El nuevo gabinete de gobierno: una oportunidad para avanzar en la probidad, la transparencia estatal y el combate a la corrupción Las organizaciones sociales que suscribimos este documento hemos insistido en la urgente necesidad de erradicar la corrupción estatal en todas sus expresiones y en la instauración de un régimen institucional que privilegie la integridad, la probidad y la transparencia como valores supremos y rectores en la gestión pública. Hemos elevado enérgicamente nuestra voz para exigir que se investiguen los casos de corrupción que se han conocido, se castigue a sus responsables y se recuperen los dineros que han sido ilegal e inmoralmente sustraídos al pueblo salvadoreño. Por eso creemos que el momento actual es decisivo para avanzar en la erradicación de este flagelo que atenta contra los derechos humanos y contra la incipiente democracia salvadoreña: la actual selección de las personas que conducirán las carteras de Estado en el nuevo gobierno que asumirá funciones a partir del 1 de junio, constituye una valiosa oportunidad para continuar avanzando en una administración estatal eficiente, eficaz, humana, sensible y solidaria con las necesidades e intereses populares. El Salvador debe desterrar para siempre las viejas prácticas de los gobiernos anteriores que vieron en los recursos públicos, una jugosa fuente para acrecentar las riquezas de pequeños pero poderosos grupos corporativos y empresariales. Los gobernantes electos el pasado 9 de marzo y el partido que los postuló (el FMLN) tienen la enorme responsabilidad de seleccionar un equipo de trabajo que esté a la altura de las exigencias populares actuales y futuras, y de profundizar las buenas prácticas en la gestión pública que el presente gobierno ha iniciado, tales como la denuncia pública y judicial de escandalosos casos de corrupción, la progresiva aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, los ejercicios de rendición de cuentas, entre otras novedades institucionales que cierran las puerta al abuso, la arbitrariedad y el manejo patrimonial de los recursos públicos. Para dar continuidad a este rumbo, planteamos que el nombramiento del gabinete de gobierno debe responder plenamente a los postulados constitucionales y legales que indican que “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley.” (Artículo 218 de la Constitución).
Comunicado “El nuevo gabinete de gobierno: una oportunidad para avanzar en la probidad, la transparencia estatal y el combate a la corrupción”