Carta a los empresarios

ha sido reformado en más de 70 ocasiones, lo que la convierte posiblemente en la rama del derecho con más cambios dentro del ordenamiento legal nacional.

En el otro lado de la moneda, tanta regulación y cambios frecuentes pueden terminar en incertidumbre jurídica. Los usuarios aduaneros requieren de una legislación clara, simple y que se mantenga en el tiempo, de tal forma que les permita realizar operaciones de comercio exterior sin temor a equivocarse, o que, habiendo cometido un error, no serán castigados de manera severa.

Sin embargo, no parece ser este el caso para las aduanas. Por el contrario, para realizar comercio exterior y dependiendo de las particularidades del caso, un usuario necesita revisar por lo menos cinco normas principales: los decretos 1165 de 2019 (regulación aduanera), 572 de 2021 (otras garantías aduaneras), 280 de 2020 (plan Vallejo), 2147 de 2016 (zonas francas) y el decreto ley 920 de 2023 (régimen sancionatorio aduanero y de decomiso de mercancías).

Particularmente este último, el decreto ley fue expedido porque el régimen sancionatorio aduanero fue declarado inconstitucional en el 2021 por la Sentencia C-441. En la providencia, la Corte Constitucional le dio al Congreso de la República hasta el 20 de junio de 2023 para desarrollar el nuevo marco sancionador por medio de una ley.

No obstante, el mismo Congreso le confirió facultades extraordinarias al Gobierno para que sea este quien lo expidiera. Desde el sector privado se vio la oportunidad de modificar de fondo el régimen sancionatorio y corregir algunas infracciones, y diferenciar entre el error y los delitos asociados al contrabando y el lavado de activos.

Así mismo, el proceso de producción normativa fue muy corto, apenas publicado para comentarios por quince días, y aunque el gremio sostuvo varias reuniones con la autoridad aduanera para presentar las observaciones al proyecto, solo se conoció el texto final el 6 de junio. Además, la norma entró a regir tan solo tres días después de su publicación, tiempo que no es suficiente para conocer los deta- lles de las 157 páginas que componen la nueva legislación.

Actualmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se encuentra trabajando en el proceso de modernización aduanera. Se trata de una gran modificación que ocurrirá y entrará en operación en el corto plazo, el cual basa su modelo en el control de datos y no en documentos.

Esperamos que la nueva normativa que acompaña el proceso de modernización sea simple, con un enfoque en sistema de gestión de riesgos y que permita la facilitación de las operaciones aduaneras. Para incrementar las exportaciones y en general el movimiento de comercio exterior, el país necesita eliminar trámites engorrosos, reducir tiempos de nacionalización y despacho, y contar con una legislación que se mantenga en el tiempo para brindar seguridad jurídica.