Analisis Georreferenciado del Conflicto Interno en Colombia by Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar

La presente colección es tomada de los libros originales publicados durante el año de 2015 por los investigadores del Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar. La Revisión Científica ha sido hecha por el Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar –Escuela Superior de Guerra– en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Análisis Georreferenciado del conflicto interno en Colombia

Cuadernillos para la Elaboración de Memoria Histórica Militar

Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar –Escuela Superior de Guerra–

Análisis georreferenciado del conflicto interno en Colombia

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Centro de Investigación sobre el Conflicto y la Memoria Histórica Militar

2016

El contenido de este libro corresponde exclusivamente al pensamiento de los autores. Las posturas y aseveraciones aquí presentadas no representan la posición oficial, ni institucional del Centro de investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar (CICMHM), ni de la Escuela Superior de Guerra, ni de las Fuerzas Militares o del Estado colombiano.

Director CICMHM Mayor General (Rva) Jorge Rodríguez Clavijo

Director de investigación Ps. Mauricio Uyabán Ampudia PhD

Investigadores Manfred Grautoff Olga Lucia Quintero Galvis Cr. (Rva) Luis Javier Pérez Orellanos Adriana Pieschacón Reyes Alexandra María Rincón Mesa Viviana Andrea Cicery Ramos Alejandro Granados García Daniela García Mora

Asistentes de investigación Katherine Otálora Barragán Camilo Rodríguez Coneo Ana Catalina Urrego SMC (Ra). Juan Antonio Mojica Gómez SM (Ra). Pedro Nel Villa Ríos ISBN: 978-958-56054-0-4

2016

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la previa autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público

Tabla de contenido

Introducción............................................................................................... 5 Capítulo 1 Colonización desordenada y cultivos ilícitos........................................... 9 Capítulo 2 La Estrategia del conflicto......................................................................... 13 3.1 La literatura de la estrategia................................................................... 15 3.2 Táctica Fuerzas Militares....................................................................... 17 3.3 Comandos conjuntos y acción integral.................................................. 18 Capítulo 3 Mercados ilegales y grupos armados........................................................ 25 4.1 Experimento natural............................................................................... 30 4.2 Crecimiento y conflicto ......................................................................... 34 Capítulo 4 Alianza grupos armados BACRIM ......................................................... 37 5.1 Bandas criminales emergentes............................................................... 41 5.2 El Modelo............................................................................................... 43 5.3 Mercado laboral mercado delictivo....................................................... 49 Capítulo 5 Crimen regional y transformación .......................................................... 55

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Capítulo 6 Seguridad y pobreza ................................................................................. 57 Conclusiones............................................................................................... 61 Referencias bibliográficas......................................................................... 65

Índice de Mapas (Georreferencia), Gráficos y Tablas Georreferencia 1: Conflicto agrario............................................................. 9 Georreferencia 2: Combates Fuerzas Militares............................................ 23 Georreferencia 3: Masacres......................................................................... 28 Georreferencia 4: Cultivos ilicitos............................................................... 29 Georreferencia 5: Presencia AUC................................................................ 38 Georreferencia 6: Secuestros....................................................................... 39 Georreferencia 7: Secuestros 2002-2010..................................................... 40 Georreferencia 8: Tasa de homicidios.......................................................... 40 Gráfico 1: Combates en el tiempo................................................................ 21 Gráfico 2: Secuestros................................................................................... 38 Gráfico 3: Tasa de homicidios...................................................................... 42 Gráfico 4: Tasa de desempleo...................................................................... 51 Gráfico 5: Correlación desempleo-homicidios............................................ 52 Gráfico 6: NBI de seguridad........................................................................ 59 Gráfico 7: Correlación NBI de Seguridad-Violencia Instrumental.............. 60 Tabla 1: Líderes abatidos grupo armado ilegal Farc.................................... 20 Tabla 2: Estimación data panel diferencias en diferencias 2013................. 32

Introducción

l objetivo del presente libro es analizar cuantitativamente el conflicto armado, determinando cómo su evolución, condujo por varios escenarios estratégicos, que llevaron a las Fuerzas Armadas de Colombia a concebir una doctrina que innovó la forma en cómo la acción social debía cruzar transversamente la seguridad, donde la coordinación tanto al interior de las Fuerzas Pública como con las demás instancias del Estado, fue el eje para conducir a la derrota militar de las FARC. Sentando así, el precedente para combatir e imponer las condiciones del Estado a los demás grupos criminales, así como a las nuevas amenazas que pueden surgir de la desmovilización de estos grupos violentos. Dentro de la literatura del conflicto colombiano, se han empleado métodos históricos descriptivos, para encontrar las causas profundas del mismo, sin embargo este libro se aparta de esa línea metodológica, porque usa métodos cuantitativos y de georreferenciación. A través de bases de datos, que han sido reconstruidas, por diferentes organismos encargados de recolectar información de violencia, tal como, Fiscalía, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Medicina Legal, Ejército Nacional, y el Archivo Nacional, se logró desarrollar la georreferenciación del conflicto desde comienzos del siglo XX, cotejándola con la presencia del grupo armado ilegal Farc. Con el propósito de comprobar y contestar, qué son los derechos de propiedad, ya que estos son el núcleo de las distintas fases de la violencia colombiana. Es de anotar que esta reconstrucción de datos tiene limitaciones, por la forma en que la institucionalidad ha recolectado datos en el pasado. A partir de esta información, se realizan estimaciones econométricas, para hallar un patrón de Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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comportamiento entre acciones de grupos armados y presencia de recursos económicos. La principal contribución del documento, es demostrar que las causas objetivas de la violencia, no son un factor que determina las acciones armadas, es decir, que la violencia, comienza en regiones con prosperidad económica que no poseen instituciones con capacidad para ofrecer respeto por los derechos de propiedad; esto termina en el largo plazo, pauperizando regiones que otrora eran polos de desarrollo económico y social. Para lograr demostrar esta hipótesis, se parte de los años 2002-2010 cuando se desplegaron dos acciones de política pública en seguridad. La primera, fue el diseño y puesta en funcionamiento de la Política de Seguridad, que presentó el Presidente de Colombia de entonces, Álvaro Uribe Vélez. Esa Política fue “el documento marco mediante el cual, el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de la Seguridad Democrática para proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada”. (Presidencia de la Republica, 2003). La segunda acción de política pública, fue durante el año 2005, donde se inició un proceso de sometimiento a la justicia por parte de los grupos ilegales, que se autodenominaban Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes terminaron por acogerse a un proceso de justicia transicional, llamada ley de justicia y paz. La consecuencia de esta acción del Estado fue el descenso en los índices de criminalidad a nivel nacional al tiempo que se “presentó un proceso de reingeniería criminal tal como ocurrió con las autodefensas cuando, en medio del desarme, parte de sus estructuras iniciaron una agenda que les permitió encauzar y sofisticar la visión del negocio; deshacerse del discurso contrainsurgente; renovar sus estructuras; reconfigurar los poderes territoriales; emanciparse del yugo de otrora jefes paramilitares y obtener mayor discreción para su accionar” (Velez Gomez D, 2013, pág. 5) Estas políticas públicas fueron resultado de la modernización doctrinal y estratégica de la Fuerza Pública, que le permitió recuperar la iniciativa, atacando de forma certera al Secretariado de las FARC, lo cual trascendería en su neutralización y su derrota estratégica. Esto significa recuperar la seguridad de Colombia. Sin embargo, los éxitos a nivel militar y la negociación con grupos de autodefensas, creó las condiciones para que surgieran estructuras de crimen organizado, acrecentando poder de facto y poder de jure1 (institucional–político) que convergen en todos los fenómenos criminales desarrollados en Colombia. 1

El poder de jure parte del reconocimiento de los órganos que forman el gobierno partiendo de la Constitución, es decir observando un procedimiento normado en la ley fundamental.

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Estas circunstancias, permiten al autor, emplear la teoría del torneo criminal, para comprender cómo estructuras criminales y los grupos armados ilegales aprovechan la mala definición de los derechos de propiedad para depredar el erario y socavar la estructura productiva del sector privado. Asimismo, se emplea como hilo conductor, el funcionamiento de una banda criminal representativa, para establecer los escenarios de la desmovilización de los grupos armados ilegales, y, cómo esto impacta sobre la seguridad ciudadana, además, de desarrollar un índice de seguridad, que permite inferir que el bienestar social, parte de las condiciones que tiene la Fuerza Pública para proteger a los hogares de Colombia, en otras palabras, si las Fuerzas Armadas se fortalecen se traduce en la principal política social que puede establecer el Estado; porque permite que los ingresos de las familias se incrementen, vía protección de la actividad productiva, aumento de la inversión privada en proyectos son generadores de empleo. A manera de epilogo se presenta una reflexión sobre la trayectoria de las instituciones políticas de Colombia, que terminaron por crear las condiciones del conflicto y cómo la reacción del Estado transformó las condiciones del país en las últimas décadas. Situación que ha conducido a un modelo político e institucional, que bajo los postulados de la tercera vía, llevan a preservar el estado bienestar, sin afectar el libre mercado, esto enmarca el proceso de sometimiento e inserción en la vida constitucional de Colombia de los grupos armados ilegales, quienes a pesar de haber sido derrotados militarmente; la sociedad les ha brindado la oportunidad de reconocer, su responsabilidad en el deterioro del bienestar de la población colombiana, como contraprestación, estos actores ilegales, entraran en un proceso de justicia transicional, que garantice procesos de no repetición, lo que debe permitir que Colombia, se inserte en el ámbito de los países desarrollados, empleando como instrumento fundamental, el fortalecimiento estratégico y técnico de las Fuerzas Armadas. La presente cartilla está organizada con la introducción y varios capítulos. Se inicia con un análisis de los inicios del conflicto armado interno de Colombia. Luego se aborda cómo la Fuerza Pública actualizó su doctrina y estrategia para dar respuesta a la crisis de seguridad en las décadas de 1980-1990. De esta forma se podrá dilucidar cuál enfoque estratégico siguieron los grupos armados ilegales y las autodefensas ante la derrota militar que le propino la Fuerza Pública para someterse a un proceso de diálogo. En el siguiente capítulo se explica, cómo los grupos armados mutan en estructuras criminales, creando un mercado profundo de actividades ilegales, que por medio de la infiltración, adquieren poder político con alcances transnacionales. Después se presentan los resultados de los indicadores sociales de seguridad, que permiten probar que la mejor política de bienestar del Estado es fortalecer la Fuerza Pública, porque protege los derechos de propiedad; y finalmente se presentan las conclusiones y una reflexión sobre un nuevo modelo de bienestar denominado tercera vía.

Capítulo 1

Colonización desordenada y cultivos ilícitos

a disputa de la tierra es un referente de la historia y del conflicto colombiano. En el mapa (Georreferencia) 1 se puede apreciar que las zonas rojas del panel de lado izquierdo pertenecen a municipios que presentaron problemas de violencia entre 1920 a 1940 por causas de tipo agrícola. Esto permite visualizar, cómo

Georreferencia 1: Conflicto agrario Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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el conflicto giro alrededor de las cordilleras en terrenos de tipo llano, en especial al sur occidente y norte del país. En general el problema tuvo relación con los títulos de propiedad. Es decir, los derechos de propiedad no estaban plenamente definidos, y como afirman (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2005), la ausencia de reglas de juego claras son determinantes para que exista desorden institucional, lo que lleva a los miembros de la sociedad a no sentir protección por su trabajo, siendo esto, causas profundas del bajo desarrollo económico. La mala definición de los derechos de propiedad es el centro de los conflictos que se han presentado en Colombia durante el siglo XIX y XX, donde las funciones de educación e identificación de los ciudadanos pasaron a la iglesia católica, institución que no poseía la capacidad para cumplir una función fundamental del Estado. En ese ámbito, los títulos de propiedad no se podían comprobar plenamente, lo que trajo un sistema de incentivos perverso. Así y gracias al caos institucional, se establecieron grupos de colonos que reclamaban la tenencia de la tierra, mientras que el propietario del predio no tenía la forma de comprobarlo. Esta situación creó las condiciones para que se formaran autodefensas que hicieran respetar los títulos de propiedad, y en medio del desconcierto, también los colonos fueron víctimas de desalojos, para ese momento la Fuerza Pública, garante por excelencia de los derechos de propiedad, no tenía la capacidad ni el tamaño para realizar esta función derivando en conflictos que escalaron. En esencia, la debilidad institucional del Estado para entonces, conducía a que no se dotara con recursos suficientes a la Fuerza Pública para controlar ni copar el territorio, simultáneamente, el centralismo establecía las condiciones ideales para que en zonas apartadas de la capital del país, la violencia creciera hasta desbordarse la situación de intimidación sistemática, tal como se ve en el mapa uno. Bajo estas circunstancias se encontraban 146 municipios de Colombia en donde se presentaron conflictos durante la primera etapa del siglo XX, es decir que 14% por ciento del país atravesó por problemas de tipo agrario, es paradójico que una cifra que debía ser controlable, tuvo como consecuencia que el conflicto presentara efectos contagio, porque para el año 2010 los mismos municipios con problemas agrarios, a comienzos del siglo XX serían el núcleo de la violencia, trasmitiendo este efecto negativo al área circunvecina. El mapa 1 prueba también, como las instituciones son persistentes en el tiempo y siguen la misma trayectoria del trabajo de (Dell, 2010) donde demuestra como la institución de la Mita en Perú y su ubicación geográfica se correlaciona con zonas

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de bajo desarrollo económico y social de ese país, de esta forma instituciones que han desaparecido de la historia, siguen transfiriendo sus efectos en el tiempo, por medio de sutiles canales de transmisión. La violencia en Colombia subsiste en el tiempo a pesar, que las ideologías que las formaron hayan sido revaluadas, cuando se comparan estas situaciones, es posible detectar que los derechos de propiedad en Colombia no son un tema superado. Así la solución al conflicto de Colombia pasa por fortalecer instituciones que garantizaran estos, es decir, para el caso colombiano, las notarías, registro de instrumentos públicos y oficinas catastrales, son los entes que deberían delimitar los derechos de propiedad. Mientras que el respeto de la institucionalidad es función de la Fuerza Pública, que a través de la historia ha logrado alcanzar un grado de profesionalización, lo cual permitió llevar a la mesa de negociación a las FARC, derrotado en el aspecto militar, que bajo un ropaje ideológico anacrónico pretende imponer condiciones que no logró a través de su accionar delincuencial. Por estas razones, el fortalecimiento de la Fuerza Pública es fundamental para neutralizar los incentivos perversos que trae el inapropiado manejo al respeto de la propiedad privada. Además, los más afectados por una mala definición de los derechos de propiedad, son las familias de menores recursos, que no poseen la forma de enfrentar los problemas institucionales, esta es la razón por la cual un sistema de seguridad y defensa consolidado, es un mecanismo de transmisión que traslada desarrollo social a los más débiles de la sociedad. Estas condiciones históricas llevaron a que se dieran colonizaciones desordenadas, sin la posibilidad que el Estado tuviera la capacidad de dar una adecuada provisión de bienes públicos, de tal forma que las malas condiciones de vida han sido regla histórica de estas regiones. Simultáneamente los colonizadores deforestaban con el propósito de ampliar la frontera agrícola. Dichos fenómenos demográficos fueron ideales para que grupos armados ilegales, explotaran estas circunstancias producto de la ausencia de instituciones de jure y elevados costos fijos de los bienes públicos2. Adicionalmente el centralismo político ya mencionado permitió una explosión social que creció al oriente y sur del país. 2

Los bienes públicos son vistos como un caso particular de una externalidad positiva. Sin embargo, los bienes públicos se prestan para análisis muy interesantes en la teoría económica. Un bien público puro debe poseer las siguientes características: No-exclusibilidad: Si el bien público es ofrecido, no se puede excluir a ningún consumidor de su consumo. No-rivalidad: El consumo del bien público por un consumidor no reduce la cantidad disponible de consumo para otros consumidores (No hay congestión). Tomado: Notas de Clase Oscar Nupia. Universidad De Los Andes 2008.

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De esta forma, los grupos armados ilegales terminaron administrando un sistema “sui generis” de justicia, otorgando caminos vecinales creando así una extensa red de colonos que colaboró con estos grupos ilegales ante la ausencia palpable del Estado, que no fortaleció la Fuerza Pública entre 1960-1990 para que tuviera la capacidad de dominar la situación territorial, solo cuando las cifras de inseguridad alcanzaron niveles históricos en 1985 el Estado reacciona presionado por una sociedad hostigada por la arremetida del crimen instrumental, este clima social y político obligó a replantear la estrategia adecuando la doctrina castrense y policial a las condiciones que imponían las nuevas amenazas provenientes del crimen organizado y transnacional, en el siguiente capítulo se analiza como las Fuerzas Armadas respondieron al reto que planteaban los actores violentos de la época.

Capítulo 2

La Estrategia del conflicto

l acontecimiento más importante en la historia reciente de las Fuerzas Armadas fue su transformación de emplear recursos y medios destinados a la guerra interestatal, a ser utilizados en la guerra de cuarta generación o asimétrica. Basta recordar que desde que las Fuerzas Militares de Colombia participaron en la guerra de Corea, adoptaron manuales que sirvieron a toda una generación de oficiales de alta graduación, para conducir la guerra convencional, mientras que los grupos armados ilegales, se combatían baja la lógica de crimen o delincuencia común; desafortunadamente estos grupos ilegales obtuvieron financiación de la producción de drogas ilícitas, extorsión, secuestro y depredación de las compañías productoras de crudo. Este músculo financiero les permitió alcanzar capacidades tácticas y estratégicas para enfrentar la capacidad del Estado, mientras que el gasto en seguridad y defensa permanecía a un nivel similar al de un país en tiempos de paz. Esto quiere decir, que la primera asimetría que tuvo que superar el sector defensa fue equiparar su presupuesto, para combatir amenazas que tenían acceso a recursos de financiación abundantes. Este problema de tipo fiscal fue consecuencia de la decisión del poder ejecutivo que en 1960 decidió aislar al sector defensa del debate público. Marchando en contravía de los postulados de una democracia moderna, el sector político de Colombia no integraba a la Fuerza Pública en la triada de (Clausewitz, 1976, rev.1984) quien afirmó que nación, política y ejercito son un sistema que permite alcanzar objetivos de tipo nacional, bajo esas condiciones la Fuerzas Armadas realizaban el control del orden público, pero sin tener Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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una línea política que direccionara los planes que se trazaban el Ministerio de Defensa, así los planes de desarrollo de los gobiernos, no incorporaban temas sobre seguridad nacional, solo hasta 1998 se plasmó en un plan de desarrollo de acuerdo a Planeación (1998-2002), un capítulo sobre objetivos de seguridad nacional. En otras palabras, desde 1960 la conducción de operaciones contra los armados ilegales, se realizó bajo un esquema de guerra convencional, mientras estos grupos delincuenciales emplean estrategias asimétricas para golpear a la población civil, bajo el manto de un discurso ideológico legitimador de sus acciones criminales. Esta situación cambio de forma drástica, cuando el Estado concluyó que los grupos armados ilegales se financiaban con el tráfico y producción de drogas, tomando esta decisión bajo la línea argumental de Planeacion (1998-2002, pág. 398) que afirmaba: “La actual estructura de costos del aparato de defensa y seguridad del país permite establecer que los recursos asignados no necesariamente se traducen en un incremento de la capacidad para proveer seguridad. En este sentido, el sector debe buscar alternativas dentro de las cuales puedan emplearse los recursos de la manera más eficiente posible y con el mayor impacto sobre las operaciones”.

Esto quería decir que la Fuerza Pública debía cambiar su doctrina para ajustar métodos para enfrentar las amenazas contra la Nación, esto implicó actualización de manuales de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto era necesario reentrenar a sus miembros en estrategia y táctica asimétrica, de igual forma, se fortaleció la formación haciendo énfasis en el desarrollo de operaciones bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario. Conceptos de racionalización y asignación de recursos de forma eficiente, se convirtieron en lenguaje cotidiano en las unidades militares de todo el país, ese proceso de modernización de la Fuerza Pública a la postre daría resultados positivos, igualmente el gobierno comenzó a trazar objetivos de seguridad nacional, de esta forma el dialogo entre el sector defensa y el estamento político, volvía fluir entorno a los asuntos de las defensa de la Nación. Así el gobierno elegido en el año 2002, diseño un plan desarrollo donde la seguridad nacional era el núcleo de dicho documento, en el capítulo primero del Departamento Nacional de Planeación, (2002-2006) se afirmaba: “La violencia ejercida por organización criminales de diversa índole es el principal desafió que afronta Colombia. La sucesión de homicidios y secuestros la repetición de actos terroristas y la profusión de negocios ilícitos se

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han convertido no sólo en un obstáculo para el crecimiento económico, sino también en una amenaza para la viabilidad de la Nación. Sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y puede no haber futuro”

Este reconocimiento de la grave situación de orden público, llevo a que la política que comenzó en 1998, se fortaleciera en 2002; además del Plan de Desarrollo Nacional, se construyó un segundo documento (Presidencia de la Republica, 2003) donde se plasmó por primera vez una política pública de seguridad.

3.1 La literatura de la estrategia Bajo las premisas descritas anteriormente, comenzó a reformularse la estrategia definiendo esta, como la forma de obtener un objetivo que posee repercusiones políticas, o como afirma Clausewitz, (1976, rev.1984, pág. 20), “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, que debe tener repercusión en el ámbito político, así la estrategia limita o prohíbe el uso de la fuerza; según Betts (2000), e incluye conceptos diferentes a los militares. Debido a la indivisibilidad que plantea Betts (2000), se han trazado dos grandes escuelas en el campo de la estrategia, la primera de origen anglosajón, donde la seguridad es objeto de estudio principal, pero acompañada de principios estratégicos; dentro de la misma se encuentran la investigación (Baldwin, 1997), (Freedman, 1998), (Baylis, Wirtz, & Cohen, 2002). La segunda escuela afirma que los estudios estratégicos se deben tratar de manera marginal o ser eliminados y enfocarse exclusivamente en los estudios securitarios, en esta corriente los principales autores son, Beier & Arnold, (2005). Bajo esta perspectiva se da un debate conceptual, con respecto a definiciones de estrategia, además se emplean temas de seguridad, tanto que (Buzan, 2004) se refiere a la agenda ampliada de seguridad; la definición clásica de estrategia es la planificación y conducción de operaciones militares, coordinando líneas logísticas y analizando capacidades propias como del contrario a fin de desplegar, acciones que busquen acceder a objetivos establecidos, que se transforman en victorias políticas. Esta orientación proviene de los estudios de la historia de la guerra de (Gray, 2007), y (Luttwak, 2002). Pero esta visión ha sido revaluada debido a las características de los conflictos modernos, además las amenazas ya no proceden de forma exclusiva de la guerra interestatal, sino de elementos que superan el ambiente militar. Así la visión geoestratégica, da pasó a que las Fuerzas Militares aborden temas ampliados de seguridad, bajo esta configuración la estrategia clásica está limitada y requiere

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nuevos elementos, que permiten alcanzar los nuevos retos de la actual sociedad. Según la definición de (Géré & Thierry, 2001, pág. 185) la estrategia es; “La concepción y ejecución de una acción colectiva en un medio conflictivo”.

De acuerdo a estas definiciones la estrategia moderna se mueve, entre derrotar de forma aplastante al contradictor o conducirlo a un ambiente donde encuentre el espacio adecuado donde se pueda dar solución al conflicto, es decir, la seguridad es el objetivo final, sin embargo, se definen los objetivos de seguridad y acuerdo a estos, se establecen los medios para alcanzarlos. Indudablemente los medios dentro de una democracia son coercitivos y diplomáticos. esta óptica la estrategia ahora considera la seguridad como parte de su eje temático, además es pertinente dentro de las relaciones internacionales, el desarrollo tecnológico relacionado con armamento, actualización de equipos bélicos y como dar uso a ese material; ese tema corresponde al estudio de la estrategia. Lo que se redefine es como se aborda dichos estudios; Colombia un país azotado por la eclosión de diversas estructuras criminales, brilla por su ausencia los estudios en estrategia y relaciones internacionales. La estrategia se desprende de un análisis histórico de los conflictos, así como del proceso que han dado en geopolítica autores contemporáneos de esta disciplina como (Chaliand & Rageau, 1990) y (Baylis & Cohen, 2002), que son aprovechados por estrategas de países desarrollados. La política en defensa nacional parte de los análisis de objetivos nacionales, relaciones diplomáticas y capacidades militares, teniendo en cuenta amenazas internas, externas, regionales y globales. El mundo de la integración comercial que prometía eliminación de las carreras armamentista y paz perpetua (Kant, 1785), pero la realidad ha demostrado, que en la escena internacional el poder negociador reposa en los aparatos de defensa, que dan la capacidad para fortalecer el liderazgo de los países en los foros internacionales; así la producción tecnológica militar domina este ambiente; desde esta perspectiva se desarrolla el aparato productivo de la estados modernos. Esto se ha entrelazo a tal punto que la ciencia económica ha desarrollado el campo de la defensa con el objetivo de analizar fenómenos de seguridad nacional y su impacto sobre el crecimiento económico. Frente a este hecho los organismos de seguridad, han comprendido que la tecnología que emana en redes sociales y medios de comunicación, permiten que los

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costos fijos y de transacción se reduzcan; por esta causa se crean legislaciones especiales para prevenir que estos medios, se empleen para hacer daño. Así la estrategia de la criminalidad es emplear un discurso legitimador tal como afirma (Collier & Anke, 1998), partiendo del uso de nuevas tecnologías, con el objetivo de la depredación de recursos; enmarcado en el contexto de agente racional que maximiza beneficios. Igualmente (Kaldor & Salmon, 2006) emplean el término de nuevas guerras, para describir situaciones violentas que están fuera de la esfera pública y transcienden a lo privado, limitando así el alcance de la estrategia clásica. La estrategia en su concepción militar debe estar apoyada en la acción de la política pública social, bajo este marco conceptual, las Fuerzas Militares concibieron la estrategia como neutralización de una amenaza interna, pero teniendo en cuenta que su despliegue bélico solo tendría éxito, si era posible que el Estado colombiano dotara de bienes públicos a los ciudadanos de las zona afectadas por el conflicto. Por lo tanto, el Estado debió hacer un esfuerzo fiscal, que permitió sostener por un periodo prologado las operaciones militares, para después consolidar zonas recuperadas a través del gasto social. De esta forma, la primera fase de la política de seguridad, cumplió con sus objetivos, pero para continuar con el resto de la campaña, requeriría ingresos fiscales que fueron transitorios; por medio del modelo de crecimiento económico (Barro, 1990), se podría explicar el problema de sostenibilidad de la estrategia de seguridad, pero esta temática está fuera del alcance de este libro.

3.2 Táctica Fuerzas Militares El Estado colombiano al no proveer bienes públicos en zonas del conflicto, permitió que el conflicto escalara hasta alcanzar los niveles de violencia de la década de 1990; así la incorporación de conceptos de seguridad ampliada e institucionalismo dentro del enfoque estratégico permitió alcanzar los éxitos operacionales de la última década. La situación del conflicto interno de Colombia giro dramáticamente, debido al fracaso de las negociaciones de paz que adelanto el gobierno de Colombia entre 1998-2002, esto implicó un cambio en la estrategia de las Fuerzas Armadas para combatir los grupos armados ilegales. En primer término, se adelantó una modernización doctrinal, aumentó el tamaño de las fuerzas en relación al número de soldados y policías; dotando de recursos

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tecnológicos que se focalizaban en el comando y control. Cuando este documento se refiere a doctrina, se entiende a manuales de procedimientos y tácticas militares que se actualizaron, modificaron y adaptaron a las condiciones que imponía un conflicto de tipo asimétrico. Fue así como se cedió el terreno llano a los grupos irregulares, pero cortando corredores de movilidad a través de batallones de alta montaña, aplicando la lógica de (Sun Tzu, 2007) quien afirmó que un contendiente que logre dominar el terreno elevado tendrá la situación a su favor. Igualmente, se descubrió que el comando y control que ejercían los cuerpos colegiados de los grupos armados ilegales era uno de los centro de gravedad3, al romper este esquema de coordinación en comunicaciones diseñado como un sistema vaso comunicante al servicio de la extorsión y el secuestro, sus prácticas delincuenciales se redujeron drásticamente. Cuando perdieron el control sobre el resto de unidades, los grupos armados ilegales no fueron capaces de sostener operaciones militares de largo plazo, esto provocó un repliegue estratégico, que consistió en dejar de operar militarmente contra la Fuerza Pública, trasladando la estrategia a la guerra política, donde cualquier acto es aprovechado para generar conflicto. La segunda respuesta contra los grupos irregulares de acuerdo a (Mejía & Paascual, 2008) fue fumigar los cultivos ilícitos y negar el espacio aéreo, a través de una sombrilla electrónica que permitía interceptar vuelos ilegales provenientes del tráfico de drogas ilícitas.

3.3 Comandos conjuntos y acción integral La estrategia empleada por las Fuerzas Militares respondiendo a la actualización doctrinal y ampliación de capacidades operativas, fue la de adoptar el concepto operacional conjunto, es decir articular operaciones militares con el fin de asignar de forma eficiente recursos, medios y capacidades de cada Fuerza Militar incluyendo a la Policía Nacional. De esta forma, la coordinación entre diferentes niveles mando, se introdujo a nivel operacional, en busca de cumplir objetivos estratégicos. De acuerdo a (Borrero, 2007, pág. 12): La batalla moderna requiere mucho más que un apoyo mutuo entre las Fuerzas: requiere interdependencia y aprovechamiento al máximo de todos los componentes. Hoy, tanto los sistemas de información de comando, 3. El Centro de Gravedad es una característica del enemigo, donde radica la fuente de su poderío moral y físico. La comprensión del concepto de Centro de Gravedad no puede ser exagerada, ya que constituye una herramienta vital para el desarrollo de la planificación de operaciones de combate. Tomado de Carl Von Clausewitz.

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control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, como el valor de la combinación del poder de fuego de todas las fuentes, obligan a la acción conjunta”

Bajo este nuevo escenario se desarrollaron las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, de acuerdo (Mejía, Uribe, & Ibáñez, 2011), la inversión en 2006 en plena época de aplicación de la política de seguridad democrática, aumento 79% en municipios de La Macarena, mientras que en el resto de municipios del departamento del Meta solo alcanzó 15%. Hecho que demuestra el atraso en dotación de bienes públicos, además de confirmar que la política de seguridad se movió en aspectos militares, pero de igual forma envío recursos cuantiosos a la recuperación social de zonas azotadas por la violencia. Este salto estratégico operacional, se realizó por medio del concepto de conjuntes; es decir las Fuerzas Armadas trabajan de manera coordinada bajo el mando unificado de un comandante del teatro de operaciones4, sin importar la fuerza de la que procedía, es así como el esquema de comandos conjuntos, en una guerra de baja intensidad fue innovador, porque explotando de forma óptima las capacidades de las diferentes Fuerzas genero beneficios. En definitiva cuando la Fuerza Pública controlaba una zona; entraban en acción el centro de coordinación de acción integral. Las instituciones del estado realizaban un plan de acción, sincronizando recursos y esfuerzos que se orientaban sobre zonas específicas, con el objetivo primario de recuperarlas socialmente, a través de esta coordinación se trasladaban a la comunidad una adecuada provisión de bienes públicos, gestionando administración pública y devolviendo la confianza al ciudadano e incluyéndolo en la construcción de país. Este fue un factor determinante, en el acierto de la nueva estrategia contra los grupos armados ilegales, en el pasado se realizaba una orientación estrictamente militar, dejando de lado el apoyo popular según (Clausewitz, 1976, rev.1984) una guerra se gana con el apoyo público mientras que (Tzu, 2007) señalaba que la victoria se gana en el corazón del pueblo, doblegando la capacidad de lucha de los ilegales. Estas acciones de seguridad de acuerdo a (Arias & Ardila, 2003) impulsaron el crecimiento económico sostenible, mediante la generación de empleo, de esta forma se construyeron las condiciones de una victoria del Estado, siendo posible concebir la seguridad que estimuló el desarrollo de zonas deprimidas por el conflicto. Según directiva transitoria 016 del año 2009 la cual rezaba: 4

El teatro de operaciones en un término militar donde delimita un área geográfica donde se desarrollan operaciones militares de manera coordinada, cada teatro de operaciones está separado con el objetivo de fijar responsabilidades a los comandantes encargados de cada teatro. Nota del Autor.

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“Al Comando Conjunto No. 1 Caribe, y la Fuerza de Tarea Conjunta “Omega, para apoyar las diferentes actividades del Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República “CCAI” programadas para el año 2009 y encaminadas a fortalecer la legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en las zonas priorizadas como complemento a la Política de Defensa y Seguridad Democrática, en el marco de la Recuperación Social del Territorio y el plan de consolidación (Salto Estratégico)”

Bajo este escenario, sumado a los golpes sobre blancos de alto valor estratégico, los grupos armados ilegales, se vieron forzados a cambiar de estrategia para hacer frente a los nuevos desafíos de la confrontación. Es así, como comenzaron a involucrar de forma más activa a la población civil, aliándola como escudo protector de los GAOMIL. Adicionalmente las regiones donde impacta el conflicto son ricas en recursos de hidrocarburos, razón por la cual las estructuras armadas ilegales involucraron deliberadamente a las firmas Petroleras en el conflicto, con la finalidad de obtener recursos de financiación y generar presión al Estado, esta situación dio los incentivos al nuevo accionar de los grupos irregulares. La caída de la estructura de comunicaciones de los grupos ilegales, permitió que las Fuerzas Armadas golpearan de manera contundente a las FARC; este fue el orden cronológico en que fueron abatidos los líderes de Secretariado que se relacionan en la siguiente tabla. Tabla 1: Líderes abatidos grupo armado ilegal Farc. Nombre

Función

Secretariado

Año

Neutralizado

Alfonso Cano

Ideólogo

Jefe Máximo Farc

2011

Bombardeado

Jorge Briceño

Comandante Bloque Oriental

Líder Militar

2010

Bombardeado

Manuel Marulanda

Comandante Máximo

Jefe Histórico

2008

Muerte Natural

Raúl Reyes

Vocero Internacional

Relaciones Públicas

2008

Bombardeado

Iván Ríos

Comandante

Frente José María Córdova

2008

Asesinado por Escolta

Martin Caballero

Comandante

Bloque Caribe

2007

Bombardeado

Tomas Medina Caracas

Comandante

Frente 16

2007

Bombardeado

Fuente: Ministerio de Defensa. Construcción Propia

Análisis georreferenciado del conflicto interno en Colombia

La neutralización del Secretariado de las FARC, forzó a que los líderes que sobrevivieron al accionar de las Fuerza Pública, a desarrollar el “Plan Renacer” que indicaba concentrar su acciones delictivas a través de bandas criminales denominadas (BACRIM). Estas estructuras criminales, aun realizan las veces de centros de comandos descentralizados de estos grupos, donde su forma de operar, es por medios de comunicación convencionales (Teléfonos celulares y radios de comunicación). Estos recursos y bajo una extensa red de infiltración, realizan labores de inteligencia difunden información sobre el movimiento de tropas y actividad de las compañías multinacionales, con el objetivo de atacar la Fuerza Pública, bajo el esquema de la guerra de guerrillas, así como extorsionar y secuestrar funcionarios de las empresas multinacionales o contratistas de las mismas; igualmente se dedicaron a actividades criminales de forma profesional. Con este esquema, la política de seguridad democrática, requería de actualizaciones doctrinales para evitar actos de sabotaje o el empleo de la población de zonas recuperadas en movilizaciones populares, contra el gobierno que posibilitaran la deslegitimación del mismo ante la opinión pública o que encontraran eco en el escenario internacional a nivel regional. De acuerdo con el gráfico uno se puede apreciar la estrategia que siguieron las Fuerzas Militares contra las Farc, en 1993 se presentaron 349 combates directos,

Gráfico 1: Combates en el tiempo

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en 1998 fue el año record en menor cantidad de enfrentamientos solo 202 combates, al término del 2002 la cifra cambio su trayectoria para terminar con 941 batallas, al finalizar el año 2006 esta cifra logro su máximo histórico alcanzando los 1586 combates ya en el año el año 2010 descendió a 516. Estas cifras, contrastadas con la georreferenciados, indican la forma como las Fuerzas Armadas enfrentaron una amenza de tipo asimetrico, al mismo tiempo deja entrever la historia del conflicto en la última etapa, en primer lugar en el año 1993, coincide con las más altas cifras de homicidios que ha padecido Colombia en su historia de acuerdo a la dispersión de unidades militares y la estrategia asimétrica de las Farc, permitieron que el combate directo con la Fuerza Pública se redujera, en contrapartida este grupo armado ilegal atacaba en masa pequeñas unidades policiales o militares, ocasionando impactos de opinión que registraban los medios de comunicación de la época, bajo este esquema se vivió la peor crisis de seguridad. Durante los diálogos en 1998 con este grupo ilegal, las situación alcanzó su mínimo histórico en cuanto a combate directo, lo que demuestra que la estrategia de las FARC era evitar enfrentamientos y continuar disgregando las unidades de las Fuerzas Armadas a través de la geografía nacional, eso explica porque atacaban municipios del país sin valor estratégico, sin embargo lograban fraccionar unidades militares que tenían que atender múltiples frentes de batalla. Al final del año 2002 la situación cambio de forma drástica, gracias a la actualización en la doctrina estratégica de la Fuerza Pública, de esta forma el número de enfrentamientos se incrementó hasta alcanzar el máximo histórico en el año 2006, así la trayectoria de esta variable es el resultado de la operación de los comandos conjuntos, en otras palabras la Fuerza Pública había pasado a la ofensiva, cambiando sensiblemente su forma de operar. En cuanto a la situación estratégica de las FARC muestra sus debilidades como organización armada, neutralizando su nivel de intimidación hacia la población, diluyendo su escaso apoyo popular, lo que terminó por romper su línea logística, que no era capaz de sostener ni siquiera una pequeña estructura, así las delaciones, deserción y desmovilizaciones masivas no son un hecho aislado, sino una generalidad de toda esta estructura ilegal. Las Fuerzas Armadas lograron desvertebrar la estructura de Secretariado de las FARC, aislando su línea logística y bombardeando objetivos de alto valor. Mientras esto sucedía en la confrontación con las FARC, grupos de autodefensas ilegales, combinaron su poder de intimidación con la penetración dentro de las estructuras políticas del Estado, de acuerdo con Gardeazábal (2005).

Análisis georreferenciado del conflicto interno en Colombia

Georreferencia 2: Combates Fuerzas Militares

De esta forma, se presentó un cambio asimétrico a favor de esta organización criminal y en contra de grupos insurgentes. Sin embargo, un hecho a resaltar dentro del mapa de combates, es que las mismas zonas donde comenzó el conflicto agrario en 1920, son las que mantienen la mayor intensidad de combates, lo que muestra que la persistencia de malas práctica institucionales persisten en el tiempo, a la postre se aprecia que los actores ilegales cambian de siglas y de orientación ideológica, pero las causas fundamentales del conflicto en Colombia, radican en la dificultad de las instituciones de hacer delimitar y hacer respetar los derechos de propiedad. Mientras como lo demuestra la evidencia empírica, las Fuerzas Armadas lograron recuperar territorialmente el país sobre la base de realizar un trabajo de autocrítica, que terminó por transformar la Fuerza Pública en una de las instituciones más respetadas por los ciudadanos; siendo referente de otros ejércitos del mundo en la guerra asimétrica, de acuerdo al manual desarrollado por el General David H Petraeus (Department of the Army , 2006), documento fundamental para estabilizar los teatro de guerra de Afganistán e Iraq, que retoma acciones estratégicas e innovadoras aplicadas y desarrolladas por las Fuerzas Militares de Colombia.

Capítulo 3

Mercados ilegales y grupos armados

n la década de 1980 Perú y Bolivia lanzaron una ofensiva contra la producción de drogas ilícitas, dando como resultado el traslado de los cultivos de hoja de coca hacia Colombia, que para entonces era solo ruta del tráfico de drogas ilícitas. De esta forma, el país se convertiría en el principal productor de clorhidrato de cocaína, desembocando en el nacimiento de cooperativas de tráfico y producción cocaína, que serían bautizadas por los medios de comunicación con el nombre de carteles5.

Estas alianzas de traficantes de drogas ilícitas serán el blanco de las Farc, que los verán como una fuente de financiación para su actividad ilegal. Estos grupos armados ilegales no aprobaban este negocio ilícito6, pero en la práctica eran parte de la producción, confirmando la tesis de Collier & Anke (1998, pág. 570) que afirman que estas organizaciones son criminales que utilizan un discurso político que legitima su accionar delictivo. Al mismo tiempo, los cultivos se asientan en los parques naturales de Colombia, donde las condiciones geográficas son idóneas, así la actividad agrícola es sustituida por el cultivo de hoja de coca. Esta situación atrae nuevas migraciones en busca de rentas provenientes de la producción de cultivos ilícitos. 5 6

Cartel es una definición económica donde una organización controla el precio o la cantidad producida, es claro que no es caso de los traficantes de drogas ilícitas de Colombia. Nota Del Autor. Octava Conferencia De Las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia, Colombia 1982. Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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Bajo este nuevo escenario, los traficantes de drogas coluden con grupos armados ilegales, con el objetivo de hacer frente a las Farc, utilizando como estrategia el ataque de la retaguardia estratégica de los grupos armados ilegales, que es la población de zonas de colonización, forzadas por esta ausencia de Estado, prestan apoyo logístico a estos grupos. Para cumplir con este objetivo, los traficantes de droga contrataron mercenarios según Stoker (2008, pág. 1925) quienes transmitieron a los milicianos conocimientos en tácticas contrainsurgentes. Lo que convirtió a la población en blanco de las acciones criminales; bajo el concepto de atacar la línea de abastecimiento logístico, el supuesto es que la ciudadanía era parte activa de un conflicto, violando los protocolos del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los conflictos armados. La justificación de la autodefensa era señalar que los ajusticiamientos se daban sobre combatientes, no obstante, estos no se encontraran desarrollando actividades propias del conflicto. Así, fueron asesinadas personas ajenas al conflicto. La violación de los protocolos de Ginebra7 llevo a que estos grupos fueran declarados culpables de infracciones graves al Derecho internacional humanitario, (ver mapa 2). Esta lógica estratégica era provocar terror en la población que apoyara a las FARC, este tipo de violencia instrumental, ataca uno de los principios de la doctrina maoísta empleada por las FARC, es decir conducirlos a perder el apoyo social, en zonas donde habían hecho presencia de manera histórica, lo que se aprecia en el mapa, es que este tipo de acciones estuvo focalizada sobre sitios específicos del norte y sur oriente del país. Igualmente, muestra una racionalidad macabra en esta forma de actuar, que consiste en reducir costos, porque una acción de ajusticiamiento colectivo, no requiere incurrir en grandes inversiones de armamento o movimiento de milicianos, pero es extremadamente efectiva porque le quita redes de apoyo, lo que repercute sobre la forma como se abastecen los grupos ilegales. 7

Los protocolos de Ginebra son acuerdos del Derecho Internacional que regulan las acciones bélicas entre Estados, así como confrontaciones con grupos armados los cuatro convenios fundamentales son: I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campañas, 1949 II. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, 1949 III. Convenio de Los protocolos de Ginebra son acuerdos del Derecho Internacional que regulan las acciones bélicas entre Estados, así como confrontaciones con grupos armados los cuatro convenios fundamentales son: I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campañas, 1949 II. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, 1949 III. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.

Análisis georreferenciado del conflicto interno en Colombia

Así mismo, causan un impacto mediático que invierte la correlación de fuerzas, a favor de uno de los bandos, mientras que se asumen costos en relación al señalamiento de violación derechos humanos, esta lógica estratégica tiene relación con el mercado de actividades ilegales, es decir el enfrentamiento entre las autodefensas y las Farc, es una disputa entre dos bandos criminales que se usufrutuan de la ilegalidad, y se asemeja al comportamiento de las bandas criminales a nivel urbano, solo que en este caso, el área es rural y la población de la región es un insumo estratégico. Estas circunstancias obligaron a la subversión a modificar su estrategia, ejerciendo con violencia el control sobre el territorio que controlaban, por esta causa el conflicto escaló, lo que se refleja en el número de víctimas originadas en la confrontación. Lo que muestra es que tras los brazaletes de ambas organizaciones criminales, se ocultan los intereses por el mercado y producción de drogas ilícitas, las zonas donde ocurrían los genocidios, coinciden con espacios donde había presencia de cultivos ilícitos, el caso más claro es el nororiente del país, sitio donde operaba el quinto frente de esta agrupación criminal, y donde el comandante del Bloque Caribe alias “Martin Caballero”, quien se enfrentó a milicianos de las autodefensas. Mientras que desde el gobierno entre 1994-1998, hizo esfuerzos por demostrar la asociación entre los grupos armados ilegales y su participación en el tráfico y producción de drogas ilícitas, lo que significó que a partir del año 1998, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaran acuerdos de cooperación en el ámbito de la inteligencia con el objetivo de perseguir a los grupos irregulares involucrados en el negocio de las drogas ilícitas (Isaacson & Vacius, 2001, pág. 5) En otras palabras, es el control por el tráfico de narcóticos, lo que impulso las más graves infracciones al derecho internacional humanitario, cabe recordar que solo hasta la puesta en marcha del Plan Colombia y de acuerdo al (Departamento Nacional de Planeación, 2005) fue posible emplear material bélico cedido al Estado Colombiano en la lucha contra los grupos armados, lo que dio como resultado la caída de los cultivos ilícitos, por ende, los niveles de violencia del país incluyendo los atroces hechos que pueden apreciase en la georreferencia 3 se redujeron de forma drástica. La participación de los GAOMIL en el tráfico y producción de drogas ilícitas, (ver mapa 3) permitió la financiación del conflicto que ascendió exponencialmente. Igualmente, las compañías multinacionales fueron blanco de grupos armados ilegales, bajo dos modalidades extorsión y secuestro, involucrándolas de forma indirecta en el conflicto.

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Gorreferencia 3: Masacres en el ámbito u orden municipal

Es palpable como de acuerdo al mapa 4, la presencia de las Farc en el año 2000 coincide con los cultivo ilícitos de la misma época, es así como de los 199 municipios que tenían cultivos ilícitos en su área rural, tenían control de este grupo ilegal, mientras que la zona del norte del país donde se presentaron los combates más intensos entre grupos ilegales, se advierte la perdida de este territorio por parte de las Farc, es por esta causa que este grupo armado intentaba crea una pinza atacando este territorio desde la zona norte costera y el noroccidente, mientras la autodefensa dominaba el sitio de producción de cultivos ilícitos. Las Farc controlaban la zona costera, por eso terminaran en alianzas con los carteles mexicanos de droga de acuerdo a Otis (2014, pág. 7), esto implica que este grupo ilegal comenzara desde esta época, a mutar en una organización hibrida con capacidad de abrir su espectro delictivo a nivel transnacional. La evidencia empírica demuestra que en este tipo de mercado el precio de las drogas ilícitas genera ganancias exorbitantes: un kilo de clorhidrato de cocaína requiere 382 litros de gasolina, 0.85 litros de amoniaco, 0.10 litros de ácido sulfúrico, 0.35 litros de soda caustica, 360 kilos de cemento y 1.01 kilos de permanganato de potasio; a lo que se suman los costos de producción y transporte de la hoja de coca.

Análisis georreferenciado del conflicto interno en Colombia

De acuerdo con esta estructura de costos, el precio calculado del kilogramo de cocaína debería tener un valor de 3.500.000 pesos en las zonas en donde las Farc hacen presencia desde el año 2014. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Estados Americanos (2014), el precio del kilo asciende a 5.500.00 pesos colombianos. Todas estas relaciones con los mercados ilegales, es lo que incentivo las violentas acciones en que se vieron involucradas, un caso emblemático que sirve de hilo conductor para dar contexto a la situación estratégica de los grupos ilegales; que refleja el drama de humildes labriegos es el del municipio de Bojayá, ubicado al noroccidente del país en el Departamento del Choco. Esta comarca tuvo que asumir la disputa estratégica entre dos grupos criminales; las FARC, como se aprecia el mapa 4 panel derecho, estaban relegadas a la zona costera de este departamento, e intentando romper el bloqueo de las autodefensas ilegales de Urabá, con el propósito estratégico de controlar los cultivos ilícitos que se encontraban bajo control de esta banda criminal. Para lograr este cometido lanzó un arma no convencional contra una iglesia donde se refugian los habitantes de Bojayá, presas del pánico ocasionado por los cruentos enfrentamientos de entre los dos bandos criminales, da como resultado la muerte de 119 personas con un alto porcentaje de niños y 98 heridos, graves según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2002, pág. 2).

Georreferencia 4: Cultivos Ilícitos

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El mercado de actividades y los incentivos perversos, dieron como resultado que la publicación Foreign Policy (2005) incluyera al país en un listado de países con alto riesgo de inestabilidad política y social; este grave escenario, fue revertido por la Fuerza Pública tanto que en el año 2011, un discurso del Jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de Estados Unidos, afirmó que “‹Colombia dejó de ser un Estado fallido para ser modelo internacional” (Flórez, 2011). Es claro que las Fuerzas Armadas habían logrado obtener un triunfo militar que se tradujo en la recuperación social de zonas con baja dotación de bienes públicos, víctimas de organizaciones criminales que se disputaban mercados ilegales. Igualmente, las compañías multinacionales fueron blanco de los grupos armados ilegales, bajo dos modalidades: extorsión y secuestro (Rubio, 2003, pág. 23), de acuerdo con Estrada (2009, pág. 22) las multinacionales comenzaron a participar indirectamente del conflicto; a través de medidas de protección para los funcionarios y las operaciones de producción, la extorsión al sector privado terminó por financiar8 grupos armados. La situación para las compañías que exploran, extraen, producen y comercializan recursos no renovables de tipo fósil o mineral, se agravó por causa de los contratos de asociación que imponían una situación desventajosa haciendo poco rentable el desarrollo de proyectos de exploración, sumado al cambio en reglas jurídicas y la grave situación de inseguridad del país, llevo a que la actividad cayera sensiblemente, reflejándose en datos de sísmica que realizó Colombia en la década de 1990.

4.1 Experimento natural Los descubrimientos de los campos petrolíferos de Cusiana y Cupiaga, dejaron lecciones importantes. Una de ellas es que estos recursos pueden generar una alteración del orden social, debido a la captura de rentas por parte de grupos irregulares. Debido a que la actividad que generan los bienes transables de la región

Entre las compañías sancionadas: Coca cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim , Muriel Mining Corporation , Glencorextrata , Anglo American, BHP Billington , Anglo Gold Ashanti – Kedahda, Smurfit Kapa – Carton de Colombia, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién , Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. Filial de la Transnacional del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona , Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra, Energy, Brisa S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – Cobre y Oro de Colombia S.A. Tomado de: Estrada Gallego Fernando, (2009) “Compañías Militares De Seguridad Privada Cmsp Comparaciones Preliminares Irak / Colombia” Proyectos Especiales Cipe, Universidad Externado De Colombia.

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decae a favor de la actividad minera9; de esta forma el sector estatal de la región receptora de regalías término por depredar recursos a través de ejecución de obras que no generaban externalidades positivas10, como lo sería una adecuada dotación de bienes públicos. Este fenómeno llevó a que los nuevos campos petrolíferos favorecieran la recaudación fiscal de la Nación, sin embargo los gastos de seguridad públicos y privados aumentaron de forma drástica. Esta situación permite que se aplique una estrategia empírica de investigación para comprobar como un hecho fortuito para el erario, afecto la seguridad de Colombia. Bajo estas circunstancias y de acuerdo a (Angrist, 2006), es posible emplear un experimento natural en circunstancias donde los patrones de criminalidad cambian a causa de eventos fortuitos. Este tipo de metodología permiten cotejar como manteniendo todas las circunstancias constantes, y solo ante un cambio de la naturaleza el objeto de investigación reacciona; esto permite al investigador, utilizar los datos que arroja esta nueva realidad para comprobar una hipótesis. Los supuestos del experimento natural en el contexto socio-económico y geográfico, deben ser igual para todos los individuos, por lo tanto se va a dividir los agentes objeto de investigación de acuerdo al descubrimiento de los campos petrolíferos de Cusiana y Cupiaga. Así el descubrimiento ocasional de petróleo en el departamento de Casanare permitió asignar dos grupos, el primero en la zona donde se presentaron hallazgos de crudo que se denominara grupo tratamiento, mientras un segundo grupo son zonas colindantes al departamento de Casanare donde no se presentaron descubrimientos petroleros, es decir los municipios del Departamento de Boyacá, que se llamará grupo control. Mediante una estimación de diferencias en diferencias con efectos fijos para datos municipales, siendo la variable dependiente el desempeño fiscal, medida que 9

Este fenómeno se conoce como la enfermedad Holandesa, es un caso que se presentó a finales del siglo XIX en dicho país raíz de un boom en las exportaciones de tulipanes, cuando el precio internacional cayo, la región había dejado de lado su actividad tradicional, lo cual arruino el país. La especialización económica, enfermedad holandesa lleva a la región a especializarse en un solo sector, el cual da grandes beneficios, que distorsionan la economía, porque olvida al resto de sectores. La población que queda al margen de este sector se queda en niveles de subsistencia. Tomado de Christine Ebrahim-zadeh. “El síndrome holandés: demasiada riqueza malgastada“, Finanzas y Desarrollo, número 1, vol. 40, marzo de 2003.

10 Las externalidades existen cuando el consumo o la producción de un agente, afecta el nivel de utilidad o producción de otro agente. Nota Del Autor.

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emplea el Departamento Nacional de Planeación como indicador sintético, construido por medio de la metodología de componentes principales, que agrupa 6 indicadores financieros que son: i. ii. iii. iv. v. vi.

Sostenimiento gastos de funcionamiento en relación a ingresos corrientes Capacidad de recaudación tributaria Dependencia transferencias de la Nación para financiamiento del municipio Nivel endeudamiento; Altos niveles de inversión Capacidad de ahorro

Esta medida va de un intervalo de 0 a 100 siendo 0 un mal desempeño y 100 una excelente gestión; los municipios con buenos niveles tienen una mejor dotación de bienes público y el gobierno incentiva su gestión con recursos adicionales, en la tabla 2 se reportan los resultados del experimento natural. Tabla 2: Estimación data panel diferencias en diferencias 2013 Resultados Tiempo Casanare Diferencia

Tasa de homicidios

Observaciones

Presencia ELN

-33.04***

-0.110***

(2.753)

(0.0125)

Ataques a población

54.91***

-336.5***

0.180***

36.90***

(5.035)

(26.94)

(0.0228)

(1.237)

-34.49*

46.39

0.0113

-27.73***

(20.14)

(75.17)

(0.0911)

(4.790)

Tiempo Grupo Control

Posición según desempeño fiscal

26.50**

-2.854***

(10.55)

(0.676)

57.66***

527.6***

0.181***

9.035***

(0.688)

(3.807)

(0.00312)

(0.174)

16,272

7,423

16,160

14,326

Fuente: Ejercito Nacional y Policía Nacional. Construcción propia del autor

Los resultados demuestran, que el desempeño fiscal no es particularmente diferente al de otra región, por lo tanto, sigue la misma trayectoria de los demás municipios del país, lo que permite descartar que los recursos por regalías se han desperdiciado de forma más irresponsable que cualquier otra parte del país, no quiere esto decir, que no exista problemas de gestión fiscal.

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Asimismo, se emplea información de la presencia del ELN como un factor perturbador, que tiene como objetivo estratégico la infraestructura petrolera y los ataques a la población por parte de grupos armados. Los resultados muestran que los homicidios descendieron de forma drástica frente a regiones que no poseen petróleo, lo mismo que los ataques a la población, mientras que la presencia del ELN no es relevante, lo que demuestra la poca capacidad militar de esta organización ilegal, hecho por el cual recurren al homicidio selectivo y al terrorismo con el objetivo de abrir una salida política a su precaria situación, producto del esfuerzo de las Fuerzas Militares. Asimismo y de acuerdo con Vargas & Dube (2008, pág. 27), se puede confirmar que los ataques de las autodefensas fueron superiores en 27% para municipios receptores de regalías; mientras que los ataques de grupos armados ilegales cayeron súbitamente ante la estrategia de las Fuerzas Armadas. El mecanismo de transmisión son los precios de petróleo en el mercado internacional, es decir ante aumentos del precio del crudo los ataques de grupos armados ilegales crecieron de forma notable, no contra la infraestructura energético minera, sino contra la población civil y la Fuerza Pública, lo que empieza a dilucidar una estrategia singular de la autodefensa ilegal, que terminará por transformarse en siete grandes Bandas Criminales que impondrán un nuevo escenario de seguridad. Lo que expone la evidencia del experimento natural, es que el efecto rapacidad analizado por (Grossman, 1991, pág. 914), se cumple para el caso colombiano es decir cuando los bienes intensivos en capital presentan alzas en el precio, aumenta la intensidad del conflicto. Las enseñanzas que deja es que los excedentes de utilidades financieras generaron una alteración del orden social, debido a la obtención de rentas por parte de grupos armados que terminaron por incursionar en la vida política de los municipios; encontrando una capacidad de manipular la estructura económica de las regiones, donde tenían el control territorial. De esta forma, transformaron su poder de facto en poder de jure, (institucional) que les permitió acrecentar su dominio al ámbito político, no solamente en el campo militar. Lo que se asemeja a las proposiciones realizadas por Collier & Anke (1998) quien afirmó que conflictos donde intervienen grupos armados ilegales, son análogos a una confrontación con una banda delincuencial que se arropa bajo un discurso ideológico, que permite depredar recursos de una región; pero que no tienen como objetivo desmantelar la estructura del Estado pero si remplazarlo.

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4.2 Crecimiento y conflicto El conflicto determina el crecimiento económico a nivel departamental. El primer trabajo que mostró los efectos del crimen sobre la productividad de Colombia fue (Rubio, 1995), quien estableció la existencia de una razón causal entre crimen y crecimiento económico, sembrando la hipótesis que la violencia llega a zonas de alta productividad, provocando una afectación tal, que empobrece la región, por primera vez se planteaba la posibilidad que pobreza no explicaba violencia, sino que la violencia fuera causa de la pobreza. Esta hipótesis forzó la publicación de una serie de trabajos que establecieron la relación entre conflicto armado, crimen y crecimiento económico, son de destacar las investigaciones de Montenegro, Posada, & Piraquive (2000), Cárdenas & Pontón (1993), Rocha & Martínez (2003), Badel & Trujillo (1998), Querubín (2003), Vargas (2003), Cárdenas (2007), Duran (2011); Villa, Moscoso, & Restrepo, (2013), Santamaría, Norberto Rojas, & Hernández (2013). Estas publicaciones llegan a la conclusión que el costo del crimen afecta de forma negativa el crecimiento, algunas presentan métodos cuantitativos refinados, como la de Querubín (2003) y Duran, (2011), que fijan una metodología de diferencias en diferencias, que permite aislar el efecto del crimen sobre el crecimiento, que resultó de utilidad para profundizar como afecta la violencia instrumental la productividad. Aunque existen trabajos que muestran la correlación negativa entre crimen y crecimiento a nivel departamental y municipal como es el caso de Santamaría, Norberto Rojas, & Hernández (2013), Cárdenas (2007), Duran (2011) y Riveros (2013). Estos trabajos si bien realizan estimaciones sólidas y robustas desde la perspectiva de la econometría; el problema radica en asumir que la tasa de homicidios procede de los grupos armados ilegales, desconociendo que la violencia instrumental, no es monopolio exclusivo de estos grupos ilegales. Es decir, asumen que la capitulación de un grupo armado en una mesa de negociación, permitirá el crecimiento económico sostenido en dos puntos adicionales. Este aumento de dos puntos de crecimiento adicionales que sustentan estas investigaciones, procede de comparar el crecimiento de los departamentos entre 1980 y 1990, sin embargo, lo que descubre Cárdenas (2007), es que el crecimiento disminuyó por efecto de los homicidios, esto es, que si este índice de inseguridad se hubiera reducido en 50%, el desarrollo económico habría cambiado radicalmente. Así mismo, Santamaria, Norberto Rojas, & Hernández (2013) llegan a un resultado similar, solo que sus estimaciones solo alcanzan un punto porcentual a nivel

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municipal, lo que sigue siendo un impacto alto para el bienestar de la población, representado en perdida de crecimiento económico. De igual forma, este documento toma aparte de los homicidios, las acciones armadas como una variable proxy del conflicto; por su parte, Duran (2011) siguiendo la línea que marcara Querubín (2003), realiza una estimación de diferencias en diferencias presentando resultados significativos estadísticamente, donde los valores de los coeficientes son bajos para establecer una medida que mida la perdida de crecimiento. Mientras la investigación de Villa, Moscoso & Restrepo (2013) emplea el modelo de Solow-Swan que explica como capital y choques productivos determinan el crecimiento económico, sin embargo estos autores realizan adaptaciones al modelo original para ser empleado, en encontrar el impacto del conflicto armado sobre el crecimiento del PIB; para ello recurren a variables de secuestro, ataques de la guerrilla y por primera un trabajo de conflicto armado y crecimiento incluye el gasto en seguridad departamental, el resultado que arroja en pérdidas de bienestar es de 4 puntos a nivel municipal, el doble que el estimado por Cárdenas (2007). Mientras que el documento de Duran, (2011) construye un índice del conflicto armado, que agrega la muerte de policías, extorsión, secuestro y sobre este índice calculan la perdida de crecimiento anual en 0.6 puntos porcentuales, esta estimación está por debajo de los resultados obtenidos por el resto de investigaciones. Las metodologías empleadas asocian homicidio, extorsión y secuestro al conflicto armado, es evidente que los grupos armados emplean estas acciones violentas para cumplir los objetivos estratégicos, pero establecer que toda acción de crimen instrumental es producto de los grupos armados ilegales, es desconocer la existencia de crimen organizado y delincuencia común, que ha logrado desarrollar un mercado profundo de actividades ilegales, posiblemente como consecuencia de la debilidad institucional a nivel municipal.

Capítulo 4

Alianza Grupos Armados BACRIM

l aumento de la actividad minera y energética ocasiona que la actividad económica tradicional de una región decline, lo que denomina la literatura económica enfermedad holandesa; este hecho fue aprovechado por los grupos de autodefensas para incidir sobre las decisiones de gasto público favoreciendo intereses estratégicos de la organización armada ilegal; lo que a la postre terminó presionado el conflicto social a través de la extorsión y los homicidios selectivos, que no tiene otro fin que atemorizar la población para logar consolidar el dominio político de la región. Las cifras son elocuentes del reflejo de esta situación, mientras la tasa de secuestros declinó de forma abrupta tal como se aprecia en el gráfico 2, la extorsión aumento drásticamente; la relación entre secuestros y extorsión se puede medir por medio del coeficiente de correlación, que alcanza el valor de 70% lo que implica que existe una tasa de sustitución entre estos dos delitos; esto permite concluir que mientras las FARC perdían una de sus principales fuentes de financiación; los grupos de autodefensas se fortalecían financieramente. Adicionalmente, el secuestro en Colombia que empezó como una expresión de presión política, en el largo plazo se convirtió en una la principal fuente de deslegitimación de los grupos armados ilegales, que terminaron sometidos a una presión ciudadana nacional como internacional, convirtiéndolos ante la comunidad mundial en grupos terroristas. Así perdieron poder de jure y solo quedaron dependiendo del poder de facto; que no era sostenible ante la ofensiva estratégica de la Fuerza Pública. Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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Georreferencia 5: Presencia AUC

Grรกfico 2: Secuestros

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Georreferencia 6: Secuestros

Bajo esas circunstancias las FARC muta a una diversidad de estructuras armadas con un discurso político anacrónico común, pero que no puede comunicarse con el cuerpo colegiado denominado Secretariado. Al no tener capacidad para enfrentar la arremetida de la Fuerza Pública, estas estructuras realizaron alianzas para convertirse en un outsourcing criminal, que brinda servicios de intimidación al mejor postor. De esta forma surgieron las Bandas criminales emergentes (BACRIM), que son la respuesta ante la pérdida de mando y control de los grupos armados ilegales. Este nuevo accionar de criminal de las Farc en alianza con bandas criminales, concentró su labor táctica en las Bacrim, que terminaron por operar a manera de centros de comando y control descentralizados, prestando un portafolio de servicios criminales que incluye infiltración y labores de inteligencia sobre el movimiento de la Fuerza Pública, extorsión, secuestro y atentados a compañías multinacionales, esto implica la transformación en una organización de crimen organizado con poder de jure, que podrían llegar a convertirse en una transnacional del crimen.

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Georreferencia 7: Secuestros 2002-2010

Georreferencia 8: Tasa de Homicidios

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5.1 Bandas criminales emergentes Las Bandas Criminales Emergentes BACRIM son grupos de criminales que surgen del proceso de desmovilización de las autodefensas ilegales, esta mutación de un grupo alzado en armas, en una organización criminal aliada con sus otrora adversarios, plantea un nuevo estadio en la historia de los conflictos modernos, que amparado en el marco conceptual de Kaldor & Salmon (2006, pág. 16) se denomina nuevas guerras. La forma como los grupos ilegales mutan a una estructura de crimen transnacional, se describirá a continuación. Se empezará por remontar a los orígenes locales de la delincuencia en las ciudades colombianas, donde el gran flagelo que las ha asolado es el llamado micro-tráfico de estupefacientes. Para lograr realizar esta explicación inductiva se caracterizara y a manera de hilo conductor el caso de la Banda Criminal Cordillera, con asiento en la ciudad de Pereira capital del Departamento de Risaralda; este grupo delincuencial, se originó en la venta de estupefacientes que están elaborados a partir de pasta de base coca, residuo que deja el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína; quienes estaban a cargo de este proceso de producción, descubrieron que este excedente de baja calidad, podía ser comercializado a bajo costo en las cordones periféricos de las urbes. Dentro de la sociología de los consumidores de drogas como la cocaína y la heroína, lo que buscan es aumentar sus niveles de productividad, dentro de una sociedad industrializada que exige altos niveles de competencia, esto explica los altos precios, además de reflejar un problema de escases generado por los controles policivos. Mientras las drogas elaboradas a partir de pasta de coca, tienen bajo costo porque se distribuye en un mercado interno, con escasos controles. Además su proceso de producción no requiere mano de obra calificada. De esta forma, los laboratorios de cocaína envían este producto al mercado internacional, mientras que distribuían a expendedores minoristas la pasta de coca, que termino por denominarse dentro de la jerga delictiva “bazuco”. Este alucinógeno tiene la ventaja para el distribuidor que puede mezclarlo con ingredientes como la harina, lo que permite generar rendimientos crecientes, y como es altamente adictiva creó un mercado de adictos, que obtenían el estupefaciente a bajo precio; pero como esta droga es inelástica al precio, incrementa los ingresos del distribuidor de forma notable.

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Es así como un expendio de bazuco se estableció en la plaza de mercado de la Ciudad de Pereira, donde igualmente funcionaban almacenes de bienes agrícolas, este fue el sitio perfecto para captar consumidores que en su mayoría desempeñaban funciones de acarreo para obtener un sustento básico de supervivencia; y, al mismo tiempo, podían por un precio reducido acceder a un alucinógeno, que los liberara momentáneamente de su realidad social. La adicción, provocó rápidamente el florecimiento de la delincuencia en esta área de la Ciudad, que buscaba con sus actividades delictivas de bajo impacto, obtener los recursos para consumir este sicotrópico. Como este expendio funcionaba bajo el letrero de una antiguo hostal, denominado Hotel Cordillera de ahí tomó su nombre el expendio más famoso de drogas alucinógenas de esta Ciudad. El exitoso negocio del tráfico de estupefacientes, provocó que aparecieran más expendios de este alucinógeno en esta zona, para luego dispersase por los barrios de menores ingresos de esta urbe. Al mismo tiempo los fenómenos delictivos de bajo impacto fueron pasando a hechos delictivos de mayor escala; tal como se aprecia en el gráfico 3, donde la tasa de homicidios por cien mil habitantes, se encuentra en un nivel superior que la misma medición a nivel nacional.

Gráfico 3: Tasa de homicidios

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Así lenta pero progresivamente el problema delictivo, paso de ser un problema de una localidad y terminó por apoderándose de toda la ciudad. Ahora la Banda Criminal Cordillera, es una organización que posee un portafolio diversificado de servicios delictivos, que ofrece al mejor postor; creando de esta forma un mercado de actividades delictivas, que está sujeto a las leyes del mercado.

5.2 El modelo Este documento recurrirá a la teoría del torneo criminal desarrollada por Grautoff, Chavarro & Balaguer (2011) con el objetivo de comprender la realidad de una BACRIM representativa como la “Cordillera”; así el lector podrá entender la estructura y lógica de una estructura criminal flexible. El supuesto de este documento es asumir que el comportamiento de una organización del crimen organizado es igual a otra, por lo tanto, analizar una sola estructura, es análogo a analizar todo el mercado de actividades delictivas; esto parte de un análisis de equilibrio general, donde la ley de Walras afirma que si un mercado está en equilibrio, todos los mercados están en equilibrio. Por lo tanto si un mercado es eficiente, todos los mercados de actividades criminales se están comportando de forma eficiente. La criminalidad coloca un incentivo alto previamente, esto genera que un número de delincuentes neófitos compitan por el premio de la actividad delictiva, este fue el caso de la Banda Criminal Cordillera. Cuando el expendio de alucinógenos generó rendimientos marginales crecientes, tuvieron la capacidad de generar el incentivo; de esta forma la primera generación de estos individuos fue asesinada o detenida por las autoridades11. Pero los costos de estas capturas y bajas formaron una curva de aprendizaje, que mejoró la capacidad criminal de la organización, eliminando miembros que no poseían condiciones delictivas. En este contexto un mercado eficiente de actividades delictivas, permite mejorar la productividad criminal; esto explica porque los líderes delincuenciales duran poco tiempo al frente de la organización. Solo son una pieza estratégica que desempeña la función de incentivo, que permite el ingreso masivo de personas en su mayoría, menores de edad. La competencia por permanecer dentro de la organización, elimina miembros y permite que se innoven nuevas tecnologías delictivas, que a la postre convierten el fenómeno criminal en una actividad autocatalítica, que mejora en el tiempo adaptándose de forma flexible, ante cambios en la estrategia de la política de seguridad del Estado. 11 (Diario El Espectador, 2010)

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La primera ecuación es una función lineal de aversión al riesgo neutral, la escogencia esta forma funcional, permite establecer que las bandas criminales que tienen como fuente de ingresos los alucinógenos como el caso de la Banda Cordillera, presentan este tipo de comportamiento. Un criminal {i} obtiene una producción {j} de acuerdo a su habilidad delictiva (ψ), y al componente aleatorio de sobrevivencia y éxito criminal (ε) Así el mecanismo de incentivos permite obtener el máximo valor de la habilidad delincuencial, la distribución que sigue el componente aleatorio es E[ε] = σ2 Ecuación 1 qi = ψi + εi El valor esperado de remunerar la producción de la Banda Cordillera a través de la variable {r} menos los costos de la habilidad delictiva ), el resultado es la diferencia del beneficio delictivo menos los costos de la habilidad criminal. Ecuación 2 E[r*q – C(ψi)] = [r*q –C(ψi)] Al derivar la expresión (2) con respecto a la variable habilidad delictiva {ψ} de la Banda Cordillera se obtiene: Ecuación 3 [r – C’(ψi)] = 0 Þ C’(ψi) = r De esta forma el costo marginal es igual al retorno marginal de la habilidad delictiva, de esta forma un mercado criminal competitivo forma un precio {V}, que es el valor esperado del beneficio criminal: Ecuación 4 E[Vq – rq] = (V – r)ψi Así el costo marginal de la criminalidad es igual a la pérdida social, un modelo que emplea esta estructura, implica que el salario de un miembro de la banda está en función de la cantidad de actos delictivos que comete. Ecuación 5 C’(ψi) = V Así el comportamiento delictivo es similar al de un torneo de tenis, que se representa bajo una forma funcional donde existen dos agentes criminales, que representan el número n de participantes del torneo. Estos compiten por el premio W1 el perdedor recibe W2, las reglas del juego son determinadas por el orden que fija la banda criminal Cordillera. Los delincuentes j y k identifican su producción criminal como una variable independiente que se distribuye:

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Ecuación 6 E[εi ] = 0 y E[εi2] = σ2 El ganador del torneo es quien cometa mayor cantidad de actos criminales que generen un alto nivel de producción criminal, el orden del torneo permite clasificar a los participantes del mismo sin que ello afecte los ingresos, el proceso se replica y mejora sobre la transcurso del torneo; la eliminación de delincuentes poco hábiles genera mayores beneficios monetarios, mejora estrategias y tácticas criminales. Los agentes que participan del torneo conocen las reglas del juego, las estrategias y el premio de forma anticipada, pero no pueden comunicarse para realizar alianzas ni practicar colusión. A través del premio se halla el equilibrio competitivo, por lo tanto, los costos de la actividad delictiva se igualan para todos los agentes; así la función de utilidad es: Ecuación 7 P(W1 – C(ψ) + (1 – P)(W2 – C(ψ)) Al desarrollar los productos de la expresión, resulta: Ecuación 8 PW1 – PC(ψ) + (1 – P)(W2) – (1 – P)C(ψ) Simplificando se obtiene la función de utilidad esperada: Ecuación 9 PW1 + (1 – P)(W2) – C(ψ) La probabilidad de que j sea ganador depende de la probabilidad p, que se encuentra en función de los costos de aprendizaje criminal y choques aleatorios que afectan la producción delictiva. Si j ha dedicado mayores esfuerzos en el desarrollo de sus habilidades criminales y los choques estocásticos son menores que los de k este será el ganador del premio. Así donde las ganancias dependen de las destrezas criminales que desarrollan los individuos que participan en un mercado delictivo. Ecuación 10 P = prob(qj > qk) = prob(ψj > ψk > (εk – εj) Þ prob(ψj > ψk > ε) = G(ψj > ψk ) La hipótesis Nash-Cournot donde cada agente optimiza habilidades en función de las destrezas óptimas de su mejor oponente, y como este no conoce al resto de individuos que participan del mercado criminal, éste maximiza sus habilidades con respecto al mercado. De esta forma el jugador j toma como dado las habilida-

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des que ha desarrollado k y viceversa. Así un individuo que es parte del mercado, lleva al teorema “el todo siempre es mayor que la suma de sus partes”, así que un solo individuo no tiene influencia sobre el sistema, pero sí lleva a mejorarlo al tomar decisiones de optimización. Esta deducción implica desarrollar la primera derivada con respecto a la habilidad criminal en la ecuación (7), posteriormente se determina la segunda derivada, la cual es menor que cero, así se maximiza la probabilidad de triunfo en función de las destrezas criminales. Ecuación 11 (W1 − W2 )(

∂P

∂P ' '' − C ψ j ) = 0 ⇒ (W1 − W2 )( − C ψi ) < 0 ∂ψ ∂ψ

Al derivar la expresión (9) con respecto a la habilidad criminal se obtiene, Ecuación 12

∂P ∂ψ

 ∂G   ∂ψ  (ψ i − ψ k ) = ( gψ i − ψ k )  

Esta expresión se sustituye en la ecuación (10), donde se desarrolló la primera derivada y se igualó a cero obteniendo la función de reacción del agente j, Ecuación 13

C’ψi = (W1 – W2)g(0) i = {j, k}

Este resultado llega a un equilibrio de Nash, sólo cuando las destrezas de j y k son iguales, para que esta situación se presente es necesario la existencia de patrones estocásticos que generen alteraciones en el desarrollo del torneo. La criminalidad posee choques exógenos, por este motivo la solución de un equilibrio de Nash es posible; al igualar las destrezas delictivas de j, k, ψ Donde i y sustituirlas en la ecuación (12), el equilibrio de Nash se transforma es: Ecuación 14 C’ψi = (W1 – W2)g(0) i = {j, k} La decisión de un actor racional de entrar en un torneo con otros jugadores, es la diferencia entre ganar y perder el premio, la condición inicial es que la utilidad esperada sea positiva, tal como se expresa en la ecuación (13). Este comportamiento del mercado criminal, permite que una banda criminal como la “Cordillera” siempre encuentre que muchas personas están dispuestas a ingresar en las actividades criminales de esta organización.

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De esta forma, la utilidad esperada es igual a cero (0) en un primer momento, pero la expectativa es que en el momento dos, los miembros de esta organización podrán obtener el premio que no es otra cosa que llegar a la pirámide de la Banda Criminal, lo que determina que el mercado delictivo esté en expansión y sea dinámico. Por lo tanto una política contra la criminalidad debe elevar los costos de oportunidad, con el propósito de desincentivar el acceso de los ciudadanos en el mercado delictivo. De esta forma se asigna un valor a la probabilidad (p) de 50% y se remplaza en la ecuación (7), lo que implica que ganar el premio depende de choques aleatorios, y la expresión se convierte en: Ecuación 15

1 2

)

− W2 − C ψ i ≥ 0

Los ingresos de la banda criminal Cordillera provienen de la capacidad delictiva de los individuos y de su portafolio de servicios criminales, que debe ser remunerado en función de la efectividad de su accionar. Así la variable V es un proxy del precio del acto delictivo; los premios se asumen como un costo y son incentivos que permiten desarrollar las capacidades delictivas, asumiendo que estas se igualen debido a una convergencia de factores, siendo así ψ = ψj + ψk. De esta manera se encuentra un equilibrio donde el beneficio es cero, esta condición explica porque el sistema criminal de la Banda Criminal se renueva constante sin necesidad de que intervenga una estructura de planificación: Ecuación 16

Ecuación 17

1 2 1 2

)

(

)

( )

− W2 = V ψ j + ψ k

− W2 = V ψ j

)

Al sustituir la ecuación (16) en la expresión (7) se obtiene la mejor estrategia de la Banda Criminal, asumiendo que la probabilidad de ganar es de cincuenta por ciento: Ecuación 18 Vψ – Cψ El premio de un torneo maximiza la asignación de recursos en forma eficiente, al derivar la habilidad delictiva con respecto a los incentivos a ganar, resulta en:

Ecuación 19

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(Vψ − C'ψ ) ∂Wψ = 0 i

El costo marginal de desarrollar habilidades criminales es igual a la pérdida social de bienestar de la comunidad. Así la estructura de torneo permite que la capacitación de una Bandas Criminal como la “Cordillera” se especialice empleando de forma eficiente los recursos así la inercia delincuencial genere una industria criminal. La forma de un torneo es similar al accionar criminal, al fijar un premio anticipado, los criminales incrementan su preparación delictiva lo que resulta en beneficios para el resto de Bandas Criminales. La diferencia entre ganar o perder el premio, incrementa la productividad, elimina los individuos deficientes y atrae personas calificadas. Al solucionar las ecuaciones (12) y (15), se soluciona el problema de agencia y se encuentra el equilibrio que maximiza la utilidad esperada con respecto a los incentivos.

 C'ψ i

Ecuación 20 W2 = − 

 g (0)

Ecuación 21 W1 = Vψ +



+ W1  ⇒ Vψ =

C'ψ i 2 g (0)



'ψ  1 C i − + W1  W  1 2 g (0) 

 V    2 g (0) 

= Vψ + 

 C'ψ i   C'ψ i 1 + W2 + W2   + W2 ⇒ Vψ =   g (0)   g (0) 2

Ecuación 22 W1 = 

 C'ψ i  V  = Vψ − 2 g (0)  2 g (0) 

Ecuación 23 W2 = Vψ − 

Finalmente, la diferencia entre ganar y perder el torneo da como resultado un trade off, entre ingresos del mercado delictivo, versus la inversión realizada en adquirir capacidades criminales, si la diferencia de habilidades entre un grupo de individuos se reduce g(0), y el incentivo se eleva sensiblemente; mientras que si las destrezas criminales disminuyen el premio se reduce, es decir que aumentar la capacidad delincuencial eleva el premio y la productividad de la Banda Criminal representativa mejora, lo que afecta el mercado de laboral formal como se explica en el próximo apartado.

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Ecuación 24 W1 − W2 =

V g (0)

5.3 Mercado laboral mercado delictivo El 30 de enero de 2014 el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) presento el informe mensual de desempleo, hecho registrado por los medios de comunicación de la siguiente forma. “La cifra para diciembre fue de un desempleo del 8.4%, para el año promedio 2013 del 9.6%, puntualizó el presidente.12” De esta forma Radio Caracol comunicó a la opinión pública que Colombia registraba una la tasa de desempleo más baja de los últimos veinte años. El Plan Consolidación de la Política de Seguridad Democrática que se aplicó entre 2006-2010, buscaba reafirmar los logros obtenidos en temas de seguridad durante este periodo, dentro del aspecto macroeconómico, se planteó un modelo de estabilidad que el Ministerio de Defensa Nacional denominó círculo virtuoso de la economía. Este esquema de estabilidad macroeconómica mostraba que aumentos en seguridad se convertían en mejoras de confianza y percepción de seguridad, que hace las veces de mecanismo de transmisión para atraer la inversión extranjera directa, que permite dinamizar el empleo formal, lo que debería reflejarse en aumentos del consumo que amplían la tributación del Estado, convirtiéndose en programas sociales que alivian necesidades básicas insatisfechas. Este esquema fue el núcleo del plan del desarrollo del Gobierno entre el año 2002-2010; los discursos del Jefe Estado, fueron incisivos en transmitir este mensaje a la ciudadanía de Colombia y la Comunidad Internacional. Efectivamente la política seguridad pronosticaba un mayor crecimiento económico y social del país, pero la rueda de la prosperidad económica no logró superar el punto de la inversión a generación de empleos; así la tasa de desempleo fluctúo dentro de una media del 12% a pesar de los esfuerzos realizados por la administración, en otras palabras la macroeconomía fue un lunar de ese Gobierno. Para lograr ver los efectos, se puede dividir el ciclo del empleo en dos, una primera parte entre el año 2002-2004 donde las reformas de flexibilidad laboral im12 http://www.caracol.com.co/noticias/economia/colombia-logra-desempleo-de-un-digito-en2013-fue-de-96-por-ciento/20140131/nota/2067589.aspx

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pulsadas por Londoño (1990), lograron reducir de forma drástica el desempleo, tal como se aprecia en la gráfica cuatro, estabilizándose por un periodo de 6 años en el rango del 12%. Bajo estas circunstancias es pertinente aclarar que la confianza inversionista que dinamizó el sector productivo no generaba suficiente empleo, debido a dos circunstancias, las exenciones fiscales que el Ministerio de Hacienda otorgó para impulsar la llegada de capitales foráneos, sumado a la crisis hipotecaria del año 2008 en los países desarrollados; pero mientras que los países emergentes crecieron a un ritmo del 6%, Colombia creció a un 4% , lo que indica que los estímulos tributarios generaron incentivos perversos para que los inversionistas no dieran el paso a crear proyectos productivos, por ende el empleo se estancó en esos niveles; tal como se aprecia en el intervalo de la gráfica cuatro, delimitado por franjas verdes. El segundo punto es que los parafiscales que se cargaban a la nómina y que tenían como destinación el sostenimiento del Servicio de Aprendizaje Nacional (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), eran un incentivo para que lo empleadores fueran reacios enganchar o crear nuevos puestos de trabajo. Cuando el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry tomó la decisión de crear el impuesto de renta para la equidad (CREE), y desmontar las exenciones fiscales sobre la inversión; estas dos medidas permitieron que el círculo virtuoso planteado dentro de la estrategia militar, para que el sometimiento de los grupos armados ilegales, lograra dar los resultados plasmados en el Plan de Desarrollo 2006-2010. Sin embargo la relación entre tasa de desempleo y número de homicidios por cien mil habitantes, teniendo en cuenta que dentro de las seis ciudades más violentas del mundo se localizan en Colombia, de acuerdo al Informe de la organización Seguridad Justicia y Paz (2014) lo que llevó a cruzar los datos de desempleo de la ciudades de Colombia con respecto al número de homicidios por cien habitantes. Este ejercicio se realizó tomando el dato de homicidios por ciudad y estableciendo la correlación parcial con respecto a la tasa de desempleo del mismo periodo; el resultado responde a la teoría del torneo, como se puede apreciar la relación entre desempleo y tasa de homicidios es positiva. Además la ciudad de Pereira donde opera la banda criminal representativa del mercado criminal se reportan dentro de las más inseguras del mundo13, es decir que se encuentra dentro de la predicción del modelo. 13 De acuerdo al informe seis Ciudades de Colombia se ubican entre las más inseguras del mundo estas son Cali, Palmira, Pereira, Medellín, Cúcuta, Santa Marta.

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Gráfico 4: Tasa de desempleo

Existen trabajos que han correlacionado esta estimación como Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts, & McKee (2009), quienes reportan una relación entre desempleo y homicidio común para países europeos, afectados por la crisis económica derivada del sector inmobiliario, este es un enfoque de tipo vector contagio. Además los resultados de los coeficientes son cercanos a los que arroja el ejercicio preliminar en Colombia. Un segundo artículo de Miguez & D’angelo (2006, pág. 284) analiza estas variables para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de nuevo resultan positivos, pero le agregan un elemento a este fenómeno, que es asociar crimen violento con personas jóvenes. Asimismo el trabajo pionero de sociólogo Krohn (1976, pág. 308) exploró esta relación que arrojó resultados positivos, confirmándose la evidencia empírica plasmada. Del mismo modo, concluyó que la relación entre crímenes a la propiedad y homicidios es negativa. Bajo estas circunstancias las observaciones, muestran la existencia de un relación positiva entre desempleo y tasa de homicidios, en otras palabras el mercado laboral formal compite con el mercado de actividades ilegales. Mientras Becker (1968) explicó la racionalidad de un criminal y su forma de asociar costos y beneficios para cometer un acto ilícito, la teoría de actividades delictivas de Grossman & Kim (1995) para comprender como un mecanismo de mercado es análogo a la forma en que se dan las relaciones sociales de la criminalidad.

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Gráfico 5: Correlación desempleo-homicidios

El desempleo afecta al mercado de actividades legales y delictivas, es decir que un choque macroeconómico es igual para ambos sectores. De esta forma cuando una economía es dinámica los recursos para depredar son abundantes, así la mano de obra juvenil con poca experiencia en actividades criminales es demandada por organizaciones delictivas, lo que permite capturar más recursos a bajo costo, porque estos nuevos criminales son fácilmente reemplazables debido a que cometerán errores y terminaran a buen recaudo de las autoridades. Sin embargo, cuando sucede una crisis económica el mercado de actividades criminales, se resiente porque los recursos que puede depredar disminuyen, lo que impacta sobre la mano de obra menos calificada del mercado criminal. Asimismo, miembros de las organizaciones delictivas pierden posiciones, lo que desata el conflicto entre delincuentes avezados y novatos. Las organizaciones más fuertes pueden competir con otras para quitarle capacidad de influencia, esto desata crímenes violentos en las ciudades. Este hecho implica que los crímenes a la propiedad desciendan en relación a los homicidios, en esas circunstancias inician las confrontaciones criminales que permiten lograr el control de zonas y actividades ilícitas.

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En un escenario de postconflicto como el sucedido en 2005, ante la desmovilización de organizaciones hibridas, se desataron nuevos fenómenos criminales que en un momento de expansión económica explica el descenso de índices de crímenes de alto impacto; así las autoridades de forma racional enfocan esfuerzos en otros factores. Cuando llegan crisis económicas es cuando es notorio lo que se ha gestado en el mercado de actividades delictivas.

Capítulo 5

Crimen regional y transformación

l modelo Grautoff, Chavarro, & Balaguer (2011) junto con la formulación de (Easton, 1957), descrito anteriormente, permite identificar como una Banda Criminal representativa como la “Cordillera”, término por unir esfuerzos, así como ya se relató en el apartado anterior, tomando control de las actividades delictivas a nivel regional. Así el proceso de desmovilización de grupos de autodefensas ilegales, dejo un vacío de poder criminal, que fue copado por siete Bandas Criminales los Rastrojos, Oficina de Envigado, Águilas Negras, ERPAC, Paisas, Urabeños y Cordillera esta última Subsidiaria de Carlos Mario Jiménez alias “Macaco” quien fue expulsado de la ley de justicia y paz, y extraditado a Estados Unidos. Fue alias “Macaco” quien tomó control de esta organización y la posiciono a nivel regional, en ese entorno de actividades delictivas. Estas Bandas Criminales son hibridas del crimen organizado, porque combinan actividades de carteles de droga manteniendo actos delictivos propios de la delincuencia común; simultáneamente tomando un rol político gracias a la penetración de las autodefensas ilegales en el poder de jure. Una tercera fase es la inserción de estas organizaciones en el crimen transnacional, que tienen comunicación con los carteles de Sinaloa en México, los Zetas de Centro América. Así mismo encuentran refugio de la persecución de la autoridades de Colombia en la frontera de Ecuador y Venezuela, donde las condiciones de las instituciones de jure de esos países podrían, llevar a que sean considerados a mediano plazo como Estados fallidos, por ausencia de control territorial, deslegitimación de la autoridad e incapacidad para proveer bienes públicos de forma adecuada. Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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Este escenario es propició para que las Bandas Criminales de Colombia, retomaran todos los fenómenos delictivos que ha sufrido esta Nación, convirtiéndose en la peor amenaza de seguridad que abarcaría la región, que podrían tener la capacidad de dislocar la estructura de jure, sustituyéndola por su propia visión institucional. La estrategia que siguen las autoridades consiste en perseguir líderes de organizaciones criminales, la lógica es que su captura o baja genera un punto de inflexión que disloca la organización delictiva; sin embargo la realidad muestra otro comportamiento. La teoría del torneo criminal14, indica que las instituciones ilegales siguen un comportamiento “sui generis”, consistente en que el líder goce de privilegios, lujos y excentricidades; a pesar de no es productivo para la organización delictiva, porque su rol consiste en ser un incentivo para que la base organizacional, dispute su lugar por medio de la concepción de nuevos métodos criminales. Este comportamiento mejora la estructura delictiva, siendo irrelevante quien lleva el mando de la misma, esto implica que concentrar recursos en perseguir la cúspide de la pirámide no es eficiente. Además se debe resaltar en una captura o baja del líder criminal lleva un reacomodo, que conduce a batallas que generan más inseguridad, por el control que tenían, así cuando las organizaciones delictivas pierden líderes aumenta la tasa de homicidios de las urbes.

14 Grautoff Manfred V (2010), “Torneo Criminal Aversión Al Riesgo Y Seguridad Ciudadana: Comportamiento Criminal De Bogotá D.C.”. Revista Cife: Lecturas De Economía Social ISSN: 0124-3551 v.16 p.45 – 60.

Capítulo 6

Seguridad y pobreza

l proceso de brindar seguridad se relaciona con los problemas que afectan a la ciudadanía, así el gasto de seguridad es respuesta del Estado ante la presencia de fenómenos criminales, tal como lo hace Levitt & Sudhir (2000), cuando se incrementa el crimen aumenta el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, lo que implica que al desarrollar un modelo matemático los índices den positivos, de esta forma la interpretación debe ser cuidadosa porque es común terminar confundiendo correlación con efectos causales. A pesar que el gasto en seguridad ha crecido en Colombia, es la respuesta ante una criminalidad desbordada, no controlada en su momento, sino por el contrario sin respuesta temprana por parte de los gobiernos de turno. Además el Estado no ha tenido herramientas de medición, que permitan tomar acciones, de acuerdo a los riesgos y las amenaza que ha tenido que afrontar la sociedad colombiana, por esta razón que hasta el año 2003 se realizó una encuesta de victimización que tuvo un costo de 3500 millones de pesos, pero que no llegó a ser empleada, aun hoy los micro datos son de difícil acceso para los investigadores, solo 9 años después se realizó una segunda encuesta de este tipo en las principales ciudades del país, es de recalcar que el año 2013 y 2014 se volvieron a realizar. Después de realizar una búsqueda de bibliográfica académica que emplee datos de estas herramientas cuantitativas, se puede concluir que hasta el momento no han sido empleadas en investigación sobre los fenómenos criminales que asolan el país. Por lo tanto en este apartado se emplea la encuesta de victimización del Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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año 2013, para realizar la construcción de un índice que mida la seguridad de los ciudadanos sobre la base de encuestas realizadas a 135.000 familias en las principales ciudades del país. De acuerdo a Sen (1973), Bhagwati & Srinivasan (2002), Rawls (1977) y Kusnetz (1973) la pobreza es un problema que no solo implica los ingresos, sino que está relacionada con la falta de acceso a recursos y bienes públicos, es decir que el bienestar es problema de falta de oportunidades, dentro de estos se encuentra el tema de la seguridad, como ya se ha demostrado el crimen es causa del bajo desarrollo económico, lo que es una buena proxy de bienestar, por lo tanto la seguridad es un factor fundamental de la medición de la pobreza, que no ha sido incluido en los estudios sociales, a pesar que son los hogares de menores ingresos en zonas rurales lo que más reciben el impacto del conflicto armado, lo que afecta el desarrollo social de esta población, la mayor parte de este tipo investigaciones, pasan por alto el tema de la violencia como un factor asociado a pobreza y desigualdad. Producto de esta ausencia de información, han surgido lugares comunes como afirmar que la pobreza genera violencia, detrás de esta sutil frase hay un estigma hacia la población de menores ingresos asociados a trampas de pobreza, que menciona Bhagwati & Srinivasan (2002). Por lo tanto, se requieren indicadores que agrupen delitos y percepciones por hogares, tal como recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de establecer medidas que generan políticas de seguridad efectivas. Por ende, se construyó el índice de seguridad de necesidades insatisfechas de seguridad siguiendo, la construcción del indicador de pobreza, esto quiere decir que los hogares poseen necesidades de seguridad, que deben ser satisfechas, como todo bien público este posee fallos de mercado, porque siempre tendrá problemas de asignación, por lo tanto, debe ser provisto por el Estado. La forma de construcción del índice que de ahora en adelante se le asigna el nombre de su autor Grautoff, se modela siguiendo la metodología de componentes principales, los cuales agregan cinco tipos de dimensión que son hurtos en todas la modalidades, extorsión, intolerancia, percepción de seguridad y confianza institucional, estos componentes se asignan por núcleo familiar; si dos personas o más afirman que poseen problemas en cualquiera de estos tópicos el hogar presenta una carencia según el ítem que resulte afirmativo. Finalmente, se agrega todos los componentes si el núcleo social tiene dos o más carencias en temas de seguridad, es un hogar victimizado con problemas de ser

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vulneración de sus derechos de propiedad, que probablemente está en los hogares con necesidades básicas insatisfechas, es decir las victimas las que se empobrecen no los victimarios, lo que muestra que la causalidad va en la dirección que violencia crea pobreza y que el victimario es racional. Ecuación 25

X i − X ij *

Ecuación 26

= Pij

Pij max Pij

(

)

Ecuación 27 Indice_ Grautoff =

1 n

∑ Pij*

n n =1

Gráfico 6: NBI de seguridad

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El resultado del índice Grautoff indica que el problema más agobiante es la extorsión, seguido de la confianza institucional y los robos, mientras que la intolerancia es la acción de menor peso, estos resultados indican que en promedio, 31% de los hogares de Colombia ha sido victimizado de forma real a nivel nacional, mientras que la ciudad de Barranquilla presenta el peor desempeño con 50% de hogares victimizados, mientras que Villavicencio presenta la menor incidencia con tan solo 5% de victimización. Asimismo culpar a la intolerancia de la violencia es un error monumental, porque este componente es el de menor peso tal como puede apreciarse en la gráfica cinco.

Gráfico 7: Correlación NBI de seguridad-Violencia instrumental

Con el índice Grautoff se correlaciona con la tasa de homicidios, dando una relación positiva y significativa, así que violencia instrumental es un acto racional que permite intimidar a las víctimas, de esta forma reduce costos el criminal, aumentando su eficacia. De esta forma, el gasto en seguridad y defensa, es el instrumento para aumentar el bienestar de la población, porque este reduce pobreza al reducir violencia que como se demostró provoca caídas del crecimiento económico y del recaudo fiscal.

Conclusiones

a mala definición de los derechos de propiedad por parte del Estado crearon condiciones propicias para que una disputa por tierra al suroriente y noroccidente del país, lo cual derivó en un conflicto, que también se extendió a los llanos orientales, la costa pacífica, específicamente el departamento de Chocó y Antioquia. Debido a estas circunstancias emergieron grupos armados ilegales, que bajo un rostro ideológico, terminaron por ser un problema que agravó la situación de violencia y rezagó el desarrollo económico de Colombia. El Estado dejó la situación por un largo periodo en manos de la Fuerza Armadas, pero sin dotarla de recursos ni fijar objetivos nacionales. A la postre, la violencia escalo de manera cíclica, hasta que a mediados de 1980 y 1998 la situación se desbordó, tanto que organizaciones criminales y grupos armados ilegales convergieron sobre mismos intereses estratégicos, es decir apoderarse de fuentes y recursos provenientes del tráfico de narcóticos, lo que terminó por convertirlos en estructuras criminales con capacidad de desestabilizar la estructura institucional. La respuesta de la sociedad a través del Estado, fue transformar la doctrina de la Fuerza Pública y adoptarla a los retos que exigían estas amenazas, que operaban bajo el esquema de la asimetría. La modernización de manuales y métodos de operación, junto a las líneas de dirección política en materia de seguridad nacional, se plasmaron en los planes de desarrollo de 1998, 2002, 2006, 2010 así como en la Política de Seguridad Democrática, trayendo como resultado la derrota militar de los grupos armados, sea por la vía de la desmovilización de milicianos o la neutralización de estructuras Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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criminales, tal como demostró el documento, los índices de seguridad mejoraron de forma notable, como respuesta de la exitosa estrategia militar desarrollada por las Fuerzas Militares. Esta nueva estrategia militar trajo como innovación estratégica, colocar en acción los postulados de la ampliación de derechos fundamentales, de tal forma se incorporaron planes de recuperación social, que permitieron llevar bienes públicos a regiones castigadas por los grupos armados ilegales; es decir la política de seguridad garantizó los derechos de propiedad que permiten que los mercados actúen de forma eficiente, pero al mismo tiempo impulso el estado del bienestar. Tal forma de actuar de la Fuerza Pública, desafía tesis populistas que afirman que el gasto en seguridad en regresivo, este documento por medio de evidencia cuantitativa, desmiente tal argumento, que se alimenta de mitos populares sin fundamento técnico. En esencia la seguridad que establece el Estado por medio de la Fuerza Pública, es la más efectiva política social de los últimas décadas, porque ha demostrado que el impulso productivo de la Nación, partió de neutralizar la violencia, así que la hipótesis que pobreza crea violencia tiene un error de causalidad, en otras palaras, es la falta de control de los fenómenos violentos lo que pauperiza la sociedad. Bajo esta dirección, es que la ofensiva contra el tráfico de drogas surte efectos, en relación a disminución de producción de drogas ilícitas; porque permitió que la fuente de recursos que alimentaban estas estructuras criminales se les negara la logística que les permitía tener poder de intimidación contrarrestando su accionar; tal estrategia se reflejó en caídas de indicadores de crimen de alto impacto, gracias estas mejoras en el clima de seguridad, la actividad productividad se dinamizó a través de la inversión en proyectos productivos que ampliaron la demanda interna. La respuesta de los grupos armados ilegales fue renovar su estrategia, aliándose con bandas criminales emergentes, con las cuales crearon centros de comandos y control descentralizados, con tal flexibilidad que les permitía crear nuevos métodos criminales, que parten de un principio de colaboración entre actores ilegales, que aprovechando debilidades institucionales y el clientelismo político, para infiltrar la estructura institucional del país, con el objetivo de capturar rentas del erario, además de blindarse contra el accionar de los organismos de seguridad del Estado. De la evidencia empírica y teórica presentada en el libro, se puede inferir que la negociación con un grupo armado ilegal, no llevara a que las condiciones violen-

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tas se terminen, por el contrario la teoría del torneo indica que estas organizaciones mutaran a expresiones criminales con mayor capacidad productiva para agredir a la sociedad, de acuerdo a las predicciones de este modelo, estas estructuras criminales, podrían adquirir poder de jure, que permitiría infiltrar la organización política del Estado; esto se puede deducir porque a través del presente documento, se realizó una aproximación para diagnosticar cómo se comporta una Banda Criminal representativa. Por lo tanto la forma de combatir Bandas Criminales, es por medio de instancias formales de coordinación entre política social y estrategia militar, esto requiere conocer la forma en que este fenómeno criminal muto en una organización con poder de jure, para influir sobre entes territoriales (Departamentos y Municipios), a la fecha se conoce que tienen presencia en 200 municipios en su mayoría cercanos a zonas de explotación minero-energética, de esta forma es vulnerable la institucionalidad a un efecto rapacidad. Sin embargo, la evidencia que arroja este documento, es que las Fuerzas Armadas lograron tal nivel de profesionalización, que las convirtió en referentes internacionales para manejar conflictos asimétricos, como los que se enfrentan a nivel global, y hace inviable que un grupo armado ilegal haga frente al sector defensa. La Fuerza Pública ha permitido que el emprendimiento productivo de Colombia sea una realidad palpable, así mismo es de destacar que el propio sector defensa sobre la base de fortalecer sus capacidades estratégicas, ha formado un complejo sistema de emprendimiento productivo, que un futuro debería transmitirse al sector privado del país; este es un punto donde el documento no hace hincapié pero es la base para que se realicen investigaciones, sobre como las necesidad de emplear recursos militares escasos de forma eficiente, han creado un complejo industrial militar, que podría ser eje del sector productivo del país. Finalmente, la confianza y seguridad han retornado al país, gracias que la acción de las Fuerzas Militares forzó que un grupo armado ilegal emprendiera un diálogo que le permita incorporarse a la vida civil, a pesar de los múltiples actos de infracción del derecho internacional humanitario; ahora el reto es mantener las condiciones de seguridad, frente a nuevas amenazas esto implica fortalecer las capacidades estratégicas de la Fuerza Pública.

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