Circulos de la Memoria Tercera Edicion by Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar

COMITÉ EDITORIAL Mayor General Nicacio de Jesús Martínez Espinel Director Escuela Superior de Guerra - ESDEGUE Mayor Orlando Andrés Villegas Zambrano Director Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar - CICMHMEDITOR Andrea Rodríguez Gómez Investigadora - CICMHM DISEÑO EDITORIAL Daniel Eduardo Vieira FOTOGRAFÍA Andrea Rodríguez Gómez Investigadora - CICMHM -

Las ideas expuestas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de las Fuerzas Militares de Colombia, ni de la Escuela Superior de Guerra - CICMHM Revista que expone resultados de investigación del proyecto titulado “Estrategias para enfrentar los retos de la sociedad y de las Fuerzas Militares de Colombia para la construcción y consolidación de la paz: Derechos Humanos y DICA como instrumento”, que forma parte de la línea de investigación Memoria Histórica, Construcción de paz, Derechos Humanos, DICA y justicia del grupo de inves-tigación Memoria Histórica, Construcción de paz, Derechos Humanos, DICA y justicia, reconocido y categorizado como Tipo D por COLCIENCIAS y registrado con el código COL0141423, vinculado al Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto.

TABLA DE CONTENIDOS

Las Fuerzas Armadas en el pos-conflicto MG. Nicacio de Jesús Martínez Espinel

La memoria histórica y la construcción de paz My.Orlando Andrés Villegas Zambrano

Efectos de la paz positiva y la paz negativa en el inconsciente colectivo Colombiano Jorge Andres Bautista González y Sargento Primero. Marco Antonio Lozano Audiver

Justicia transicional o transición del derecho en los conflictos armados colombianos Sargento Primero Marco Antonio Lozano Audiver

Orientaciones de política pública y algunos ejercicios educativos en el marco de la Cátedra de la Paz en Colombia Diego Andrés Guevara Fletcher y Diego Silva Prada

El reconocimiento de los militares como víctimas: Un camino para la paz Fernando García Reina y John Alexander Garzón Barreto

Las Fuerzas Armadas en el pos-conflicto Las Fuerzas Militares están comprometidas con el proceso de paz y han ido desarrollando planes para la estabilización y consolidación. Un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser un proceso de paz es El Salvador, la paz MG. Nicacio de Jesús Martinéz Espinel llegó hace 25 años Director y desde entonces Escuela Superior de Guerra las instituciones se han fragmentado y ahora es el segundo país más violento del hemisferio. Por tanto, nos hemos dado cuenta que la guerra no se gana en el campo de batalla y hemos creado el “Plan Victoria para la estabilización y consolidación”.

La evolución del conflicto armado Las FARC presentan una serie de retos para las Fuerzas Armadas en el escenario del pos-acuerdo y para entender la naturaleza de los mismos, es necesario recordar algunos conceptos importantes detrás de la evolución del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC desde 1998. Sobre el curso de esta evolución, la estrategia nacional en aspectos políticos empezó a alinear con diferentes aspectos de la estrategia militar, general y operativa. El conflicto colombiano es juzgado de ser irregular, prolongado, manejado ideológicamente, de baja intensidad e inspirado por la política de Mao en China, en este contexto otros actores como el tráfico de drogas llegaron al escenario y pasaron a ser una fuerza combustible para aquellos actores que viven bajo el margen de la ley. La violencia en Colombia empezó entre 1948-1953 en la guerra bipartidista, el 27 de mayo de 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tuvieron su primer Asamblea Nacional Guerrillera un año después, en la cual establecieron su status, determinaron su organización estructuralmente, discutieron sobre cómo les gustaría que fuera el Estado,

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determinaron las cualidades del secretariado y se enfocaron en temas rurales, en las cuestiones agrarias; otros grupos también nacieron durante este periodo, tales como: el ELN y el EPL, después surgieron el M19, Quitín Lame y el PRP. En 1980 el gobierno generó amnistías y creó un acuerdo con el M19 y Quitín Lame. En 1998, el presidente Andrés Pastrana empezó tres largos e infructuosos años de dialogo con las FARC, esto marcó el inicio de otra etapa de organización para las FARC y los planes de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para contrarrestar el accionar del grupo guerrillero. En la administración Pastrana (1998-2002), se estableció el Plan Colombia como la forma de fortalecer las estrategias e implementar una reforma militar efectiva, teniendo en cuenta que la guerrilla se estaba transformando para pasar a una guerra de movimientos. En la administración Uribe (2002-2010), la Política de Seguridad Democrática fue establecida para iniciar con el Plan Patriota, el cual fue desarrollado para acabar con los narco-terroristas. Este plan contenía un componente ofensivo (a. neutralizar las fuentes financieras de las FARC; b. ejercer control territorial; c. neutralizar planes y capacidades armadas del enemigo), un componente defensivo (a. proyección de poder sobre la población y los recursos; b. proteger la infraestructura económica; c. fortalecer la capacidades de disuadir) y un elemento de apoyo (a. fortalecer y modernizar las Fuerzas Armadas; b. acción interinstitucional; c. operaciones integradas y especiales) (Rangel, 2008, p. 20). Se realizaron operaciones especiales como La Operación Libertad I y II. Estas misiones tenían el objetivo de expulsar a los grupos de las FARC localizadas alrededor de Bogotá, estas fuerzas se movilizaron como retaguardia estratégica y se refugiaron en áreas como el Meta, Guaviare y Caquetá. Aquí fue cuando se estableció La Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA, conocida como la fuerza creada para atacar y desestabilizar a las FARC, sin mencionar que las FARC ya eran reconocidas como una organización terrorista por 32 países, y conocida como un cartel fuerte de tráfico de droga. Con la llegada del Presidente Santos, empezó una nueva política de seguridad y defensa, esta política golpeó duro en contra de las FARC: en primera instancia, un líder del grupo guerrillero fue dado de baja, en 2011 mataron a Alfonso Cano, haciendo un punto de inflexión donde las FARC se dan cuenta que no hay forma de llegar al poder a través de las armas. El grupo reconoce que la única posibilidad que les queda era llegar a

una mesa de diálogo y resolver el conflicto por el medio diplomático, solo bajo un escenario democrático las FARC podía esperar ejercer cierto grado de poder, en este momento el presidente opto por entablar dialogo con el grupo guerrillero.

Desafíos de las Fuerzas Armadas en el pos-conflicto El Estado colombiano ha desarrollado una política de seguridad que aborda el contexto regional, lo cual ha permitido confrontar y neutralizar las acciones criminales. Esta política está reflejada en la Estrategia Plan por la Defensa y Seguridad del sector 2016-2018 (Ministerio de Defensa Nacional, 2016), en el cual está incluido el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (DNP, 2014). La Política de Seguridad junto con la Estrategia Plan para la Defensa y Seguridad del Sector (2016), establece 8 áreas de responsabilidad que están incluidas en las competencias del Sector Defensa y cada una tiene objetivos específicos 1. Coexistencia entre ciudadanos: garantizar mejosres y mas altos niveles de seguridad personal para la sociedad civil. 2. Seguridad pública: i) contribuir a la terminación del conflicto, ii) combatir nuevas formas de crimen organizado. 3. Defensa Nacional: Garantizar la soberanía y protección de los intereses nacionales. 4. Manejo de riesgo y prevención de desastres: crear nuevas capacidades, mitigar el cambio climático y asistir en caso de desastres naturales. 5. Cooperación Internacional: fortalecimiento de la protección internacional, cooperación bilateral triangular y multilateral con aliados estratégicos. 6. Protección del medio ambiente y los recursos naturales: capacidades de las Fuerzas de Seguridad para proteger el medio ambiente y los recursos naturales. 7. Contribución al Desarrollo: i) contribuir a la modernización de las comunidades rurales, ii) utilizar las capacidades del Sector Defensa para impulsar el desarrollo nacional. 8. Gestión de la protección, soporte y desarrollo: una continua transformación del Sector Defensa. Esto, es articulado y complementado por la visión de transformación de las Fuerzas Armadas tradicionales a las Fuerzas Armadas Multi-Misión. La transformación de las FF.AA va a garantizar una configuración necesaria, entrenada, equipada y con capacidades para

enfrentar los desafíos de las Áreas de misión del sector defensa (Ciro & Correa, 2013). Gracias al fenómeno presentado en el gobierno Santos, los cimientos para la terminación del conflicto crearon: el proceso De negociación con las FARC, los acuerdos de paz de La Habana, Plan Espada de Honor, Plan Victoria (Marks, 2008). El Plan Espada de Honor es el plan de Guerra diseñado por las Fuerzas Militares para el periodo 2014-2018, este procura: a) desintegrar el enemigo; b) neutralizar las capacidades de agresión del enemigo; c) ganar legalmente la fragmentación existente entre la el enemigo y la población civil; d) proteger la infraestructura económica de la nación; y e) realizar los logros alcanzados en materia de seguridad y consolidación (Ministerio de Defensa Nacional, 2014). Los avances desarrollados en gobiernos previos reflejan la consolidación de una política de seguridad y defensa singular. Estas políticas y avances sirvieron como un punto de partida para los desarrollos realizados durante los diferentes gobiernos, ya que regían con los mismos objetivos en mente: la derrota militar de las FARC. El resultado de esto ha sido la comprensiva recuperación del control territorial, mejoras de gobernabilidad, desarrollo socioeconómico para el país y la total garantía de las libertades democráticas de la sociedad civil. En este sentido y con estos objetivos en mente el Tratado de Paz entre el gobierno nacional y las FARC se logró en la Habana-Cuba. La gran estrategia para el periodo de posacuerdo es alcanzar un “Plan de Acción de Estado Unificado”, especialmente una convergencia entre la vida urbana y rural, buscando: a) una herramienta efectiva de diagnóstico para crear soluciones duraderas; b) la integración de las capacidades del Estado para generar una sinergia positiva mediante soluciones institucionales; c) una prioridad dada a los esfuerzos y recursos; d) apropiada articulación de las capacidades de las fuerzas de seguridad para servir como decisor político y asegurar los objetivos del Estado; e) reconocimiento de todas las instituciones del Estado; f) cooperación interinstitucional que refuerza una visión transparente e institucional; g) sincronización y coordinación de los esfuerzos del Estado, teniendo en cuenta los resultados; h) El control por el órgano ejecutivo de los procesos. (Comando General de las Fuerzas Militares, 2016). En términos de seguridad, el Plan de Acción Unificada del Estado colombiano está reflejado en los siguientes aspectos: a) control institucional del territorio por medios de operaciones integrales, coordinadas, interinstitucionales e inteligénciales; b) fortalecimiento institucional mediante altos niveles de legitimidad CÍRCULOS DE LA MEMORIA │ Edición No.3

de seguridad judicial y la construcción de Memoria Histórica; Y c) programas de desarrollo socioeconómico, misiones humanitarias, protección del medio ambiente y cooperación internacional (Comando General de las Fuerzas Militares, 2016). En relación con los temas de la consolidación de la paz y transformación, las Fuerzas Militares han creado un plan con ayuda de los ministerios, el gobierno nacional y sus instituciones, el cual se ha llamado “Plan Victoria”, este es el plan de estabilización y consolidación las ganancias que se han logrado hasta ahora, el plan entró en marcha en enero de 2107. Este influye en cada nivel de gobernanza: nacional, regional, departamental, municipal, internacional, etc., y busca unificar las acciones del Estado colombiano. Esta es una estrategia muy importante, combinando políticas bajo una singular estrategia. Los oficiales militares están incorporados en operaciones conjuntas, operaciones conformadas por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea; las operaciones están hechas por la cooperación y la participación de instituciones del Estado para poder alcanzar los objetivos necesarios. El Estado tiene el control y no hay áreas que estén fuera de los límites del mismo. En este momento, Colombia es un Estado con presencia en la totalidad del territorio nacional, el cual pretende fortalecer su presencia a través de la acción unificada, integrando las capacidades de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y dando prioridad a cada uno de los esfuerzos, por medio de la articulación de las instituciones. De esta manera, se busca la forma de mantener la legitimidad de la institución, los colombianos estamos viviendo en un Estado de derecho, cumpliendo la constitución y las leyes, y ese es el centro alrededor del cual están enfocados los esfuerzos de las Fuerzas Armadas del Estado.

El rol de Colombia en la Seguridad Global Colombia ha adquirido grandes recursos y experiencias tras 52 años de conflicto. Por lo tanto, Colombia espera contribuir con el desarrollo internacional en materia de gobernanza y seguridad, para esto es fundamental fortalecer la participación de organizaciones intergubernamentales y compartir el conocimiento y continuar siendo un socio estratégico en temas de industria militar (Ministerio de Defensa Nacional, 2016). En primer lugar, se puede lograr fortificando la proyección internacional del Sector Defensa como un participante en la Política Exterior del Estado, así el sector pide conducir acciones básicas como: a) la posición de Colombia como un líder de referencia en asuntos

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de defensa y seguridad en el hemisferio, en la región y en niveles globales, mediante mecanismos y esfuerzos de cooperación basados en la experiencia y las capacidades de las fuerzas de seguridad; y b) el entrenamiento y despliegue del personal de las fuerzas de seguridad para apoyar los esfuerzos internacionales y multinacionales para los fines de construcción de paz y seguridad, especialmente mediante la participación en misiones internacionales (Ministerio de Defensa Nacional, 2016). Finalmente, Colombia puede ser considerada como referencia en materia de seguridad para la región desde que ha enfrentado ya diferentes fenómenos que han amenazado la seguridad nacional y han afectado a los intereses regionales; Colombia posee la experiencia y capacidad necesaria para contribuir efectivamente a la continuidad del desarrollo de la seguridad global por medio de diferentes mecanismos internacionales que permiten fortalecer la estrategia de alianzas y legitimar los intereses del Estado a nivel global.

Referencias Ardila, C., Jiménez, J. & Bernal, J. (2016). Desafíos de la Convergencia a la Seguridad de Colombia y las Políticas para enfrentarlos. En Saverio, F., Cuadrado, J., Gil, A., González, L., Láuzara, F., Requena y Díez de Revenga, M. & Vivas, P. Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa. Ciro, A. & Correa, M. (2013). Transformación: El Ejército del Futuro. Documento Estructural. Bogotá D.C.: Ejército Nacional – Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro. DNP. (2014). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un Nuevo País: Paz – Equidad

– Educación. Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Planeación. Marks, T. (2008). Regainning the Initiative: Colombia versus Farc insurgency. Counterinsurgency in Modern Warfare. Ministerio de Defensa. (2014). Plan de Guerra “Espada de Honor” 2014-2018. El Sector Defensa comprometido. Infraestructura: una oportunidad para otros sectores. Bogotá D.C.: Grupo Social y Empresarial de la Defensa. Ministerio de Defensa. (2016). Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad. Guía de Planeamiento Estratégico 2016 – 2018. Bogotá D.C.: Comando General de las Fuerzas Militares – Grupo Social y Empresarial de la Defensa. Mora, J. E. (2008). El Plan Patriota, base del Plan de Consolidación. Fuerzas Armadas, 76 (205), 18-25.

La memoria histórica y la construcción de paz

MY. Orlando Andrés Villegas Zambrano Director CICMHM

La Verdad de la memoria histórica es definida como unidad que explica las condiciones de realidad de las acciones de los individuos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, no como una realidad auto-referida, sino como una realidad en sentido relacional producida como fruto de la condición dialógica entre los diversos participantes.

El papel de las Fuerzas Militares es fundamental para establecer de manera eficiente la construcción de la memoria histórica militar, referida al conflicto armado y al estudio del importante papel que cumplen las FF. AA. en el posconflicto colombiano, la memoria histórica militar es una parte esencial de la memoria del Estado de Derecho Colombiano, ya que explica las motivaciones, orientaciones y especificidades según su naturaleza institucional en el uso legítimo de la fuerza en relación al uso de la violencia ilegal por actores armados al interior del territorio nacional. Para reconstruir una imagen del rol institucional en relación a una suerte de evolución de la democracia es la

composición misma de la memoria militar en el desarrollo del conflicto armado colombiano; en especial, el lugar de producción de los discursos éticos, asumiendo éstos, como los conjuntos de creencias y valores que determinaron la toma de decisiones, así como las representaciones singulares, propias de las experiencias particulares y personales, que desarrollaron de la sociedad cada uno de los miembros de Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía en el entretejido normativo institucional. El Ministerio de Defensa Nacional ha expuesto su interés en el desarrollo y fortalecimiento de la Memoria Histórica Militar, el Plan Estratégico Sectorial contempla en su objetivo No. 5 la importancia de crear identidad y fortalecer la legitimidad del papel de la Fuerza Pública en la pluralidad del conocimiento de los orígenes, causas, consecuencias y factores que prolongaron el conflicto armado interno en Colombia. Este Plan presenta la importancia de construir ejercicios de memoria histórica, a través de un trabajo interdisciplinario para fortalecer la legitimidad y el papel de la Fuerza Pública a lo largo de la historia del país y de esta manera edificar espacios y elementos para la visibilización y la remembranza de los militares y policías víctimas del conflicto armado; reconstruir la historia de la Fuerza Pública, a partir de su mandato constitucional, contribuyendo a la seguridad, el desarrollo y el fortalecimiento de la sociedad civil ayuda a legitimar el papel de las Fuerzas Armadas en el escenario colombiano. El Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar (CICMHM), aporta a la construcción de la Memoria Histórica Nacional a través de la construcción y difusión de productos resultado de investigación que se enfocan en el reconocimiento de los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia como seres sociales, con el fin de fortalecer la dignidad y la legitimidad institucional. El CICMHM está vinculado al grupo investigación “Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia”, reconocido y categorizado en (B) por Colciencias y es miembro de la Red de Fuerza Pública de Colombia en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Un aporte fundamental es la visibilización de los aportes de las Fuerzas Militares en materia de seguridad, desarrollo económico y social, la defensa del Estado y la Nación, realizados bajo los lineamientos constitucionales, legales, acuerdos internacionales y acatando lo dispuesto por el Gobierno Nacional para trascender de manera positiva en el imaginario colectivo y mantener la instiCÍRCULOS DE LA MEMORIA │ Edición No.3

tucionalidad de las Fuerzas Militares. De esta manera, se contribuye a la construcción de una memoria histórica militar legítima, y proyectarla a 2030 como un proceso de alto impacto que fortalecerá la credibilidad y legitimidad institucional en el imaginario colectivo y se convertirá en un insumo determinante para coadyuvar en la construcción de una paz sostenible y duradera para Colombia. El CICMHM estableció los siguientes temas de investigación como ruta para orientar el trabajo de construcción de memoria histórica militar: víctimas militares y familiares en conflicto; la legitimidad jurídica, política y social de las Fuerzas Militares en el conflicto; el rol de la identidad colectiva de las Fuerzas Militares en el proceso de construcción de la Memoria Histórica institucional; Memoria Histórica institucional y la comisión de la verdad; y la construcción de la Memoria Histórica y las obligaciones internacionales de la construcción del relato. Por otro lado las líneas de acción que tiene el centro se enfocan en Cátedra de educación para la paz, patrimonio, y museos y lugares de la memoria. En este documento también se presentan las siguientes estrategias como fundamentales para crear identidad por medio de la construcción de una Memoria Histórica de las Fuerzas Militares: Recopilar, reconstruir y preservar los archivos del Sector Defensa producidos durante el conflicto armado con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de la institución y de sus miembros; replantear los guiones museológicos de los museos y lugares de memoria de la Fuerza Pública mediante una red de museos que sirvan para visibilizar el papel de las fuerzas en el desarrollo del conflicto armado colombiano; enseñar qué es memoria histórica, de qué forma se construye y cuál debe ser su alcance en el sistema de educación nacional; elaborar las líneas guía de comunicación estratégica, para que las diversas Fuerzas Armadas transmitan un mensaje consecuente y concordante y no haya disparidad interpretativa entre emisarios y receptores de los mensajes; Construir la memoria de las acciones realizadas por los GAOML (Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley) en el desarrollo del conflicto armado interno. El comité de revisión estratégica e innovación en Memoria Histórica del Comando General de las Fuerzas Militares, también expone la importancia de fortalecer la Memoria Histórica Militar teniendo en cuenta que la Fuerza Pública presenta serias debilidades en torno al tema de memoria histórica, lo que representa una amenaza a la legitimidad del papel que han cumplido las fuerzas en cumplimiento del deber. El comité manifiesta que la legitimidad de la Fuerza Pública se ve amenazada por una relación de fuerzas en-

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tre diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, que buscan de una u otra manera posicionarse de manera conveniente en un futuro próximo, posterior a la firma de los acuerdos entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Los grupos armados ilegales tales como guerrillas y grupos armados organizados, han construido una estrategia como discurso histórico para soportar su proyecto revolucionario y beligerante, este es cada vez más fuerte, principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad civil, por tal motivo se debe contrarrestar esta acción que debilita la imagen de las Fuerzas Militares y su voluntad de paz. Frente a la construcción de la Historia, Memoria Histórica y Contextos, el Comando General de las Fuerzas Militares explica que son pocos los trabajos que muestran las estrategias, las buenas prácticas, la narrativa y las afectaciones psicosociales y jurídicas a las que han sido sometidos los miembros de las Fuerzas Militares, razón por la cual el CREI busca impartir lineamientos para convertirlos en una directrices encaminadas a una organización administrativa, investigar, articular, documentar y difundir la Historia, Memoria Histórica y los Contexto al interior y exterior de las Fuerzas Militares. Lo anterior, con el propósito de preservar la legitimidad de las Fuerzas como órgano constitucional y legal, coadyuvando a la defensa de la democracia en Colombia. B El Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar desarrolla dos labores fundamentales que pretenden impactar en la legitimidad de las Fuerzas positivamente ante la comunidad nacional e internacional. Por un lado, una labor investigativa que se enfoca en la construcción de la Verdad orientada bajo las acciones de la Fuerza Pública y cumplir con el objetivo de fomentar la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del país en los temas de Cultura de la paz. De acuerdo a lo anterior, es claro que los documentos producidos para fortalecer la Memoria Histórica de las Fuerzas Militares están enfocados al deber de la memoria de acompañar unas políticas oficiales que deben ser pensadas en términos institucionales que devuelvan al Estado, a la sociedad y a la Fuerza Pública la capacidad de contar su historia con objetividad para la comprensión colectiva de los procesos con el fin de que los actores implicados evolucionen para entender su participación y procesos internos, por tanto no pueden ser adheridos a productos y proyectos enfocados al análisis de la Seguridad y Defensa del Estado colombiano y del sistema internacional.

EFECTOS DE LA PAZ POSITIVA Y LA PAZ NEGATIVA EN EL INCONSCIENTE COLECTIVO COLOMBIANO Jorge Andres Bautista González Sargento Primero. Marco Antonio Lozano Audiver

Introducción Por mucho tiempo en Colombia para los ciudadanos del común, aquellos que viven del día a día y que poco les interesa los avatares del conflicto armado, aquellos colombianos que deben realizar préstamos para ingresar a sus hijos a la educación superior y sus hijos que se adentran a la vida profesional miran como un asunto de otros el conflicto armado, muestra de ello en la capital del país como en otras grandes urbes siempre se pensó que el conflicto armado era algo de la provincia y que muy lejos en la montaña, en el monte o la manigua, en donde quiera que se le diera la denominación eso estaba muy lejos de Bogotá y por ende no existía esa solidaridad de nación con aquellos que sufrían de lleno el conflicto armado. Estas generaciones crecieron con el discurso de la falta de recursos para la salud por consecuencia del conflicto armado, falta de recursos para la educación por el excesivo gasto militar, falta de recursos en inversión social y vías producto del conflicto armado. Entonces una vez terminado el conflicto armado con uno de los grupos ilegales más fuertes del país muchos ciudadanos pensaron que sería algo automático que esos recursos que eran invertidos para la guerra se destinaran directamente a las falencias que tenían las regiones. Algo que hasta el momento no ha sucedió debido a la paz negativa que vive el país en este momento, en la cual solo se presenta el fin de la confrontación armada con un grupo ilegal y se mantiene la lucha en contra del otro grupo subversivo que aun ejecuta acciones militares con el fin de someter el Estado. Esta etapa de la paz en la cual la FARC-EP deja de realizar acciones en contra del Estado colombiano se entiende como paz negativa pues esta carece de la construcción de procesos en los cuales se incluya la sociedad civil que no sufrió un hecho victimizante, igualmente que participen organizaciones civiles que brinden seguridad a los ciudadanos en cuanto a su transparencia, imparcialidad y sesgos. Se espera que con el transcurrir del tiempo se pueda construir una paz positiva que permita atender a las comunidades y convocarlos a la construcción de paz dándole paso a una paz positiva, dicho esto presentada la paz positiva y la paz negativa podamos generar un equilibrio entre las dos

siendo esto lo más correcto debido a que dará paso a la inclusión social y reconstruir el tejido social como una sola nación que permita la llegada de los excombatientes a la sociedad civil, que permita pensar ya en una política que integre a todo el país retirando de los vocabularios la palabra exclusión seguramente dará paso al crecimiento de Colombia como un país competitivo dentro del continente y seguramente aumentara el sentido de pertenencia de nuestros recursos (Ugarriza 2012: 62). La inclusión social permitirá quitarle el discurso a los señores de la guerra que buscan por todos los medios mantener la llama de odio encendida en la sociedad colombiana, con discursos incendiarios y llevando un discurso fallido de lucha de clases combinado con el racismo han pretendido que este proceso histórico que vive el país pierda protagonismos, a muchos se les olvida que termina uno de los conflictos más largos del continente americano, que muchos de esos recursos ya una vez estabilizado el país podrán traer crecimiento a las regiones, pero no es esto responsabilidad de un gobierno debe incluir la unión de fuerzas de todas las regiones y la voluntad política de sacar el país bajo una sola fuerza del atraso en el cual se encuentra sumido en punto de puertos, vías y apoyo a los agricultores. Si fraccionamos el país para escucharlo podemos ver que cada uno quiere ver su región, por Ejemplo; La región pacifica sueña con el canal interoceánico Atrato truando, el puerto de aguas profundas de tribuga, la doble calzada de buenaventura y la ampliación del puerto. Por otra parte, la región caribe espera poder tener puertos de aguas profundas sobre la guajira, unir la región con el centro del país con el tren del caribe y la ruta del sol, que permita acortar los tiempos del norte del país al centro. Son estas entre otras necesidades como agua potable, salud y educación gratuita de calidad las que piden las regiones. Más si no logramos ese equilibrio entre la paz positiva y la paz negativa no solo bastara acallar los fusiles en contra del estado, detener las acciones en contra de la población civil, multinacionales y recursos naturales. No bastara solo eso, pues será cuestión de tiempo para que los señores de la guerra logren subvertir mentes, logren comprar ejércitos privados productos del narcotráfico y nuevamente tendremos conflicto, solo a ellos les conviene la venta de armas, municiones y meCÍRCULOS DE LA MEMORIA │ Edición No.3

dicinas a un país rico pero desorganizado, que en esa transición no pensó en la construcción de paz y tejido social incluyendo a las regiones y realizando las inversiones necesarias para crecer como país. Pues parecieran ser más fuertes e importantes solo los efectos de la paz negativa pero esta ausencia de conflicto armado por sí sola no va a generar crecimiento, desarrollo e inclusión social. La sociedad colombiana tiene demandas para su gobierno, de mandas del orden regional y gremiales (Trujillo 2014: 13). Ya hemos visto como se han pronunciado regiones como el pacifico azotado por el olvido, la corrupción y el conflicto armado. Ellos quieres saber cuál es el papel de la región en la construcción de la paz, los maestros esperan saber si van a cambiar sus condiciones laborales esto con base a los discursos que aseguran que el presupuesto del conflicto pasara a la educación, mas todo mundo quiere ver resultados Ya, se pensó que era una fórmula matemática de terminación del conflicto aumento de recursos en inversión, quizá nos lleve a pensar que realmente el conflicto solo visto desde la óptica de la paz negativa es mutable por no haber atacado el verdadero origen del mismo, más el pensamiento del colectivo colombiano inmutable producto de la incredulidad, desconfianza en la política y los señores de la guerra. Pero nadie les ha dicho que la paz no es algo que se dé de facto, esta obedece a una construcción de la mano de todos no solo de las víctimas y sobrevivientes, aquí deben estar incluido todos los colombianos con el fin de generar una verdadera política de país. Ya que si en Colombia persiste la implementación de los acuerdos de paz sin lograr un equilibrio entre la paz positiva y la negativa que incluya las comunidades, las regiones donde todos se sientan representados seguramente no encontraremos una reconciliación como país y el desarrollo del que tanto se habló que no avanzaba por culpa del conflicto terminara siendo una de las promesas que avivaría otro conflicto.

Paz negativa, positiva y diferencial La paz es ausencia de la guerra y violencia directa, en su acepción “negativa”; es democracia ampliada y derechos humanos, en su interpretación “positiva”; y siembra progresiva cuando aún persiste la violencia, es paz “diferencial”. La paz “negativa” nos llegó con el Cese al fuego y de hostilidades, unilateral, en principio según determinación de las Farc, y bilateral, desde mediados del 2016, con resultados tangibles en la caída de los índices de muerte, de acuerdo a las entidades que hacen los seguimientos respectivos.

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La paz “positiva” da sus primeros pasos con implementaciones legales e institucionales para otorgar amnistías e indultos; reconocer los derechos de las víctimas con la Justicia Restaurativa Especial de Paz; dar garantías políticas como Oposición y de seguridad a las Farc; ofrecer salud y educación técnica de calidad a los excombatientes; y entregar tierras con créditos a los campesinos. Pero la paz, hoy, apenas si es “diferencial, pues por ahora ella se da en aquellos espacios e instancias en las que se pueden identificar acciones que crean paz, a pesar de que estén en contextos en los que existen los conflictos violentos como el que protagonizan el ELN y las bandas criminales.(Duque, 2017) , y es por eso que en este marco de análisis es indispensable pensar el los Grupos Armados al Margen de la Ley Residuales, que sonb el reto para una paz positiva, en especial para la construcción de procesos de Desarme, Desmocilización y Reintegración.

Hacia una descripción teórica Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en lo concerniente a salidas, procesos y trayectorias; comprendidas estas en el marco individual y grupal, las particularidades referidas a grupos étnicos, factores de género, Migraciones o incluso quienes ya han sido capturados y se encuentran en centros de reclusión son un tema determinante para la transformaciónd e las Fuerzas militares, pero en especial, son determinantes a partir de la memoria. Sin duda, dinámicas referidas a las Formas Organizativas de Desmovilizados, Relaciones con la Ciudadanía, Niveles de Educación en Combatientes e incluso Discapacidad, necesariamente orientan las reflexiones a los contextos, con respecto a la estructura misma del Grupo Armado Ilegal FARC-Epen el marco del posconflicto, peor en especial los procesos de colaboración con la Justicia y Fuerza Pública en las dinámicas de construcción de verdad sobre el conflicto y participación en tribunales –concretamente aquellos de JEP-, así como las exigencias de las comunidades adyacentes y grupos de víctimas e internacionalización y demandas hechas a través de Organizaciones No Gubernamentales de orden Nacional e Internacional. Así las cosas, un análisis de riesgo sobre las disidencias de las FARC –EP y sus maneras de afrontarlo, establecen de suyo una necesidad específica sobre la capacidad que deberá tener el Ejército Nacional para apoyar los procesos de desmovilización de dichos sectores de grupo, pero particularmente en el marco

de una transformación institucional de la Fuerza, como un mecanismo elaborado de consolidación de la paz tanto en la esfera territorial como en la concerniente a aquella que procura garantizar una cohesión social y fortalecimiento institucional, éstas como medios para la ampliación de la democracia en cuanto finalidad del proceso de la Habana. La Pregunta que aborda este artículo advierte una hipótesis preliminar de elaboración: ¿Cuáles son los medios fácticos para evaluar la capacidad de respuesta del Estado a los riesgos colaterales concernientes a disidencias de Grupos Armados al Margen de la ley en escenarios de Posacuerdo?

Definición de Posconflicto El posconflicto se debe comprender como un “concepto superior en la escalera de abstracción, lo que se entendería como la posibilidad de exista el posconflicto sin que implique necesariamente la construcción de paz, puesto que el atributo del posconflicto no se encuentra en la misma concepción de la paz sino en la efectiva reducción del número de homicidios causados por la guerra. En lo que concierne al diseño institucional, se plantea la necesidad de que el Ejército Nacional como parte del Estado asuma cambios estructurales, lo que significa que los procesos formativos deben advertir que el nuevo diseño institucional para la etapa de postconflicto, pueda involucrar mecanismos formativos y éticos en sus manuales en relación a los mecanismos y formas para el relacionamiento en el marco de la reintegración política con excombatientes, en procura del fortalecimiento de un sistema democrático estable y legítimo. Así, la participación del Ejército Nacional en el proceso de transformación social (espacio en el que se deben asentar las nuevas relaciones cívico-militares), eje central sobre el cual se deben validar todos los acuerdos entre gobierno y el grupo armado ilegal, máxime cuando en el conflicto armado las principales víctimas se encuentra en la sociedad civil, requiere de una base en la oficialidad, sub-oficialidad y soldados profesionales que al interactuar con excombatientes y la ciudadanía organizada, puedan asumir acciones comprometidas, responsables y capaces de cuidar y promover los derechos sociales y políticos mediante la protección y securitización proactiva de los mecanismos de participación y acceso democrático.

Ya en la esfera individual, el posconflicto implica que se establezca una apropiación sobre lo que significa la participación ciudadana, los niveles de autonomía y libertad de pertenencia a colectivos o grupos políticos organizados. En síntesis el posconflicto es una noción que se construye y consolida en la misma práctica, es decir que es un proceso que por sus características se basan en la integralidad del mismo, por que acoge múltiples factores económicos, políticos, sociales y culturales, los cuales deben ser tratados de forma conjunta por los actores que intervienen en dicho proceso.

Seguridad Humana y Gestión del Riesgo. Desde comienzos de los años noventa, la noción de seguridad humana está al centro de muchos debates en el sistema de las Naciones Unidas, en organizaciones internacionales y gobiernos de las distintas regiones, así como en el ámbito académico e intelectual que viene siendo acogida por el Estado Colombiano como horizonte de gestión. En efecto, con el fin de la guerra fría se tomó conciencia que se multiplicaban las amenazas no armadas a la seguridad a nivel internacional, regional, nacional y local. Se han desplegado muchos esfuerzos, tanto teóricos como prácticos para identificar las modalidades más propicias para afrontar estas amenazas (Beck 2008: 102). El impacto conjugado del uso de la fuerza al interior de los Estados, del deterioro del medio ambiente, la agravación de la extrema pobreza, la propagación de las pandemias, la explotación de diferencias culturales y étnicas fomentan conflictos de variada índole que afectan a un gran número de personas, en general, las poblaciones más vulnerables y desprotegidas, factores estos que afectan las políticas de seguridad estratégica en entornos cambiantes como el caso colombiano. Así políticas de desarrollo en procesos de conflicto y pos-conflicto deben advertir análisis mucho más complejos en contextos internacionales, al igual que la redefinición de actores y tareas que deben cumplir las fuerzas militares en estos nuevos espacios de gobernabilidad y desarrollo (Bellos 2012; 31). En este orden de ideas, en el seno del sistema de las Naciones Unidas, con el Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD de 1994, dedicado a la Seguridad Humana, se abrieron nuevas orientaciones para la acción. Esto incluye las acciones adoptadas por la UNESCO en el marco de su Proyecto Interdisciplinario de Promoción de la Cultura de Paz, que adquirieron CÍRCULOS DE LA MEMORIA │ Edición No.3

particular relieve en América Latina y el Caribe, sobre todo en América Central, con la participación de los gobiernos, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como de Organizaciones No-Gubernamentales, de los ombudsman, y otros países de la región. En noviembre de 2000, la UNESCO convocó una Reunión Mundial de los Directores de las Instituciones de Investigación y Formación sobre Paz con miras a definir una agenda común en materia de seguridad humana y prevención de conflictos. Una de las recomendaciones más importantes de dicha reunión fue la de invitar a la UNESCO a promover enfoques regionales con miras a definir más claramente las necesidades y las modalidades de acción más apropiadas, para promover conjuntamente la seguridad humana y la prevención de los conflictos en cada contexto regional y cultural específico. De esta manera, la Gestión del Riesgo dentro de lo propuesto por este Marco de Cooperación Interinstitucional, supone que el paradigma de la Seguridad Humana asuma la noción de vulnerabilidad mutua entre agentes internos y externos como superficie ineluctable de toda acción para la cooperación interinstitucional (Comisión de la Habana: 2015). Esto es, que en un sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del conjunto -incluyendo sus componentes más desarrollados y aparentemente mejor protegidos- están condicionados, paradojalmente, por sus eslabones más débiles. Así, mientras exista vulnerabilidad e inseguridad extrema en algunos sectores del conjunto, todos somos, en cierta medida vulnerables. De este modo, el tema central de la Seguridad Humana es la reducción del riesgo colectivo (y compartido), por medio de análisis, decisiones, prevención y acciones que disminuyan, más allá de sus expresiones sintomáticas, las causas y circunstancias de la inseguridad. La definición de seguridad usada en esta propuesta se basa en la probabilidad, la reducción de riesgo y de vulnerabilidad: esto es, la disminución y control de la inseguridad. Esta definición enfatiza la prevención de las causas de la inseguridad, por sobre los medios técnicos para contener sus síntomas (Beck 2008: 112). El tipo de inseguridad que se pretende conceptuar en particular, es aquel asocio múltiple de factores simultáneos que afectan (en términos de múlticausalidad – equifinalidad), a la gran mayoría de la población, especialmente aquellos sectores susceptibles de mayor vulnerabilidad y exposición a factores que incrementan el riesgo. Igualmente, la seguridad sub-sistémica está afectada en forma recíproca por la seguridad del conjunto. En síntesis, el logro de homeostasis sostenida (y sostenible), esto es la mantención de los sistemas sociales armonizados, dependen de

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una reducción significativa y continua de riesgos e inseguridades en todos los niveles. Para encarar dichos retos, el Ejército de Colombia requiere de acción concertada, de prevención, y de la consolidación de comunidades de seguridad (security communities) cada vez más amplias; además, enfrentar inseguridad en un escenario de postconflicto como la ventana a un conjunto de riesgos complejos, sistemáticamente definidos como variables; ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales, que no pueden encararse solamente con las consabidas herramientas económicas (por ejemplo asistencia técnica o inversión extranjera) y militares (contrainsurgencia, operaciones de baja intensidad). En efecto, el Ejército debe procurar concebir un concepto de seguridad en un carácter fractal, en la que disfunciones a nivel micro (locales) tiene repercusiones macro, y viceversa. Es por lo anterior, que la Seguridad Humana es un enfoque de política pública basado en la cooperación internacional multilateral, el análisis, planificación y acción multisectorial, cuyas orientaciones son a la vez, preventivas y pro-activas (Cómbita/ Delgadillo/Torres 2013: 61).

Elementos conclusivos En el contexto específico de posconflicto en Colombia es plausible evidenciar una alta heterogeneidad entre sus distintos actores, lo que supone la necesidad de efectuar un salto cualitativo en los mecanismos propios de gestión y visualización del concepto de riesgo y amenaza (Singh 2013: 50ss). En consonancia con ello, es importante al interior de las Fuerzas Armadas en su conjunto la transformación institucional, que ya se viene adelantando, a partir de factores que establecen la necesidad de incorporarlos dentro de la Gestión del Riesgo como determinadores funcionales para la generación de herramientas que puedan interactuar en las agendas públicas, internacionales, regionales, locales y sub-locales; estos son a saber: 1) Se ha cerrado un importante ciclo de conflictos fronterizos, en especial, entre los países mayores de la región. 2) El aumento de la cooperación y la integración subregional aun cuando preservamos una agenda periférica en cuestiones estratégicas. 3) El crecimiento económico, pese a la volatilidad de la política interna en los países de la región. 4) El país se encuentra inserto en una región desnuclearizada y libre de armas de destrucción masiva. 5) En la década de los 90, el país aprendió a que se requiere un diseño y una arquitectura para la cooperación internacional en seguridad. 6) Se han efectuado esfuerzos para crear nuevos regímenes de

seguridad y diseñar nuevos bienes públicos en la materia. 7) Se ha desarrollado un renovado diálogo en la Diplomacia de Cumbres entre Ministerios de Defensa y encuentros entre los diferentes ejércitos de la región con un fuerte carácter orientador de acciones conjuntas. 8) Los principales avances en la distensión y la cooperación en materias de seguridad, se dan en el ámbito subregional. 9) La premisa de la cooperación en seguridad en la región puede resumirse de los documentos oficiales en: “A mayor seguridad de la región, mayor focalización en la gobernabilidad democrática”. En síntesis, se requiere como país en una región específica en vías de desarrollo, de la apropiación de un concepto de seguridad que gestione las aleatoriedades, capaz de recoger las dimensiones de la seguridad tradicional conjuntamente con las nuevas amenazas e incorporar los niveles y dimensiones relativos a las necesidades vitales de la persona humana.

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Justicia transicional o transición del derecho en los conflictos armados colombianos Sargento Primero Marco Antonio Lozano Audiver

La principal característica de la justicia transicional es que esta se aplica en épocas de conflicto armado como los que presentamos en Colombia actualmente. Lo que la hace especial para un país como el nuestro es que el conflicto armado no se desarrolla entre el Estado y una sola organización armada al margen de la ley como ocurre en el común denominador de muchos países donde ya fue efectiva su aplicación tales como Alemania, Argentina, Chile, Ruanda y la antigua Yugoslavia. Experiencias dejadas por la segunda guerra, dictaduras militares, guerra entre tribus y presidentes autoritarios fueron recogidas para perfeccionar el concepto de justicia transicional en todo el mundo y seguramente Colombia no será la excepción dada las características del conflicto para dar un aporte significativo. Colombia cuenta con el penoso record de múltiples amenazas persistentes que pretenden desestabilizar el estado social de derecho muchas de ellas consid-

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eradas terroristas por la comunidad internacional. Cuenta también con un sinnúmero de amenazas emergentes producto de las posdemovilizaciones y pareciera llegar en momento en el tiempo en que todos quieren ubicar el accionar delictivo en el marco político y de esta forma llegar a una negación formal dependiendo el estatus que el Estado le dé a esa organización. Sería más que lógico y coherente que se diera el fenómeno de poder negociar con todos y que de esta forma existirá una sola justicia transicional, pero por las mismas características del conflicto armado es casi imposible poner de acuerdo aun a los grupos que siguen una misma línea ideológica y que se han declarado en rebelión contra el estado, por tal razón seguiremos viendo actos legislativos que dan paso a negociaciones con el uno y con el otro. A hora bien para aspectos tan relevantes como la memoria histórica que viene de la mano con la justicia transicional y en este caso la memoria histórica militar para los aproximadamente 12 años de aplicación de mecanismos de justica transicional ¿en qué podemos decir que se ha visto beneficiada la memoria histórica militar? Quizá podemos enmarcarla dentro de la ley 1448 y el esfuerzo que realiza el CICMHM para visibilizar los militares que han sido víctimas del conflicto armado por causa y razón del mismo, al igual que sus familias antes de esto el soldado era excluido y visto injustamente como victimario, cuando su única misión fue la de mantener el orden constitucional, defender la ley y las instituciones del estado social de derecho. El soldado y el policía han sido visto por los grupos armado al margen de la ley como un obstáculo para la toma del poder y por esta razón victimizados para con su muerte doblegar Estado, se convirtió en parte del panorama ver soldados y policías muertos, pero aun así para muchos no eran considerados víctimas. De esta forma el primer acto de restitución de tierras para la familia de dos militares los cuales fueron victimizados por un grupo al margen de la ley y desarraigados de sus territorios por el hecho de tener familiares sirviendo al país, para la comunidad de personas vinculadas con miembros de la fuerza pública en las regiones se sintió como un acto de justicia en la población civil, muchos reconocieron que para Las familias Molano Figueroa y Molano Ramírez llegaba el justo merecimiento y terminaba 1 ACTO LEGISLATIVO 01 31 de Julio de 2016. por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la constitución política y se dictan otras disposiciones. Creada en el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santo para darle espacio a las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia Farc-ep de desmovilizarse y entrar a la vida política 2 LEY 975 DE 2005 (julio 25) por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Creada en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe con el fin de desmovilizar las autodefensas unidas de Colombia

una etapa de olvido, a pesar que muchas instituciones consideraron que era un dolor que debían soportar por el solo hecho de tener un familiar en el Ejército Nacional. Los cambios en la justica transicional son y serán inevitables por la pluralidad de organizaciones que hace parte del conflicto armado y es inevitable que en cada oportunidad en que un grupo decida reintegrarse a la vida civil busque que el Estado lo reconozca dentro del delito de rebelión, en caso de la negativa del Estado llegaran las presiones por intermedio de acciones armadas indiscriminadas en contra de la fuerza pública hasta llamar la atención de los medios y la población que en ultimas termina por buscar un quiebre jurídico quitando la categoría de enemigo público a enemigo del Estado. Luego entonces será siempre la justicia transicional la salida a un conflicto armado por la misma mutación de las amenazas y la peculiaridad de cada una de ellas, ya sea con “el marco jurídico para la paz 1”, “ley de justicia y paz 2” del conflicto armado se van expandiendo las necesidades para la terminación del mismo y las garantías de no repetición entre el variado abanico de las acciones penales, las garantías de reparación, no repetición, reforma de la institucionalidad y comisión de la verdad, encontramos a hora la memoria histórica militar la cual no busca limpiar la imagen institucional de las fuerzas militares, esta memoria histórica militar pretende visibilizar en el marco de la justicia transicional las victimas integrantes de la fuerza pública y a estos garantizarles la no repetición en la construcción de un nuevo país y que así como se espera que ningún civil vuelva a caer por causa y razón del conflicto armado, el mismo trato esperan los militares y sus familias no ser victimizados para doblegar un Estado a negociar o ceder a las pretensiones de grupos armados al margen de la ley. Seguramente ya en inconsciente colectivo se conoce que para un eventual acuerdo de paz con la guerrilla del ELN se vendrá nuevamente una justicia transicional que esté acorde a las pretensiones del grupo insurgente al igual que la característica de los delitos cometidos en el conflicto armado.

Orientaciones de política pública y algunos ejercicios educativos en el marco de la Cátedra de la Paz en Colombia Diego Andrés Guevara Fletcher Diego Silva Prada

Se entiende a la educación como una de las principales fuentes de valores y principios para la construcción colectiva de un mejor país. A pesar que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional-MEN-, y su orientación de política pública referente en los temas de educación ciudadana y educación para la paz en un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo se convierte en la génesis para la formación de ciudadanos aportantes de una sociedad democrática, incluyente, participativa en una situación actual, como lo es la de postconflicto, no ha estado exento de inconvenientes y discontinuidades en sus eje programáticos. Diversas entidades se han sumado a las anteriores iniciativas en dirección a la idea de una cimentación de y para la paz desde las aulas promoviendo el enfoque de la educación para la paz, en un marco de articulación normativa relacionada con los derechos humanos, las competencias ciudadanas, la cultura para la paz en las particularidades de un entorno actual socioeconómico y cultural propio de Colombia, destacando en ellos, sus énfasis, resolviendo problemas y claramente, expresando diferentes intereses y opiniones en temas vinculantes a la educación. Justificaciones normativas y particularidades de la orientación de la política pública en el tema de la educación ciudadana y educación para la paz A continuación, se realizará una breve descripción de las normatividades emanadas por el Estado colombiano en cumplimiento de su política pública en educación ciudadana y educación para la paz. Así mismo, se discutirán algunas de las propuestas más significativas en enfoques, alcances, y orientaciones en la temática referida.

Marco normativo general de educación para la paz A pesar de que Colombia ha estado sumergida en un conflicto armado de diferente índole desde hace más de cincuenta años, los temas vinculantes entre eduCÍRCULOS DE LA MEMORIA │ Edición No.3

cación y paz (E.P.) se fortalecen desde la reforma Constitucional del 1991. Particularmente, en su artículo 67, en donde se declara a la educación como un derecho básico de todos los ciudadanos que permitirá que éstos tengan acceso a la ciencia y la cultura. En el caso de la E.P. textualmente se refiere así: “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. (Art 67, CPC.) Un segundo precedente de la E.P. se encuentra en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual se constituyó como ejercicio legislativo básico para este sector del país. En ella, más precisamente su artículo 14, se puede encontrar como se promueve a las instituciones educativas de los niveles preescolar, básica y media, cumplir con la enseñanza de temas relacionados con la constitución, la educación sexual y la educación para la paz, pilares fundamentales de la educación. En su numeral d) destaca: “La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos”. (Art. 14, Ley 115 de 1994). Una particularidad de la anterior normatividad destaca el tema de la E.P. ligado a los derechos y valores, la promoción de la democracia y a la convivencia tanto con la naturaleza como entre ciudadanos. De esta manera, la normatividad ligada a la política pública debería estar encaminada al concepto de las Competencias Ciudadanas que se plantea casi una década después, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, Educación para la Paz y otras propuestas ligadas al tema en mención, provenientes de diversos sectores de la sociedad. Una tercera instrucción normativa, ligada al tema de la Educación para la Paz es la Ley 1732 del primero de septiembre de 2014, comúnmente llamada “Cátedra de la Paz”, la cual se enmarca en un contexto de posconflicto y busca garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en el país. Propende por ser un espacio para la reflexión y el diálogo sobre la cultura de paz, así como la proposición de ideas para promover un desarrollo sostenible que pueda contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos. Según lo consagrado en la Constitución Política de Co-

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lombia y la Ley 115 de 1994, esta Cátedra de Paz es de obligatorio cumplimiento por parte de las instituciones educativas del país y tendrá que ser incluidas a los planes curriculares de estudio. Así mismo, se encarga al MEN a que proporcione los criterios y orientaciones necesarias para su aplicación, mientras que las secretarías serán las encargadas de comprobar que estas disposiciones se hayan cumplido. La manera en la cual se pauta la Cátedra de la Paz se encuentra reglamentada en el Decreto Nacional 1038 de 2015. Este decreto tiene como objetivos fundamentales: a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos; b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley 99 de 1993. (Decreto 1038 de 2015).

2. Documentos y orientaciones de política pública en la educación para la paz El propósito de este apartado es mencionar algunas de las más importantes propuestas encaminadas a plantear las orientaciones en la dirección del tema de la Cátedra de la Paz, tomando como base el cumplimiento normativo presentado con anterioridad, con un enfo-

que de diferenciación, alcances, y orientaciones en la temática referida.

2.1. Lineamientos Curriculares de 1998 El primer trabajo antecesor ligado al tema de la Educación para La Paz fue el realizado por el MEN en el año 1998, denominado, Serie Lineamientos Curriculares. Como su nombre lo indica, este trabajo consistió en una serie de documentos divididos según las siguientes áreas: Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Física, Recreación y Deportes, Idiomas Extranjeros, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Constitución Política y Democracia, Educación Ética y Valores Humanos, Lengua Castellana, Matemáticas, Preescolar e Indicadores de Logros Curriculares. El propósito de esta serie es el de aportar conceptos que sustenten estos lineamientos curriculares por áreas y promover una mejora en la educación a través del estudio de la fundamentación pedagógica en cada una de las distintas disciplinas planteadas anteriormente, generando un intercambio de experiencias entre los distintos Proyectos Educativos Institucionales del país. Esta apuesta apela a la creatividad, el trabajo solidario entre los actores ligados al tema de la educación, el incremento de la autonomía entre escuelas, la investigación, innovación que permita una mejor formación para todos los colombianos. Para el caso de la E.P., los textos ligados a ella son los de Constitución, Política y Democracia, y Democracia, Educación y Ética; áreas claves para el posterior desarrollo de las propuestas de competencias ciudadanas, Educación para La Paz y Cátedra para La Paz. Debido a su importancia, lo que se propone en este apartado es la revisión de estos documentos, logrando así dar cuenta del porqué de su relación con la Cátedra de Paz.

una orientación externa y por lo mismo heterónoma, mientras que ellos mismos quieren promover los procesos autónomos y autorregulados” (MEN, 1998:4). Como se puede ver en la anterior cita, estos lineamientos pretenden ser una guía para que las instituciones educativas de los niveles básicos de educación en el país puedan usar como base para la formación de sus estudiantes en esta área. Para lograrlo, el texto está organizado de la siguiente manera: un primer capítulo en donde se hace un recorrido histórico de los debates más sobresalientes sobre la ética hasta la fecha de elaboración del mismo trabajo; una segunda más de contexto, en la cual se pone en evidencia la cuestión socio-cultural del país; ya como tercera, se trata un enfoque más psicológico, en el cual se trata la formación de la personalidad moral; el cuarto capítulo establece como la moral y la ética tiene una cercana una relación, dividiéndose este aparte en dos subcapítulos. Para finalizar, estos lineamientos contienen a manera de anexo un resumen de normatividad constitucional y legal existente en el país ligados a los temas de ética y moral. La orientación de este trabajo es la de formar ciudadanos desde el aula o, en palabras de los autores: “(…) se busca la formación de estudiantes y futuros ciudadanos más autónomos, que desarrollen la capacidad de discernimiento como fundamento de una ética cívica orientada hacia la construcción de una sociedad civil más participativa, más justa y más solidaria.” (MEN: 1998: 8). Lo que se busca en esta área es llevar las nuevas intensiones de nación depositadas en la carta magna a las aulas de clase, promoviendo el debate entre los actores del sector educativo para formar nuevos ciudadanos con amplio criterio que permita mejorar las condiciones de vida en el país.

2.1.1. Lineamientos Curriculares para Educación 2.1.2. Lineamientos Curriculares para Educación Ética y Valores Humanos Política y Democracia El propósito de los Lineamientos Curriculares para Educación Ética y Valores Humanos, publicado por el equipo responsable del Programa Nacional de Formación de Valores del MEN, es: “Como su nombre lo indica los Lineamientos Curriculares del área de ética y valores humanos son unas tesis y puntos de vista que se le presentan a la escuela colombiana como guía y recomendación, nunca como imposición u obligación. Aquí nos hallamos presos en una paradoja: por un lado, en tanto lineamientos curriculares de una área específica, pueden aparecer como

Al igual que el documento anterior, los Lineamiento Curriculares para Educación, Política y Democracia son una propuesta curricular para los colegios del país que estén interesados a impartir clases de política y democracia en las aulas. En él se sugieren algunos elementos para la construcción de los currículos para esta área, promoviendo la discusión entre el sector educativo, pues su destinatarios son los profesores y demás miembros del sector educativo. Para cumplir con lo anterior, este documento se divide CÍRCULOS DE LA MEMORIA │ Edición No.3

en seis partes: la primera de ellas trata de dar cuenta sobre el regreso de la educación cívica a la escuela; la segunda es un apartado encargado de hacer un análisis a los conceptos de constitución, democracia y educación cívica; el tercer capítulo se denomina El Desarrollo de una Subjetividad para la Democracia, el cuarto recibe el título de El aporte en la construcción de una cultura política para la democracia; como quinto acápite, se trabaja el tema de las instituciones, recibiendo este como título El conocimiento de las instituciones y la dinámica política; por último, se recogen varias sugerencias llegadas por distintos sectores de la sociedad, en donde se complementan los elementos faltantes en los otros cincos capítulos. El enfoque de este trabajo es la Constitución Política de Colombia y su enseñanza, queriendo que ésta, en palabra de los autores, sea: “(…) la Constitución Nacional, en que el aprendizaje de la ciudadanía más que un discurso debe ser una vivencia surgida de la experiencia escolar. Dicho de otra manera, la democracia es una forma de vivir que se asume viviéndola. Otro aspecto que subraya el documento es la necesidad de que otras áreas de conocimiento se integren en el propósito de la formación ciudadana.” (MEN, 1998:4). Lo anterior se plantea puesto que se considera que, la integración de otros saberes, más una formación ciudadana basada en la Constitución Política de Colombia, formará mejores ciudadanos, dotándolos de herramientas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este país.

2.2. Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas En el año 2003, el MEN elaboró un documento denominado, Formar para la ciudadanía… ¡Sí es posible!: Estándares básicos de Competencias Ciudadanas. El enfoque de este trabajo está orientado a la promoción y respeto de los derechos humanos, relacionándolos con la vida cotidiana de los estudiantes, para que de esta manera puedan desarrollar y potencializar dichos derechos se llegue a una convivencia pacífica y democrática. Así mismo, este documento contiene un acápite encargado de explicar a docentes, directivos y demás actores involucrados en la enseñanza, la relevancia de los estándares básicos para las competencias ciudadanas. Comprende los niveles educativos en básica primaria y básica secundaria.

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2.3. Plan Nacional en Derechos Humanos El Plan Nacional en Derechos Humanos (PLANEDH) es una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la Oficina de las Naciones Unidas para los derechos Humanos OACNUDH, y el Programa de Derechos Humanos USAID-MSD. Su propósito es el de constituirse como “una política pública de Educación en derechos humanos, centrada en la formación de sujetos activos de derechos, la consolidación del Estado Social de Derecho y la construcción de una cultura de derechos humanos en el país.” (MEN y Defensoría del Pueblo, 2009: 85). Para poder cumplir con su propósito, en el PLANEDH se propone la puesta en marcha de programas y proyectos en la educación formal, educación para el trabajo, desarrollo humano y la educación informal. Al articular diversos elementos, esta apuesta contempla un plan operativo que permita unir esfuerzos para que se pueda desarrollar, involucrando a actores de la vida civil como lo son las organizaciones comunitarias y civiles, otras instituciones del orden departamental y nacional tales como secretarías de planeación y ministerio; y la población en general. A diferencia de las políticas públicas de educación mencionadas con anterioridad, esta tiene como fin la elaboración de una política nacional en temas ligados a educación para la paz, generando un marco de acción para iniciativas de este fin y un marco técnico que se encargará del control y evaluación de estas iniciativas propuestas. Por tal motivo, este documento habla de la creación de un comité técnico para el PLANDEH.

2.4. Desempeños de Educación para la Paz y Secuencias Didácticas En el año 2015, el Ministerio de Educación Nacional desarrolló los documentos de secuencias didácticas de educación para la paz y los desempeños para todos los niveles de básica primaria y básica secundaria del país, con el fin de orientar a docentes y directivos de los distintos colegios en la implementación de la Ley 1732 de 2014-Cátedra de Paz y la evaluación de sus contenidos. Esta propuesta contiene directrices sobre cómo se podría implementar la Cátedra de Paz, de acuerdo al Decreto 1038 de 2015, ofreciéndoles a los lectores herramientas para poder desarrollar el mayor número

posible de los 12 temas que promueve dicho Decreto: a) Justicia y Derechos Humanos; b) Uso sostenible de los recursos naturales; c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.; d) Resolución pacífica de conflictos; e) Prevención del acoso escolar; f) Diversidad y pluralidad; g) Participación política; h) Memoria histórica; i) Dilemas morales; j) Proyectos de impacto social; k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales; l) Proyectos de vida y prevención de riesgos). En esta vía, se pueden encontrar en este documento distintos enfoques, estrategias, definiciones sobre los posibles espacios que pueda ocupar la Cátedra de Paz en los planes curriculares, que actualmente los colegios desarrollan o que trabajados de forma separada se articulen con la propuesta Competencias Ciudadanas (MEN, 2004). Con las anteriores descripciones, se buscó caracterizar los distintos lineamientos de política pública en Colombia en los temas de E.P. Acto seguido, y tomando como base las anteriores normatividades, se plantean algunas propuestas y orientaciones de amplia divulgación nacional llevadas a cabo por diferentes entidades del orden nacional.

Histórica Nacional. La propuesta consiste en: “un conjunto de materiales que permiten debatir la memoria histórica del conflicto armado colombiano en el aula escolar, desde una perspectiva pluralista, rigurosa, no dogmática, con enfoque diferencial y de acción sin daño, para contribuir a afianzar una cultura de paz.” (CMHN, 2015:19) Este material pedagógico está compuesta por 5 textos: 1) Agradecimientos y Justificación: en el cual se plantea la justificación normativa de la pedagogía, como componente fundamental de enseñanza del conflicto armado en el aula escolar y una guía general para realizar un viaje por la memoria histórica; 2) La guía de maestros para el caso de Portete: El camino hacia la paz. El reconocimiento de nuestra diversidad.; 3) El texto para estudiantes de Portete: El camino hacia la paz. El reconocimiento de nuestra diversidad; 4) La guía para maestros y maestras del caso, La Masacre de El Salado, una guía para aproximarse a casos específicos y analizarlos desde la ruta de la memoria histórica; 5) El texto: El Salado, Montes de María: tierra de luchas y contrastes, libro para estudiantes. En este trabajo del CMHN se pretende utilizar los informes de las masacres de El Salado y Portete, para que sean analizados desde el aula, generando así en los estudiantes una mayor conciencia sobre el conflicto armado que se ha vivido en el país durante las últimas décadas. Bajo esta lógica, el centro propone el trabajo desde dos dimensiones: la primera, la dimensión interpersonal, la cual busca establecer una relación entre el cuerpo, el territorio, la coexistencia de narrativas e identidades personales y la empatía en la cual se encuentre el respeto y ponerse en los zapatos del otro; y la segunda, Dimensión Social, la cual pretende que los estudiantes conozcan estrategias para la reconstrucción de la memoria colectiva, con la cual puedan explorar y apropiarse de manera imaginaria las narrativas y saberes existentes en sus comunidades sobre ese pasado compartido con los otros.

Reflexiones finales

2.5. Caja de Herramientas del Centro de Memoria Histórica Nacional La Caja de Herramientas es una propuesta que busca trabajar la memoria histórica desde las aulas escolares para los grados décimo y undécimo de Bachillerato. Esta ha sido realizada por el Centro de Memoria

La discusión temática aquí esbozada intenta reconstruir intertemporalmente la caracterización de las distintas promulgaciones y puestas en acción de una política pública en la formación ciudadana, que ha recorrido una sinuosa y no siempre consistente ruta. En Colombia, la normatividad jurídica referente a los temas de Educación para la Paz, se ha venido trabajando desde diferentes aristas basadas en distintas dimensionales conceptuales y analíticas que competen CÍRCULOS DE LA MEMORIA │ Edición No.3

al momento política y discursivo del país. Quizá la consolidación de la articulación entre política pública-educación para la paz se logra a través de la promulgación de la Constitución del 91 y la Ley general de educación de 1994 son los pilares iniciales de esta construcción formativa y pedagógica. Este artículo pretende mostrar algunos parajes de dicho recorrido, sus implicaciones y posibilidades en una nación que hoy apuesta a largo plazo a la construcción de una paz duradera, con sus diferencias, matices, discontinuidades que conducen al planteamiento de algunas propuestas y orientaciones de amplia divulgación nacional y donde el tema de la pedagogía-educación para la paz, es un baluarte necesario y fundamental.

Por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las instituciones educativas del país. Bogotá: El Congreso. COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto 1038 de 2015. Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz. Bogotá: La Presidencia.

El reconocimiento de los militares como víctimas: Un camino para la paz Fernando García Reina y John Alexander Garzón Barreto

Bibliografía Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórico Militar (s/f) Memoria Histórica y Educación: Algunos aportes conceptuales y el papel de las Fuerzas Militares. Mimeo sin publicar. Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) Agradecimientos y justificación ¿Por qué una caja de herramientas desde el CNMH?. Disponible en: https:// www.fondodeculturaeconomica.com/PDF/Caja%20 de%20herramientas/POR%20QU%C3%89%20UNA%20 CAJA%20DE%20HERRAMIENTAS.pdf. Recuperado [28 agosto de 2017] Constitución Política de Colombia (1991). Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional (2004). Serie Guías No.6. Estándares básicos de competencias ciudadanas. Formar para la ciudadanía…¡sí es posible! República de Colombia. Ministerio de educación Nacional, Defensoría del pueblo, Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (2009). Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional (2016). Orientaciones generales para la implementación de la cátedra de la paz en establecimientos educativos de preescolar, básica, media de Colombia. COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. Bogotá: El Congreso. COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1732 de 2014.

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Crímenes contra la población civil que han involucrado a miembros activos de las fuerzas militares en el conflicto armado colombiano han dejado un sinsabor en la opinión nacional e internacional, eventos que han hecho desconocer en la ciudadanía el sufrimiento de miles de militares, muchos de ellos victimas del combate contra los grupos al margen de la ley, se supone que un militar de cualquier ejército está preparado para combatir y algo más cruento aun: morir, Sin embargo, la doctrina de los derechos humanos logró desde finales del siglo XX incluir dentro de las constituciones de cientos de países la defensa y garantía de muchos de ellos en tres generaciones. No hubiera sido posible esto si desde el periodo histórico de la escolástica española algunos sacerdotes católicos entre ellos Bartolomé de las Casas y Pedro Claver denunciaran los desmanes cometidos por las autoridades españolas contra los indígenas y los esclavos de este continente americano, este debate originado por el descubrimien-

to del nuevo mundo, puso en reflexión a la misma persona humana, los grados de valor entre unos y otros y dio paso a lo que posteriormente seria la ilustración y que diera como resultado las grandes revoluciones liberales que exaltaron la condición de igualdad y libertad entre todos los seres humanos ocasionando el derrumbe de la monarquía absoluta. Una de las expresiones más dolorosas en un ser racional ha sido el de la guerra, evento cruel por medio de la cual hemos conquistado las más grandes evoluciones sociales irónicamente. La guerra siendo el escenario más violento de la sociedad desde los orígenes de la humanidad, va a ser regulada después de la finalización de las dos guerras mundiales, ya desde finales del siglo XIX Henry Dunant va a iniciar un trabajo internacional por crear la conciencia del respeto por los no combatientes en las guerras, pero especialmente por los soldados heridos en combate, sin hacer distinción entre uno u otro ejército, llamó la atención de la humanidad por reconocer la ignominia de la guerra, toda su lucha terminara con la creación de la Cruz Roja Internacional y posteriormente con el Comité Internacional de la Cruz Roja, entidad diplomática y política clave para lo que sería el activismo por la humanización de la guerra, logrando así proteger a las víctimas, tanto combatientes, no combatientes y civiles. En 1.948 se crea la Organización de la Naciones Unidas y su principal misión fue la de evitar la repetición de guerras entre países, esta función inspirada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerará esta asamblea como un valor fundamental para la humanidad el derecho a la paz, sin la cual no se puede vivir ningún otro derecho humano. Siguiendo con esta argumentación la grandeza de la humanidad y especialmente del activismo de los derechos humanos es proteger estas propiedades del ser humano en todo lugar, hasta en la guerra, es así que en el 17 de Julio de 1.998 se crea en la ciudad de Roma y gracias a la reunión de plenipotenciarios en la Organización de las Naciones Unidas la Corte penal Internacional, con la función específica de ser un tribunal permanente para juzgar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de agresión y de guerra, es así como la esperanza de la comunidad internacional es que se cumpla en efecto estos grandes retos para la corte penal internacional, que en relación con el tema de este texto tiene en un lugar de vital importancia a las víctimas, Colombia también tiene una normativa interna que está en concordancia con este compromiso humanitario de la comunidad internacional.

Colombia y su compromiso con las Victimas En Colombia entró en vigor el Estatuto de la Corte Penal Internacional el primero de noviembre de 2.002 con la ley 472 del mismo año, en dicha ley los militares son considerados como victimas según el literal C del articulo 8 dedicado a los crímenes de guerra, sin embargo, en el ordenamiento jurídico nacional con el decreto 2728 de 1.968 del Ministerio de Defensa, se determinó que los miembros de la fuerza pública tanto militares como policías quedaban sometidos al: “……. Reglamento General de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. D i c h o reglamento fue modificado por el decreto 94 de 1.989 en donde se determina el porcentaje de incapacidad total por actos propios del servicio y la pensión mensual que recibe en caso de ser diagnosticado como tal por una Junta Medico laboral; en el caso de tener algún reclamo podrán apelar ante el Tribunal Medico laboral de Revisión Militar, pero acceden a la pensión mensual de invalidez solo si la lesión o lesiones superan el 75% de limitación psicofísica. Este procedimiento médico para otorgar la incapacidad a un miembro de la fuerza pública y propio de su régimen especial, no diferencia entre la condición de víctima por violación al DIH o por actos propios del servicio, sino que trata de compensar a un miembro de la fuerza pública incapacitado por una lesión que va desde el 75% o el 95% de su integridad psicofísica solo en el caso de haber sido herido por su actividad en combate. La gran apuesta normativa radica en generar unas garantías de reparación real cuando existan casos de miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto interno armado colombiano y según la tipificación para tal efecto consignadas en el estatuto de la Corte Penal Internacional o en el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra, en concreto: cuando ha sido tomado como rehén, cuando ha recibido tratos inhumanos y humillantes o cuando han sido ejecutados, en este último caso sus familiares deben recibir algún tipo de indemnización. Esta situación tan compleja desde la perspectiva normativa, impidió que muchos militares fueran desconocidos como victimas bajo la premisa de que sus heridas eran propias de los actos del servicio y por tanto sus pretensiones de indemnización por parte del Estado estaban fuera de lugar. La promulgación de la Ley de Victimas va a cambiar esta situación al incluir como víctimas a miembros de la fuerza pública en el parágrafo 1 del Articulo 3 así: “Parágrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los CÍRCULOS DE LA MEMORIA │ Edición No.3

términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.” (Ley N° 1448, 2011).

S.A. Botero, Reinaldo “Guerra y Derecho, De la Política Criminal a la Criminal política” USC, 2.005

El Gran Paradigma jurisprudencial: Los MilCorte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-456 del itares si pueden ser Victimas 23 de septiembre de 1997. M.P.: Jorge Arango Mejía y El 20 de Octubre de 2.014 el Consejo de Estado profirió la sentencia sent-52001233100019980035201(31250)14 a favor de los familiares del Subteniente del Ejército MAURICIO GEOVANNY HIDALGO BENAVIDES quien murió en la toma guerrillera de las FARC al Cerro de Patascoy, Nariño en el año de 1.997 obligando al Estado a pagar una cuantiosa indemnización. Esta demanda en contra del Estado fue interpuesta ante el Tribunal administrativo de Nariño en primera instancia en el año de 1.998 y fue negada después de 7 años bajo la afirmación de que la muerte del militar obedeció a un riesgo propio del servicio, sin embargo, por apelación ante el Consejo de Estado, el Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentenció a la Nación, específicamente al Ministro de Defensa a realizar una acción de reparación directa a los familiares de este militar muerto. Bibliografía. Abreu y Abreu, J. (Enero – Junio de 2009). La victimología a la luz de los derechos humanos. Bogotá D.C.: Revista Prolegómenos – Derechos y Valores, Vol. XII, No. 23, pp. 99-111. Acosta López, J. (2005). La protección de víctimas indeterminadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Abogado. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias Jurídicas. Asamblea General de las Naciones Unidas (29 de noviembre de 1985). “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”. Resolución 40/34. Bernal Sarmiento, C. (Coordinador). (Mayo de 2009). Representación judicial de las víctimas en Justicia y Paz: Guía Institucional. Bogotá D.C.: Defensoría del Pueblo y Centro Internacional para la Justicia Transicional. Botero, E. (2013). Responsabilidad extracontractual del Estado. Sexta Edición. Bogotá D.C.: Editorial Temis

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Eduardo Cifuentes Muñoz. Referencia: Expediente No. D-1615.

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-575 del 25 de julio de 2006. M.P.: Álvaro Tafur Galvis. Referencia: Expediente No. D-5994. Defensoría Militar. (n.d.). ¿Por qué el militar es víctima? Recuperado de: http://www.defensoriamilitar. org/_pdf/militarvictima.pdf Henao, J. (1998). El Daño. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. En: Gil Márquez Cárdenas, Á. (Enero – Junio, 2011). La victimología como estudio: Redescubrimiento de la víctima para el proceso penal. Bogotá D.C.: Revista Prolegómenos - Derechos y Valores, Vol. XIV, No. 27, pp. 27 – 42. Hoyos, Guillermo “Las Victimas frente a la búsqueda de la verdad la reparación en Colombia”, Javegraf, Bogotá, 2.007 Ignatielff, Michael “El Honor del Guerrero”. Taurus.1.999 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado en Colombia para los Derechos Humanos. “Compilación de Derecho Penal Internacional. El Estatuto de Roma y otros instrumentos de la Corte Penal Internacional”, Bogotá, 2.009