El Gasto en Defensa como Herramienta de Desarrollo Social by Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar

Cuadernillos para la Elaboración de Memoria Histórica Militar

La presente colección es tomada de los libros originales publicados durante el año de 2015 por los investigadores del Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar. La Revisión Científica ha sido hecha por el Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar –Escuela Superior de Guerra– en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar –Escuela Superior de Guerra–

El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Centro de Investigación sobre el Conﬂicto y la Memoria Histórica Militar

Adriana Pieschac 2016

El contenido de este libro corresponde exclusivamente al pensamiento de los autores. Las posturas y aseveraciones aquí presentadas son resultados de un proyecto de investigación que no representa la posición oficial, ni institucional del Centro de investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar (CICMHM), ni de la Escuela Superior de Guerra, ni de las Fuerzas Militares o del Estado colombiano.

Director de investigación Ps. Mauricio Uyabán Ampudia PhD

IInvestigadora principal Manfred Grautoff

Grupo de investigación Alexandra María Rincón Mesa Olga Lucia Quintero Galvis Viviana Andrea Cicery Ramos Camilo Rodríguez Ana Catalina Urrego SMC (Ra). Juan Antonio Mojica Gómez SM (Ra). Pedro Nel Villa Rios

ISBN: 978-958-56054-6-6

2016

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la previa autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público.

Tabla de contenido

Introducción............................................................................................... 5 Capítulo 1 Revisión de la literatura............................................................................ 7 Capítulo 2 Marco teórico y conceptual....................................................................... 9 2.1 Argumentación conceptual del GSD ..................................................... 9 2.2 Inseguridad y costos fiscales.................................................................. 12 2.3 NBI versus seguridad............................................................................. 13 2.5 Crecimiento económico y GSD............................................................. 15 2.6 Gasto social y GSD................................................................................ 21 Capítulo 3 Beneficios del gasto en seguridad............................................................. 25 3.1 Crecimiento económico y GSD de los países miembros de la OCDE............................................................................................ 26 3.2 El crecimiento económico y el GSD de Colombia................................ 29 3.3 Costos de inversión ............................................................................... 32 3.4 Costos de criminalidad........................................................................... 34 Capítulo 4 Análisis del gasto en defensa..................................................................... 37

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Conclusiones............................................................................................... 45 Referencias bibliográficas............................................................................ 47

Lista de Tablas Tabla 1. Estimación crecimiento económico y gasto seguridad defensa OCDE....................................................................................... 28 Tabla 2. Estimación crecimiento económico y gasto en seguridad de Colombia........................................................................................... 31 Tabla 3. Estimación del riesgo país y el gasto en seguridad de Colombia........................................................................................... 33 Tabla 4. Efectos cruzados sobre crecimiento del gasto en seguridad y el gasto civil........................................................................................ 38

Lista de figuras Figura 1. Crecimiento promedio gasto seguridad promedio OCDE.................................................................................... 27 Figura 2. Gasto de seguridad 1950-2013..................................................... 39 Figura 3. Gasto en seguridad y defensa....................................................... 40 Figura 4. Gasto de funcionamiento de la Fuerza Pública............................ 41 Figura 5. Pie de Fuerza................................................................................ 41 Figura 6. Crecimiento pie de Fuerza............................................................ 42

Introducción

olombia es un país que durante los últimos 60 años se ha visto afectado por grupos guerrilleros, carteles de la droga y bandas criminales. Sin embargo, el gasto en seguridad y defensa (GSD) que ha realizado el Estado para combatir estas amenazas ha sido criticado por diferentes sectores del país, debido a que se considera que son recursos que se quitan a la salud y educación, elementos importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El proyecto de investigación El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social tienen dos objetivos. En primer lugar, demostrar que el GSD es insuficiente para brindar el nivel de seguridad que requiere un país como Colombia. En segundo lugar, comprobar que el argumento de que el GSD afecta de forma negativa la economía del país y le quita recursos públicos importantes a otras políticas del Estado, concretamente la educación y la salud, no es válido. La hipótesis que plantea esta investigación es que el GSD impacta de forma positiva el crecimiento económico del país, en la medida que disminuye las amenazas a la seguridad que afectan la economía, y fortalece la imagen del país a nivel internacional, lo cual mejora el nivel de riesgo para la inversión que asignan las agencias calificadoras. También, se establece una causalidad entre el GSD, el nivel de violencia y la pobreza en Colombia. Como se puede observar en el periodo de tiempo (1990-2000) en que disminuyó el GSD para la Fuerza Pública e incrementaron las capacidades materiales de las organizaciones criminales para atacar al Estado colombiano. Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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Otro elemento importante que aborda este trabajo es el concepto de dividendos de paz y que se utiliza para justificar disminuciones del GSD. Este concepto plantea que la actividad y el presupuesto de la Fuerza Pública generan efectos negativos para el desarrollo económico del Estado colombiano. Destinar más recursos al GSD también es útil para incrementar las capacidades estratégicas y técnicas de la Fuerza Pública. Lo cual le permitiría al Estado crear industrias militares que creen empleo y desarrollen nueva tecnología que posteriormente puede ser utilizada en el sector. Un ejemplo de esto, es COTECMAR que ha logrado posicionarse como una industria que beneficia la economía del país. Otro elemento importante es que mantener un GSD óptimo contribuye al prestigio nacional. Además, es una actitud estratégicamente preventiva; puesto que se pueden neutralizar y disuadir amenazas internas y externas a la economía, la integridad territorial y el bienestar de la población. Por lo tanto, se van a emplear métodos cuantitativos para demostrar cuál es el impacto del GSD en Colombia. El GSD se analizará por medio de la evaluación de impacto. Esta metodología no se ha utilizado para analizar la Seguridad Nacional, por ser una herramienta desarrollada para el análisis social. Por lo tanto, el supuesto esencial es que la seguridad es un bien público, que presenta el problema de escasez. Es decir, que la cantidad de seguridad que debe proveer el Estado es insuficiente debido a la distribución de los recursos fiscales que realiza el gobierno, lo que genera bajo crecimiento económico y, por ende, pérdidas del bienestar social. El trabajo está estructurado en seis (6) capítulos: 1) introducción; 2) revisión de la literatura académica sobre el tema; 3) el marco teórico y conceptual donde se plantean los modelos de análisis que utilizará este trabajo; 4) los beneficios del gasto en seguridad, que implementa varios modelos para demostrar los efectos positivos del GSD sobre el crecimiento económico; 5) análisis del gasto en seguridad y defensa, donde se establece que el sector defensa es un activo estratégico de la Nación; y 6) las conclusiones.

Capítulo 1

Revisión de la literatura

a primera línea de investigación sobre los gastos del sector de seguridad y defensa, se ha caracterizado por establecer la eficiencia de este rublo fiscal para proveer el bien de la seguridad. La segunda línea de investigación sobre el gasto en seguridad, consiste en analizar su impacto sobre el crecimiento económico. El principal autor que trabajó este enfoque fue Benoit (1973, pp. 234-345) que analizó el impacto del gasto en defensa en un grupo conformado por cuarenta y cuatro (44) Estados y que dividió en dos categorías: desarrollados y no desarrollados. El periodo de estudio fue de 1950-1965, durante la Guerra Fría, y se considera como un trabajo pionero en los estudios del gasto público en defensa. Los resultados de la investigación establecieron que los Estados con un mayor gasto en defensa obtuvieron un mayor crecimiento económico respecto a los Estados que gastaron menos recursos en este rublo. Posteriores investigaciones llegaron a resultados contrarios a los de Benoit para espacios de tiempo similares, pero las estimaciones y la forma en que se escogieron la muestra de países puede conducir a sesgos. Los trabajos que continuaron con el planteamiento de Benoit no hallaron una relación causal entre los gastos defensa y el crecimiento económico. Ningún investigador logró desmentir el trabajo de Benoit (1973) lo que estableció la importancia de esta investigación y los avances que ha tenido la economía de defensa para explicar el desarrollo económico de los países. Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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Se han identificado cuatro (4) canales de transmisión con los que se podría dar el crecimiento económico planteado por Benoit (1973), estos son: a) cómo el gasto en defensa contribuye a la creación de empleo debido a la expansión de la demanda por recursos, al estilo keynesiano; b) el desarrollo de una industria militar dinamiza el emprendimiento del sector privado, a través de la formación de capital humano, lo que repercute sobre la productividad, un claro ejemplo de este diseño es el Estado de Israel; c) la relación entre el gasto en seguridad y la estabilidad social y política. El sector de seguridad y defensa es un elemento determinante para la protección de los derechos de propiedad y la democracia; y d) el gasto en seguridad y defensa blinda al Estado de amenazas externas e internas, y le garantiza entrar en las redes de comercio global e interconexión cultural. Esto significa que el GSD garantiza que un país no sea aislado del resto de economías, lo que permite aprovechar el intercambio de conocimiento y acumular capital tanto humano como físico. De acuerdo con Collier (2001, p. 81) el sistema democrático permite la existencia de transparencia en el proceso político, limitando los conflictos, debido a su capacidad de establecer controles que evitan que un grupo de presión termine capturando los recursos del Estado, e implantado un sistema institucional que obstaculiza la libre empresa, que lleva a que el producto nacional descienda. En Colombia existe un sistema democrático estable, pero viciado por el clientelismo, debido a la falta de participación y cultura política. Esto se puede explicar en parte a un bajo gasto en seguridad que tuvo Colombia desde 1940 hasta 1992, y que llevó al Estado a no controlar parte del territorio nacional, acentuando los problemas sociales que no permitieron desarrollar el modelo político liberal y, por ende, se tradujeron en un mediocre crecimiento económico. Por último, Colombia es un país endogámico, mono lingüista con un pobre intercambio cultural, lo que ha acentuado los problemas de productividad, y que sumado a un bajo gasto en seguridad, ocasionó que las amenazas se transformaran en hechos de violencia que reforzaron el aislamiento internacional del país.

Capítulo 2

Marco teórico y conceptual

2.1 Argumentación conceptual del GSD El comportamiento de la economía colombiana viene dado por una serie de características particulares de una sociedad, que ha convivido con fenómenos de violencia y conflicto desde 1950. Así, las singularidades de esta sociedad han marcado el rumbo de ¿qué producir?, ¿cuánto producir? y ¿cómo producir? La situación de la economía de Colombia en el marco de violencia en el que se ha visto sumergido el país se puede resumir en la frase de Castillo (1982)1 “la economía va bien pero el país mal”. Esto señala una paradoja respaldada en un fuerte sustento empírico. En primer lugar, Colombia fue el único país de América Latina que no enfrentó la crisis de la deuda externa, la década pérdida de 1980 no afectó a su economía. En segundo lugar, la inflación siempre se mantuvo en un rango del 25% al 35%, mientras la mayor parte de países de la región atravesaron por periodos de inflación galopante, en varios casos, de acuerdo a Clavijo (2001), e hiperinflaciones como sucedió en Perú, Brasil y Argentina. Además, Colombia mantuvo un ritmo constante de exportaciones sin verse afectada por contracciones de la demanda internacional o choques externos, como el caso de la crisis del petróleo que afectó a México y Venezuela. Este blindaje 1

Castillo Carlos (1982), Presidente de Fedemetal, Tomado del web site: http://www.eltiempo. com/politica/partidos-politicos/historia-de-la-expresion-la-economia-va-bien-pero-el-pais-vamal-/15192399 Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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contra crisis externas por parte de Colombia repercutió en que la tasa de cambio conservara, según Hernández y Mesa (2006), un ritmo de devaluación controlado, que permitió al gobierno mantener su nivel de gasto en límites controlados que a la vez servía para mantener un estado de bienestar adecuado, de acuerdo a Vélez, Castaño y Deutsch (1999). Así mismo, el ritmo de crecimiento económico no llegó a sobrepasar la media regional, pero tampoco se ubicó por debajo de la misma y nunca presentó cifras negativas como sucedió en diferentes países de América Latina. La economía colombiana exhibió una estabilidad similar a la de un país desarrollado, pero con un pobre crecimiento económico a largo plazo. Historiadores económicos han llamado la atención sobre este fenómeno, pero van más allá al plantear una hipótesis que permita explicar esta paradoja. Se ha planteado que la violencia y el conflicto han frenado el desarrollo económico. Además, la respuesta del Estado ante la violencia desatada en los años de 19501960, derivó en atender un problema regional de desorden público como una situación policial, recordando que la Policía Nacional de Colombia no poseía las capacidades necesarias para atender una grave situación de seguridad. Esa razón llevó a que las Fuerzas Militares atendieran una situación de seguridad interna. Entonces, como se mencionó en la introducción, el GSD es fundamental para disminuir la violencia y mejorar economía, y como se observó en el periodo de 1950-1960, el insuficiente nivel fiscal del sector defensa debilitó la seguridad del país. También, el crecimiento económico, se ubicó por debajo de las cifras que podría haber alcanzado de no tener una situación desbordada de inseguridad. Eso quiere decir que una insuficiente asignación de recursos al sector defensa llevó a que el país dejara de crecer a niveles por encima del promedio regional. Para entender este punto es necesario comprender que la estructura de gastos del sector público depende de los niveles de tributación que el Congreso ha impuesto a la sociedad y que transforman en recursos que el Estado provee en forma de bienes y servicios fundamentales. La estructura de impuestos de Colombia llevó a un escaso recaudo fiscal que tuvo como consecuencia, que el Estado descuidara su principal función, proveer seguridad por medio del sector defensa y la Fuerza Pública. En la academia se ha buscado el ideal de impuestos que le permitan al Estado cumplir la función de brindar seguridad y bienestar, sin afectar la estructura productiva y de consumo de la sociedad, ya que todo gasto del Estado afecta su estructura productiva. No

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obstante, otras corrientes dentro de la academia plantean que el gasto en GSD va en detrimento del Estado del Bienestar, y afecta la estructura productiva, distorsionando la capacidad de generar empleo de calidad. Sin GSD surgen dos problemas: una mala gestión económica, y un ambiente de seguridad adverso que contribuye a la escasa provisión de bienes públicos y reduce los indicadores de desarrollo humano. Algunos autores han sugerido que las funciones de bienestar dependen de la profundidad de los sistemas democráticos, porque bajo un sistema de libertad y respeto de los derechos de propiedad, los mercados permiten redistribuir el ingreso, pero en Colombia se ha confundido esa tesis con desmontar el sistema de seguridad que brindan las instituciones de seguridad del Estado. Esto lleva a medir los costos en bienestar, en términos de las tasas de crecimiento económico que debe sacrificar la economía, para que los ciudadanos gocen de buenos niveles de calidad de vida. En términos de seguridad este es un indicador de bienestar tan importante, como el índice de necesidades básicas insatisfechas, la línea de pobreza o el indicador Sen de desarrollo humano. Solo que en este tipo de modelos la seguridad es una variable exógena que se asume que ya está presente para medir el desarrollo humano. Sin embargo, en el caso de una economía como la colombiana el índice de seguridad no es un factor exógeno sino endógeno, que afecta el crecimiento económico y el bienestar de la población. Esta es la causa por la cual en el informe de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1994 se desarrolla el termino de seguridad ampliada, que abarca los índices de desarrollo e incorpora los términos de seguridad en términos de acceso al consumo de alimentos, fuentes de agua, respeto a la vida y profundidad del sistema democrático. De esta manera, el determinante del crecimiento económico, es el proceso de acumulación de capital humano y, por esta razón, es necesario su protección para evitar la destrucción por medio de actos violentos o bajo desarrollo social resultado de un proceso de asignación ineficiente de recursos. Es necesario establecer cuánto se deja de crecer por causa de un bajo nivel educativo, pero también cuánto capital humano se pierde por causa del desplazamiento forzado o actos violentos como masacres e incursiones de actores armados ilegales a nivel municipal. Igualmente, el capital social, que surge de la interacción en una sociedad, es resquebrajado como consecuencia de no garantizar la seguridad a ese nivel. Se

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puede apreciar que la seguridad es un término amplio, que abarca diferentes dimensiones del ser humano, que solo es posible explotar si existe un Estado fuerte, que permita establecer esta comunicación entre diversos actores de la sociedad. La Conjetura de Superneutralidad de Harberger, implica que la tributación no afecta el crecimiento a largo plazo. Se ha comprobado este resultado para Colombia, es decir, el sacrificio económico ha sido marginal, en cambio el costo de bienestar en términos de seguridad ampliada es alto. Esta situación explica la paradoja de una economía estable, pero con problemas de violencia. Los desaciertos de una política tributaria desordenada que posee una excesiva cantidad de exenciones fiscales, lleva a una insuficiencia de recaudo que golpea el fisco colombiano. En el caso de la inversión, las exenciones fiscales han dinamizado el crecimiento y mejorado la cualificación de la mano de obra. Un resultado análogo es cuando se ha mejorado la seguridad en términos del bienestar, incluyendo la protección a los derechos de propiedad. La inversión disminuye cuando suben las tasas de interés o la tributación, pero en el caso de un choque que implique una caída drástica de la inversión real, el crecimiento económico disminuye de forma abrupta. De acuerdo a Collier (2001) existen tres (3) canales por los cuales los costos de una baja seguridad se ven reflejados, estos son: a) los gastos derivados de la destrucción de recursos del Estado, disminución de las libertades civiles y los costos de reparar la estructura productiva; b) los gastos asociados que se generan para controlar las actividades criminales; y c) los daños que ocasiona la pérdida de capital humano y las decisiones de inversión.

2.2 Inseguridad y costos fiscales Un concepto técnico es el crowding out fiscal, y que consiste cuando los gastos del Estado aumentan, se incrementan las tasas de interés, lo cual afecta de forma negativa la inversión privada y el consumo de las familias. Esta situación sucedió en Colombia, pero el GSD ha tenido el mismo proceso que todas las instituciones del Estado, es decir, que no hay una política tributaria de largo plazo destinada a fortalecer la Fuerza Pública. Por el contrario, los gastos de este sector han sido fondeados con bonos del Estado, que por definición son transitorios. En otras palabras, el desplazamiento fiscal no ha surgido de un problema de un sector específico del Estado.

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El crecimiento de los grupos armados ilegales surgió en momentos donde el gasto en seguridad era bajo. Adicionalmente, se puede apreciar que el crecimiento de empresas de vigilancia privada, ha venido en aumento desde la década de 1990, lo que confirma la baja capacidad del Estado para proveer seguridad. De acuerdo a Rubio (1995, p. 56), las empresas privadas y los hogares gastaban en seguridad, incluyendo seguros y sistemas de vigilancia, el 15% del PIB. En cambio, el gasto de seguridad del Estado en este rublo oscila del 2% al 4%. Por lo tanto, la diferencia entre el gasto público en seguridad respecto al gasto privado es del 11% lo que confirma la tesis de que el sector privado es ineficiente en proveer seguridad. Entonces, a las familias colombianas les cuesta 11 puntos adicionales del PIB que el Estado no destine un punto adicional de gasto público en temas de seguridad. De esto se infiere, que el auge de organizaciones criminales y una reacción tardía del Estado para dar estabilidad social generan las caídas del sector productivo. De acuerdo con Collier (2001, p. 92), y Collier y Hoeffler (1999, p. 116), cuando el Estado no logra solucionar los conflictos o controlar la criminalidad, la depredación de los recursos se vuelve permanente en la sociedad, lo que puede terminar en la destrucción del orden institucional.

2.3 NBI versus seguridad El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se construyó por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el objetivo de caracterizar la pobreza de los hogares de los países de América Latina, debido a los problemas de medición que poseía el índice de línea pobreza. Este indicador agrupa cinco (5) tipos de características de los hogares que son: calidad de la vivienda, hacinamiento del hogar, dependencia económica, educación del hogar y condiciones de salubridad. Como se puede apreciar, el índice no menciona condiciones de seguridad del hogar. Es decir, que los creadores del índice parten de que la seguridad es un bien público que está presente en la sociedad y que provee de forma eficiente el Estado. En Colombia la seguridad no es un bien público que esté presente en la sociedad. El NBI de Colombia debería construirse incluyendo entre sus características, las condiciones de inseguridad del hogar, con el objetivo de establecer las necesidades de seguridad que debe proveer el Estado. También debería tener en cuenta la protección de los hogares que están por debajo de las necesidades básicas insatisfechas de seguridad.

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En esencia, Colombia atraviesa por una inseguridad latente desde mediados de 1940. En esta situación sui generis se ha desarrollado la economía colombiana, que aprendió a convivir con los fenómenos criminales y la violencia instrumental.

2.4 Causas objetivas de la violencia Waldmann (2007) afirma que Colombia ha desarrollado una manera de convivir con la violencia luego de varias décadas de conflicto interno. Ahora bien, existen diferentes explicaciones sobre el origen de la violencia que se pueden aplicar al caso colombiano. Sin embargo, Tabellini (2005) descartó por medio de experimentos, el efecto de la cultura como un fenómeno residual que no podía explicar el desarrollo económico entre el Norte y el Sur de Italia. Las tesis sobre las causas objetivas de la violencia se han considerado como una relación de causalidad que permite explicar los fenómenos criminales en Colombia. Rubio (1995) afirma que los actos violentos se desencadenan en sitios donde existen recursos públicos o privados que depredar, esto quiere decir que un acto instrumental de violencia es un hecho racional que tiene por objetivo alcanzar un fin económico o político. Entonces, la violencia no es el resultado de una situación social inestable, por el contrario, la violencia, al empobrecer zonas que anteriormente eran productivas, genera inestabilidad social. Este trabajo explora la causalidad de las causas objetivas de la violencia pero invirtiendo el orden de los factores. De esta manera, la violencia instrumental, que reduce la dotación de factores, genera la pobreza. Según Becker (1968, pp. 2345) los incentivos son los determinantes para impulsar los fenómenos del crimen organizado y conflicto armado. A partir de esta premisa (la violencia instrumental genera pobreza) se establece que un bajo gasto en seguridad y defensa ocasiona que sectores de la sociedad cometan actos criminales, debido a una valoración objetiva del costo – beneficio2. Entonces, si el Estado invierte los recursos necesarios en seguridad, los costos de cometer acciones delictivas van a sobrepasar ampliamente sus beneficios y, por lo tanto, ese sector de la sociedad se dedicará a desarrollar actividades económicas legales que eleven el producto bruto nacional.

La relación costo-beneficio actual sobre acciones delictivas proviene de los bajos costos que tiene un agente económico para desarrollar actividades en un mercado de actividades ilegales.

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Barro (1992; 1979) argumenta que en Colombia se cuestiona la eficiencia de la Fuerzas Militares3 para proveer seguridad a partir de los recursos que reciben por parte del Estado. La forma de cuantificar la eficiencia del gasto en seguridad es mediante el impacto que genera sobre el crecimiento económico. Por lo tanto, se utiliza el modelo teórico de Barro (1992), con el objetivo de medir los costos de oportunidad del gasto en seguridad con relación a la perdida de crecimiento económico.

2.5 Crecimiento económico y GSD De acuerdo con Collier y Hoeffler (1999, pp. 132-189), Colombia es un país de renta media debido a su nivel de ingresos, lo cual lo ubica en una situación diferente respecto al grupo de países que analizaron en su investigación. De esta manera, la pregunta ¿Colombia está atrapada en una trampa del conflicto? No se puede responder con el planteamiento teórico de Collier y Hoeffler, puesto que ellos argumentan que en la medida que la renta se reduce, aumentan las probabilidades de un conflicto interno. Lo que los autores no resuelven es por qué un país posee una renta media-baja. Además, los ingresos de Colombia han estado durante la mayor parte de su historia económica por encima del promedio regional y se ha caracterizado por ser estable en sus agregados macroeconómicos. Esto contradice la causalidad propuesta por Collier y Hoeffler (1999) debido a que son las altas tasas de crimen y conflicto las que provocan la contracción económica. Se utiliza el modelo de Barro (1992), sobre crecimiento y gasto público. Este modelo demuestra que bajo ciertas condiciones [el gasto público] puede impulsar el crecimiento económico, es decir, que la eficiencia de la erogación fiscal marca la trayectoria de crecimiento. Desde 1999 se diseñaron políticas de seguridad en Colombia que fijaron como objetivo estratégico recuperar las zonas que se encontraban bajo la influencia de grupos armados ilegales. Para cumplir con estos objetivos se ampliaron las capacidades bélicas, lo cual que requirió de un importante esfuerzo presupuestal y de la coordinación de las instituciones encargadas de la planeación y ejecución presupuestal. Además, los recursos adicionales se fondearon a través de bonos de paz, es decir, deuda pública a corto plazo dirigida a fortalecer las capacidades estratégicas y tácticas de la fuerza pública. 3

De acuerdo con la teoría económica la eficiencia se refiere a la forma en la que se emplean recursos, frente una segunda alternativa.

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Así mismo, las poblaciones colapsadas por el conflicto armado, fueron intervenidas por medio de veintidós (22) programas sociales, de esta manera logrando incorporar la eficiencia económica dentro de la estrategia. Esto se hizo a través de la agrupación de instituciones, consiguiendo focalizar esfuerzos, conocimientos y recursos escasos. Mediante estas políticas públicas se dio un proceso de economías de escala, debido a que los costos de transacción social se redujeron, conformando un “cluster social” dedicado a proveer bienes públicos sin desaprovechar recursos. Esto ocasionó que se diera una curva de aprendizaje al mismo tiempo que las Fuerzas Militares golpeaban a las estructuras criminales. Así, el clásico esquema militar se acompasó con los procesos de inclusión social. Cabe destacar que esta forma de librar un conflicto asimétrico fue incluida en los manuales de guerra contrainsurgente de países desarrollados y que actualmente la emplean para recuperar zonas en conflicto, principalmente en Afganistán e Iraq. Se aplica el modelo de Barro (1992) para probar que el gasto del Estado en temas de seguridad genera crecimiento económico. En primer lugar la provisión de bienes públicos posee dos propiedades: la no rivalidad ni exclusividad que se identifica con la letra G y representa el gasto en seguridad. La tecnología se denomina con A, mientras que K es la cantidad de capital empleado por el sector productivo del país. De esta manera, la economía tiene un suministro de bienes públicos y privados, los cuales son afectados de forma positiva por el grado de desarrollo tecnológico. Entonces, la forma funcional se expresa del siguiente modo: (1)

1−α

yi = A * K j * G j

Al proporcionar bienes públicos impuros al sector productivo, la forma funcional cambia. Este axioma obedece a que la productividad de una nación no solo depende del sector privado, sino de la dotación de bienes públicos que suministra el gobierno. Al introducir esta variación resulta en: (2)

1−α

yi = A * K j * g j

Esto significa que un bien público impuro resulta de la incapacidad que el Estado tiene de proveer una dotación adecuada a todo el sector productivo. En la práctica el bien no se monetiza, pero resulta insuficiente para la población. En el caso de la seguridad, la constitución garantiza su acceso a todos los ciudadanos pero la incapacidad de proveerla a todo el territorio, resulta en la mala asignación de este recurso. Cuando la dotación de bienes públicos permanece inalterada ante un

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aumento de inversión, esta incapacidad de compensar el aumento de inversión resulta en una disminución productiva, siendo el resultado: 1−α

G (3) yi = A * K j *   K

Así el bien público g está sujeto a restricciones de rivalidad. Igualmente, este debe ser renovado periódicamente, como es el caso del gasto en seguridad. A su vez, cada persona de la nación representa una parte del sector productivo, por lo que requieren una dotación de seguridad. Finalmente, el Estado equilibra sus gastos, con impuestos directos no distorsionadores de la conducta del consumidor. La función que representa este comportamiento tipo Ramsey, donde ρ representa la tasa de descuesto inter-temporal. Consumir es penalizado a favor de consumir mañana, el crecimiento poblacional n es igualmente negativo, lo que indica que bajos niveles de demografía resultan en beneficios futuros. El consumo tiene una elasticidad constante, donde θ es el parámetro de aversión al riesgo, a mayor sea θ los hogares consumirán igual en todos los periodos de tiempo. La función de utilidad es una integral debido a que este modelo es dinámico, y la función exponencial se emplea con el propósito de representar los efectos del crecimiento poblacional sobre el consumo.

() ∫

(4) U 0 =

∞

−( ρ −n)t

 ct1 − θ − 1  *   1−θ 

La restricción presupuestaria de la familia, es la producción obtenida, menos el pago de impuestos, y se distribuye entre consumo e inversión, a esta última se le descuenta la depreciación δ y el crecimiento poblacional n, (4.1) K = (1 − τ) * ( A * k ∝ * g 1−α − c − (δ + n) * k ) La restricción del gobierno depende de la capacidad de recaudar ingresos y la tributación con el propósito de convertirlo en dotación de bienes públicos, así τ es el porcentaje de impuestos que se cobra sobre el tamaño del ingreso per-cápita representado con la letra y, finalmente α es el porcentaje de participación porcentual de bienes públicos y privados. (5) g = τ * y = τ * A * k α * g 1−α Para resolver un problema de maximización se emplea el Hamiltoniano, los individuos al optimizar sus decisiones de gasto público y consumo no son conscien-

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tes de cómo afectan la macroeconomía de la nación. Así, el postulado neoclásico, donde solo el sector privado genera crecimiento y la intervención del Estado es perversa, se revalúa, y el problema de maximización resulta en:

()

 ct1 − θ − 1  α 1−α  + ϑt * (1 − τ ) * A * k * g − c − (δ + n) * k  1 − θ  

(6) H * = e − ( ρ− n ) t * 

Después de plantearse el Hamiltoniano, se desarrollan las condiciones de primer orden. La primera condición con respecto al consumo y la segunda con respecto a la inversión. El propósito es encontrar la relación marginal de consumo e inversión con las que será posible resolver el sistema. De esta forma el resultado que arroja el procedimiento indica que, (6.1) H c = 0 ↔ e − ( ρ − n ) t * ct1 − θ = J t 1−α   g (6.2) H K = − ϑ ↔ ϑ (1 − τ ) * A * α   − (δ + n)  = −ϑt k  

Posteriormente se aplican logaritmos naturales al resultado de las condiciones de primer orden de (6.1), en este caso corresponde a la ecuación (7)

(

)

(7) − ρ − n * t − θ * Ln(ct ) = Ln(ϑt ) Ahora se deriva esta expresión con respecto al tiempo

(

)

(7.1) − ρ − n − θ *

c c

ϑ ϑ

Se remplaza la ecuación (6.2) en (7.1) dando como resultado: 1−α   g ϑ (1 − τ ) * A * α   − (δ + n)  k   c (7.2) − ( ρ − n ) − θ * = 

Se procede a despejar el consumo con respecto al tiempo con lo que se obtiene: 1−α   g (7.3) θ * = (1 − τ ) * A * α (1 − τ ) * A * α   − (δ + ρ )  − (δ + n) − ρ − n c k  

c

El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social

Al simplificar (7.3) da la siguiente expresión: 1−α

g (7.4) θ * = (1 − τ ) * A * α   c k c

1−α

g θ * = (1 − τ ) * A * α   c k c

1

1− α

g − (δ + ρ ) = = (1 − τ ) * A * α   c θ k  1− α

g − (δ + ρ ) = = (1 − τ ) * A * α   c θ k  c

1

c

− δ+



− (δ + ρ )



La tasa de crecimiento del consumo es igual que la tasa de crecimiento del capital y al estado estacionario; así la restricción presupuestaria del gobierno que se encuentra en función de la tasa impositiva, debe crecer a la tasa de inversión privada y de bienes públicos. Esto lleva a inferir que el crecimiento de la economía depende de la dotación de bienes privados y públicos y, por lo tanto, la expresión matemática es:

(1 − τ ) * A * α * k α * g 1−α − c − ( δ + n ) * k   g (8) = = ⇒ = = (1 − τ ) * A * α  c k y k k k  c

(1 − τ ) * A * α * k

1−α

k

y

(

)

1−α    =  1 −τ * A *α  g  − c − δ + n  ( ) ( ) k k    

− c − δ + n * k

De esta forma, la tasa impositiva es igual a: (9) τ =

g y

g α

A*k * g

1−α

g g = *  = = (τ * A) α A k k 1

La ecuación (9) se reemplaza en (7.4) con lo que se obtiene la solución del modelo, donde el crecimiento del consumo depende de los parámetros de aversión al riesgo, impuestos, elasticidad del capital, depreciación y la tasa de descuesto. De forma endógena la variable tecnología proviene de los bienes públicos y privados, así la solución del problema está dada por: (10)

c c

1 1−α   α α 1 * * * − A − (δ + ρ )  τ α τ ) ( θ 

La solución del modelo muestra que la tasa de tributación es la variable determinante baja, en este escenario el gasto en seguridad plantea un problema de

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sostenibilidad fiscal porque si la ampliación de capacidades bélicas de la primera dedicada del siglo XXI, provino de títulos de deuda pública transitorios, mientras que sostener el control territorial y por ende el mantenimiento de la paz es un esfuerzo permanente a través del tiempo. Eso quiere decir que en realidad lo que sucedió, no fue un aumento de los gastos de seguridad, sino una adición presupuestal que provino de recursos extraordinarios, que se impusieron a los sectores de mayores ingresos de la sociedad colombiana. Lo que a su vez lleva a establecer dos problemas: a) uno relacionado con la economía política; y b) la forma en que la Fuerza Pública puede garantizar los derechos de propiedad de los colombianos. Si el modelo de Barro predice que la tributación destinada a suministrar bienes públicos produce efectos positivos sobre el crecimiento económico. Bajo el supuesto que dichos bienes son insuficientes dentro de la sociedad y el sector privado no tiene la capacidad ni los incentivos para dotarlos a la población. Esto significa que bajo los principios de tributación óptima, todos los habitantes deberían ser gravados con impuestos de acuerdo con su nivel de ingreso, es decir, una justicia del tipo ralwsiana debería ser empleada para que la sociedad crezca como un todo. En el caso del gasto en seguridad, quienes tributan de forma recurrente son un sector de la sociedad que le permite al resto gozar de una externalidad positiva. En otras palabras, un sector amplio de la sociedad que no aportó a los gastos en seguridad se vio favorecido por la reducción de actos violentos, resultado de la ampliación en las capacidades operativas de las Fuerzas Militares. Esta es una situación injusta, que arroja una señal adversa al mercado porque desincentiva la cooperación y coordinación institucional, pero tampoco permite que los niveles de seguridad se mantengan sino que se da una volatilidad permanente en esta materia, lo que explica por qué en Colombia surgen nuevos fenómenos criminales cíclicamente. El segundo punto se refiere a la capacidad operacional de las Fuerzas Militares. En los periodos de 1930, 1958, 1968, 1973, 1986, y 1993 se dieron saltos cuantitativos extraordinarios, para posteriormente regresar a un nivel de gasto en seguridad insuficiente. En los periodos señalados ocurrieron hechos que marcaron crisis internacionales o expresiones criminales, que amenazaron con desestabilizar el orden social y político del Estado. En Colombia hay una clara inclinación política por mantener los niveles de GSD por debajo del nivel óptimo, lo que agudiza los problemas de inseguridad hasta

El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social

que alcanzan un nivel de amenaza que afecta la estabilidad del Estado y ocasiona que se renueven equipos bélicos, la doctrina en seguridad o se realice coordinación interinstitucional. Este es un comportamiento irracional desde la óptica económica, porque genera que los costos de transacción y de producción se incrementen. Esto se puede calcular por medio de cuánto se dejó de crecer. La causalidad que propone este trabajo consiste en que el bajo gasto en seguridad es responsable del conflicto y de los altos indicadores de inseguridad, y que estos resultados explican en parte la pobreza en Colombia. Así mismo, la mala gestión fiscal y la inequidad en la tributación contribuyen a la profundización de los ciclos de violencia que son contrarrestados por un gasto en seguridad que solo se fortalece cuando la situación social o política roza niveles que amenazan la estabilidad estatal. El modelo de Barro (1992) prueba que el gasto público genera crecimiento económico si se destina a dotar de bienes públicos a la población, ya que según la teoría económica clásica y la situación de Colombia, una necesidad primordial del país es la seguridad de sus habitantes.

2.6 Gasto social y GSD En Colombia se debate si los gastos en seguridad y defensa disminuyen los recursos públicos que son asignados a la educación o la salud. Esta polémica se resume en la frase “cañones o mantequilla”. El debate implica que el Estado debería dejar de poseer un aparato de seguridad para focalizar sus recursos a la atención de la población desprotegida y desempleada. Si bien es un planteamiento que se preocupa por las comunidades más afectadas en el país, solamente se podría garantizar si los derechos de propiedad fueran respetados plenamente, y la sociedad lograra solucionar sus diferencias sin tener que hacer uso de la violencia. La necesidad de un Estado que administre justicia y controle el monopolio de la violencia fue planteada por los autores contractualistas del siglo XVII y XVIII al hablar del contrato social, por medio del cual el hombre renuncia a ciertas libertades individuales a cambio de vivir en una sociedad donde se administre justicia y seguridad. También, es la razón por la cual la economía recomienda en primer lugar garantizar las condiciones de seguridad, por medio del respeto a los derechos de propiedad. Así mismo, académicos de las Relaciones Internacionales aplicaron la tesis económica, expuesta anteriormente, al campo de la política exterior. La teoría del

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realismo, afirma que los Estados son agentes racionales que por naturaleza están dispuestas a la agresión, y que los intereses nacionales priman al momento de establecer pactos o alianzas. En esencia existe una tensión permanente, que solo se desincentiva por la amenaza del uso de la fuerza. Los planteamientos de los contractualistas sobre las sociedades, se aplican en la relaciones entre Estados, por lo tanto, un Gobierno debe garantizar su seguridad en el nivel doméstico, al igual que debe desincentivar actos de agresión por parte de otros Estados que amenazan el bienestar de sus habitantes. Los derechos de propiedad también pueden ser afectados por agentes estatales o por nuevas amenazas. El gasto en seguridad implica que la seguridad de los colombianos es un concepto amplio e insuficiente, como lo demuestran los indicadores de inseguridad, que comparados con otros países a nivel internacional se encuentran por encima del promedio. Por lo tanto, para mejorar la seguridad en Colombia es necesario incrementar el GSD. No obstante, la diferencia de presupuesto entre los programas de asistencia social y la seguridad es un debate que se presenta entre partidarios de políticas sociales frente a quienes favorecen el fortalecimiento del estamento militar como medida de reducción de la pobreza. La posición de favorecer la inversión en programas sociales es atractiva para el votante mediano que se inclina por ser receptor de ayuda del Estado. Por lo tanto, ha resultado útil para los partidos políticos recurrir al discurso de reducir el gasto en seguridad, pero en términos estadísticos no es eficiente plantear este tipo de alternativas sin entender cuál es la composición del gasto público. Entre 1999 y 2009 incrementó considerablemente, y de forma transitoria, el gasto en seguridad, durante ese mismo periodo de tiempo los programas asistenciales aumentaron proporcionalmente. Igualmente, en las etapas en que se mantuvieron estos programas, el nivel de gasto en seguridad se encontró por debajo del promedio regional. Pese a la dificultad de establecer causalidad, sí existe una correlación positiva entre los gastos en seguridad y programas sociales4 y la disminución de las cifras 4

Uno de los principales programas sociales del Estado, Familias en Acción, se triplicó durante la misma etapa que crecían los gastos en seguridad

El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social

de pobreza estructural. Entonces, el argumento que el gasto en seguridad compite con el gasto en asistencia social no es válido, a partir de la evidencia analizada. En Colombia el gasto en salud y educación, se encuentra atado a la ley estatutaria 60 de 1993 denominada situado fiscal. El objetivo de haber sometido este gasto a esta ley, fue aislarla del ciclo económico, es decir, que sin importar en qué condiciones se encontraba la economía, se mantuviera el presupuesto destinado a la salud y la educación. La constitución de 1991, creó gastos de destinación específica como la salud y la educación, lo que ocasionó inflexibilidades fiscales.

Capítulo 3

Beneficios del gasto en seguridad

olombia es un caso particular a nivel internacional porque a pesar de los altos niveles de crimen y violencia instrumental, el país mantuvo una Fuerza Pública con debilidades estratégicas para combatir fenómenos criminales cada vez más profundos y críticos para su estabilidad. Además, como se señaló en capítulo 3, existe un debate en Colombia que cuestiona los gastos en seguridad, argumentando que estos van en detrimento de los gastos sociales del Estado y, por ende, afecta programas de intervención social. Para demostrar que los gastos en seguridad y defensa benefician la economía del país, se van a utilizar metodologías que miden el impacto del gasto en seguridad sobre el crecimiento económico. Se recurren a datos panel entre dos grupos de países, los que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y una muestra de países emergentes, con el propósito de cotejar qué impacto tienen los gastos fiscales en seguridad sobre el crecimiento económico. La segunda metodología empleada, es para establecer la relación entre gastos de seguridad de Colombia y el crecimiento económico. Se tiene en cuenta que este tipo de erogaciones fiscales presentan un punto óptimo que produce efectos perversos sobre el bienestar de la población y permite establecer en qué punto de la frontera eficiente se encuentra el gasto de seguridad del Estado. Posteriormente, se presentan los resultados del modelo desarrollado que asume que existen tres (3) sectores: a) seguridad; b) el privado; y c) el gobierno que no tiene funciones de seguridad. A partir de los tres sectores, se desarrolla la estimación de Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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las elasticidades que permite apreciar la existencia de competencia ente sectores y que al menos uno de los tres resta posibilidades de crecimiento al producto total de la economía. Esto sirve para probar la existencia de algún sector ineficiente. También se analizan los costos del crimen sobre el crecimiento económico, como lo ha demostrado el trabajo pionero de Rubio (1995) al igual que los trabajos de González (2006), Vargas (2003), Querubín (2003), Echeverry, Salazar y Navas (2001), Cárdenas (2001) y Trujillo y Badel (1998). El crimen afecta el crecimiento económico, lo que se puede observar en el caso colombiano, la mayor parte de estas investigaciones encuentran una relación causal entre crimen y crecimiento, lo que no queda resuelto es el canal de transmisión que lleva a estos resultados negativos sobre la producción. La hipótesis que se plantea es que el crimen afecta la productividad por los efectos que genera sobre la destrucción del capital humano. Incluso se puede desarrollar que el crimen afecta el capital social lo cual incide en la caída de la productividad. Es evidente que el gasto en seguridad permite controlar estos fenómenos violentos y, por lo tanto, incrementa el crecimiento económico. Se establece una estimación entre el nivel de gasto y seguridad, y la tasa de interés adicional que se coloca a la deuda pública externa de los países en desarrollo denominada spread, es decir, el cálculo de riesgo que realizan las firmas calificadoras de deuda soberana de los países. Los resultados obtenidos muestran las consecuencias de poseer un Estado capaz de garantizar los derechos de propiedad de los ciudadanos. Finalmente, se analiza la trayectoria del gasto en seguridad y los efectos de reducir abruptamente el pie de fuerza, sin tener en cuenta que el personal licenciado de las Fuerzas Militares posee un conocimiento que se puede aprovechar para realizar transferencias tecnológicas del sector defensa al sector privado. Esto quiere decir que los conocimientos y los emprendimientos realizados por la Fuerza Pública son un activo estratégico del país, que han aportado a la productividad nacional y que podrían potencializarse por parte del sector servicios de una economía que comienza a dinamizarse en este ámbito.

3.1 Crecimiento económico y GSD de los países miembros de la OCDE Este documento realizó el modelo desarrollado por Benoit (1973) para demostrar que el gasto en seguridad no afecta la economía. Así, se tomó una muestra de paí-

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ses desarrollados y se corrieron estimaciones por medio de mínimos cuadrados ordinarios, para establecer el impacto de los gastos de defensa del gobierno, sobre el nivel de producto de la economía. La muestra de países consiste en los 34 Estados miembros de la OCDE. La estimación se realiza con la base de datos del Banco Mundial deflactada a precios en dólares del año 2005 y se utiliza un data panel donde la variable dependiente es el crecimiento económico y la variable explicativa es el gasto en defensa. Además, hay variables de control, principalmente, la tasa de formación fija de capital que tiene efectos positivos de acuerdo a las teoría de crecimiento económico. A partir de las estimaciones por efectos fijos y aleatorios, se puede apreciar en la figura 1 el valor promedio del gasto en defensa en relación al valor promedio del crecimiento económico para los años de 1988-2013. La pendiente de recta de ajuste de la estimación por data panel es positiva con un 19%, lo indica que el GSD es positivo al crecimiento económico. Igualmente, se puede apreciar que Colombia obedece a esa misma dinámica pero con un valor por debajo del promedio. La India, que en 1990 se encontraba en una difícil situación económica debido a que no poseía reservas internacionales para adquirir importaciones, hoy es uno de los Estados que dinamiza la economía mundial, es sede de algunos de los

Figura 1. Crecimiento Promedio Gasto Seguridad Promedio OCDE Fuente: OCDE. Construcción propia

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emprendimientos tecnológicos más importantes del planeta y posee un gasto en defensa similar al de Colombia, pero con un crecimiento por encima del promedio de los países de la OECD. El caso de India indica que los gastos de defensa permiten el desarrollo de inversión productiva y la acumulación de capital. Esto significa que los dos canales de transmisión son la investigación y desarrollo, la y contención de fenómenos criminales, ya sea por efectos de neutralización directa o transferencia tecnológica a sector privado. Así mismo, como se puede apreciar en la figura 1, en los casos de Irlanda, Corea del Sur e Israel, estos Estados crecieron por encima de la media, en relación a los países desarrollados. La característica principal de estos Estados es poseer gastos en defensa altos. En el caso de Israel, el país hebreo gasta el 9% con respecto a su PIB en sus gastos de defensa, lo que responde a las amenazas regionales de países y organizaciones irregulares que amenazan su existencia, a pesar de esta alta proporción, su crecimiento económico es superior al de países desarrollados sin amenazas contra su integridad territorial. Entonces, la industria de defensa no es un lastre para la dinámica económica de un Estado, por el contrario, se puede emplear en pro del desarrollo económico. Esta evidencia demuestra que si se disminuye el gasto en seguridad y defensa es altamente probable que se vea afectado el crecimiento económico y aumente la criminalidad. En la tabla 1 se muestran los resultados de las estimaciones tipo data panel para 34 países miembros de la OCDE. De acuerdo a la evidencia, el crecimiento del Tabla 1. Estimación crecimiento económico y gasto seguridad defensa OCDE Efectos Fijos

Efectos Aleatorios

Efectos BE

Efectos PA

0.0772 (0.150)

0.161** (0.0805)

0.153 (0.0931)

0.155* (0.0896)

Crecimiento Capital Fijo

0.220*** (0.00608)

0.223*** (0.00609)

0.384*** (0.0399)

0.222*** (0.00603)

Constante

1.790*** (0.304)

1.610** (0.201)

1.075*** (0.239)

1.622*** (0.229)

792

Gasto Seguridad/ PIB

Observaciones R-Cuadrado Número de Países

0.634 34

Fuente: OECD. Construcción propia del autor

0.771 34

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gasto en defensa con respecto al PIB es significativo, aportando al crecimiento de la economía el 16%, según el modelo de efectos aleatorios. Además, este grupo de economías desarrolladas, crecieron al 1,6% en promedio entre 1988 año al 2013, lo que implica que los gastos en defensa sí presentan un efecto positivo sobre la economía. Es decir, que las tesis de Benoit (1973), siguen siendo válidas.

3.2 El crecimiento económico y el GSD de Colombia Siguiendo la línea argumental desarrollada en el apartado anterior, se realiza la medición sobre el impacto que tiene el GSD sobre el crecimiento económico de Colombia. Para esta labor se emplea una forma funcional desarrollada por Aizemann y Glick. De esta manera, el crecimiento es endógeno al gasto en seguridad y auto regresivo de orden uno, capturando los efectos inerciales que trae la economía del periodo anterior. Igualmente, se sigue el esquema del modelo de Solow (1956) incorporando los efectos del capital real, que para este caso se denomina inversión. Adicionalmente, se complementa una variable binaria que asume el valor de uno para los años de 1999 en adelante, momento en que comenzó el proceso de instauración de la política de seguridad estatal plasmada explícitamente en el plan de desarrollo del gobierno de turno de la época. Así mismo, se incorpora la tasa de homicidios como un nivel de amenaza al crecimiento económico, integrando al modelo el gasto en seguridad al cuadrado, con el objetivo de calcular el nivel óptimo que debería tener esta repartición de recursos públicos sin producir impactos negativos sobre la economía colombiana. El método emplea una estimación por mínimos cuadrados, porque el estudio en esta sección va comprender las singularidades de la economía colombiana en relación al GSD. Como se ha mencionado anteriormente, la defensa y seguridad fueron temas relegados en la investigación económica, lo que no permitió comprender los efectos que el sector defensa tenía sobre el crecimiento del país. Las investigaciones de González (2006), y Posada y González (2001), han realizado caracterizaciones del comportamiento del GSD sobre la economía colombiana. Los resultados muestran la eficiencia del agregado descubriendo el comportamiento del sector, en gran parte de las ocasiones los gastos crecen abruptamente por un problema de seguridad, o una amenaza interna o externa. Posteriormente los gastos se mueven de nuevo a su promedio, es decir, un gasto por debajo del promedio regional. Esto consiste en la compra de activos estratégicos, que terminan depreciándose, lo que impulsa a realizar nuevas compras en el mercado bélico.

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En el caso del pie de fuerza sucede algo análogo, la cantidad de personal aumenta pero la dotación de intendencia no es suficiente, esto por generar rendimientos decrecientes. En los dos casos se encuentra un manejo ineficiente de los recursos, pero esto no significa que el gasto en defensa sea improductivo ya que Colombia sigue la misma senda de los países de OCDE, en relación el crecimiento en el GSD. Entonces, se estima un modelo en donde el crecimiento económico es la variable endógena y las exógenas el gasto en seguridad. La política de seguridad va desde 1999 al igual que la formación bruta de capital fijo. A las variables de control se adicionaron la tasa de homicidios por cien mil habitantes y la interacción entre la política de seguridad y la tasa de crimen violento. Se utilizó la base de datos del Banco Mundial para encontrar la información necesaria para el modelo. Los resultados del modelo están plasmados en la tabla 2. En primer lugar, todas las variables empleadas son significativas, lo que permite validar los resultados. El GSD es positivo para el crecimiento económico, en términos numéricos, un punto de incremento del gasto en seguridad explica el 14% del crecimiento económico del país. En otras palabras, Colombia ha crecido en la última década al 4% anual, si el GSD hubiera sido cero, el crecimiento habría sido del 3,86%. Entonces, el ritmo de crecimiento, se habría visto fuertemente deteriorado. Siguiendo la forma funcional sugerida por González (2006), se incorporó la variable al cuadrado de los rublos de defensa, con el propósito de capturar rendimientos marginales. Esto permite definir una correlación no lineal entre crecimiento y GSD, al mismo tiempo, se acota el punto, en donde seguir aumentando los gastos del sector defensa generaría impactos negativos sobre el crecimiento del país. En este caso se obtienen resultados que son más restrictivos que los de González (2006). La caracterización de los resultados indica que el GSD le aporta en promedio 14 puntos porcentuales al crecimiento económico, mientras que el término cuadrático, muestra los rendimientos decrecientes del gasto lo que implica que un punto por encima de su nivel óptimo genera detrimentos de dos puntos porcentuales. Al obtener la primera derivada del crecimiento económico, con relación al GSD, se obtiene el gasto óptimo en seguridad es de 5,9% con respecto al PIB. Entonces, el promedio del este rublo ha oscilado entre 3 y 4 puntos respecto al PIB. En este

El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social

gasto se encuentra el pasivo contingente y gastos de salud de las Fuerzas Militares. Por último, se concluye que los recursos destinados a neutralizar las amenazas y prevenir los múltiples de riesgos a la seguridad son insuficientes, y que el esfuerzo económico actual de la sociedad hace posible que estas amenazas se puedan expandir. Tabla 2. Estimación crecimiento económico y gasto en seguridad de Colombia Crecimiento Económico Rezago un Año 0.302*** (4.23) Inversión Nacional 0.233*** (5.22) Gasto en Defensa y Seguridad 0.141** (3.03) Gasto en Defensa y Seguridad al Cuadrado -0.00271** (-2.88) Tasa de Homicidios x 100.000 Hab 0.00165 (1.62) Tiempo 1999 -0.157* (-1.70) Gasto en Defensa * Política de Seguridad -0.126** (-2.02) Política de Seguridad * Tasa Homicidios 100.000 Hab 4.317 (1.96) Constante -1.639** (-2.88) Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

∂ Crecimiento_PIB ∂ Gasto_Seguridad ∂ Crecimiento PIB ∂ GastoSeguridad

= .14 − (2 * .0017) * Gasto_Seguridad

* Gasto_Seguridad =

 .14   2 * .0017  * 100 = 5.9%  

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Sin embargo, esto no significa que los gastos en seguridad deban crecer por encima de su nivel óptimo. Además, a partir de esta estimación, que se debe refinar, resulta posible afirmar que reducir el GSD es inconveniente para la economía. Así, el debate sobre los gastos en seguridad debería girar en torno a la composición de esa cuenta presupuestal, con el objetivo de hacer eficiente la seguridad de los ciudadanos de Colombia. El resultado de los modelos aplicados en este subtítulo muestra que el GSD, que consiste en neutralizar amenazas externas, riesgos de seguridad y fenómenos criminales, genera beneficios económicos tanto en Colombia como en los países de la OCDE.

3.3 Costos de inversión La inversión es uno de los principales componentes del progreso económico. La inversión hace posible que los hogares desarrollen actividades económicas productivas, porque la financiación es el mecanismo que impulsa a la inventiva humana. Desde que Solow (1956) planteó el modelo de crecimiento económico, quedó un vacío denominado “el residuo de Solow”, y que consiste en la parte no observable, diferente al capital físico y mano de obra, que explica el proceso productivo. Se afirmó que esta parte no observable del crecimiento económico son las ideas de las personas. En la actualidad este proceso se conoce como emprendimientos. Los fondos de inversión evalúan las posibilidades de asumir riesgos sobre si la rentabilidad futura es superior al valor presente de los costos. En este punto se relaciona la inversión con ideas innovadoras, riesgos y tasa de interés5. Esto explica por qué algunos países son receptores de recursos y a otros les niegan el acceso al crédito, por medio del incremento de los intereses. La pérdida de acceso al crédito, impacta sobre el desarrollo económico de un Estado, porque no permite la creación de nuevos emprendimientos e incrementa la pobreza. Los riesgos que elevan la tasa de interés son: a) la estabilidad política y social; y b) las condiciones de seguridad urbana y rural de los habitantes del país. El Ministerio de Defensa utilizó estos riegos para justificar la importancia de la política de seguridad democrática y los planes de consolidación en las áreas de intervención operacional. 5. La tasa de interés es el valor en el tiempo de un flujo de recursos, que pueden ser empleados en otra actividad, es decir, los costos de oportunidad. El valor de una tasa de interés se forma sobre la base de alternativas productivas y riesgos, lo que implica que el valor del interés termina capturando información sobre riesgos y oportunidades de los proyectos de inversión.

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Se emplea el modelo de Barro (1992) para probar que los gastos públicos en el sector de seguridad y defensa afectan de forma positiva las inversiones y proyectos de emprendimiento en el país. Se plantea que los gastos de gobiernos transitorios, afectan de forma transitoria el tipo de interés mientras que los gastos permanentes no afectan el tipo de interés. Bajo estos supuestos se toma el spread o riesgo país de Colombia, que es un valor adicional que firmas calificadoras de riesgo sugieren hacerle a los bonos de deuda pública que los gobiernos colocan en los mercados bursátiles. El spread se construye sobre variables sociales, políticas, económicas y de seguridad, para países que buscan financiación de sus gastos en el exterior. Este modelo asocia los gastos de seguridad del Estado con el spread, encontrando una relación causal. Esto significa que el comportamiento de los gastos en seguridad, afectan el nivel de spread y, por ende, la financiación del presupuesto del gobierno. No obstante, les da pistas a los inversionistas para determinar dónde dirigir sus recursos financieros. Es decir, con un menor spread los habitantes de un país recibirán mayores flujos de crédito a menor costo. Se aplica el modelo de Barro para Colombia en el periodo de 1988-2013. Los resultados que se aprecian en la tabla 3 son contrarios a los observados por Barro (1992). Tabla 3. Estimación del riesgo país y el gasto en seguridad de Colombia Variables Gasto Seguridad* Política Seguridad

SPREAD

-0.184*** (0.0189) -3.032*** (0.312)

Política de Seguridad

-1.291*** (12.04)

Gasto en Seguridad Constante

SPREAD

9.973*** (0.225)

9.972*** (0.225)

8.400*** (0.341)

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En Colombia existe una relación negativa entre los tipos de interés de la deuda soberana y los gastos en seguridad. Por cada punto porcentual que aumenta el GSD, el spread desciende en promedio 120 puntos, entendiéndose que 100 puntos es equivalente a un punto porcentual. Durante la época en que se instauró la política de seguridad democrática, el spread de Colombia bajó 300 puntos.

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Finalmente, los gastos en seguridad, durante el tiempo que ha estado activa la política de seguridad democrática, contribuyeron a la reducción del tipo de interés de la deuda soberana en 18 puntos. Estos resultados muestran que en Colombia existe una correlación entre los gastos en seguridad y el crecimiento económico. Los fenómenos violentos afectan de forma negativa el desarrollo económico del país y, por lo tanto, una mejora en las condiciones de seguridad, incrementa de forma notable el desempeño de los indicadores económicos. Además, se infiere que los gastos en seguridad están por debajo de los niveles óptimos requeridos. Según Barro (1992), este comportamiento depende de que los hogares hayan incorporado dentro de sus expectativas, un nivel de inseguridad elevado. Esto ocasiona un cambio en las condiciones de seguridad, producto del fortalecimiento del sector defensa, la mejora de la senda de consumo, el aumento de la confianza del consumidor y que se trasmite hacia los mercados de dinero y crédito. Entonces, los costos de la violencia instrumental son la base de la perdida de crecimiento económico. Así, los dividendos de paz, son estimaciones producto del fortalecimiento de las capacidades estratégicas y operacionales de las Fuerzas Militares, que permiten neutralizar las diferentes expresiones criminales.

3.4 Costos de criminalidad La evidencia empírica propuesta en las anteriores secciones, revelan que el gasto en seguridad es insuficiente para controlar los fenómenos criminales. El gasto en este rublo es causal de la reducción de las amenazas. Por lo tanto, la criminalidad es producto de un Estado débil que históricamente mermó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, para sostener un Estado clientelar. Durante más de medio siglo el gasto en seguridad estuvo por debajo del promedio regional, a pesar de las diferentes amenazas que han afectado a Colombia. Los homicidios y secuestros descendieron cuando el Estado fortaleció el gasto en seguridad. Además, en la sección uno del presente capítulo se demostró que los países con alta inversión en seguridad permiten a un Estado tener mayores posibilidades de crecimiento económico. Bajo esta línea se han desarrollado investigaciones sobre los efectos del crimen en la productividad de Colombia. Rubio (1995) estableció la existencia de una causalidad entre crimen y crecimiento económico, estableciendo la hipótesis que el crimen llega a zonas de alta productividad y genera un empobrecimiento de las regiones. Así, se planteaba la posibilidad que la pobreza no era el factor que ocasionaba violencia sino que la violencia era la causa de la pobreza.

El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social

La hipótesis de Rubio forzó la publicación de una serie de trabajos que abordaban este tema. Se destacan las investigaciones de Querubín (2003), Vargas (2003), Cárdenas (2001), Gálvis y Meisel (2000), Montenegro, Posada y Piraquive (2000) y Trujillo y Badel (1998). Estas publicaciones concluyen en que el costo del crimen afecta de forma negativa el crecimiento económico. La investigación de Querubín (2003), usa una metodología cuantitativa de diferencias que permite aislar el efecto del crimen sobre el crecimiento y que resultó de utilidad para profundizar en cómo afecta la violencia instrumental la productividad. Aunque los trabajos muestran la correlación negativa entre crimen y crecimiento a nivel departamental y municipal, como es el caso de Cárdenas (2001). Este trabajo realiza estimaciones sólidas y robustas desde la perspectiva de la econometría; pero el problema es que asumen que la tasa de homicidios procede de los grupos armados ilegales, desconociendo que la violencia instrumental no es monopolio exclusivo de estos grupos armados ilegales. Es decir, asumen que el sometimiento de un grupo armado en una mesa de negociación permitirá el crecimiento sostenido de dos puntos adicionales. El aumento de dos puntos de crecimiento adicionales que hallan estas investigaciones, procede de comparar el crecimiento de los departamentos entre 1980 y 1990. Cárdenas (2001) encuentra que el crecimiento disminuyó por efecto de la tasa de homicidios, es decir que si estos se hubieran reducido a más del 50% el desarrollo económico habría cambiado radicalmente. La investigación de Restrepo (2009) emplea el modelo de Solow-Swan con adaptaciones para ser empleado para medir el impacto del conflicto armado. Para ello recurren a las variables de: secuestro, ataques de la guerrilla y el gasto en seguridad departamental. El resultado señala pérdidas de bienestar de 4 puntos a nivel municipal, el doble que el estimado por Cárdenas (2001). Sin embargo, los autores profundizan la relación positiva entre el gasto en seguridad y crecimiento económico. Ahora bien, estas investigaciones académicas tienen poca resonancia en la opinión pública colombiana. Entonces, los argumentos que afirman que el gasto en defensa del gobierno es una desviación de las actividades productivas, no tiene en cuenta los numerosos estudios académicos que demuestran lo contrario. Así mismo un sector de la clase política de Colombia, emplea estos argumentos para afirmar que reducir el gasto en seguridad le permitirá al país crecer dos puntos adicionales, cuando en ningún trabajo académico destacado se comprueba esa argumentación.

Capítulo 4

Análisis del gasto en defensa

l gasto en seguridad ha generado fuertes debates en torno a la forma en que absorbe recursos del Estado, pero el punto más álgido de estas discusiones es la competencia que hay entre las diferentes necesidades que un gobierno debe atender y sobre todo si esta situación sucede en un país emergente sin una guerra externa o interna. Como ya se ha mencionado, el ejemplo de un manual de economía de Samuelson (1948) suscitó un concepto que se emplea de forma sistemática para afirmar que los gastos del sector defensa le quitan recursos a la salud y la educación. La investigación en relación al tema es escasa incluso Samuelson (1954) escribió un artículo académico para explicar la frontera eficiente entre dos sectores económicos. Diferentes investigaciones sobre el tema han probado los efectos del gasto en seguridad sobre la educación y la salud, obteniendo resultados insignificantes o negativos y sin llegar a una conclusión definitiva sobre el tema. En Colombia la investigación sobre este tema es escasa y no hay un trabajo relevante que haya sido publicado. Este trabajo utiliza el enfoque de Feder. El modelo calcula el crecimiento económico (Y), la inversión como porcentaje del PIB (I/Y), el gasto en seguridad con respecto al producto (GS/Y), el gasto del gobierno diferente a seguridad sobre el PIB (GNM) así como el crecimiento del gasto en seguridad y el crecimiento del gasto civil. La estructura del modelo se resume en la siguiente ecuación: I GS GNM Y = + + Log (GS ) + + Log (GNM ) + ε

Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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La base de datos que se emplea proviene del Centro de Investigaciones de la Universidad de Pensilvania, mientras que los datos sobre gasto en seguridad proceden del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Por medio de una estimación de mínimos cuadrados generalizados se halla los resultados el modelo propuesto por Feder-Ram, encontrando que el gasto en seguridad produce una externalidad positiva sobre el crecimiento económico. Igualmente, el gasto del Estado afecta positivamente el producto nacional. Entonces, los resultados son positivos para ambas erogaciones fiscales lo que indica que ambos gastos no compiten entre sí, es decir, que el dilema entre gasto social y de seguridad no se presenta en Colombia. Tabla 4. Efectos cruzados sobre crecimiento del gasto en seguridad y el gasto civil Variables

Crecimiento Económico

Inversión/PIB

0.523** (0.218)

Crecimiento Gasto Seguridad

0.0681 (0.0614)

Crecimiento Gasto Seguridad/PIB

-1.689 (1.716)

Crecimiento Gasto No Militar/PIB

0.000115* (0.000005.84)

Crecimiento Gasto No Militar

-0.155 (0.0914)

Constante

0.0266*** (0.00757)

R-Squared

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Estos resultados indican que los gastos del Estado son complementarios entre lo destinado a programas sociales y la seguridad. Esto muestra que la inercia del Estado impulsa todo el gasto del público y no sectores específicos. Ahora bien, también es relevante analizar cómo se comporta el gasto en seguridad. Así, la Policía Nacional está incluida con las Fuerzas Militares, lo que provoca que se presente un crecimiento por encima de los que reportan los demás Estados a nivel mundial. De acuerdo con las metodologías de consolidación del gasto en defensa, este trabajo tiene como objetivo analizar el problema del gasto sobre el crecimiento.

El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social

De esta forma, se aprecia en la figura 3 que el gasto presenta un comportamiento irregular de acuerdo con los problemas que ha enfrentado el país. En primer lugar, en el periodo de 1968-1970 creció de una forma notable, lo cual responde a la compra de plataformas aéreas6 que aún están en operación y que son esenciales para la seguridad del Estado. Es decir que el esfuerzo económico de 1970 para adquirir material bélico se recuperó por medio de la neutralización de estructuras de crimen organizado que afectan el crecimiento económico. Posteriormente a esta compra, el gasto en seguridad decreció, a pesar de que el crimen organizado en este periodo (19721985) adquirió capacidades materiales y financieras que le permitieron conformar estructuras criminales capaces de enfrentar al Estado y depredar los recursos de los ciudadanos. Esta debilidad se manifiesta en la pobre gestión de los recursos públicos para que el sector defensa obtuviera los medios necesarios para someter los grupos criminales. En 1987 se adquirieron dos escuadrones de aviones caza de combate Kafir y se inicia un proceso de recuperación de la gobernabilidad del Estado. Mientras tanto, la doctrina de los grupos armados ilegales tenía superioridad sobre la Fuerza Pública.

Figura 2. Gasto de seguridad 1950-2013 6

Las plataformas aéreas son utilizadas en la defensa aérea de la nación e inclusive se emplean en operaciones de interdicción aérea contra el narcotráfico y guerra contrainsurgente. Esto representa un adelanto estratégico, que ha sido incorporado por países desarrollados y la Organización del Atlántico Norte (OTAN) para el control y mantenimiento de paz durante el desarrollo de intervenciones humanitarias en sitios con presencia de estructuras armadas que emplean la guerra asimétrica.

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Esta es la razón que explica por qué el gasto en seguridad sobrepasa su nivel promedio en el año 2000. El incremento en el gasto es la consecuencia de los altos niveles de inseguridad que pusieron en riesgo la democracia de Colombia. Becker (1968) explica que una sociedad soporta un nivel de daños determinado y que al sobrepasar ese umbral, se crea el incentivo para reaccionar en contra del agente perturbador así esto implique sacrificios económicos, políticos o sociales. Si bien los gastos en seguridad aumentan como reacción de la sociedad ante la violencia instrumental y que delega a las Fuerzas Militares recuperar el orden social, el gasto público se estabiliza desde el momento en que comienza la ofensiva de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales. Esto significa que la ofensiva militar ocasiona el crecimiento de los gastos, en otras palabras, primero debe haber recursos para desplegar la estrategia. Por lo tanto, en un verdadero dividendo de paz es necesario sostener una estructura de seguridad que evite las fluctuaciones de los indicadores de inseguridad.

Figura 3. Gasto en seguridad y defensa

Al observar la figura 4 se puede defender la tesis que la ofensiva y recuperación del Estado de Derecho es causal de los gastos de seguridad, ya que los gastos de funcionamiento de la Fuerza Pública comienzan a decrecer porcentualmente, como respuesta para mejorar la gestión del servicio de seguridad y defensa.

El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social

Figura 4. Gasto de funcionamiento de la Fuerza Pública

En la figura 5 se observa que el pie de fuerza crece de forma sostenida, debido a dos factores: a) el fortalecimiento del sector defensa, para enfrentar una amenaza interna; y b) la presión política de mostrar resultados, ocasiona que aumente el número de hombres con el objetivo de enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Esto demuestra una mala gestión del sector de defensa, porque la mano de obra requiere de suministros de capital y, por lo tanto, conduce a que se presenten

Figura 5. Pie de Fuerza

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rendimientos decrecientes. Es decir, que el bien seguridad no se puede suministrar de forma eficiente por la escasez de los recursos de intendencia y logística. Entonces, es importante aumentar la inversión en materiales estratégicos, porque si bien su costo fijo es elevado, el costo variable decrece rápidamente y se recupera por medio del beneficio social. En cambio, el factor trabajo tiende a elevar los costos variables, lo que lleva a que el bien seguridad sea insuficiente para la sociedad. Aunque el Pie de Fuerza aumentó debido a la presión de la situación de inseguridad que afectó al país, el crecimiento porcentual, no en términos absolutos, revela una política que va destinada a cambiar la actitud estratégica por medio de reducir el número de hombres y mejorar la formación. Es decir, que los cuerpos de seguridad deben mejorar su formación y educación formal al mismo tiempo que les suministran mejores recursos estratégicos, Lo anterior se evidencia en el caso de la Fuerza Aérea, que históricamente tiene el menor número de personal pero que posee las mayores capacidades estratégicas. En este caso, el aumento de sus capacidades se debe a la compra y adquisición de equipos de última tecnología que requieren ser operados por mano de obra calificada. Es significativo que las Fuerzas con el menor número de hombres produzcan los principales emprendimientos productivos, concretamente, el desarrollo de aeronaves no tripuladas y equipos de navegación marítima.

Figura 6. Crecimiento pie de Fuerza

El gasto en defensa como herramienta de desarrollo social

De esta manera, el gasto en seguridad aumenta como reacción a amenazas tanto internas como externas. En segundo lugar, en la estructura de la Fuerza Publica el peso de la mano obra es alto y genera rendimientos decrecientes en la provisión del bien público denominado seguridad. Si bien las cifras muestran que se ha reducido el crecimiento del pie de fuerza, esta conducta implica que la mano de obra ahora tendrá que ser calificada para crear nuevas estrategias y equipos de seguridad. Entonces, se encuentra que Colombia posee un activo estratégico que puede convertirse en una industria tecnológica que incursione en el mercado global.

Conclusiones

l proyecto de investigación Gasto en Defensa y Seguridad como Herramienta de Desarrollo Social, surgió para conocer el aporte que el GSD ha significado para la economía de Colombia. Los debates en escenarios políticos o presupuestales, están caracterizados por argumentos en contra del GSD. El objetivo del presente documento fue desarrollar un análisis en profundidad del GSD de Colombia, con el propósito de invalidar argumentos que han surgido alrededor de este rublo del Gobierno. La tesis central es demostrar que el gasto en defensa genera impactos positivos sobre el crecimiento económico del Estado a largo plazo. De igual forma, el GSD forma externalidades positivas que superan los costos de esta erogación fiscal, contrario a lo que afirma la literatura económica desarrollada alrededor del tema para algunos países. La no comprobación de esta hipótesis en el caso colombiano, sirve como argumento para debilitar el presupuesto de la Fuerza Pública. El GSD es muy significativo y genera resultados positivos para los países de la OCDE, el mismo comportamiento se presenta en Colombia. De acuerdo a los modelos utilizados en el trabajo y los datos examinados, se afirma que no es válido el argumento que el GSD tenga efectos negativos para el país. Por el contrario, el GSD aporta al crecimiento económico y en la última década fue determinante porque mejoró el bienestar de la población. Además, se comprobó que el gasto en relación al PIB aún está por debajo de los niveles que pueden ocasionar efectos contraproducentes sobre el desempeño económico. Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar • Bogotá, Colombia - 2016

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Así mismo, la tasa de riesgo soberano que se fija a la deuda pública descendió, lo que tuvo efectos positivos para financiar al sector público y privado. Este fenómeno se explica por el fortalecimiento del gasto en seguridad, para entender este planteamiento las estimaciones indican que 120 puntos del spread o riesgo país son un efecto directo de los recursos públicos asignados para ejecutar la política de seguridad del Estado entre el periodo de 1999-2013. Por otra parte, se demuestra que la causalidad entre el crimen y el aumento de la pobreza es válida. Esto significa que la violencia instrumental se ubica en lugares donde existe riqueza y desarrollo económico, pero su accionar termina por depredar los recursos y crear una trampa de pobreza, lo que descarta que la pobreza sea la causa del crimen. Ahora bien, este fenómeno trae la perdida entre uno y dos puntos del PIB anual, lo que ha derivado en la tesis denominada dividendo de paz que plantea que el fin de un grupo armado va a permitir recuperar este crecimiento. Esta tesis ha sido malinterpretada para afirmar, sin estudios que la respalden, que el gasto en seguridad en una de las causas del bajo crecimiento económico, cuando los hallazgos empíricos de esta investigación prueban todo lo contrario. El dividendo de paz consiste en sostener el GSD, no reducir el rubro que neutraliza a las organizaciones criminales que sí afectan negativamente el desarrollo económico. Finalmente, el Estado debe fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares, con el propósito de garantizar la integridad territorial, mejorar las condiciones de bienestar de la población y proyectar poder en el ámbito internacional. Además, como lo demostró la evidencia presentada en este libro, en diferentes tópicos, el instrumento ideal que posee el Estado Colombiano para alcanzar esta meta, es el gasto en seguridad y defensa.

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