Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA "Futco" posconflicto oportunidad para el desarrollo

Fuerza de Tarea Conjunta Omega Dios y Victoria

POSCONFLICTO Una oportunidad para el desarrollo

Centro de Estudios Históricos del Ejército - Volumen IX

Fuerza de Tarea Conjunta Omega Dios y Victoria

POSCONFLICTO Una oportunidad para el desarrollo

© 2016, Ejército de Colombia © 2016, Editorial Planeta Colombiana S. A. Dirección Mayor General Nicacio de Jesús Martínez Espinel Coordinación Mayor Juan Camilo Mazo Arboleda Capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita Grupo de apoyo P. Edwin Murillo Amaris, s.j Luis Felipe Vega Díaz, Ph.D. Roberto García Alonso, Ph.D Mario Arroyave Quintero, Ph.D Bg (Ra) Fabricio Cabrera Ortiz, Master Valeria Rodríguez Ardila, asistente de investigación Diseño y diagramación Haidy García Rojas - Magdalena Forero Reinoso Revisión de textos Ludwing Cepeda A. Primera edición: junio de 2016 ISBN 13: ISBN 10:

El contenido de los capítulos es responsabilidad de los autores.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin permiso previo del editor.

Fuerza de Tarea Conjunta Omega Dios y Victoria

POSCONFLICTO Una oportunidad para el desarrollo

Centro de Estudios Históricos del Ejército - Volumen IX

“Hemos conocido la amargura de la derrota y la exultación del triunfo, y de tanto que hemos aprendido no puede haber vuelta atrás.

Tenemos que seguir adelante para preservar en paz lo que ganamos en la guerra”.

General Douglas MacArthur

Autores Mayor General Nicacio de Jesús Martínez Espinel. Profesional en Ciencias Militares Escuela Militar de Cadetes “General José María Cordoba”. Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Especialista en Seguridad y Defensa del Centro de Educación Militar. Especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda.

P. Edwin Murillo Amaris. S.j, Doctor en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Luis Felipe Vega Díaz. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Roberto García Alonso. Doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Director de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Mario Arroyave Quintero. Doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Hamburgo, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

El señor Brigadier General de la reserva activa Fabricio Cabrera Ortiz. Profesor de Seguridad y Defensa en América Latina de la Carrera de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

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Mayor Juan Camilo Mazo Arboleda. Abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidato a maestría en Derecho de la misma Universidad.

Capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita. Doctorando de Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana y Director del Centro de Estudios Históricos del Ejército.

Olmer Albeiro Muñoz Sánchez. Doctorando de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y profesor asociado en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Omar Cabrales Salazar. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, y Magister en Educación de la Pontifica Universidad Javeriana. Especialista en Docencia Universitaria y Economista de la UMNG. Docente de planta en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada.

Nhoris Torregrosa, Rodolfo Torregrosa, Andrés Guzmán, Guillermo Carrillo, Gustavo Rojas Páez, Margarita Giraldo, Libardo Orejuela y Óscar Andrés López.

Docentes Investigadores de la Universidad Libre de las seccionales Bogotá y Cali.

Juan Felipe Ramos Copabán. Estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Pontifica Universidad Javeriana.

José Luis Martínez Rojas. Historiador. Estudiante de Máster en Democracia, Derechos Humanos y Globalización, Universidad de Catalunya (España).

Semillero de investigación Posconflicto y Memoria Histórica Militar Pontificia Universidad Javeriana.

Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Coronel de Infantería de Marina Ricardo Humberto Perico Pinto.

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Este documento fue escrito, revisado y coordinado por el grupo de trabajo reseñado, los cuales son autores originales y responsables de los documentos consignados en este volumen para la reflexión y debate del Primer Evento para el Posconflicto en el departamento del Caquetá, bajo la dirección, apoyo y reflexión del señor Mayor General Nicasio de Jesús Martínez Espinel.

Esta publicación se realiza en el marco de trabajo conjunto de la Pontificia Universidad Javeriana y el Ejército Nacional de Colombia –Jefatura Jurídica Integral– con el apoyo del señor Brigadier General Juan Carlos Ramírez para la recomprensión de la Memoria Histórica de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.

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Índice Agradecimientos 13 Presentación 17 Prefacio 19 Prólogo 21 La Fuerza de Tarea Conjunta Omega aporta a la paz y a la sociedad 23 Memoria Histórica Militar. Compromiso, voces y relatos 25 Antecedentes 26 Definiciones conceptuales 27 Conclusiones 35

PRIMERA PARTE. EL AMBIENTE REAL

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1. Omega, más que un fin 39 Antecedentes de la Omega 39 La recuperación 41 Nacimiento de la Omega: la concepción de la necesidad del control territorial en la retaguardia de la FARC 46 Ejes de trabajo institucional, como bases que permiten la gobernabilidad 53 Conclusión 59 Referencias 59 2. Las Fuerzas Militares de Colombia: Adaptabilidad, fuerza y construcción de un futuro posconflicto 63 Adaptación e interpretación de las Fuerzas Militares 64 El Proceso de Paz: Nuevas áreas de enfoque dentro de las políticas y la economía del Estado por parte de las Fuerzas Militares de Colombia en un escenario de posconflicto 66 Conclusiones 68 Referencias 69

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SEGUNDA PARTE. LA DOGMÁTICA EN LA MEMORIA DEL CONFLICTO 1. Horizonte de una contextualización de la memoria histórica militar a propósito de la experiencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega Introducción Una paz positiva desde la memoria En búsqueda de un método Delimitación de tres caracterizaciones de tareas para entender las implicaciones de una investigación en memoria Histórica Fortaleza institucional proveída por la Memoria Referencias 2. Procesos de transformación institucional a partir de la Memoria Histórica: estrategia de construcción de paz Introducción Comprensión teórica de la necesidad del proceso de paz Definición de “posconflicto” Seguridad humana y gestión del riesgo Referencias

71 73 73 77 80 80 82 84

87 87 90 93 95 98

3. Gobernabilidad, desarrollo y posconflicto: gestión del riesgo y ampliación de la comprensión de la seguridad Introducción Posconflicto, seguridad humana y riesgo Seguridad humana y gestión del riesgo en el horizonte del posconflicto Conclusiones Referencias

105 105 108 111 115 117

TERCERA PARTE. UNA MIRADA DEL CONFLICTO

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1. Sociedad civil y relaciones civiles y militares. Pluralidad de memorias, los relatos de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega San Vicente del Caguán: Relatos de paz Relatos de vida: una visión humana de la FUDRA Poniéndole un rostro a las historias de vida y de guerra de los miembros del CEO Referencias

123 125 128 131 134

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2. “Posconflicto”: impacto social y económico. Propuesta de discusión para una mesa temática 135 Tierra y desarrollo 137 Equidad 139 Referencias 143 3. Posconflicto: desarrollo económico y social Referencias

145 153

4. Narcotráfico y desarrollo agrícola. Proyecciones sobre el posconflicto: los efectos de la consolidación del Estado a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO)* en la región de Meta-Guaviare 155 Resumen 156 Introducción 157 Marco referencial 162 Método 163 Referencias 165 5. Víctimas y minas. Minas antipersonal y posacuerdo. Una necesidad humanitaria en prevención y paz para la población civil Resumen Del conflicto armado de carácter no internacional De la confrontación a la negociación para la paz Minas antipersonal y posacuerdo Cuatro vertientes se desprenden de esta proyección sobre el desminado Conclusión Referencias

167 167 168 168 169 170 173 174

6. Salud y seguridad. Memorias del conflicto armado en La Macarena Apostándole a la revolución: la incursión de las guerrillas liberales La necesidad de un lugar: territorio y esperanza Codicia y atesoramiento: coca, terror y guerra Continuaba el horror…

De la soberbia armada a la derrota de su plan estratégico Referencias

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Agradecimientos

Los autores agradecen a todas las instituciones civiles, militares y académicas que apoyaron con medios logísticos, información, personal y tiempo para el desarrollo de esta investigación cualitativa del conflicto. No hubiese sido posible la confección de este texto sin la participación directa de cada una de ellas.

La apertura al diálogo, al debate, a la información y, por sobre todo, a la diferencia, hace que este trabajo sea un producto serio que coadyuve y oriente de manera efectiva en el diseño de políticas públicas locales, regionales y nacionales con el ánimo de materializar una sociedad próspera y en paz.

Ellas son: Comando General de las Fuerzas Militares Comando del Ejército Nacional Departamento Jurídico Integral del Ejército Fuerza de Despliegue Rápido Comando Específico de Oriente Comando Específico del Caguán Oficina del Alto Comisionad para la Paz Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega Gobernación del Caquetá

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Alcaldía de Florencia Personería de Florencia Procuraduría Regional del Caquetá Dirección seccional de Fiscalía Caquetá Defensoría del pueblo seccional Caquetá Cámara de Comercio de Florencia para Caquetá La organización de Estados Iberoamericanos Pontifica Universidad Javeriana Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Libre Universidad Militar Nueva Granada Universidad de la Amazonia “Uniamazonia” Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD Corporación Universitaria Minuto de Dios “Uniminuto”

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A todos aquellos compatriotas que han sufrido los vejámenes de la guerra, y que han encarnado como deber suyo la construcción de un país mejor

Presentación

El Estado colombiano ha contado con unas Fuerzas Militares íntegras y abnegadas por el servicio. Su función a través de la historia ha sido la defensa de los Derechos Humanos, lo cual ha trascendido el discurso político, legal y académico, para materializarlos en la realidad social.

Esta labor incansable por lograr la paz y la protección de los derechos fundamentales de todos los colombianos, ha permitido que nuestra función llegue a todos los corazones, radicando un sentimiento de agradecimiento y respeto por la institución.

Los soldados de tierra, mar y aire son los vigías de los sueños e ilusiones del pueblo colombiano.

No ha habido un solo segundo donde se paralice el aparato militar; su constante funcionamiento está para alcanzar los parámetros de seguridad y tranquilidad impuestos por la sociedad. La evolución y el desarrollo son premisas innegociables de la prosperidad, la mejoría en la calidad de vida es el reto general y la paz es el anhelo constitucional a donde todos deseamos llegar.

No hay nadie que quiera más la paz que el soldado colombiano. El sufrimiento encarnado por los vejámenes de la guerra hace madurar la idea de que la confrontación no es la salida. Que la perdurabilidad del conflicto no trae mejoría y que la reconciliación permite reponer las fracturas de la democracia. No hay otro ideal para las Fuerzas Militares que la integridad territorial, la protección de las libertades individuales y la defensa de la soberanía nacional.

Para ello, es indispensable crear espacio de participación e interacción comunitaria. El debate de las ideas es mejor que la lucha de clases. El exterminio del otro, constituye el exterminio propio. Por eso no son viables prácticas hostiles entre la misma comunidad. De eso se trata la construcción de la memoria del conflicto, recordar

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el pasado, aprender de los errores y materializar nuevas ideas. Es ahí donde nace la imperiosa necesidad de estudiar el problema, extraer categorías de análisis y confrontarlas con los hechos, que por nefastos que sean, ayudarán a construir un país mejor.

Consecuente con lo anterior, el Comando General de las Fuerzas Militares, junto con los Comandos de Fuerza, hacen de la campaña institucional la longevidad infinita del recuerdo y el tributo al sacrificio del soldado. Sin victimizar la función militar, se desea reconocer la labor fundamental de servicio, la entrega por la misión y la fe en la causa. El cambio comienza por otorgar el lugar correspondiente al otro y el lugar del soldado es el corazón de los colombianos.

“Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar”.

General Juan Pablo Rodríguez Barragán Comandante de las Fuerzas Militares

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Prefacio

La sociedad cambia y los retos futuros van de la mano con esos cambios. Es por eso que el diseño de las políticas públicas son variantes conforme las circunstancias que las rodean, estas condicionan las instituciones y las instituciones se adaptan y toman ventaja. Así es como el Ejército Nacional ha tomado ventaja en el conflicto colombiano. Siendo la institución más antigua del Estado, ha tenido cuantas adaptaciones el mismo Estado ha sufrido, perdurando siempre como piedra angular del sistema político, económico y social que se requiera.

Un año antes de que comenzara un nuevo proceso de paz con las FARC, el Ejército de Colombia, que representa el 80% de las Fuerzas Militares, iniciaba un proceso de transformación, vislumbrando los nuevos retos que traería el posacuerdo con las FARC. La mutación del fenómeno criminal, su expansión transfronteriza y los desafíos del desarrollo sostenible en el mundo ameritaban que la fuerza militar terrestre sufriera unos cambios que pudieran generar capacidades suficientes para satisfacer las necesidades de la población civil.

Estos cambios, por innovadores y eficaces que sean, necesitan de la construcción de paz en la sociedad. Lo que requiere una recordación de las memorias del conflicto, reconociendo los errores, verificando los aciertos y garantizando una confección transparente de una realidad. Para el Ejército Nacional, como institución que en mayor medida enfrentó las vicisitudes de la guerra y recibió el dolor de la violencia, es imperante cumplir el deber de la verdad y garantizar que la protección de los derechos fundamentales de los colombianos no van a ser vulnerados en ninguna de sus esferas.

Las capacidades adquiridas en la trasformación del Ejército del futuro, responden a todos los retos del posacuerdo con las guerrillas, sean estas FARC y/o ELN.

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Se ha diseñado la neurocirugía de la Fuerza, que cambia desde la forma de pensar, para que se represente en un correcto actuar. La sociedad colombiana puede tener la plena seguridad de que el Ejército Nacional es la institución más preparada para el posacuerdo, no solo porque se anhela la paz, sino porque tiene la plena convicción de que la evolución de la comunidad necesita cambios estructurales que penden del mismo hombre.

El Ejército durante sus dos siglos de existencia ha buscado la paz de Colombia, y ahora que está más cerca que nunca, no va a desaprovechar la oportunidad para que esta sea una autopista del desarrollo social, que permita construir el país que soñamos, avanzando a otras nuevas esferas del vivir en paz.

General Alberto José Mejía Ferrero Comandante del Ejército Nacional

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Prólogo Lo extenso del conflicto colombiano ha conllevado un deterioro social e institucional.

Desgaste que no solo perjudica la acción gubernamental y administrativa del Estado colombiano en su nivel central, sino que ha impedido la acción eficaz y eficiente de la función pública local y regional, generando desconfianza de la comunidad hacia la institucionalidad, situación que descompone la lógica de la democracia representativa instaurada en el modelo político colombiano.

Sanar las heridas de la guerra, no simplemente es cicatrizarlas y dejar que el tiempo haga del olvido una nueva oportunidad. Sanar es reflexionar, aprender de los errores y a partir de ellos, proponer nuevas ideas que construyan una sociedad con condiciones óptimas de vida. El Estado colombiano tiene un deber con la reconstrucción social, política, jurídica y económica de la sociedad. No porque haya sido causante del conflicto, sino porque en su papel de autoridad suprema, juega como actor del mismo. Excluir al Estado del conflicto es esconder la realidad y resguardarse en una oscuridad que no representa ningún valor confeccionista de un futuro mejor.

No necesariamente es un actor negativo, porque el Estado tiene plena legitimidad en el actuar. Su función era siempre contener toda pretensión negacionista del régimen constitucional y legal. No hacerlo también lo convertía en actor. La falta de acción tiene un disvalor mayor que la misma acción. Su posición de garante no le permite ser permisivo, ni mucho menos negligente.

La obediencia constitucional a la que está sometido, hace que tenga que articular todos sus poderes y representaciones en función de la sociedad. Pero como el Estado es una ficción jurídica y política, necesita de la voluntad y el conocimiento del hombre para materializar su actuar. Esa interferencia humana hace que los errores sean más probables. Errores que se capitalizan en el imaginario social y que esgrimen razones para encuadrar luchas justas contra el sistema político, económico y jurídico que opera en la realidad.

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La representación más antigua del Estado está en el aparato militar. Y es este, generalmente, el que entra a actuar primero en momentos de caos o dificultad social, pues demuestra la madurez y la fuerza de esa ficción jurídica. Tampoco se escapa de la intervención humana, pues el activo más importante que posee es el hombre. Que también comete errores y que, por supuesto, es susceptible de corrección, perdón y mejora. El servidor público militar tiene unas características diferenciadoras de los demás, en él radica la abnegación y la posibilidad de perder su vida por el servicio a la patria. Estas diferencias hacen que su contexto funcional tenga mayor riesgo, y que por tanto, sean sujetos de una mirada desigual por parte de la sociedad.

El contexto transversal al que se refiere su función, es la guerra, y en ella radican circunstancias que, puestas en otra persona, difícilmente podrían actuar diferente.

La guerra, entendida como el exterminio del otro, configura unas condiciones que no dan libertad de acción, que la reacción es casi uniforme, pero el resultado es permeable de variación. Allí radica la importancia de recordar, de conocer y de construir a priori conocimientos previos. La memoria histórica es la herramienta por medio de la cual la sociedad puede sanar las heridas. Que justas o no, sin necesidad de reproche, el individuo tratará de interpretar y satisfacer su verdad. Ese es el comienzo del cambio.

Este texto compila apuntes preparatorios producto de un trabajo de campo realizado por varias universidades, que interesadas en cerrar la brecha de la incertidumbre del posconflicto, quieren a título de propuesta, generar opciones de cambio y desarrollo social. Trabajo de campo que se realizó en el área de responsabilidad operacional de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que comprende 108.000 km2 entre los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.

Con este documento preparatorio se desea generar conocimiento nuevo acerca del conflicto, desarrollado bajo tres máximas: 1) las Fuerzas Militares son las fuerzas de la paz, 2) la paz la construimos todos, mediante un trabajo en equipo y sinergial, y 3) las verdaderas guerras que debemos afrontar son las guerras contra las amenazas que atentan la consolidación del desarrollo armónico y sostenible de la sociedad.

Para ello se pretende proponer teoría, metodología y debate en la confección de insumos para la Comisión de la Verdad. De tal forma que, la participación de la comunidad y el aparato militar en esta actividad se convierta en modelo de evolución de una sociedad preparada para la paz.

Mg. Nicacio de Jesús Martínez Espinel Fuerza de Tarea Conjunta Omega 22

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega aporta a la paz y a la sociedad Mg. Nicacio de Jesús Martínez Espinel1 Grupo de trabajo Memoria Histórica Militar FUTCO

Es importante señalar que gracias a la contundencia de las operaciones militares y los resultados estratégicos logrados por las Fuerzas Militares, principalmente los obtenidos en contra de la retaguardia estratégica de las FARC, del Bloque Oriental y Bloque Sur del SAT-FARC en el área de responsabilidad operacional de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO), contribuyeron las Fuerzas Militares de Colombia de manera decisiva en la búsqueda de una solución política del conflicto armado en Colombia, que sumado al cansancio de la población civil de un conflicto armado longevo y al clamor de muchos actores sociales y políticos generando un escenario político-estratégico en materia de seguridad que avanza paralelamente con las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC en La Habana (Cuba).

Por ello, al interior de este nuevo proceso transicional de paz, se vienen presentando nuevas realidades, especialmente en los temas de seguridad y defensa, lo que obliga a las Fuerzas Armadas a revisar y ajustar continuamente el planeamiento estratégico operacional, para cumplir con sus funciones constitucionales en concordancia con 1. Mayor General del Ejército de Colombia. Actual comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Profesional en Ciencias Militares Escuela Militar de Cadetes “General José María Cordoba”. Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Especialista en Seguridad y Defensa del Centro de Educación Militar. Especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Grupo M.H.M FUTCO My. Juan Camilo Mazo Arboleda. Ct. Jorge Mauricio Cardona Angarita. Valeria Rodríguez Ardila, asistente de investigación. Roberto García Alonso, Ph.D. Luis Felipe Vega Díaz, Ph.D. Bg (Ra) Fabricio Cabrera Ortiz, Master. Mario Arroyave Quintero, Ph.D.

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las reales capacidades operacionales, con apego a las leyes y a la doctrina vigente, en pro del cumplimiento de la misión constitucional y conforme a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Por lo anterior, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en cumplimiento de la misión constitucional y bajo el precepto de ser contribuyente en el diseño y aplicación de las políticas públicas de seguridad, ha de ser fiel al mandato de legal en contribuir de manera clara y trasparente a la Memoria Histórica, que en este caso se llamará Memoria Histórica Militar, en aras de aportar de manera inequívoca elementos y condiciones para que se construya la verdad de los hechos que rodearon el conflicto colombiano.

Es por ello, que en el desarrollo de esta labor se fidelizan los preceptos legales y normativos contenidos en la Ley 1448 del 2011 en su artículo 143, donde recita los deberes de los organismos del Estado al hacer memoria histórica con el fin de aportar a la realización del derecho a la verdad que tienen las víctimas (entendiendo esta como cualquier persona que sufre un daño producto de las infracciones del DIH, el cual no está obligado a soportarlo) y la sociedad en su conjunto. Deberes que son reglamentados en el Decreto 4800 del 2011, que expresamente ordena unos enfoques de restauración de derechos individuales y colectivos, bajo la realización de un diálogo social y verdad (art 7.º D.R.) donde confluya la interacción de la sociedad y los organismos del Estado para una correcta construcción de las premisas de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En esta misma línea, el Comando General de las Fuerzas Militares emana las Directivas No. 083 de 2014 CGFM, 077 del 28 de mayo del 2015, 097 del 02 de julio del 2015, esta última ajustada a la Directiva Permanente 20151110000097 del 21 de septiembre del 2015, donde estima el esfuerzo que deben desarrollar las Fuerzas Militares en la construcción de un contexto y una historia sobre el conflicto, dado que la legitimidad actual de las Fuerzas hace imperante su aporte transparente a esta política de gobierno que no es ajena a la misión superior contenida en la Carta Magna.

En la primera norma, se establecen instrumentos jurídicos de Justicia Transicional en el marco del artículo 22 de la constitución política; en la segunda directiva se crea el Sistema Integral de la Memoria Histórica de las FF.MM., en donde se implementa un Centro de Estudios de Investigación del Conflicto y de la Memoria Histórica Militar, implementando un departamento de Memoria Histórica con la Escuela Superior de Guerra; y la tercera Directiva, materializa una serie de actividades que deben desarrollar las Unidades orgánicas de cada Fuerza para la contribución eficiente de los elementos a la Memoria Histórica Militar. Esta última apoyada por la Directiva 24

0132 de 02 de marzo del 2016 del Comando del Ejército Nacional, otorga los parámetros, las finalidades y las metodologías para la obtención de información que permita contextualizar la legitimidad del actuar de las Fuerzas Militares en el marco de la construcción de la Memoria Histórica. Ninguna de estas directivas es ajena a las responsabilidades de las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, conforme a los esfuerzos de Guerra Armada y No Armada que se ordena en el Plan de Guerra “Espada de Honor IV”.

Igualmente, conforme a las transformaciones organizacionales de las Fuerzas Militares para esta actividad, el Comando Superior ordena legítimamente la realización de actividades descentralizadas que aporten vehementemente al precepto constitucional de la paz.

Es así como se plantea con un enfoque multidisciplinar construir de manera académica y científica versiones que representen el imaginario social, las relaciones de la institución militar y la sociedad civil, las víctimas, el progreso y desarrollo económico de la región, salud y seguridad, y por demás secuelas del narcotráfico para el desarrollo agrícola.

Memoria Histórica Militar. Compromiso, voces y relatos “Las guerras en su curso van siendo alimentadas y sostenidas por nuevos reclamos o nuevas injusticias distintas de aquellas que las hacen germinar, al modo que los ríos llevan ya en su desembocadura muchísimas más hondas que aquellas con que salieron de su fuente”2.

Crear un concepto propio de memoria militar, que se acople a la visión del Estado y permanezca dentro del relato que denominamos “verídico”, y que a su vez permita cumplir con los objetivos y compromisos tanto del Estado, como de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional de Colombia, es posible siempre y cuando se compilen las versiones oficiales del relato mismo y se proceda a registrar los relatos de cada individuo, como pieza única, permitiendo que sea esta la materia prima de la construcción del proceso de memoria histórica militar, y a su vez se pone al lector en el rol de constructor del relato.

2. Citado en Sánchez G. y Aguilera M. (2001, p. 23).

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Antecedentes Memoria histórica en España La Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, es una ley del gobierno Español, aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, partiendo del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros el día 28 de julio de 2006, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y IX Legislaturas) como Presidente del Gobierno.

Estipula el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil de 1936 y la posterior dictadura del general Francisco Franco (de 1939 a 1975). Partiendo de esta ley, se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica en la ciudad de Salamanca, en el que se integrará el actual Archivo General de la Guerra Civil.

Memoria histórica en Argentina En la Argentina, luego de la dictadura militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, el concepto de memoria histórica adquirió un importante papel cultural como parte de las luchas de la población.

Las sistemáticas desapariciones de hijos de miembros opositores, llevó a que el gobierno impulsara una política de “reconstrucción de la memoria” y descubrimiento de la verdad, aludiendo fundamentalmente al destino de los desaparecidos. Las organizaciones de derechos humanos, y en especial las Madres de Plaza de Mayo desempeñaron desde 1977 un papel decisivo en la preservación de la memoria de los desaparecidos cuya identidad fue suprimida.

Memoria histórica en Colombia Después de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) el Gobierno Nacional de Colombia crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la cual incluye dentro del derecho de reparación la preservación de la memoria histórica. Hasta el momento, el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR ha presentado alrededor de 80 informes, dentro de los cuales se encuentran: • La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la mira • Bojayá: La guerra sin límites

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La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia Luchas campesinas y reforma agraria: memorias de un dirigente de la ANUC en la costa caribe

Definiciones conceptuales Definición de Paz para la Memoria Histórica A este respecto, en el concierto de los académicos adscritos a la resolución de conflictos como subdisciplina de la ciencia política, se entiende la paz mucho más allá que la ausencia de guerra; teniendo que ver en forma directa con la superación, reducción o prevención de todo tipo de violencias, tanto físicas, culturas o aquellas concebidas como estructurales; pero adicionalmente, con las capacidades de los sujetos-ciudadanos para transformar los conflictos, de forma que como expresión violenta logren convertirse en oportunidades de encuentro, creación, comunicación y adaptación al intercambio entre múltiples comprensiones de la sociedad y de la vida misma como elemento central de una sociedad democrática.

Hacia una definición del concepto de Memoria Histórica A pesar de que la condición propia de una comprensión de la memoria histórica no es definible como tal por las mismas disciplinas sociales, entre ellas la historia; la discusión sobre su implementación está en el centro de los procesos de debate para una recomprensión de los espacios democráticos contemporáneos. En efecto, si bien la definición se encuentra menos clarificada en las ciencias sociales, el uso de los contenidos de su producción observa tres escenarios de implementación; sociológicos, jurídicos y principalmente políticos. Ricard Vinyes bien lo anota: “Recuperar la memoria histórica” (es) una expresión surgida en aquellos años, y que no era más que una metáfora de esta evocación por el conocimiento, no necesariamente histórico y académico, sino también ansia de un relato o relatos, que permitiera comprender, qué había sucedido, en qué acontecimientos y luchas del pasado se podían identificar los principios democráticos que ahora se institucionalizaban, por qué eran justos, qué les hacía justos, qué cantos, qué himno, qué nombres de hombres y mujeres ejemplificaban la libertad, la justicia social (…) cuáles habían sido los costes (2009, p. 32).

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En el mismo marco de la mirada política, se han decantado los elementos de las definiciones de memoria histórica concentrando la caracterización en el hecho de que la transmisión como sustento de construcción de una memoria que vincula a la sociedad más allá de las víctimas y que trasciende generacionalmente, se produce a partir de huellas o “vehículos de memoria”, sí, pero no como verdad detallada surgida de los mismos, sino como narrativa de carácter general que “da sentido a un periodo”.

En ese sentido, la memoria histórica supone, así, el proceso de ampliación social de interpretaciones sobre acontecimientos que son vividos por personas o grupos de manera más inmediata, a través de mecanismos de reconocimiento, pero el cual ocurre sobre un tipo de relato de carácter esquemático, simplificado y social, más allá de la experiencia singular e individual.

¿Qué es Memoria Histórica Militar? (M.H.M) Es la agregación de las historias de vidas, metas y voluntades, de forma conjunta, de hombres y mujeres que fueron convergidos por un contexto, tiempo y sociedad en particular, que influenciaron en la toma de una decisión personal que bajo circunstancias diferentes, jamás habrían sido una opción. Memoria histórica es en definición un concepto ideológico e historiográfico de desarrollo, que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrarse con su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto (Nora, Pierre, 1993).

Al crear el concepto de Memoria Histórica Militar se pretende dejar un registro físico, de fácil acceso y de pronta comprensión, de las vivencias y comprensiones singulares de los elementos que componen las Fuerzas Militares de Colombia, sin una intervención mayor que la de mediador, con la intención de esclarecer sucesos, aclarar motivos que se esconden detrás de las voces que a la fecha no han sido escuchadas más que por comunicados oficiales, las voces de los miembros de las FF. MM.

Conceptos institucionales3 Historia: es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales.

3. Los siguientes conceptos son tomados de la Directiva Transitoria N. 077 del 28 de mayo del 2015 del CGFM “Lineamientos para la propuesta en marcha de la Directiva Ministerial para la Transición 2015. Anexo “C”, p. 39.

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Memoria: es la “memoria compartida de un acontecimiento, fundada en la ilusión de que el pasado puede ser vertido en el presente”, es decir, la evocación, recuerdo de un suceso o sucesos vividos y definidos como elección del pasado, efectuándose interpretaciones e incluso instrumentalizando el discurso construido a partir de dicho ejercicio.

Memoria histórica: concepto ideológico e historiográfico que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.

Justicia transicional: conjunto de herramientas, instituciones y sistemas judiciales y extrajudiciales que permiten, para el caso nuestro, superar un conflicto armado sin carácter internacional de más de cincuenta años y lograr la reconciliación nacional.

Método La necesidad de producir memoria histórica nace del hecho de buscar la verdad, pero esta verdad surge como un ejercicio subjetivo en el cual se busca brindar a la sociedad colombiana en general, una realidad aproximada de lo que fue el conflicto armado interno desde un punto de vista distinto al del materialismo histórico y a la del revisionismo francés de mayo del 68, ideologías imperantes dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica que buscan, mediante postulados de Martín Heidegger y Hannah Arendt, instaurar en el subconsciente nacional las categorías de perdón y olvido. Categorías que no reflejan la realidad de lo que realmente fue el conflicto armado interno y que concluyó con el debilitamiento estratégico de las FARC, que llevó a esta organización a la convicción de la imposibilidad de acceder al poder por la vía armada, a la idea de haber entrado en una etapa de desgaste irreversible y, en consecuencia, a la convicción de la negociación como única opción viable.

El problema de la narración del pasado surge no solo por la ordenación cronológica de unos hechos, sino en la cuestión de lo que se puede o debe contar. La aceptación de esta premisa solo puede dar lugar a la conclusión de que es el contexto social en cuestión el que decide que es una narración y no es algo más. En este contexto, so pena de convertir la narración del pasado en un mero ejercicio descriptivo, sujeto siempre a la incertidumbre de la interpretación del contexto, la pregunta a responder es, por tanto, ¿qué tipo de significado otorgamos a la narración de aquellos eventos que son producto de la acción humana en el pasado y que llamamos hechos históricos? De este modo, el problema del método ya no radica en encontrar “datas”.

Desde esta perspectiva, los acercamientos contextuales, historiográficos lineales o 29

contextuales se arrojan abiertamente en la medida en que desconocen la transformación de la Historia, en historias con significado cognitivo. De hecho, la propia noción del evento resulta tan ambigua como la misma definición de “la verdad”. Ya no tiene ningún sentido en absoluto hablar de un evento per se, sino solo de eventos bajo descripción. De este modo, el problema de la narración del pasado se convierte en discutir el tipo de protocolos de recogida descriptiva de las vivencias y del significado de los acontecimientos y hechos del pasado por aquellos que lo vivieron de primera mano.

En este orden de ideas, la aplicación del concepto suscita notables discrepancias, especialmente al implicar la fijación de hechos y procesos históricos de interpretación no unívoca, en algún tipo del relato, alternativo a otros, que en casos extremos puede convertirse en una verdad oficial o en una verdad “políticamente correcta”, “oficial” o “pensamiento único”. Para evitar dicha problemática frente a la aplicabilidad del concepto, se utilizó y utilizará un modelo de “microrrelatos” clasificados en torno a “hitos” históricos relevantes; mediante este, se mantiene la veracidad de cada anécdota sin presentarse mayores alteraciones en el producto, y se mantiene un formato de fácil consulta, que permita la utilización real del material y un riguroso sometimiento a procesos de corroboración y confrontación.

Acorde con esta línea de trabajo, la presente propuesta privilegia los enfoques cualitativos y etnográficos para garantizar la recuperación, como se ha dicho anteriormente –inicialmente se recopiló la versión de los comandantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la interacción de los líderes políticos, ahora se propone una nueva construcción en su segunda versión de los mandos medios, la experiencia de los soldados y la percepción de la comunidad−, de las voces de los participantes, sus propias historias que no se encuentran en documentos físicos y que deben establecer la otra cara de la memoria de las Fuerzas Militares −en este caso, de la Fuerza de Tarea Conjunta por antonomasia−, sobre el conflicto, es decir, la otra mitad de la historia.

Los estudios etnográficos permiten al investigador sumergirse dentro de la cotidianidad de una comunidad, o institución, con el fin de observar el comportamiento de los individuos sin alterarlo. Es por esto que el objetivo del investigador –durante el estudio etnográfico– es buscar e indagar todo tipo de información que se pueda obtener, para de esta forma adquirir diferentes aspectos, vivencias y realidades del grupo de individuos al cual se estudia (Grajales, T., 1996).

En vista de lo anterior, como se ha venido desarrollando, la metodología se puede concentrar en tres focos claves (criterios) en los que el trabajo de Memoria Histórica se centra, estos son: a) el papel del lenguaje, b) mecanismos formales e informales en la relación de los individuos entre ellos, y c) percepción de sentimientos hacia la 30

Institución. Esto con el fin de ser una herramienta útil durante el proceso de desarrollo de la Memoria Histórica Militar, al brindar perspectivas de la experiencia y visiones del diario vivir de los militares.

Estas tres subcategorías desarrollarán la categoría jurídico-política-militar de la M.H.M, sin abandonar en ningún momento la mirada legal e insularmente ilegal de las actuaciones militares en el conflicto.

Lo que se busca es construir memoria como un acto político y una práctica social, constituyéndose en un eslabón fundamental para esta actividad liderada por el Comando General de las Fuerzas Militares y el Comando del Ejército Nacional. La memoria es un campo en tensión donde se construyen y refuerzan o retan y transforman jerarquías, desigualdades y exclusiones sociales. También es una esfera donde se tejen legitimidades, amistades y enemistades políticas y sociales.

Las versiones oficiales e individuales del Ejército Nacional necesitan ser controvertidas y debatidas por la futura Comisión de la Verdad. En este sentido, se deben construir los insumos para esta Comisión, desde una perspectiva interdisciplinar basada en testimonios orales confrontados con documentos escritos, que combinen y concilien las perspectivas de las ciencias jurídicas, políticas, militares y sociales, diferentes a las presentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica y sus fuentes primarias4.

En este sentido la propuesta metodológica sería la siguiente: La creación de categorías académicas: en donde se sustituyen las categorías de perdón y olvido, como la de la Polemología, en donde la incertidumbre de la guerra produce efectos ante las causas.

La reconstrucción del pasado: en donde se identifique el qué y por qué sucedieron determinados eventos y por qué fueron vividos, de manera “sincrónica” utilizando los hitos que marcaron el cambio en la estructura de las Fuerzas Militares, por ejemplo: Plan Colombia, Reestructuración del Ejército, Discurso del Teatro Patria, Estatuto de Seguridad.

Una evaluación del impacto de la violencia frente al contexto y la situación de la comunidad en el momento de los eventos, los cambios y los daños resultantes de las acciones violentas y su impacto sobre la vida de la gente y de la comunidad. El 4. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), el Centro de estudios de la Realidad Colombiana (Cerec) y otras fuentes internacionales como Freedom in the World 2014, National Material Capabilities (NMC) v 4.0, el Relative Political Performance Dataset (RPC) v 2.1 y el Uppsala Conflict Data Program.

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desplazamiento de la población, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la debilidad institucional, reclutamiento ilícito de menores, boleteo, asesinatos selectivos, masacres, violaciones, minas antipersonales, ataques a bienes civiles, ataques contra bienes públicos, el fenómeno paramilitar, las armas y las urnas en relación con el sistema político y localista, la inequidad y cuestión agraria y la dinámica bélica que retroalimenta la guerra agravando el desarrollo y las condiciones socio-económicas de la población, normalizando dinámicas delictivas, que en otro contexto, no se generarían.

Ventajas La principal ventaja del método estipulado anteriormente es que no es la institución la que crea el relato, el relato es creado por aquellos que lo vivieron de primera mano. La institución crea las herramientas para poder archivar y categorizar dichos relatos, y es el mismo lector quien decide cómo configura su versión, partiendo de las herramientas que da la M.H.M. como método de agregación de singularidades, el cual permite que el relato se pueda asumir como un conjunto de verdades, y no como una “verdad impuesta a nivel de institución”.

Este método permite una autoproducción única en su estilo, ya que el material aumenta a medida que el proyecto se expande, aumentando de forma directa su solidez y calidad. Por otro lado, el costo de producción es relativamente bajo en comparación con procesos similares y con modelos diferentes. Permitiendo de una estructuración de líneas de trabajo más organizadas, dividiendo claramente cada proyecto en metas y/o cuotas a cumplir, contemplando el aporte académico. Esto permite la producción continua, la entrega de un producto de calidad y la intervención de personal debidamente capacitado e instruido para la realización de este proyecto. Es así como tanto el producto como el método se conciben como elementos a fines con los objetivos del Ejército a nivel institucional, permitiendo reiterar el buen nombre y buena voluntad del ejercicio de la institución.

Alcance de la Memoria Histórica Militar La realización de esto se encuentra con dos importantes retos para la reconstrucción de una memoria histórica institucional con una participación directa del Estado y de las Fuerzas Armadas. El primero, ligado a la aceptación de que se tiene un conflicto con la participación de un actor institucionalizado, respaldado y partícipe del Estado, y otro no institucionalizado que tiende a institucionalizarse al margen de la legalidad y legitimidad del Estado en el proceso dadas las particularidades territoriales 32

y sociales del conflicto armado colombiano. Esto es un reto para la construcción de memoria histórica dado que si el Estado, a través de sus instituciones, no logra la capacidad de incluirse como el constructor de dicha memoria, corre el riesgo de perder legitimidad y autonomía dentro de su capacidad de gobernar. Y el segundo, referente a que no se puede pensar a las Fuerzas Armadas –entiéndase en este caso Fuerzas Militares− como un actor externo al estatal en donde haya una separación entre estos dos. Las Fuerzas Armadas son un aparato institucional inmerso en el estatal y deben ser pensadas dentro de la legitimidad y campo del Estado como un todo.

Por tanto, según lo anteriormente desarrollado, la manera de concebir la memoria histórica debe estar ligada a una propuesta institucional que abarque lo colectivo y proponga la participación directa del Estado, a través de las diferentes instituciones públicas, nacionales, regionales y locales, a través de las Fuerzas Armadas y de la propia sociedad civil, como actores que viven y hacen parte del conflicto.

La construcción de memoria histórica debe ser pensada con un doble objetivo, primero que sirva para sanar heridas y re-educar a una Colombia que tiende a olvidar su pasado, segundo que mire necesariamente hacia el futuro de una Colombia sin conflicto, de manera colectiva en donde no prime el señalamiento y la culpabilidad, sino en donde no se permita un Estado como actor que ‘desmemorialice’ los hechos del conflicto colombiano y no se excluya a nadie del proceso. En cualquier caso, debe ser institucionalizada igualando al Estado con la sociedad civil (tanto directamente afectada como no), para el éxito de procesos duraderos de paz que primen la revisión del aparato estatal, su vinculación en el conflicto y la consumación de una rendición de cuentas por parte de este.

La propuesta Por eso la Fuerza de Tarea Conjunta Omega propone implementar mecanismos académicos e investigativos que contribuyan a la construcción colectiva de la memoria del conflicto, basándose en las metodologías propias de la investigación cualitativa, que exalte las cualidades de las personas y que extraiga categorías de análisis contundentes para explicar y conocer fenómenos ocultos del conflicto. Las conferencias de consenso, las encuestas deliberativas y la cartografía social, son algunas de las metodologías a emplear, planteadas e ideadas desde el ámbito académico y político.

Las conferencias de consenso como modelo se basan en el establecimiento de un conjunto de reglas encaminadas a garantizar el diálogo informado y abierto entre 33

expertos y legos para llegar a conclusiones en conjunto. Es un método para la evaluación de temas de interés político y social que se basan en la discusión entre expertos y ciudadanos. Los expertos deben representar diferentes disciplinas y puntos de vista, mientras que el panel de ciudadanos debe componerse de personas legas, es decir, sin conocimientos sobre el tema en discusión ni un interés especial en él. Al final de la conferencia los ciudadanos expresan sus opiniones y recomendaciones en un informe consensuado dirigido a las autoridades que formulan las políticas y toman las decisiones y al público en general.

Por su parte, en comparación con una encuesta tradicional, la encuesta deliberativa conlleva retos adicionales desde el punto de vista organizativo y logístico. A la lógica de medición cuantitativa de las opiniones y actitudes de la población, característica de cualquier tipo de encuesta, se le añade una lógica informativa ya que entre los objetivos que se persiguen con esta técnica está el de aportar información detallada a los participantes en el foro sobre el tema objeto de estudio. En este sentido, la información a los entrevistados (y potenciales participantes) empieza poco después de que expresen su voluntad de participar en el foro, pero la selección de la información, la preparación y edición de los documentos pertinentes, empieza mucho antes, casi en el mismo momento en el que se concibe la encuesta deliberativa y corre paralela a la encuesta inicial.

La cartografía social es aquella herramienta de obtención de datos, que sirve para la planificación y transformación social, mediante el trazado del territorio, representación artística y el estudio de mapas. Esta herramienta se materializa en la participación activa de la investigación por parte del panel de ciudadanos.

El objetivo en los tres casos es ayudar a franquear la brecha que suele existir entre el público, los expertos y los políticos.

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Para conseguir este objetivo institucional basado en las líneas estratégicas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se ha dispuesto el cumplimiento de cuatro elementos, así: 1) las tareas previas como todas aquellas actividades que se necesitan antes de la apertura de la discusión, en ella se verifica los elementos, documentos, datos y hechos a narrar. 2) Las temáticas objeto de estudio, que deben ser seleccionadas dado el ambiente operacional que se vivió y se vive en la jurisdicción. Estas recopilan subtemas de interés para la construcción de la memoria histórica militar, representando fenómenos delincuenciales, hechos notorios, prácticas sociales, actuaciones institucionales y necesidades comunitarias. Que para el caso específico de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se determinó que la sociedad civil y relaciones civiles-militares, la salud y la seguridad, las víctimas y minas, el narcotráfico y desarrollo agrícola, y el posconflicto como desarrollo económico y social, fueron las temáticas que conglomeraron esos imaginarios colectivos e individuales para la construcción de la memoria. 3) La estructura de la participación, donde debe de existir una herramienta que facilite la interacción entre la institución, la política y la comunidad. Para ello, se habla de una parte general, que consta de una información metodológica y propositiva, donde se exponen los temas de estudio, los ponentes y las dinámicas de participación. Una particular que se encierra en la construcción de aportes de la ciudadanía y, por ende, del debate temático. Por último, la conclusiva, que trata de exponer las posiciones y los análisis de las categorías.

4) La confección de los documentos, que consiste en la consolidación de la propuesta.

Conclusiones En síntesis, se pretende establecer una secuencia de requerimientos o necesidades, que tomados en cuenta en el diseño de procesos de memoria histórica institucional de las Fuerzas Militares, establecen condiciones de garantía de respeto, promoción y difusión de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; así como la no repetición de acciones que vulneran los Derechos Fundamentales de la población civil y que contribuyen al avance en la transformación institucional para los cambios sociales de una comunidad en paz.

Las Fuerzas Militares no son una institución aislada a esta construcción, y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega ha hecho y planea una serie de actividades, junto con la academia, que alineadas a las políticas institucionales sobre el tema, desean contribuir eficazmente a la construcción de la verdad del conflicto, como compromiso legal y social en el actual proceso de paz.

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primera parte

EL AMBIENTE REAL

1. Omega, más que un fin Juan Camilo Mazo Arboleda5

Antecedentes de la Omega El Comando General de las Fuerzas Militares en el año 2002 se enfrentaba a un reto nacional, dado que debía recuperar la zona de distención6, aquel terreno que había cedido a las FARC para adelantar los diálogos de paz de un conflicto de 40 años. Era el nuevo milenio y el mundo esperaba respuestas lógicas y coherentes para construir paz. Un año atrás había pasado el ataque terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York. La palabra terrorismo pasaba de ser una simple descripción literaria punitiva, a una realidad social.

La Asamblea General de las Naciones Unidas recorría los primeros pasos para materializar los objetivos propuestos para el milenio. Para su evaluación, realización y conversión se esperaban 15 años de plazo. Colombia no era ajeno a tal reto. Sin embargo, mientras esos objetivos eran 8, para este país quizá pasaba de la docena.

5. Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdoba”. Especialista en la Administración de los recursos militares para la Defensa y Seguridad Nacional. Gerente de Seguridad y Analista sociopolítico de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo Charry Solano”. Abogado de la Pontificia Universidad Bolivariana, Especialista en Derecho Administrativo y candidato a magister en Derecho de la misma Universidad. Oficial de Caballería del Ejército de Colombia.

6. La zona de distensión fue un escenario donde se llevó a cabo el proceso de negociación del Caguán, como se conoce en popularmente. Se desarrolló desde 1998 hasta 2002, teniendo como principal escenario una zona de despeje comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con una dimensión de 47.000 kilómetros cuadrados. Inició a partir de un encuentro que sostuvo el recién elegido presidente de la república, Andrés Pastrana Arango con el máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, en donde manifestaron sus intenciones de iniciar diálogos para lograr una salida negociada al conflicto armado en Colombia (Centro de Memoria, 2014).

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Siempre se ha soñado con la paz, como aquel estado de tranquilidad, calma y prosperidad que todos los ciudadanos esperan tener en su vida cotidiana.

Una sociedad que no ha roto su sistema democrático y que ha delegado en esta teoría política su mejor forma de gobernar y ser gobernado, ha aceptado que un presidente elegido por 4 años entregue 42.000 km2 de su territorio a un grupo alzado en armas que busca un cambio sustancial del Estado mismo. Decisión que no habrá sido fácil y que obedeció a una propuesta de campaña presidencial que ilusionó al pueblo colombiano con la paz. Ese derecho fundamental que poco se puede tutelar en los estrados judiciales.

Para el año 2002, después de un nuevo acto terrorista de las FARC, el presidente de la República ordena terminar la zona de distención, eso se sumaba a una serie de desplantes, imprudencias y acciones delincuenciales que venían ocurriendo en el país. Al mantenerse la zona de distención, el país no paraba de soñar con la paz.

Parecía que había dos territorios del Estado. La integridad territorial como mandato constitucional del 1991, no existía. Las FARC poseían una gran porción de tierra, de la misma proporción que muchos países europeos. Esas acciones contrarias a la paz, no eran solo hostiles al Gobierno, era una traición a la sociedad por parte de las FARC. Para garantizar la gobernabilidad y el cumplimiento los fines del Estado7 contenidos en el mayor acuerdo político de nuestra sociedad, se ameritaba tomar decisiones difíciles. Ese segundo artículo se edifica cada día como un reto. Se configuraba como la política de Estado más limpia y aceptada por todos los colombianos. El artículo segundo de la Carta Política reúne por sí solo el mandato más importante de la función pública, que aunado a los derechos fundamentales de este Estado, y por demás, al artículo 228, hace que la argumentación política y jurídica de la zona de distención se más viable, que reprochada.

Los colombianos en general quizá no conocían muchos detalles de la situación y en el lenguaje común de la sociedad había más reproches que apoyos. Pero la razón del reproche era el desconocimiento de esas decisiones, que solo le correspondían al alto 7. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (El Pueblo de Colombia, 1991).

8. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (El Pueblo de Colombia, 1991).

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Gobierno, pero le dolían al resto del país. No importaba, el fin era loable, la búsqueda de la paz no podía tener protocolos cerrados, ni actuaciones únicas. Allí cabría cualquier medio. La flexibilidad y la iniciativa eran la forma. La ilusión de paz era el fin.

La recuperación Comienza una nueva fase del conflicto armado en Colombia. La Fuerzas Militares, fieles al mandato constitucional, inician con la operación militar Tierra de Honor9, que es aquella acción militar donde se pretende recuperar la zona de distención. El nombre puesto por el señor General Alfredo Mora Rangel, Comandante del Ejército para el momento, era más que apropiado. Obedecía no solo al tributo que se debía rendir al territorio nacional, integrado como la Constitución lo manda, sino también a que esa porción de territorio, muy significativa para el país, representaba el honor arrebatado al pueblo colombiano.

Tierra de Honor se ejecutó y logró retomar los puntos más significativos de la zona de distención. Lo primero fue ocupar las instalaciones militares que habían sido abandonadas por la decisión de despeje militar. Como también, la llegada a los cascos urbanos más significativos. Eso representaba presencia del Estado en una zona donde el Estado era otro al que estaba instaurado democráticamente. El Estado colombiano, aquel que se erige como república unitaria, descentralizada y centralizada políticamente no existía para esa zona. Allí se desconocía por completo la administración y gobernabilidad nacional, quizá no por una insurrección general, sino porque materialmente los pobladores de esa zona no veían a ese aparato poderoso y fiel a las necesidades de vida de la sociedad. La solución de los problemas individuales y colectivos de la sociedad los solucionaban los mismos interesados. En algunos casos, interfería un tercero, que seguramente pertenecía a las FARC. Como lo relata un morador del caso urbano10 de la Macarena-Meta “se aplicaba disciplina” (Pontificia 9. La operación consistió en realizar la ocupación de la zona de distensión, mediante la combinación de maniobras por líneas convergentes y líneas interiores para asegurar áreas críticas rurales y progresivamente los cascos urbanos (Cardona Angarita , 2014). Fue realizada entre los días 20 de febrero al 01 de junio del 2002.

10. En mayo del 2016 se realizó trabajo de campo con el Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, en el marco del seminario de Conflicto, Democracia y Desarrollo. El cual se realizaron unos conversatorios con las autoridades civiles, grupos focales con las FF.MM. y unos conversatorios informales con pobladores de la Macarena. Uno de estos pobladores manifestó que cuando las FARC estaban en el pueblo durante la zona de distención, la disciplina social era bastante. Para el escritor de este artículo la disciplina se ha de entender como un conjunto de parámetros, reglas o protocolos para mantener el orden. En este caso, los protocolos pudieron ser ilegales.

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Universidad Javeriana, 2016), disciplina fatal. Porque el no cumplimiento de las disposiciones de las FARC llevarían a la muerte por parte del ciudadano infractor.

El rugir de los fusiles, la voz de la amenaza y el pregón de otro sistema político eran las herramientas más eficaces de solución de conflictos.

Para el resto de país y para la mirada de muchos analistas, el único conflicto que había en Colombia era el conflicto armado colombiano. Todas aquellas acciones que contraponían pretensiones diversas de los ciudadanos y que alteraban el orden público en el país, tenían que ser atribuidas al uso de las armas. Se ocultaban de los análisis los conflictos sociales, culturales, de salud y educativos que persisten en Colombia.

Estos fueron atribuidos como la única consecuencia del conflicto armado, y por ende se constituían en argumentos fuertes para generar más violencia, revolución y más adeptos a una causa insurgente.

A la par de recuperar la zona de despeje militar, las FARC demostraban en todo el país su actuar delictivo. Eran pocas las zonas donde ellos no estaban. Pero el país conoció su poderío militar, no solo por los nefastos hechos contra los ciudadanos de a pie, sino también porque en su afán de mostrar su poder, se logró detectar su estructura, sus mandos, su ubicación, su cantidad y su fuerza. En todo no fue malo la zona de distención. Las Fuerzas Militares como herramienta legítima del Estado, descubrieron secretos de su enemigo más grande.

A raíz de ello, a las intenciones estratégicas de las FARC se les quitó el velo, demostrando que su pretensión en la toma de poder no paraba, no tenía plazo, pero tampoco no tenía límites en el actuar. El terrorismo se convirtió en su herramienta.

La estrategia de las FARC representaba con mayor ahínco la guerra popular prolongada11. Teorías maoístas y marxistas que colombianizadas eran una fórmula dañina para la democracia. La malicia indígena que caracteriza al pueblo colombiano de 11. Es la estrategia de guerra empleada por Mao Tsé-Tung. Donde plantea una guerra de resistencia y desgaste al poderío estratégico del Japón. Su mejor exposición sobre el tema la dio en el Ciclo de conferencias dictadas en Yenán del 26 de mayo al 3 de junio de 1939 en la Asociación para el Estudio de la Guerra de Resistencia con el Japón. En este ciclo definió las tres etapas de la guerra así: “Dado que la guerra chino-japonesa será una guerra prolongada y que la victoria final pertenecerá a China, se puede suponer con razón que en su desarrollo concreto esta guerra pasará por tres etapas. La primera es el período de ofensiva estratégica del enemigo y defensiva estratégica nuestra. La segunda será el período de consolidación estratégica del enemigo y preparación nuestra para la contraofensiva. La tercera, el de contraofensiva estratégica nuestra y retirada estratégica del enemigo. Es imposible predecir lo que ocurrirá concretamente en las tres etapas, pero a la luz de las condiciones actuales, se pueden señalar ciertas tendencias fundamentales del desarrollo de la guerra. El desarrollo de la realidad objetiva será extraordinariamente rico, variado y sinuoso, y nadie puede hacer un ‘horóscopo’ de la guerra chino-japonesa; no obstante, para la dirección estratégica de la guerra, es necesario trazar un esquema de su desarrollo. Aunque nuestro esquema no puede coincidir exactamente con los futuros acontecimientos y ha de ser corregido por ellos, sigue siendo necesario trazarlo, con el objeto de dar a la guerra prolongada una dirección estratégica firme y bien definida” (Tsé-Tung, 1939).

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otro, dejó de ser algo positivo y se convirtió para los integrantes de las FARC en su técnica más frecuente.

Las acciones de las FARC tocaban la capital de la República. Estallaba en el Club el Nogal12 una bomba, que fuera de asesinar a miles de inocentes, marcaba la diferencia en las víctimas del conflicto armado. Ese hecho hizo que los ciudadanos de las grandes urbes de Colombia rogaran protección. El conflicto se urbanizó, y dejó de ser un conflicto rural donde a pocos les tocaba, y si les tocaba, nadie se daba cuenta. Mutó a un conflicto perceptivo para la mayor población de Colombia. El temor se volvió un denominador común. El exilio, una solución para quienes tenían esa posibilidad, pero la migración al exterior se volvió la constante. Nadie quería estar para vivirlo.

Para aumentar el temor, la ciudad se volvió cárcel. La poca libertad de locomoción que existe como derecho fundamental, estaba limitada. La menor huida de la ciudad representaba un peligro para la persona. Nadie quería salir, solo el aire era la ruta segura para viajar. Cerraban las vías nacionales y las regionales no había necesidad de hacerlo, el vacío era suficiente para no tomar esa medida.

El desarrollo rural quedó limitado a la incertidumbre, el valor de la tierra se disminuyó. Lo que antes se compraba con millones, en ese entonces se compraba con miles. Miles que ni siquiera había posibilidad de tenerlos. La economía estaba mal, y la posibilidad de mejoría era una ilusión. La inversión era una suerte, el desarrollo un riesgo y la sociedad parecía en caos. Sin embrago, teníamos reconocimiento internacional, las FARC habían sido incluidas en la lista de terroristas y para Colombia había un plan diseñado por América del Norte, el Plan Colombia13. Que el mundo tuviera temor al terrorismo y que la lucha contra este fuese universal fue un empujón para este país.

Colombia no pasaba desapercibida. Después de tener el narcotraficante más buscado del mundo al inicio de los años 90, teníamos el conflicto armado más viejo del mundo y por ende unas guerrillas terroristas que se enlistaban en blancos de lucha mundial. Además de ello, el narcotráfico no desapareció. Antes creció como una de las fuentes de financiamiento de la guerra armada. Las FARC se convirtieron en un cartel de narcotráfico. Los campesinos fueron seducidos por los cultivos ilícitos.

12. El diario El Tiempo nombra este ataque como el peor ataque terrorista de las FARC (El Tiempo, 2013). No siendo el único que ha hecho las FARC, para el autor de artículo, este es el más conocido y que le pone un punto de quiebre a la lucha contra el terrorismo en Colombia.

13. El Gobierno de Colombia desarrolló el “Plan Colombia” como una estrategia integrada para enfrentar los mayores desafíos por los que hoy atraviesa Colombia: promover el proceso de paz, combatir la industria de los narcóticos, revivir la economía y fortalecer los pilares democráticos de la sociedad colombiana. El “Plan Colombia” es un programa de US$7.500 millones (Embajada de los Estados Unidos de América, 2000).

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Seducción inducida por las armas, el temor y la desolación. Las tierras fueron abandonadas, los productos agrícolas remplazados y las casas de campo despejadas. Aquellos campesinos o agricultores que tuvieron la valentía de quedarse en sus tierras sufrieron angustias inusitadas. Unos murieron por no aceptar las nuevas reglas del juego, otros se transformaron en unos delincuentes obligados y la mayoría se camuflaron en el temor de morir y de delinquir, para lo cual dejaron al azar su vida al cultivar.

La zona de distención territorial ya no era por orden presidencial, la ausencia del Estado, la poca gobernabilidad democrática y la presencia permanente de grupos armados ilegales dieron lugar a ello. Las casas de los campesinos eran cambuches14 de guerra, las grandes fincas se habían convertido en fuertes, los cerros en puestos de observación, los cultivos en rastrojos, el ganado en animales salvajes y las gallinas en aves silvestres. La domesticación desapareció del campo. Era común encontrase con casas de tablas, ladrillos y bareque totalmente amobladas, en una soledad frustrante.

Los animales domésticos no parecían tal. No eran rabiosos por su debilidad, les hacía falta la mano, el amor y el uso del hombre.

Las tierras fueron vulneradas con la cultura mafiosa, en ello se convirtió una nueva forma de vida. Reprochable para el mundo, pero precisa para el momento. La agricultura tradicional era cuestión de pocos. El abastecimiento de la canasta familiar se hacía por medio de tratados de libre comercio.

Ese ambiente era el que se vivía en el país. La región que se escapaba a tal descripción era una excepción, que poco recuerda la memoria del hombre contemporáneo.

Esa situación representaba una gran amenaza para las capitales, en especial para la capital del país. Ella estaba rodeada y cercada por varios frentes guerrilleros. La cordillera Oriental era su posición, la sabana su objetivo y la plaza pública su campo de acción. Los poderes del Estado estaban acorralados en la ciudad. La gobernabilidad era difícil. Pero la democracia seguía en pie.

En ese entonces marcaba el año 2003, en su media marcha se preparaban las unidades militares para realizar otra gran operación. La anterior pretendía recuperar el honor, o más bien, integrar la tierra de honor colombiana. Esta pretendía dar la libertad. Por ello, el nombre sería: Operación Libertad15. Coincidencia que los nombres 14. El término cambuche es usado en la jerga de los militares como el lugar para dormir. Se hace con los elementos tácticos que portan de manera personal para descansar. Pero también se le dice así, a los lugares que se encontraban en desarrollo de operaciones militares donde los guerrilleros dormían, los cuales eran construidos con elementos naturales como: hojas secas, casas abandonadas, cuevas o huecos en el mismo campo.

15. Operación realizada por tropas de la Quinta División contra las cuadrillas 22, 51, 52, 53 y 55 de las FARC. Entre el 01 de junio al 31 de diciembre de 2003. El fin era neutralizar el Plan Estratégico de las FARC que intentaba tomarse a Bogotá, D.C. (Cardona Angarita, 2014, p. 108).

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de las operaciones sean ajustados a la realidad. Los nombres son impuestos por los comandantes de cada operación a mera liberalidad, ninguno es pensado consecuentemente con el otro, solo es un código de representación e identidad que mejora el control y el actuar de los hombres.

Porque el nombre de la operación lleve consigo un nombre fuerte, o uno débil, no hace más bélica una acción militar. El nombre de una operación militar es como el nombre de una persona. La persona del común no escoge cómo llamarse, se lo impone la voluntad de sus padres, que pende de muchas sensaciones, circunstancias, recuerdos o semejanzas que quieren representar, pero no es el nombre a quien representan, es a sí mismo que lo hacen. Los padres de las operaciones son los comandantes militares, por ello su gestión se enaltece cuando el éxito es una constante, pero se critica cuando fracasa. Es así como se entiende la responsabilidad operacional del comandante. Los padres son responsables hasta cierto punto de la vida de sus hijos, no de lo que hacen en su mayoría de edad. Los comandantes guían las operaciones hasta cierto nivel, después de allí traslapa la responsabilidad al comandante del siguiente nivel, así sucesivamente hasta llegar al cumplimiento de la misión. La misión del comandante operacional es más amplia que la misión del comandante táctico.

Pero lo táctico y lo operacional hace de su combinación el resultado general para la sociedad, que es la seguridad.

La Operación Libertad fue diseñada para liberar a Bogotá de las estructuras de las FARC que la cercaban, y por demás, de las pretensiones insurgentes que la acosaban.

Cuando la capital de un país cae, el país declina ante las pretensiones del vencedor.

No es por más recordar cómo el Bogotazo16 hace de un suceso capitalino un conflicto interno nacional. He ahí la importancia de la Operación Libertad. La no decadencia de la capital a manos de unos insurrectos, incluidos en la lista de terroristas internacionales y, por ende, inmiscuidos en el negocio de la droga ilícita. En ese momento era la prioridad en la política de seguridad.

Se recupera la cordillera Oriental, se despeja el cerco de la capital. Las estructuras de las FARC se repliegan hacia oriente del país. Ubicándose de nuevo en la antigua zona de distensión. Con la diferencia que su repliegue estaba condicionado a la presencia de las Fuerzas Militares, producto de la operación Tierra de Honor. Es espacio más complejo para ellos, se vuelve un verdadero campo de batalla. Se pelea por el 16. Es el evento que desencadenó la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el día 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá.

Ese episodio dio inicio a unas revueltas sociales y protestas, pero también se replicó a otras ciudades del país. Desde ahí se determina como el inicio de la violencia en Colombia, que fue marcada por el bipartidismo y después mutó a la guerra de guerrillas que hoy presenta el país.

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honor y la libertad del pueblo colombiano. De nuevo los nombres de las operaciones identifican la realidad. Coincidencia o no, es un sentir nacional. La libertad lo merece, el honor lo apetece y la democracia lo demanda.

Nacimiento de la Omega: la concepción de la necesidad del control territorial en la retaguardia de la FARC En octubre de 2003, en pleno curso de la Operación Libertad, se ve la necesidad de hacer frente contundente a la retaguardia estratégica de la FARC. Se denomina así, por la importancia que representa ese territorio a ese grupo armado ilegal, que hace de la selva y la lejanía territorial su gran fortín para el resguardo del accionar militar. Que se llame retaguardia no es en vano, el orden abierto de las guerras asimétricas17 hacen ver que la retaguardia de una fuerza insurgente es la mejor estrategia de desgaste a un Estado legítimo y contenedor de pretensiones subversivas del orden constitucional.

La retaguardia para las FARC representaba un lugar donde la reorganización, el descanso, la dirección, el entrenamiento, el reclutamiento y el conocimiento del territorio fueran posibles. Ellos conocían el territorio por su presencia durante 38 meses en la zona de distención. Además la topografía, las condiciones políticas, sociales y ambientales hacían del lugar más que un fortín, un caldo de cultivo para ampliar su estructura. En ese entonces, los efectivos de las FARC llegaban a un estimado de 20.000 hombres18, sin tener en cuenta las milicias que acrecentaban y eran parte fundamental para la existencia del grupo armado.

17. “Las guerras asimétricas comprende todas las acciones de la naturaleza militar, política, sicológica, económica, jurídica, religiosa, ideológica, que desarrollan los habitantes de un país, o personal foráneo para eliminar o debilitar la autoridad de un gobierno local o la de una fuerza de ocupación, empleando personal agrupaciones, medios, procedimientos, tácticas, técnicas, y estrategias y no convecionales, que generan iniciativa y sorpresa sobre el enemigo, en los puntos más sensibles y vulnerables, con fines específicos legales o ilegales”. Los conflictos asimétricos no se dan única y exclusivamente por desigualdad de poder, sino por la adopción de combates no convencionales y con diferencias en su modelo estratégico, empleando métodos alejados de los principios de la guerra y especialmente por el empleo de armas de destrucción masiva a los cuales es imposible reaccionar a través de los medios convencionales (Cortes Franco, 2008).

18. Cifra dada conforme el conteo de las FARC, que es un ejercicio que hace la inteligencia conjunta de las FF.MM. Todos los años, donde reúnen la mayor cantidad de agencias de inteligencia del Estado colombiano, que puedan aportar datos reales de los grupos armados organizados ilegales. Si bien es cierto este ejercicio es de carácter secreto, los resultados son generalmente expuestos públicamente en los medios de comunicación. Es el caso de http:// www.noticiasrcn.com/especialesrcn/conteo-hombres-farc/ que un especial audiovisual y multimedia dan cuenta del conteo del 2014. Entregando una cifra para el 2002 de 20766 combatientes. Esto sin incluir las redes de apoyo al terrorismo que para el año 2014 se tiene un estimado de 9.000 identificados, más los 6.700 en armas (Especiales RCN, 2014). Pero en varias exposiciones oficiales para la época se habla de que las FARC, en su punto máximo de guerra de popular prolongada, tuvo 17.900 hombres en armas en la época de la zona de distención.

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Es por eso que en el marco del Plan Patriota como resultado de la Política de Seguridad Democrática se crea una unidad militar conjunta, que reúna las capacidades de todas las Fuerzas Militares, y que represente una estrategia efectiva contra el grupo armado organizado ilegal de las FARC. Esa iniciativa es contigua a los resultados de las operaciones Tierra de Honor y Libertad, que dan por sentado la necesidad de mantener el control territorial de la zona de distención y sus áreas aledañas que configuran la retaguardia estratégica de las FARC. A esa iniciativa operacional la nombran Fuerza de Tarea Conjunta Omega19, nombre impuesto por el comandante inicial de la Unidad Militar20, y que en su definición espiritual y cognitiva lo hace para significar el fin de las FARC. Esa Unidad Militar tiene tres ejes de trabajo constante, que se han configurado en la piedra angular para el actuar militar, ellos son: 1) mantener las operaciones militares en profundidad, 2) quitar las vías de abastecimientos y comunicación a las FARC 3) y ganarse el corazón de los colombianos (Omega - Fuerza de Tarea Conjunta Omega, 2015).

Tres ejes que constituyen el mejor esfuerzo del poco Estado que puede llegar hasta estos confines del territorio colombiano. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega –en adelante Omega− era la institución militar que tenía la responsabilidad de representar al Estado en la ausencia permanente de él, para los pobladores de esa zona. Es irónico pensar que la retoma y el control de una zona anteriormente despejada sea única y exclusivamente con el poder militar. Razones otorga esta circunstancia para señalar a las Fuerzas Militares como un actor del conflicto, actor que para muchos es interpretado como generador, situación que no se comparte en teoría.

El área de operaciones de la Omega comprende además de los cinco municipios de la reciente zona de distención recuperada, San Vicente del Caguán, Vista Hermosa, La Uribe, La Macarena y Mesetas, ocho municipios más distribuidos en los tres departamentos circundantes de esta área estratégica para las FARC. Del departamento del Caquetá se suman Cartagena del Chairá y Solano; del Meta Puerto Rico y Puerto Concordia y del Guaviare el Retorno, Calamar y Miraflores. Estos trece municipios suman alrededor de 108.000 km2 de territorio, lo que corresponde a un 9,52% 19. La creación puntual de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se hace el 1 de octubre del 2003 durante una reunión operacional, en pleno curso de la Operación Libertad. Se destina al señor Mayor General Reinaldo castellanos Trujillo como su Comandante. Pero la activación se hace mediante acto administrativo el 4 de diciembre del 2003 y se activa formalmente el 17 de diciembre del 2003 (Omega, 2015, p. 82). Los movimientos en profundidad se hacen el 31 de diciembre del 2003, al terminar la Operación Libertad.

20. El comandante inicial es el señor Mayor General Reinaldo castellanos Trujillo que dice “el nombre Omega se lo pongo yo y eso fue una denominación muy espiritual teniendo en cuenta un pasaje bíblico para denominarla de esta forma, que está escrito precisamente en el libro del Apocalipsis, y yo en ese momento manifesté este es el fin de las FARC” (Omega, 2015).

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del territorio continental nacional. Si se hace la comparación con algunos departamentos importantes del país, esta franja de territorio es 1,7 veces lo que representa Antioquia y 4,5 veces lo que es Cundinamarca. Pero si lo hacemos desde un punto de vista internacional, la retaguardia estratégica de las FARC es más grande que la mitad de países que hacen parte de la Unión Europea (Unión Europea, 2016). Mediciones que miradas desde el punto de la población no representan un gran porcentaje de la estimación nacional, en esta zona solo hay alrededor de 237.00 habitantes. Mientras que en Colombia la densidad poblacional equivale 42,7 habitantes por km2, en el área de operaciones de la Omega es de 2,2 habitantes por km2. Es decir, un poblador de esta zona tiene 19 veces más posibilidades de explotación de tierra que en otro lugar del país. Esto explica la riqueza, la grandeza y el atractivo de esta región.

No es coincidencia que un grupo armado organizado como las FARC, que ha motivado la lucha de clases, la insurrección general y su lucha armada invocando la mala distribución de la riqueza, representada en la tenencia y propiedad de la tierra, esté asentado en esta franja de territorio. Las FARC despliegan su organización mediante bloques, frentes, columnas, compañías, guerrillas, comisiones y unidades tácticas de combate. La mitad de las FARC están asentadas en esta zona, y lo hacen por medio del Bloque Oriental de las FARC. Que para el año 2003, cuando se reactivó la Omega tenía 8.942 hombres en armas (Omega, 2016) −entiéndase hombres encuadrillados, esto es, personas que portan armas y uniformes de las FARC− para esta región, sin contar con las milicias bolivarianas21, conocidas por la institucionalidad como redes de apoyo al terrorismo, que en el peor de los casos iguala el número de hombres encuadrillados.

Con ese número de hombres en armas, más sus milicias populares, representaban un grupo armado organizado legal muy poderoso en la región. Esto frente a los 17.000 hombres que hacen parte de la Omega, como fuerza legítima del Estado, la relación era alrededor de 1 a 2. Teniendo en cuenta que el esfuerzo principal del Estado colombiano, en la política pública de seguridad, pasando por todas las versiones (Plan Patriota, Plan Consolidación, Plan Bicentenario, Plan de guerra Espada de Honor en sus tres versiones iniciales) se ha radicado en cabeza de la Omega. Siempre 21. La existencia de las Milicias Bolivarianas data de la misma existencia de las FARC. Ellas se diferencian de los hombres en armas, por la clandestinidad y pertenencia a la comunidad en general. Esto se puede evidenciar en el Estatuto de las Milicias Bolivarianas de las FARC-EP Artículo 1. Las milicias bolivarianas son una organización militar donde caben todas las personas cuya integridad física e intereses sean amenazados por la represión reaccionaria, la guerra sucia y sus funestas escuelas. Artículo 7º. “Para ser miembro de las Milicias Bolivarianas se requiere los siguientes requisitos: a) ser recomendado por una persona de confianza de la región, b) ser persona honesta y normal, c) ser mayor de 16 años y menor de 30, d) tener una posición clara de defensa de los intereses populares (…)” (FARC EP - Estado Mayor, 1989).

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el ojo de la política pública de seguridad estaba mirando la eficacia operacional de esa unidad militar. Sin embargo, hay esfuerzos sinergiales que realizaban unidades adyacentes como la Cuarta, la Octava y la Sexta División.

En la doctrina militar de guerra irregular, asimétrica o de baja intensidad22, se ha dicho que la relación de contención para una insurrección general es de 1 a 10. Es decir, por cada hombre insurrecto, debe haber 10 hombres conteniendo esa acción ilegal. Número que mirado globalmente se puede extraer como aplicación afirmativa de la teoría, porque las Fuerzas Militares de Colombia pasaron en los años 2000 al 2004 de 80.000 hombres a 240.000, aproximadamente. Que si se enfrenta esta cifra a la cantidad de hombres que integran los grupos armados organizados ilegales en Colombia, podríamos decir que un gran porcentaje se cumplió la teoría. Pero como la teoría es mirada de manera global y ajena a la realidad, en el conflicto armado colombiano las FARC tuvieron en su mejor momento alrededor de 20.000 hombres, sin contar las milicias, súmele a esta cifra otros grupos armados como el ELN, EPL y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Con solo esa mirada, la teoría dejaría de cumplirse, porque las Fuerzas Militares no solo le hacían frente a las FARC, sino a todos aquellos agentes generadores de violencia o del conflicto. Ahora bien, si para la región donde fue activada la Omega habían alrededor de 9.000 hombres en armas ilegales, el reto no era fácil porque la Omega no se enfrentó solo a esta cifra cerrada del conteo de las FARC, sino que se enfrentó a muchos conflictos que el pueblo colombiano en general desconocía, y que solo eran vividos por una franja muy pequeña de la población, que nunca fueron protagonistas del poder central que caracteriza a esta República Unitaria.

Los conflictos que se encontraron trascendían el conocido y exuberante conflicto armado. Las tropas de la Omega fueron asentándose en el territorio y a medida que avanzaban, encontraban: hambre, pobreza, analfabetismo, enfermedades, soledad, abandono, primitivismo, involución social, ilegalidad, subdesarrollo y muchas necesidades vitales para vivir. Pero no se entendía como una región donde el verde es su color natural, donde el agua se refugia, la naturaleza florece, la fauna habita y la tierra es extensa, halla tanta conflictividad. Esa lógica de riqueza en contraste con la realidad social, política y económica de la región no es acertada.

22. Frecuentemente, se nombra de manera indistinta guerras irregulares, asimétricas o de baja intensidad. No es objeto de este escrito diferenciar doctrinalmente cada uno de ellos. La intención es ubicar al lector en un escenario de guerra no convencional, donde se emplean estrategias no reguladas por el DICA y se vulnera por parte de la insurgencia el DIH y lo DIDH. Podemos de nuevo remitirnos al concepto de guerra asimétrica (Cortes Franco, p. 17).

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Mientras las operaciones militares avanzaban los conflictos desencadenaban en otros. Se veía cómo pocas extensiones de tierras eran hermosas y lujosas pero no eran de los moradores de la región. Eran de los integrantes de las FARC, pero no de todos, sino de aquellos que ostentaban un poder en la organización. Se veían monumentos de cemento, con baldosas, enchapes, tejas, piscina, luz y muchos electrodomésticos al servicio de los mandos organizacionales de las FARC. Se entenderá que el trabajo de esos directivos, si se puede llamar así, era demasiado extenuante y ameritaba una atención personalizada mayor. Pero al lado de estos monumentos, había casas de tabla, con escasas tejas de zinc, y camas de palo enterradas al piso con colchones de paja que eran de los campesinos de la región.

Cómo no crear conflictos de toda índole una población que solo conocía el Estado como una referencia que existía en otra parte de ese país. Que la poca teoría que hacían suya era la de pertenecer a un territorio llamado Colombia, pero que no sabían cómo se administraba o se gobernaba. Que veían la fiesta electoral como una fiesta del vecino y no como la propia. Que si querían vivirla necesitaban salir de su tierra, viajar, votar y volver sabiendo que el voto nunca tenía una representación directa en su territorio. El ser político que les pertenecía era arrebatado no por las intenciones nefastas del mal uso de la democracia, sino por la nula democracia que vivían. El poco Estado que conocían estaba ausente y se volvía más lejano cuando un grupo de incautos integrantes de las FARC, les decían que el Estado que ellos esperaban nunca vendría hacia ellos. Tan solo los miraban desde las grandes capitales como un activo más de la Nación.

El discurso de las FARC en esas circunstancias no era equivocado, su teoría política tenía fuerzas sociales, pero con mayor razón tenía fuerza real. Eso permitió que muchos moradores de la región fuesen simpatizantes de las FARC. No porque querían delinquir, ni porque creían que ellos salvarían el mundo, sino porque no tenían opción. Tenían que hacer parte del único recurso que les daba la razón, algo que incipientemente pudiera explicar porque las necesidades las vivían ellos, y a razón de que tenían que luchar contra el olvido inconsciente del Estado.

Es así como ese grupo armado organizado ilegal se autodenomina el Ejército del Pueblo, porque ellos estaban conformados por pueblo, ellos eran el reflejo de la sociedad olvidada del centralismo administrativo del Estado. Cómo no pensar que las FARC eran una buena opción si los cabecillas tenían las mujeres que quisieran, los mejores carros, las mejores casas, invitaban a la diversión y, por sobre todo, demostraban poder. Poder que poco se arrebata y sufría, porque la lejanía y las condiciones del terreno les favorecían.

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El reto de la Omega era hacer frente a las FARC. Representaban el Estado colombiano. Aquel Estado que los moradores por muchos años no vieron. Que cuando lo vieron lo observaron con armas, helicópteros, granadas y uniformes. Elementos que se confundían muchas veces con los mismos de las FARC. Lo que vivía en la mente de los moradores era una dicotomía. Veían quizá dos Estados, uno legítimo y legal, y el otro también legítimo, para ellos, pero ilegal para el resto de Colombia. Ahora bien, quien puede hacer un juicio de legalidad en unas circunstancias paupérrimas de vida.

Cuando se pondera la vida ante la legalidad, esta última siempre pierde la batalla.

Cómo explicar la constitucionalidad de una actuación militar cuando no se dimensiona el poder de la Constitución. Si esta es el acuerdo político por excelencia de un Estado, y las personas de ese Estado no son importantes para la política de la sociedad, porque el ejercicio político que es el voto no lo ejercían, cómo explicarse que no votar es parte de la democracia para los demócratas abstencionistas, pero cuando la abstención es voluntaria, y en este caso era obligada. Ese acuerdo político para esos moradores era casi nulo, no por el poder constituyente, ni mucho menos por el conocimiento de la efectividad jurídica de las normas constitucionales, sino por la realidad social que vivían. Es un tema de eficacia del derecho (Pontificia Universidad Javeriana, 2016), que en esos campos poco se presentía.

Ahora bien, muchos moradores de esa región migraron de otras partes del país, pero lo hicieron antes del conflicto (Estudio Etnográfico, Fuerza de Tarea Conjunta Omega, 2016). Cuando el hombre comenzó a llegar a esas tierras vírgenes, el conflicto armado no existía. Esos primeros hombres se sentían reyes de lo suyo. Pero cuando el conflicto se despertó, el desarrollo no llegó y la política lo ignoró, los moradores, antiguos colonos, se excluyeron. Las nuevas generaciones que ya no eran colonos ni migradores, comenzaron a soportar todos los vejámenes del olvido y la desigualdad.

Aún más cuando el Estado a que ellos por referencia sabían que pertenecían, había cedido un gran espacio para que las FARC se asentaran con todo su poder, sin el más mínimo consentimiento de la población23. Situación que se evidencia en el estigma que llevan muchos pobladores de la región por ser de esa zona o por haber vivido en esa época en tal lugar (País.com.co, 2012).

23. Óscar Enrique Prieto Acosta Secretario General y de Gobierno y Alcalde encargado del municipio de San Vicente del Caguán dijo al diario El Universal, el 20 de febrero del 2012: “Se sentaron las cabezas del conflicto armado a negociar y nunca le pidieron consentimiento al pueblo. Además nos dejaron otra serie de problemas, como el crecimiento demográfico exagerado que no permite una planeación urbanística, ni de servicios públicos, ni de acueducto. En 1993, éramos 18.000 habitantes y pasamos a tener 36.000 en el casco urbano y en todo el municipio alrededor de 65.000, además, el aumento hasta de un 400 por ciento de homicidios en el 2003 y el problema de desplazamiento forzado. En el 2005, tres veredas completas dejaron sus parcelas y se vivieron al pueblo” (El Universal, 2012).

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El Estado moderno tiene la obligación de proteger todas las tierras que comprenden su territorio y por ende todos los moradores de ella en cualquier rincón. Pero el Estado colombiano se concentró en sus ciudades capitales24, se olvidó de que su riqueza está en lo rural. Aunque no se podría reprochar del todo esa actuación, los clamores mayoritarios están en la mayor concentración de la población y esa prioridad hace que se excluyan algunas atenciones, que no subsanadas a tiempo se convierten en condiciones esenciales de revolución. Esto es lo que pasaba en esa región de grandes áreas y poca población.

El poco Estado −entendiendo este como Gobierno Nacional− que estaba presente en la zona eran las Fuerzas Militares, por ello las personas identifican la institución militar como la integralidad del Estado. Los pobladores no conocían otras instituciones del gobierno central, lo que escasamente asimilaban era un gobierno local que poco o nada resolvía sus problemas. Las Fuerzas Militares obtuvieron un liderazgo regional y local indiscutido25, lo que generó que el tercer eje de trabajo de la Omega fuese un vehículo trasformador de la sociedad. La Omega comenzó a traer soluciones sólidas a la comunidad, no quizá como se anhelaban. Pero los recursos que se destinaban para ello se materializaban en satisfacción social. En esa lógica se veía a la Omega como el Estado, no simplemente como una herramienta de coerción, sino como mediador. Situación que redimensiona la idea principal en la activación de la Omega, pues como se dijo anteriormente, esta era concebida como el fin de las FARC (Gral. Castellanos Trujillo, 2015). Se tenía la lógica de que si se derrotaba a las FARC, o se acababa con ella definitivamente, el conflicto desaparecería, y por ende el territorio se integraría. Las FARC era la única causa del conflicto, posición que fue desvanecida a medida que las operaciones militares avanzaban. La población aceptaba a las FARC, no las querían. Aceptar es un acto de resignación, mas no de construcción.

Ahora tenían que aceptar a las Fuerzas Militares como el poco Estado que había en la 24. La Universidad de los Andes, en su blog Debates sobre Pobrezas presenta un artículo llamado “La tierra del olvido sí existe y es el campo de Colombia”. En un aparte del mismo radica su ponencia diciendo: “Lo contradictorio de las políticas gubernamentales es que se quiere lograr la tan ansiada competitividad en el mismo modelo erróneo de desarrollo que el PNUD ha calificado de inequitativo, excluyente, insostenible ambientalmente y poco democrático. Esta es una de las razones por las que se ha excluido a la población campesina de forma tan radical en la conformación del Estado colombiano, porque ni siquiera en el mismo modelo de mercado que los gobiernos han defendido siempre, se ha visto al sector rural de forma integral y con las potencialidades que representa” (Universidad de los Andes, 2011).

25. El día 08 de abril de 2016, el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega convoca a una reunión a las autoridades civiles y a las instituciones de educación superior de la región. A esta reunión asisten todos los convocados. Los Ph.D. Luis Felipe Vega y Roberto García, politólogos de profesión y profesores asociados de la Pontificia Universidad Javeriana que trabajan en conjunto con la Omega en la construcción de la Memoria Histórica, concluyen a priori que el liderazgo de las Fuerzas Militares es único, que la perdurabilidad institucional de las FF.MM. en la región ha sido fuerte y que esto hace que recurran a la fuerza militar no simplemente como un recurso de coacción legal, sino como mediador ante el Alto Gobierno (Pontificia Universidad Javeriana, 2016).

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región, y por ende las Fuerzas Militares no solo deseaban que las aceptaran sino que las quisieran. Es ahí donde se entiende que la Omega no es solo el fin de las FARC, sino el comienzo de la construcción de una nueva sociedad.

Ejes de trabajo institucional, como bases que permiten la gobernabilidad No son en vano los tres ejes de trabajo que se trazó el Comando General de las Fuerzas Militares para la Omega. Mantener las operaciones continuas en profundidad no era solo avanzar con las armas, como tampoco disparar para matar. Era actuar con la convicción de que cada paso de soldado era el paso del Estado. El soldado no camina por andar, el soldado camina para construir. El soldado no porta las armas de la República para intimidar sino para prevenir. El soldado no dispara su arma para matar, la dispara para defenderse y defender un régimen constitucional y legal. Ese era el concepto de mantener las operaciones militares en profundidad. Cada operación militar realizada en la Omega no significa enervación insular de un hombre, representa la articulación de todo un aparato Estatal. Las operaciones militares son actuaciones administrativas por excelencia, representan la suprema autoridad administrativa de un Estado y, por ende, facilitan el ejercicio de gobernabilidad local y regional.

Quitar las vías de abastecimiento y de comunicación significa tener control territorial26. En la medida que las operaciones miliares tengan el control del territorio, en esa media la legalidad entra y la percepción del derecho cambia. Lo que ha de moverse en esta región debe ser constructor de vías de desarrollo y bienestar. Luego un buen estamento de desarrollo es evitar que las vías de abastecimiento engorden la cultura ilegal de la sociedad. En el área de operaciones de la Omega las vías de abastecimiento eran primariamente de las FARC y de manera secundaria para la población.

Primaba para el abastecimiento de los insumos necesarios para hacer la guerra, que el de los mínimos vitales del hombre. Hecho representado en los paros armados, los secuestros y las retenciones de personal y material. Los paros armados eran impuestos como la materialización del poder subterráneo de las FARC. Que ellos paralizaran una región, los hacía sentir vivos, poderosos y victoriosos. Pero cuánto daño no hicieron con esas acciones. Cuántas víctimas no configuraron de manera directa e indirecta. Una población que no podía tener libertad de locomoción, educación, salud 26. Las operaciones de control territorial son aquellas que ejecutan las Unidades de combate irregular en un área determinada con el fin de hacer presencia en ella, neutralizar los grupos armados al margen de la ley y brindar protección a la población civil, sus bienes y recursos (Ejército Nacional, 2010).

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y comida, era una población esclava. No representa en lo más mínimo la pluralidad y libertad, esa libertad por la que por lustros han luchado naciones enteras, libertad que proclaman de un sistema político opresor, pero que con sus acciones pareciese que no lo hicieran.

En tal sentido, lograr quitar las vías de abastecimiento y comunicaciones era comunicar la población con el mundo exterior, con el mundo centralista de la República, pero era también otorgarle al resto de colombianos la posibilidad de conocer la maravillosa tierra que comprende Colombia. Es muy triste que tan solo después de la zona de distención, y de la llegada de la Omega a la región, los nacionales y los extranjeros puedan visitar monumentos de la naturaleza como la Serranía de la Macarena (Pontificia Universidad Javeriana, 2016), la Serranía del Chiribiquete, el Parque Natural Nacional de los Picachos y el Parque Natural Nacional Tinigua. Era más que triste que 25.496,10 km2, equivalente al 2,23% de la extensión continental del país, de la belleza natural, de patrimonio de la humanidad, fueran reservados a unos pocos.

Por qué esos tesoros, propios de Colombia, y de un territorio unitario que representa una única nacionalidad, tenían que estar escondidos o custodiados por agentes no estatales y quizá con intensiones muy particulares al respecto. Claro está, la riqueza se esconde y el temor aumenta cuando esta es más grande que la imaginación propia de quien cree poseerla. El temor de perder el poder de esta zona hace que el conflicto armado busque argumentos políticos y sociales que no tienen sustento teórico y que en la práctica son incoherentes con la realidad y las necesidades de la comunidad.

Ahora el tercer eje de trabajo, ganarse el corazón de los colombianos, se constituye en el reto más grande de la Omega. Las Fuerzas Militares son vistas por muchos teóricos como una fuerza represiva, como el brazo aniquilante del Estado y como las armas al servicio del poder de turno, interpretaciones nefastas que deconstruyen la legitimidad concebida por la sociedad colombiana. Todas las acciones de las Fuerzas Militares solo tienen un fin, y es el fin constitucional. Es una institución conformada por seres humanos, que cometen errores, que sufren, que piensan y que aman a un país. Son llamados soldados, que cumplen órdenes superiores, pero que convocan la voluntad estatal para materializar los fines del Estado.

Cómo no asumir el reto de ganarse el corazón de los colombianos, de arrebatarle a las FARC la población civil afectada, si es la misma población a la que el soldado pertenece. Ganarse el corazón de los colombianos representa en primera medida ganarse el corazón propio, amarse a sí mismo, y saber que ese amor es entregado a una población que necesita dedicación, trabajo y transparencia. Este trabajo consistió en 54

edificar bases morales y éticas del soldado, en ganarse la confianza de la población y en representar el vehículo para que el Estado llegue en forma integral.

Edificar bases éticas y morales era poseer convicciones individuales y colectivas para el actuar. Era decirle al solado que la Omega confecciona esperanza, y que esa virtud comienza por él mismo. Cuando el soldado sabe que es llamado a hacer parte de la Omega, fuera de entender que debe arriesgar mucho más de lo normal, que debe abandonar placeres habituales de la vida y que debe soportar vicisitudes negativas para su integridad, ha de asimilar que tiene un deber superior, que representa una ilusión social que él mismo ha soñado. Para ello la Omega impuso un grito de guerra, pero no entendiendo la guerra como un exterminio social, como una aniquilación de ideas o de personas, sino como un acto de contradicción contra el hambre, la pobreza, el analfabetismo y el olvido. El soldado de la Omega asimiló su grito como el vehículo constructor de una sociedad, donde él solo es un eslabón de una cadena de servicios necesarios para vivir en paz.

Ese grito de guerra es AJUA (Aristizábal), que reúne la abnegación, que se adopta en la función pública militar representada en el sacrificio, generosidad, bondad y caridad en el servicio; la justicia, entendiendo por esta dar a cada quien lo que se merece, buscando el equilibrio, ecuanimidad, imparcialidad, equidad y rectitud; la unión, que se enfoca en el trabajo en equipo y el compromiso institucional; y el arrojo, que es el valor, temple, coraje, entusiasmo y voluntad que debe tener al ofrendar su vida por la patria.

Ganarse la confianza de la población consistía en actuar con transparencia, sencillez y humildad. El soldado también es integrante de la sociedad. Las Fuerzas Militares, en especial el Ejército de tierra, es la representación más fiel de la sociedad. El soldado no deja de ser social al estar en la institución, lo aquejan los mismos problemas que a los civiles, porque él hace parte íntegra de esa comunidad. Esa condición facilitaba y facilita ganarse la confianza, porque entre iguales hay empatía. Si bien es cierto, cuando el soldado usa el uniforme y porta las armas de la República puede revestirse de autoridad, lo que complica un poco la relación con la población; en este caso esa fórmula no es tan fatal, porque el vivir del soldado en la Omega es sacrificado y abnegado, lo cual hace que el trato hacia la población sea enmarcada en la sencillez y en el servicio.

Representar la autoridad necesita muchas veces despojarse de los problemas personales y enmarcarse en los colectivos e institucionales. Ese es el secreto del servicio público y es lo complejo para el funcionario. La autoridad representa la administración de lo público. Esa administración muchas veces demanda distancia, que es 55

interpretada como diferencia y superioridad. Eso aplica en la mayoría de las veces en los cargos administrativos (entendiéndose estos como de oficina), pero los cargos asistenciales y de contacto no presentan esa condición; ahora bien, si se presentara sería más por razones personales que institucionales. En el caso de la Omega, la condición de distancia y superioridad no son vistos como algo transversal. El 90% del personal que integra la unidad militar está desplegada en toda el área de operaciones.

El contacto con la población funciona como medio y como fin. Viene teniendo esa doble funcionalidad dado que el servicio que ha enmarcado al soldado de Colombia no solo estaba predispuesto para contrarrestar una amenaza de violencia o la violencia misma, sino que al mismo tiempo era generar percepciones positivas de institucionalidad y seguridad.

El producto final de toda Fuerza Militar es la generación de seguridad y protección. La seguridad como valor constitucional27 es la condición sin la cual no se puede avanzar en la viabilidad de una comunidad. El área de operaciones de Omega dejaba de ser solo espacio de desarrollo de operaciones militares y se convertiría en una región con presencia institucional que comenzaba a creer en la seguridad como valor supremo de la constitución. Los comandantes dejaron esa mirada simple del área de operaciones y comenzaron a distinguirla como un espacio de desarrollo, de construcción y evolución social. Esa mirada transitiva de su área de responsabilidad militar hizo cambiar la mentalidad de los hombres que, desplegados por todo el territorio, dejaron la simple presencia militar y pasaron a ser una presencia institucional. Ese cambio cualitativo que al inicio tuvo poca percepción en la comunidad fue creciendo como una bola de nieve, donde comenzó a liderar y a distinguirse de antiguas presencias que solo representaba la autoridad, para luego representar una autoridad moral, con pronta solución de los problemas.

La autoridad muchas veces se impone en el seno de las organizaciones, en sus estatutos y normas reglamentarias. Esa autoridad impuesta en una sociedad organizada es fácil y no reprochable. Allí, la autoridad no podría llegar de esa forma.

La desorganización y la violencia eran congénitas de la comunidad. Por ello, el reto que enfrentaban las Fuerzas Militares era ganarse el respeto de la comunidad y adquirir autoridad mediante la confianza depositada en la institución para resolver los problemas.

27. La seguridad debe ser entendida como valor constitucional, derecho colectivo y fundamental, precisándose respecto de este último que se constituye en una garantía que debe ser preservada por el Estado, no circunscribiéndose su ámbito de protección a las personas privadas de la libertad, sino que también se extiende a los demás bienes jurídicos que en un momento determinado requieren la adopción de medidas de protección, a fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal (Corte Constitucional de Colombia, 2003).

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Es ahí donde los elementos de sencillez, humildad, trato entre iguales, servicio, visión y proyección fueron constitutivos de confianza institucional. Cuando la población deja de mirar al soldado de la Omega como un elemento represivo del Estado y lo asemeja a su comunidad, hace parte de ella, vive con ella, organiza la comunidad y, por ende, soluciona problemas, se toma la cima moral de la comunidad. Esa cima moral es el corazón de la confianza institucional. Hoy en día, la Omega representa identidad institucional. Fueron más de 12 años para lograr que esa confección fuera exitosa. Entonces es ahí donde se discute y se desvirtúa que el fin de la Omega sea paralelo al fin de las FARC. La Omega tiene dos características propias: lo expedicionario de su movilidad y la transitoriedad de su misión. Cuando se crea esa unidad militar solo se habla de que fue creada para neutralizar el plan estratégico de las FARC en la toma del poder por la vía armada y, por ende, atacar su retaguardia estratégica. Cumpliendo esa misión se debilitaba a las FARC, empezaba a llegar su fin y se hacía tránsito a otra misión y a otra unidad militar para dar paso a la presencia institucional. Para esto se debería tener la capacidad de asentarse en lugares donde la tropas regulares no podían hacerlo, donde las condiciones del ambiente operacional como tiempo, terreno, tropas disponibles, condiciones sociales y políticas, no eran muy favorables a la Institución. Entendiendo que las características propias de la Omega abarcaban esas capacidades, lo hicieron. Pero el resultado, más que cumplirse, tuvo un viraje. Las FARC en el Bloque Oriental se debilitaron en un 80%, 30 estructuras de su organización armada ilegal desaparecieron (Departamento de Inteligencia – FUTCO, 2016), no porque hayan sido aniquiladas, sino porque al enfrentarse con la institucionalidad, la legitimidad y la legalidad no tuvieron argumentos fácticos y políticos para mantener su presencia.

Se derrumbó como un castillo de naipes al quitarle una ficha clave, su retaguardia.

Se hace referencia a que las FARC pasaron de 8.942 hombres en armas en el 2004 a 1.932 hombres a marzo del 2016. Esta reducción significativa de las FARC se hizo en un 54% por medio de entregas voluntarias, en un 22% por capturas y en un 24% debido a muertes en desarrollo de operaciones militares (Departamento de Inteligencia - FUTCO, 2016). Esta tangibilidad y eficacia hace que la confianza de los pobladores y del pueblo en general se radique en sus corazones. Cuando la autoridad muestra eficacia, productividad y transparencia es susceptible de ser creíble y apreciada por los administrados. Este fenómeno llevó a que las personas del común, los pobladores de la región, se identificaran en mayor medida con la Omega en cada una de sus unidades subordinadas. Las personas hablan de las Brigadas Móviles, no como el apelativo transitorio que son, sino como la institución territorial que representa la 57

gobernabilidad y la administración nacional. Versiones como “mi brigada móvil”28 hacen repensar las características iniciales de la Omega.

Esto no solo se logró con el timón de la confianza, sino con el entendimiento de que la Omega era un medio para que las otras instituciones del Estado, que son la gran mayoría, hicieran su trabajo. La Omega con su labor de acción integral29, que muchas veces es interpretada como parte de la guerra armada, nunca lo observó de esa forma. La acción integral se convirtió en una lucha de otra guerra, la guerra no armada, la guerra contra el hambre, la soledad, el olvido, la enfermedad y el analfabetismo. Esa otra guerra fue enfrentada también por los soldados de la Omega. No solo se pensaba en la estrategia militar para ocupar lugares violentos por la presencia de las FARC o agentes generadores de violencia, sino que pensaban en priorizar sectores para atenderlos con salud, medicamentos, diversión y un poco de educación.

Estas actividades se llamaban Jornadas de Apoyo al Desarrollo y consistían en llevar lo poco que tuvieran con los medios institucionales, con las donaciones de responsabilidad social y los apoyos de las autoridades civiles, un pedacito de administración para suplir las necesidades básicas de las personas. Esto está representado en las 245.884 personas beneficiarias de estas jornadas, con alrededor de un centenar de servicios durante los 12 años de existencia de la Omega (Departamento de Acción Integral - FUTCO, 2016).

Pero el medio no solo era este, a medida que se ganaba territorialidad entraba el desarrollo. Esto lo representan las obras de consolidación que suman alrededor de una docena por un valor acumulado de 5.719.657.163 de pesos colombianos (Departamento de Acción Integral - FUTCO, 2016). Obras que se materializan en la construcción de un bloque de áulas, pavimentación de vías, plantas de tratamiento de agua, baños, techos y otras obras materiales que requería y aún requiere la población.

También se logró la viabilidad de tener la mirada centralista del Estado, radicando cuatro megaproyectos en la jurisdicción como lo son: la marginal de la selva que va desde Puerto Rico-Caquetá hasta San José del Guaviare, la interconexión eléctrica 28. Un morador de la región del municipio de la Macarena dice esta frase “mi brigada móvil”, situación que ameritó la atención en un trabajo etnográfico realizado en el mes de febrero en esa localidad (Pontificia Universidad Javeriana, 2016).

29. En la estrategia nacional de seguridad y defensa siempre se ha consolidado la acción integral como el motor para el desarrollo político, social, económico y militar. Es una actuación integral del Estado liderado inicialmente por el sector Defensa, que después será transitivo a otras entidades del mismo. Pero es preciso invocar la doctrina militar al respecto: “La acción integral busca darle valor público a todas las actividades del Estado. Esta organización busca llevar a cabo la integración del estado colombiano para unificar criterio y buscando con este la consolidación de áreas marginadas donde el Estado debe garantizar su presencia y efecto evitando con estas acciones que los grupos generadores del terror pueden utilizar para ganar espacios vulnerables y generar desconcierto, desconfianza y resquemor contra el Estado” (Ejército Nacional de Colomba, 2009, p. 35).

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anillo Güejar que comprende Vistahermosa y Puerto Lleras, la interconexión eléctrica San Vicente del Caguán-La Macarena y, por último, la trasversal de la Macarena que va hasta Baraya-Huila. Macroproyectos que causan mucho debate por la ponderación entre desarrollo y limitación, o desarrollo y evolución, parámetros que se ajustan a las necesidades de la población y al derecho que ellos tienen de desarrollarse como comunidad y que se ponderan al vivir en una de las zonas más ricas para el medio ambiente nacional y mundial.

A la par de todo lo anterior, caminan nueve proyectos productivos de la región, que consisten en concentrar el potencial laboral de la población en la producción de elementos básicos de la canasta familiar. Incipiente número para el millar de necesidades que representa esta comunidad y los pocos recursos que se destinan para tal fin.

Con jornadas de apoyo al desarrollo, proyectos productivos, proyectos de consolidación y macroproyectos, la Omega representa la gobernabilidad y la administración nacional. Consolida la confianza y el liderazgo regional. Pero por sobre todo, se constituye en el medio para que las otras actuaciones de la administración nacional, regional y local puedan ejercer las funciones propias del servicio público, con las garantías y condiciones que le permitan un mejor desempeño y una mejor satisfacción de las necesidades del hombre.

Conclusión La Omega no solo obedece al significado propio de la palabra, aquí no figura como la última letra que se debe escribir para la región, como tampoco el cierre de la avenida del desarrollo. Omega, siendo la última palabra del alfabeto griego, representa el poder de Dios, porque él es el principio y el fin. Omega para la región, representa la puerta de entrada para la evolución. La brecha abierta para el conocimiento, la debilidad de las FARC en su zona de retaguardia y la oportunidad de construir una sociedad con una paz estable y duradera.

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2. Las Fuerzas Militares de Colombia: Adaptabilidad, fuerza y construcción de un futuro posconflicto Juan Felipe Ramos Copabán30

La evolución del conflicto armado en Colombia ha expuesto los puntos de inflexión dentro de la estructura del Estado y de la sociedad desde el comienzo del conflicto mismo; al principio y dentro de una dinámica ideológica, la falta de variedad política dentro de la sociedad colombiana da como resultado una insurrección que se ha encontrado en una constante transformación de sus intereses al punto de ser grupos de enriquecimiento ilícito narcotraficante y extorsivo los cuales hacen hincapié de la necesidad del Estado por una entidad que las estudie, analice y contraataque mejor de lo que estas estructuras delictivas se entienden por sí mismas. Esta no es ninguna obra fácil ni inmediata puesto que a medida que el conflicto armado se expande dentro y fuera de las esferas del país, los intereses de estos grupos subversivos vislumbran diferentes objetivos dentro de su lucha armada.

En este aspecto la institución que ha prevalecido imperecederamente en representación del Estado han sido las Fuerzas Militares de Colombia y su ofensiva en contra de los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOAML). Una de las principales nociones por las cuales denota la resistencia a la fuerza obtenida por grupos como las FARC en momentos históricos enrevesados31 es la capacidad de adaptación 30. Estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

31. Véase la ofensiva dada por guerrillas tales como las FARC y el ELN en la década de los noventa en busca del empoderamiento territorial en zonas tales como el Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo entre otros (Castilla, 2000).

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por parte de los militares para la adquisición de metas y la variación de golpes estratégicos dentro de los ejes de mayor relevancia para el grupo subversivo.

Este avance por parte de las FF.MM. es un resultado de la lectura de la fortaleza de las FARC en determinadas temporalidades, como, por ejemplo, la avanzada y acercamiento dentro de las zonas de mayor influencia por parte del grupo guerrillero en la zona de distensión a comienzos de 1998, siendo uno de los detonantes para el actuar de las FF.MM. en un combate de guerra de guerrillas a una futura guerra de movimientos en la nueva estrategia aplicada (Centro de Estudios Históricos del Ejército, Vol. VIII, 2015).

Asimismo y como finalidad de este análisis, el progreso dentro de la inteligencia física y mental por parte de las Fuerzas Militares da dos resultados principales: 1) la debilidad estructural y militar por parte del grupo subversivo FARC para la búsqueda de un acercamiento a unos acuerdos de paz entre ambas partes y 2) un constante estudio en cuanto a la estructura y fuerza de los grupos al margen de la ley para el avance estratégico en no solamente un sector de guerra irregular sino de bases económicas, ideológicas y territoriales que permiten el desarrollo de las FF.MM. como una de las principales instituciones garantes del Estado colombiano y sus ciudadanos.

Adaptación e interpretación de las Fuerzas Militares Hay rutas que no se deben seguir, ejércitos que no se deben atacar, ciudadelas que no se deben asediar, terrenos sobre los cuales no se debe disputar y órdenes civiles que no se deben acatar.

Por esto, los generales que saben adaptarse a todas las situaciones de la guerra, para tomar ventaja del terreno saben usar su fuerza. Si no tienen capacidad de adaptación, aun cuando conozcan el terreno no pueden ganar. Si se comanda un ejército sin conocer las reglas de adaptabilidad, aun cuando se sepa cuál puede ser la ganancia, no se logrará el respaldo de la tropa.

El jefe inteligente tiene siempre en cuenta tanto el beneficio como el daño. Considerando el beneficio puede ampliar sus acciones. Considerando el daño se pueden resolver de antemano muchos problemas.

El Arte de la Guerra

El objetivo de las Fuerzas Militares del 2002 al 2012 residía dentro de las políticas expuestas en el Plan Colombia en conjunto con los Estados Unidos y la política de 64

la Seguridad Democrática de ambos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, al haber sido el común denominador la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el país. La principal estrategia entonces era la retoma del territorio nacional comenzando con los municipios en los cuales se dictaminaba una ‘ley’ y, por ende, una costumbre del grupo guerrillero siendo el garante de las regiones donde carecían de cualquier tipo de control estatal (Castilla, 2000).

Fue en esta época en donde los enfrentamientos bélicos en conjunto del Ejército, Armada y Fuerza Aérea tuvieron mayor enfoque a la derrota militar en aras del territorio y reducción del enemigo. Las bajas de las FARC para el año 200432 en Caquetá, el Guaviare y Meta fueron de 254, así como 150 capturados y 57 voluntarios para el plan de desmovilización. Para el mismo año, las bajas militares dentro de esta zona resultaron en 64 militares y 301 heridos siendo cifras de un grado bélico mayúsculo y extenso.

Por consiguiente, el número de armamento incautado resultó directamente proporcional a la magnitud militarista del mismo año al haber sido incautados un total de 782 armas de acompañamiento, largo alcance y corto alcance. Asimismo, la avanzada a la erradicación de las hectáreas de coca en las mismas zonas y un total de 17 toneladas de hoja de coca erradicadas dejan constancia de los comienzos de la guerra contra el enriquecimiento ilícito por parte de estos grupos subversivos (Omega, 2016).

La estratagema entonces partía de una victoria militar en las regiones de mayor fuerza por parte de los GAOAML, los cuales se enfocaron a la aplicación de otra estrategia para la protección de sus intereses económicos y territoriales; el minado, lo que conlleva una segunda etapa de necesidad de adaptación para los años 2006-2008 y su futura reincidencia sistemática para los años 2012-2014. Estos detonantes en el año 2006 dieron como resultado un total de 155 víctimas militares en el departamento del Guaviare (Omega, 2016) únicamente y una afectación nacional en el mismo año de 2.027 víctimas acrecentándose hasta un pico de víctimas de minas antipersonal de 3.381 (Dirección Contra Minas de la Presidencia de la República, 2016) en el año 2013.

No obstante, el esfuerzo por parte de las fuerzas militares en las acciones de desminado fue un resultado consecuente, así, una vez más demostraron los métodos de adaptación a las necesidades de la población como los garantes de la seguridad en la sociedad.

La integración para el desarrollo y la seguridad de la población civil en las zonas afectadas conjunto a las FF.MM. tales como el Ejército en uso de herramientas de acción integral dieron perspectivas de confianza institucionales, de desarrollo regional 32. Se utilizará este como año base para el análisis académico de los resultados por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en sus operaciones hasta la actualidad.

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y acercamientos de la población para el entendimiento de las FF.MM. como el aval de sus derechos y reconocimiento como ciudadanos colombianos, lo cual fue el comienzo de la curación de secuelas de la guerra así como la instauración de nuevas alianzas entre la fuerza militar y el brazo civil imperante para la construcción de una nueva nación (Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 2011-2015). Tal ha sido esta operación conjunta como, por ejemplo, en los departamentos del Meta y de Caquetá que a partir de proyectos de construcción de aulas, cafeterías y estructura vial, entre otros, ha sido una inversión de hasta $5.719.657.163, la cual resalta la efectividad dentro de los proyectos planteados por el cuerpo militar.

Es de esta manera como la integración con la ciudadanía avanza en la temática más sensible dentro del conflicto armado y que abarca en su totalidad a todas las esferas de la población civil: la extorsión. La razón por la cual esta práctica cometida por los GAOAML resulta tan sensible y urgente de abortar es la manera en que se plantea la temática para la afectación tanto de campesinos, trabajadores sociales, ganaderos y grandes empresarios de la zona. Desde un impuesto en San José del Guaviare de una caja de cerveza que cuesta $10.000 hasta la venta de inmuebles que exigen estos grupos de dar como pago el 10% del valor de la venta (Omega, 2015). Gracias al acercamiento de las comunidades desde diferentes sectores psicológicos, humanos e institucionales, las fuerzas militares lograron golpes a estas estructuras delictivas en un aumento considerable en los años 2015 y 2016; los dineros dejados de pagar por la extorsión alcanzaron los $689.750.000 de pesos en conjunto, lo cual fue un resultado de la adaptación en la transformación interna de los grupos subversivos.

El Proceso de Paz: Nuevas áreas de enfoque dentro de las políticas y la economía del Estado por parte de las Fuerzas Militares de Colombia en un escenario de posconflicto El Estado colombiano y su representación militar al desarrollar estrategias y técnicas de enfoque táctico contra los GAOAML obtuvieron grandes operaciones que paralelamente retomaron la confianza de la población civil así como dominaron los sectores que se creían ser lo más firmes dentro de su lucha armada contra el país.

Prueba de esto es la Operación Fénix, Jaque, Sodoma y Camaleón, que lograron objetivos de importancia imperativa dentro de las esferas estratégicas más altas de las FARC dando paso a la reconsideración de un acuerdo entre el Estado colombiano y el grupo subversivo FARC (Pulido, 2011).

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Es entonces cuando las estructuras militares se adaptaron, más no se debilitaron dentro de su lucha con respecto a la seguridad estatal y ciudadana como base de un futuro Estado. El general prusiano Carl Von Clausewitz en su lectura de la guerra la define como una “mera continuación de la política por otros medios”, la cual, dentro del análisis del conflicto armado en Colombia, da valor en el comienzo del conflicto y las razones del mismo.

Sin embargo, con la combinación de las estructuras delictivas de los GAOAML con el futuro de ciertos de sus integrantes como en las BACRIM requiere de una perspectiva que abarque, más allá de los métodos de guerra básicos, la inversión del aforismo de Clausewitz, que postula Michel Foucault en su análisis de la defensa de la sociedad (Cerezo, 2003), cuyas reflexiones dan una ampliación al entendimiento del conflicto conjunto a la política del Estado: Es posible que la guerra como estrategia sea la continuación de la política. Pero no hay que olvidar que la “política” ha sido concebida como la continuación, si no exacta y directamente de la guerra, al menos del modelo militar en tanto medio fundamental para prevenir la acción civil… Es la estrategia la que permite comprender la guerra como una manera de conducir la política entre los Estados; es la táctica la que permite comprender el ejército como un principio para mantener la guerra ausente de la sociedad civil (Foucault, 1975, p. 17).

El cese al fuego dentro de un conflicto de más de 50 años provoca una gran variedad de alegrías, descontentos, aciertos y confusiones del futuro que a veces se denomina incierto tanto de las Fuerzas Militares como del país. No obstante, los resultados dentro de las acciones militares en los últimos tres años no se han reducido, mas sí se han ampliado dentro de la gran variedad de sectores y fortalezas de los grupos subversivos en el Estado colombiano.

En el 2016, ha habido un total de un abatido en combate, 22 capturas y 46 voluntarios desmovilizados por parte del grupo FARC. Asimismo, la afectación de las tropas comandadas en el mismo sector por parte de la FUTCO han sido 0 bajas militares y 0 heridos en acciones militares (Omega, 2016).

En la lucha contra el narcotráfico la erradicación en el año 2016 ha sido de 1052,8 hectáreas de coca así como la incautación de 23,8 toneladas de hoja de coca en el mismo sector significando un aumento del 2024,61% del trabajo ejercido por parte de las FF.MM. en la base económica de estos grupos en la misma zona del 2004 (Omega, 2016). En el año 2015 y 2016 en las zonas de Putumayo, Guaviare y Meta la afectación económica a los GAOAML dentro de todo el sector del narcotráfico da un total de $9.643.733.500.

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Clausewitz enumera entre los objetivos de los principios generales del conflicto armado 1) la conquista y destrucción de la fuerza armada del enemigo, 2) la posesión de su material y otros recursos de fuerza y 3) la obtención de la opinión pública (Clausewitz, 1942). Dentro de este marco, la constancia por parte de las FF.MM. en el sector económico más poderoso de las FARC así como la búsqueda y destrucción de artefactos de guerra que afectan tanto a la población civil como a la fuerza pública33; la cual ha proporcionado pie de fuerza para el control del territorio nacional tanto de la Fuerza Pública como de la población civil.

La necesidad de una constante participación por parte de las Fuerzas Militares en un escenario de posconflicto en cuanto a futuras amenazas contra el Estado colombiano y la población civil no es solamente una necesidad fáctica para la construcción de un nuevo país y la protección de la soberanía y la seguridad como máximo artífice de lo que Hobbes recauda como la técnica o arte en la creación de la República o Estado34.

Es así como esta institución enseña a la transformación de las necesidades dentro de la sociedad y de la lucha a los puntos de inflexión de los grupos al margen de la ley.

Conclusiones La importancia de las Fuerzas Militares y su capacidad de acción y adaptación dentro de un escenario de posconflicto es una de las bases ineludibles para la construcción de paz y equidad dentro del Estado colombiano. A las futuras amenazas que exploren el enriquecimiento ilícito encontrarán un contendor que analizará sus núcleos y obrará estrategias que sobrepondrán a las esferas del crimen con la nominación de la avanzada en pro de la seguridad civil y del control del territorio nacional.

De igual forma, las FF.MM. han de fortalecer los sectores cívico-militares (de acción integral) como el refuerzo del último objetivo en la victoria del conflicto armado, la opinión pública en su crecimiento político, económico y social dentro de la continuidad al ser el primer garante del Estado en las zonas de mayor afectación resultado de la colisión FF.MM. - GAOAML. 33. Uno de los sectores que ha sido objetivo militar para la seguridad nacional es el material explosivo destruido. La firmeza por parte de las FF.MM. ha llegado a la destrucción de 45.052 artefactos explosivos en la última década en el sector de la antigua zona de distensión de las FARC (Fuerza de Tarea Conjunta Omega, 2016).

34. Esta noción de soberanía, judicatura y poder ejecutivo son las almas artificiales para la garantía del movimiento del Estado y su futuro coaccionar a las necesidades del mismo, de esto radica el uso de la técnica como la estrategia dentro de las Fuerzas Militares y estatales necesarias para el fin del conflicto armado en la edificación de un nuevo país (Hobbes, 1651).

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La especialización por parte de los militares ampliará entonces los sectores afectados, propondrá esta adaptabilidad y fuerza estructural a la sociedad como un conjunto de solidez para las lecciones que nos proporcionó nuestra nación, así como los cimientos obtenidos desde el esfuerzo de los hombres, mujeres y niños en un norte amplio, pero no inalcanzable para la sociedad colombiana: la paz.

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segunda parte

LA DOGMÁTICA EN LA MEMORIA DEL CONFLICTO

1. Horizonte de una contextualización de la memoria histórica militar a propósito de la experiencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega Grupo de estudio de Memoria Histórica del Conflicto Pontificia Universidad Javeriana35

Introducción Durante la última década, los estudios referidos a los procesos para la promoción de una cultura para la paz en Colombia han estado centrados en la construcción de la memoria histórica para la no repetición de los procesos de la violencia. La característica más recurrente ha sido la historiografía lineal que trata de establecer de manera causal-efectual la explicación de fenómenos en condiciones estructurales, recurrentemente usadas para la composición de periodos a manera de bloques de contenido, referidos a sujetos colectivos, movimientos, grupos, etc. Muestra de ello es que junto al informe titulado “¡Basta ya!” producido por el Centro de Memoria Histórica, son publicados trabajos como el coordinado por Lina Saldarriaga, “Guerrilla y población 35. P. Edwin Murillo Amaris, s.j, Doctor en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Luis Felipe Vega Díaz, Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Roberto García Alonso, Doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Director de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Mario Arroyave Quintero, Doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Hamburgo, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. El Señor Brigadier General en Retiro Activo Fabricio Cabrera Ortiz, Profesor de Seguridad y Defensa en América Latina de la Carrera de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

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civil: trayectoria de las FARC-EP 1949-2013”, el de Jefferson Jaramillo, “Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudios de las comisiones de investigación” (1958-2011). De igual modo, artículos como el de Elsa Blair, “Memoria y poder (des) estatalizar las memorias y (des)centrar el poder del Estado”, o trabajos centrados en memoria y condiciones psicosociales como el coordinado por Alejandro Castillejo, “Memoria, silencio y acción psicosocial. Reflexiones críticas sobre por qué recordar en Colombia”.

La tendencia a partir de lo descrito anteriormente se encuentra, como se dijo atrás, dirigida a la construcción de sujetos colectivos y estructuras de movimientos. Trabajos como los de Catalina Umprimny en relación con la justicia transicional abordan el tema: “Saberse algo de memoria en el proceso transicional colombiano”, o el María Aguilar Peña: “Las FARC, la guerrilla campesina 1949-2010: ¿Ideas circulares en un mundo cambiante?”, así como aquellos producidos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, órgano que adelantó informes sobre las masacres de Bojayá, Trujillo, El Salado, La Rochela, etc. Finalmente, existen trabajos centrados en las historias particulares de individuos sobrevivientes a manera de descripciones densas, publicaciones como la de David Arteaga: “Entre la memoria y el olvido. Un análisis desde la perspectiva del individuo víctima del conflicto armado colombiano”, o el adelantado por Ómar Huertas: “Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperación de la memoria histórica, 1995-2006”.

El eje central del método historiográfico utilizado advierte una suerte de dialéctica de composición; esto es, la historia como memoria de las violencias sobre los sujetos colectivos periféricos o vulnerables evidencia, gracias a la confrontación de las tendencias de no-visibilidad u ocultamiento estatal a cargo de historias generales, la acción política de estas minorías como capacidad de “reclamar justicia”, es decir, la memoria como acción política y factor “explícito” de la reivindicación. En efecto, la presencia de imágenes de memoria colectiva con una capacidad pragmática en términos de justicia y resistencia a la violencia, utilizado esto en el ámbito colombiano como una construcción colectiva basada en el señalamiento y la culpabilidad de los actores para la transparencia y el derecho a la verdad, vienen implicando precisamente que otros procesos de memoria histórica o acercamiento al conflicto puedan no ser imparciales u objetivos, no porque se piense en una historia de la objetividad –análisis de suyo imposible–, sino debido a la ausencia de una memoria institucional (Armiñon, 2006, p. 51). Esta ausencia deja entrever de las etnografías arriba descritas, que la producción de la violencia en Colombia ha sido una recurrencia sistémica entre dos actores: FF.AA. y minorías campesinas, sociales y culturales; ocultando el 74

rol de las elites políticas nacionales y regionales, así como las dinámicas de cooptación por ciertos liderazgos de los mecanismos de gestión del Estado.

En síntesis, el problema de la concepción de la memoria histórica anteriormente descrito, además de lo ya señalado, es que su construcción como instrumento para la construcción de la paz está ligada directamente al señalamiento de los actores en función de una búsqueda de la verdad para la reparación de las víctimas –producción de verdades en los marcos históricos–, y no a la construcción del desempeño y evolución de los actores implicados para entender su participación y procesos internos y la necesaria refundación del Estado.

Si bien la concepción hasta ahora de la memoria histórica ha sido necesaria para el esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones en las que se dio el conflicto armado colombiano, la memoria histórica ha sido construida desde una mirada externa a las causas y desarrollo del conflicto, en donde el discurso institucional no tiene cabida y se prima la lógica de víctima y victimario sobre el porqué del involucramiento de los actores y la explicación causal de su participación como partes del conflicto, independientemente de su culpabilidad.

Precisamente, esto ha implicado para las Fuerzas Armadas una construcción de memoria histórica colectiva en donde no tienen voz, porque no han sido ellos, sino otras instituciones o sectores de la sociedad los que han construido su historia, quitándoles la posibilidad de pensarse como actores del conflicto con un involucramiento y desarrollo personal en el marco de su acción constitucional y como brazo legitimo del Estado para el uso de la fuerza (Boyce, 2005, p. 11). Esto quiere decir que se le ha quitado la capacidad a las Fuerzas Armadas y, por tanto, al Estado de proponer una memoria histórica desde su mirada del conflicto por considerarla de entrada imparcial y con baja transparencia. Las implicaciones de lo anterior dentro del institucionalismo del Estado colombiano implican graves consecuencias dado que primero, se le quita legitimidad de discurso a las Fuerzas Armadas, y segundo, las hacen ver desvinculadas de un Estado igualmente participativo y que encierra la totalidad de esta institución como uno solo actor. En pocas palabras, se ha desvinculado a las Fuerzas Armadas de entrada en la construcción de la memoria histórica colombiana.

Por tanto, el propósito de adelantar desde la Fuerza de Tarea Conjunta Omega un ejercicio de la Memoria histórica del conflicto que permita consolidar un consenso social como punto de partida para la mirada a futuro de la región, no advierte otra cosa que crear y pensar desde el sentir de los diversos miembros de las Fuerzas Armadas, sus experiencias de vida, relatos e historias, un aporte significativo a la producción de una memoria colectiva en Colombia sobre las violencias, operacionalizando 75

un propio modelo centrado en el carácter institucional en el que las visiones de todos los involucrados; esto es, miembros de las Fuerzas Armadas y el conjunto de actores de la sociedad Civil regional, establecen a través del diálogo, conjuntos formales como transacciones e intercambios de experiencias y expectativas conjuntas (Cramer & Goodhand, 887ss). La memoria histórica militar debe pensarse en conjuntos y causalidades que devuelvan al Estado y a sus actores institucionales la capacidad de contar su historia con pretensiones de objetividad, puesta esta en sus experiencias colectivas. Más allá de ser una memoria de señalamiento y culpabilidad, se debe implementar una de autorreconocimiento y enseñanza de la participación de las Fuerzas Armadas en el conflicto, reconociendo los hechos pero mostrándose como un actor que igualmente vive, participa y se ve afectado por el conflicto.

La necesidad de este proceso, ha llevado a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, precisamente a desarrollar un esfuerzo regional en el que las Fuerzas Armadas, definan las narrativas de su participación en el conflicto, evitando la generalidad de pensar una memoria histórica de culpables en donde se señalaría al Estado como promotor de mecanismos contrarios a él mismo como política de Estado para contrarrestar oposiciones y amenazas internas. Intelectuales alemanes como Aleida Assman: “Soziales und kollektives Gedächtnis”, al igual que la Universidad de Konstanz como “Conciencia Colectiva” kollektives Bewusstein, evidencian los peligros de una posición como esta. Del mismo modo, el trabajo de la memoria histórica procura definir los criterios respecto a aquello necesario que debe ser olvidado; como lo plantea el Dr. Harald Homann de la Universidad de Leipzig, en relación a la muerte y los asesinatos en el caso de Armenia y Turquía.

Conjunto con esto, se encuentran dos retos más para la reconstrucción de una memoria histórica institucional con una participación directa del Estado y de las Fuerzas Armadas (Hollingstworth, 1991, p. 23). El primero, ligado a la aceptación de que se tiene un conflicto con la participación de un actor institucionalizado, respaldado y partícipe del Estado, y otro no institucionalizado que tiende a institucionalizarse en el proceso dadas las particularidades territoriales y sociales del conflicto armado colombiano, implicando esto un reto para la construcción de memoria histórica dado que si el Estado no logra la capacidad de incluirse como el constructor de dicha memoria, corre el riesgo de perder legitimidad y autonomía dentro de su capacidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza regional-local. Y el segundo, referente a que no se puede pensar a las Fuerzas Armadas como un actor externo al estatal en donde haya una separación entre estos dos. Las Fuerzas Armadas son un aparato institucional inmerso en el estatal y deben ser pensadas dentro de la 76

legitimidad y campo del Estado como un todo. No son un actor independiente del conflicto que necesite del arbitraje de un tercero.

Por tanto, según lo anteriormente desarrollado, la manera de concebir la memoria histórica debe estar ligada a una propuesta institucional que abarque lo colectivo y proponga la participación directa del Estado y las Fuerzas Armadas en el conflicto como un actor que vive y hace parte de él en cumplimiento con sus funciones pero enmarcado en un desarrollo de los hechos que debe ser explicado autónomamente.

Además, la construcción de memoria histórica debe ser aquella colectiva en donde no prime el señalamiento y la culpabilidad (estudio que ya ha sido debatido y realizado), sino en donde no se permita un Estado como actor que ‘desvirtualice’ los hechos del conflicto colombiano y se excluya del proceso. La construcción de memoria histórica para el futuro de una Colombia sin conflicto, debe ser institucionalizada igualando al Estado con la sociedad civil (tanto directamente afectada como no), para el éxito de procesos duraderos de paz que primen la revisión del aparato estatal, su vinculación en el conflicto y la consumación de una rendición de cuentas por parte de este. Una memoria histórica no institucionalizada es una memoria histórica que no implica ni articula al Estado y corre el riesgo de no tener el peso suficiente para sanar heridas y reeducar a una Colombia que tiende a olvidar su pasado (Milliken & Krause, 2002, p. 761).

Por último, es la Fuerza de Tarea Conjunta Omega como acción estratégica para la confrontación de las FARC en sus zona de retaguardia estratégica, se encuentra llena de narrativas, memorias y recuerdos del conjunto de las fuerzas Armadas; por lo que procurar a través del debate con los actores específicos y contrastar con las víctimas, población reintegrada y otros actores sociales, puede visualizar un discurso objetivo, incluyente y transparente de la manera en que todos logran concebirse a sí mismos, en torno al uso de la fuerza del Estado. Es por ello que la importancia de narrar estas experiencias logre generar la confianza en la comunidad internacional para el rediseño inminente de la institucionalidad estatal, así como el soporte para la nueva tarea del Estado colombiano consistente en la transformación militar.

Una paz positiva desde la memoria A este respecto, en el concierto de los académicos adscritos a la resolución de conflictos como subdisciplina de la ciencia política, se entiende la paz mucho más allá que la ausencia de guerra; teniendo que ver en forma directa con la superación, reducción o prevención de todo tipo de violencias, tanto físicas, culturales o aquellas 77

concebidas como estructurales; pero adicionalmente, con las capacidades de los sujetos-ciudadanos para transformar los conflictos, de forma que como expresión violenta logren convertirse en oportunidades de encuentro, creación, comunicación y adaptación al intercambio entre múltiples comprensiones de la sociedad y de la vida misma como elemento central de una sociedad democrática (Fisas, 2010).

En relación a lo anterior, la condición propia de una comprensión de la memoria histórica no es definible como tal por las mismas disciplinas sociales, entre ellas la historia; la discusión sobre su implementación está en el centro de los procesos de debate para una recomprensión de los espacios democráticos contemporáneos. En efecto, si bien la definición se encuentra menos clarificada en las ciencias sociales, el uso de los contenidos de su producción observa tres escenarios de implementación; sociológicos, jurídicos y principalmente políticos. Ricard Vinyes bien lo anota: “Recuperar la memoria histórica” (es) una expresión surgida en aquellos años, y que no era más que una metáfora de esta evocación por el conocimiento, no necesariamente histórico y académico, sino también ansia de un relato o relatos, que permitiera comprender, qué había sucedido, en qué acontecimientos y luchas del pasado se podían identificar los principios democráticos que ahora se institucionalizaban, por qué eran justos, qué les hacía justos, qué cantos, qué himno, qué nombres de hombres y mujeres ejemplificaban la libertad, la justicia social (…) cuáles habían sido los costes (Vynes, 2009, p. 37).

En el mismo marco de la mirada política, se han decantado los elementos de las definiciones de memoria histórica concentrando la caracterización en el hecho de que la transmisión como sustento de construcción de una memoria que vincula a la sociedad más allá de las víctimas y que trasciende generacionalmente, se produce a partir de huellas o “vehículos de memoria”, pero no como verdad detallada surgida de los mismos, sino como narrativa de carácter general que “da sentido a un periodo”.

En ese sentido, la memoria histórica supone, así, el proceso de ampliación social de interpretaciones sobre acontecimientos que son vividos por personas o grupos de manera más inmediata, a través de mecanismos de reconocimiento, pero el cual ocurre sobre un tipo de relato de carácter esquemático, simplificado. Sociales más allá de la experiencia singular e individual (Fisas, 2015).

En este orden de ideas, las Fuerzas Armadas advierten desde su correlación narrativa, la agregación de las historias de vida, metas y voluntades, de forma conjunta, en la que estos hombres y mujeres que fueron convergidos por un contexto, tiempo y sociedad en particular, tomaron la decisión personal –que bajo circunstancias 78

diferentes jamás habrían visto como una opción– de hacerse miembros de las Fuerzas Armadas. Así, el componente de estos relatos de las Fuerzas Armadas en la Memoria Histórica del conflicto propone, abandonando todo negacionismo, establecer un esfuerzo consciente institucional por asumir sus responsabilidades morales de su rol en el conflicto armado, así como encontrarse con su pasado para transformar y fortalecer su propia comprensión institucional (Nora, 1993, p. 72.)

Al proponer el concepto de Memoria Histórica Militar se pretende dejar un registro físico, de fácil acceso y de pronta comprensión, de las vivencias y comprensiones singulares de los elementos que componen las Fuerzas Armadas de Colombia, sin una intervención mayor que la de mediador, con la intención de esclarecer sucesos, aclarar motivos que se esconden detrás de las voces que a la fecha no han sido escuchadas más que por comunicados oficiales, las voces de los miembros de las Fuerzas Armadas. En efecto, es este año un momento decisivo en la historia del país y para el futuro institucional de las Fuerzas Armadas, para aportar investigación en procura de establecer una verdad sobre el conflicto.

En el nivel estratégico, es clave, como se ha dicho permanentemente por el equipo negociador en La Habana, hacer investigaciones que logren complementar y afianzar la generación de confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Este espacio de discusión propende a que las Fuerzas Armadas de Colombia, a través de la sistematización de sus experiencias como una producción de verdad institucional, logren abrir los canales para la reparación integral de víctimas, así como la definición del compromiso con la protección del derecho a la verdad, del que son titulares todos los colombianos. De esta forma, los intentos para la realización de la memoria histórica establecen una plataforma de promoción, diálogo y articulación de las memorias singulares del Ejército Nacional en conflicto armado, que garantizará la inclusión de diversos actores, versiones y partes, para contribuir a la reparación integral, el esclarecimiento, la no repetición y la construcción de un legado testimonial, y una justicia y paz que perduren por el resto de la historia.

En este orden de ideas, asumiendo lo propuesto por Hannah Arendt, tal escenario solo puede desarrollarse en tanto se amplíe una esfera pública auténtica, en la que el sentido por la política y la moral, lo público y lo privado se recupere por la comprensión de sentido colectivo (Del Castillo, 2001, p. 87). En efecto, la desaparición de una esfera pública y política advierte que la banalidad del mal no es un problema de corazones y almas retorcidas, sino que “tiene lugar entre los hombres. Aparece justamente allí donde este espacio público ha sido destruido”(Arendt, H., 1994, p. 196). Así, el ejercicio crítico de las Fuerzas Armadas en su tarea de memoria pretende plasmar 79

las consecuencias y horrores vividos tanto por los integrantes del Ejército Nacional como las afectaciones de diversos grupos sociales por las acciones insurgentes, de manera que los mismos actores referidos tanto como testigos al igual que como testimonios, establezcan una condición anamnética como acceso a la posibilidad de no repetición de las violencias.

En búsqueda de un método La aplicación del concepto suscita notables discrepancias, especialmente al implicar la fijación de hechos y procesos históricos de interpretación no unívoca, en algún tipo de relato, alternativo a otros que, en casos extremos, puede convertirse en una verdad oficial o en una verdad “políticamente correcta”, “oficial” o “pensamiento único”. Para evitar dicha problemática frente a la aplicabilidad del concepto, lo que ha venido haciendo la Fuerza de Tarea Conjunta Omega ha sido la recolección de microrrelatos clasificados en torno a hitos históricos relevantes, de forma que se establezcan mecanismos de control que preserven la veracidad de cada relato sin presentarse mayores alteraciones en su composición discursiva.

En este orden de ideas, como se ha dicho anteriormente, construir memoria es un acto político y una práctica social. La memoria es un campo en tensión donde se construyen y refuerzan o retan y transforman jerarquías, desigualdades y exclusiones sociales. También es una esfera donde se tejen legitimidades, amistades y enemistades políticas y sociales. Teniendo como base la anterior definición, las Fuerzas Militares deben construir la memoria histórica de acuerdo a las intenciones del Gobierno Nacional, pero sin perder su identidad como institución que durante el conflicto armado interno defendió la independencia nacional y las instituciones públicas, y protegió a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Delimitación de tres caracterizaciones de tareas para entender las implicaciones de una investigación en memoria Histórica Una primera delimitación puede ser entendida como los mecanismos de reconstrucción del contexto de los eventos que pueden ser triangulados por las investigaciones en memoria histórica. Desde las Fuerzas Militares, dichos mecanismos pueden 80

ser entendidos a partir de los cambios y los daños resultantes de las acciones violentas y su impacto sobre la vida de la gente y de la sociedad como un todo, como por ejemplo: el desplazamiento forzado de población, narcotráfico, secuestro, extorsión, debilidad institucional, reclutamiento ilícito de menores, “boleteo”, asesinatos selectivos, masacres, violaciones, minas antipersonales, ataques a bienes civiles, ataques contra bienes públicos, el fenómeno paramilitar, las armas y las urnas en relación con el sistema político y localista, la inequidad y cuestión agraria y la dinámica bélica que retroalimenta la guerra agravando el desarrollo y las condiciones socioeconómicas de la población (Brinkerhoff & Mayfield, 2005, p. 62).

Una segunda es la capacidad de transformar los conflictos pero particularmente la promoción misma de reducir los temores colectivos a través de la posibilidad en definir una pedagogía y comunicación estratégica de estos procesos de producción y hallazgo de verdad institucional. En efecto, es imposible predecir el futuro y definir cuáles serán las situaciones de crisis a las que las Fuerzas Armadas habrán de enfrentarse, y más en un escenario de posacuerdo. Hasta ahora, la socialización de estos procesos de transformación institucional y la ampliación de condiciones para el fortalecimiento de los mecanismos propios para la radicalización de la democratización se viene traduciendo al interior de las Fuerzas Armadas como un área de apoyo a las instancias centrales de decisión y acción (Held, 2000, p. 9). Sin embargo, y este es el punto de partida objetivo de la necesidad de una pedagogía de la memoria histórica militar, es necesario intensificar la vinculación de los diferentes grupos sociales con las experiencias individuales y colectivas de los miembros de Fuerzas Armadas, así como la producción y gestión de contenidos en función de la sensibilización, pedagogía, apropiación del pasado, ello en tanto factor adicional para el fortalecimiento de la legitimación democrática no solo de la firma de los acuerdos, sino de los procesos de transformación de las Fuerzas Armadas a los que se verán abocadas estas en el escenario de posacuerdo.

Finalmente, una tercera caracterización es cómo a partir de la memoria se pueden establecer mecanismos para la gestión de situaciones de crisis futuras, en especial aquellas que se originen alrededor de las organizaciones públicas y en especial de las Fuerzas Militares. En efecto, los riesgos no disminuirán, pero la memoria como una posibilidad amplia de aprendizaje no solo permitirá una gestión misma de estos sino la ampliación de las exigencias comunicativas institucionales de la memoria que garanticen la reputación e imagen institucional, así como de su capacidad de gestión y apropiación eficiente de una ingeniería institucional de cambio.

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Por ello, una dimensión imprescindible del proceso de transformación y rediseño institucional ubica la memoria histórica como el momento antecedente para la gestión del riesgo, es decir, la reducción de temor sobre escenarios futuros no solo al interior de las Fuerzas Armadas, sino al conjunto de la ciudadanía en general, al mismo tiempo que la gestión de la confianza ciudadana y la producción de capital social. Evitarlo obliga no solo a la tarea de producción de la memoria histórica militar, sino a definir y analizar sus mecanismos pedagógicos que establezcan el elemento central de las estrategias de información para la reducción de riesgos sociales futuros por desinformación del pasado (Nora, 1993, p. 82). Reiterando, las fuerzas Armadas se encuentran al centro de la escena política y, por ende, son productores constantes de opinión en el escenario del que se ha venido haciendo mención; sin embargo, el riesgo de que la opinión generada por otros actores respecto a sus procesos genera crisis interna por desinformación sobre las imágenes del pasado reciente del conflicto, lo que significa un aumento de los temores sobre el futuro; e igualmente impide canalizar las enseñanzas y aprendizajes de estos años de conflicto para direccionar un contenido institucional específico ante la opinión pública.

En síntesis, los valores sociales recuperados de las formas de inducción de la memoria del conflicto por parte de las Fuerzas Armadas propende necesariamente a la generación de confianza en la ciudadanía que brinda legitimidad a la validez de los alcances del proceso de paz, al igual que los medios necesarios para su consolidación.

Fortaleza institucional proveída por la Memoria La fortaleza institucional de la capacidad de reconstrucción de la memoria del conflicto desde las Fuerzas Armadas, es la producción de un contenido de verdad propio para ser comunicado. Esto con un principal interés: recomponer la imagen de heroísmo en la optimización de la vida cotidiana de cada uno de los miembros en el desarrollo de sus tareas, y en sus espacios vitales referidos a sus relaciones familiares e interpersonales, a su vez, los mecanismos por medio de los cuales estos se irradian al conjunto de la sociedad. Es de importancia que se conciba que el soldado, a partir de sus relatos sobre el conflicto, como un miembro activo de la sociedad que cuenta con familia, amigos y vecinos, con los cuales socializa su vida institucional y reproduce sus inseguridades y temores. Por esto, los procesos de memoria histórica no pueden ser simplemente informativos, lo que significa que no se debe garantizar un proceso de sensibilización masiva de apropiación del contenido de los relatos emergentes de memoria militar.

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Sin duda, esto es determinante para las Fuerzas Armadas porque establece las condiciones de relación de los procesos pedagógicos institucionales, lo que de suyo determina el principio de acción de un proceso de transición y de consolidación de la paz. Así las cosas, el riesgo es que el recurso de la memoria no genere impactos a mediano plazo, se disperse como simple información que le reste apoyo institucional al Estado en un marco democrático a corto y mediano plazo.

En efecto, su importancia estratégica puede centrarse en que la función de la memoria genera espacios de cultura institucional para la socialización de los mecanismos que permiten la reducción de temores, permite la exploración de expectativas y compromisos personales en relación a un proyecto colectivo de sociedad, visibiliza los liderazgos claves para dichos procesos de transformación, e incorpora los valores institucionales que orientan los mecanismos de transformación institucional (Rhodes, 1996, p. 653). En efecto, las Fuerzas Armadas constituyen la expresión institucional de un proceso que en su momento condujo al monopolio del uso de la fuerza en un marco jurídico-territorial determinado. Pero esta “expresión institucional del monopolio del uso de la fuerza” no debe ser entendida exclusivamente en términos de una cierta capacidad material sino también en relación con aspectos simbólicos, tanto frente a la propia institución como en cuanto a la población. Es decir, las Fuerzas Armadas, como institución con determinadas características que se repiten en diversos contextos temporales y culturales tienen un importante componente valorativo y connotaciones simbólicas inherentes a su funcionamiento interno y a la producción de sentido en el campo social, condición determinante para la evolución institucional, proveída por el proceso necesario de recomponer la memoria del conflicto.

Sin duda, uno de los activos más importantes de las actuales Fuerzas Armadas radica en el apoyo y en la confianza permanente y duradera en el tiempo por parte de la opinión pública. Sin embargo, de acuerdo a los últimos datos analizados se ha observado un ligero descenso en el apoyo a las misiones de las Fuerzas Armadas coincidiendo con el marco temporal del actual proceso de paz. Esto es, que en el marco de una pedagogía de la memoria del conflicto se desarrollan mecanismos de influencia y creación de agenda directamente en la opinión de la sociedad en general, que en última instancia son los validadores y evaluadores de sus actividades profesionales. Esta estrategia logra conectarse con los diferentes actores de opinión y con los ciudadanos de a pie, factor que juega un papel muy positivo en la medida en que refuerza la confianza de la ciudadanía como capital social institucional (Brinkerhoff, 2005, p. 12ss).

En síntesis, la experiencia que se ha desarrollado en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en el marco del desarrollo de la Memoria Histórica que el Ejército Nacional 83

ha venido desarrollando a través de la Jefatura Jurídica Integral, es un espacio de laboratorio para ampliar a todas las regiones del país, el cual evidencia que las Fuerzas Armadas, en su proceso de transformación y de rediseño institucional, establecen una condición sustancial para el fortalecimiento de la gobernanza del estado en las zonas de periferia en Colombia.

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2. Procesos de transformación institucional a partir de la Memoria Histórica: estrategia de construcción de paz Grupo de estudio de Memoria Histórica del Conflicto Pontificia Universidad Javeriana36

Introducción La transformación del Ejército Nacional de Colombia en el inmediato futuro supone, en términos institucionales, el diseño de una institución multipropósito para el fortalecimiento de los alcances de los acuerdos de paz, de cara a sus retos futuros, institucionalmente visualizados en sus documentos, y proyectados estos en la necesidad de prácticas educativas, técnicas, de herramientas y entrenamiento para materializar dicho horizonte. Así, es posible afirmar que el proceso de transformación es el horizonte que dentro de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional se ha trazado asumiendo como activo indispensable el capital humano y la experiencia acumulada, particularmente durante las dos últimas décadas, periodo en el que se inició la 36. P. Edwin Murillo Amaris, s. j., Doctor en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Luis Felipe Vega Díaz, Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Roberto García Alonso, Doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Director de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Mario Arroyave Quintero, Doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Hamburgo, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. El Señor Brigadier General en Retiro Activo Fabricio Cabrera Ortiz, Profesor de Seguridad y Defensa en América Latina de la Carrera de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

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sistematización y reflexiones internas para concretar las líneas de cambio institucional, las cuales propenden ahora un proceso de maduración en una política educativa.

El actual proceso de paz que ha iniciado el Gobierno Nacional imprime unas condiciones históricas y sociales particulares en este proceso de transformación institucional. Ello, advirtiendo un horizonte exitoso, de antemano plantea que la salida al conflicto armado interno, ahora o en el futuro cercano, debe ser la modernización a través de políticas que garanticen una economía del esfuerzo en relación a la experiencia acumulada como grupo, y a las capacidades y potencialidades específicas de cada uno de sus miembros en sentido individual, todo ello funge como una ecuación que tiene como resultado el mejoramiento en términos de eficiencia institucional para el fortalecimiento del Estado. Así las cosas, y en el marco de la modernización y especialización del Ejército Nacional es comprensible la frase decimonónica: “Lo que primeramente, y ante todo, constituye este poder es la fuerza física de la nación, es el ejército. El ejército viene así a ocupar en el conjunto de las instituciones sociales un lugar completamente aparte. No solamente es un servicio público de primera importancia, sino que es la piedra angular de la sociedad, es ‘el Estado hecho carne’ ” (Núñez, 1886, p. 632).

En efecto, es claro que para el Estado, la actividad estratégica del Ejército para combatir las amenazas supone operaciones militares específicas, pero, de igual manera, necesita institucionalmente avanzar en los mecanismos que le permitan desarrollar actividades complementarias para alcanzar sus fines constitucionales y legales. En este sentido, la capacidad militar se convierte no solo en un conjunto de acciones para la neutralización de la amenaza, sino que se desarrollan y adquieren nuevas competencias como capacidades institucionales como parte del Estado para el apoyo a la consecución y gestión de una paz estable (Gonzalvo, 2015, p. 61).

Es importante entender este último tenor: Gestión de una paz estable en términos de posconflicto, el cual deberá ser definido, inicialmente, como un período de tiempo caracterizado por ser aquel que hace parte de la superación de un conflicto armado, bien de forma definitiva, gradual o parcial; lo que genera que se materialice en una disminución drástica, definitiva o sustancial del conflicto armado, perdiendo así la condición de conflicto activo. En palabras de Ugarriza, “el posconflicto puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado” (Ugarriza, 2013, p. 145). Así las cosas, este concepto de gestión se encuentra ligado a la deconstrucción de paz, que sería en últimas el fin que justifica el posconflicto, el 88

cual debe incluir aspectos tales como desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes (DDR).

Asumiendo lo anterior, los retos sociales del Ejército Nacional para la gestión del posconflicto pueden ser resumidos en la gestión de riesgo en sociedades como la colombiana abiertas a intercambios regionales y globales, al igual que una emergencia de nuevos y diversos actores internos violentos o no. Para esto es indispensable entender conceptualmente el riesgo en un sentido mucho más amplio que el tradicional concepto de amenaza. El riesgo advierte su propia semántica, como describe Ulrich Beck, quien advierte que este puede ser resumido como la síntesis de dichos riesgos futuros que se tematizan en el presente y son el resultado de los éxitos mismos de la civilización. En las propias palabras de Beck, “el riesgo es el patrón perceptivo e intelectual que moviliza a una sociedad enfrentada a la construcción de un futuro abierto, lleno de inseguridades y obstáculos, una sociedad que ya no está determinada por la religión, la tradición o la sumisión a la naturaleza y que tampoco cree en los efectos redentores de las utopías” (Beck, 2008, p. 28).

Así, una política de socialización de la importancia del Ejército Nacional para el posconflicto, supone en términos de gestión del riesgo como racionalidad de intervención social para el desarrollo: 1) la diplomacia para la seguridad en el campo internacional y el apoyo, a partir de la sistematización de su experiencia, a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas para el apoyo a actuales o futuros conflictos locales en el marco global; 2) acción integral para la defensa y seguridad en función de la protección de la población para nuevas amenazas internas; 3) atención y prevención de desastres naturales; 4) gestión de las capacidades para garantizar flexibilidad institucional como mecanismo de respuesta a los riesgos aleatorios que emerjan en el proceso de post-acuerdo; 5) sostenibilidad del gasto; 6) ciberdefensa y ciberseguridad; 7) ciencia y tecnología en la innovación de los medios físicos para proporcionar seguridad y defensa en relación a la velocidad y capacidad de respuesta a un conjunto global y regional de amenazas móviles.

En síntesis, el marco de transformación institucional puede ser resumido en el desarrollo de nuevas capacidades para la gestión del riesgo, en el marco del horizonte internacional de protección y defensa de la vida humana, bien resumido en el informe sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas, que es sin duda uno de los horizontes determinantes de este proceso de modernización, adviertiendo por tanto, capacidad institucional para la anticipación y adaptación como inteligencia organizacional en procura de la promoción de factores, en el marco ampliado de la seguridad, para el desarrollo armónico de la vida humana.

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Comprensión teórica de la necesidad del proceso de paz Hablar del proceso de paz desde la perspectiva teórica exige asumir varios aspectos como son los modelos que se proponen, las etapas o fases que lo componen, las condiciones que se deben crear y los riesgos que están presentes. En lo atinente a los modelos de procesos de paz, Fisas (2010) plantea que estos se encuentran basados en los mecanismos constitucionales para la protección misma de la democracia.

Para los retos futuros en dicha protección de la democracia, el Ejército Nacional advierte la necesidad de concebir sus roles institucionales en relación a la importancia de incluir en ellos modelos de reinserción consistentes en la dejación de las armas por parte del grupo armado ilegal en el camino para su reintegración a la sociedad, lo que exige el desarrollo de capacidades técnicas y de investigación desde la experiencia militar de un válido proceso para un programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). Tal como se presenta en el cuadro a continuación, este esquema se basa en el sometimiento de la organización irregular como consecuencia del éxito del Estado en la apertura institucional para reintegrarlo a la vida social (2015).

Un modelo de intercambio para el caso colombiano es que para que los acuerdos de paz logren escenarios de democracia, tal como se ha puesto en evidencia en las negociaciones de El Salvador y Guatemala cuando las fuerzas insurgentes no lograron someter a su contrario, es indispensable fortalecer los mecanismos de formación en todos los niveles de la estructura militar en capacidades estratégicas de cada uno de sus miembros.

La gobernanza propiciada por la transformación del Ejército en el marco de la ampliación de los escenarios de democracia debe ser entendida como una meta que direcciona la actividad, que requiere instrumentos para identificar lo que la sociedad desea que se haga y, luego, examinar los medios para alcanzar las metas colectivas.

En relación a este punto, los procesos de posconflicto social deben entenderse como una ampliación no solo de las capacidades de los individuos en la tramitación de sus intereses, sino en los medios por los cuales establecen cooperación para la agregación de los mismos en bienes colectivos.

Para entender lo anterior, es indispensable ubicar las caracterizaciones de diversos conflictos en los que puede ubicarse el colombiano, para poder establecer la necesidad de la negociación de paz como necesaria.

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Figura 1. Modelos de procesos de paz

Fase exploratoria (etapa de tanteo) Acuerdo preliminar (acuerdo en acordar) Tregua. Alto al fuego (unilateral o bilateral)

Acuerdo de prenegociación (acuerdo sobre el “cómo” hacerlo)

Acuerdo Marco. Hoja de Ruta (principios generales de los pasos y la agenda) Cese de hostilidades (unilateral o bilateral)

Acuerdo Parciales + Protocolos

Acuerdo General (Se define el cómo, qué y quién)

Los momentos de alto al fuego y el cese de hostilidades son variables, y forman parte del proceso de negociación

Acuerdo de implementación + Verificación + Solución de controversias

Fuente: Fisas (2010, p. 6).

Expuesto lo anterior, las fases o pasos que se deben dar para lograr el proceso de paz, para lo cual parte por señalar que todo proceso de este tipo requiere necesariamente de una fuerte inversión de tiempo, puesto que se requieren años para la superación de cada una de estas fases. Asimismo, subraya que la propuesta que se presenta corresponde a una síntesis de otros procesos, sin que ninguno de ellos resulte igual a los demás, pues cada uno tiene sus particularidades económicas, sociales, políticas; pero sobre todo que se presenta bajo distintos niveles de correlación de fuerzas. En la figura 2 se muestran de forma esquemática las fases que componen un proceso de paz.

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Figura 2. Etapas macro de un proceso de paz Modelos

Con facilitación externa

Sin facilitación externa Angola (FLEC) Congo (ninjas)

1. Reinserción Burundi Cote d’Ivoire Liberia RD Congo Somalia

2. Reparto del poder político y económico

(Colombia-FARC)??

3. Intercambio a) no agresión por desnuclearización

R. PD Corea/EEUU

b) paz por democracia

(Colombia-ELN)¿?

El Salvador Guatemala

c) paz por territorios d) paz por desocupación 4. Medidas de confianza bilaterales 5. Autogobierno

(Colombia-FARC)¿?

Nepal Sadáfrica

Israel/Palestina ¿¿Irak, Afganistán??

India-Pakistán Filipinas (MILF) Indonesia (Aceh) Sahara Occidental Sudán (Sur)

Irlanda del Norte

Fuente: Fisas (2010, p. 9).

La figura anterior muestra cómo un proceso de paz pasa por aproximadamente siete fases, las cuales se pueden ver atravesadas por escenarios de tregua (unilateral o bilateral) y de cese de hostilidades (unilaterales y bilateral), lo que incide necesariamente en el nivel de tiempo utilizado en cada una de estas fases. Pese a no mencionarlo, se considera que además de estas dos circunstancias, se debe sumar el tema de confidencialidad como otro de los factores que debe pesar en un proceso entre actores que tras décadas han estado desconfiando mutuamente.

Analizando, la fase exploratoria corresponde a una de las más complejas pues requiere de abrir espacios de confianza entre las partes en medio de un conflicto que puede estar activo, luego se insiste en crear condiciones y garantías de seguridad, a lo que se suma la necesidad de crear garantías para todos los participantes: “se buscan ciertas garantías para el cumplimiento de lo acordado en esta etapa, en las que se convienen los cronogramas y la metodología a seguir, se define una preagenda o agenda inicial, se establecen los términos de una primera hoja de ruta, y se clarifican los aspectos conflictivos del desacuerdo básico o de las incompatibilidades fundamentales (el metaconflicto)” (De La Calle, 2014, p. 11).

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No se debe olvidar que en la mayoría de los procesos de paz siempre se evidencia la presencia de organismos internacionales y Estados que ponen sus buenos oficios para que se den estos primeros acercamientos, los cuales incluyen la posibilidad de realizar reuniones en el extranjero que impulsen con mayor seguridad el proceso.

La consecuencia de estos acercamientos es el “acuerdo sobre lo que hay que acordar”, que corresponde a los puntos que serán tratados, luego se logra un acuerdo de prenegociación que corresponde a un entendimiento sobre la forma como se hará la negociación. Este primer preacuerdo lleva a la creación de un acuerdo marco, que corresponde a la hoja de ruta, que son los principios generales que guiarán la mesa de trabajo y la definición de la agenda sobre la cual se continuarán los diálogos.

Posterior a la hoja de ruta, se llega a la creación de los protocolos y los acuerdos parciales que son, en definitiva, aquellos que irán creando el clima de confianza para todos los negociadores así como a la sociedad civil y demás actores que se relacionan o se ven afectados por el de desarrollo de dichos acuerdos (Alto Comisionado para la Paz, 2014).

Con el cumplimiento y avance de la agenda se llega a una etapa decisiva que es el acuerdo general en el que se define cómo se llevará a cabo el proceso de paz, qué aspectos se incluirán y quiénes serán los responsables para su materialización. Finalmente, está el acuerdo de implementación, la verificación de los puntos acordados y la solución de todas aquellas controversias que sean barreras en el cumplimiento de lo pactado.

En síntesis, el proceso de paz es una de las nociones más dinámicas para la consolidación del posconflicto, en la medida que las medidas y acuerdos que se logren redundarán en que no se desvirtúe su fin como es vincular a las personas pertenecientes a los grupos armados ilegales a la sociedad civil y su reinserción en todos los sectores (político, económico, cultural).

Definición de “posconflicto” El posconflicto se debe comprender como un “concepto superior en la escalera de abstracción, lo que se entendería como la posibilidad de que exista el posconflicto sin que implique necesariamente la construcción de paz, puesto que el atributo del posconflicto no se encuentra en la misma concepción de la paz sino en la efectiva reducción del número de homicidios causados por la guerra.

En lo que concierne al diseño institucional, se plantea la necesidad de que el Ejército Nacional como parte del Estado asuma cambios estructurales, lo que significa 93

que los procesos formativos deben advertir que el nuevo diseño institucional para la etapa de posconflicto, pueda involucrar mecanismos formativos y éticos en sus manuales en relación a los mecanismos y formas para el relacionamiento en el marco de la reintegración política con excombatientes, en procura del fortalecimiento de un sistema democrático estable y legítimo.

En ese sentido, la educación militar debe incluir en los procesos de formación, tanto de oficiales como de suboficiales, factores para la reconciliación política que se caracteriza por ser “un proceso societal que involucra el reconocimiento mutuo del sufrimiento pasado, y el cambio de actitudes y comportamientos destructivos por relaciones constructivas para una paz sostenible” (Espitia, 2015, p. 8).

Conforme a esta característica, es indispensable que se generen competencias conceptuales desde la experiencia no solo de combate sino de conocimiento del territorio nacional y de la diversidad étnica y poblacional por su larga actividad, que permita al Ejército nacional ofrecer aportes en las relaciones internas así como en las que establece con los diversos grupos sociales, que afecten positivamente las emociones, actitudes y acciones, bajo el referente de la necesaria reconciliación nacional, la cual requiere la participación en aportes y apoyos, así como el directo involucramiento en actos públicos de perdón, el soporte a las iniciativas del gobierno en la creación de comisiones de la verdad, memoria histórica, etc. De lo aquí señalado, se entiende que el papel de la educación del Ejército en el posconflicto en la reconciliación política debe ser integral e inclusiva en tanto que como institución debe incidir de manera directa en los procesos de cambio social.

Así, ante la anterior afirmación la participación del Ejército Nacional en el proceso de transformación social (espacio en el que se deben asentar las nuevas relaciones cívico-militares), eje central sobre el cual se deben validar todos los acuerdos entre gobierno y el grupo armado ilegal, máxime cuando en el conflicto armado las principales víctimas se encuentran en la sociedad civil, requiere de una base en la oficialidad, suboficialidad y soldados profesionales que al interactuar con excombatientes y la ciudadanía organizada, puedan asumir acciones comprometidas, responsables y capaces de cuidar y promover los derechos sociales y políticos mediante la protección y securitización proactiva de los mecanismos de participación y acceso democrático.

Ya en la esfera individual, el posconflicto implica que se establezca una apropiación sobre lo que significa la participación ciudadana, los niveles de autonomía y libertad de pertenencia a colectivos o grupos políticos organizados. En síntesis, el posconflicto es una noción que se construye y consolida en la misma práctica, es decir, que es un proceso que por sus características se basan en la integralidad del 94

mismo, porque acoge múltiples factores económicos, políticos, sociales y culturales, los cuales deben ser tratados de forma conjunta por los actores que intervienen en dicho proceso.

Seguridad humana y gestión del riesgo Desde comienzos de los años noventa, la noción de seguridad humana está al centro de muchos debates en el sistema de las Naciones Unidas, en organizaciones internacionales y gobiernos de las distintas regiones, así como en el ámbito académico e intelectual y que viene siendo acogida por el Estado colombiano como horizonte de gestión.

En efecto, con el fin de la guerra fría se tomó conciencia de que se multiplicaban las amenazas no armadas a la seguridad a nivel internacional, regional, nacional y local. Se han desplegado muchos esfuerzos, tanto teóricos como prácticos para identificar las modalidades más propicias para afrontar estas amenazas (Gamboa, 2011, p. 15). El impacto conjugado del uso de la fuerza al interior de los Estados, del deterioro del medio ambiente, la agravación de la extrema pobreza, la propagación de las pandemias, la explotación de diferencias culturales y étnicas fomentan conflictos de variada índole que afectan a un gran número de personas, en general, las poblaciones más vulnerables y desprotegidas, factores estos que afectan las políticas de seguridad estratégica en entornos cambiantes como el caso colombiano. Así, políticas de desarrollo en procesos de conflicto y posconflicto deben advertir análisis mucho más complejos en contextos internacionales, al igual que la redefinición de actores y tareas que deben cumplir las fuerzas militares en estos nuevos espacios de gobernabilidad y desarrollo.

En este orden de ideas, en el seno del sistema de las Naciones Unidas, con el Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD de 1994, dedicado a la Seguridad Humana, se abrieron nuevas orientaciones para la acción. Esto incluye las acciones adoptadas por la Unesco en el marco de su Proyecto Interdisciplinario de Promoción de la Cultura de Paz, que adquirieron particular relieve en América Latina y el Caribe, sobre todo en América Central, con la participación de los gobiernos, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como de organizaciones no gubernamentales, de los ombudsman, y otros países de la región. En noviembre de 2000, la Unesco convocó una Reunión Mundial de los Directores de las Instituciones de Investigación y Formación sobre Paz con miras a definir una agenda común en materia de seguridad humana y prevención de conflictos. Una de las recomendaciones más importantes de 95

dicha reunión fue la de invitar a la Unesco a promover enfoques regionales con miras a definir más claramente las necesidades y las modalidades de acción más apropiadas, para promover conjuntamente la seguridad humana y la prevención de los conflictos en cada contexto regional y cultural específico (OCHA, 2014, p. 16).

De esta manera, la gestión del riesgo dentro de lo propuesto por este Marco de Cooperación Interinstitucional, supone que el paradigma de la Seguridad Humana asuma la noción de vulnerabilidad mutua entre agentes internos y externos como superficie ineluctable de toda acción para la cooperación interinstitucional. Esto es, que en un sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del conjunto –incluyendo sus componentes más desarrollados y aparentemente mejor protegidos– están condicionados, paradojalmente, por sus eslabones más débiles. Así, mientras exista vulnerabilidad e inseguridad extrema en algunos sectores del conjunto, todos somos, en cierta medida, vulnerables.

De este modo, el tema central de la seguridad humana es la reducción del riesgo colectivo (y compartido), por medio de análisis, decisiones, prevención y acciones que disminuyan, más allá de sus expresiones sintomáticas, las causas y circunstancias de la inseguridad. La definición de seguridad usada en esta propuesta se basa en la probabilidad, la reducción de riesgo y de vulnerabilidad: esto es, la disminución y control de la inseguridad. Esta definición enfatiza la prevención de las causas de la inseguridad, por sobre los medios técnicos para contener sus síntomas. El tipo de inseguridad que se pretende conceptuar en particular, es aquel asocio múltiple de factores simultáneos que afectan (en términos de múlticausalidad-equifinalidad), a la gran mayoría de la población, especialmente aquellos sectores susceptibles de mayor vulnerabilidad y exposición a factores que incrementan el riesgo. Igualmente, la seguridad subsistémica está afectada en forma recíproca por la seguridad del conjunto.

En síntesis, el logro de homeostasis sostenida (y sostenible), esto es, la mantención de los sistemas sociales armonizados, depende de una reducción significativa y continua de riesgos e inseguridades en todos los niveles.

Para encarar dichos retos, el Ejército de Colombia requiere de acción concertada, de prevención, y de la consolidación de comunidades de seguridad (security communities) cada vez más amplias; además, enfrentar inseguridad en un escenario de posconflicto como la ventana a un conjunto de riesgos complejos, sistemáticamente definidos como variables; ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales, que no pueden encararse solamente con las consabidas herramientas económicas (por ejemplo, asistencia técnica o inversión extranjera) y militares (contrainsurgencia, operaciones de baja intensidad) (EJN, 2011, p. 21).

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En efecto, el Ejército debe procurar concebir un concepto de seguridad en un carácter fractal, en la que disfunciones a nivel micro (locales) tienen repercusiones macro, y viceversa. Es por lo anterior, que la Seguridad Humana es un enfoque de política pública basado en la cooperación internacional multilateral, el análisis, planificación y acción multisectorial, cuyas orientaciones son a la vez preventivas y proactivas.

En el contexto específico de posconflicto en Colombia es plausible evidenciar una alta heterogeneidad entre sus distintos actores, lo que supone la necesidad de efectuar un salto cualitativo en los mecanismos propios de gestión y visualización del concepto de riesgo y amenaza. En consonancia con ello, es importante al interior de las Fuerzas Armadas en su conjunto la transformación institucional, que ya se viene adelantando, a partir de factores que establecen la necesidad de incorporarlos dentro de la Gestión del Riesgo como determinadores funcionales para la generación de herramientas que puedan interactuar en las agendas públicas, internacionales, regionales, locales y sublocales; estos son, a saber: 1) Se ha cerrado un importante ciclo de conflictos fronterizos, en especial, entre los países mayores de la región. 2) El aumento de la cooperación y la integración subregional aun cuando preservamos una agenda periférica en cuestiones estratégicas. 3) El crecimiento económico, pese a la volatilidad de la política interna en los países de la región. 4) El país se encuentra inserto en una región desnuclearizada y libre de armas de destrucción masiva. 5) En la década de los noventa, el país aprendió que se requiere un diseño y una arquitectura para la cooperación internacional en seguridad. 6) Se han efectuado esfuerzos para crear nuevos regímenes de seguridad y diseñar nuevos bienes públicos en la materia.

7) Se ha desarrollado un renovado diálogo en la Diplomacia de Cumbres entre Ministerios de Defensa y encuentros entre los diferentes ejércitos de la región con un fuerte carácter orientador de acciones conjuntas. 8) Los principales avances en la distensión y la cooperación en materias de seguridad, se dan en el ámbito subregional. 9) La premisa de la cooperación en seguridad en la región puede resumirse de los documentos oficiales en la siguiente: “A mayor seguridad de la región, mayor focalización en la gobernabilidad democrática”.

En síntesis, se requiere como país en una región específica en vías de desarrollo, de la apropiación de un concepto de seguridad que gestione las aleatoriedades, capaz de recoger las dimensiones de la seguridad tradicional conjuntamente con las nuevas amenazas e incorporar los niveles y dimensiones relativos a las necesidades vitales de la persona humana.

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3.Gobernabilidad, desarrollo y posconflicto: gestión del riesgo y ampliación de la comprensión de la seguridad Grupo de estudio de Memoria Histórica del Conflicto Pontificia Universidad Javeriana37

Introducción El riesgo ha existido siempre. Es connatural a la precaria existencia humana y al frágil orden social. Sin embargo, la modernidad y su desarrollo han modificado la percepción del mismo pero sobre todo las formas de su control y tratamiento.

Por poner solo un ejemplo, mientras en las sociedades premodernas las amenazas y peligros eran contemplados en términos de imposición externa, guerras, desastres naturales, la obsesión contemporánea con el riesgo tiene precisamente que ver con la transformación de la mentalidad inherente a la modernización: el intento por racionalizar, por mantener el orden y control en contextos de alta incertidumbre y a una contingencia en ningún caso erradicables por completo. Como señala Bauman, la vocación de la modernidad es acabar con la ambivalencia (Cfr. Bauman, 1991, p. 7).

37. P. Edwin Murillo Amaris, s.j, Doctor en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Luis Felipe Vega Díaz, Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Roberto García Alonso, Doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Director de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Mario Arroyave Quintero, Doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Hamburgo, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. El Señor Brigadier General en Retiro Activo Fabricio Cabrera Ortiz, Profesor de Seguridad y Defensa en América Latina de la Carrera de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

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Es en este punto en el que radica la clave. El riesgo se percibe hoy con otros ojos y tiene su origen en la imposibilidad de predecir con total certidumbre las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, cuyos efectos colaterales están siempre y en alguna medida al margen de una capacidad de control no obstante notable. A esto debemos añadir que los riesgos actuales son amenazas globales, el riesgo es global tanto por su intensidad como por la dispersión geográfica de sus posibles efectos: sociedad global del riesgo. Es por eso, que fenómenos como la crisis ecológica (cambio climático), el terrorismo internacional, o mejor llamado la guerra internacional contra el terrorismo, o la explosión de diferencias culturales y étnicas comparten a estos efectos, un indiscutible protagonismo. Los nuevos riesgos presentan unas características decisivamente alejadas de los patrones familiares. Ahora son potencialmente globales, irreversibles e irremediables.

La política actual desborda el marco institucional propio de nuestros estados-nación. La política actual ha adquirido un carácter internacional en muchos casos y alcanza a la totalidad de las esferas de la vida social. En primer lugar porque con el fin de la Guerra Fría se tomó conciencia de que se multiplicaban las amenazas no armadas a la seguridad a nivel internacional, regional, nacional y local, el deterioro del medio ambiente, la agravación de la extrema pobreza, la propagación de las pandemias, la explosión de conflictos culturales y étnicos. En segundo lugar porque como consecuencia de los procesos de reforma y modernización del Estado y de la Administración en las últimas décadas los mecanismos tradicionales de gobierno han sufrido importantes transformaciones, se ha impuesto un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico caracterizado por un mayor grado de interacción y de cooperación entre el Estado y los actores no estatales, que nos remite a nuevas formas de elaborar las políticas, alejadas de los modelos burocráticos y jerárquicos de épocas pasadas y basadas en la interacción de actores diversos en el marco de redes más o menos plurales.

En este orden de ideas, el Informe Mundial sobre el Desarrollo humano del PNUD de 1994 llamo la atención sobre la importancia de la participación de los gobiernos, de las fuerzas armadas y de seguridad, de las organizaciones no gubernamentales, entre otros como actores clave en la prevención y gestión de los nuevos riesgos y conflictos, así como la necesidad de promover enfoques regionales y locales de cara a definir más claramente las necesidades y las modalidades de acción más apropiada para cada contexto específico. En un tenor similar, el documento publicado por la OCDE en 1996, “Globalization, What Challenges and Opportunities for Governments?”, delineaba la necesidad de cambios para los gobiernos y las administraciones públicas, 106

cambios y reformas que hicieran factible la capacidad de gobierno en un mundo cada vez más interdependiente (OECD, 1996).

Desde los años noventa han tenido lugar importantes procesos de reforma y modernización del Estado. Colombia a este respecto no ha sido una excepción a estos procesos que se iniciaron a lo largo de la última década del siglo pasado. Las importantes reformas institucionales acometidas en la región durante estos años supusieron importantes cambios en los mecanismos tradicionales de gobierno, imponiendo un nuevo estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de interacción y de cooperación entre el Estado y actores no estatales, que nos remitió a nuevas formas de elaborar las políticas mucho más dependientes de la interacción de actores diversos. Conviene advertir que todas estas reformas tuvieron como pretensión garantizar la gobernabilidad, entendida como la procura de nuevos diseños institucionales que permitieran reducir los esfuerzos del estado en dar respuesta a las agendas de los ciudadanos (Peters, 2007, p. 4). Sin embargo, este proceso en Colombia durante y posterior a la Asamblea Constituyente de 1991 advirtió unas características fundamentales diferentes a los procesos acontecidos en la región, en particular al ser también punto de culminación de los procesos de negociación con algunos grupos insurgentes.

En este orden de ideas, para nadie es un secreto que el actual proceso de paz que ha iniciado el Gobierno Nacional imprime unas condiciones históricas y sociales particulares, ello, a pesar de que este tenga o no un final exitoso importantes procesos de reforma institucional durante y después de la firma de los acuerdos de paz.

En efecto, es claro que para el Estado la actividad estratégica (principalmente del Ejército) para combatir la amenaza insurgente era un factor importante para garantizar la gobernabilidad, lo que se traducía en operaciones militares específicas. Pero, sin duda, en el escenario posacuerdo necesita institucionalmente, de igual manera, avanzar en los mecanismos institucionales que le permitan no solo la neutralización de la amenaza, sino que se desarrollan y adquieren nuevas competencias por parte del Estado para el apoyo a la consecución y gestión de una paz estable. Como veremos, el marco de transformación institucional puede ser resumido en el desarrollo de nuevas capacidades para la gestión del riesgo, en el marco del horizonte internacional de protección y defensa de la vida humana, bien resumido en el informe sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas, que es, sin duda, uno de los horizontes determinantes de este proceso.

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Posconflicto, seguridad humana y riesgo Colombia ha sido escenario de importantes reformas institucionales, procesos que en términos generales han sido “similares” en la mayor parte de los países de la región. Sin embargo, este proceso en Colombia durante y posterior a la Asamblea Constituyente de 1991 advirtió unas características fundamentales diferentes a los procesos acontecidos en la región, en particular al ser también punto de culminación de los procesos de negociación con algunos grupos insurgentes. Pues bien, nuevamente, a las puertas de un nuevo acuerdo de paz, en este caso con el grupo FARCEP, la guerrilla más longeva del continente. En este nuevo escenario, el contexto colombiano actual genera retos dentro de la institucionalidad del Estado y lo obliga a pensar el futuro sin perder su legitimidad, sin comprometer su legalidad, ni arriesgar la seguridad de los ciudadanos. Dentro del proceso de paz que se adelanta entre las FARC y el Gobierno Nacional, aparece así en el horizonte la necesidad de acometer reformas institucionales, que en el menor de los casos, al menos posibiliten la implementación de los futuros acuerdos.

Todo proceso de cambio institucional tiende a tener consecuencias significativas sobre la gobernabilidad, esto es, la capacidad de respuesta del Estado a las demandas e indirectamente de este modo, indirectamente inciden sobre el grado de legitimación del propio régimen político.

En un contexto como el colombiano, los retos del Estado para la gestión del posconflicto se encontrarían atravesados por dos importantes conclusiones derivadas.

La primera, la implementación de las medidas y acuerdos que se logren deberán redundar en que no se desvirtúe su fin como es vincular a las personas pertenecientes a los grupos armados ilegales a la sociedad civil y su reinserción en todos los sectores (político, económico, cultural). Por otro, es preciso advertir que el nuevo diseño institucional para la etapa de postconflicto, pueda involucrar mecanismos formativos y éticos en relación a los mecanismos y formas para el relacionamiento en el marco de la reintegración política con excombatientes, en procura del fortalecimiento de un sistema democrático estable y legítimo. En otras palabras, será preciso ofrecer aportes en las relaciones internas así como en las que establece con los diversos grupos sociales, que afecten positivamente: las emociones, actitudes y acciones, bajo el referente de la necesaria reconciliación nacional, la cual requiere la participación en aportes y apoyos, así como el directo involucramiento en actos públicos de perdón, el soporte a las iniciativas del gobierno en la creación de comisiones de la verdad, memoria histórica etc.

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A nuestro juicio, hay una transformación importante que va a enmarcar y que debe determinar el horizonte de la gestión en un escenario de posconflicto. El paso de una gestión del riesgo entendida como neutralización militar de la amenaza a un entendimiento de la gestión del riesgo en términos de prevención de los riesgos y mantenimiento de la seguridad en el marco del horizonte internacional de protección y defensa de la vida humana. En otras palabras, asumiendo lo anterior, desde nuestra perspectiva los retos del Estado para la gestión del posconflicto pueden ser resumidos en la gestión de riesgo, que en sociedades como la colombiana abiertas a intercambios regionales y globales, al igual que una emergencia de nuevos y diversos actores internos violentos o no, implica necesariamente dos importantes procesos: por un lado, la incorporación definitiva del concepto de seguridad humana y, por otro, como consecuencia de ello, una reconceptualización del concepto de riesgo.

Esta transformación del concepto de “gestión del riesgo” en Colombia no es posible entenderla sin atender a la incorporación definitiva del concepto de “seguridad humana” de Naciones Unidas. El concepto de seguridad humana es esencial en este proceso toda vez que significa la protección de las libertades que son esenciales para la vida. Significa proteger a las personas de amenazas críticas (graves y generalizadas). Significa crear políticas sociales, sistemas ambientales, económicos, militares y culturales que en conjunto dan a las personas elementos básicos de supervivencia, el sustento y la dignidad (CHS, 2003, p. 4).

De este modo, bajo esta perspectiva, un factor indispensable para la seguridad humana es la promoción de sistemas políticos, sociales, económicos, ambientales, militares y culturales que, juntos, proporcionen a las personas los elementos básicos para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humanos.

Lo más importante es que conlleva una reconceptualización de la seguridad de manera fundamental. Por un lado, porque: 1) se aleja de las concepciones tradicionales, centradas en el Estado, frente a agresiones militares, y supone una concepción de seguridad concentrada en la seguridad de las personas, pero no solo en su protección sino, lo más importante, en su empoderamiento; 2) llamar la atención sobre la existencia de múltiples amenazas y riesgos, no solo militares y 3) la promoción de un nuevo modelo integrado, coordinado y centrado en las personas para avanzar en la paz, la seguridad y el desarrollo dentro y entre las naciones (gobernanza). De este modo, la seguridad humana promueve soluciones basadas en las necesidades, la vulnerabilidad y las capacidades reales de los gobiernos y las personas.

La noción de vulnerabilidad nos ayudará a clarificar la relación entre los conceptos de riesgo y desastre. Durante largo tiempo estos dos conceptos estaban asociados 109

desde una perspectiva monocausal: un inevitable e incontrolable fenómeno físico, una eventualidad externa, inevitable e incontrolable. Sin embargo, la asunción del concepto de seguridad humana transforma notablemente la comprensión de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser definida como un factor de riesgo interno al sujeto o sistema que es expuesto a un peligro o un riesgo y corresponde a su intrínseca predisposición a ser afectada o ser susceptible de ser dañada. En otras palabras, la vulnerabilidad representa la susceptibilidad o predisposición física, económica, política o social a ser dañada en el caso de un fenómeno desestabilizante natural o de origen humano.

La condición de vulnerabilidad coexiste permanentemente en las actividades humanas y es inherente a la fragilidad de la condición humana. La existencia de esas condiciones viene dada por el nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad. Una noción de desarrollo que pasa a entenderse como la armonía entre la humanidad y el medio ambiente, de forma tal que la vulnerabilidad de los grupos humanos debe ser entendida como la capacidad reducida para adaptarse, o ajustarse a esas circunstancias contextuales (Cardona, 2004). En otras palabras, hay que tener en cuenta que la complejidad y la diferenciación funcional de la sociedad están en el origen de la producción de riesgos, incrementan la contingencia de toda acción social: cuanto mayor es el número de posibilidades de acción, mayor es también la interdependencia del curso de acción elegido (cfr. Eder, 2000, p. 230).

Asumir seriamente la noción de vulnerabilidad nos lleva a la necesidad de entender la gestión de riesgos como la adopción de medidas orientadas a la prevención, fruto del examen de las causas y condiciones que facilitan el surgimiento de determinados riesgos, de manera que su análisis nos ayude a prevenir la amenaza, a mitigar los posibles efectos y, de ser posible, evitar la repetición de la amenaza en el futuro. El carácter multidimensional de la seguridad y de las amenazas conlleva la necesidad de superar los enfoques estato-céntricos de la seguridad, enfoques que empujan a ir más allá de la seguridad centrada en la salvaguarda del Estado, para incluir nuevas amenazas (económicas, ambientales, redes criminales, violaciones de derechos humanos…) y empujan a procesos de gobernanza en dos direcciones: hacia arriba, al concebirla como un bien global que trasciende a los Estados; y también hacia abajo, teniendo como centro de gravedad el individuo (Armiñon, 2004).

En este sentido, conceptualmente hablando el riesgo asume un sentido mucho más amplio que el tradicional concepto de amenaza. El riesgo advierte su propia semántica, como lo describe Ulrich Beck, quien advierte que este puede ser resumido como la síntesis de dichos riesgos futuros que se tematizan en el presente y son el 110

resultado de los éxitos mismos de la civilización. En las propias palabras de Beck, “el riesgo es el patrón perceptivo e intelectual que moviliza a una sociedad enfrentada a la construcción de un futuro abierto, lleno de inseguridades y obstáculos, una sociedad que ya no está determinada por la religión, la tradición o la sumisión a la naturaleza y que tampoco cree en los efectos redentores de las utopías” (Beck, 2008, p. 28).

Esta concepción del riesgo supone una ruptura con el concepto tradicional del riesgo. Mientras los riesgos preindustriales podían ser imputados a un ámbito externo, ya sean los dioses o la naturaleza, y los riesgos industriales venían manteniéndose dentro de una escala limitada, produciendo una inseguridad mensurable en términos tanto de probabilidad como de indemnización (Beck, 1993, p. 20; 1995, p. 78).

Por un lado, los nuevos riesgos presentan unas características decisivamente alejadas de estos patrones familiares. Ahora son potencialmente globales, irreversibles e irremediables, desconocen límites sociales y temporales. La complejidad, la incertidumbre y la contingencia son ahora sus notas dominantes. Por otro lado, los riesgos son siempre riesgos percibidos, y esa percepción es el producto de una construcción social (Slovic, 2000). En muchos casos, a las situaciones y riesgos asociados a estas crisis, se asocian conflictos de opinión pública, donde diversos actores, en especial los medios de comunicación, informan, construyen opiniones y condicionan la percepción de los ciudadanos de la situación. El problema ya no radica tanto en el evento de ocurrencia, en la situación de crisis, el desastre y la respuesta que se da ante él, sino que entran en interacción con procesos culturales, sociales y psicológicos que pueden aumentar o aminorar las percepciones públicas del riesgo y el comportamiento ante el mismo (Kasperson et al., 1998), con lo cual para su gestión no solo pasa por solucionar las circunstancias objetivas que la provocan, sino, aún más importante, con la conducción de la comunicación e información que se genera.

Seguridad humana y gestión del riesgo en el horizonte del posconflicto La importancia que ha jugado la violencia en los escenarios de posconflicto es una de las razones que explica el alto grado de escepticismo hacía el buen desarrollo de estos procesos por parte de la academia. Los altos niveles de violencia vividos a raíz de los acuerdos de paz, aparentemente exitosos de países como el Salvador, Mozambique, Nicaragua y Sudáfrica parecen mostrar que probablemente la violencia siga siendo uno de los desafíos primarios en Colombia tras la firma de los acuerdos.

Una de las razones para pensar esto es que en la mayoría de los países después de la 111

firma de los acuerdos de paz eso no ha asegurado que el Estado tenga el monopolio efectivo de los medios de violencia (Cramer y Goodhand, 2002, p. 886). Al contrario de lo que tradicionalmente suele sostenerse, la firma del acuerdo no va a acabar con los conflictos, sino por una transformación de los mismos. En este orden de cosas, el posconflicto deberá ser definido, inicialmente, como un período de tiempo más o menos prolongado caracterizado por ser aquel que hace parte de la superación de un conflicto armado, bien de forma definitiva, gradual o parcial.

Desde la concepción del riesgo hasta aquí desarrollada, mientras que el riesgo posee, indudablemente, una dimensión real y material, su conocimiento es social y su percepción necesariamente contextual y constituida localmente (Beck, 2000, 219).

En otras palabras, no hay riesgo sin mediación. En consecuencia, tampoco hay una verdad, ni hechos puros fuera de la influencia relativizadora de la interpretación del riesgo, marcada por el contexto, la perspectiva o el poder (Adam, 1998, p. 236).

La condición social del riesgo, traducida en su carácter percibido en función del contexto y en la poderosa influencia de la cultura de recepción en su definición y evaluación, reclama su definición discursiva y la comunicación deliberativa y racional de las distintas perspectivas y experiencias del mismo, para alcanzar un acuerdo en su definición y tratamiento que posea la máxima legitimidad a la luz de la indeterminación que caracteriza tanto al riesgo como a sus soluciones (Maldonado, 2003, p. 249).

Los acontecimientos que concretan un riesgo entran en interacción con procesos culturales, sociales y psicológicos, y su resultado puede aumentar o aminorar las percepciones públicas del riesgo y del comportamiento ante el mismo. En otras palabras, en muchos casos a las situaciones y riesgos asociados a estas crisis, se suman conflictos de opinión pública, donde diversos actores, en especial los medios de comunicación, informan, construyen opiniones y condicionan la percepción de los ciudadanos de la situación.

Pues bien, el principal problema asociado a la comunicación es la falta de información y que esta sea percibida como cierta y confiable. Con cierta frecuencia, los ciudadanos se preguntan si estamos bien informados acerca de los riesgos y situaciones de emergencia que acontecen diariamente. Sin una adecuada gestión de la comunicación asociada a estos procesos, los impactos suelen ser mucho mayores, más severos. Por el contrario, atender a estos requerimientos comunicativos implicaría que la crisis pueda ser administrada y controlada de una mejor manera, reduciendo incluso el tiempo de duración y el resguardando del activo –reputación (Slovic, 1993).

Por ello, una dimensión imprescindible de la gestión del riesgo radica en evitar y minimizar los fallos de comunicación de riesgos, especialmente durante la gestión de 112

estas situaciones. Evitarlo obliga a definir y analizar las estrategias de información de riesgos y la construcción por fases de un adecuado plan de comunicación, comenzando todo por una auditoria que nos revele las actuales deficiencias y vulnerabilidades en estos procesos (managing risk communication).

Mucho de este trabajo tiene que ser hecho en orden a entender la emergente institucionalización de un nuevo y generalizado concepto de gestión del riesgo, definido a través de definiciones y atribuciones de responsabilidad, de estructuras de comunicación y de acountability (Power, 2004, p. 15). Una nueva gestión del riesgo en el marco propio de la gobernanza y la gobernabilidad.

Como muchos autores han señalado, en las últimas décadas el término “gobernanza” ha experimentado una enorme popularidad en las ciencias sociales. Dentro del horizonte amplio de la Ciencia Política, a grandes rasgos podemos hacer un ejercicio de distinción de sus principales usos. En cuanto concepto, la gobernanza puede asumir un sentido descriptivo: esto es, como un enfoque teórico, para describir y analizar las transformaciones actuales de la política; o bien asumir un sentido normativo: es decir como modelo ideal para la gestión de la complejidad en el mundo contemporáneo (good governance) (Hirst, 2000, p. 14). Pues bien, más allá del sentido que le demos al término, todos ellos nos invitan repensar los límites y capacidades de las estructuras estatales tradicionales.

A pesar de las enormes diferencias en el uso del concepto, este nos remite a una forma emergente de gestionar lo público basada en la interacción de actores diversos en el marco de redes plurales; a formas de colaboración creciente entre actores públicos y privados (John, 2001; Stoker, 2004), en claro contraste con la jerarquía de toma de decisiones en las estructuras burocráticas. Este nuevo escenario de interdependencia compleja reclama nuevas formas de gestión pública que se planteen y se construyan, primero sobre el reconocimiento de la creciente interacción y de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y otros actores, alejadas de los modelos burocráticos y jerárquicos de épocas pasadas. En el relato propio de la gobernanza prevalecen lógicas radicalmente distintas a la lógica burocrática y jerárquica; por el contrario, predominan la interdependencia, la confianza mutua, las relaciones horizontales como características de la nueva realidad política, lo que supone, específicamente en términos de gestión el reemplazo del control y el mando jerárquico por formulas de la coordinación, la cooperación, la negociación, la persuasión y la búsqueda de consensos.

En este sentido, si la planificación, la gestión y la prestación de servicios públicos son vistos como algo que debe ser negociado entre una serie de actores, incluyendo el gobierno, los sectores voluntarios y comunitarios y el sector privado (Osborne, 2002, p. 10).

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Son estas interacciones de los actores las que afectan en última instancia la gobernabilidad (Pratt, 2000). En este sentido, la gobernabilidad trasciende los meros problemas de la acción gubernamental para proyectarse como un atributo de la gestión. Las disfunciones del funcionamiento institucional del estado, deslegitiman su autoridad, sobrecargan y desequilibran la acción gubernamental, e inciden en última instancia en la falta de capacidad de los gobiernos. Gobernabilidad significa entonces necesariamente la capacidad política del Gobierno para intermediar entre intereses, garantizar la legitimidad y gobernar (Saldomando, 2002).

Si la gobernanza describe las estructuras y procesos de tomas de decisiones colectivas que involucran actores gubernamentales y no gubernamentales (Neye y Donahue, 2000), y donde los actores no estatales juegan un papel cada vez más relevante y se vuelven más importantes ya que tienen ventajas decisivas de información y recursos en comparación a los estados individuales. La “gestión del riesgo” en este escenario requiere de una “gobernanza del riesgo”.

La gobernanza del riesgo incluye la totalidad de los actores, reglas, convenciones, procesos y mecanismos que se ocupan de la relevancia del riesgo, de la información que se recopila, analiza y comunica, y de las decisiones de gestión que se toman. La gobernanza del riesgo es de particular importancia, porque no se limita a situaciones en las que no existe una autoridad única para tomar un riesgo vinculante a una decisión de gestión, sino que, en cambio, la naturaleza del riesgo requiere la colaboración de y la coordinación entre una gama de diferentes grupos. La gobernabilidad del riesgo, sin embargo, incluye un proceso de riesgo de múltiples facetas, de múltiples actores, y requiere además la consideración de factores contextuales, como institucionales como de cultura política, incluyendo diferentes percepciones de riesgo (Van Asselt and O. Renn, 2011).

La toma de decisiones sobre la aceptabilidad de riesgos y la consecuente formulación de estrategias que permitan su gestión, en el contexto de un modelo de gobernanza, demanda la participación de todas las agencias, demanda una participación pública para que tanto las decisiones y responsabilidades sean democráticas. En riesgos globales o democráticos, en términos de Beck, las decisiones, las políticas, las culpas y las consecuencias son democráticas (Maldonado, 2003).

Toda situación problemática y más aún las crisis tienen un ciclo de vida. Las evitables suelen presentar una fase de alerta o precrisis, otra de escalada. Y si fracasan las estrategias de prevención o contención, se entra en la fase de eclosión y, por último, la poscrisis o fase de normalización. Las inevitables suelen presentarse por sorpresa y, por lo general, la primera o no existe o tiene una duración muy breve (Marin, 2010).

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En este orden de ideas, la gestión del riesgo solo se cumple cuando se solucionan las circunstancias objetivas que la provocan, pero lo más importante con la conducción de la comunicación e información que se genera, ha fracasado en una o ambas vertientes de gestión: 1) solución de las circunstancias objetivas que la provocan; y 2) la conducción de la comunicación e información que generan. En el caso de crisis evitables, el resultado ideal pasa porque no se produzca su eclosión y en las inevitables por minimizar sus impactos más graves.

La gestión de riesgos y crisis, por lo tanto, se supera resolviendo no solo los hechos sino, además, con un esfuerzo importante en comunicación. No basta con gestionar y solucionar los incidentes, problemas, etc., que puedan aparecer, hay que gestionar, también, las interacciones con el entorno. Una adecuada gestión de la comunicación ayuda a superar las crisis al demostrar que se ha hecho todo lo necesario para evitarlas o, al menos, reducir sus daños. La comunicación, durante el proceso de crisis de este modo serviría para presentar, justificar y explicar las medidas preventivas y las decisiones adoptadas para solucionar los riesgos, informar sobre los resultados de las medidas y decisiones implementadas, mantener un diálogo con los afectados e implicados y presentar las acciones para paliar los daños y los efectos más directos de los problemas sobre ellos y, lo más importante, evitar un desgaste importante en la imagen de la entidad afectada.

Conclusiones En el escenario propio de una sociedad en posconflicto, el posconflicto se presenta como una noción que se construye y consolida en la misma práctica, es decir, que es un proceso que por sus características se basan en la integralidad del proceso mismo, porque acoge múltiples factores económicos, políticos, sociales y culturales, los cuales deben ser tratados de forma conjunta por los actores que intervienen en dicho proceso.

Es en este contexto que aparece como concepto clave para entender el horizonte de transformación del estado y de sus formas de gestión, el concepto de seguridad humana. Desde comienzos de los años noventa, la noción de seguridad humana está al centro de muchos debates en el sistema de las Naciones Unidas, en organizaciones internacionales y gobiernos de las distintas regiones, así como en el ámbito académico e intelectual que viene siendo acogida por el Estado Colombiano como horizonte de gestión.

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Se han desplegado muchos esfuerzos, tanto teóricos como prácticos para identificar las modalidades más propicias para afrontar estas amenazas. El impacto conjugado del uso de la fuerza al interior de los Estados, del deterioro del medio ambiente, la agravación de la extrema pobreza, la propagación de las pandemias, la explotación de diferencias culturales y étnicas fomentan conflictos de variada índole que afectan a un gran número de personas, en general, las poblaciones más vulnerables y desprotegidas, tanto más así en entornos cambiantes como el caso colombiano, que inmerso en procesos de conflicto y posconflicto debe advertir análisis mucho más complejos que en otros contextos.

En este orden de ideas, en el seno del sistema de las Naciones Unidas, con el Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD de 1994, dedicado a la Seguridad Humana, se abrieron nuevas orientaciones para la acción. Esto incluye las acciones adoptadas por la Unesco en el marco de su Proyecto Interdisciplinario de Promoción de la Cultura de Paz, que adquirieron particular relieve en América Latina y el Caribe, sobre todo en América Central, con la participación de los gobiernos, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como de organizaciones no gubernamentales, de los ombudsman, y otros países de la región. En noviembre de 2000, la Unesco convocó una Reunión Mundial de los Directores de las Instituciones de Investigación y Formación sobre Paz con miras a definir una agenda común en materia de seguridad humana y prevención de conflictos. Una de las recomendaciones más importantes de dicha reunión fue la de invitar a la Unesco a promover enfoques regionales con miras a definir más claramente las necesidades y las modalidades de acción más apropiadas, para promover conjuntamente la seguridad humana y la prevención de los conflictos en cada contexto regional y cultural específico.

De esta manera, la Gestión del Riesgo dentro de lo propuesto por este Marco de Cooperación Interinstitucional, supone que el paradigma de la Seguridad Humana asuma la noción de vulnerabilidad mutua entre agentes internos y externos como superficie ineluctable de toda acción para la cooperación interinstitucional. Esto es, que en un sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del conjunto –incluyendo sus componentes más desarrollados y aparentemente mejor protegidos– están condicionados, paradojalmente, por sus eslabones más débiles.

Así, mientras exista vulnerabilidad e inseguridad extrema en algunos sectores del conjunto, todos somos, en cierta medida vulnerables. De este modo, el tema central de la Seguridad Humana es la reducción del riesgo colectivo (y compartido), por medio de análisis, decisiones, prevención y acciones que disminuyan, más allá de sus expresiones sintomáticas, las causas y circunstancias de la inseguridad. La definición de 116

seguridad usada en esta propuesta se basa en la probabilidad, la reducción de riesgo y de vulnerabilidad: esto es, la disminución y control de la inseguridad. Esta definición enfatiza la prevención de las causas de la inseguridad, por sobre los medios técnicos para contener sus síntomas. El tipo de inseguridad que se pretende conceptuar en particular, es aquel asocio múltiple de factores simultáneos que afectan (en términos de múlticausalidad), a la gran mayoría de la población, especialmente aquellos sectores susceptibles de mayor vulnerabilidad y exposición a factores que incrementan el riesgo. Igualmente, la seguridad subsistémica está afectada en forma recíproca por la seguridad del conjunto. En síntesis, el logro de homeostasis sostenida y sostenible –esto es, la mantención de los sistemas sociales armonizados– dependen de una reducción significativa y continua de riesgos e inseguridades en todos los niveles.

En el contexto específico de posconflicto en Colombia es plausible evidenciar una alta heterogeneidad entre sus distintos actores, lo que supone la necesidad de efectuar un salto cualitativo en los mecanismos propios de gestión y visualización del concepto de riesgo y amenaza. En síntesis, se requiere como país en una región específica en vías de desarrollo, de la apropiación de un concepto de seguridad que gestione las aleatoriedades, capaz de recoger las dimensiones de la seguridad tradicional conjuntamente con las nuevas amenazas e incorporar los niveles y dimensiones relativos a las necesidades vitales de la persona humana.

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tercera parte

UNA MIRADA DEL CONFLICTO

1. Sociedad civil y relaciones civiles y militares. Pluralidad de memorias, los relatos de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega Semillero de Investigación Pontificia Universidad Javeriana Posconflicto y Memoria Histórica Militar38

En tiempos donde se habla de posconflicto y de justicia transicional se escuchan mucho las palabras de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, las cuales están enfocadas, principalmente, en las víctimas del conflicto. Sus relatos e historias son importantes para que la sociedad trate de cohesionarse de nuevo. No obstante, vale la pena señalar que tanto como las víctimas como los demás actores del conflicto son iguales de importantes para las comisiones de la verdad, así como lo son sus relatos para la construcción de la memoria histórica del conflicto.

Lo anterior genera un problema, ya que al excluir a uno de los actores primordiales que es el Estado, implica para las FF.MM. una construcción de memoria histórica colectiva muda, pues no ha sido la propia institución militar quien la construye, sino otras instituciones y sectores de la sociedad los que han construido, arrebatándole esa posibilidad a una institución con un sinnúmero de recuerdos, datos y hechos, la posibilidad de pensarse como actores del conflicto con un involucramiento, responsabilidad 38. Trabajo realizado por el semillero de posconflicto y memoria histórica militar de la Pontificia Universidad Javeriana. David Burgos Bastidas – CEC. Diana Katherine Rico Daza – CEC. Alejandra Castellanos Bretón – FUDRA. Laura Katherine Patiño Sandoval – FUDRA. Daniella Lilliu Atance – CEO. Valeria Rodríguez Ardila – CEO. Roberto García Alonso (Director de la Carrera de Ciencia Política).

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y desarrollo personal en el marco de su acción constitucional en pleno desarrollo de sus actividades legales. Es por ello que memoria histórica debe pensarse en conjuntos y causalidades que devuelvan al Estado y a sus actores institucionales la capacidad de contar su historia con objetividad para la compresión colectiva de sus procesos e individualidades. No obstante hay un problema dentro de la construcción de la Memoria Histórica y este radica no solo sobre los hechos y eventos ‘merecedores’ de ser contados, sino de lo que se debe o no contar, de lo que debe o no ser recordado. Desde esta perspectiva, se escala la comprensión disciplinar de la Historia y se sitúa mucho más cerca de la construcción de la identidad y de la comprensión misma como sociedad.

Las Fuerzas Militares, siendo el brazo armado del Estado, son en sí los actores principales de la larga lucha que ha tenido el país. Sus victorias, logros y desaciertos deben hacer parte de esa construcción de memoria que se está llevando a cabo y que, por su parte, merece ser construida, respetada y aceptada como lo es la de las víctimas. El ejercicio debe ser enfocado no buscar culpables, sino contar los hechos ocurridos y tratar de sanar heridas que fueron hechas, con el fin de lograr un perdón para las comunidades afectadas y el país en general.

La recolección de las historias de vida y experiencias en la guerra de las FF.MM. es un trabajo largo y complejo pero que debe ser realizado utilizando unos parámetros y una metodología diferentes a las que se usan para las víctimas. Es por esto que se debe empezar por grupos, comandos y unidades de gran extensión y relevancia dentro del conflicto para así ir recogiendo la información que sus miembros tienen para ofrecer.

Siguiendo el orden de las cosas, se plantea el concepto de “memoria histórica militar”. Esta establece dos planos de reproducción hermenéutica institucional, en donde se permite el establecimiento de los contenidos de sentido propios como institución que redefinen sus identidades colectivas no solo bajo el marco de delimitación constitucional explícito en el artículo 217, sino que de sus imaginarios y representaciones sociales sobre su tarea, misión, deber y rol social e histórico; y, por otra parte, la comprensión y develación desde su comprensión y memoria de la evolución del Estado de Derecho y la comprensión de la democracia.

La zona de distensión acordada en la administración Pastrana tuvo –como muchas otras decisiones y acuerdos políticos históricos– una serie de repercusiones imperantes en términos del desarrollo del conflicto interno colombiano. Entre dichas consecuencias, la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO) fue quizá una de las decisiones político-estratégicas más importantes que tomó el Estado colombiano en el siglo xxi. En este orden de ideas, se fomentó la creación de una división de las fuerzas militares que tuviera como elemento distintivo la característi124

ca de ser una “fuerza conjunta”, es decir, una fuerza que integrará el poder terrestre, aéreo y fluvial. Esta tiene dentro de su jurisdicción diferentes municipios de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá.

San Vicente del Caguán39: Relatos de paz El departamento del Caquetá ha enfrentado por décadas la violencia del conflicto armado interno colombiano. En especial, este territorio ha sido epicentro de acciones militares por parte de gobiernos en época del frente nacional, hacia la denominada República independiente del Pato, territorio afluente del río Caguán, en donde las FARC ejercen una gran presencia militar (CEC, 2015).

El Caquetá ha sido un departamento rico en recursos naturales, gracias a esto, su colonización radicó en la extracción de quinua y caucho desde finales del siglo xix hasta 1940. En cuanto a su población, es un departamento que alberga campesinos, indígenas y afrodescendientes. Además, su índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), según DANE 2005, reporta 41,72%, lo cual hace una pequeña aproximación a las difíciles condiciones económicas que enfrenta su población, tanto en la actualidad como en el pasado.

Se habló del Caquetá como un departamento de frontera, debido a que su control obedeció a la expansión territorial armada del grupo revolucionario FARC desde el departamento del Meta, hacia Caquetá en la década del 60 y 70. Así ilustran William Ramírez (1981) y los documentos de la Conferencia Episcopal (2004 y 2006) el concepto de una colonización armada del departamento; haciendo referencia a un territorio de dominación exclusiva por parte de las FARC, en el cual el cultivo de coca y la falta de presencia institucional es clave para el funcionamiento de este tipo de dinámicas (PNUD, 2014).

Las conferencias IV, V, VI y VII de las FARC realizadas entre 1968 y 1974 guiaron a la guerrilla hacia una trasformación social, económica y política: Proyectaron la creación de frentes guerrilleros y fijaron orientaciones de orden financiero.

Además, expidieron sus estatutos, el Reglamento de Régimen Disciplinario y las normas 39. En San Vicente del Caguán se encuentra ubicada el Comando Específico del Caguán (CEC), unidad militar adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUCTCO) y que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de operaciones militares en el noroccidente del departamento del Caquetá y sur del Meta. Bajo su responsabilidad están las Brigadas Móviles 6, 9 y 22 como componentes del Ejército Nacional, el Batallón de Infantería N. 31 como componentes de la Armada Nacional y un enlace aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana.

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de comando, todo con el propósito de formar un ejército revolucionario, que tuviera algunas similitudes con el Ejército legítimamente constituido del Estado Colombiano, aprovechando entonces esa coyuntura para hacer presencia en regiones del país alejadas y sin representación estatal de ninguna índole, que además tuviesen como común denominador el narcotráfico como fuente de financiamiento, circunstancia que con el paso del tiempo facilitó que fuera ese grupo armado al margen de la ley quien emitiera normas de comportamiento al interior de dicho territorio, y en consecuencia se abrogó la sensación de justicia y seguridad; de ahí que en la actualidad aun la población civil en su consiente tenga que para que no haya consumidores de sustancias alucinógenas y fenómenos delictivos como el hurto, es necesaria la presencia de la Guerrilla, debido al control, al constreñimiento y a la intimidación que ejerce (CEC, 2015, p. 2).

Ante tal escenario la población civil ha forjado lazos complejos de amistad y enemistad con los frentes guerrilleros debido a la ideología que proyectaban y a su modo de operación. Entre las problemáticas que incentivaron estos grupos por las operaciones dentro del territorio, fue el cobro de “vacuna” para la autofinanciación del grupo y en especial para el control y distribución de sus actividades delictivas como la extorción, el narcotráfico y el robo de ganado, entre otras actividades.

Las FARC transgrede los límites del mero autofinanciamiento e inician una búsqueda sistemática de recursos por medio de las diferentes actividades mencionadas, es decir, que las FARC lograron percibir y modificar la idea de que la dominación del territorio por medio del control social de la población y por medio de sus dispositivos de seguridad y justicia propia, no eran suficientes para alcanzar el poder por medio de las armas.

Luego del recuento sobre el escenario histórico de la zona, es importante aclarar que este trabajo busca exponer la manera en la cual las Fuerzas Militares han sido punto de partida en la generación de relatos, de memoria y de reconciliación en San Vicente del Caguán. Para comenzar es importante realizar una pequeña aclaración sobre la relación entre los tres puntos que permearán todo el análisis; ya que aquí se considera que la construcción de Memoria Histórica –como memoria que es producto de un proceso de cimentación de imaginarios colectivos capaces de permear pasado, presente y futuro– es la llamada a expresar ante la sociedad colombiana la manera en la cual la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO), y en especial el Comando Específico del Caguán (CEC), ha sido eje central en la creación de identidad colectiva en dicha población, y es sobre quien reposa la ardua tarea de propiciar el espacio para la superación de los conflictos, para generar cohesión social, para suturar los

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desgarramientos entre unos y otros y para llevar a los lugares, quizá más olvidados, un sentimiento de unidad y de nación, con miras a obtener una reconciliación social y fortalecer el camino hacia una paz estable y duradera.

A la hora de enlazar relatos, memoria y reconciliación, se recopilaron algunos de los testimonios de suboficiales, soldados profesionales y población civil que fueron tomados en la visita al CEC; ya que son estos los cuales permitirán hacer una mayor aproximación al objetivo de este análisis.

A la hora de hablar de la construcción de identidades y de memorias los suboficiales y de los soldados profesionales, es necesario tener en cuenta cuatro variables que permean totalmente la vida en la FUTCO, a saber: las razones para unirse al ejército, las cualidades que se adquieren dentro de la institución, los sentimientos ante la asignación de responsabilidades, y la influencia de la doctrina militar en el comportamiento individual (principalmente fuera de la institución).

La primera variable identificada en los relatos fueron las razones por las cuales suboficiales y soldados profesionales se unían al Ejército; y es aquí el punto más claro en donde se va a ver la diferenciación entre estas dos posiciones dentro del Ejército.

Por un lado, para los oficiales y suboficiales la entrada al Ejército estuvo permeada de la visión positiva que tenían acerca de la institución, muchas veces por familiares y/o amigos que habían hecho parte de la misma; mientras que, por el contrario, los soldados profesionales, habían terminado vinculados principalmente por la búsqueda de nuevas oportunidades tanto económicas como de salida al escenario de conflicto que se estaba viviendo en el país y que azotaba a la mayor parte de las regiones.

Quizá la variable más importante y que tiene impacto sobre las demás, es la de las cualidades que adquieren los individuos al ingresar a la institución; ya que se ve una percepción general de cómo es la obediencia, el respeto y las “relaciones de compañerismo” las que se ven fuertemente enmarcadas en cada uno de los pertenecientes a la FUTCO. Es ese sentimiento de pertenencia, de lealtad, de vocación al servicio y responsabilidad, van muy de la mano al sentimiento de familiaridad que se forja al ingresar en una institución en donde los compañeros del día a día se convierten en la familia misma; es que el pensar que “ese man era mi amigo, la guerra es conmigo también” o el sentir que “es muy duro ver morir a un amigo y no poder hacer nada” (Mayor Flórez), lleva a que los lazos que se crean allí dentro sean de tal magnitud que el llamar a alguien como “mi lanza” “mi teniente” etc., signifique más allá de un simple respeto, la identificación con aquella persona que es su norte, su dirección.

Adicional a esto, los sentimientos que evocan los pertenecientes al CEC en cuanto a la asignación de responsabilidades, demuestran cómo es ese sentimiento rector de 127

Patria, Honor y Lealtad, el que los motiva a sentir orgullo cada vez que una tarea les ha sido encomendada, puesto que al poder sentir que en sus manos está el servicio a la patria y de la nación, genera en ellos un gran orgullo y reconocimiento por la labor que día a día realizan y que no es de mucho conocimiento.

La última variable, la de la influencia de la doctrina militar en el comportamiento individual se ve claramente enmarcada, ya que aunque ellos argumentan que a la hora de ser “civiles” intentan dejar la severidad a un lado, hay identidades que se han forjado dentro de la institución y que es innegable dejar a un lado como el valor del respeto, del compromiso, del orden, de la responsabilidad, el orgullo por la patria, la convicción y la identificación con el contexto del conflicto que tantas veces es ignorado por quienes “no conocen la otra Colombia” (Teniente Gutiérrez).

Finalmente, los testimonios recogidos de la población civil permiten identificar cómo San Vicente del Caguán, aunque continúa en la ardua tarea de reconstruir el tejido social, tan afectado por una larga historia de disputas, es una comunidad que dentro del aislamiento político renace e intenta –a la par de la FUTCO y en especial del CEC– reconstruir una sociedad reconciliada en donde se puedan llegar a superar los odios y fracturas ancestrales que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia.

No obstante, al ver que aquel lugar en el caserío de los Pozos es ahora una escuela –que presenció la más destructiva escena de violencia y que ha visto tan arruinados los sentimientos de esperanza de cada uno de sus pobladores– se puede decir que es quizá este el renacer de San Vicente del Caguán y la posibilidad de hacer renacer un nuevo escenario de paz. Lamentablemente, continúan existiendo dos Colombia; la de los que observan tras la pantalla y la de quienes vivieron y aún siguen viviendo los horrores de la guerra. Es por esto que la construcción de memoria mediante los relatos de quienes vivieron en carne propia parte del más largo conflicto nacional, debe ser escuchado como punto de partida para la obtención de una sociedad más justa y reconciliada, y para la obtención de una vez por todas de una paz estable y duradera en el país.

Relatos de vida: una visión humana de la FUDRA40 En el departamento del Meta, dentro de paisajes frondosos y coloridos, se encuentra la Macarena, uno de los municipios y zonas priorizadas por el Estado colom40. La Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) es una unidad adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO). Se constituye en el esfuerzo principal de la campaña. Realiza operaciones militares en los municipios de la Macarena, la Uribe, Mesetas, Vista Hermosa del departamento del Meta y parte del departamento del Guaviare.

Cuenta con las Brigadas Móviles 1, 2, 3 y 10, y componentes de la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea Colombiana (Pontificia Universidad Javeriana, 2016).

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biano en donde se desarrolla el plan de guerra “Espada de Honor”, con el propósito de golpear y desarticular a las FARC y al ELN. En ese territorio se encuentra la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido), una unidad de lucha antisubversiva, que sigue viviendo en carne propia el conflicto armado de nuestro país. Estas personas han vivido a su manera la experiencia de la guerra, y por eso, para prepararnos en el marco del posconflicto, es importante reconocer y darles la oportunidad de construir memoria, pues detrás de cada uniforme militar, se encuentra una historia sobre sus motivaciones, sus creencias, su familia, sus sacrificios, sus responsabilidades, sus amistades, sus contribuciones, sus inconformidades y su dolor, pero sobre todo sus historias de vida. En este orden de ideas, no se busca crear héroes o villanos, se busca relatar historias y experiencias de vida que nos permitan comprender cómo la guerra ha marcado y cambiado a estas personas, pero también cómo sus relatos pueden permitir crear entendimiento, empatía y perdón en un país donde la verdad necesita ser escuchada. Por tanto, esta ponencia, inscrita dentro del Proyecto de investigación “Memoria Histórica Militar”, busca a través de la captura de distintas miradas de los miembros de la FUDRA construir su memoria histórica y resaltar que no solo la FUDRA tiene un compromiso como militares sino como miembros de la sociedad colombiana en cuanto a la reconstrucción de vínculos sociales y la recuperación de la confianza en esta institución.

A lo largo de nuestra estadía en la base de la FUDRA se pudieron evidenciar ciertos elementos en común entre los cuales se encuentran el afecto a la comunidad, la convicción de “Dios y Victoria”, la motivación familiar, el compañerismo, amistad y hermandad, las enfermedades del día a día y el amor y compromiso con la institución y con la patria. Para efectos del trabajo de la presente investigación, las entrevistas que se realizaron fueron a 27 miembros pertenecientes al Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Dentro de los miembros entrevistados se encuentran diez soldados profesionales, cuatro suboficiales, seis oficiales y siete civiles.

En primer lugar, consideramos que más allá de las operaciones militares que se realizan constantemente en el área, el contacto con la población civil se ha convertido en un eje fundamental para el control gubernamental y la recuperación territorial.

Para ello, los grupos GEOS (grupos especiales de operaciones sicológicas) realizan actividades con la comunidad, actividades que incluyen celebraciones del día del niño, actividades semanales con payasos, al igual que distintas actividades recreativas para aumentar la confianza y amistad con la población.

En segundo lugar, se identifica que los uniformados que fueron entrevistados se sienten sumamente identificados con la religión y la responsabilidad católica de asistir 129

cada vez que es posible a la celebración de la misa. Para la mayoría, en momentos de combate la única compañía y fortaleza para enfrentar las adversidades es aferrarse a Dios y a sus creencias para poder sobrellevar cualquier situación que se presente en esos momentos. Adicionalmente, encontramos imágenes religiosas tanto esculturas como una capilla en la base de la FUDRA, espacios donde los miembros de esta fuerza se reúnen a orar momentos previos a salir a algún operativo, en algunas ocasiones a la llegada de estas mismas operaciones, y lastimosamente, por la pérdida de algún compañero en combate.

Como tercer elemento de cohesión, es identificada la motivación familiar, que a pesar de verse cada cuatro meses, fecha con la que cuentan un descanso de mes y medio, resulta ser la fortaleza para cada uno de los militares. Resulta como elemento de admiración que aunque la mayoría de ellos tenga hijos menores de edad, para ellos estar lejos de la familia es una fortaleza más que una debilidad, ya que dentro de su pensamiento consideran que estar en la institución les brinda en cierta medida estabilidad y beneficios que no son fácilmente adquiridos fuera de la institución. En este punto, la emisora se vuelve otro medio de comunicación efectiva entre los militares y sus familias, donde reciben constantes mensajes de apoyo e incluso noticias familiares como el ser padres.

Ligado a lo anterior, estar en una región tan apartada de sus familias resulta en cierta medida una baja en la moral de cada uno de los miembros que hace parte de la FUDRA. Para contrarrestar esa sensación, se generan ciertos vínculos de camaradería entre los compañeros, donde más que eso se convierten en hermanos de aventuras y vivencias. El valor de la amistad es algo fundamental para pertenecer a las FF.MM., ya que así como comparten cuatro meses seguidos sin descanso, la vida del otro está en las manos de las acciones y decisiones tomadas por los compañeros. Quisiéramos resaltar que en cuanto a la amistad, estos lazos se generan no solo con compañeros del mismo rango, sino también con sus superiores y miembros de menor rango; en el área no hay distinción de rangos en términos de compañerismo, hermandad y lealtad. Como elemento que nos llamó la atención fue la relación que existe entre los militares y los perros de acompañamiento en labores antiexplosivas y de erradicación de cultivos ilícitos; donde la pérdida de alguno de ellos es lamentada como si fuera un militar más.

Las enfermedades tropicales resultan ser una costumbre del día a día, donde en La Macarena la más común resulta ser la leishmaniosis. Un alto porcentaje de los miembros entrevistados la ha sufrido como mínimo dos veces y aun así, a pesar de lo doloroso que resulta ser el tratamiento, en ninguno de ellos evidenciamos debilidad por haberla presentado o con alguna duda de continuar en la institución; por el contrario, 130

consideran esto una motivación más para seguir apoyando la causa y seguir sirviendo a la patria a pesar de presentar limitaciones y excusas de servicio temporales.

Finalmente, consideramos que todos los elementos se pueden ver resumidos en el amor y compromiso con la institución y con la patria por parte de los miembros pertenecientes a este grupo de la FUDRA. La misión que tiene cada uno como militar se ha transformado a lo largo de la transformación misma del conflicto armado interno, pasando de un ámbito estrictamente militar a un rol como educador y reconstructor de sociedad.

El trabajo conjunto no solo se ve entre los miembros de las distintas FF.AA, también se ve un acompañamiento con los educadores, miembros pertenecientes al sector público y comercial del municipio. Esto evidencia el compromiso existente entre las distintas instituciones públicas y privadas en pro de la región y en una preparación para el posconflicto en el país.

Poniéndole un rostro a las historias de vida y de guerra de los miembros del CEO41 Entre los departamentos del Meta y del Guaviare se encuentra el Comando Específico del Oriente. Un punto de gran importancia dentro de la jurisdicción de la FUTCO al ser uno de sus pilares, en donde miembros del Ejército, Armada y Fuerza aérea velan por la seguridad de la región. Son los miembros de este comando en quienes nos queremos enfocar en este escrito. Contar sus relatos de vida, trayectoria en las FF.MM. y sus vivencias en el conflicto. Identificar a esos hombres y mujeres quienes portan el uniforme, pero que detrás de ellos hay colombianos que buscan la paz de Colombia.

Fue a principios de abril, cuando se llevaron a cabo las entrevistas a 5 oficiales, 3 suboficiales y 6 soldados profesionales en las cuales ellos narraron sus historias, sus experiencias e incluso sus anhelos en cuanto a lo que sentían y esperaban de su institución. El caso del CEO fue sumamente interesante ya que permitió tener a los miembros de diferentes fuerzas mostrando las diferentes opiniones, reacciones y emociones entre ellos y hacia la institución. De igual forma, en el desarrollo de la 41. En San José del Guaviare se encuentra el Comando Específico del Oriente (CEO), unidad militar adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUCTO). Realiza operaciones militares en el occidente del departamento Gaviare y oriente del Meta. Tiene bajo su dirección las Brigadas Móviles 4, 7 y 12 como componentes propios del Ejército, más los componentes de la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea Colombiana.

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actividad se encontraron cuatro factores interesantes a analizar, los cuales fueron la religiosidad, la vocación al servicio, la autopercepción y la vocación.

A este respecto, encontramos cómo el factor religioso y sagrado genera cohesión dentro de las fuerzas militares, en donde los valores y actitudes que lo componen logran ser elementos de unión para que los integrantes permanezcan unidos sin importar las circunstancias. De igual forma, son estos mismos valores y actitudes que poseen los individuos dentro de su formación en casa la que hace que decidan escoger el camino militar como profesión. Con lo anterior se quiere mostrar que, mediante la educación religiosa y el fomento de los valores que esta transmite, se crean en el individuo razones y expectativas debidas que se ven reflejadas en las Fuerzas Militares. Al entrar a la institución, el individuo reconoce esas virtudes que trae en sus compañeros y al ser evocadas por los ritos sacramentales dentro de la institución se crean lazos y vínculos. De igual forma, los valores, sentimientos y actitudes generan en el individuo una motivación a la hora de desempeñar su trabajo que trasciende su ser. Dicha trascendencia de ser en el individuo se ve remarcada en que este no ingresa a las fuerzas militares por escogencia, sino por vocación.

Por otro lado, durante el transcurso de las entrevistas, el tema de la vocación fue uno de los más recurrentes. De acuerdo con las entrevistas, los participantes reflejaron cómo fue por medio de su voluntad y del llamado del deber que quisieron entrar a las Fuerzas Militares. Este llamado, que en algunos se despertó desde temprana edad, o en algunos casos por el ejemplo de algún familiar, fue lo que los impulsó, y como algunos lo relatan, es lo que siempre soñaron hacer. De igual forma, la imagen que tenían de la institución fue un factor relevante en varios casos, y esto se construye gracias al concepto mismo que da la institución respecto a la vocación al servicio público y acerca de la profesión militar en sus propagandas, campañas y en especial de lo que los miembros de las Fuerzas Armadas expresan a sus más cercanos. Así mismo, se percibió como en dicha profesión hay dos tipos de individuos, quienes nacen con la vocación de ser militares y quienes ya una vez entrados en sus roles y dinámicas se hacen militares.

Siguiendo el orden de ideas, la forma en la que se conciben los militares de nuestro país sigue unas dinámicas particulares que son impulsadas por la institución.

Debido al carácter de su profesión, se requiere de un constante apego para promover y distinguir a los individuos que están en la línea de fuego. Por esta razón, las Fuerzas Militares, específicamente el Ejército, cambian sus eslóganes y los discursos de los comandantes con el fin de mostrarles a sus fuerzas un respaldo, así como también mostrarle al país quiénes integran el brazo armado del Estado. Lo anterior es de 132

suma importancia, ya que al realizarse las entrevistas, efectivamente cada miembro entrevistado de la FUTCO se vio reflejado en dichas representaciones; no llamándose héroes ni tomando posiciones de preponderancia, pero sí siendo enfáticos en que su labor es para la gente y por la gente. Los participantes no se ven a sí mismos como los salvadores de Colombia, sino como una parte del Estado que se encuentra en zonas donde desafortunadamente este no se halla presente. Esto se ve reflejado en los siguientes relatos: “nosotros prevalecemos la vida de los demás a la propia”42, “mi institución complementa esa forma de vida que siempre he querido llevar, honesta, responsable y al servicio de mi país”43.

Mi hermano, mi lanza, mi primero, mi comandante… son expresiones que usan los miembros de las fuerzas militares para expresarse de sus otros compañeros. Este último estamento, la camaradería, fue uno de los más sonados durante toda la investigación; no solo por el hecho de que este recoge la mayoría de los otros conceptos mencionados anteriormente, sino porque la vida de los militares transcurre con las personas que viven el día a día en los batallones, unidades y en el terreno y a medida que pasa el tiempo son ellos quienes se vuelven una familia.

Así mismo, cada relato, cada historia contenía alguna experiencia que mostrará esos lazos, esa unión del grupo. Algunas historias eran alegres, de cómo alguno de sus compañeros había hecho alguna gracia o algo que les hubiera alegrado el momento, se encontraron historias de valentía y de coraje, en donde ayudaron o salvaron a alguien o, por el contrario, alguien los salvó a ellos… otras historias eran un poco más densas, estas historias mostraban a hombres que habían perdido un amigo en combate. Hubo pausas, silencios largos e incluso lágrimas; y como dijo uno de los participantes, “un compañero muerto es un silencio que perdura”44.Para estos hombres y mujeres, sus compañeros se vuelven en su familia, se cuidan, se regañan, están pendientes los unos a los otros. Sin importar el paso del tiempo, cambio de lugar o salida de la institución se consideran hermanos y son los que se motivan en los tiempos de combate, donde la vida de todos depende de cada uno.

Finalmente, se quiere cerrar este capítulo agradeciendo a todos a aquellos que hicieron posible el desarrollo de la investigación, a los participantes de las entrevistas, quienes compartieron sus historias de vida y de guerra y nos dejaron entrar en su versión de la guerra, en la que muchos creerían que solo hay historias de dolor. Pero la verdad es que también hay historias de tenacidad, lucha, perseverancia, compasión, 42. Entrevista, Oficial No. 2.

43. Entrevista 8 de abril Suboficial No. 2.

44. Entrevista, Soldado Profesional No. 3.

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amistad y un amor de hombres y mujeres incondicional a su profesión. En donde sin importar las condiciones, velan por la seguridad de los colombianos, muchas veces prestando ese apoyo que el Estado no alcanza a dar. Es porque al final solo queda decir AJUA, un acrónimo que utilizan los comandantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega al finalizar sus discursos, el cual significa “abnegación, justicia, unión y arrojo”, palabras que, si se analizan, son la materia por la cual la humanidad está compuesta y que se deberían tener en cuenta para cada circunstancia de la vida… ¡AJUA!

Referencias CEC, C. (2015). Reseña Histórica Brigada Móvil No. 9. San Vicente del Caguán - Caquetá.

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Pontificia Universidad Javeriana. (5 al 8 de Febrero de 2016). Estudio Etnografico Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Florencia, Macarena, San Vicente del Caguán y San Jose del Guaviare, Colombia.

Pontificia Universidad Javeriana. (7 al 10 de Abril de 2016). Trabajo de Campo grupos focales, entrevistas y etnografía. Semillero de Investigación de Seguridad y Defensa - Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Larandia Caquetá, San Vicente del Caguan Caquetá, La Macarena Meta, San José de Guaviare, Colombia.

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2. “Posconflicto”: impacto social y económico Propuesta de discusión para una mesa temática

Nhoris Torregrosa, Rodolfo Torregrosa, Andrés Guzmán, Guillermo Carrillo, Gustavo Rojas Páez, Margarita Giraldo, Libardo Orejuela y Óscar Andrés López45

En torno a los posibles escenarios que se darían luego de una eventual firma de los acuerdos en La Habana, existe una amplísima variedad de opiniones: algunos consideran, de manera bastante apocalíptica y desproporcionada, que ese evento marcaría el inicio de la dictadura comunista en Colombia; otros aseguran que marcaría un giro de 180º en la historia reciente de Colombia y el amanecer de un país en paz; por supuesto, no falta quienes consideran que nada en absoluto cambiará. El mejor adjetivo que podemos encontrar por ahora para estas posiciones es el de reduccionistas.

Es difícil creer que el gobierno Santos pueda dar origen a una “dictadura comunista”, para ello se necesitaría ignorar, de manera casi delirante, las enormes diferencias que existen entre el comunismo y el liberalismo como ideologías políticas. Creer que la firma constituye un amanecer donde la paz reinará por decreto, es de una candidez tal que ni García Márquez habría podido imaginar. Sin duda, algo tendrá que cambiar, pues es la historia, no la política, la que es realmente dinámica.

Si nos apartamos de las perspectivas ingenuas y reduccionistas, razón les asiste a quienes señalan que la firma de los acuerdos en La Habana puede constituir el verdadero inicio del proceso de paz en Colombia con las FARC-EP, proceso cuyo desenlace es por supuesto incierto. Tanta razón como a quienes consideran que tal evento daría comienzo a una etapa de posguerra con ese grupo armado, no de 45. Docentes Investigadores de la Universidad Libre de las seccionales Bogotá y Cali.

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posconflicto, en tanto el conflicto es inherente a las dinámicas sociales. Independiente de la validez de estas perspectivas, la discusión de los acuerdos de La Habana ha significado una oportunidad para construir, o al menos hacerlo con menos índice de riesgo de perder la vida en el intento, un país menos inequitativo, excluyente y violento del que tenemos. En tanto reconocemos que el conflicto es propio de la condición humana, hoy resulta difícil cuestionar que la violencia en Colombia ha obedecido históricamente a causas estructurales, por tanto, es imposible apartarse de ellas si queremos pensar ética y responsablemente en lo que vendrá luego de los acuerdos de La Habana.

De manera que cuando nos convocan a pensar sobre el impacto social y económico que puede generar la firma de los acuerdos, cuatro ejes principales aparecen en la discusión: • • • •

Movimientos sociales Tierra y desarrollo Equidad Relación entre paz y modelo macroeconómico

Relación paz - modelo macro económico

Movimientos sociales Tierra y desarrollo

Equidad

También resulta inevitable dejar por fuera aspectos que seguramente son relevantes en esta discusión. La propuesta de estos ejes temáticos, como cualquier otra, resultará seguramente insuficiente. No pretendemos agotar una complejidad que es en sí misma inabarcable. Solo buscamos proponer una matriz flexible y en construcción, cuatro hilos que permitan tejer una discusión abierta pero enfocada para dar cabida a todas las opiniones posibles sobre los significados e implicaciones 136

atadas a las condiciones sociales y económicas por venir. La manera como comprendemos la relación entre estos cuatro elementos, puede describirse brevemente en el gráfico anterior.

Como se puede observar, consideramos como los pilares de la propuesta, es decir, las bases sobre las cuales se soporta la discusión, la relación entre tierra y desarrollo, de un lado, y del otro, la equidad. El aspecto que corona la estructura, y que será en tal sentido la reflexión bajo la cual todas las demás están agrupadas, es la relación entre la paz y el modelo macroeconómico por el cual se opte. Por último, lo que genera una relación de coherencia a toda la estructura, lo que permite una adecuada articulación de los tres elementos, son los movimientos sociales. Es con la comunidad con quien finalmente se puede y se debe construir la paz.

A continuación presentamos una breve descripción de los pilares que soportan la propuesta, esto es: equidad, y tierra y desarrollo. Los restantes elementos: relación paz modelo macroeconómico y movimientos sociales, serán desarrollados luego del foro que tendrá lugar los días 17 y 18 de junio en Florencia (Caquetá), pues son estos los aspectos que ineludiblemente deben producirse a partir de la conversación plural y abierta con la comunidad. Lo anterior no implica que los ejes que aquí hemos denominado de soporte, no deban ser discutidos en el foro. Simplemente hemos optado por un modelo metodológico que otorga la mayor amplitud al elemento articulador y al techo de la discusión, como estrategia de conducción de la conversación.

Tierra y desarrollo Las dinámicas del conflicto que implican el despojo o abandono de tierras se relacionan con fenómenos como la concentración de la propiedad rural en zonas en las que las élites políticas y económicas son muy poderosas. A su vez, la concentración se asocia a la desigualdad social y esta última es considerada como una de las causas estructurales del conflicto. De acuerdo a lo anterior, la consecución de la paz implicaría no solo la búsqueda de la reparación integral a las víctimas mediante la restitución de las tierras despojadas o abandonadas, sino además la superación de la desigualdad social, lo que implica contrarrestar fenómenos como la concentración de la propiedad.

Por tal razón, reflexionar sobre justicia, territorios y posconflicto en torno al desarrollo económico y social, implica esclarecer los puntos de articulación entre los programas de restitución de tierras a causa de la privación arbitraria de la propiedad y la vivienda en el marco del conflicto y, por otra parte, los objetivos de justicia social 137

y redistributiva en el campo que surgen para contrarrestar las desigualdades sociales.

En últimas, este debate ha girado en torno al carácter complementario entre la justicia correctiva y la justicia redistributiva.

Esta articulación no solo ha tenido un componente jurídico, sino que se manifiesta en propuestas políticas y arreglos institucionales en el contexto actual, además las comunidades han expresado que la salida del conflicto requiere necesariamente la introducción de una perspectiva territorial que fortalezca la participación y organización frente a la reorganización política y administrativa. La discusión en esa medida y respecto de esta temática, involucra varias dimensiones: una jurídica, otra institucional, y una política que estudia experiencias exitosas en diferentes contextos, y recoge las propuestas de articulación desde diferentes sectores.

En este contexto, el debate sobre el campo colombiano ha sido recurrente en la historia del País. Sin embargo, en la actualidad se ve mediado por el reciente reconocimiento del carácter de víctimas de la población rural que fue obligada a desplazarse y abandonar sus pertenencias o que fue despojada de ellos. Dicho reconocimiento le impone al Estado, a los victimarios y a la sociedad en general el deber de satisfacerles sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La mayoría de las investigaciones que tienen como objetivo exponer el conflicto armado en Colombia han dedicado sus esfuerzos a exponer las causas y consecuencias de dicha dinámica, por lo que en muchas ocasiones estas investigaciones se encargan de dar una mirada cronológica a las etapas en las que se han presentado los más grandes desplazamientos en la historia del país. Otros, por su parte, se han orientado a analizar los casos de desplazamiento en zonas geográficamente determinadas.

Torregrosa R& Torregrosa N. (2015).

Como lo han señalado algunos analistas, el tema de la reforma agraria había desaparecido de la agenda política nacional debido al aniquilamiento físico o el exilio del movimiento campesino que lideró las protestas en la década de los 90. En efecto, los conflictos por la tierra y los territorios dejaron de ser objeto de debates y construcción de consensos para resolverse mediante la fuerza y la violencia.

“La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras propone una serie de mecanismos que buscan reducir las brechas de desigualdad social generadas por el conflicto para que en un futuro, cuando se empiece a enmarcar el camino hacia la paz, éste no se construya sobre bases de inequidad que puedan devenir en la reactivación de los espirales de violencia” (MINJ, 2012, p. 2).

Esta discusión sobre el agro colombiano es uno de los ejes centrales a la solución al conflicto que en la actualidad se ve mediado por el reciente reconocimiento del 138

carácter de víctimas de la población rural que fue obligada a desplazarse; fenómeno que de acuerdo con Fajardo (2002b) “se traduce en el empobrecimiento de un mayor número de colombianos y en la pérdida de viabilidad de la nación”, pues más del 63% de desplazados en Colombia viven por debajo del umbral de pobreza y el 33% vive en condiciones de extrema pobreza (NCR, 2015).

Los desplazados han sido despojados aproximadamente de 6.6 millones de hectáreas, excluyendo los territorios colectivos (ACNUR, 2011). En total, se han registrado 6.044.200 de desplazados, es decir, alrededor del 12% de la población total del país (NCR, 2015).

De esta manera, el debate sobre el campo colombiano ha sido recurrente en la historia colombiana pero el problema agrario sigue sin resolverse pues, como se expone en el último Informe Nacional de Desarrollo Humano de Colombia, la estructura de tenencia de la tierra en este país se caracteriza por una alta concentración de la propiedad rural con un coeficiente de Gini de propietarios de 0,875, el de tierras, a 0,86 y el de avalúos a 0,84, para el año 2009, indicador que sitúa a Colombia como uno de los países con mayor desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo (PNUD, 2011, p. 197). Esto se relaciona con la existencia de pocos propietarios con muchas tierras y un uso ineficiente de la misma: 0,43% del total de los propietarios de tierras rurales poseen fincas mayores a 500 hectáreas y controlan el 62,91% de la superficie rural registrada por el Catastro (IGAC y Corpoica, 2004). Por lo tanto, al existir una relación inversa entre concentración de la tierra y desarrollo humano, la estructura de la propiedad rural en Colombia representa un obstáculo para alcanzar dicho desarrollo (PNUD, 2011, pp. 179-213) y materializar el alcance de un Estado Social de Derecho.

Equidad La inequidad generada como consecuencia del modelo económico que se ha privilegiado durante décadas en el país, ubica a Colombia entre los países con peor distribución de la riqueza en el mundo, si tenemos en cuenta las mediciones que el coeficiente de Gini arroja. Son muchas las causas que hacen de este uno de los países más inequitativos. Como se señaló atrás, la inadecuada distribución de la tierra es tan solo uno de ellos, aunque ciertamente pueda ser el de mayor incidencia. Pero además de este, es necesario destacar la ineficacia que han tenido las políticas laborales de las últimas décadas. Por ejemplo, la reforma impulsada en 1990 desató una ola de flexibilización laboral que trajo condiciones de fuerte precarización del trabajo, 139

como muestran los estudios de Estrada (2009), Ostau (2006), Camacho y Libreros (2004), Garay (2004), Bonilla (2003), Heckman y Pagés (2001), Sarmiento (2000), entre muchos otros.

Algo semejante ocurrió tras la expedición de la Ley 789 de 2002, mediante la cual se redujo el monto de la indemnización por despido sin justa causa, el pago por el trabajo suplementario, el ejecutado los dominicales y festivos, así como el realizado durante la noche.

No es el lugar aquí para exponer en detalle la manera como se ha consolidado legalmente la flexibilización laboral en el país, fenómeno que por cierto no es exclusivo de Colombia. Bastan simplemente los ejemplos señalados como evidencia de las causas que han contribuido a la inequidad, pero a su vez, como una brevísima descripción del contexto socioeconómico al que tendrán que ingresar los excombatientes una vez firmados los acuerdos.

Es necesario señalar que quienes dejan las armas buscarán garantías que les permitan, a ellos y a sus familias, obtener sustento económico adecuado para llevar una vida digna. Es lamentablemente posible, que la ausencia de condiciones adecuadas de existencia, conduzca de manera casi indefectible a los excombatientes a tomar nuevamente las armas. Las cifras de la ACR señalan que de los 33 mil desmovilizados entre 2002 y 2010, el 68% de ellos se encuentra en la informalidad, es decir, en condiciones de trabajo carentes de estabilidad y de seguridad social.

El gobierno nacional ha promovido desde hace varios años la política de emprendimiento como mecanismo para mitigar el desempleo. Los excombatientes no han sido ajenos a esta política. Según cifras de la misma ACR, de 4.108 proyectos productivos financiados con recursos públicos, tan solo 22% de ellos continuaban funcionando durante 2015, 32% se encontraban clausurados, 4% estaban en riesgo de cerrar, y lo que es peor, del 42% de ellos se ignora su estado. Esto revela que la política de emprendimiento tampoco ha sido una medida eficaz para consolidar la política de reinserción laboral de los excombatientes.

Otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de los empresarios para generar empleo. El panorama al respecto luce aún más desolador. Según cifras del Observatorio de Reintegración (2009), luego de una encuesta realizada a 800 empresarios en Bogotá, el 45% de ellos no participaría en el proceso en ningún caso. Un estudio de Confecámaras y la OIM (2010) revelan que de 1.070 empresarios encuestados en 16 ciudades del país, solo el 13,7% de ellos estaría dispuesto a ofrecer trabajo a un excombatiente, mientras que el 42% manifestó no querer participar de ninguna forma en la reintegración, incluso aunque les ofrezcan incentivos fiscales. Por último, un 140

estudio de Invamer Gallup realizado en el 2014 para la revista Dinero, mostró que solo el 40% de los empresarios consultados estaría dispuesto a contratar exguerrilleros. Por supuesto, para una estadística siempre habrá otra que la contradiga. No obstante, el estigma es una impronta cultural en nuestra sociedad difícil de negar, y aun más, de erradicar.

Una propuesta que suele aparecer en estas condiciones, es la de quienes sugieren que los excombatientes deberían prestar servicios de vigilancia y escolta. De hecho, en Colombia, según cifras de la ACR, de los casi diez mil desmovilizados entre 2002 y 2010 que lograron ubicarse en trabajos formales, el 30% de ellos lo hizo en labores de vigilancia privada. Sin embargo, la literatura en la materia ha destacado como una medida inconveniente para la sostenibilidad de cualquier proceso de paz, promover que los excombatientes laboren en actividades relacionadas con el uso de armas, pues esto conduce a reinsertarlos en la espiral de violencia del cual precisamente se busca separarlos.

Como se puede observar, no existe un mecanismo completamente adecuado para garantizar la reinserción socioeconómica de quienes deciden abandonar las armas, y así, es inminente que la inequidad propia de un país que ha optado históricamente por los dogmas del libre mercado, la flexibilización laboral y la poca inversión social, difícilmente podrá reducirse, y con ella, la paz se verá siempre amenazada.

Pero el debate sobre la inequidad en el escenario de un acuerdo con las FARC-EP, no pasa únicamente por la reinserción socioeconómica de los excombatientes. Cualquier política que se adelante sin atender a las causas estructurales de la inequidad que padecen las víctimas del conflicto, será insuficiente. Con el ascenso del actual presidente en el 2010, el interés de formular una política pública que solucionara dichas problemáticas se plasmó en la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

La implementación de esta política pública en particular tiene un nivel de complejidad bastante alto, y más aun, si se tiene en cuenta que la posibilidad real de superar la condición de vulnerabilidad padecida por las víctimas está condicionada a que ellas tengan acceso y goce efectivo de los derechos sociales fundamentales: la salud, la educación, el trabajo, el acceso a la seguridad social, vivienda digna, entre otros. Esta meta exige la planificación, coordinación y puesta de acciones efectivas que deberán desarrollar diferentes entidades públicas y de que las políticas funcionen de manera articulada para hacerlas más eficientes. Tal configuración resulta difícil mientras las entidades y las políticas continúen siendo botines electorales, lo que demandaría una profunda reforma de la estructura política e institucional del Estado, además del compromiso franco del sector privado.

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Hasta el momento, la implementación de la política consagrada en la Ley 1448 ha generado confusión entre actores y agencias respecto a sus funciones, deberes, obligaciones y responsabilidades, lo que ha provocado acciones descoordinadas y dispersión institucional. Basta un ejemplo para ilustrar la problemática: el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV– está constituido por 17 programas presidenciales y 35 entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas para la atención y reparación a las víctimas.

Una de las implicaciones de esta dispersión en la política es que se ha creado un conjunto diverso y complejo de reglas de juego, normas, leyes y agencias que intervienen en la regulación de esta política pública, es por eso que el sistema necesita vincular a tantas entidades y cada una de estas obedece a sus propias lógicas y cuya articulación con las restantes no siempre está reglamentada, sino que puede ser discrecional. A esta extrema dispersión institucional se suma la inconsistencia en la implementación de la política, que se expresa en contradicciones internas entre las agencias o en determinados vacíos regulatorios y contradicciones en los marcos jurídicos. Tales aspectos, dispersión institucional e inconsistencia, generan confusiones respecto a las responsabilidades y competencias de los actores y agencias involucradas en la regulación de la política y acciones descoordinadas por parte de los involucrados (Caicedo y Bocanegra, 2015, p. 25).

De esta manera, es claro que dicha política pública no está contribuyendo eficazmente a reparar a las víctimas, aunque según el gobierno La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras propone una serie de mecanismos que buscan reducir las brechas de desigualdad social generadas por el conflicto para que en un futuro, cuando se empiece a enmarcar el camino hacia la paz, este no se construya sobre bases de inequidad que puedan devenir en la reactivación de los espirales de violencia (Ministerio del Interior y de Justicia, 2012, p. 2).

En semejante escenario es indispensable repensar la equidad y los mecanismos constituidos para alcanzarla, de manera que el diseño pueda invertir la lógica que hasta ahora se ha privilegiado. Parece ser el tiempo de diseñar una política de equidad desde abajo, es decir, una política que privilegie las acciones antes que el aumento de la burocracia y las medidas formales.

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3. Posconflicto: desarrollo económico y social Jorge Mauricio Cardona Angarita46

El siguiente ensayo recoge algunas experiencias del autor sobre el seminario “Conflicto, Democracia y Desarrollo” del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontifica Universidad Javeriana47, ambiente académico donde se debatieron las temáticas que conforman los puntos de la Mesa de negociación de la paz, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón en la Habana - Cuba, como también las percepciones y expectativas que se pueden generar en la sociedad respecto al posconflicto. Asimismo, recoge las experiencias de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en su objetivo de crear formas interactivas de socialización entre la institución castrense, la academia y la sociedad civil, para ayudar en la construcción de la paz y satisfacer las necesidades de la población en sus derechos y libertades.

46. Capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita, Director del Centro de Estudios históricos del Ejército Nacional.

Oficial de caballería del Ejército de Colombia, actualmente cursando Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster (M.Sc) en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en Conflicto Armado Interno, Especialista en Administración de los Recursos Militares para la Seguridad Nacional del Centro de Educación Militar, Pasante del acuerdo marco Colombia - Chile para la adecuación de la doctrina acorazada en Santiago de Chile 2014, con Armor Captain Career Course del Armor School en Fort Knox, Kentucky, USA; Estudiante del Defense Language Institute en Lackland Air Force Base, San Antonio, Texas, USA; con entrenamiento en el ARC Buque Escuela Gloria Crucero 2000.

47. La categoría “conflicto” en este seminario es concebida como los desacuerdos y disputas derivadas en torno a los recursos materiales y simbólicos en una sociedad, como también aquellas relaciones de poder, dominación y de saber en el que intervienen diversos agentes sociales, instituciones políticas y económicas y prácticas culturales.

La categoría de “democracia”, en este seminario es concebida como el marco deliberativo público donde tiene lugar la concertación y la deliberación pública y la disputa ciudadana e institucional en torno a la legitimidad de las estructuras de poder de una sociedad. Finalmente, la categoría de “desarrollo” es abordada no solo como paradigma económico, sino también como un conjunto de prácticas, discursos y agendas relacionadas con la justa distribución de los recursos, bienes y libertades.

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Hoy en día, el Estado colombiano parece estar a un paso de superar el fenómeno del llamado conflicto armado interno y se aproxima a una etapa de posconflicto o posacuerdo que de una u otra manera estará relacionada con los puntos acordados en la Mesa de negociación de La Habana, pero también estará relacionada con los puntos excluidos como el modelo de desarrollo económico y con los puntos olvidados, entre ellos la tributación necesaria para sostener económicamente lo acordado.

La superación del conflicto armado como etapa de connotación negativa para la sociedad implica que los conflictos violentos directos, estructurales y culturales deben ser transformados en procesos de paz, con el fin de generar nuevas condiciones sociales hacia el bienestar, el desarrollo y la transformación de las instituciones democráticas y la participación ciudadana en las decisiones políticas. El “conflicto armado interno”48 en Colombia se ha definido como irregular, complejo, prolongado, discontinuo, con enormes diferencias regionales, atroz y con raíces ideológicas, que pudo haber iniciado en la década de los años 20 con el problema agrario, o en la década de los 40 con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, o en la década de los 50 con la Violencia y la instalación del Frente Nacional, o en la década de los 60 con el nacimiento de las guerrillas de las FARC y del ELN o en la década de los 80 con el incremento del narcotráfico y del paramilitarismo, y así mismo, como consecuencia de la combinación de factores y actores con diversas estrategias e intereses, que en una coyuntura determinada iría a favorecer la eclosión de múltiples violencias49.

Luego de más de medio siglo de duración del conflicto armado interno en Colombia, parece haber llegado la esperanza de la paz al haberse establecido una mesa de negociación entre las FARC y el gobierno colombiano50 donde se estableció una agenda con seis puntos a consensar. De los seis puntos que constituyen esta agenda de negociación, los dos primeros puntos parecen ser un reclamo de las FARC, que es lo agrario y lo político, luego, los dos siguientes puntos parecen ser reclamos de la sociedad sobre la solución del problema de la drogas y las víctimas; y los dos puntos finales, que concierne a las partes, es el fin del conflicto y la refrendación de los acuerdos.

Los puntos de la agenda parecen ser de carácter político, prometiendo soluciones al conflicto que ha ocurrido principalmente en el área rural del país entre las FARC y el Estado, porque si se analizan estos puntos con detenimiento, se percibe que estos están dirigidos a resolver algunos y no todos los factores que han conducido a tantas 48. Término empleado en los documentos de la Mesa de paz en La Habana, en Eduardo Pizarro Leongómez (2015, p. 4).

49. Eduardo Pizarro Leongómez, Una lectura múltiple y pluralista de la historia, Op. cit., 54.

50 “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” suscrito por el gobierno y las FARC-EP, el 26 de agosto de 2012 (Bogotá: Alto comisionado para la paz, 2015), 807.

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problemáticas sociales y económicas que existen en Colombia, dejando temas excluidos y olvidados.

En este consenso, se deja claro que el problema agrario y el narcotráfico son unas de las causas del conflicto y que sí están incluidos dentro de los puntos de la agenda.

Aunque el documento es de interpretación amplia, las partes trazaron unos puntos muy generales que se fueron desarrollando de acuerdo a las dinámicas de las conversaciones. Dentro de lo incluido, también se evidenció que hubo una dinámica entre las dos partes, permitiendo la participación ciudadana a través de la Universidad Nacional y las Naciones Unidas y posibilitando los encuentros de los negociadores de La Habana con ciudadanos de diferentes organizaciones51. Es decir, hubo un buen mecanismo de participación para cada uno de los puntos de la agenda incluyendo la dejación de armas. A pesar de esto, en estas dinámicas de negociación, se presentaron disputas políticas fuera de la Habana, que de una u otra manera tendrían que ser acordadas fuera de la agenda, como el tema de la refrendación de los acuerdos.

En este sentido, aunque no se ha terminado de acordar lo acordado, estos acuerdos pueden permitir ese proceso crítico.

En esta agenda se excluyeron muchos problemas que afectan a la sociedad y su estructura, y en este sentido, las FARC no pueden estar representando toda la sociedad colombiana. Parece ser que las partes no tuvieron la visión completa del conflicto, están es decididos a acabar con el conflicto militar y los otros ámbitos que no tuvieron que ver con lo político o lo militar no fueron incluidos en la agenda. No se habló de eliminar las fuentes que causaron el conflicto, hubo una posición de fuerza en las negociaciones, donde una fuerza empujaba a la otra, excluyendo al sector social, sin permitir algún nivel de participación. Parece ser que por esta razón el modelo económico no estuvo en discusión, y en los puntos de la agenda cuando se intentó tratar algo fuera de ella, se dijo que “eso no está incluido”, entonces la agenda dio formalidad a lo excluido y se desarrolló lo que estaba acordado.

En el posconflicto o posacuerdo, el tema del cumplimiento de lo acordado no es claro, en el sentido de que el Estado financie las reformas que se produzcan como resultado de las negociaciones. Esta característica no es nueva en las negociaciones, ya había sucedido con los acuerdos del M-19 en 1989, cuando se pasó de una constitución de Estado de Derecho hacia una de Estado Social de Derecho, donde no se tuvo en cuenta la financiación de los acuerdos. En un consenso académico en el 51. Foro Política de Desarrollo Agrario Integral – Enfoque territorial que se realizó en Bogotá entre el 17 y el 19 de diciembre de 2014, organizado por el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional.

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seminario, se llegó a la conclusión de que la financiación del gasto social de la Constitución de 1991 fue uno de los mayores fracasos de esa Constitución, y se podría ver el mismo resultado en el futuro si se conserva la estructura tributaria actual, donde el Estado no podría sostener el cumplimiento de los acuerdos.

En una mirada política a la agenda, se partió de ver entre quiénes se estaba haciendo el acuerdo y su correlación de fuerza. En este sentido, se pudo observar que este se estaba haciendo entre un sector de la sociedad, las FARC y el Gobierno, donde no hubo participación de los gremios económicos, la sociedad civil integral, la Iglesia, el mundo académico, ni las organizaciones comunitarias. Esta fue una agenda que tuvo como finalidad la “terminación del conflicto” y no de la violencia, y no se incluyó terminar otras formas de violencia para la construcción de una paz duradera.

En cuanto a lo olvidado, los acuerdos dejaron por fuera el enfoque territorial, sin tenerse en cuenta el proceso legal para la certificación de territorios como municipios ni tampoco el problema de la corrupción ni se habló de las medidas que debe tomar el Estado para reducir este fenómeno.

El conflicto armado interno en Colombia se ha prolongado por más de cincuenta años y uno de los puntos de la mesa de negociación de la Habana, el de las víctimas, ha tratado de esclarecer sus orígenes, causas, factores e impactos generados. En este sentido, recientemente la Comisión de la Historia del Conflicto y sus víctimas52, presentó doce ensayos y dos relatorías realizados por expertos en el tema de conflicto53, 52. “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: Víctimas”, Comunicado conjunto del 5 de agosto de 2014, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, (Bogotá: Alto Comisionado para la Paz, 2015), 807.

53. Eduardo Pizarro Leongómez, es Ph.D en Sociología del Instituto de Estudios Políticos de París. Actualmente es relator de la Comisión de historia del conflicto armado y sus víctimas; Víctor Manuel Moncayo, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente es relator de la Comisión de la historia del conflicto armado y sus víctimas; Alfredo Molano Bravo, escritor, sociólogo y periodista, ha documentado la historia de la violencia partidista y de los grupos guerrilleros, en especial de las FARC, su ensayo se tituló “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)”; Darío Fajardo Montaña, antropólogo, ha investigado la problemática agraria en Colombia y, en especial, su relación con el conflicto armado y con los cultivos ilícitos, ha sido consultor de la FAO y del Programa de Naciones Unidas en Colombia, su ensayo se tituló “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana”; Sergio de Zubiría, filósofo, con maestría en Gestión, Políticas Culturales y Desarrollo, es profesor asociado de la Universidad de los Andes e investigador, su ensayo se tituló “Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano”; Renán Vega Cantor, historiador, investigador y profesor de la Universidad Pedagógica, actualmente dirige la revista CEPA (Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo), su ensayo se tituló “Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado”; Javier Giraldo, Coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, su ensayo se tituló “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”; María Emma Wills, politóloga de la Universidad de los Andes que ha trabajado como docente y como investigadora del CINEP, es actualmente asesora de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), su ensayo se tituló “Los tres nudos de la guerra colombiana.

Un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada, unas articulaciones perversas entre regiones y centro”; Francisco Gutiérrez Sanín, antropólogo con maestría y doctorado en Ciencias Políticas, docente invitado en el London School of Economics, el Santa Fe Institute y la Universidad

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en los cuales se mostraban los consensos, disensos y la pluralidad de las visiones, y en este sentido, aunque estos informes no podrían convertirse en una “historia oficial”54, o “verdad única”55 ni podrían convertirse en un determinador de responsabilidades individuales, ni de enjuiciar a sus responsables, invitaban a los colombianos a un diálogo pluralista y democrático para generar una amplia discusión sobre lo que nos pasó, por qué nos pasó y cómo se podría superar.

La cuestión agraria fue reconocida casi por la totalidad de los expertos como uno de los principales factores que condujeron a este conflicto armado y, por otro lado, fenómenos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la debilidad institucional, el fenómeno paramilitar, las armas y las urnas en relación con el sistema político y localista56, la inequidad, la cuestión agraria, la dinámica bélica57 y las condiciones socioeconómicas de la población hicieron que el conflicto se prolongara.

Los temas tratados en La Habana repercuten en todos los ambientes sociales, directamente en la vida cotidiana y la seguridad de los ciudadanos, afectando sus relaciones sociales y económicas. En este sentido, hoy en día, con el objetivo de cerrar los distanciamientos entre la teoría y la práctica, la academia y la Fuerza de Tarea de la Sorbona en París, su ensayo se tituló “¿Una historia simple?”; Daniel Pecaut, sociólogo francés, investigador de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, que lleva más de 40 años estudiando los fenómenos que se dan en la sociedad colombiana, su ensayo se tituló “Una lucha armada al servicio del statu quo social y político”; Gustavo Duncan, politólogo con maestrías en Seguridad Global de la Universidad de Cranfield (Reino Unido) e Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, es investigador y profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, su ensayo se tituló “Exclusión, insurrección y crimen”; Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit, doctor en Filosofía de la Universidad de Antioquia, su ensayo se tituló “Política y guerra sin compasión”; Vicente Torrijos, politólogo y periodista con especialidad en opinión pública, con posgrado en Altos Estudios Internacionales, doctorado en Relaciones Internacionales y posdoctorado en Asuntos Estratégicos, Seguridad y Defensa, su ensayo se tituló “Cartografía del conflicto: pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano”; Jairo Estrada, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, director de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos y director de la revistas Izquierda y Espacio crítico, su ensayo se tituló “Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada, Elementos para una interpretación histórica del conflicto social y armado”; En Redacción periódico El Heraldo, “Conozca a los 12 expertos que contarán la historia del conflicto en la Habana”, disponible en http:// www.elheraldo.co/politica/conozca-los-12-expertos-que-contaran-la-historia-del-conflicto-en-la-habana-163623.

54. Eduardo Pizarro Leongómez, Una lectura múltiple y pluralista de la historia, (Bogotá: Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, 2015), 5.

55. Ibídem.

56. Según esta relatoría, la democracia se vio afectada no solo en las disfuncionalidades de las instituciones sino también en la vulneración de la vida y la libertad de los representantes locales, entre 1986 y 2003 fueron asesinados 162 alcaldes, 420 concejales y 529 funcionarios y entre 1970 y 2010 fueron secuestrados 318 alcaldes, 332, 52 diputados y 54 congresistas, por solo mencionar algunos ejemplos. En Eduardo Pizarro Leongómez, Una lectura múltiple y pluralista de la historia, Op. cit., 67.

57. Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población, se vieron en el desplazamiento de población, el despojo de tierras, el secuestro, la extorsión, las amenazas, los ataques a los bienes civiles y los atentados contra los bienes públicos han afectado las tasas de crecimiento económico, generado por la fuga de capitales, la falta de inversión, la ausencia de turismo y han provocado paralelamente el incremento de los costos del sistema de salud y el incremento en el gasto militar. En Eduardo Pizarro Leongómez, Una lectura múltiple y pluralista de la historia, Op. cit., 91.

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Conjunta Omega buscan alternativas que puedan coadyuvar a la construcción de propuestas reales que mitiguen las necesidades de la población.

Sin desconocer que el conflicto armado interno ha afectado todas las regiones colombianas, se consideró la dimensión territorial del municipio de la Macarena, en el departamento del Meta, la cual por su configuración desde su colonización hasta la actualidad, ha sido una comunidad que ha vivido los orígenes, las causas, las consecuencias y los factores que han prolongado el conflicto armado interno en Colombia.

Sin estigmatizar esta región en la cual han convergido todos los actores del conflicto, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega presentó propuestas de trabajo académico, no solo para conocer de primera mano las percepciones y expectativas de quienes han intervenido en el conflicto, incluyendo las mismas instituciones del Estado58, sino también para lograr llegar en consenso a posibles soluciones que ayuden a mitigar los impactos sociales que pueda generar el posacuerdo o posconflicto.

El municipio de La Macarena se encuentra al sur del departamento del Meta, está compuesto en su mayor parte por el Parque Natural Nacional de la serranía de la Macarena, con altitudes que oscilan entre los 400 y 1.400 metros sobre el nivel del mar y una extensión territorial de 11.299 km2, con un área urbana de 213 Km2 y 11.016 km2 de área rural59 en el que se encuentran corregimientos y veredas como La Cristalina, El Recreo, La Catalina, San Juan de Lozada, La Sombra, La Tunia, El Jardín, Yarumales, Los Pozos y el Rubí60. La principal labor económica es la ganadería bovina y el turismo que es una fuente importante de economía por los paisajes de la serranía, donde se encuentra la maravilla natural de Caño Cristales.

La colonización en esa región se dio por el desplazamiento de la Violencia de 1948. Los primeros que llegaron allí fue la familia González desde San Vicente del Caguán y con el aterrizaje de manera casual del italiano Aldo Leonardo, se construyó la pista de aterrizaje en la década de los 50 iniciándose la práctica del tigrilleo y el comercio de las pieles61. Luego, en la década de los 60 las FARC empezaron a colonizar la región y a finales de los 70 llegó el fenómeno del narcotráfico que atrajo personas

58. En este ejercicio, mediante grupos focales de soldados quienes han estado en la región durante los últimos 13 años, además de hacer pedagogías de la paz, se intenta hacer memoria histórica desde la experiencia sensorial, rescatando todos los valores que están inscritos en estos hombres y que de una u otra forma han contribuido a la construcción de la paz.

59. La Macarena, Información General, en http://www.lamacarena-meta.gov.co/informacion_general.shtml 60. Alcaldía Municipal de La Macarena, Plan de desarrollo estratégico 2008-2011 “Empecemos a Crecer”, http://lamacarena-meta.gov.co/apc-aa-files/37356630396339326237646539393661/DIAGNOSTICO_GENERAL_MUNICIPIO_DE_LA_MACARENA_2008_1.PDF 6.

61. La Macarena, Información General, en http://www.lamacarena-meta.gov.co/informacion_general.shtml

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de diferentes regiones, perdiéndose la identidad de los primeros pobladores62. Esta región ha sido centro de eventos importantes, como la realización de las ocho conferencias de las FARC, la instalación de los diálogos de paz entre 1984 y 1990 en Casa Verde63 y la desmilitarización64 de varios de sus municipios entre 1998 y el 2002 y por la fuerte presencia de las FARC y la ausencia del Estado antes de la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega a este municipio, la justicia se desarrollaba a través de las Juntas de Acción Comunal y las guerrillas65, casos que pueden ser leídos en el trabajo etnográfico de Nicolás Espinosa y que evidencian la suplantación del gobierno local por parte de las FARC66.

Esta zona también es epicentro de debates ambientales debido a su importancia para la humanidad, ya que en ella se encuentra un corredor natural por la cual se mueve la gran biodiversidad de especies entre la cordillera de los Andes, la Serranía de la Macarena, los parques naturales de los Picachos y Tinigua y la Serranía de Chiribiquete. En este sentido, luego de realizarse una investigación profunda por la Universidad Nacional, la zona fue declarada como área de manejo especial mediante decreto-ley 1989 de 198967.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la región de la Macarena, es la implementación del Plan de Consolidación Territorial del gobierno central, ya que allí se está desarrollando el programa piloto denominado Plan de Consolidación Integral de la Macarena PCIM68, que busca trabajar de manera conjunta e interagencial con los administradores de justicia, asistencia social y desarrollo económico, en la recuperación social del territorio, basándose en cuatro presupuestos: el primero ele62. Tamayo Chacón, Carlos Eduardo. “Consolidación de la doctrina castrense en la acción integral en el marco de las relaciones cívico-militares en Colombia, la Macarena, Meta. Periodo 2006-2010”. Tesis de pregrado de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario. Bogotá. 2013, 26.

63. El presidente Belisario Betancur estableció diálogos con los grupos alzados en armas decretando amnistías e indultos. Ley 35 de 1982 que concedía amnistía general para todos los autores de crímenes políticos y Ley 49 de 1985 que otorgaba indultos a condenados por los delitos de rebelión, sedición y asonada. Fabio Sánchez y Mario Chacón, “Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974 - 2002”, en Francisco Gutiérrez, Nuestra guerra sin nombre, Transformaciones del conflicto en Colombia. (Bogotá: Norma, 2006), 364.

64. El gobierno de Andrés Pastrana desmilitarizó cinco municipios entre ellos La Macarena, creando una zona de distensión para realizar diálogos de paz entre las FARC y ese gobierno, Andrés Pastrana Arango, Informe al congreso 1998-1999 del presidente de la República Andrés Pastrana Arango, (Bogotá: Imprenta Nacional, 1999), 327.

65. Espinosa, Nicolás, “Entre la justicia guerrillera y la justicia campesina ¿un nuevo modelo de justicia comunitaria?, la Macarena, Meta, estudio de caso”. Revista colombiana de sociología. No. 20. 2003. 117-145.

66. Espinosa, Nicolás. Política de vida y muerte. Apuntes para una gramática del sufrimiento de la guerra en la sierra de la Macarena. Revista de antropología iberoamericana. Vol. 2. No. 1. Enero-Abril 2007. 43-66.

67. Centro de Estudios Sociales Universidad Nacional. La Macarena, reserva biológica de la humanidad, Territorio de Conflictos. Bogotá: Servigraphic Ltda. 1989.

68. Tamayo Chacón, Carlos Eduardo. “Consolidación de la doctrina castrense en la acción integral en el marco de las relaciones cívico-militares en Colombia, la Macarena, Meta. Periodo 2006-2010”. Tesis de pregrado de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario. Bogotá. 2013, 31.

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var el Estado a donde su presencia era marginal; la segunda convertir el Estado local y nacional en entidades eficientes para responder a las necesidades mínimas de la población; con legitimidad del Estado como tercer presupuesto; y, por último, bajo un modelo de desarrollo económico que permitiera el control social de la población69. El impacto de este plan piloto no ha sido contundente en el municipio de la Macarena, debido a la interpretación del concepto de “La Macarena” tal como lo manifiesta la comunidad de esta región, al presentarse confusión si se refiere a la Macarena como área especial donde se incluyen seis municipios del departamento del Meta, o como parque que incluye la Serranía de la Macarena, o como programa político del gobierno que incluye 10 municipios de la región.

Es en este sentido que el Gobierno Nacional a través de las instituciones del Estado, como sus Fuerzas Militares y de Policía, la Dirección de Gestión Territorial de Prosperidad Social (DGT), los entes judiciales y demás instituciones del Estado deben entrar en un diálogo constante con la comunidad para que los programas y proyectos operen de acuerdo a la realidad, evitando así la ambigüedad de interpretaciones como las que se leen en los informes del USAID (La agencia del gobierno de los Estados Unidos para la ayuda a los países en desarrollo), la fundación Arco Iris, el CEDE70, WOLA (Washington Office on Latin America)71, Asominga, Indepaz y otras instituciones que investigan el impacto de los programas, no solo del Plan de Consolidación, sino los de “Desarrollo y Paz”, “EyZ” (Agencia de Cooperación Alemana), “Paz Holanda”, “MAP OEA” y la oficina de las Naciones Unidas.

En suma, las diversas investigaciones sobre la Macarena coinciden en que esta región ha sido epicentro del conflicto armado interno y que los campesinos, o colonizadores han sido víctimas de los daños colaterales producidos por el enfrentamiento entre los grupos al margen de la ley y el Estado.

En vísperas del posconflicto, uno de los principales temas que se debe debatir está relacionado con la tierra y, en especial, la zona de reserva campesina del Lozada-Guayabero en la región de la Macarena. Aunque estas zonas de reserva ya estaban reglamentadas desde 1930 con la Ley 1128 de ese mismo año, mediante el acceso del campesino a las tierras baldías y más tarde con la Ley 160 de 1994 del presidente Er69. Ariel Fernando Ávila Martínez, “La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC”, Revista Arcanos, No. 15, (Bogotá, 2010), 16.

70. Centro de Estudios de Desarrollo Económico CEDE. Una evaluación del plan de consolidación integral de la Macarena (PICM). Bogotá: Universidad de los Andes. 2011.

71. WOLA, In la Macarena, Colombia, A program on “Autopilot”. “First take” report on a visit to Vistahermosa and San Juan de Arama, Meta, Colombia. 10 jun 2011. En http://www.wola.org/commentary/in_la_macarena_a_program_on_autopilot

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nesto Samper que permitían la constitución de esas zonas, lo que se debe consensar es la implementación de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los derechos y deberes contemplados en la Constitución Política.

El horizonte del posconflicto no es solo el acceso a la tierra, es también tener las garantías integrales para el desarrollo social y económico de las regiones, es por eso que se debe tener en cuenta la formalización de las tierras baldías, los programas de desarrollo con enfoque territorial, la adecuación de las tierras con su respectiva infraestructura, el desarrollo social en materias de salud, educación, vivienda, la erradicación de la pobreza, el estímulo de la producción agropecuaria y a la economía solidaria, la asistencia técnica, los subsidios, los créditos, la generación de ingresos, el mercadeo, la formalización laboral y el sistema de seguridad alimentaria, entre otros72.

La construcción de paz se puede lograr cuando exista una hegemonía política intelectual, moral y cultural distinta a la que existe actualmente. Frente a las Fuerzas Armadas, se sabe que no estamos en un escenario de prosperidad, sino de desaceleración económica y, en consecuencia, el gobierno debe presentar propuestas encaminadas a atender las diferentes áreas del sector defensa, enfrentando amenazas híbridas como los delitos transnacionales, las secuelas del paramilitarismo y la desmovilización no acatada por miembros de las FARC, la minería ilegal, la corrupción, el clientelismo y los delitos contra el medio ambiente, entre otros.

Referencias “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” suscrito por el gobierno y las FARC-EP, el 26 de agosto de 2012, (Bogotá: Alto comisionado para la paz, 2015).

Alcaldía Municipal de La Macarena, Plan de desarrollo Estrategico 20082011 “Empecemos a Crecer” http://lamacarena-meta.gov.co/apc-aa-files/37356630396339326237646539393661/DIAGNOSTICO_GENERAL_MUNICIPIO_DE_LA_MACARENA_2008_1.PDF Ávila Martínez, Ariel Fernando, “La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC”, Revista Arcanos, No. 15 (Bogotá, 2010).

72. Ismael José González Guzmán, “Política de desarrollo Agrario Integral”, relatoría del seminario “Conflicto, Democracia y Desarrollo”, 1.

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Centro de Estudios Sociales Universidad Nacional. La Macarena, reserva biológica de la humanidad, Territorio de Conflictos. Bogotá: Servigraphic Ltda. 1989.

Centro de Estudios de Desarrollo Económico CEDE. Una evaluación del plan de consolidación integral de la Macarena (PICM). Bogotá: Universidad de los Andes. 2011.

“Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: Víctimas”, Comunicado conjunto del 5 de agosto de 2014, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, (Bogotá: Alto comisionado para la paz, 2015).

Espinosa, Nicolás. “Entre la justicia guerrillera y la justicia campesina ¿un nuevo modelo de justicia comunitaria?, la Macarena, Meta, estudio de caso”. Revista colombiana de sociología. No. 20. 2003. 117-145.

Espinosa, Nicolás. Política de vida y muerte. Apuntes para una gramática del sufrimiento de la guerra en la sierra de la Macarena. Revista de antropología iberoamericana. Vol. 2. No. 1. Enero-Abril 2007. 43-66.

González Guzmán, Ismael José, “Política de desarrollo Agrario Integral”, relatoría del seminario “Conflicto, Democracia y Desarrollo”.

Gutierrez, Francisco, Nuestra guerra sin nombre, Transformaciones del conflicto en Colombia. (Bogotá: norma, 2006).

La Macarena, Información General, en http://www.lamacarena-meta.gov.co/informacion_general.shtml Pastrana Arango, Andres. Informe al congreso 1998-1999 del presidente de la República Andrés Pastrana Arango, (Bogotá: Imprenta Nacional, 1999).

Pizarro Leongómez, Eduardo. Una lectura múltiple y pluralista de la historia, (Bogotá: Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, 2015).

Redacción periódico el Heraldo, “Conozca a los 12 expertos que contarán la historia del conflicto en la Habana”, en http://www.elheraldo.co/politica/conozca-los-12-expertos-que-contaran-la-historia-del-conflicto-en-la-habana-163623.

Tamayo Chacón, Carlos Eduardo. “Consolidación de la doctrina castrense en la acción integral en el marco de las relaciones cívico-militares en Colombia, la Macarena, Meta. Periodo 2006-2010”. Tesis de pregrado de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario. Bogotá. 2013.

WOLA, “In la Macarena, Colombia, A program on “Autopilot”. “First take” report on a visit to Vistahermosa and San Juan de Arama, Meta, Colombia”. 10 jun 2011. En http://www.wola.org/commentary/in_la_macarena_a_program_on_autopilot.

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4. Narcotráfico y desarrollo agrícola

Proyecciones sobre el posconflicto: los efectos de la consolidación del Estado a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO)73 en la región de Meta-Guaviare Omar Cabrales Salazar74, Angie Arenas Piedrahita75 y Wilson Bautista Orjuela76

“Tres días después del 20 de Julio de 1810, la Junta Suprema encargada de institucionalizar la Independencia, anunció al pueblo, en la plaza mayor de Santafé, que las armas para su defensa estaban ya aseguradas, y que se creaba el ‘Batallón Voluntarios de Guardias Nacionales’ compuestas de infantería y caballería, cuyo comandante sería el Teniente Coronel Antonio Baraya” (Ejército Nacional de Colombia, s.f.). Es a partir de esta fecha que un puñado de hombres dedica sus vidas a salvaguardar la seguridad e integridad del territorio nacional.

73. Ponencia presentada en el marco de Foro: Posconflicto Oportunidad para el desarrollo, organizado por el Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega FUTCO y la Pontificia Universidad Javeriana; y adscrita a la mesa temática Narcotráfico y Desarrollo Agrícola.

74. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, y Magister en Educación de la Pontifica Universidad Javeriana. Especialista en Docencia Universitaria y Economista de la UMNG. Docente de planta en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo: omar.cabrales@unimilitar.edu.co 75. Candidata a Magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Asistente de Investigación en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo: angie.arenaspiedrahita@ gmail.com 76. Especialista en Gerencia de Calidad de la Universidad Militar Nueva Granada. Psicólogo. Coordinador de autoevaluación y currículo de la Facultad de Educación y Humanidades de la UMNG. Correo: Wilson.bautista@unimilitar.edu.co

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Resumen Uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia, desde sus inicios en los años sesenta hasta nuestros días cuando pareciese estar en una etapa de declive o finalización, es el agro en todas sus manifestaciones. Si bien, tanto las regiones más apartadas como los centros de acopio de las grandes ciudades, han padecido los horrores de la guerra bajo distintas formas de violencia como el secuestro, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado, entre otras; en el caso específico del campo, sus pobladores se han visto obligados a enfrentar una serie de impedimentos para el normal desarrollo de sus labores de aprovisionamiento, producción, distribución y comercialización de bienes del sector primario de la economía, debido en gran medida a la presencia de grupos armados al margen de la ley (entre ellos las FARC, el ELN, el EPL, los paramilitares y, más recientemente, las bandas criminales), cuyo yugo ha producido un notable rezago en el sector agropecuario77.

En el caso específico del uso de la tierra, la producción y elaboración de hoja de coca, pasta y base de cocaína, y clorhidrato de cocaína, en las regiones Pacífico, Central, Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá, Amazonía, Orinoquía y la Región de la Sierra Nevada (UNODC, 2015, p. 11), ha impactado negativa y significativamente al agro colombiano, debido a que generó diversas situaciones como la sustitución de cultivos por ilícitos y la autoridad legítima del Estado por la de actores armados cuya fuente primaria de financiación ha sido históricamente el narcotráfico, lo cual se traduce en un preocupante atraso económico y su estancamiento hacia niveles más competitivos de agroindustria, y apertura de nuevos mercados tanto al interior como al exterior del país.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la Región Meta-Guaviare ha sido un foco importante de violencia y auge de cultivos ilícitos a lo largo de las décadas de vigencia del conflicto armado, la presente investigación, de la que se presenta la primera entrega, pretende evidenciar, a través de las historias de vida de personas afectadas por el conflicto en la región (miembros uniformados activos del Ejército Nacional, y población urbana y rural), los efectos de la intervención del Estado mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO) desde el año 2003, puntualmente en los aspectos ligados al uso de la tierra y al desarrollo agrícola. Para tales efectos, se utiliza 77. El agro está compuesto por el sector agrícola y el sector ganadero o pecuario, siendo estas actividades

las más significativas del entorno rural del país.

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un enfoque cualitativo, específicamente el método biográfico de investigación, enfocado hacia el análisis de las trayectorias de vida.

Palabras clave: conflicto armado en Colombia, uso de la tierra, desarrollo agrícola, Región Meta-Guaviare, FUTCO.

Introducción Durante los últimos 30 años, varios intentos por pacificar el país han tenido lugar mediante procesos de negociación con distintos actores del conflicto armado, muchos de los cuales han comprendido indultos y amnistías por parte de los gobiernos de turno, independientemente de su afiliación política. Asimismo, aunque algunos de estos han incluido la desvinculación de combatientes pertenecientes a diversos grupos guerrilleros y paramilitares, como el Movimiento 19 de abril (M19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Quintín Lame y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), respectivamente, la falta de garantías y proyección a largo plazo en los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), así como la perpetuación de aquellas dinámicas que originaron el conflicto, como la incapacidad del Estado para hacer presencia efectiva en la totalidad del territorio nacional, las limitaciones en la participación política, y el acceso desigual a la tierra y los recursos naturales, etc., han desatado el surgimiento de otras fuerzas armadas criminales (Cabrales, 2012, p. 1) y nuevas cadenas de violencia, dejando en la impunidad gran parte de los delitos cometidos por los actores del conflicto, y a sus víctimas a la deriva.

El Caguán, como se le conoce popularmente a este proceso llevado a cabo entre 1998 y 2002, y cuyo principal escenario fue una zona de despeje comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con una extensión de 47.000 kilómetros cuadrados, “es tal vez el más famoso intento de paz que hayan realizado la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano” (Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, s.f, p. 1), además de los actuales procesos que adelanta el Gobierno Nacional tanto con la guerrilla de las FARC como con el ELN. Como es bien sabido por todos, dicho proceso fracasó, tal como lo hicieron los Acuerdos de la Uribe suscritos con las FARC por Belisario Betancur en 1984, debido a múltiples factores como negociar en medio de las hostilidades, pretender que la paz sólo obedece a las negociaciones con la insurgencia y no a una paz integral que abarque todos los aspectos del conflicto armado, excluir a la sociedad civil, las mu157

jeres y la comunidad internacional en los procesos de negociación, etc.; razón por la cual, con miras al posconflicto, se hace necesaria la elaboración de trabajos que contribuyan a la construcción de memoria colectiva, siguiendo la apuesta del gobierno nacional, de manera tal que se garantice, en el mediano y largo plazo, una reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, y en mayor medida, el recuerdo y la no repetición del flagelo que por años ha padecido el pueblo colombiano78.

Aunque, como se dijo con anterioridad, algunos de las causales del conflicto armado permanecen constantes o no han desaparecido del todo, perpetuando así el ciclo de violencia que impide la finalización exitosa del mismo, durante los últimos años el Estado ha logrado fortalecerse y hacer frente a los grupos armados con mayor efectividad, llevando algunas regiones hacia la mejora de sus condiciones de vida y prosperidad económica.

Es así que, aunque el periodo comprendido entre 1982 y 200279 constituye un momento de expansión territorial e intensificación de la actividad guerrillera a lo largo y ancho del territorio nacional (Echandía, 2014, p. 96), y un inherente aumento del narcotráfico y la siembra de cultivos ilícitos en prácticamente todas las regiones del país; entre el año 2003 y 2014 se da una etapa de repliegue y derrota estratégica, donde “la guerrilla tuvo un enorme retroceso que se expresa en la actualidad en la imposibilidad de salir de la situación de repliegue y retomar la iniciativa militar en la confrontación” (2014, p. 98); situación que, según Echandía (2014), “ha sido consecuencia de la acción de las Fuerzas Militares, fortalecidas y mejor preparadas gracias al proceso de modernización iniciado por la administración de Andrés Pastrana y profundizado en los dos gobiernos de Álvaro Uribe”, gracias a la cual se inclinó, por primera vez en muchos años, la balanza de correlación de fuerzas a favor del Estado, debido a la puesta en marcha del Plan Colombia en el año 2001, concebido en el seno de la Alianza para el Cambio, coalición política que llevó a la Presidencia de la República a Andrés Pastrana Arango, y mencionado por primera vez el 8 de junio de 78. En los últimos años se ha abierto camino la idea de recordar a las víctimas, la idea de rescatar del olvido su memoria para hacer memoria y no permitir que las atrocidades se vuelvan a cometer. Este giro hacia el pasado ha puesto de relieve la importancia del recuerdo y el olvido en la escena pública, a través de una especial preocupación cultural y política por la memoria en las sociedades occidentales (Huyssen, 2002). De alguna u otra forma, son los argumentos que tratan de perseverar en la añoranza antes de que el tiempo voraz acabe con todo, y sepulte en el olvido tantas muertes, tanta ignominia que para que no se repita, debe recordarse (Cabrales, 2013).

79. Según Camilo Echandía (2014), a principios de los años ochenta las FARC y el ELN comenzaron a registrar una fuerte expansión territorial atribuida al proceso de paz que se llevó a cabo durante la administración de Belisario Betancur (1982-1986), y a “la adopción por parte de la guerrilla de nuevas estrategias y la disponibilidad de los recursos para implementarlas” (p. 96).

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1998, en un memorable discurso que pronunció sobre la paz en el Hotel Tequendama, cuando aún era candidato presidencial (Martínez, 2016)80.

Entre las principales transformaciones que se dieron a raíz del Plan Colombia cabe resaltar la Reforma Militar, ocurrida en medio de las negociaciones del Caguán, la cual generó tres cambios esenciales: unos de tipo institucional relacionados con la profesionalización de las Fuerzas Militares, el establecimiento de fuerzas de tarea conjunta, entre ellas la FUTCO en 2003, la creación de fuerzas de despliegue rápido, la Brigada contra el Narcotráfico y las Brigadas Móviles; otros de tipo doctrinario, dirigidos a la adecuación de las Fuerzas Militares a las realidades del conflicto interno, es decir al paso de una actitud reactiva y estática a un concepto operacional proactivo ofensivo y móvil; y los cambios tecnológicos, a partir de los cuales se incrementó la movilidad mediante el fortalecimiento de la capacidad helicoportada, así como la capacidad de operar en ambiente nocturno, el desarrollo de labores de inteligencia, y las estructuras de comando, control y comunicación.

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, creada el 9 de diciembre de 2003 como la primera unidad bajo el fundamento de la doctrina conjunta, y cuya misión nada sencilla es la de “evitar el avance del plan estratégico de las FARC en el sur del país, considerado como su retaguardia estratégica (departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá)” (Flórez, 2012, p. 8); tiene su base principal en el Fuerte Militar de Larandia ubicado en Florencia (Caquetá), el cual constituye el centro de operaciones desde donde la FUTCO inicia una de las campañas más exitosas en la historia del conflicto interno de nuestro país. Conformada por las brigadas Móviles 1, 2 y 3, la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA fue la primera en hacer parte de la FUTCO, gracias a su experiencia en combate en varias regiones de Colombia. No obstante, debido a la necesidad de vincular más tropas para el éxito de las operaciones, se anexaron unidades de distintas divisiones, entre ellas: los batallones de contraguerrilla No. 2 Los Guajiros, No. 5 Los Guanes, No. 11 Cacique Coyará, etc., se creó la Brigada Móvil No. 10, y se unieron diferentes componentes de caballería y aviación del Ejército Nacional,

80. Tal como lo afirma Diana Rojas (2013), “a finales de los años noventa Colombia era un país devastado por la guerra; millones de personas habían sido desplazados de sus hogares y se sumaban a los cinturones de miseria de las grandes ciudades huyendo de la violencia desatada por la disputa territorial entre los grupos paramilitares, los narcotraficantes y las guerrillas. El aumento exponencial de los cultivos de coca había convertido al país en el primer productor mundial de cocaína; el poder corruptor del narcotráfico había alcanzado las más altas esferas del gobierno deslegitimando el ejercicio de la democracia; el conflicto armado se recrudecía haciendo que el deterioro de los indicadores de seguridad alcanza niveles sin precedentes, y la economía estaba en franco declive. El país parecía ir a la deriva ante la mirada atónita de sus dirigentes y la preocupación de la comunidad internacional frente a la posibilidad de un colapso del Estado colombiano” (p. 114).

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así como componentes de la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional, representando así una fuerza conjunta unificada con una amplia capacidad de operación.

Ya que en principio la concentración de las unidades no fue fácil, en el año 2003 se creó una secuencia de movimientos hacia el teatro de operaciones, los cuales finalizaron el 25 de marzo de 2004. Una vez establecidas las unidades en el teatro de operaciones se dio inicio a la Operación Militar JM como parte del Plan Patriota, proyectando a las unidades en dos áreas específicas: la primera sobre el área de influencia del río Caguán, y la segunda sobre el Suroccidente del Meta, Guaviare y Vaupés, desde donde era posible acceder a toda la región por intermedio de los ríos Guaviare y Vaupés (Cisneros, Cardona y Hurtado, 2015).

De esta manera, la FUTCO se fue consolidando en la región y actualmente cuenta con las siguientes unidades: Fuerza de despliegue rápido (FUDRA), conformada por las brigadas móviles No. 1, 2, 3 y 10, ubicadas, respectivamente en La Macarena, La Uribe, La Macarena y La Julia; el Comando Específico del Caguán (CEC), conformado por las brigadas móviles No. 6, 9 y 22, ubicadas, respectivamente en Cartagena del Chaira, San Vicente del Caguán y peñas Coloradas; y el Comando Específico de Oriente (CEO), conformado por las brigadas móviles No. 4, 7 y 12, ubicadas, respectivamente en Puerto Rico, San José del Guaviare y Vista Hermosa. Adicionalmente, cuenta con un Componente Aéreo Conjunto y con la Brigada de Infantería Marina No.3.

Con relación a las características propias de la región y, más específicamente, los municipios de San José del Guaviare y Puerto Rico, Meta, por ser los territorios objeto de esta investigación, siendo la Capital del Departamento del Guaviare, San José del Guaviare tiene una extensión de 42.327 km2 y cuenta con dos ríos: el Guayabero y el Guaviare. Asimismo, comparte el Parque Nacional Natural de la Serranía de la Macarena con el departamento del Meta, y el Parque Nacional Natural del Chiribiquete con el departamento del Caquetá. Con relación a su economía, esta se basa en una economía de tipo comercial, y a menor escala agrícola y ganadera, donde se destacan los cultivos de maíz, plátano, yuca y en menor medida arroz y algodón. Además, se cultivan vegetales y verduras para autoconsumo, y el segundo renglón de su economía está representado por la ganadería, que ocupa el primer renglón de exportación.

En los últimos años se ha venido desarrollando también la piscicultura (Alcaldía de San José del Guaviare). Este municipio, que se encuentra ubicado a 278 km de Villavicencio y cuyo acceso por vía terrestre desde Bogotá y el departamento del Meta se lleva a cabo por la vía Bogotá-Villavicencio-Granada-Puerto Lleras-San José, cuenta con un flujo muy importante de transporte de carga y pasajeros, situación que se 160

benefició con la construcción del puente interdepartamental en la zona de Puerto Concordia-Puerto Arturo y el actual mejoramiento de la vía.

Por su parte, el municipio de Puerto Rico, ubicado en el departamento del Meta, con una extensión de 3.431 km2, se encuentra a 227 km de Villavicencio y a 18 km de la vía central (Granada-San José) y cuenta con movilidad fluvial por Puerto Rico-Puerto Concordia-San José del Guaviare-Mapiripán. Entre las principales actividades económicas del municipio cabe resaltar la explotación agrícola y ganadera, la explotación de recursos forestales y la pesca; en el caso puntual de la explotación agrícola, esta se desarrolla principalmente en las riberas del río Arari y Guejar, zona donde se produce plátano, cacao, maíz, yuca dulce, café, caña de azúcar, piña, cacay, y actualmente palma africana (Alcaldía de Puerto Rico, Meta).

Aunque San José del Guaviare y Puerto Rico, Meta, son municipios con un gran potencial agrícola y ecoturístico, debido sus características geográficas y culturales, y su gran biodiversidad, ambos territorios han sido fuertemente azotados por la violencia enmarcada en el conflicto armado en Colombia, hasta el punto de convertirse en territorios conocidos como “zonas guerrilleras”. Esto, por supuesto ha traído a la región diversos dramas como la excesiva deforestación para fines de siembra de cultivos ilícitos y la violación, en todas las formas posibles, de los derechos fundamentales de la población urbana y campesina81.

Una vez dicho lo anterior, la presente investigación responde a un problema identificado con relación a las acciones integrales que ha llevado a cabo el Estado colombiano para recuperar la soberanía del territorio nacional y subsanar las problemáticas que durante décadas han originado y alimentado las dinámicas del conflicto armado, pues, aunque la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta a la Región Meta-Guaviare constituyó un primer paso fundamental para el restablecimiento de la soberanía y la legalidad en la región, y su consecuente desarrollo agropecuario, en la actualidad persisten gran parte de las problemáticas que han azotado históricamente a la región, entre ellas la violación de los derechos humanos, el empobrecimiento de la población, 81. Según estimaciones de la UNODC (2015), la Región Meta-Guaviare había mantenido una tendencia continua a la reducción de cultivos ilícitos desde 2001 hasta 2012. Sin embargo, entre 2002 y 2006, fue la región con más hectáreas sembradas de coca, hasta tal punto que en 2014 se presenta una densificación de las áreas cultivadas con coca al occidente del parque Serranía de La Macarena, en el Meta y al sur de Miraflores, en el Guaviare. “Es importante destacar un fuerte incremento de los cultivos de coca en las zonas próximas, e incluso al interior del Parque de La Macarena.

Esta zona marcó uno de los descensos más importante en el cultivo de coca en el país; el Meta pasó de 18.740 ha en 2004 a 3.008 ha en 2010; esta reducción coincide con la implementación específicamente en la Zona de la Macarena, del Plan Nacional de Consolidación, dirigido a fortalecer la presencia del Estado, recuperar la seguridad de la población y promover la inversión de los sectores privado e internacional en la agricultura lícita. Sin embargo, a partir de 2010 el área sembrada con coca ha permanecido estable. En 2014, esta es una de las áreas con mayor incremento en todo el núcleo” (UNODC, 2015, p. 29).

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el auge de los cultivos ilícitos, la extorsión, el desplazamiento forzado, etc., lo cual devela ciertas dificultades o carencias en los planes de acción que ha diseñado el Estado en esta zona específica de la geografía colombiana. En consecuencia, surge el siguiente cuestionamiento, que pretende ser respondido a lo largo de la investigación: ¿cuáles han sido los efectos de la intervención del Estado en la Región Meta-Guaviare, mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO) desde el año 2003, puntualmente en los aspectos ligados al uso de la tierra y el desarrollo agrícola?

Para responder a esta pregunta, se ha trazado como objetivo general: evidenciar, a través de las historias de vida de personas afectadas por el conflicto armado en la región (miembros uniformados activos del Ejército Nacional, y población urbana y rural), los efectos de la intervención del Estado mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO) desde el año 2003, puntualmente en los aspectos ligados al uso de la tierra y al desarrollo agrícola.

Para ello, se utiliza una metodología de corte cualitativo, y se empleará el método biográfico de investigación social, enfocado hacia el análisis de trayectorias de vida.

Teniendo en cuenta lo anterior, la importancia del presente proyecto radica en la necesidad de contribuir a la construcción de la memoria histórica, desde las diversas perspectivas de las personas que habitan la región y han sido afectadas por el conflicto armado, de manera tal que se logre dar visibilidad a aquellos personajes que han estado ocultos a la sociedad, a través de un proyecto de investigación que, partiendo de una muestra focal, pueda convertirse en insumo para la escritura de la memoria histórica del conflicto en la región de influencia de la Fuerza de Tarea Omega, pues a pesar de que las agencias como la Comisión de Memoria Histórica y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), han hecho grandes adelantos frente al tema central de esclarecer la verdad y el reconocimiento de su carácter político, es necesario plantear otras versiones acerca de la experiencia en las regiones de Colombia, en torno a dos ejes centrales: el narcotráfico y uso de la tierra, y el desarrollo agrícola. Sus argumentos se sustentan fundamentalmente en el hecho de que la memoria es una plataforma para la reafirmación y un escenario para el diálogo, pero también es un campo de lucha que pretende dirimir qué versión del pasado reciente debe prevalecer, en función del futuro que se quiere construir (Sánchez, 2007).

Marco referencial Como lo afirman Uribe y López (2006), los estados de guerra que se dieron en la Colombia del siglo xix son el resultado de la debilidad endémica del Estado y del 162

concepto de soberanía que estaba puesto en vilo por los diferentes grupos armados.

También el profesor Daniel Pécaut (1987) coincide con este punto de vista, quien afirma que los ingredientes constitutivos de la violencia están presentes desde mediados de los años setenta del siglo xx: el dinamismo de una economía clandestina que conduce a la aparición y consolidación del narcotráfico, expresión y causa a la vez de nuevas formas de violencia que debilitan más un Estado de por sí débil, fragmentado y con una legitimidad disminuida. Aunque esta debilidad del Estado haya sido en parte superada, no se puede negar la creciente fortaleza disimulada del narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley.

El gobierno Colombiano necesita para este propósito la creación de políticas institucionales que permitan la efectividad de este proceso, pues el término de una guerra interna de larga duración puede verse como un gran logro, sin embargo, si no se cuenta con las políticas adecuadas y con una disposición colectiva real, podría ser mucho más violento para el país, pues la desmovilización implica la inserción de excombatientes a la sociedad, la que por su parte necesita un cambio de pensamiento y de cultura, pues la malicia indígena no les permite sobrellevar dicha idea de que el posacuerdo mejore la situación actual del país, lo que implica que sin una transformación profunda y sin un compromiso real de las partes implicadas en el conflicto y de la sociedad civil, dicho proceso de paz puede traer otras consecuencias, como el traslado de la violencia a zonas urbanas, y la transmigración de los agentes violentos desmovilizados hacia otro tipo de organizaciones emergentes, que harían difícil una situación verdadera de posconflicto.

Método La investigación es de tipo cualitativo, se basa en el método biográfico de investigación social enfocado hacia el análisis de las trayectorias de vida, teniendo como fuentes principales de información entrevistas semiestructuradas. El enfoque de las trayectorias o historia de vida contempla que la historia del individuo se desarrolla en relación al contexto y a los movimientos de tipo laboral o para la mejora de su calidad de vida, que lleva a cabo de manera voluntaria u obligatoria por diferentes factores. Esta trayectoria dibuja la dinámica de la historia de vida en el tiempo y en un contexto y permite vincular las características individuales (micro) con los elementos estructurales que dibujan la coyuntura del individuo y sus circunstancias, en este caso el arribo de la Fuerza de Tarea Omega a la región de influencia.

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Para el análisis de las historias de vida, usamos el enfoque comprensivo de Bertaux (1988), que pone especial énfasis en la consideración del contexto socio histórico en el que se desenvuelven las vidas de los individuos, de manera que se da una contextualización socio-histórica de los escenarios micro sociales en los que se desenvuelven sus historias personales. En términos de Lawler (2002), es a través de dichas narrativas —entendidas técnicamente como relatos que articulan en una secuencia temporal y en una trama común un conjunto heterogéneo de eventos— que las personas articulan unas categorías que el investigador hace explícitas a través de la entrevista y el análisis, es una particular modalidad de autointerpretación de lo que son, de lo que han hecho y de lo que aspiran a hacer, a partir de unas categorías o eventos que determinan cambios en sus historias de vida.

Para lograr el objetivo propuesto, la investigación devela las trayectorias de vida a través de entrevistas semiestructuradas, tratando de encontrar en la narración del individuo, los cambios en su historia de vida, a partir de la llegada de la FUTCO, en las dos categorías planteadas. La historia de vida es fundamental para el estudio de los recursos relacionales en el contexto de la violencia en la región, puesto que permite vincular las características individuales (micro) con los elementos estructurales que dibujan la coyuntura económica y política (macro) (Alcaide, 2010).

Selección de muestra: el enfoque de las trayectorias de vida permite abstraer un acervo suficiente de información de las 9 entrevistas obtenidas, que se consideran como una muestra intencional pues ha sido preseleccionada por los investigadores, de acuerdo a los objetivos de la investigación.

Procedimientos e instrumentos de recolección de la información: entrevista semiestructurada. El enfoque de las trayectorias de vida requiere de procedimientos de recolección de información que permitan de manera amplia recopilar los testimonios de los protagonistas, para indagar en los tres grupos etarios (miembros uniformados activos del Ejército Nacional, y población urbana y rural) los factores que configuran las trayectorias de vida a partir de la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega a la Región Meta-Guaviare, en relación a las dos categorías planteadas inicialmente.

Las entrevistas se realizaron en el mes de mayo del año en curso, en los municipios de San José del Guaviare y Puerto Rico, Meta, a tres habitantes del casco urbano, tres habitantes del área rural y tres miembros uniformados activos del Ejército Nacional.

Para efectos de sistematización y análisis de información, se formularon cuatro preguntas específicas, las cuales se señalan a continuación:

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1. Cuéntenos su experiencia de vida en el marco del conflicto armado interno, desde 1990 hasta la fecha.

2. ¿Percibe usted que la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega a la región, desde el año 2003, produjo algún tipo de cambio? En caso de ser afirmativa su respuesta, por favor especifique qué tipo de cambios.

3. En el caso específico del uso de la tierra, ¿qué cambios ha percibido a partir de la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta a la región?

4. En el caso específico del desarrollo agrícola, ¿qué cambios ha percibido a partir de la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta a la región?

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Uribe, M y López L, Liliana (2006). Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las guerras civiles en Colombia. Medellín: Universidad de Antioquia.

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5. Víctimas y minas

Minas antipersonal y posacuerdo. Una necesidad humanitaria en prevención y paz para la población civil Olmer Alveiro Muñoz Sánchez82 y Carlos Augusto Jaramillo Gutiérrez83

Resumen El conflicto armado interno de carácter no internacional, que ha tenido Colombia y que tiene una característica de conflicto de baja intensidad, ha desarrollado como parte de la degradación del mismo la utilización de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados (AEI), que han causado daños superfluos o innecesarios tanto al personal militar, como a los civiles, creando en ellos una sensación de terror constante para desplazarse por los distintos caminos del país. En este artículo esbozaremos los principales retos que para el posacuerdo genera la utilización de estos artefactos que resultan siendo indetectables para la tecnología humana y que parece que solo puedan ser detectados por el contacto próximo con la persona, en las distintas modalidades de activación del explosivo.

82. Profesor Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster. Experto en Derecho Internacional Humanitario y Seguridad y Defensa Nacional. Candidato a Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Argentina.

83. Coordinador del programa profesional en investigación criminal de la Universidad de Medellín, Tecnólogo en Investigación Judicial, experto en guerra popular, terrorismo, y análisis forense en atentados. Coordinador de PICMA, Programa en Investigación y prevención contra minas antipersonal. Facultad de Derecho, Universidad de Medellín.

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Del conflicto armado de carácter no internacional Luego de la declaración oficial del presidente Juan Manuel Santos, en la cual se reafirma la situación en la cual Colombia tiene un conflicto armado interno84 y luego de esto se inician los diálogos en La Habana, se ha sentado un precedente en el país, esto es, el inicio de unos diálogos que en el marco del enfrentamiento pueden generar una mayor cantidad de víctimas85 o por otro lado, lograr reducirlas.

Colombia ha tenido experiencias recientes en negociación86, pero la situación actual merece un análisis más profundo sobre las circunstancias que nos rodean. En nuestro caso particular, no podemos solo mencionar que hay un conflicto armado no internacional, debemos mencionar, además, que hay una multiplicidad de actores armados que han logrado penetrar en la sociedad construyendo todo uno complejo de criminalidad que puede y afectará al país firmado o no el acuerdo con las Farc.

Pero, por otro lado el frente de una negociación con el ELN, también se convierte en una arista abierta por el Gobierno Nacional, que de buena fe manifiesta su interés por lograr un acuerdo y dar punto final a un ciclo de violencia en el Estado colombiano.

De la confrontación a la negociación para la paz Los casi 60 años del conflicto armado en Colombia han tenido escenarios de confrontación y diálogo, pero siempre con una firme posición del Estado colombiano de imponer la Constitución a todos aquellos grupos o personas que pretendan que por su interés individual por la vía violenta, coptar el Estado y alcanzar sus objetivos 84. “El presidente Juan Manuel Santos siguió tomando distancia de su antecesor, Álvaro Uribe, al reconocer que en Colombia existe conflicto armado y no una amenaza terrorista, concepto que será incluido dentro de la ley de víctimas (…) se decidió incluir en la iniciativa esta nueva postura, con el fin de evitar que en la reparación a las víctimas se cuelen personas afectadas por la delincuencia común” (El Espectador, 2011). El reconocimiento del conflicto armado es relevante para la sociedad y el derecho a partir de la preocupación del Estado por las víctimas. El reconocimiento simple del conflicto armado, sin ninguna motivación consecuencial no tendría ninguna razón de ser. Por eso en Colombia la Ley 1448 del 2011 reconoce explícitamente la existencia de un conflicto armado, eso sin desconocer que la mera titularidad de la ley también lo entiende de esa forma. La expresión conflicto armado ha sido debatido por la Corte Constitucional en las sentencias C-253A del 2012, C-052 del 2012, C-781 del 2012 y C-280 del 2013 (Congreso de la República, 2011).

85. Para entender el término “víctima” es preciso acudir al artículo 3º de la Ley 1448 del 2011, así: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Congreso de la República, 2011).

86. Colombia ha tenido más de una docena de intentos de paz con los grupos al margen de la ley, siendo el más grande las FARC (El Pais.com.co, 2012).

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de guerra. Desde 1998, el Estado colombiano, luego de los diálogos del Caguán, ha intentado por varias vías fortalecer su aparato institucional y consolidar la presencia del Estado en todo el territorio colombiano. Es indudable que tras la década de los años 90, rodeada de confrontación en la mayoría del territorio colombiano, las FARC empiezan a ser afectadas directamente por la acción del Estado.

Esta tarea, que es un pilar fundamental en las acciones del Estado, se consolida con una política de Estado denominada Política de Seguridad Democrática87, que fue, por el efecto notable que presentó, todo un proyecto que generó una dirección al país, y que propició la consolidación y el repliegue de las FARC de grandes zonas del territorio colombiano, como lo fue en el caso del centro del país, y en departamentos como el Caquetá, y hacia el occidente en el departamento del Cauca, Norte de Santander en el nororiente del país. Estas circunstancias han puesto al Estado colombiano en un evidente desequilibrio con las FARC, y definen en consecuencia imponer el orden constitucional y legal de la Constitución de 1991.

La actual negociación del Estado Colombiano ha obedecido evidentemente a una contundente acción del Estado, y a una trascendental decisión que implica no solo negociar en medio de la confrontación, sino abrir el espacio político para que todos aquellos que hagan parte de los grupos de desmovilizados puedan acceder a beneficios ofrecidos por la institucionalidad y logren así consolidar un proyecto de vida de largo plazo que incluya a sus familias. Consolidando lo que se ha denominado una paz territorial.

Minas antipersonal y posacuerdo Uno de los temas más delicados dentro de la negociación es el fenómeno de las minas antipersonal que azotarán al país los próximos 100 años. La razón y el efecto de las minas antipersonal radican en su proliferación por el territorio colombiano.

Si bien esta práctica de terror ha sido común por parte del ELN, las FARC han copiado de manera exacta esta táctica del terror, llevando al campesino, al soldado, policías y demás personas de la comunidad en general a vivir en un clima de terror constante.

87. La Política de Defensa y Seguridad Democrática era la política de gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2003, donde él como mandatario electo de Colombia la instauró como su principal carta de presentación del Gobierno, diciendo lo siguiente: “La Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos” (Presidencia de La República, Ministerio de Defensa Nacional, 2003).

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Departamentos como Antioquia, Cauca, Caquetá, Norte de Santander han sido constantes en las fuentes de eventos por minas antipersonal y AEI, que, en todo el sentido de la palabra, constituyen un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra. ¿Qué efectos puede arrojar o debería arrojar la firma de un acuerdo con las Farc, en materia, de desminado y reducción de artefactos improvisados? Para dar respuesta a este interrogante, lo perentorio para el país es que dicha práctica deje de implementarse como táctica de guerra; y por otro lado si bien el desminado es una prioridad por el Estado colombiano, esta actividad debe ser realizada por personal idóneo y capacitado, y en ningún momento tener la participación de civiles en la actividad del desminado.

Cuatro vertientes se desprenden de esta proyección sobre el desminado En primer lugar, el país no está preparado todavía técnicamente para encontrar todas aquellas minas sembradas por las FARC, a no ser que los miembros del grupo insurgente definan con exactitud el lugar donde se encuentran. Esto ya ha sido difícil, porque en la prueba piloto de la vereda El Orejón para el caso de Antioquia, que si bien ha mostrado resultados positivos en esta materia, muestra también que el grupo armado que ha operado en la zona, y que todavía tiene presencia continua con una práctica bastante cruel de sembrar minas antipersonal88. Para el caso de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega no es diferente, allí se tiene el segundo laboratorio de desminado humanitario, el cual está ubicado en el municipio de Mesetas, en el Meta. La proyección estimada para los casos citados es que en dicho lugar la ubicación de los artefactos será cada vez más difícil.

En segundo lugar en materia de DIH y de DD.HH., la práctica de la siembra de minas antipersonal y de AEI está plenamente prohibido, y demanda de cualquier grupo la suspensión inmediata. Para nuestro contexto particular, es importante señalar que si bien Colombia, como Estado, se ha acogido a las normas internacionales 88. En trabajo de campo desarrollado en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se logró establecer dicha información por parte del Asesor de Explosivos de la Unidad militar, donde se analiza que en la jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se ha incrementado en un gran porcentaje la instalación de artefactos explosivos por parte de las FARC, en comparación con el año inmediatamente anterior, o sea el 2015. Lo que significa que la guerrilla de las FARC están aumentando su accionar delictivo con la colocación e instalación de artefactos explosivos (AE) hacia las tropas cerca de sus áreas campamentarias, pasos obligados, caminos y especialmente bases de patrulla móvil abandonadas, teniendo la mayor cantidad de heridos en el sector de Cartagena del chaira y la Uribe Meta en el año 2015. El método más común son las Minas Anti Persona (MAP), ya sea instalada en el suelo por el sistema de activación por presión o por el sistema de tensión, ubicando el artefacto en las partes altas de los árboles (Departamento de Operaciones - Asesor de Explosivos, 2016).

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en materia de protección en Derechos humanos y DIH, ha demostrado con evidencia que las FF.MM. son una de las principales víctimas de este tipo de armamento irregular, y que los civiles son aquellos que llevan la peor parte dentro de un conflicto irregular, que ha llevado a prácticas inhumanas en el combate. Según registros de la Dirección Contra Minas de la Presidencia de la República (2016), desde 1990 a 2015, se lleva un total de 1953 personas afectadas en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, de donde se analiza que el 30% son víctimas civiles.

Las estadísticas dan cuenta de ello, en los 12 años de existencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega han sido afectados alrededor de 792 militares, dentro de los cuales 70 han sido víctimas mortales, 246 amputados y 469 heridos (Departamento de Operaciones - Asesor de Explosivos, 2016). Aunque en los últimos años ha sido menor la afectación89 (ver cuadro), no deja de ser un número demasiado alto y costoso para el mismo Estado.

Cuadro N. 1 Estadísticas de afectaciones de militares en la FUTCO 180

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MILITARES AFECTADOS POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

160

VÍCTIMAS MILITARES

156

88 79 39

67

16 2004

2005 2006 2007

53 47

43 19

30

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AÑO

En tercer lugar, los diálogos de La Habana abren una luz de esperanza para que el tema sea tratado de manera clara para el escenario del posacuerdo. Dos puntos 89. Realizando un estudio sobre el accionar de las FARC en el año 2016 se ha disminuido sustancialmente la afectación con artefactos explosivos hacia las tropas de la FUTCO, atribuible al cese de fuego unilateral pactado por FARC. Las afectaciones más relevantes de 2015 fueron en áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados (AEI), enfatizando que la guerrilla no volvió a emboscar las unidades militares. Pero si en el 2016 se incrementó la instalación de minas antipersona (MAP) en toda la jurisdicción de la FUTCO, donde se encuentran las Unidades desplegadas (Departamento de Operaciones - Asesor de Explosivos, 2016).

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serán claves para que esto sea una realidad en el país. Por un lado, el obligatorio compromiso de las FARC de suspender definitivamente esta práctica, que está ligada en otros casos con el narcotráfico, el secuestro, el terrorismo, y otros delitos atroces que deben ser castigados. Sin embargo, la circunstancia de la negociación abre una oportunidad política para que en el marco de la negociación se acepte como un mal menor la siembra de estos artefactos, circunstancia que sería grave para el escenario posterior a la firma de los acuerdos.

En cuarto lugar, el desminado es una necesidad imperiosa del Estado, para ello, se articula un esfuerzo civil y militar, que mirado desde cualquier ámbito es de un costo muy alto, no solo por el gasto en la operación de desminado, sino por las consecuencias del mismo, toda vez que la ubicación, detección y destrucción de los explosivos es un trabajo difícil. Es así como nace los gestos de paz (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2016) en el marco de las negociaciones de paz, que por ahora son dos, el Orejón en Briceño Antioquia y Santa Helena en Mesetas Meta. Con esta circunstancia se supone que las FARC manifestaran la ubicación de los artefactos explosivos, lo que a simple vista facilitaría la tarea.

Sin embargo, la fórmula no ha sido tan efectiva, como sí lo es loable. Mientras en las dos zonas de gestos de paz, escasamente reúnen un centenar de artefactos, las unidades militares por intermedio de sus equipos de Explosivos y Demoliciones o los grupos Marte, desactivan 10 veces más artefactos explosivos con referencia a las zonas de gestos de paz.

Lo anterior trae consigo una serie de cuestionamientos sobre los procedimientos, los cuales versarán sobre la verdadera intención de las FARC en desminar o el verdadero conocimiento de la ubicación de artefactos explosivos, lo que eleva la gravedad del asunto. Pues el desconocimiento de la instalación de artefactos explosivos hace más inhumano la acción bélica de las guerrillas, en este caso las FARC. También lleva a pensar si el procedimiento menos costoso es el usado por las unidades militares o por la contratación de “expertos” internacionales en la materia. Se pensaría que la situación colombiana es más un campo de aprendizaje, que un ámbito de trabajo. No sería atrevido pensar que las unidades militares, con sus procedimientos propios, otorgarían más afectividad a la población sobre este asunto, que otras entidades sin experiencia y un minúsculo conocimiento teórico.

Es de resaltar también que el desminado no solo podría entenderse como un aspecto limitado, basado solo en la ubicación y destrucción, sino también en la prevención e incautación de insumos para la fabricación de artefactos explosivos. En los 12 años de la campaña militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se han incautado 143.520 172

detonadores que representan la misma cantidad de potenciales artefactos explosivos, 176.678 kilos que con una regla simple de 250 gramos por artefacto explosivo se estarían evitando el uso de 706.712 elementos destructivos y alrededor de 297.669 metros de cordón detonante (Departamento de Operaciones - Asesor de Explosivos, 2016).

Ahora el desminado en sentido estricto o en el aspecto limitado que se mencionó anteriormente, ha sido altamente efectivo en el área de operaciones de la FUTCO. Con una destrucción de 45.052 explosivos es notoria la reducción del riesgo, el cual se materializa en mayor medida en el departamento del Meta con un 65% aproximadamente, seguido del departamento de Caquetá con un 29% y un 6% en el departamento del Guaviare (Omega - Fuerza de Tarea Conjunta Omega, 2016).

Conclusión La práctica sistemática e indiscriminada de la siembra de artefactos explosivos improvisados en Colombia constituye, sin lugar a dudas, un flagelo difícil de erradicar. Pero se hace necesario y perentorio que se cumplan con compromisos en materia humanitaria para el país. Uno de los resultados de La Habana tiene que ser la suspensión de este tipo de práctica en todo el territorio del país.

En segundo lugar, la perspectiva de cierre de un ciclo de violencia en Colombia, específicamente con las FARC, requiere de un compromiso claro frente a las acciones violentas en contra de los civiles. Es requerimiento importante para que el país logre cerrar los ciclos de violencia, que las partes se interesen por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y esto incluye que todos los civiles sean sacados del conflicto armado y puestos bajo la asistencia del Estado.

Las minas antipersonas (convencional y no convencional), y los artefactos explosivos improvisados son aquellos que utilizan los grupos terroristas con pleno conocimiento del daño que pueden causar, lo cual constituye una conducta dolosa en cuanto la afectación que produce no solo va dirigida a personal militar, sino a cualquier civil que pueda accionarlas. Es por esto que este tipo de artefactos no distinguen entre víctima y victimario. En el marco internacional del DIH, está plenamente prohibida esta práctica porque constituye males superfluos o innecesarios para cualquier persona, agravando la situación humanitaria. La problemática mayor de este flagelo para Colombia es que no existe una georreferenciación exacta y plena de la ubicación de dichos artefactos, lo que genera una mayor complicación a la hora de abordar las tareas del desminado.

173

En tercer lugar uno de los elementos fundamentales para este escenario del posacuerdo será el sostenimiento de las FF.MM. como parte trascendental de los mismos acuerdos. Es decir, hoy mucho más que antes la paz tendrá mayor blindaje con las FF.MM. activas, brindando la seguridad al Estado, y a sus ciudadanos en todo el territorio colombiano. Tal como lo hacen en el departamento del Caquetá, con la FUTCO, fuerza que ha logrado el desequilibrio estratégico con las FARC, y ha permitido que ellos lleguen a la fase de negociación. Es indiscutible que el Estado no ha logrado una derrota total del enemigo, pero ha permitido gracias al sacrificio de sus soldados, la preponderancia del Estado y sus sostenibilidad en todo el país.

Referencias Corte Constitucional de Colombia. (10 de Octubre de 2012). Sentencia C-781-2012.

Referencia: expediente D-8997. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º (parcial) de la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional de Colombia. (15 de Mayo de 2013). Sentencia C-280/13. Referencia: expediente D-9321. Emanada de inconstitucionalidad contra los artículos 3°, 51, 60, 61, 66, 67, 123 y 132 (todos parcialmente) y 125 de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado inter. Bogotá, Colombia.

Departamento de Acción Integral - FUTCO. (17 de Mayo de 2016). Estadísticas Operacionales. Estadísticas Operaciones de la Campaña Fuerza de Tarea Conjunta Omega - 2004-2016. Bogotá, Colombia: Información para fines académicos.

Cumplimiento Directiva Foro Memoria Histórica Militar.

Departamento de Inteligencia - FUTCO. (17 de Mayo de 2016). Estadísticas de resultados operacionales. Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Resultados de la Campaña.

Bogotá, Colombia: Fines académicos - Cumplimiento Directiva Foro Memoria Histórica Militar.

Departamento de Operaciones - Asesor de Explosivos. (Mayo de 2016). Estadísticas y análisis de Explosivos. Asesor de Explosivos Fuera de Tarea Conjunta Omega. Larandia - Caquetá, Colombia: Información suministrada para trabajo académico de carácter reservado.

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Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (24 de Mayo de 2016). www.accioncontraminas.gov.co. Obtenido de http://www.accioncontraminas.gov. co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx El Congreso de la República. (10 de Junio de 2011). Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Colombia.

El Espectador. (4 de Mayo de 2011). Santos reconoce conflicto armado y Uribe lo controvierte. El Espectador, http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-reconoce-conflicto-armado-y-uribe-controvierte-articulo-267421.

El Pais.com.co. (2 de Septiembre de 2012). El Pais.com.co Noticias de Cali, Valle y Colombia. Obtenido de Cronología: conozca los intentos de paz en medio siglo de guerra: http://www.elpais.com.co/elpais/multimedia/graficos/cronologia-conozca-intentos-paz-gobierno-medio-siglo-guerra Fuerza de Tarea Conjunta Omega. (2015). Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Dios y Victoria. Las Farc desde la guerra de movimientos a su punto de inflexión. Bogotá: Planeta.

Omega - Fuerza de Tarea Conjunta Omega. (1 de Mayo de 2016). Estadística afectación enemigo Omega por año: 2004-2016. Exposición Feria del Libro (retablos).

Bogotá: Planeta.

Omega - Fuerza de Tarea Conjunta Omega. (22 de Diciembre de 2015). Video didáctico. Obtenido de https://youtu.be/0zhVpvB6ve8 Omega, F. d. (Dirección). (2015). 12 años Fuerza de Tarea Conjunta Omega [Película].

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San Vicente del Caguán - Larandia - Florencia Caquetá, Colombia: Trabajo de Campo Memoria Histórica Militar FUTCO.

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6. Salud y seguridad Memorias del conflicto armado en La Macarena Mayor General Jorge Eliécer Suarez Ortiz90 y José Luis Martínez Rojas91

Con 120 kilómetros de longitud, unos 30 kilómetros de ancho y una altura media de 1600 metros, la Serranía de La Macarena (Meta) es el lugar por donde corren tranquilas las aguas diáfanas de Caño Cristales sobre un lecho de cinco colores como si se tratara del arco iris fundido en el lecho del río. Pero el espectáculo sublime de la naturaleza, tras sus altos árboles cuyas copas impiden que al menos un rayo de sol acaricie el rostro de los cautivos, escondió durante muchos años la atroz realidad de la guerra. Aunque suene irónico, las consecuencias que trajo consigo la influencia del conflicto armado en esta zona del país dejaron grabado en la mente de muchos la imagen de un lugar desvinculado del Estado, un territorio configurado al margen del orden existente.

Para poder entender esta última afirmación es necesario recordar que a lo largo de la historia, el proceso de configuración socioespacial en Colombia se ha desarrollado sobre la matriz de unos territorios articulados a la Nación y otros que se han configurado marginalmente como espacios que no encajan en el proyecto de orden existente. Estas regiones excluidas son el resultado de la presencia de actores sociales igualmente excluidos, que han actuado bajo el espectro de una institucionalidad casi 90. Mayor General del Ejército de Colombia, Comandante actual del Comando Conjunto No. 3 Suroriente. Profesional en Ciencias Militares Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdoba”. Magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

91. Historiador. Estudiante de Máster en Democracia, Derechos Humanos y Globalización, Universidad de Catalunya (España).

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nula. Puede decirse, incluso, que son espacios en los cuales no se expresan los intereses políticos, económicos, culturales y militares que sirven de soporte a la Nación92.

De esta manera, La Macarena resultó ser en su momento un espacio no integrado al grueso de lo nacional, convirtiéndose en un enclave territorial marginal. Esta región se transformó en un escenario de violencia, nutrido de desarraigo físico, social, cultural y político, históricamente sometido al régimen político, reproduciendo y acentuando un espíritu provincial, distinto en sus rasgos y relaciones de los patrones impulsados por el centro. Fue allí donde tuvieron convergencia procesos migratorios marcados por la existencia de un conflicto permanente, que dio paso a una situación generalizada de contradicción entre los diferentes actores que se han disputado el territorio.

Apostándole a la revolución: la incursión de las guerrillas liberales Tras la violencia desatada después del asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, grupos de personas provenientes de Boyacá y Cundinamarca comenzaron a poblar los llanos Orientales. Se trataba de liberales que huían de la persecución de los “chulavitas”, atravesaron la cordillera Oriental, alcanzaron el llano y empuñando un machete, abrieron trochas y ascendieron a las montañas de La Macarena y desde allí comenzaron a descender para diseminarse por la selva y por otros lugares aledaños. Algunos de estos nuevos pobladores decidieron apostarle a la revolución y así nacieron las primeras guerrillas liberales, bajo el mando de Guadalupe Salcedo.

Según Ricardo Esquivel, las guerrillas que se formaron en los llanos entre 1949 y 1953 fueron una forma de autodefensa de la población contra los desmanes de la policía conservadora, al contrario del bipartidismo que las consideró un desafío a su dominio. El frustrado asalto del Capitán Alfredo Silva a Villavicencio, el 25 de noviembre de 1949, fue el hecho que dio origen a grupos de guerrillas liberales que fueron surgiendo de manera esporádica. Inicialmente esta guerrilla era policlasista, pues los liberales dueños de hatos ganaderos también fueron amenazados por la policía conservadora.

Los acuerdos entre campesinos y los sectores medios solo se mantendrían hasta 1950, 92. “El Estado y la Nación colombiana, en su proceso inclusivo de construcción, presenta como rasgo predominante la existencia de una clara diferenciación entre las zonas integradas a la lógica del régimen político y aquellas zonas que se han ido conformando al margen de toda normatividad y legalidad —Urabá, Magdalena Medio, Sarare, Caquetá y algunos barrios marginales de nuestras ciudades—. El resultado de este proceso es la acumulación de un conjunto de conflictos que no logran ser canalizados ni pensados en el proyecto político y sociocultural de las élites y los sectores integrados de nuestra sociedad”. Alonso, Manuel Alberto. Conflicto armado y configuración espacial.

Medellín: Universidad de Antioquia, 1998. p. 2.

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cuando las acciones deliberadas de los primeros comenzaron a entorpecer el comercio ganadero y los primeros terminaran tildándolos de “bandoleros”93.

A la par de estos acontecimientos, los desplazamientos en los llanos seguían ocurriendo. Era el presagio de un fenómeno prolongado, un éxodo producto de la violencia que se convertiría en una especie de fenómeno heredado que pasaría a las generaciones venideras. Hacia los años 50-51 se fortalece el poblamiento de San Vicente del Caguán, con personas que venían perseguidas del Pato y de Basilia. Nuevamente, eran liberales que los conservadores expulsaron de sus tierras y que se agregaron a otro movimiento migratorio que tuvo su centro en Algeciras.

El 1953 el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla ofreció a los guerrilleros liberales una amnistía en la que se desmovilizaron más de cuatro mil hombres en diferentes puntos del país94, a cambio el Gobierno les ofreció tierras a lo largo del Ariari, lo que motivó un movimiento colonizador de miles de campesinos, atraídos por el ambiente de paz, la fama del Llano y los auxilios del Gobierno.

La necesidad de un lugar: territorio y esperanza Mientras que la tan anhelada paz se disipaba entre la bruma del desgobierno, en noviembre de 1954 los miembros de la familia González, aconsejados por una capitán del ejército apellidado Cascante quien les habló de las prodigiosas tierras del río Guayabero se internaron selva adentro en una travesía que duró cerca de quince días para llegar a unas tierras donde nacería el actual municipio de la Macarena. Queriendo huir de la violencia que se percibía en el ambiente de San Vicente del Caguán, los González se asentaron en aquel lugar y luego de ellos, fueron llegando otras familias como la Cerquera, Silva, Oviedo y Pérez, entre otras, desplazadas por la ola de violencia nacional95.

93. Esquivel Triana, Ricardo. “Colonización y violencia en los Llanos, 1949-1953” [en línea]. En: Memoria y Sociedad, Vol. 6, No. 11 (Bogotá, abril de 2002). pp. 72-74 (Consultado el 22 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/7748>.

94. “Los aviones de las Fuerzas Armadas ya habían comenzado a lanzar volantes sobre los baluartes guerrilleros en los Llanos Orientales, Antioquia y Tolima, en los que se anunciaba la caída de Laureano Gómez y que el gobierno había extendido garantías para todos aquellos que de desearan deponer las armas. Los líderes guerrilleros se precipitaron a aceptar la amnistía. Después de unas conversaciones preliminares durante las cuales se establecieron los términos de la rendición, hubo una serie de reuniones gratificantes y enormemente publicitadas entre el ejército y la guerrilla, durante las cuales los combatientes entregaron las armas y regresaron a sus abandonadas fincas”. Hernderson, James.

[Modernization in Colombia. The Laureano Gómez Years, 1989-1965]. La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Traducción de Magdalena Holguín. Medellín: Universidad de Antioquía, 2006. p. 537.

95. Alcaldía de la Macarena. Nuestro Municipio. Historia [en línea]. (Consultado el 15 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.lamacarena-meta.gov.co/informacion_general.shtml#historia>.

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Para entonces la tierra producía muy poco y las relaciones comerciales con San Vicente eran muy débiles. La gente prácticamente sobrevivía de una escasa agricultura y de las subiendas del río. Entre los años de 1955 y 1956 que cambiaron de raíz la situación. El primero de ellos estuvo relacionado al nombre de Hernando Palma, quien perteneciera al grupo de “bandoleros” de Guadalupe Salcedo y luego integrante del grupo de Dumar Aljure. Palma se había traslado con sus secuaces a la Cristalina, muy cerca de La Macarena, donde estableció un pequeño, pero brutal imperio.

Tanto a los colonos como a los indígenas les cobraba un tributo en especie con el que alimentaba su gente y comerciaba96.

Anterior a esto, Palma ya había protagonizado uno de los hechos más violentos que marcaría la desaparición de la etnia de los Tinigua, quienes habitaban las cuencas de los ríos Yarí, Caguán y Guayabero. En 1949 Palma irrumpió en el poblado de esta etnia indígena y acabó con todas las mujeres fértiles y los hombres jóvenes. Don Adriano, uno de los fundadores de la Macarena, recuerda: “los encerró a todos en un rancho, los ató y los mató uno a uno haciendo tiro al blanco, quemándolos vivos y asesinando a las mujeres embarazadas y los bebés que tenían en su panza. Fue desgarrador”97.

El segundo hecho de importancia sería la llegada a La Macarena del italiano Aldo Leonardo y del norteamericano Tomy Thompson. Este último estableció un refugio para cazadores y pescadores, mandó a construir ranchos para albergar a sus clientes e hizo algunas adecuaciones para recibir turistas provenientes del exterior. Así nació El Refugio, primer nombre con el que se conoció a la población de La Macarena; a su alrededor se fue formando el pueblo, atrayendo colonos de San Vicente y de San José del Guaviare. Por esa misma época, El Refugio también se convirtió en una fuente de abastecimiento de pescado y plátano para la Fuerza Aérea Colombiana, lo que permitió la activación económica de la zona98.

Entretanto El Refugio iniciaba su formación y comenzaba a crecer, los guerrilleros al sur del Tolima tomaban las sendas del comunismo. Entre ellos, se destacaba el nombre de Pedro Antonio Marín, quien en compañía de otros guerrilleros, había conquistado una gran zona de retaguardia en la región del Davis. Marín, desilusionado de la Dirección Nacional Liberal, había comenzado a simpatizar más con el pensamiento comunista y decidió cambiar su nombre por el seudónimo de Manuel Marulanda Vélez. La conversión de Marín al comunismo marcaría de manera definitiva los hechos posteriores de su vida y del país entero99.

96. Molano, Alfredo. “Aproximación al proceso de colonización”. Op. cit., p. 295.

97. Tobal, Juan Pablo. “Tinigua” [en línea]. En: Semana (Bogotá, s.f.) (Consultado el 22 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.semana.com/especiales/tradicionycambio/enriesgo/tinigua.html>.

98. Molano, Alfredo. “Aproximación al proceso de colonización”. Op. cit., p. 295.

99. Corporación Observatorio Para la Paz. “Muere y nace Manuel Marulanda Vélez”. En: Guerras inútiles, una historia de las FARC. Bogotá: Corporación Observatorio para la Paz, 2009. pp. 75-77.

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La ofensiva por parte de las Fuerzas Militares sobre Villarrica a finales de 1954, obligó a los guerrilleros a cambiar radicalmente su estrategia, convirtiendo su fuerza en una guerrilla móvil. Perseguidos por tierra y aire, los comandantes guerrilleros formaron cinco contingentes que debían desplazarse hacia diversas regiones del país.

Las “columnas en marcha” como fueron conocidos estos movimientos no solo vincularon la movilización de comandos guerrilleros, sino también de familias campesinas con las que se mezclaron para no ser detectados por la Fuerza. Estos grupos fundaron áreas de colonización en las vertientes del Guayabero, del Ariari y de El Pato, que más tarde se conocerían con el nombre de “Repúblicas Independientes”100.

De estos campesinos que migraron del Tolima, algunos llegaron a la Macarena para asentarse allí y echar raíces, el resto sirvieron de base colonizadora en otros territorios. La presencia de guerrilleros en esta zona, confirma que a partir de entonces comenzó a configurarse un espacio, que en los años subsiguientes serviría de bastión y centro de operaciones de las FARC. En 1961, Álvaro Gómez Hurtado, en una de sus intervenciones ante el Congreso de la República, denunció la existencia de las “Repúblicas Independientes” en Marquetalia, Sumapaz y el Ariari, las cuales se habían formado como resultado de las acciones militares en Villarrica y cuyo control era preciso recuperar, pues eran focos de expansión del comunismo101.

A raíz de las presiones internas que se generaron, el gobierno de Guillermo León Valencia lanzó en enero de 1964 una gran campaña con el propósito de eliminar los grupos de “bandoleros” en que habían terminado convertidas las guerrillas liberales del Tolima. Siguiendo este objetivo se adelantaron operaciones encaminadas a producir el aislamiento de los núcleos comunistas presentes en el suroriente del país. La última fase del llamado “Plan Soberanía” sería la Operación Marquetalia, que terminó exitosamente cuando Ejército logro retomar el control de la región utilizada como cuartel general por los guerrilleros que entonces comandaba Marulanda102.

100. Molano, Alfredo. “Nacimiento de las Farc: De El Davis a Villarica” [en línea]. En: El Tiempo (Bogotá, 7 de junio de 2014) (Consultado el 16 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ nacimiento-de-farc-de-el-davis-villarrica-articulo-497036>.

101. Al respecto, Pizarro Leongómez señala que: “En encendidos discursos en el Congreso de la República, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado venía denunciado desde 1961 la existencia de 16 “repúblicas independientes” que escapaban al control del Estado y en las cuales, según su retórica reaccionaria, se estaban construyendo unas zonas liberadas. Se trataba, ante todo, de Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari”.

Pizarro Leongómez, Eduardo. “Marquetalia: el mito fundacional de las Farc” [en línea]. En: Un periódico (Bogotá, mayo 9 de 2004). No. 97 (Consultado el 17 de mayo de 20015). Disponible vía web <http://historico.unperiodico. unal.edu.co/ediciones/57/03.htm>.

102. Desde la ofensiva militar en Villarrica, Marquetalia había servido de refugio a un puñado de guerrilleros comandado por Manuel Marulanda Vélez. Pese a que no vivían más de 50 familias allí, el lugar se había convertido en un símbolo de lo que las autoridades llamaron “Repúblicas Independientes”. Redacción Especiales. “Marquetalia 35 años después” [en línea]. En: Semana (Bogotá, 28 de junio de 1999) (Consultado el 15 de mayo de 2015). Disponible vía

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Sobre la operación militar, relataba el General José Joaquín Matallana: “Ocupé el caserío con 250 hombres. Otros tres batallones, con unos 600 cada uno, venían combatiendo en la región. Es decir, no participaron más de 2.000 hombres”103.

Sin embargo, el mito guerrillero y algunos historiadores, hablan de 48 guerrilleros contra 16.000 soldados equipados con helicópteros, aviones de reconocimiento e incluso con apoyo de los Estados Unidos. El porqué de su argumento obedecería al alto contenido de heroicidad con el que este grupo ilegal, pretendía acrecentar su espíritu guerrillero, permitiendo crear, además, un territorio como símbolo de resistencia.

Lo cierto es que luego de estas operaciones militares, los grupos de autodefensas campesinas comunistas se constituyeron como un grupo móvil para poder resistir la superioridad militar del Ejército, empleando la estrategia de guerra de guerrillas, con el único objetivo de tomarse el poder por medio de las armas. Dado que el número de efectivos con que contaba las Fuerzas Militares en ese momento era superior, lo primero que hizo la naciente guerrilla de las FARC fue dispersar sus fuerzas, para lo cual se escogieron zonas de frontera, zonas de bosques andinos o zonas selváticas104.

Uno de sus enclaves principales sería precisamente lo que se conoce hoy como la reserva natural de la Serranía de La Macarena, cuyas características geográficas eran perfectas para escabullirse y huir fácilmente del brazo armado del Estado105.

Adviértase que durante los años iniciales, los primeros frentes de las FARC fueron estructuras armadas sin muchos recursos, tuvieron que soportar fuertes acciones por parte del Ejército entre 1966 y 1972, sumado a que sus formaciones militares eran aún muy débiles y tenían una enorme dificultad para instalarse en ciertas zonas del país, especialmente en el centro. En tanto la guerrilla se fortalecía y aumentaba su pie de fuerza para tomar el control de la población de La Macarena, el aislamiento web <http://www.semana.com/especiales/articulo/marquetalia-35-aos-despues/39734-3>. Ver también: Redacción Nacional. “La toma de la región de Marquetalia por el Ejército” [en línea]. En: El Espectador (Bogotá, 28 de mayo de 2014) (Consultado el 15 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ toma-de-region-de-marquetalia-el-ejercito-articulo-495067>.

103. Redacción Especiales. “Marquetalia 35 años después” (en línea) En: Semana (Bogotá, 28 de junio de 1999) (Consultado el 15 de mayo de 2015). Disponible via web <http:ww.semana.com_especiales_articulo_maquetalia_35_aos_despues_39734>.

104. Para esta época a la que se hace referencia, las FARC ya eran una guerrilla estructurada en frentes de treinta hombres cada uno, los cuales estaban distribuidos por buena parte del país y tenían la misión de conservar su correspondiente zona y ampliar su trabajo militar y político mediante la estrategia de combinación de todas las formas de lucha. Sobre esto ver: Redacción Política. “La historia de las FARC” [en línea]. En: Semana (Bogotá, 19 de noviembre de 2012) (Consultado el 17 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.semana.com/politica/articulo/la-historia-farc/268079-3>.

105. En esta zona, más específicamente en el territorio de La Uribe (Meta), aledaño a la población de la Macarena —que para entonces era una inspección de policía de Vista Hermosa—, se ubicaría Casa Verde. Una serie de campamentos que se extendían sobre un plano de decenas de kilómetros cuadrados entre las veredas La Francia, El Diamante y La Primavera, en la margen izquierda del río Duda y las quebradas Agua Blanca y la Honda.

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geográfico, las precarias vías de comunicación hacia y desde el interior, y la penuria económica de sus habitantes fueron abonando el terreno para la llegada de la coca.

Durante la década de los ochenta narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha llegaron a la zona y establecieron allí cultivos y laboratorios para el procesamiento del alcaloide106. La bonanza de la coca trajo consigo una nueva ola de migrantes, compuesta por campesinos pobres de las zonas andinas, colonos arruinados y jornaleros de las áreas de agricultura comercial, entre otros. Para quienes habitaban desde hacía tiempo este territorio, también fue una gran oportunidad: unos trabajan en los grandes cultivos como raspachines y otros optaron por convertirse en pequeños cultivadores que vendían su producto a los narcotraficantes para cumplir con las metas de envío de pasta de coca hacia el exterior.

Para entonces, resultaba innegable que la economía local había sido transformada. Como contó don Gentil Guerrero, la gente dejó de pescar valentones y mojarras y comenzó a cultivar coca, él mismo admitió que en aquel entonces sembró seis hectáreas de su finca, pero al cabo de dos años y de los malos resultados, decidió volver a la ganadería107. La coca ya había echado raíces, acabó con los cultivos campesinos y creó una base económica útil a los planes de expansión y crecimiento de los frentes de las FARC que delinquían en aquella zona. La bonanza cocalera le permitió a los guerrilleros imponer un sistema tributario propio, denominado impuesto de gramaje, cobrado como contribución “voluntaria” u obligatoria a los colonos108.

El negocio de las FARC en la Macarena no se supeditaba únicamente al cobro del impuesto de gramaje, como una muestra de la imposición de su autoridad y control social en la zona, prestaban seguridad a los cultivos y a las plantas de procesamiento de los narcotraficantes y servían de intermediarios entre productores y comercializadores del alcaloide. Así mismo, recurriendo a la intimidación o a la convicción, establecieron la prohibición del uso del bazuco como forma de pago o artículo de consumo, entraron 106. Según Bedoya, durante una diligencia adelantada en el 2012 por las Fuerzas Militares y otras instituciones del Estado en algunos municipios del Meta para ocupar los predios que la guerrilla se había apropiado en los últimos 30 años en estas zonas del país, se hallaba una hacienda de 4000 hectáreas, perteneciente al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Bedoya Lima, Jineth. “Empieza gigantesca extinción de tierras despojadas por las Farc” [en línea]. En: El Tiempo (Bogotá, 12 de junio de 2012) (Consultado el 20 de mayo de 2015). Disponible vía web <http:// www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11936368>.

107. Redacción Nacional. “Las Farc controlan hasta la biodiversidad en La Macarena” [en línea]. En: El Espectador (Bogotá, 30 de mayo de 2014) (Consultado el 18 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.elespectador. com/noticias/nacional/farc-controlan-hasta-biodiversidad-macarena-articulo-495515>.

108. Con la VII Conferencia el grupo guerrillero puso en marcha su Plan Estratégico Político y Militar, y se decidió la creación del Ejército del Pueblo, asumiendo a partir de entonces la designación de FARC-EP. En esta Conferencia, las FARC formalizaron su decisión de radicalizar la confrontación con el Estado hasta lograr su derrota y la toma del poder. El plan Estratégico debía iniciarse a finales de 1982, para lo cual habrían de reunir en los dos años siguientes un número de 15000 combatientes. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. VII Conferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (4-14 de mayo de 1982).

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a determinar los salarios para los raspadores e hicieron obligatorio cultivar otros productos diferentes a la coca para evitar los efectos inflacionarios de la bonanza ilegal109.

Para 1988, el alias de “Jorge Briceño” o “el Mono Jojoy” ya se escuchaba en La Macarena. Durante el pleno realizado en septiembre de 1987, el Estado Mayor de las FARC había ordenado a Briceño la constitución de un grupo que entrara a coordinar varios frentes guerrilleros en varios municipios de los llanos Orientales, Cundinamarca y Boyacá. En un principio, se creó una columna móvil integrada por guerrilleros de los Frentes 13, 14 y 15 con los que tenía que cubrirse el departamento del Meta, entre otros. A la postre, otros frentes se unirían a esta primera unidad y constituirían el Bloque Oriental110, entre ellos el Frente 27 (Isaías Pardo) que desde 1984 mantenía el control sobre el Municipio de La Macarena.

Al finalizar la década de los ochenta, la presencia de la guerrilla en el municipio de la Macarena era inminente, no solo ejercían el control sobre la población civil sino que gracias a la guerra del Estado contra los carteles de la droga, ahora también lo hacían sobre la totalidad del negocio del narcotráfico111. El panorama en aquella época ya era lo suficientemente preocupante, los frentes comandados por “el Mono Jojoy” habían comenzado a expropiar las fincas de ganaderos y agricultores de la zona, los pobladores eran obligados a participar constantemente de marchas campesinas y aquellos que mostraban su desacuerdo con el grupo eran forzados a abandonar su terruño: (…) por eso cuando se habla de la influencia de la guerrilla en el desarrollo o en la incidencia que ha tenido directamente en el municipio, yo lo único que puedo es lamentarme porque la población que construyó la Macarena, nuestros primeros pobladores (…) unos perdían sus hijos, otros sus propiedades por no hacer caso. La gente nativa, la gente natural de mi pueblo, ya la encuentra uno en Villavicencio, en sus alrededores en tantos barrios nuevos112.

109. Durante muchos años, en esta zona del país existió un pacto implícito de conveniencia entre las FARC y los narcotraficantes, que contradecía los objetivos políticos divergentes de ambos bandos. Deas, Malcom y Gaitán, Fernando. Dos ensayos especulativos sobre la violencia. Bogotá: Fonade, 1995. p. 53.

110. Verdad Abierta. “El Bloque Oriental marcó el auge y el declive de las Farc” [en línea]. En: __________ (s.f.)

(Consultado el 20 de mayo de 2015). Disponible vía web < http://www.verdadabierta.com/victimarios/bloques-delas-farc/4965-el-bloque-Eastern-marco-el-auge-y-declive-de-las-farc%20>.

111. Tal como lo afirma Diógenes Mejía “si las FARC y el ELN crecieron en los años ochenta ello se debió, entre otras razones, a que el Estado concentró la acción de militares y policías en neutralizar amenazas más graves como lo fueron el M-19 y las organizaciones de narcotraficantes”. Mejía López, Diógenes. “Economistas, militares, guerrilleros y paras: un debate sobre eficiencias y eficacia”. En: Estrategia. No. 243 (1993). pp. 35 y 36. Al respecto Dávila señala que para 1989, luego del asesinato de Luis Carlos Galán, las Fuerzas Militares fueron obligadas a entrar en la persecución de los principales capos y sus prioridades, llegándose a la absurda situación de inmovilizar una cuarta parte de las unidades a nivel nacional en el cuidado de las propiedades allanadas. Dávila Ladrón de Guevara, Andrés y Chávez Echeverri, Juliana. “Transformación militar en medio de un conflicto agravado”. En: Arocha, Jaime, Cubides, Fernando y Jimeno, Myriam (Comp.). Las violencias: inclusión creciente. Bogotá: Centro de Estudios Sociales-Universidad Nacional de Colombia, 1998. p. 209.

112. Entrevista con José Ernesto Sánchez Murillo, exalcalde de la Macarena (1988) y alcalde encargado (1999) [audio]. La Macarena, 14 de mayo de 2015.

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Otros como el hermano de don Abel García, fueron cruelmente asesinados: “mi hermano tenía 26 años de edad, en 1988, él había acabado de almorzar e hicieron botar a todo el mundo boca abajo y le dispararon por debajo de la nuca, y se fueron, mataron solo a mi hermano”113.

En esta década el Presidente Belisario Betancur había intentado hacer la paz con el grupo insurgente. Producto de dichos acuerdos entre el gobierno y las FARC, nació la Unión Patriótica (UP). En su momento cumbre, este partido logró elegir 16 alcaldes, 256 concejales y 16 representantes al Congreso114. Frente a la nueva propuesta política, los grupos de autodefensa y los carteles de la droga, comenzaba a diezmar cualquier opción que alentara un proyecto insurgente con listas o escaños electorales; práctica de terror que también desarrollaron las FARC, como fue el caso de las primeras elecciones populares para la alcaldía de La Macarena (1998), donde resultó victorioso el candidato del partido Conservador Dr. Ernesto Sánchez, dejando en segundo lugar al candidato de la UP: “Desde el día en que gané fui amenazado. Es como una paradoja, pues fue muy hermoso haber ganado, pero muy triste también; eso cambió mi vida, siempre he vivido con temor, ya no tengo las mismas libertades”115.

Codicia y atesoramiento: coca, terror y guerra Desde su llegada hasta el día de su muerte, el “Mono Jojoy” hizo de La Macarena su fortín de guerra. A lo largo de 20 años, este hombre mantuvo su presencia en la zona, dirigiendo desde allí los 61 frentes que llegaron a conformar el Bloque Oriental en los noventa, aun después del asalto militar que se produjo a Casa Verde en 1991. En sí, el hecho no impidió que las FARC continuaran utilizando este territorio para sus acciones más importantes; por el contrario, este punto geográfico fue para Briceño la única forma de entregar golpes contundentes a la guerrilla116. En los años siguientes el Bloque Oriental se consolidó, convirtiéndose en el grupo más numeroso de las FARC, hasta el punto de hacer presencia en el 55% del territorio nacional117.

113. Entrevista con Abel García. Habitante de la Macarena [audio]. La Macarena, 14 de mayo de 2015.

114. Verdad Abierta. “El saldo rojo de la Unión Patriótica” [en línea]. En: _________ (Bogotá, s.f.) (Consultado el 19 de mayo de 2105). Disponible vía web <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/157-el-saldo-rojo-de-launion-patrioticaSee>.

115. Op. cit., Entrevista José Ernesto Sánchez, 2015.

116. Colprensa. “La Macarena, el corazón de la guerra” [en línea]. En: El Colombiano (Bogotá, 23 de septiembre de 2010) (Consultado el 21 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.latinamericanstudies.org/farc/macarena-campamento.htm>.

117. Redacción Política. “El declive del Bloque Oriental de las Farc” [en línea]. En: El Tiempo, (Bogotá 11 de abril de 2015) (Consultado el 21 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.elespectador.com/noticias/politica/ el-declive-del-bloque-oriental-de-farc-articulo-554327>.

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El milenio terminaba con unas FARC fortalecidas, cuyo poder de guerra se evidenció aún más a partir de 1998, cuando se dio el secuestro y asesinato indiscriminado varios agentes de la Fuerza Pública, meses antes de las elecciones presidenciales.

El 1 de marzo de ese año a las 20:00 horas los radioperadores militares interceptaron una comunicación donde “Fabián Ramírez”, segundo comandante del Bloque Sur de las FARC, entregaba un parte de guerra a su jefe inmediato, Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”: hasta el momento sus hombres habían dado de baja 50 soldados y 35 más estaban heridos, habían recuperados números material de guerra y destruido los sistemas de comunicación de las tropas118.

Después de tres días de enfrentamientos entre la Brigada Móvil No. 3 y el Bloque Sur de las FARC en las inmediaciones a la quebrada El Billar (Caguán), el saldo dejado eran 65 militares asesinados, 30 subversivos dados de baja y 43 militares secuestrados119, los cuales se sumaban a una lista de “canjeables” por guerrilleros presos en las cárceles, propuesta por las FARC. En adelante, los golpes se fueron sucediendo uno tras otro hasta que la lista de retenidos con fines de intercambio pasó de largo. A tres días de la trasmisión de mando en la Casa de Nariño, fue arrasada la base antinarcóticos de la Policía en Miraflores (Guaviare), dejando como resultado 9 muertos, 10 heridos y 22 militares desaparecidos y 129 secuestrados entre policías y militares120.

La misma semana de la transición presidencial, “Jorge Briceño”, le anunciaba al recién nombrado presidente que tenía en su poder más de 100 “prisioneros de guerra” para canjearlos por prisioneros en las cárceles121. Pese a que las promesas eran de paz, ni siquiera el anuncio del despeje militar en los departamentos de Caquetá y Meta para iniciar los diálogos, persuadió a las FARC de cesar sus ataques. No así, el 1 de noviembre de 1998, cerca de 800 guerrilleros se tomaron y destruyeron la población de Mitú a punta de cilindros bomba y fusiles. En combate, fueron asesinados 16 uniformados y 61 terminaron engrosando la lista de “canjeables”122.

118. Redacción Especiales. “Hora de renuncias” [en línea]. En: Semana (Bogotá, 06 de abril de 1998) (Consultado el 22 de mayo de 2015). Disponible vía web en <http://www.semana.com/especiales/articulo/hora-de-renuncias/35554-3>.

119. Redacción El Tiempo. “El Billar, el mayor desastre militar de la historia, un modelo de qué no hacer en la guerra” [en línea]. En: El Tiempo (Bogotá, 28 de abril de 2008) (Consultado el 21 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4129924>.

120. Redacción Nacional. “Así fue la toma de la base de Miraflores” [en línea]. En: El Tiempo (Bogotá, 19 de julio de 2008) (Consultado el 21 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ articulo-asi-fue-toma-de-base-de-miraflores>.

121. Anónimo. “Tenemos 129 prisioneros: Mono Jojoy” [en línea]. En: El Tiempo (Bogotá, 22 de mayo) (Consultado el 22 de mayo de 2015). Disponible vía web en <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-821391>.

122. Al respecto comenta Cardona: “La reacción militar fue importante, pero era tal el poder que exhibían las FARC en esos tiempos de relevo en el poder ejecutivo, que al margen del sado trágico de las sangrientas tomas o el elevado

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La Zona de Distensión (ZD), como se le conoció al área señalada por el Gobierno para llevar a cabo los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, fue establecida a través de la Resolución No. 85 del 14 octubre de 1998. Esta comprendía los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosas y San Vicente del Caguán123, ocupando un área total de 42 mil kilómetros cuadrados, que albergaron la esperanza de la paz durante 3 años y 3 meses (noviembre de 1998 a febrero de 2002). Una vez emitida la Resolución, los efectivos de las Fuerzas Militares que hacían presencia en aquella zona tuvieron que abandonar sus posiciones, con el fin de mantener los acuerdos a los que había llegado el gobierno con las FARC. Entonces, La Macarena, el río Duda, el Guayabero y la espesa vegetación se transformaron en área de retaguardia, refugio de guerrilleros, cautiverio de secuestrado, campo de entrenamiento en técnicas terroristas y hasta laboratorio para la proyección política de las FARC. Entre noviembre de 1998 y febrero de 2002 aquel lugar se convirtió en territorio de los guerrilleros, desde allí lanzó su plataforma política, llamada Movimiento Bolivariano y mientras fingía dialogar con el Estado en San Vicente del Caguán, creó las condiciones para que el Bloque Oriental desarrollara su dominio. Para los macarenenses, el propio gobierno los obligó a convivir con la guerrilla: “El mismo Gobierno fue el que nos puso a vivir con esa gente, que va a hacer uno por oca. El presidente da la orden, retírese el Ejército que va a entrar la guerrilla.

A las dos horas de irse el ejército ya estaba la guerrilla aquí”124.

Los habitantes de La Macarena tuvieron que ver a lo lejos cómo “las instituciones abandonaban su población”, el Ejército y la Policía, dejaron la base militar y su puesto en el pueblo; por su parte, las entidades del Estado cerraron sus puertas y se trasladaron a Villavicencio. Muchos de los pobladores se marcharon del pueblo y otros tuvieron que quedarse a ver los tristes resultados que daría aquel laboratorio de paz: (…) me veo inmerso en un proceso que desconocíamos; como todos sabemos, como un laboratorio de paz, así le decía a mis conciudadanos, que tuvieran paciencia quienes no pudieron irse de la población; lo consideramos como uno de los aportes más maravillosos, número de retenidos que ya la sociedad denominada abiertamente los secuestrados de la selva”. Cardona, Jorge. Diario del conflicto. De las Delicias a la Habana (1996-2013). Bogotá: Uniandes-Debate, 2013. p. 22.

123. La resolución otorgó el reconocimiento de carácter político al grupo guerrillero de las FARC y se estipuló que la ZD en principio regiría por 3 meses, teniendo como inicio el día 7 de noviembre de 1998 y culminando el 7 de febrero de 1999. Colombia. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Resolución No. 85 del 14 de octubre de 1998. Por la cual se declara la iniciación de un proceso de paz, se reconoce el carácter político de una organización armada y se señala una zona de distensión. Bogotá: Presidencia de la República, 1998. p. 1.

124. Entrevista con Abel García. Op. cit.

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que era un hecho histórico, creíamos que las FARC en su momento le estaban apostando a la paz, pero desafortunadamente fue otro de los ensayos, para como todos sabemos, burlarse del Estado125.

En reemplazo de las autoridades estatales llegó “Jorge Briceño” acompañado de un número sinigual de guerrilleros que se asentaron en las riveras del municipio.

Durante los tres años que se mantuvo la Zona de Distensión, en la inspección de la Julia, las FARC estableció uno de sus principales centros de proyección política y militar. “Silverio”, un guerrillero del Bloque Oriental y quien murió en el 2003 en un combate, fue el encargado de buscar el lugar ideal para instalar el campamento de “el Mono Jojoy”, quien había solicitado al Secretariado que su puesto de mando fuera instalado en el municipio de La Macarena, pues lo conocía como la palma de su mano.

Para “Silverio” era indispensable que el campamento tuviera agua potable y acceso al casco urbano. Por eso, una extensa selva, rodeada de una llanura, era el sitio perfecto para organizarlo. En el lugar pululaban los borugos, de ahí el nombre con que se bautizó al campamento126. Una carretera de 200 kilómetros aproximadamente, llamada la troncal del “Mono Jojoy” porque durante el despeje la mejoró y se preocupó por mantenerla en buen Estado, llevaba desde San Vicente hasta a El Borugo donde se instaló el campamento madre del Bloque Oriental con capacidad para 800 efectivos.

Se puede decir que por aquel tiempo, el 70% de los guerrilleros pasaron por El Borugo para hacer curso y reentrenarse, también se vio desfilar un sinnúmero de camionetas de última generación que las bandas de jaladores de carros traían de Bogotá y vendían a bajos precios al “Mono Jojoy”. Cada semana lucía una nueva y después de unas horas se la regalaba a uno de sus hombres, la mayoría de ellas quedaron estrelladas en cualquier camino o abandonadas en lo profundo de la selva127.

Los guerrilleros se paseaban campantes por el lugar y emitían discursos desde el balcón donde antes estaban las instalaciones del Concejo Municipal o en el parque. Los días en que se hacían las reuniones se desplegaba tanta guerrilla entre la 125. Entrevista con José Ernesto Sánchez Murillo. Op. cit.

126. Redacción El Tiempo. “Jaulas de secuestrados de las Farc serán museo de la infamia” [en línea]. En: El Tiempo (Bogotá, 4 de octubre de 2010) (Consultado el 19 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/CMS-8062320>.

127. Bedoya Lima, Jineth. “La Macarena, lo que fue el fortín militar de las Farc” [en línea]. En: El Tiempo (Bogotá, 16 de febrero de 2012) (Consultado el 21 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/caguan-proceso-paz/la-macarena-lo-que-fue-el-fortin-militar-de-las-farc_11156741-7>.

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población, que a cada casa llegaban dos o tres guerrilleros, obligaban a salir a las personas, las acompañaban hasta el lugar de la cita y una vez terminaba la reunión, para congraciarse con la comunidad, había dos o tres camionetas de estacas con carne asada, refrescos o cerveza: “a final pues la gente no le importaba tanto asistir por una o dos horas, entonces vamos a comer carne”128.

En el Borugo, “el Mono Jojoy” tenía su propia oficina de atención, similar al despacho del director del departamento de quejas y reclamos de una entidad oficial, desfilaban diariamente una veintena de angustiados familiares y amigos de personas secuestradas por las Farc, así como personas de la comunidad para interponer sus quejas. “Briceño” los recibía en un kiosco, pero cuando estaba ausente, otro guerrillero escuchaba a los visitantes y tomaba atenta nota de sus quejas, dejándolas registradas en un libro.

Esta presunta usurpación de las labores administrativas y de Justicia del Estado colombiano modificó incluso las costumbres en sus habitantes, fue así como en tiempos de la ZD las FARC incorporaron en el imaginario local el “miércoles guerillero”, entendido como el día hábil de la semana en que ordenaban cesar toda actividad comercial en el municipio, con el pretexto de facilitar el abastecimiento de sus estructuras delictivas. Lo sorprendente es que luego de terminada la ZD y erradicada toda práctica delictiva, ha continuado en el imaginario popular, la suspensión de actividades comerciales el día miércoles; algunos señalan que es este el día en que los habitantes se reúnen con los líderes de las Juntas de Acción Comunal, incluso con ciertos comandantes guerrilleros.

Hasta la iglesia tenía su propia pintura con iconografía fariana. En uno de sus muros, aún se puede apreciar un fresco que corresponde a la época del despeje, de autor desconocido y cuyo contenido resulta ser una alegoría a la región y por supuesto a la cultura de las FARC. La pintura tiene de fondo el paisaje propio de los llanos y un río que lo cruza (tal vez el Guayabero), la imagen que evoca la última cena, esta vez, muestra a un Jesús que lleva sobre su hombro izquierdo la toalla o el poncho que caracterizaba a “Tiro Fijo” y que también utilizaba “el Mono Jojoy”, a su izquierda San Juan Bosco y a su diestra, un hombre de mirada cautelosa que da la espalda y representa la figura de Judas.

Los demás hombres que aparecen en el mural son campesinos con sus vestimentas particulares y sus herramientas de trabajo como la pica. Del grupo llaman la atención dos cuestiones en particular. La primera de ellas es que el pintor trató de hacer 128. Entrevista con José Ernesto Sánchez Murillo. Op. cit.

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visible la presencia de las diversas razas (blancos, mestizos y afrodescendientes) aunque descuidó las etnias indígenas. El segundo asunto que vale la pena observar con detenimiento es el hombre sentado a la parte izquierda que luce un carriel terciado, pues en el estado actual de la pintura no posee manos, pero se dice que en su versión original empuñaba un fúsil.

Continuaba el horror…

Al llegar el 2002 los diálogos de paz con la guerrilla llegaron a su fin. Los innumerables abusos cometidos por parte de las FARC durante el despeje de los cinco municipios habían exacerbado la paciencia del gobierno colombiano. En los tres años se habían cometido toda clase de delitos aprovechando la ausencia de las Fuerzas Militares y la escasa policía en la zona. De acuerdo con Human Raights Watch, las FARC habían sido responsables de asesinato de civiles, secuestros, uso de niños, soldados, juicios injustos, tratamiento cruel e inhumano de combatientes capturados y desplazamiento de civiles, entre otros crímenes129.

En La Macarena, ya se habían escuchado rumores sobre el rompimiento de los diálogos entre el Gobierno y las FARC. En enero de 2002 cuando el Gobierno Nacional lanzó una primera amenaza, los guerrilleros abandonaron precipitadamente el campamento de El Borugo, más de cien pobladores fueron al lugar y se llevaron baños, electrodomésticos, muebles, tejas, paredes y víveres. Al regresar, los guerrilleros hicieron averiguaciones para establecer la identidad de los responsables del saqueo y se llevaron a 140 personas sospechosas de haber participado en el hecho. Los iban a asesinar, pero un sacerdote logró que los dejaran en libertad, a cambio de que reconstruyeran el campamento130.

Esta vez, no se trataba del ruido habitual. El 20 de febrero de 2002, tras el secuestro del avión de Aires donde se desplazaba el congresista huilense Jorge Eduardo Gechem Turbay, el presidente decretó el fin de la zona de distención: ¡No podemos soportar más sevicia y crueldad de parte de quienes dicen querer la paz! ¡No es posible firmar acuerdos, por un lado, y poner el fusil en la cabeza de los inocentes, 129. Carreño Figueras, José. “Exigen a FARC frenar abusos contra civiles” [en línea]. En: El Universal (México, D.F., 10 de julio de 2001) (Consultado el 20 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.eluniversal.com.mx/ internacional/16388.html>.

130. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Panorama actual de los municipios que conformaron la zona de distensión [en línea]. Bogotá: Vicepresidencia de la República, 2003. p. 17.

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por el otro! Colombia entera dice: ¡No más! ¡Nos cansamos de la hipocresía de la guerrilla! Ese fue el punto final de las negociaciones entre Pastrana y las Farc, quienes adoptaron una posición mucho más agresiva131.

Con el anuncio, también se ordenó a las Fuerzas Militares retomar la zona de despeje. Esa misma noche se produjeron bombardeos a varios blancos en los 42 kilómetros del área desmilitarizada132. A la mañana siguiente en la Macarena, las ráfagas de fusil aún retumbaban en los oídos de quienes decidieron quedarse y tuvieron que presenciar cómo tres de los guerrilleros que acompañaban a “el Mono Jojoy”, por cuenta del saqueo que se había producido en el mes de enero en El Borugo, sacaron a tres campesinos, los fusilaron y exhibieron sus cuerpos en el parque principal. La imagen quedó grabada en la retina de los pobladores, recuerda el comerciante Valentín Rueda133.

Después del fracaso de la zona del despeje, las FARC intentaron nuevamente establecer diálogos de paz con la siguiente administración de Gobierno, pero esta se mostró renuente a sus peticiones y por el contrario enfiló todas las fuerzas hacia la derrota militar, apoyada en el naciente Plan Patriota134. Si bien a partir de entonces hubo una mayor presencia de las Fuerzas Militares en La Macarena a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO), las acciones violentas por parte del Bloque Oriental no cesaron. Las estructuras armadas de la FARC que actuaban en el municipio (Frentes 40, Yarí, Ever Castro y Juan José Rondón) continuaron vigilando las zonas cultivadas de coca, ejerciendo control sobre la población civil a través de 131. Redacción El Tiempo. “Un largo recorrido hacia la esquiva paz” [en línea]. En: El Tiempo (Bogotá, 17 de febrero de 2012) (Consultado el 22 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/caguan-proceso-paz/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-11160861.html> 132. Desde el mediodía del 20 de febrero de 2002 las tropas del Ejército entraron nuevamente en alistamiento de primer grado. 5000 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) acantonados en el batallón de infantería No. M21 Vargas, en Granada (Meta), recibieron la orden e desplegar sus tropas hacia los límites de la zona de distensión, entre los municipios de Mesetas y San Juan de Arama. La primera fase del plan de recuperación del Caguán contempló el reconocimiento aéreo de los aviones fantasma de la Fuerza Aérea. Luego, un sobrevuelo de aviones Bronco OV-10 de combate y helicópteros artillados de inspección. Posteriormente se inició la penetración de 6.000 hombres de tres brigadas móviles y tres fijas, que, acompañadas con siete grupos antiexplosivos del Ejército, recuperaron las principales carreteras de acceso. Anónimo. “En marcha el Plan B” [en línea]. En: El Tiempo (Bogotá, 21 de febrero de 2002) (Consultado el 22 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/ MAM-1308707>.

133. Redacción El Tiempo. “Jaulas de secuestrados de las Farc”. Op. cit.

134. En enero de 2004 las fuerzas armadas iniciaron la mayor ofensiva contra las Farc de los últimos 40 años: el Plan Patriota. A lo largo del Río Caguán, los Llanos del Yarí y la Amazonía, 17.000 militares recuperaron el territorio considerado por años la retaguardia profunda de las Farc. Durante la primera fase del Plan en el 2003 se logró controlar las vías de comunicación y las zonas urbanas. En esa etapa, las Fuerzas Armadas obtuvieron su mayor victoria en décadas al desarticular el frente de las FARC en Cundinamarca y capturar o matar a los principales jefes de los frentes cerca de Bogotá incluido Marco Aurelio Buendía. Redacción on Line. “Plan Patriota” [en línea]. En: Semana (Bogotá, 5 de febrero de 2006) (Consultado el 20 de mayo de 2015). Disponible vía web <http://www.semana.com/on-line/ articulo/plan-patriota/70525-3>.

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la intimidación, desplazando campesinos, asesinando y controlando el paso hacia la Reserva Natural de La Macarena.

Los camioneros que tardaban ocho días en llegar a La Macarena para abastecer de alimentos al Municipio siguieron pagando las vacunas acostumbradas: “Lo de las vacunas siempre ha estado, es un porcentaje en todo: para que entre la comida, la gasolina, alimentación, víveres, todo. Las personas, para no tener conflictos, ni represalias que tomen, pues prefieren pagar”135.

Al señor Abel García, por ejemplo, no sólo le mataron a su hermano y sobrina, también lo despojaron de su finca, notificación que tuvo lugar en un punto cercano al Raudal. Don Abel, aprovechó el momento para inquirir sobre las causas de la muerte de su sobrina, pero lo único que consiguió que le dijeran es que se había tratado de un error: “Me dijo que esas cosas siempre pasaban en la guerra, le dije pero en la guerra es diferente matar a un civil; el me respondió que lo que le habían dicho a ellos era que esos muchachos andaban armados”136.

De la soberbia armada a la derrota de su plan estratégico Las FARC, además de salir de la Zona de Distensión cargando una costosa derrota política, fueron sufriendo de manera progresiva su derrota armada. Este hecho, representó un cambio en la correlación de fuerzas sobre el terreno militar. Poco antes de las negociaciones del Caguán, las Fuerzas Militares habían iniciado una verdadera revolución estratégica para afrontar el creciente desafío armado y terrorista de las FARC y, al poco tiempo, habían retomado plenamente la iniciativa táctica en el área de operaciones.

Con la muerte de importantes cabecillas, las FARC se vieron obligadas a replegarse adoptando la figura de mandos colegiados. Fue así como su estrategia delictiva daba importantes cambios: 1. Las estructuras de las FARC solo se dedicaban a eludir combates, esconderse y hacer actos de terrorismo, como único mecanismo de actividad armada.

2. Las FARC habían fallado en su intento de cercar Bogotá y, sin duda, ya sería imposible tan siquiera intentarlo.

135. Entrevista con María Ariza. Entonces candidata al Concejo municipal de La Macarena (audio). La Macarena, mayo 12 de 2015.

136. Entrevista con Abel García. Op. cit.

192

3. La operación Libertad I se convirtió en un éxito rotundo, liberando a Cundinamarca de la amenaza terrorista y alejando de nuevo hacia sus áreas de retaguardia a las FARC en el suroriente del país.

Se desarticularon 17 frentes rurales y 1 frente urbano del Bloque Oriental; con este golpe al corazón de sus estructuras, las FARC se vieron forzados a replegarse a la zona de retaguardia estratégica sobre las sabanas del Yarí, la Uribe y La Macarena. La ofensiva operacional desplegada por nuestras tropas, además de exitosa fue histórica, pues con ella se derrotó el Plan Estratégico de las FARC137.

Fue así como los días en los que “el Mono Jojoy” convirtió La Macarena en su fortín económico y militar quedaron enterrados en el pasado, tiempo desde el cual sus habitantes han venido reconstruyendo lo que la ilegalidad se empeñaba en destruir. El emblemático lugar del “Borugo”, área donde “Briceño” construyó su emporio durante la Zona de Distensión, hoy tiene otro dueño, su único dueño, protector y garante de derechos y deberes: El Estado colombiano.

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Este texto es producto del trabajo de campo, en el marco de las investigaciones cualitativas, realizado en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, durante el año 2016, dando cumplimiento a la segunda fase de construcción, planteamiento y exposición de la Memoria Histórica Militar contenida durante 12 años de conflicto armado con el grupo armado organizado al margen de la ley denominado las FARC, en los 108.000 km2 que comprende el área de operaciones de esta Unidad militar.

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en cumplimiento de las políticas institucionales en la materia, acompañada de la academia, como uno de los actores más importantes y constructores de la sociedad, desea exponer las circunstancias que rodearon el conflicto colombiano, en un área de mucho interés para los grupos armados organizados ilegales y, por ende, para todo el pueblo colombiano. Convergiendo el esfuerzo de trabajo en equipo, la generación del conocimiento y el reconocimiento de los problemas sociales en la confección de algunos documentos que sin ninguna pretensión de erudición, puedan ser vistos como herramientas y bases para nuevas propuestas públicas y privadas que permitan la materialización de una sociedad con una paz estable y duradera.