existe un amplio consenso. No obstante, los testimonios coinciden en señalar que el problema en Colombia no estriba en la necesidad de leyes en las que apoyarse en un estado de derecho, si no en lograr que estas leyes se apliquen; así como, en convertirlas en políticas públicas eficaces, dotadas de recursos para su efectivo cumplimiento. En este sentido, se considera vital el seguimiento al desarrollo y aplicación de esta legislación que se acaba de aprobar, para poder valorar adecuadamente la eficacia y los efectos de esta norma.
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Por último señalar, que desde este punto de vista holístico que explica la violencia de género como un fenómeno multicausal, mutidimensional y estructural, todo aquello que contribuye a mantener y reproducir las discriminaciones contra las mujeres es violencia. Si bien la guerra y otras modalidades de violencia armada, imponen formas extremas de control y explotación de las personas (especialmente mujeres) por razones de género e intensifican las ya existentes, éstas se sustentan por estructuras previas al conflicto armado (modelo dominador) y perviven, aunque con otras formas, durante los acuerdos de paz. Por lo que, para trabajar de cara a la erradicación de la violencia de género en todas sus formas y, especialmente, las agresiones con ácido contra mujeres, es necesario activar dispositivos, de todo tipo, que vayan más allá de su prevención, atención y sanción; se trata de trabajar, paralelamente, de cara a lograr un modelo de convivencia, un nuevo pacto social, que derogue el actual y milenario modelo dominador, por otro modelo incluyente, basado en la recuperación y revalorización de lo femenino y la convivencia pacífica.
10.2 Cuestiones para seguir Por las propias características del estudio de tipo exploratorio y su alcance como TFM, existen múltiples interrogantes que siguen abiertas. A lo largo del análisis se han venido enunciando algunas de las cuestiones sobre las que habría que seguir trabajando y a continuación se detallan algunas recomendaciones de cara a próximas intervenciones relacionadas con el problema, así como para futuras investigaciones. Así, las recomendaciones son acordes a los enfoques metodológicos que guían la investigación: enfoque de género, paradigma feminista y “modelo ecológico” en el acercamiento a la comprensión de la violencia. Por lo tanto, a la hora de trabajar de cara a contribuir a desactivar los mecanismos que naturalizan las agresiones con ácido como una práctica de violencia de género, es necesario considerar simultáneamente los distintos contextos en los que se desarrolla una persona, para tener una aproximación ecológica a esta violencia y proponer medidas que respondan a los diferentes niveles en los que esta se desarrolla: el macrosistema (sistemas de creencias, roles de género, las actitudes sociales y culturales que legitiman el uso de la fuerza para la resolución de conflictos, etc.) el exosistema (instituciones sociales que 101
constituyen el contexto social más cercano y visible de las personas, como ahora la legislación y políticas públicas o el rol de los medios de comunicación) y el microsistema (dinámica familiar, historias personales, características psicológicas del individuo, etc.). Recomendaciones para la acción: El Estado, una vez aprobado el proyecto de ley, debería lograr que éste se traduzca en una política pública integral, dotada de recursos y con voluntad para aplicarla a nivel nacional, con énfasis en las regiones más aislados. Correspondería a su vez que el Estado compensara las falencias del actual proyecto de ley, incluyendo el tema de la prevención desde lo educativo de las agresiones con ácido como parte de la violencia de género, en políticas públicas destinadas a la promoción de valores igualitarios de género y la construcción de relaciones basadas en la igualdad, con énfasis en el colectivo juvenil. Para hacer frente a otro de los vacíos del proyecto de ley, el Estado podría contemplar acciones que tengan a los agresores como grupo objetivo, enfocadas tanto a la prevención primaria (sensibilización y medidas educativas de carácter integral), como a la secundaria (activación de un proceso de reeducación de los maltratadores a partir de la primera señal de violencia de género, y no esperar a que recurran a la agresión con ácido) y la terciaria (con medidas para la reinserción de los agresores tras el cumplimiento de la pena). Adicionalmente, el Estado y la Academia habrían de destinar esfuerzos y recursos a investigar la temática para contar con herramientas apropiadas para abordar el problema en toda su dimensión e iniciar el proceso transformador, incluido la mejora de los sistemas de registro y estadística de los casos, sobre todo en aquellos lugares donde el sistema de salud tenga deficiencias. Los medios de comunicación juegan un rol clave en la trasmisión de valores y estereotipos, así como en reforzar o disuadir respecto a la utilización de patrones de conducta violentos, o en la reproducción de determinados modelos de belleza. En este sentido, sería clave que trasversalizasen el enfoque de género en todas sus acciones, trabajasen desde una comunicación no violenta y para la paz y promoviesen patrones estéticos más flexibles e incluyentes donde diferentes tipos de 102
cuerpos tuvieran cabida, los cuerpos envejecidos, los cuerpos entrados en carnes, los cuerpos rotos, etc. Otra sugerencia es que se repliquen iniciativas de trabajo coordinado y articulado entre diferentes actores públicos y privados como el “Pacto Público para la prevención de agresiones y accidentes con agentes químicos en Bogotá”, alianza público-privada para la responsabilidad social, incluida la de las empresas. Las empresas juegan un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades donde desarrollan su actividad, como se ha visto ya hay iniciativas previas en Bogotá de trabajo coordinado con federación de comerciantes para, entre otras cuestiones, fomentar la empleabilidad de las mujeres agredidas con ácido. Este tipo de acciones son fundamentales para completar las medidas estatales en materia de inserción laboral de las sobrevivientes. La sociedad civil colombiana y, específicamente, el movimiento feminista y de mujeres, debería incluir en su agenda el acompañamiento, documentación y denuncia frente a las agresiones con ácido contra mujeres, haciendo especial énfasis en el seguimiento a la aplicación de la legislación y las políticas estatales. Además, sería conveniente que incorporara este eje en su trabajo en las redes y alianzas internacionales. El sistema de NNUU, a través de sus agencias, debería promover la creación de redes y grupos de trabajo conjunto sobre esta problemática a nivel internacional. El Estado y la sociedad civil podrían incluir como una de las herramientas teóricometodológicas para trabajar con las sobrevivientes de las agresiones con ácido el “embodiment” o empoderamiento corporal a través de técnicas expresivas y artísticas (música, danza, teatro, etc.) que trabajen con y desde el cuerpo con fines terapéuticos. Para ello se recomienda compartir metodologías de trabajo y experiencias con quienes ya hayan abordado la reconstrucción de cuerpos violentados, sobrevivientes de otros tipos de violencias, demostrando que los cuerpos, además de in-corporar en sí mismos las desigualdades y la dominación, pueden encarnar estrategias de resistencia y subversión. Iniciativas como el teatro con mujeres sobrevivientes (Las Poderosas, en Guatemala, son un glorioso ejemplo32) 32
Ver más detalle del trabajo de este colectivo en: http://laspoderosasteatro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5 103
o talleres de danza Butoh33 (en toda Latinoamérica), pueden ser inspiradoras en este sentido.
Caminos que quedan abiertos para investigaciones futuras: En términos generales se aprecia una falta de investigación desde la academia de este tipo de violencia y, especialmente, desde una aproximación o enfoque socio-cultural (antropología, ciencias políticas, sociología, etc.). Las aproximaciones existentes han sido realizadas por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática (fundaciones, asociaciones, etc.), en las cuales, o bien se aborda la realidad de un país, o bien se hace una comparación de dos o tres países próximos en la región asiática. Destaca, en este sentido, el trabajo de investigación realizado por Jane Welsh, ya citado con anterioridad, del cual rescatamos muchas recomendaciones para seguir investigando pues continúan, lamentablemente, siendo válidas pues poco se ha avanzado desde que ella las planteara en el año 2009. A continuación se enumeran algunas de las propuestas para continuar apoyando desde lo académico en el desarrollo de tratamientos integrales adecuados y sensibles para las sobrevivientes de violencia ataque ácido, pero sobre todo para avanzar en el conocimiento que nos permita desafiar y transformar las actitudes, prácticas y creencias socioculturales discriminatorias que están detrás de todas las modalidades de violencia, incluida la de género.
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El Butō o Butoh, como se conoce en el mundo occidental, es el nombre utilizado para referirse a un elenco de técnicas de danza creadas en 1950 por Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata, que, conmovidos por los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, inician la búsqueda de un nuevo cuerpo, el cuerpo de la postguerra, donde cada capa de piel es memoria, memoria individual y memoria colectiva. Cabe aclarar que durante esa década, las imágenes de sobrevivientes cuyos cuerpos quemados y destrozados vagaban por las calles. Así nació el Butō, la danza hacia la oscuridad, una reflexión que se nutre de la meditación e intenta reflejar los estados mentales desde el cuerpo; en esta danza la improvisación es fundamental y el sentimiento prima sobre el pensamiento, haciendo que el cuerpo hable por sí sólo, sin hablar a través de él. En muchas ocasiones esta danza recurre a lo grotesco de sus imágenes (cabezas rapadas, bocas abiertas, cuerpos pintados de blanco..), consecuencia de una ansiada libertad espiritual y corporal que huye de la belleza en pos de una estética “feísta” que refleje las sutilezas del alma, en todos sus estados internos, incluyendo los oscuros, donde el alma no busca agradar sino expresarse. En esta danza caben los cuerpos rotos, envejecidos, castigados, ya que lo que se pretende es la libertad de la carne. 104
Orientaciones para la investigación desde el ámbito internacional: Realizar investigación comparada del fenómeno a nivel mundial, donde se analice la situación de diferentes regiones y se incluya en la muestra países de todos los continentes donde se han identificado casos, haciendo énfasis en las relaciones de poder existentes en los diferentes contextos en los que tienen lugar. Promover que en todas las investigaciones sobre violencia de género a nivel mundial se haga énfasis en la identificación y análisis de las agresiones con ácido. Necesidad de continuar investigando en el rol de los medios de comunicación como prevención/sensibilización/promotor de la denuncia, o reproductor de violencias (efecto imitación) e iniciar investigaciones rigurosas sobre el impacto que han tenido en diferentes países a la hora de prevenir, posicionar y/o reproducir las agresiones con ácido. Avanzar en los estudios sobre corporalidades, poniendo en relación este tipo de agresiones con otras violencias que sufren los cuerpos, desde la violencia sexual hasta la violencia a la que nos sometemos voluntariamente a través de técnicas estéticas. Adelantar en las investigaciones sobre salud desde un enfoque integral (bio-psicosocial) los impactos que las agresiones con ácido tienen en términos de salud subjetiva, incluyendo la salud mental y el autoconcepto, y poniéndolo en relación con lo que ocurre en otros casos donde la imagen corporal se ve fragmentada, como ahora los cuerpos con cáncer o los mutilados. Realizar investigaciones sobre el impacto de las iniciativas previas existentes en materia de prevención y atención de las agresiones con ácido (legislación, políticas públicas, iniciativas público-privadas, campañas educativas y de sensibilización, etc.) para obtener buenas prácticas. Analizar el rol de los diferentes actores –Estado, sociedad civil, cooperación internacional, etc.- en la prevención de este tipo de violencia de género. Profundizar en el conocimiento de las causas que provocaron la remisión de este tipo de ataques en la Europa de post-guerra con el objetivo de obtener pistas sobre los factores remisorios.
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Adelantar investigaciones sobre la reincidencia de agresores con ácido al momento de la reinserción. Sugerencias para nuevas investigaciones sobre el tema en América Latina y Colombia: Iniciar las investigaciones sobre esta práctica de violencia en América Latina, especialmente en aquellos países donde más prevalencia existe aparentemente (Colombia, República Dominicana...) para acercarse a las especificidades que este problema social tiene en la región. Necesidad de investigar desde la historia los orígenes de las agresiones con ácido en America Latina y en Colombia. Hacer estudios cuantitativos para conocer la magnitud y prevalencia del problema en Colombia. En América Latina, en general, y en Colombia, en particular, analizar las agresiones con ácido desde un enfoque diferencial que estudie cómo intersectan las diferentes variables de exclusión (género, etnia, clase, ruralidad/urbanidad, opción e identidad sexual, capacidad/discapacidad, etc.); haciendo énfasis en el rastreo de los casos que puedan estar siendo invisibilizados como el de agresiones con ácido a transexuales, a mujeres rurales o indígenas. Realizar estudios centrados en Colombia que pongan el foco en los agresores para conocer sus motivaciones, sus perfiles potenciales y facilitar así las estrategias de prevención y reinserción. Investigar el significado diferencial en Colombia entre las agresiones contra hombres y contra mujeres en cuanto a intencionalidad y simbología. Avanzar en la comprensión de las causas estructurales del comportamiento violento en general, y el de género en particular, así como las estrategias para su adecuado abordaje desde la acción social y la política pública. Estudiar la relación entre el conflicto colombiano, el uso de los ácidos en los cultivos ilícitos, y la proliferación de esta práctica en el país. Ahondar en las estrategias y metodologías puestas en práctica en otros casos de violencia de género en el país para utilizarlas con sobrevivientes de cara a remitir los impactos de la violencia, y con los agresores para prevenir futuros episodios.
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116
12.
Anexos
12.1 Matriz resumen personas entrevistadas Perfil
Cargo Sobreviviente Sobreviviente y lideresa integrante del Política distrital e integrante del Pacto Concejala Distrital Publico del Partido MIRA Funcionaria institución Observatorio de publica para la Igualdad Asuntos de Género de género Alta Consejería Psicóloga de la Personal de Apoyo Fundación del Personal de Apoyo Trabajadora social Investigadora y Sociedad Civil/activista terapeuta de Casa de feminista la Mujer Investigadora Academia/activista Universidad del feminista Rosario Sociedad Civil/activista Integrante de Mesa feminista mujer y conflicto Representante a la Cámara por el Partido Política Congreso Verde Coordinadora Sociedad Civil/activista Corporación feminista Humanas Médica Cirujana y Directora de la Unidad de quemados Hospital Simón Bolívar Personal de atención Sobreviviente integrante del colectivo "Rostros sin Sobreviviente ácido"
Nombre 1. Gina Potes
Lugar de la entrevista Fecha entrevista Casa de la entrevistada 18 de Mayo de 2013
2. Concejal Olga Rubiano
Sede del Consejo de Bogotá 18 de Mayo de 2013
3. Luz Janeth Forero
Hotel Ibis Bogotá 15 de mayo de 2013 Sede de la Fundación del Quemado en 6 de mayo de 2013 Sede de la Fundación 6 de mayo de 2013
4. Clara Ospina 5. Luisa Peña
6. Osana Medina… Cafetería en el Barrio Casa de la Muje y Pablo VI en Bogotá 17 de mayo de 2013 Cafetería en el Barrio Pablo VI en Bogotá Sede de ILSA en Bogotá Café Juan Valdés en 9. Congresista Ángela el sótano del Robledo Congreso Sede de la 10. Adriana Corporación en Benjumea Bogotá 7. Angélica Nieto 8. Mara Eugenia Ramírez
17 de mayo de 2013 20 de mayo de 2013
22 de mayo de 2013
17 de mayo de 2013
11. Dc. Patricia Gutierrez (Cirujana Plástica)
Hospital Simón Bolívar en Bogotá
12. Sandra Peña
Local de venta de frutas y ensaladas en Bogotá 10 de junio de 2013
a
16 de mayo de 2013
12.2 Guía entrevistas semi-estructuradas 12.2.1 GUÍA ENTREVISTA A POLÍTICO/A IMPULSOR/A DEL PROYECTO DE LEY
Presentación: Buenos días, en el marco de una investigación para la Universidad Complutense de Madrid (España), que está coordinando Penélope Berlamas, y que tiene como objetivo analizar el problema de los ataques con ácido contra mujeres en Colombia, me gustaría, siempre que usted esté de acuerdo, realizarle y registrar una breve entrevista. Quiero que sepa que la información que aquí se maneje es confidencial y que en el informe de la investigación no se hará referencia a sus datos personales (nombre o apellidos), si no que se utilizará un pseudónimo o código identificativo por lo que su anonimato estará asegurado. Preguntas guía Contextualización /caracterización del problema: ¿Desde cuándo se producen este tipo de ataques en Colombia? ¿Por qué cree que se producen? ¿Desde cuándo se presta especial atención a estos acontecimientos violentos? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué caracteriza a estos episodios? ¿por qué se producen? ¿a quienes afectan? ¿qué impactos ocasionan? ¿qué características tienen las personas agredidas y quienes agreden? ¿Qué implicación tiene que sea el rostro una de las principales partes atacadas? ¿qué efectos tiene en sus vidas? ¿cómo cambia la percepción de sí mismas de las víctimas? ¿y las de su entorno? Estas consecuencias del daño en la imagen corporal ¿son iguales para hombres y mujeres? ¿por qué? Proceso de tramitación de la ley: ¿Cómo ha sido la interpretación y propuesta del Estado frente al problema? ¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a impulsar este proyecto de ley34? ¿y el detonante? ¿Cómo está siendo en términos generales el proceso y trámite legislativo? ¿Dónde han surgido los principales acuerdos y desacuerdos respecto al contenido del proyecto ley y por qué? ¿Qué medidas de las que plantea la regulación propuesta son, a su modo de ver, las más urgentes? ¿serán suficientes para mejorar la situación o se necesitarían otras? ¿cuáles? ¿por qué? ¿Cómo valora que se haya incluido en el proyecto de ley la realización de cirugías estéticas gratuitas para las personas agredidas? A su juicio ¿cuál es el coste-beneficio de estas operaciones en las víctimas? 34
Proyecto de ley número 239 de 2012 Senado, 091 de 2011 Cámara, por medio de la cual se fortalece las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000 b
¿Qué medidas se han previsto para dar seguimiento a la aplicación de la ley? En Colombia, ha habido en los últimos 8 años 884 víctimas de quemaduras por agentes químicos, 440 mujeres y 444 hombres35: a su juicio ¿existen elementos para enmarcar este tipo de agresiones dentro de la violencia de género? ¿Cuáles? ¿por qué se han seleccionado algunos grupos poblacionales (menores de edad, mujeres, etc.) para incrementar la pena en la mitad cuando los ataques se produzcan contra ellos? Interacción con otros actores: Este es un fenómeno que afecta también a otros países ¿se ha producido algún tipo de coordinación con agentes trasnacionales (Naciones Unidas, otros Estados, etc.)? ¿De qué manera han participado los colectivos de víctimas y/o la sociedad civil en la construcción de la propuesta? ¿había igual representación masculina y femenina en estos grupos? ¿por qué? ¿Ha jugado algún rol la Bancada y/o Comisión Legal de mujeres en el proceso? ¿cuál? Esto sería todo, así que a no ser que quiera comentar algo adicional, por mi parte sólo queda agradecerle la participación y comentarle que en caso de que quiera una copia del resultado final de la investigación se le puede enviar sin problema a la dirección de email que usted me diga.
12.2.2 GUÍA ENTREVISTA A SOBREVIVIENTES DE ATAQUE CON ÁCIDO Presentación: Buenos días, en el marco de una investigación para la Universidad Complutense de Madrid (España), que está coordinando Penélope Berlamas, y que tiene como objetivo analizar el problema de los ataques con ácido contra mujeres en Colombia, me gustaría, siempre que usted esté de acuerdo, realizarle y registrar una breve entrevista. Quiero que sepa que la información que aquí se maneje es confidencial y que en el informe de la investigación no se hará referencia a sus datos personales (nombre o apellidos), si no que se utilizará un pseudónimo o código identificativo por lo que su anonimato estará asegurado. Preguntas guía Contextualización /caracterización del problema: ¿Desde cuándo se producen este tipo de ataques en Colombia? ¿Por qué cree que se producen? ¿Desde cuándo se les presta especial? A su juicio: ¿Cuáles serían las razones? ¿qué rol han tenido las mujeres víctimas en esta movilización? ¿y los hombres? ¿Qué medidas deberían tomarse para dar solución a este problema? ¿quién debería tomarlas?
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Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, c
Actualmente, en el Senado se está debatiendo un proyecto de ley para regular el problema36 ¿conoce la propuesta? Y si es así ¿qué opinión le merece? ¿recoge las demandas de las víctimas? ¿Cuáles sí y cuáles no? Desde cuándo cree que la sociedad civil colombiana se ha preocupado y movilizado en torno a estos ataques? ¿por qué? ¿cómo lo ha hecho? ¿qué rol han tenido las mujeres en esta movilización? ¿y los hombres? Interacción con otros actores (Preguntar sólo si la víctima pertenece a alguna asociación o colectivo): Este es un fenómeno que afecta también a otros países ¿se ha producido algún tipo de coordinación entre los colectivos de víctimas y agencias de cooperación internacional, Naciones Unidas u otros Estados diferentes al colombiano? ¿De qué manera han participado los colectivos de víctimas y/o la sociedad civil en la construcción del proyecto de ley que se está tramitando? ¿Con qué otros actores se han establecido alianzas desde los colectivos de víctimas para posicionar este tema en la agenda pública? Su caso: ¿Considera que Colombia es un país donde se valore mucho la belleza? ¿cree que se valora igual en los hombres que en las mujeres? ¿Por qué? ¿Podría ponerme un ejemplo de persona famosa que considere hermosa? ¿y de alguna personalidad que sea fea? En su caso ¿Cómo se veía a sí misma antes de la agresión? ¿y después? ¿cómo han contribuido en este proceso las operaciones de cirugía estética reconstructivas? ¿Qué parte del cuerpo fue la más afectada con la agresión? ¿Cómo ha afectado esta agresión a su vida? ¿Qué relación mantenía con el agresor? ¿había recibido algún tipo de amenaza o agresión previamente? ¿qué edad tenía cuando ocurrió el suceso? ¿había puesto alguna denuncia previamente? ¿Le comentó el agresor algo que le llevara a pensar que iba a cometer el delito? ¿por qué cree que lo hizo? Tras la agresión ¿Con qué apoyos contó? ¿Qué echó de menos? Esta ley ¿en qué cree que podría ser de ayuda? ¿por qué? Esto sería todo, así que a no ser que quiera comentar algo adicional, por mi parte sólo queda agradecerle la participación y comentarle que en caso de que quiera una copia del resultado final de la investigación se le puede enviar sin problema a la dirección de email que usted me diga.
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Proyecto de ley número 239 de 2012 Senado, 091 de 2011 Cámara, por medio de la cual se fortalece las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000
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12.2.3 GUÍA ENTREVISTA A ACTIVISTA ORGANIZACIÓN MUJERES Y/O FEMINISTA Presentación: Buenos días, en el marco de una investigación para la Universidad Complutense de Madrid (España), que está coordinando Penélope Berlamas, y que tiene como objetivo analizar el problema de los ataques con ácido contra mujeres en Colombia, me gustaría, siempre que usted esté de acuerdo, realizarle y registrar una breve entrevista. Quiero que sepa que la información que aquí se maneje es confidencial y que en el informe de la investigación no se hará referencia a sus datos personales (nombre o apellidos), si no que se utilizará un pseudónimo o código identificativo por lo que su anonimato está asegurado. Preguntas guía Contextualización /caracterización del problema: ¿Desde cuándo se producen este tipo de ataques en Colombia? ¿En qué momento se les presta especial atención y por qué? ¿Por qué cree que se producen? ¿Qué caracteriza a estos episodios? ¿por qué se producen? ¿a quienes afectan? ¿qué impactos ocasionan? ¿Qué implicación tiene que sea el rostro una de las principales partes atacadas? ¿qué efectos tiene en sus vidas? ¿cómo cambia la percepción de sí mismas de las víctimas? ¿y las de su entorno? Estas consecuencias del daño en la imagen corporal ¿son iguales para hombres y mujeres? ¿por qué? Proceso de construcción de la agenda política de la sociedad civil colombiana: ¿Desde cuándo se movilizó la sociedad civil en torno a estos ataques? ¿por qué? ¿cómo lo ha hecho? ¿qué rol han tenido los hombres en esta movilización? ¿y las mujeres? ¿Qué medidas se han propuesto desde la sociedad civil para dar respuesta al problema? En Colombia, ha habido en los últimos 8 años 884 víctimas de quemaduras por agentes químicos, 440 mujeres y 444 hombres37: a su juicio ¿existen elementos para enmarcar este tipo de agresiones dentro de la violencia de género? ¿Cuáles? ¿por qué cree que se han seleccionado algunos grupos poblacionales (menores de edad, mujeres, etc.) para incrementar la pena en la mitad cuando los ataques se produzcan contra ellos? ¿Cómo ha sido la interpretación y propuesta del Estado frente al tema? Actualmente, en el Senado se está debatiendo un proyecto de ley para regular públicamente estas agresiones38: ¿conoce la propuesta? Y si es así ¿qué opinión le 37
Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal,
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Proyecto de ley número 239 de 2012 Senado, 091 de 2011 Cámara, por medio de la cual se fortalece las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000
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merece? ¿recoge las demandas de la sociedad civil y de las víctimas? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿por qué? ¿Cómo valora que se haya incluido en el proyecto de ley la realización de cirugías estéticas gratuitas para las personas agredidas? A su juicio ¿cuál es el coste-beneficio de estas operaciones en las víctimas? Hasta ahora ha habido un amplio consenso en el debate parlamentario del proyecto ¿a qué cree que se debe este hecho? ¿Qué medidas de seguimiento a la implementación de la ley se prevén por parte de la sociedad civil? Interacción con otros actores: Este problema afecta a otros países ¿se ha producido alguna coordinación entre la sociedad civil colombiana y actores trasnacionales (redes de sociedad civil, agencias de cooperación internacional, etc.)? ¿De qué manera han participado las víctimas y/o la sociedad civil en la construcción del proyecto de ley? ¿Ha jugado algún rol la bancada de mujeres y/o la Comisión legal de mujeres en el proceso? ¿cuál? ¿Con qué otros actores se han establecido alianzas desde la sociedad civil para posicionar este tema en la agenda pública? Esto sería todo, así que a no ser que quiera comentar algo adicional, por mi parte sólo queda agradecerle la participación y comentarle que en caso de que quiera una copia del resultado final de la investigación se le puede enviar sin problema a la dirección de email que usted me diga. 12.2.4 GUÍA ENTREVISTA A REPRESENTANTE INSTITUCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO Presentación: Buenos días, en el marco de una investigación para la Universidad Complutense de Madrid (España), que está coordinando Penélope Berlamas, y que tiene como objetivo analizar el problema de los ataques con ácido contra mujeres en Colombia, me gustaría, siempre que usted esté de acuerdo, realizarle y registrar una breve entrevista. Quiero que sepa que la información que aquí se maneje es confidencial y que en el informe de la investigación no se hará referencia a sus datos personales (nombre o apellidos), si no que se utilizará un pseudónimo o código identificativo por lo que su anonimato está asegurado.
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Preguntas guía Contextualización /caracterización del problema: ¿Desde cuándo se producen este tipo de ataques en Colombia? ¿En qué momento y por qué motivos se les presta especial atención? ¿cuáles cree que son las razones por las que se producen? ¿Qué caracteriza a estos episodios? ¿por qué se producen? ¿a quienes afectan? ¿qué características tienen las víctimas y quienes agreden? ¿qué impactos ocasionan? ¿Qué implicación tiene que sea el rostro una de las principales partes atacadas? ¿qué efectos tiene en sus vidas? ¿cómo cambia la percepción de sí mismas de las víctimas? ¿y las de su entorno? Estas consecuencias del daño en la imagen corporal ¿son iguales para hombres y mujeres? ¿por qué? Proceso de construcción de la agenda pública: ¿Desde cuándo se movilizó la institución en la que trabaja en torno a estos ataques? ¿Cómo? ¿Por qué? Actualmente, en el Senado se está debatiendo un proyecto de ley para aumentar las penas a los agresores, regular la comercialización de elementos químicos y mejorar la ruta de atención a las víctimas39 ¿conoce la propuesta? Y si es así ¿qué opinión le merece? ¿recoge las demandas de la institución para la que trabaja? ¿y las de las víctimas? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿por qué? Desde la institución en la que trabaja ¿se prevé dar seguimiento a la aplicación de la ley? ¿cómo? ¿Por qué cree que hasta ahora ha habido un amplio consenso en el debate parlamentario del proyecto? ¿Cómo valora que se haya incluido en el proyecto de ley la realización de cirugías estéticas gratuitas para las personas agredidas? A su juicio ¿cuál es el coste-beneficio de estas operaciones en las víctimas? ¿Qué otras instituciones del Estado han reaccionado frente al problema y cómo lo han hecho? En Colombia, ha habido en los últimos 8 años 884 víctimas de quemaduras por agentes químicos, 440 mujeres y 444 hombres40: a su juicio ¿existen elementos para enmarcar este tipo de agresiones dentro de la violencia de género? ¿Cuáles? ¿Por qué cree que se han seleccionado algunos grupos poblacionales (menores, mujeres...) para incrementar la pena en la mitad cuando los ataques se produzcan contra ellos?
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Proyecto de ley número 239 de 2012 Senado, 091 de 2011 Cámara, por medio de la cual se fortalece las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000 40 Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal,
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Interacción con otros actores: Este fenómeno afecta también a otros países ¿se ha producido coordinación con agentes trasnacionales (Naciones Unidas, otros Estados, etc.)? ¿De qué manera han participado los colectivos de víctimas y/o la sociedad civil en la construcción de las propuestas? ¿ha habido igual representación masculina y femenina en estos grupos? ¿por qué? ¿Qué rol ha jugado la bancada y/o la Comisión legal de mujeres en el proyecto de ley? ¿cómo se han articulado? ¿Con qué otros actores se han establecido alianzas desde su institución para abordar el problema? Esto sería todo, así que a no ser que quiera comentar algo adicional, por mi parte sólo queda agradecerle la participación y comentarle que en caso de que quiera una copia del resultado final de la investigación se le puede enviar sin problema a la dirección de email que usted me diga. 12.2.5 GUÍA ENTREVISTA A INTEGRANTE DEL PACTO PÚBLICO PARA LA PREVENCIÓN DE AGRESIONES Y ACCIDENTES CON AGENTES QUÍMICOS EN BOGOTÁ Presentación: Buenos días, en el marco de una investigación para la Universidad Complutense de Madrid (España), que está coordinando Penélope Berlamas, y que tiene como objetivo analizar el problema de los ataques con ácido contra mujeres en Colombia, me gustaría, siempre que usted esté de acuerdo, realizarle y registrar una breve entrevista. Quiero que sepa que la información que aquí se maneje es confidencial y que en el informe de la investigación no se hará referencia a sus datos personales (nombre o apellidos), si no que se utilizará un pseudónimo o código identificativo por lo que su anonimato estará asegurado. Preguntas guía Contextualización /caracterización del problema: ¿Desde cuándo se producen este tipo de ataques en Colombia? ¿Desde cuándo y por qué se les presta especial? ¿Cuáles son, a su modo de ver, las razones por las que se producen estos ataques? ¿Qué caracteriza a estos episodios? ¿por qué se producen? ¿a quienes afectan? ¿qué características tienen las víctimas y quienes agreden? ¿qué impactos ocasionan? ¿Qué implicación tiene que sea el rostro una de las principales partes atacadas? ¿qué efectos tiene en sus vidas? ¿cómo cambia la percepción de sí mismas de las víctimas? ¿y h
las de su entorno? Estas consecuencias del daño en la imagen corporal ¿son iguales para hombres y mujeres? ¿por qué? Proceso de construcción de la agenda pública: ¿Desde cuándo se movilizó en torno a esto? ¿Cuándo surge el Pacto? ¿Por qué? ¿Qué objetivo y funciones tiene? ¿Qué otras instituciones del Estado han reaccionado frente al problema y cómo lo han hecho? Actualmente, en el Senado se está debatiendo un proyecto de ley para regular el problema41 ¿qué opinión le merece? ¿recoge las demandas de las organizaciones que integran el Pacto? ¿y las de las víctimas? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿por qué? ¿está previsto desde el Pacto darle seguimiento a la aplicación de la ley? ¿cómo? En principio ha habido un amplio consenso en el debate parlamentario en relación a este proyecto ¿a qué cree que se debe este hecho? ¿Cómo valora que se haya incluido en el proyecto de ley la realización de cirugías estéticas gratuitas para las personas agredidas? A su juicio ¿cuál es el coste-beneficio de estas operaciones en las víctimas? En Colombia, ha habido en los últimos 8 años 884 víctimas de quemaduras por agentes químicos, 440 mujeres y 444 hombres42: a su juicio ¿existen elementos para enmarcar este tipo de agresiones dentro de la violencia de género? ¿Cuáles? ¿Por qué cree que se han seleccionado algunos grupos poblacionales (menores, mujeres...) para incrementar la pena en la mitad cuando los ataques se produzcan contra ellos? Interacción con otros actores: Este es un fenómeno que afecta también a otros países ¿se ha producido algún tipo de coordinación entre la sociedad civil colombiana y los agentes trasnacionales (redes de sociedad civil internacionales, agencias de cooperación internacional, otros Estados, etc.)? ¿De qué manera han participado los colectivos de víctimas y/o la sociedad civil en la construcción de las propuestas? ¿ha habido igual representación masculina y femenina en estos grupos? ¿por qué? ¿Con qué otros actores se han establecido alianzas para abordar el problema? Esto sería todo, así que a no ser que quiera comentar algo adicional, por mi parte sólo queda agradecerle la participación y comentarle que en caso de que quiera una copia del resultado final de la investigación se le puede enviar sin problema a la dirección de email que usted me diga. 41
Proyecto de ley número 239 de 2012 Senado, 091 de 2011 Cámara, por medio de la cual se fortalece las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000 42 Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal,
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12.3 Listado de documentación legislativa y parlamentaria analizada CONGRESO 1. Informe de ponencia primer debate del Proyecto de ley número 091 de 2011 Cámara, por medio de la cual se fortalece la protección de la integridad personal y se adiciona un inciso al artículo 113 de Ley 599 de 2000. 02/11/2011. 2. Enmienda al proyecto de ley del 06/03/2012. 3. Acta comisión del 10/04/2012. 4. Informe ponencia segundo debate del 25/04/2012. 5. Pliego modificaciones ponencia 2º debate (sin fecha). 6. Acta plenaria del 08/05/2012. 7. Texto definitivo aprobado en sesión plenaria del 09/05/2012. 8. Informe de conciliación al proyecto de ley (No aparece la fecha de este informe, pero se dice que el Acta y Fecha Aprobación de la Conciliación fue el 11 de junio del 2013). 9. LEY: Ley nº 1639 de julio 2 de 2013, “Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la ley 599 de 2000”.
SENADO 10. Ponencia primer debate del Proyecto de ley número 239 de 2012 Senado, 091 de 2011 Cámara, por medio de la cual se fortalece las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000, 08/08/2012. 11. Pliego de modificaciones de agosto del 2012 (no especifica día). 12. Acta y fecha comisión del 5/12/2012. 13. Texto definitivo comisión de marzo del 2013 (no especifica día). 14. Informe ponencia 2º debate y pliego modificaciones ponencia 2º debate (mismo contenido y fecha que el texto anterior). 15. Texto aprobado en sesión plenaria del 28/05/2013. 16. Informe de conciliación (mismo contenido que el informe de conciliación del Congreso, por lo tanto tampoco aparece la fecha de este informe, pero se dice que el Acta y Fecha Aprobación de la Conciliación fue el 11 de junio del 2013).
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