Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA "Mas que militar" by Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar

Fuerza de Tarea Conjunta Omega Dios y Victoria

FF.MM. Y SOCIEDAD CIVIL, ALIANZA PARA LA PAZ Y PROGRESO Pedagogía de la Memoria Histórica Militar. Estudio de caso “Foro: Posconflicto. Una oportunidad para el desarrollo”

Centro de Estudios Históricos del Ejército - Volumen XII 1

Fuerza de Tarea Conjunta Omega Dios y Victoria

MĂ S QUE MILITAR FF.MM. y sociedad civil, alianza para la paz y progreso

Dirección Editorial Mayor General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, Magíster Coordinación Editorial Mayor Juan Camilo Mazo Arboleda, Magíster Grupo de apoyo Bg (Ra) Fabricio Cabrera Ortiz, Magíster Luis Felipe Vega Díaz, Ph.D Mario Arroyave Quintero, Ph.D Roberto García Alonso, Ph.D Ct. Jorge Mauricio Cardona Angarita, Magíster Estado Mayor Fuerza de Tarea Conjunta Omega Diseño y diagramación Haidy García Rojas - Magdalena Forero Reinoso Revisión de textos Ludwing Cepeda A. Primera edición: diciembre de 2016 ISBN 13: 978-958-42-5625-6 ISBN 10: 958-42-5625-4

El contenido de los capítulos es responsabilidad de su autor. Los textos que no indican autor de forma explícita son responsabilidad de la Coordinación Editorial. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin permiso previo del editor.

Fuerza de Tarea Conjunta Omega Dios y Victoria

MÁS QUE MILITAR FF.MM. y sociedad civil, alianza para la paz y progreso Pedagogía de la Memoria Histórica Militar. Estudio de caso “Foro: Posconflicto. Una oportunidad para el desarrollo”

Centro de Estudios Históricos del Ejército - Volumen XII

AUTORES Nicacio de Jesús Martínez Espinel. Mayor General del Ejército de Colombia, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega 2015-2016, Magíster en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra, profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdoba”, administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Administración de Recursos para la Seguridad y Defensa nacional del Centro de Educación Militar, especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Luis Felipe Vega Díaz. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Roberto García Alonso. Doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Director de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Mario Arroyave Quintero. Doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Hamburgo, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Fabricio Cabrera Ortiz. Brigadier General de la reserva activa del Ejército Nacional, profesor cátedra de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Ciencia Política por la Universidad Javeriana, Magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Relaciones Internacionales. Juan Camilo Mazo Arboleda. Mayor del Ejército Nacional del Arma de Caballería, abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidato a Magíster en Derecho de la misma Universidad.

Jorge Mauricio Cardona Angarita. Mayor del Ejército Nacional del Arma de Caballería, Doctorando de Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana y Director del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Semillero de investigación Posconflicto y Memoria Histórica Militar Pontificia Universidad Javeriana. Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Edwin Murillo Amaris. S.J, Doctor en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Marcy Amparo Ramírez Orozco. Docente de investigación Corporación Universitaria Uniminuto y Semillero de Investigación Pedagogía Infantil Corporación Universitaria Uniminuto. Olmer Alveiro Muñoz Sánchez. Docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, Magíster en Ciencias Políticas, consultor en seguridad y defensa. Carlos Augusto Jaramillo Gutiérrez. Coordinador del programa profesional en Investigación Criminal de la Universidad de Medellín, Tecnólogo en Investigación Judicial, experto en guerra popular, terrorismo, y análisis forense en atentados. Coordinador de PICMA, Programa en Investigación y Prevención contra Minas Antipersonal. Facultad de Derecho, Universidad de Medellín. Omar Cabrales Salazar. PhD. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, y Magíster en Educación de la Pontifica Universidad Javeriana. Especialista en Docencia Universitaria y Economista de la UMNG. Docente de planta en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Angie Arenas Piedrahíta. Magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Asistente de Investigación en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Lorena Andrea Erazo Patiño. Magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Asistente de Investigación en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Ulf Thoene. PhD. Profesor asociado Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de Universidad de la Sabana.

Diego Eduardo Dávila Benavides. M.A. Politólogo con énfasis en resolución de conflictos en investigaciones para la paz Universidad Javeriana. Estudiante Máster in Peace and development Working, Linneaus University, Sweden. Este documento fue escrito, revisado y coordinado por el grupo de trabajo reseñado, los cuales son autores originales y responsables de los documentos consignados en este volumen para la reflexión y debate en la construcción de la Memoria Histórica Militar, bajo la dirección del señor Mayor General Nicacio de Jesús Martínez Espinel. Esta publicación se realiza en el marco del cumplimiento de la línea de acción estratégica “Construir la Memoria Histórica” de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega para el año 2016, con el apoyo del señor Brigadier General Juan Carlos Ramírez, Jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional.

AGRADECIMIENTOS

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega quiere extender un agradecimiento muy especial a toda la comunidad del Caquetá, el Meta y el Guaviare que participó en el evento realizado el 17 y 18 de junio en la Cámara de Comercio de Florencia para Caquetá, su esfuerzo por asistir desde lugares tan lejanos como La Macarena (Meta), San José del Guaviare, Calamar (Guaviare), San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y Remolinos del Caguán, es invaluable y será recordado en el futuro como un aporte a la construcción de paz, su participación fue y será el centro de gravedad de esta investigación. Los autores agradecen a todas las instituciones civiles, militares y académicas que apoyaron con medios logísticos, información, personal y tiempo para el desarrollo de esta investigación cualitativa del conflicto, en especial, a los que participaron activamente en el desarrollo del foro “Posconflicto, una oportunidad para el desarrollo”. No hubiese sido posible la confección de este texto sin la participación directa de cada una de estas. Estas son: •

Comando General de las Fuerzas Militares

•

Comando del Ejército Nacional

•

Departamento Jurídico Integral del Ejército

•

Fuerza de Despliegue Rápido

•

Comando Específico de Oriente

•

Comando Específico del Caguán

•

Oficina del Alto Comisionad para la Paz

•

Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega

•

Gobernación del Caquetá

•

Alcaldía de Florencia

•

Personería de Florencia

•

Procuraduría Regional del Caquetá

•

Dirección seccional de Fiscalía Caquetá

•

Defensoría del pueblo seccional Caquetá

•

Cámara de Comercio de Florencia para Caquetá

•

La organización de Estados Iberoamericanos

•

Pontifica Universidad Javeriana

•

Universidad Pontificia Bolivariana

•

Universidad Libre

•

Universidad Militar Nueva Granada

•

Universidad de la Amazonia “Uniamazonia”

•

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN

•

Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD

•

Corporación Universitaria Minuto de Dios “Uniminuto”

“El soldado no camina por andar, el soldado camina para construir. El soldado no porta las armas de la República para intimidar, sino para prevenir. El soldado no dispara su arma para matar, la dispara para defender” Coordinación Editorial

ÍNDICE Presentación 23 Prefacio 27 Prólogo 29 PRIMERA PARTE - PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA DEL CONFLICTO 31 INTRODUCCIÓN - Bases teóricas de la Propuesta 37 Propuesta institucional para la pedagogía de la Memoria Histórica Militar 40 Bibliografía 43 Retos para la gobernabilidad en escenarios posconflicto Introducción El contexto de las reformas. Proceso de paz y posconflicto Los retos para la gobernabilidad regional en el posconflicto La agenda para el posconflicto La transformación de las Fuerzas Militares. Horizontes de futuro para la Fuerza de Tarea Conjunta Omega Bibliografía

45 45 47 49 56 57

Los retos derivados del Derecho Internacional Humanitario Definición de Derecho Internacional Humanitario Derecho Internacional Humanitario y Constitución Política de 1991 Justicia Transicional y Derecho Internacional Humanitario Derecho Internacional Humanitario, Acuerdo de Paz y Comunidad Internacional Conclusiones Bibliografía

61 61 62 63 64

65 66

SEGUNDA PARTE - LA SOCIEDAD Y LAS FUERZAS MILITARES Integrando esfuerzos Un foro para la construcción social ¿Por qué apostarle a la construcción de la Memoria Histórica desde lo militar? Conclusión Referencias

67 71 72 74

Análisis cualitativo y cuantitativo: encuestas Anexos

77 81

TERCERA PARTE - INTERIORIZANDO VALORES Propuesta de método para plantear una política pública de reconciliación social Marco general del método utilizado: un modelo ideal Referentes metodológicos en perspectiva teórica Conclusiones Bibliografía

95 99 101 107 110 112

Construcción de valores para la paz Introducción Buscando la justicia social con base en los valores Rápido repaso de algunas experiencias internacionales Los valores para la paz Bibliografía

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CUARTA PARTE - UNA PROPUESTA INNOVADORA Proyecciones sobre el posconflicto a través de las historias de vida de los habitantes de la región Meta-Guaviare; una nueva oportunidad para la paz Introducción Metodología Contexto general: Evolución del conflicto armado interno colombiano Nacimiento (1964 -1981) Consolidación (1982-2002)

121 127

75 76

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Declive de las fuerzas guerrilleras (2003-2004) Las historias de vida en el piedemonte llanero: el conflicto desde otra mirada Miembros uniformados activos del Ejército Nacional Población urbana Campesinos Conclusiones Referencias

139 141

La educación, la base para el posconflicto Referencias

153 160

142 144 146 149 150

Minas y víctimas 163 Contextualización 163 Mina antipersonal como Infracción Grave al Derecho Internacional 164 Humanitario Daños superfluos y conflicto armado interno 165 La relación entre Fuerzas Militares (FUTCO) y población civil en 163 el Caquetá La perspectiva de género en la memoria histórica del conflicto: memoria, 166 verdad y reparación Conclusiones 167 Referencias 168 El liderazgo regional de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega Introducción El abandono, el problema Una familia pobre El padrino armado Referencias

171 171 172 175 176 177

Este texto es producto de cada uno de los debates y ponencias que tomaron lugar en el foro: posconflicto una oportunidad para el desarrollo, evento que se caracterizó por ser una propuesta innovadora y única en el mundo realizada desde la institucionalidad militar hacia la población civil, potencializando el liderazgo regional de las Fuerzas Militares. El objeto de investigación se limitó espacialmente al teatro de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y materialmente a cinco grupos temáticos producto de un trabajo etnográfico realizado al comienzo del 2016, estos grupos fueron: (1) sociedad civil y relaciones cívico militares, (2) salud y seguridad, (3) víctimas y minas, (4) narcotráfico y desarrollo agrícola, (5) posconflicto: impacto social y económico. La apertura al diálogo, al debate, a la información y, por sobre todo, a la diferencia, hace que este trabajo sea un producto serio que coadyuve y oriente de manera efectiva en el diseño de políticas públicas locales, regionales y nacionales con el ánimo de materializar una sociedad próspera y en paz.

This text is a product of each of the debates and presentations that took place in the forum: postconflict an opportunity for development, an event that was characterized by being an innovative and unique proposal in the world made from the military institutions towards the civilian population, strengthening the regional leadership of the Armed Forces. The research object was limited spatially to the theater of operations of the Omega Joint Task Force and materially to five thematic groups produced by an ethnographic work carried out at the beginning of 2016, these groups were: (1) civil society and civic military relations, 2) health and safety, (3) victims and mines, (4) drug trafficking and agricultural development, (5) post-conflict: social and economic impact. Openness to dialogue, debate, information and, above all, to difference, makes this work a serious product that contributes and guides effectively in the design of local, regional and national public policies with the spirit to materialize a prosperous and peaceful society.

Dieser Text ist ein Produkt von jeder der Debatten und Präsentationen, die im Forum: eine Chance für die Entwicklung der Post-Konflikt, ein Treffen, dass ein innovatives und Vorschlag einzigartig in der Welt vorausgesetzt hat, die aus den militärischen Institutionen mit die Zusamenarbeit der Bevölkerung formuliert war, die im Bezug auf der Stärkung der regionalen Führung der Streitkräfte zu verbessern. Das Forschungsobjekt wurde räumlich auf das Theater von Operationen der Omega Straitmacht beschränkt, die mit einer ethnographischen Arbeit produziert wird. Die Gruppen wird im 2016 angefangen, Diese Gruppen waren: (1) Zivilgesellschaft und Bürger militärischen Beziehungen, 2) Gesundheit und Sicherheit, (3) Opfer und Minen, (4) Drogenhandel und die Entwicklung der Landwirtschaft, (5) Konflikten: soziale und wirtschaftliche Auswirkungen.

A toda la comunidad del Caquetรก, Meta y Guaviare que han vivido en medio del conflicto armado, porque su dolor, angustia y temor serรกn cosa del pasado.

PRESENTACIÓN

El contexto del conflicto armado colombiano ha sido completamente distinto a los demás países latinoamericanos. Colombia es reconocida en el mundo, por sus operaciones militares y por su legitimidad en el uso de la fuerza, en esta no hay una guerra civil como lo han sostenido algunas prestigiosas casas de estudios, centros de pensamiento, importantes juristas, politólogos y sociólogos. En términos del profesor Eduardo Pizarro Leongomez, y de otros tantos estudiosos de la realidad nacional, Colombia se encuentra lejos del escenario de las confrontaciones bélicas que tuvieron lugar durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Esto obedece, en buena parte, a que las Fuerzas Militares colombianas no son deliberantes, lo que implica que tienen el derecho legítimo y aún la necesidad de contribuir a su propia historia institucional y a la historia del conflicto. La mayoría de los ejércitos del mundo en sus distintas maneras hacen este tipo de trabajo, mantienen dependencia encargadas de la historia, enseñan historia militar en sus colegios y escuelas superiores, construyen museos y monumentos que rinden homenaje a la memoria de los caídos en acción. Las Fuerzas Militares siempre han contribuido a la paz; por eso, deben participar del derecho y el deber a la memoria y a la verdad histórica como tareas fundamentales de su quehacer actual. Los soldados que a lo largo de estas décadas han ofrendado su vida e integridad, no pueden quedar en el anonimato, pues sus hechos, sus hazañas, y aun sus yerros, deben quedar inscritos en esa historia que no es del todo pasado, sino una historia viva que debe perpetuarse y renovarse a través del tiempo. Estamos en un momento muy importante, un punto de inflexión en la historia de Colombia que particularmente los hombres que integran la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, conocen con detalle, la conocen porque la han vivido, porque han sido testigos de excepción del drama de las víctimas que este conflicto ha dejado a la sociedad. Ellos que se han jugado la vida en cada operación, que han soportado con estoicismo las tensiones propias del campo de combate, que han trasegado por valles y montañas lejos de los grandes centros urbanos ¡sí que saben del valor de la paz! del profundo

deseo que tienen los habitantes del suroriente del país, por vivir tiempos donde puedan desarrollar a plenitud sus potencialidades, en medio de condiciones de seguridad, avanzando en sus proyectos individuales o colectivos sin verse sometidos a la extorsión y demás hostilidades. Por ello, ¡gracias soldados por su labor, por la contundencia en las operaciones y por el compromiso con la patria!, pues en virtud de su esfuerzo hoy podemos decir, con profundo orgullo y satisfacción, que estamos cerca de poner fin a este cruento conflicto. Firmado el acuerdo con las FARC, los colombianos anhelamos que el posconflicto se convierta en un periodo de transición que conduzca al fortalecimiento institucional, la profundización de la democracia, el restablecimiento de la convivencia social y la consolidación de la seguridad. Este periodo cuya temporalidad es difícil establecer, exigirá fortaleza a las Fuerzas Militares para seguir desarrollando operaciones contra reductos de los grupos armados ilegales que tomen la decisión de no participar en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, grupos que se rearmen y tomen la decisión de volver a delinquir, y contra otras expresiones armadas que surjan en áreas de influencia de aquellos que tomaron la decisión de desmovilizarse, específicamente en zonas de valor estratégico para el narcotráfico y la minería criminal. En tal sentido, las Fuerzas Militares junto a la Policía Nacional tendrán que garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno voluntario de los desplazados a sus zonas de origen. En este proceso, y en otras labores de asistencia humanitaria, a víctimas del conflicto, la interacción de miembros de las Fuerzas Militares con las comunidades, con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales generará nuevas relaciones y experiencias de cooperación civil - militar de gran valor para la construcción de paz en el pos acuerdo. Sea cual fuere el futuro, las Fuerzas Militares dados sus recursos, capacidades logísticas, de movilización y su presencia en áreas críticas, jugarán un papel de gran importancia en labores asociadas con la rehabilitación y reconstrucción del país con miras a facilitar su desarrollo socioeconómico, generando de esta manera nuevas oportunidades para la población civil especialmente en zonas rurales, de tal forma que se desincentive un retorno a la violencia o el incremento de la criminalidad. El país debe tener claro que sin control territorial, sin el monopolio de las armas por parte del Estado, toda violencia se recicla. Por ello aquellas voces que hablan de reducción o debilitamiento de estas Fuerzas Militares deberían estudiar a profundidad las lecciones derivadas de la experiencia nacional e internacional, para no caer en equívocos. Un territorio con minas es un territorio en conflicto que se constituye en amenaza permanente, pues no es posible el desarrollo rural integral si el territorio está minado. Por tanto, las Fuerzas Militares seguirán fortaleciendo sus capacidades para el desarrollo de labores de desminado con fines humanitarios, más aún, si esta se da en un

proceso participativo con las comunidades afectadas, lo cual representará un aporte significativo a la reconciliación. Por todo lo anterior, la transformación y modernización en que están empeñadas las Fuerzas Militares, en un trabajo iniciado en el 2011, permitirá cumplir los retos y desafíos del pos acuerdo, articulando todos los esfuerzos para generar la interoperabilidad necesaria que facilite la articulación institucional en aras de seguir fortaleciendo los niveles de seguridad y convivencia pacífica, mediante la mitigación de cualquier tipo de amenaza contra la tranquilidad de los colombianos. Nuestro destino tendrá que ser el de un país en paz, en democracia, con plena vigencia de las libertades públicas y los derechos de nuestros ciudadanos garantizados por unas Fuerzas Militares plenamente conscientes de su responsabilidad histórica. Los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia seguirán siendo una móvil semblanza del pasado, una fuerza vibrante de fe en el presente, una esperanza de firmeza en el futuro, en días en que Colombia habrá de reencontrarse a sí misma en un silencio de fusiles que aproxime los espíritus. Días que deseamos con fervor, para que ese tricolor desgarrado en la borrasca, impregnado del sacrificio de tantos soldados, marinos, pilotos, infantes y policías caídos en la batalla, vuelva a flotar sobre la paz reconquistada, para transitar por caminos de reconciliación, justicia y prosperidad. ¡Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar!

GENERAL JUAN PABLO RODRÍGUEZ BARRAGÁN Comandante de las Fuerzas Militares

*Palabras pronunciadas en la apertura del foro: Posconflicto, una oportunidad para el desarrollo, evento organizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega el día 17 y 18 de junio de 2016 en Florencia, Caquetá.

PREFACIO

El liderazgo como elemento fundamental del militar en la conducción de operaciones, conlleva al éxito en el direccionamiento de un grupo de personas en las situaciones más difíciles. Representando muchas veces la única forma de Estado que llega a hacer patria a una porción de territorio, a lo que se le atribuyen muchas responsabilidades que no han sido inferiores a los retos alcanzados. Colombia se ha forjado al hombro del soldado con el desarrollo de operaciones militares buscando la integración territorial para que el Estado Social de Derecho sea el común denominador, que permita a cada persona poder materializar sus sueños de bienestar y tranquilidad, siendo esta una premisa de la labor militar, para ello el líder militar ha contribuido con el fortalecimiento, desarrollo y crecimiento de la nación. El liderazgo de un Ejército que logra la paz expande el significado de ser militar, pues no solo se limita al estricto uso de las armas como el imaginario colectivo quizás lo define, sino que representa un apoyo total a todas y cada una de las instituciones que brindan prosperidad al pueblo colombiano, porque cada acción y operación militar se desarrolla en cumplimiento de la misión Constitucional: la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, aportando al fortalecimiento de la unidad de la nación bajo las premisas del respeto por los derechos fundamentales, dentro de un marco jurídico democrático y participativo, como lo fue el espíritu de la Constitución de 1991. El liderazgo del soldado colombiano en cada una de las esferas del país representa los laureles de la victoria militar; cada sonrisa, proyecto y sueño de un colombiano es el mejor tributo que se le puede ofrendar como gratitud plena a la labor militar.

GENERAL ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO Comandante del Ejército

PRÓLOGO

Más que militar es una compilación textual de experiencias obtenidas en la construcción de Memoria Histórica Militar que ha realizado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega con un grupo interdisciplinario de académicos, donde han participado varias instituciones de educación superior y autoridades civiles del orden nacional y local. Su pretensión es convertirse en un libro de referencia a los investigadores futuros de la memoria histórica y la historia propiamente dicha, pero también, en un texto de consulta general para conocer la mirada del conflicto desde un punto vista diferencial. La mayor experiencia fue la realización del foro “Posconflicto, una oportunidad para el desarrollo”, donde se innovó la forma de acercarse con la población civil por parte de las Fuerzas Militares, configurándose en la vanguardia de la investigación social para la memoria del conflicto. El texto que aquí se presenta ofrece los resultados de la Primera Conferencia de Consenso realizada en el marco de los procesos de construcción de la Memoria Histórica de las Fuerzas Militares en el mundo, y en particular por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, unidad protagonista de la gran campaña militar que condujo a la finalización del conflicto. En este sentido, la construcción de memoria histórica debe ser pensada con un doble objetivo, primero que sirva para sanar heridas y re-educar a una Colombia que tiende a olvidar su pasado, segundo que mire necesariamente hacia el futuro de una Colombia sin conflicto, de manera colectiva en donde no prime el señalamiento y la culpabilidad, sino en donde no se permita un Estado como actor que ‘desmemorialice’ los hechos del conflicto colombiano y se excluya de esta manera del proceso. En cualquier caso, debe ser institucionalizada igualando al Estado con la sociedad civil −tanto directamente afectada como no−, para el éxito de procesos duraderos de paz que primen la revisión del aparato estatal, la vinculación del mismo en el conflicto, y la consumación de una rendición de cuentas por parte de este. A este respecto, este documento presenta las conclusiones de este foro, recogiendo sendos informes académicos, sin pretensión de erudición, en cuatro partes: una primera, que recoge líneas para la pedagogía de la memoria del conflicto; la segunda, análisis

cuantitativo y cualitativo de la primera experiencia de las conferencias de consenso en la construcción de memoria; la tercera, exhibe el discurso en la construcción de valores para la paz; la cuarta, presenta una propuesta innovadora. En este compendio de informes no se intenta emular un documento científico, pero sí se formula una generación del conocimiento sobre la realidad sentida del conflicto en esa región del país, lo que radicaliza la alianza Fuerzas Militares y sociedad civil como unidad afinada para la paz y el progreso.

MG. NICACIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega

PRIMERA PARTE PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA DEL CONFLICTO

Frente a los retos que trae el posconflicto a todas las instituciones púbicas del país, está el de trabajar en una sinergia funcional, que permita una sincronía en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, permitiendo la materialización de las expectativas colectivas de una sociedad mejor. En este sentido, las Fuerzas Militares de Colombia tienen un sinnúmero de actividades que deben desempeñar en camino a hacer realidad una paz estable y duradera; una de estas es la participación activa en la construcción del tejido social y económico de la comunidad, evento que no es ajeno a la labor natural del soldado. Las comunidades que han sido destinatarias de las operaciones militares, han sido beneficiadas con la acción integral, como esa quimera que transforma las necesidades de un pueblo en elementos reales de servicio y utilidad social, por eso la construcción que en adelante se debe de hacer de lo social y lo económico debe trascender obras y proyectos materiales y buscar escenarios de construcción cognitiva, de valores y cultura. Es por ello que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega como una Unidad militar que ha sido diseñada para una consolidación militar en el área de retaguardia de las FARC −grupo armado ilegal, actor del conflicto durante 52 años− ha llevado a todos los rincones de su teatro de operaciones −Meta, Guaviare y Caquetá− un progreso irreversible en el campo social y económico, dado que la presencia del soldado permite el ingreso de inversión, conocimiento y sentido de pertenencia, posibilitando así que la población civil, con una percepción mucho más favorable de seguridad pueda realizar sus proyectos como punta de lanza del desarrollo social. En consecuencia y visualizando los nuevos retos, se realizó una propuesta de debate mediante la conferencia de consenso, como metodología discursiva de elementos comunes entre población y Fuerzas Militares, en el marco de una actividad académica,

convergiendo en esta instituciones de educación superior, instituciones públicas y privadas y toda una población con expectativas de ser escuchados. La academia, interesada por el futuro y comprometida con la evolución social, recogieron muchas inquietudes de la comunidad y con base en estas presentó algunas hipótesis e ideas que seguramente servirán como insumo de políticas públicas para el bien común. Una experiencia única en el mundo, pionera de una inserción total de las Fuerzas Militares con la comunidad y, por sobe todo, dejando huella en la mente de todos aquellos que participaron del debate, ratificando una vez más que las Fuerzas Militares son imprescindibles para la sociedad. De este mismo modo, es importante que los retos de gobernabilidad sean compartidos con las instituciones del orden central, dado que estas agrupan el sentir nacional, pero sobre todo, son herramientas eficaces que tiene el deber de coadyuvar en lo local. Aplicar estos retos del posconflicto omitiendo la observancia y la utilidad del Derecho Internacional Humanitario, será desconocer herramientas que puedan ayudar a esclarecer muchos hechos, que mirado desde un punto de vista independiente serán reprochados, pero si se ajustan a unas reglas del conflicto facilitan los escenarios de perdón y reconciliación.

FIRST PART PEDAGOGY OF THE MEMORY OF CONFLICT

Faced with the challenges posed by postconflict to all public institutions in the country, they have to work in a functional synergy, allowing a synchrony in the fulfillment of the essential purposes of the State, allowing the materialization of the collective expectations of a better society. In this regard, the Colombian Armed Forces has a number of activities that they must carry out in order to achieve a stable and lasting peace; one of these is the active participation in the construction of the social and economic life in the community, an event that is not alien to the natural work of the soldier. Communities that have been the target of military operations have benefited from comprehensive action, such as that chimera that transforms the needs of the people into real elements of service and social utility, for that reason, the construction that must be done of the social and economic life must transcend works and material projects and look for scenarios of cognitive construction, values and culture. It is for this reason that the Omega Joint Task Force as a military unit that has been designed for a military consolidation in the rear area of the FARC - illegal armed group, actor of the conflict during 52 years - has taken to all the corners of its theater of operations - Meta, Guaviare and Caquetá - an irreversible progress in the social and economic field, given that the presence of the soldier allows the entrance of investment, knowledge and sense of belonging. Allowing civilians with a much more favorable perception of security to carry out their projects as a spearhead of social development. Consequently, and visualizing the new challenges, a proposal of debate was made through the consensus conference, as discursive methodology of common elements between population and Military Forces, within the framework of an academic activity, converging in this, institutions of higher education, Public and private institutions and a whole population with expectations of being heard. The academy interested in the

future and committed to social evolution, gathered many concerns of the community and based on these presented some hypotheses and ideas that will surely serve as input of public policies for the common good. A unique experience in the world, pioneering a total insertion of the Military Forces with the community, leaving a mark in the minds of all those who participated in the debate, once again confirming that the Military Forces are essential to society. In the same way, it is important that the governance challenges be shared with the institutions of the central order, since these group the national feeling, above all, they are effective tools that have the duty to contribute in the local areas. Applying these postconflict challenges omitting the observance and usefulness of International Humanitarian Law will be to ignore tools that can help clarify many facts that, viewed from an independent point of view, will be reproached, but if they adjust to conflict rules, they facilitate scenarios of forgiveness and reconciliation.

ERSTE TEIL DIE PÄDAGOGIE DER GEDÄCHTNIS DES KONFLIKTES

Angesichts der Herausforderungen dass, der Konflikt für alle Institutionen des Staates bringt, ist es wichtig einer funktionellen Synergie zu arbeiten und die konstitutionelle Ziele zu erreichen; so dass eine Synchronität in die wesentlichen Zwecke des Staates zu erfüllen, die die Umsetzung der kollektiven Erwartungen einer besseren Gesellschaft zu grunden. In diesem Sinne, haben die Streitkräfte von Kolumbien Unmenge Aktivitäten im Bezug einem Stabile und dauerhaft Friedens erfüllen; eine davon ist es die tätige Partizipation für die soziale und ökonomische Gewebe der Gesellschaft zu setzen. Diese Situation nicht fremd für die Soldaten. Deshalb die Gemeinde Streitkraft Omega, als militär Einheit, dass die für die militarische konsolidierung in die das Nachhunt Gebiet der FARC –illegale bewaffnette Gruppe, Akteur des Konfliktes durch 52 Jahre- konstituierte war. Sie hat durch alle Ecke des operationelles Territorium – Meta, Guaviare und Caquetá- einer irreversibel soziale und ökonomische Progress festgelegt, dadurch die Präsenzs mit sich der Soldat die Investment, Wissens und Eigentum Sinne mitgrebracht. Deshalb die Gemein Streitmacht Omega, als militär Einheit, dass die für die militarische konsolidierung an der Nachtrupp der FARC –illegale Bewaffnete Gruppe, Akteur des Konfliktes durch 52 Jahre- konstituierte war. Sie hat durch alle Ecke des operationelles Territorium – Meta, Guaviare und Caquetá- einer irreversibel soziale und ökonomische Progress festgelegt. Dadurch die Auftreten der Soldat die Investment, der Wissens und regional Zugehörigkeit mitgebracht.

INTRODUCCIÓN Bases teóricas de la Propuesta Grupo

de trabajo

Memoria Histórica Militar FUTCO1

Hacer Memoria Histórica no es solo hacer una reconstrucción del Pasado. En otras palabras, la enseñanza de la historia del conflicto va mucho más allá de que el alumno comprenda racionalmente los procesos históricos, y los someta a un proceso de objetivación progresiva, sino que busca la recuperación de los testimonios, vivencias y experiencias que permitieron a los hombres de las Fuerzas Armadas modelar transformaciones del Estado Social de Derecho, y con ello las transformaciones de la sociedad. Aunque suene reiterativo, la discusión sobre su implementación se sitúa en el centro de los procesos de debate para una re-comprensión de los espacios democráticos contemporáneos en sociedades en posconflicto o pos-acuerdo puesto que estos relatos se ubican en los procesos de legitimidad de las acciones de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional legal. Ello con el fin de proyectar su imagen institucional hacia el inmediato futuro, al igual que la reivindicación de su rol en las futuras condiciones para la promoción de la democracia en Colombia. En este orden de cosas, el factor central de los ejercicios de la memoria enfila sus baterías en la función social que tiene esta; ello en el plano de garantizar espacios de reconciliación en una sociedad fragmentada por las violencias. El actual proceso de paz imprime unas condiciones históricas y sociales particulares en este proceso de transformación. Ello, a pesar de que éste tenga un final exitoso, de antemano plantea que la salida al histórico proceso de conflicto armado interno debe ser política con auspicio del esfuerzo militar eficiente. En efecto, es clara la necesidad 1. Grupo Memoria Histórica Militar MHM FUTCO, Mg. Nicacio de Jesús Martínez Espinel. My. Juan Camilo Mazo Arboleda. Ct. Jorge Mauricio Cardona Angarita. Roberto García Alonso, Ph.D. Luis Felipe Vega Díaz, Ph.D. Bg (Ra) Fabricio Cabrera Ortiz, Master. Mario Arroyave Quintero, Ph.D.

de que en este horizonte la actividad estratégica de las Fuerzas Militares para combatir las amenazas, en términos de operaciones militares específicas será imprescindible, pero sin duda, las Fuerzas Militares necesitarán institucionalmente avanzar en los mecanismos que le permitan desarrollar actividades complementarias para alcanzar los fines planteados por el Estado en su marco constitucional. En este sentido, la capacidad militar se convierte no solo en un conjunto de acciones de fuerza, sino que se acompañan de procesos de transformación para el mejoramiento de las capacidades institucionales del Estado a través de la acción y la gestión política en procura de la consecución de una paz estable. Desde esta perspectiva se pretende fortalecer la relación entre la sociedad y las Fuerzas Militares a través de la producción de su Memoria Histórica del Conflicto, pero también contribuir al mejoramiento de la identidad que cada uno de los miembros actuales de las Fuerzas Armadas tiene sobre el rol que desempeña en la sociedad al igual que los sacrificios que otros miembros anteriores a su presencia, al igual que ellos, construyeron. Esto no significará negar u ocultar los desaciertos y las actitudes reprochables por su poca moralidad o que causan indignación; sin embargo, estas deben ser relacionadas en el marco de un compromiso ético que se fue desarrollando durante un largo trasegar histórico, y es en dicho contexto como deben ser entendidos y como deben ser analizados, sin desvirtuar los daños que dichas acciones causaron en la sociedad y al mismo tiempo en la estructura institucional de las Fuerzas Armadas. Por tanto, según lo anteriormente desarrollado, la manera de concebir la memoria histórica está necesariamente ligada a una propuesta institucional que abarca lo colectivo y propone la participación directa del Estado, a través de las diferentes instituciones públicas, nacionales, regionales y locales, a través de las Fuerzas Armadas y de la propia sociedad civil, como actores que viven y hace parte del conflicto. En esta, la construcción de memoria histórica ha sido pensada con un doble objetivo, primero que sirva mire hacia el futuro, y que sin olvidar su pasado lo recuerde con miras hacia la reconciliación social. Segundo, de manera colectiva en donde no prime el señalamiento y la culpabilidad, sino en donde no se permita un Estado como actor que ‘desmemorialice’ los hechos del conflicto colombiano y se excluya a nadie del proceso. En cualquier caso, debe ser institucionalizada igualando al Estado con la sociedad civil (tanto directamente afectada como no), para el éxito de procesos duraderos de paz que primen la revisión del aparato estatal, la vinculación del mismo en el conflicto y la consumación de una rendición de cuentas por parte de éste. Esta propuesta institucional está inspirada en los llamados modelos deliberativos de la democracia. La deliberación es un ideal de legitimidad de las decisiones que no solo consiste en otorgar y darse mutuamente razones, sino que normativamente viene sujeto a una serie de condiciones: debe garantizarse una plena inclusión; los participantes se conciben a sí mismos como libres e iguales, tienen los mismos derechos y posibilidades de proponer temas, expresarse y replicar; se garantiza la ausencia de

coacciones y de cualesquiera condiciones que puedan alterar un genuino devenir racional de la discusión, etc… La deliberación se proyecta así como el horizonte normativo a la hora de construir un genuino espacio público, donde la sociedad, respetuosa del marco de los derechos humanos, del respeto, escrupulosa a las diferencias y la pluralidad de puntos de vista, enmarca procesos de construcción de vida juntos. La deliberación incorporaría en su seno las condiciones adecuadas tanto para paliar las deficiencias informativas y de calidad de los procesos de formación del juicio político, como para resolver las limitaciones estructurales para una adecuada sanción en su caso (enforcement). Al tiempo, es entendida como un proceso abierto que se dilata a lo largo del tiempo y que está basado en un intercambio público de razones entre iguales, razones que son testadas y evaluadas en un libre diálogo público. En este sentido, inspira un ideal de cosas que asumimos como deseable no solo porque las decisiones alcanzadas sean más racionales, sino también porque podría resolver los problemas que aquejan a nuestras instituciones representativas. El proceso dialógico y continuo que se propone podría proporcionar un contexto más adecuado para la rendición de cuentas que el control laxo y periódico a que dan lugar las elecciones. Al mismo tiempo, los principios ideales que la inspiran podrían actuar como un “ideal regulativo”, es decir, como estándares de crítica de la realidad existente a la vez que como criterios de evaluación de los procesos deliberativos reales. La interrelación entre conflicto y consenso significa la existencia de una secuencia en la que el conflicto es el punto de partida y el consenso es el punto de llegada. La deliberación entendida como proceso y no como mecanismo de toma de decisiones implicaría que la función de la misma no es otra que la de influir y controlar los procesos de toma de decisiones, no la adopción de una decisión. No se niega ni se prejuzga la posibilidad de que estas decisiones puedan tomarse por consenso, pero lo importante no es el resultado, sino la aceptación del diálogo “como vía, de la composición de pareceres sobre la base del intercambio de informaciones y posturas” (Prieto, 2003, p. 289). En nuestras actuales sociedades pluralistas, el consenso sustantivo parece por lo pronto inalcanzable; deberíamos desconfiar de resultados tan extraños y poco probables como el consenso o la homogeneidad de pareceres; es más, su sola presencia nos alerta de la posible existencia de una minoría silenciada. Esta apuesta deliberativa no puede ocultar su compromiso con una opción bien clara de vida, en claro detrimento de otras. Sin embargo, “con ello no desmiente una neutralidad entendida como la posibilidad declarada de resolver las controversias de modo inclusivo e igualitario, de prestar audiencia a todos los intereses y desactivar todas las posiciones de poder que pudieran frustrar un intercambio fructífero y fluido de pareceres” (Prieto, 2003, p. 287). La mejor manera de aprehender el valor real de la deliberación pasa necesariamente por asumir un compromiso ético por el valor del diálogo, al mismo tiempo que por asumir la bondad instrumental del consenso, o lo que es lo mismo, asumir la importancia de llegar a acuerdos a efectos prácticos y políticos sobre los procedimientos y caracteres del proceso deliberativo, sin que ello

necesariamente excluya la posibilidad misma de una racionalización de los conflictos y las decisiones políticas. El énfasis se situó, por lo tanto, en intentar crear un nuevo mecanismo de participación a través del cual se animase a la ciudadanía a implicarse en la toma de decisiones, superando la tradicional desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. La existencia de una sociedad civil vivaz y pluralista sirve de base fundamental para la creación de genuinos espacios públicos. Solo una sociedad civil informada conforma la antesala necesaria de la formación de la opinión y la voluntad colectivas. El tratamiento y las condiciones bajo las cuales operaría la deliberación, tales como el debate razonado y la fuerza del mejor argumento, se presentan como remedios para enfrentar el desacuerdo moral, al mismo tiempo que permite la posibilidad de llegar a mejores decisiones, mejores y más racionales, que las que se podrían obtener con respecto a los mecanismos propios de la democracia liberal de carácter agregativo, tales como la negociación o el voto. En este orden de cosas, este modelo aparece así como idóneo en horizontes de construcción de memoria. Desde este punto de vista, la creación de la memoria histórica ya no tiene una consideración pre-política, ni muchísimo menos apolítica o anti política, sino al contrario, una consideración propiamente política. La presencia activa de la sociedad civil es cuando menos garantía de pluralidad en la recepción de intereses y de su transmisión eficaz a las autoridades e instituciones del sistema político. La deliberación democrática aparece entendida como una comunicación limitada normativamente que tiene por objeto modificar el contenido de, la intensidad, o la razón de las preferencias, creencias, acciones o la interpretación de los interlocutores con respecto a asuntos de interés público (Neblo, 2005, p. 174). Para ello, el proceso deliberativo tiene que cumplir los siguientes rasgos: la inclusión real o potencial de todos los afectados por las decisiones, la igualdad de derechos de todos los participantes en la discusión, la ausencia de cualesquiera presiones que puedan llevar a los individuos a cambiar sus posiciones por razones distintas a la fuerza del mejor argumento, tiene carácter público (al contrario del voto, que es secreto) es decir, está basada en ofrecer, sopesar, aceptar o rechazar razones y orientada a intentar alcanzar un acuerdo, el consenso entre todos los participantes. De este modo, la estructura general de los espacios públicos van encaminada a dar cuenta de la espontaneidad de la constitución e intercambio de posturas, la fugacidad de la atención, la informalidad en la comunicación, la susceptibilidad a la manipulación y la existencia de intereses enfrentados y el disenso como seña de identidad.

Propuesta institucional para la pedagogía de la Memoria Histórica Militar La propuesta institucional planteada en el Foro respondió a estos requerimientos. El foro, en cuanto mecanismo que contribuya a la construcción colectiva de la memoria

del conflicto, se basa en la metodología propia de las conferencias de consenso y de las encuestas deliberativas, ambas metodologías planteadas e ideadas desde el ámbito académico y político. Las conferencias de consenso como modelo se basan en el establecimiento de un conjunto de reglas encaminadas a garantizar el diálogo informado y abierto entre expertos y legos para llegar a conclusiones en conjunto. Es un método para la evaluación de temas de interés político y social que se basan en la discusión entre expertos y ciudadanos. Los expertos deben representar diferentes disciplinas y puntos de vista, mientras que el panel de ciudadanos debe componerse de personas legas, es decir, sin conocimientos sobre el tema en discusión ni un interés especial en él. Al final de la conferencia los ciudadanos expresan sus opiniones y recomendaciones en un informe consensuado dirigido a las autoridades que formulan las políticas y toman las decisiones, y al público en general. Por su parte, en comparación con una encuesta tradicional, la Encuesta deliberativa conlleva retos adicionales desde el punto de vista organizativo y logístico. A la lógica de medición cuantitativa de las opiniones y actitudes de la población, característica de cualquier tipo de encuesta, se le añade una lógica informativa ya que entre los objetivos que se persiguen con esta técnica está el de aportar información detallada a los participantes en el foro sobre el tema objeto de estudio. En este sentido, la información a los entrevistados (y potenciales participantes) empieza poco después de que expresen su voluntad de participar en el foro, pero la selección de la información, la preparación y edición de los documentos pertinentes, empieza mucho antes, casi en el mismo momento en el que se concibe la encuesta deliberativa y corre paralela a la encuesta inicial. El objetivo en ambos casos es ayudar franquear la brecha que suele existir entre el público, los expertos y los políticos. De su mano, la memoria histórica dista de ser solo un espacio de reconstrucción del pasado para convertirse en un elemento consustancial a la vida política democrática normalizada en sociedades posconflicto, toda vez que de ella dependerá el mantenimiento de un espacio público genuino. El Foro se celebró los días 17 y 18 junio de 2016 en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Florencia (Caquetá). La actividad se desarrolló a lo largo de dos días. El primero estaba preparado para someter a los entrevistados a una encuesta previa. La segunda de las jornadas, era el día de la deliberación en sí misma. Esta jornada estaba dividida en dos partes fundamentales. La primera de ellas y en consonancia con las exigencias deliberativas, era de carácter informativo, pero en ella además de información acerca del tema, se les informó acerca de los niveles de participación estudiantil en las elecciones universitarias y de las características que deben cumplir los espacios de deliberación. La conferencia de Consenso se centró en tema del Posconflicto como oportunidad para el desarrollo. La elección del tema radicó en la necesidad de encontrar una temática que permitiera centrar la discusión de la memoria en torno al papel activo de los miembros de las Fuerzas Militares en la zona desde una perspectiva propositiva. Así, el terreno

a que nos lleva este debate teórico tiene que ver con la concepción acerca de la memoria histórica, ya no solo entendida como la memoria de las víctimas y de la sociedad sino de la necesidad de incorporar a otros actores, en particular los miembros activos y retirados de la Fuerza Militar. En este orden de cosas, como establece Murillo en su aporte a este libro, el modelo ideal que se buscó debería dar lugar a la creación de una política pública de reconciliación social que abra las posibilidades de lo justo y lo efectivo en este tipo de iniciativas alternas a la conflictividad. La delimitación de dos hipótesis delinearon el camino sobre el cual se trabajó el cómo indagar analíticamente la problemática de los pos-acuerdos y, posteriormente, posconflicto. En particular, es importante resaltar que, desde este punto de vista, un proceso de reconciliación social es justo cuando contiene el elemento deliberativo como espacio de imparcialidad en el que los intereses de todos los miembros son tenidos en cuenta. Y es efectivo cuando los mecanismos institucionales que buscan la convivencia y la coexistencia después del conflicto se fundamentan en bases de institucionalidad guiada por la buena gobernanza y, en última instancia, por la ética pública. Todo proceso de reconciliación social debe contener instrumentos (como la verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón, entre otros), procesos (tiempos y fases) y estructuras que deben respetarse para que el conjunto del proceso, guiado por la justicia y la ética, funcione. Es por esto que su construcción como instrumento para la construcción de paz aparece ligada directamente ya no solo al señalamiento de los actores en función de una búsqueda de la verdad para la reparación de las víctimas –producción de verdades en los marcos históricos–, sino que en aras de la reconciliación es preciso que las políticas oficiales de memoria histórica institucionales deban pensarse en términos de conjuntos y capacidades institucionales que devuelvan al Estado, a sus actores institucionales y a la sociedad en su conjunto la capacidad de contar su historia con objetividad para la compresión colectiva de sus procesos e individualidades, esto es, hacia la construcción del desempeño y evolución de los actores implicados para entender su participación y procesos internos y la necesaria refundación del Estado. Esto sin olvidar que al deber de memoria le acompaña un derecho al olvido, pero no en términos de imponer el autoolvido a la víctima, pues el autoolvido de la víctima traduce su inalienable derecho a olvidar un pasado que le traumatiza. Sino, en términos de propiciar la amnesia institucional, pues en algunos casos el olvido puede ser urgido jurídica y políticamente con el fin de facilitar la reconciliación ciudadana tras los estragos producidos por la violencia (Cfr. Prieto,2012, pp. 195-196). Es por ello que a través de este ejercicio deliberativo se buscó acceder a cada caso para extraer las particularidades asumidas por las dinámicas del conflicto en cada una de las mesas temáticas abordadas, a saber: Sociedad civil y relaciones cívico-militares (Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá), Seguridad y salud pública (Universidad Amazonia), Víctimas y minas (Universidad Pontificia BolivarianaMedellín), Narcotráfico y desarrollo agrícola (Universidad Militar), Posconflicto y pacto social y económico (Universidad Libre). En aras de construir una red de

principios y lineamientos básicos a partir de los cuales definir los retos principales “en el posconflicto” que brinden la posibilidad de definir los elementos fundamentales de políticas públicas con miras a crear dinámicas de cooperación hacia la reconstrucción social, económica y política, después de largos períodos de conflicto y violencia. El documento que aquí se presenta contempla, en primer lugar, los retos fundamentales que enfrentarán las regiones sobre las que se asienta la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en términos de generación de gobernabilidad y de respeto al Estado de Derecho y del marco de derechos humanos, así como se presentan las bases teóricas y metodológicas que brinden la posibilidad de definir los elementos fundamentales de políticas públicas con miras a crear dinámicas de cooperación hacia la reconstrucción social, económica y política, después de largos períodos de conflicto y violencia. Este proceso no hubiera sido posible sin el concurso y apoyo desinteresado de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, del director de la Organización de Estados Iberoamericanos-regional Colombia, Angel Peccis, y del Semillero de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales “Memoria Histórica Militar y Posconflicto”.

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RETOS PARA LA GOBERNABILIDAD EN ESCENARIOS POSCONFLICTO Una mirada regional Roberto García Alonso, PhD Luis Felipe Vega Díaz, PhD2

Introducción Colombia, al igual que la mayor parte de los países de la región, ha realizado importantes reformas institucionales. Haciendo una revisión rápida, las reformas constitucionales de Argentina en 1994, Bolivia en 1995, Colombia en 1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993 son algunos de los ejemplos de profundas reformas institucionales que además determinaron profundas reformas a las Cartas Constitucionales. En aquella ocasión, los procesos que determinaron el rediseño de los Estados en América Latina estuvieron dirigidos por los llamados planes de reforma estructural y tuvieron como finalidad reducir los esfuerzos de los Estados en dar respuesta a las agendas de los ciudadanos, propulsaron de suyo las preocupaciones desde diversos sectores de la sociedad sobre el papel de la calidad en el ejercicio del gobierno y la definición de bienes e intereses públicos para ello. Es en este horizonte de reformas en el que debemos situar el proceso constituyente colombiano de 1991, en tanto que inauguró un proceso de replanteamiento del Estado y la forma como se entendía la administración pública. Este proceso trajo a Colombia 2. Luis Felipe Vega Díaz, Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Roberto García Alonso, Doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Director de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

las reformas estructurales del Consenso de Washington y el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP) o New Public Management (NPM). Esta modernización institucional incluyó el mercado como horizonte de “eficiencia” y como mecanismo de acceso a servicios estatales, y colocó a operadores privados como prestadores directos de servicios sociales o económicos en el marco del interés general y la libre competencia. En este orden de ideas, las condiciones de gobernabilidad supusieron un cambio del rol del Estado como prestador de servicios de interés general a garante de las regulaciones en la gestión de los mismos, trayendo consigo herramientas de planeación operacional, evaluación y control de procesos para desarrollar estrategias en función del control del gasto y de la estabilización de la economía en función de una generación de riqueza con miras a mecanismos indirectos de distribución del ingreso. Sin embargo, este proceso en Colombia durante y posterior a la Asamblea Constituyente de 1991 advirtió unas características fundamentales diferentes a los procesos de la región. La Constitución de 1991 se enmarcó como el punto de culminación de los procesos de negociación con el M-19, el Quintín Lame, el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), la CRS (Corriente de Renovación Socialista) y el EPL (Ejército Popular de Liberación). Los procesos de paz que se desarrollaron durante este quinquenio se caracterizaron por ser altamente parcelados, fundamentalmente por los fracasos previos para la configuración de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Sin embargo, la incapacidad de agregación supuso en aquella ocasión un esfuerzo institucional mayor para ajustar las agendas a los intereses del nuevo diseño institucional. A pesar de los esfuerzos por tratar de establecer una transversalidad en los procesos, estas negociaciones no acabaron con la guerra debido a la renuencia en la participación de sectores fuertes del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo). Sin duda, las nuevas instituciones supusieron el centro de las negociaciones; tanto que es posible afirmar que las negociaciones y firmas de acuerdos pueden entenderse como mecanismos de formalización de agendas de actores políticos en procura de una ampliación de la democracia y la flexibilización de las instituciones en miras a la transformación del régimen político. Esto último, y sin la pretensión de ser reiterativos, puede condensarse en los intentos de profundización de la democracia, la transformación de las estructuras políticas, que tendrían como meta, a su vez, la transformación de las condiciones sociales y económicas (Gútierrez-Sanin, 2011, p. 436). Es por esto, que de manera resumida el nuevo diseño de las instituciones democráticas en la Carta de 1991 se potenció como centro de gravedad: los derechos, los mecanismos e instancias para la garantía y ejercicio de los mismos; aquello que debería ser la estrategia contra las formas de clientelismo, autoritarismo y exclusión heredados de la Carta de 1886. En síntesis, la Constitución de 1991 trató de transformar los modelos burocráticos heredados de la Carta de 1886, ello en aras de superar la imagen de una crisis creciente en relación con la flexibilidad institucional, acceso a las agendas públicas y de los mecanismos de participación que pueden ser sintetizados como ampliación

o apertura democrática. Para el caso particular de Colombia, que no había sufrido como a diferencia de los países del Cono Sur golpes militares o gobiernos autoritarios burocráticos, con excepción del corto periodo de la dictadura de Rojas Pinilla, no le excluyó tampoco del proceso de democratización que caracterizaron las reformas en todo el continente, ello debido a la “centralización del Estado” y la figura del “Estado de Sitio” que habían caracterizado el modelo de administración del Estado en la Carta de 1886 (Gútierrez-Sanin, 2011, p. 439). En síntesis, se puede afirmar que son dos los procesos que determinan la comprensión de la gobernabilidad en Colombia a partir de la Constitución de 1991: por una parte, las transformaciones procedentes del consenso de Washington y la necesidad de garantizar mecanismos eficientes para las metas macroeconómicas que propulsasen el desarrollo de la región; y, por otra parte, los mecanismos de negociación con grupos insurgentes que evidenciaban la caducidad de la Carta de 1886 y la necesidad de ampliación de espacios democráticos.

El contexto de las reformas. Proceso de paz y posconflicto El origen y las causas de estas transformaciones del Estado habría que buscarlos tanto en los planes de ajuste estructural como en las dinámicas propias del proceso de paz anterior y de las demandas emanadas de la implementación de dichos acuerdos. En este orden de cosas, el punto de partida de nuestra reflexión debe situarse nuevamente en este mismo horizonte. El actual proceso de paz que ha iniciado el Gobierno Nacional imprime unas condiciones históricas y sociales particulares. Nuevamente, en las puertas de un escenario posconflicto tras la firma de un nuevo acuerdo de paz en el país, en esta ocasión el proceso es el más complejo y quizás más importante que ha enfrentado el país nunca, pues en este caso es con el grupo FARC-EP, la guerrilla más longeva del continente. En este nuevo escenario, el contexto colombiano actual genera retos dentro de la institucionalidad del Estado y lo obliga a pensar el futuro sin perder su legitimidad, sin comprometer su legalidad, ni arriesgar la seguridad de los ciudadanos. Dentro del proceso de paz que se adelanta entre las FARC y el Gobierno Nacional, aparece así en el horizonte la necesidad de acometer reformas institucionales, que, en el mejor de los casos, al menos posibiliten cuanto menos la implementación de los futuros acuerdos. Realidades como: un válido proceso para un programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), la participación política de los miembros de este grupo armado, el sometimiento a la justicia por los acusados de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, la generación de confianza entre actores que tras décadas han estado desconfiando mutuamente, fuerzan todas ellas un cambio hacia nuevos esquemas de articular las decisiones.

En este escenario de complejidad, el paisaje político y la capacidad del gobierno –entendido en su sentido tradicional– de imponer unilateralmente su voluntad se ven naturalmente alterados forzándose la evolución hacia otros modos de articular el interés colectivo. Como consecuencia de los cambios referidos, es imprescindible emprender cuanto antes una transición desde las pautas tradicionales de ejercicio del poder político basado en una relación de “un solo sentido” entre los que gobiernan y los que son gobernados, hacia un modelo de “doble sentido” en el que se tomen en consideración tanto los intereses, percepciones y oportunidades de los que gobiernan como los de quienes son gobernados (Koiiman, 1993). Siguiendo a Fisas (2010), las fases o pasos que se deben dar para lograr el proceso de paz requieren necesariamente de una fuerte inversión de tiempo. En la figura a continuación se muestra de forma esquemática las fases que componen un proceso de paz:

Etapas macro de un proceso de paz (Fisas, 2010, p. 9).

La figura anterior muestra cómo un proceso de paz pasa por aproximadamente siete fases: una fase exploratoria, un acuerdo preliminar, un acuerdo de prenegociación, un acuerdo marco o hoja de ruta, una serie de acuerdos parciales que culminen con la firma de un acuerdo general donde se defina el qué, el cómo y el quién, y, por ultimo, un acuerdo de implementación que incluya mecanismos de verificación de los

acuerdos, como de solución de controversias. Asimismo, subraya que la propuesta que se presenta corresponde a una síntesis de procesos de paz en perspectiva comparada, pero sin que ninguno de ellos resulte igual a los demás, pues cada uno tiene sus particularidades económicas, sociales, políticas; pero, sobre todo, que se presenta bajo distintos niveles de correlación de fuerzas. En este orden de ideas, la firma del acuerdo de paz recientemente en Cartagena este pasado mes de septiembre no debe interpretarse como un punto y final, sino como una etapa más de un proceso de paz. En otras palabras, debe entenderse como un preacuerdo que corresponde mas bien a un marco general, a un entendimiento sobre la forma como se deberá hacer la negociación. Este primer preacuerdo lleva a la creación de un acuerdo marco, que corresponde a los lineamientos generales que definirán la implementación del contenido de estos acuerdos. En otras palabras, se ha alcanzado una etapa decisiva que es el acuerdo general en el que se define el cómo se llevará a cabo el proceso de paz, qué aspectos se incluirán y quiénes serán los responsables para su materialización. Una etapa decisiva en tanto en cuanto el leit motiv de los acuerdos de implementación debe ser vincular a las personas pertenecientes a los grupos armados ilegales a la sociedad civil y su reinserción en todos los sectores (político, económico, cultural). Es por eso que, como bien señala Fisas (2010), Hay quien ha dicho que un proceso de paz empieza de verdad con la firma de un acuerdo. Pues es en ese momento, cuando llega la hora de la verdad. Entrar en el posconflicto implica necesariamente superar o estar en superar el conflicto o estar en proceso de hacerlo. Esto es, llega el momento en el que no solo se pone en marcha lo acordado, sino que se eliminan los incentivos para no volver a coger las armas, en otras palabras, atajar las causas reales de la violencia.

Los retos para la gobernabilidad regional en el posconflicto Siguiendo a Miliken y Krause (2002), podemos señalar que hay tres factores clave en los procesos de refundación del Estado, a saber: la habilidad o inhabilidad de los gobernantes en garantizar y mantener de forma sostenible en el tiempo a) un monopolio de la violencia –más importante todavía en un contexto de un conflicto armado interno de larga duración como el colombiano–; b) una trayectoria de desarrollo que proporcione riqueza y bienestar para sus ciudadanos; y c) la reconstrucción de unas instituciones representativas que sean asumidas como legítimas por los nuevos actores. En estas páginas mostraremos que se demuestra la interrelación de estas tres dimensiones, y se vislumbran las relaciones intrínsecas que existen entre seguridad y desarrollo, de forma tal que sin seguridad efectiva, los esfuerzos para encontrar la senda del desarrollo y los intentos por reconstruir una gobernabilidad legítima pueden verse seriamente obstaculizados (Brinkerhoff y Mayfield 2005a, 2005b).

a) El mantenimiento de la seguridad y el monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado. La importancia que ha jugado la violencia en los escenarios posconflicto es una de las razones que explica el alto grado de escepticismo hacia el buen desarrollo de estos procesos por parte de la academia. Los altos niveles de violencia vividos a raíz de los acuerdos de paz, aparentemente exitosos de países como el Salvador, Mozambique, Nicaragua y Sudáfrica parecen mostrar que probablemente la violencia siga siendo uno de los desafíos primarios en Colombia tras la firma de los acuerdos. Una de las razones para pensar esto es que en la mayoría de los países después de la firma de los acuerdos de paz eso no ha asegurado que el estado tenga el monopolio efectivo de los medios de violencia (Cramer y Goodhand, 2002, p. 886). En este contexto, se presentan algunos aspectos como especialmente relevantes para este tema. Como señala Fisas, el primero de ellos tiene que ver con la importante presencia en estas zonas de minas y AEI (Artefactos Explosivos Improvisados). Tal y como destacó la ponencia el doctor Olmer Muñoz, representante de la Universidad Pontificia Bolivariana, son muchos los retos que genera para el pos-acuerdo la presencia de minas, pero sobre todo artefactos que parecen indetectables y que, tal y como Carlos Jaramillo de la Universidad de Medellín lo destaco alargaran sus riesgos y efectos en el tiempo. Tal realidad reclama por parte del gobierno el inicio urgente de las labores de desminado por parte del gobierno con la participación activa de las FARC, a pesar de que no se haya dado la firma del acuerdo. La formulación de una política pública de prevención y de desminado, que cuente con el compromiso de las FARC de brindar la información exacta de la ubicación de las minas, se convierte así en un imperativo en el inmediato plazo. Siendo esta una preocupación evidente mostrada por los asistentes al foro. El segundo de ellos tiene que ver con las condiciones del acuerdo que se produzca en La Habana en relación con la dejación de las armas, en tanto que punto clave para la incorporación del grupo insurgente en la vida civil. De acuerdo con lo estipulado por el artículo 15 del Decreto 206 de 1990, la dejación de armas debe ser entendida como “la materialización de la voluntad de reincorporación a la vida civil por parte del solicitante o del grupo de solicitantes”, es decir, se entiende como la intención del grupo armado de abandonar las armas con instrumento de lucha, y por tanto conditio sine qua non que permita la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y a su participación en lo económico, lo social y lo político. En este orden de cosas, cabe destacar los importantes desafíos que conllevará para la región de los departamentos donde se despliega la Fuerza de Tarea Conjunta Omega la importante presencia, al menos sobre el papel, de un buen número de zonas de ubicación donde las FARC dejarán las armas y comenzarán su reintegración a la vida civil. En particular, se espera la ubicación de las mismas en estas áreas: Caquetá: Montañita, Cartagena del Chairá; Arauca: Arauquita, Tame; Meta: Macarena, Mapiripán, Mesetas, Vistahermosa, Guaviare: San José del Guaviare (este), San José del Guaviare (oeste). Aun cuando en teoría no estarán

diseñadas como zonas de despeje en la medida en que el Estado de Derecho no dejará de operar y las autoridades de proteger a la población, será preciso crear el sustento legal para que una instancia internacional pueda recibir y destruir las armas de las FARC, y recrear los mecanismos para hacer efectivo y real el mantenimiento de la seguridad de la población civil y el monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado. La última de estas experiencias recientes fue el proceso de desmovilización y reinserción a la vida civil a través de la Ley 975/2005, la cual centró su atención en los grupos paramilitares, los procesos judiciales y programa de reinserción, al lado del “tornar la mirada a las víctimas”. Estas experiencias recientes en Colombia ubican la búsqueda de resultados de esta investigación en lo que Jan Kooiman (2004) llama “Gobernanza interactiva o socio-política”, con miras a la solución de problemas y la creación de oportunidades, creando condiciones institucionales idóneas y con principios de gobernanza. En este orden de cosas podemos establecer dos criterios que a nuestro juicio van a enmarcar y que deben determinar el horizonte de reformas institucional. El paso de una gestión del riesgo entendida como neutralización militar de la amenaza a un entendimiento de la gestión del riesgo en términos de prevención de los riesgos y mantenimiento de la seguridad en el marco del horizonte internacional de protección y defensa de la vida humana y de la creación de procesos de gobernanza. Esto es, asumir procesos de gobernanza social nos lleva más allá de direcciones “monárquico jerárquicas”, donde se continúan diseñando estrategias top-down, mientras los actores implicados en los enfrentamientos llegan a “acuerdos” que benefician a los líderes o pequeños grupos, a la par el conjunto social se siente ajeno a la misma reconfiguración de lo que les es propio, lo público. El gobierno interactivo o socio-político será considerado como los acuerdos con los que tanto los actores públicos como los privados persiguen solventar problemas sociales o crear oportunidades sociales, preocuparse por las instituciones sociales en las que estas actividades de gobierno tienen lugar y formular los principios de acuerdo con los que estas actividades se llevan a cabo. El término gobernanza denota ideas conceptuales o teóricas sobre este tipo de actividades de gobierno (Kooiman, 2004, en Revista Instituciones y Desarrollo, No. 16, p. 173). Estos procesos deberán venir de la mano de la incorporación definitiva del concepto de “seguridad humana” de Naciones Unidas. El concepto de seguridad humana es esencial en este proceso toda vez que significa la protección de las libertades que son esenciales para la vida. Significa proteger a las personas de amenazas críticas (graves) y generalizadas). Significa crear políticas, sociales, sistemas ambientales, económicos, militares y culturales que en conjunto dan las personas elementos básicos de supervivencia, el sustento y la dignidad. (CHS, 2003, p. 4). Lo más importante es que conlleva una re-conceptualización de la seguridad de manera fundamental. Por un lado porque: (a) se aleja de las concepciones tradicionales, centrados en el Estado, frente a agresiones militares, a una concepción de seguridad que se concentra en la seguridad de las personas, pero no solo en su protección sino lo

más importante, en su empoderamiento; (b) llamar la atención sobre la existencia de múltiples amenazas y riesgos, no solo militares y (c) la promoción de un nuevo modelo integrado, coordinado y centrado en las personas para avanzar en la paz, la seguridad y el desarrollo dentro y entre las naciones (gobernanza). En otras palabras, bajo esta perspectiva, un factor indispensable para la seguridad humana es la promoción de sistemas políticos, sociales, económicos, ambientales, militares y culturales que, juntos, proporcionen a las personas los elementos básicos para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humanos. De este modo, la seguridad humana debe promover soluciones basadas en las necesidades, la vulnerabilidad y las capacidades reales de los gobiernos y las personas. Medidas orientadas a la prevención, fruto del examen de las causas y condiciones que facilitan el surgimiento de determinados riesgos, de manera que su análisis nos ayude a prevenir la amenaza, a mitigar los posibles efectos y, de ser posible, evitar la repetición de la amenaza en el futuro. De igual modo, el carácter multidimensional de la seguridad y de las amenazas conlleva la necesidad de superar los enfoques estato-céntricos de la seguridad, enfoques que empujan a ir más allá de la seguridad centrada en la salvaguarda del Estado, para incluir nuevas amenazas (económicas, ambientales, redes criminales, violaciones de derechos humanos…) y empujan a procesos de gobernanza en dos direcciones: hacia arriba, al concebirla como un bien global que transciende a los estados; y también hacia abajo, teniendo como centro de gravedad el individuo (Armiñon, 2004). En otras palabras, aun cuando las iniciativas gubernamentales son en definitiva las que deben gestionar las búsquedas para lograr la estabilidad social en materias como seguridad, institucionalidad, problemas sociales, estas no deberían excluir el acercamiento e involucramiento de todos los sectores de la sociedad, sobre todo cuando se accede a la dimensión de la humillación de seres humanos, donde la dignidad de la persona ha sido pisoteada y se han violado todas las garantías. Esto último advierte la necesaria transformación de las iniciativas adelantadas por la acción integral y el conjunto de programas del Ejército para los procesos de consolidación en las zonas de antigua confrontación. La acción integral de ejército, en este marco de reflexiones, no tiene otro horizonte sino redireccionar la comprensión de su propia misión, por medio del desarrollo de programas y proyectos en la gramática misional de la institución militar, en procura de mantener la estabilidad, el orden y la seguridad propia del Estado. Sin embargo, esta reorientación doctrinal de la acción integral no puede desconocer la interrelación dialógica con la sociedad, más aún cuando se necesita reconfigurar lo público desde la justicia, la reparación, la restitución, con miras a un camino hacia la paz que abra puertas al acceso a la reconciliación social. b) El desarrollo económico y social como condición básica para el proceso de construcción de paz. Asumiendo como horizonte de reforma este concepto de seguridad humana y la importancia de las condiciones económicas y sociales para el mantenimiento de

la misma, podemos percibir al menos dos potenciales riesgos añadidos en un escenario posconflicto. El primero de ellos tiene que ver con la gestión que se haga de las rentas procedentes de los recursos naturales que por lo general han atraído y han servido como fuentes de ingresos a la organización rebelde. Con la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en el 2003 se produjo un mayor afianzamiento entre la población y la Fuerza Pública, así como un avance en erradicación de cultivos ilícitos y proliferación de extensiones de tierra dedicadas a la ganadería. Así mismo, se evidenció un fortalecimiento del sector turístico e infraestructura; es importante destacar que se obtuvieron resultados alternos como existe necesidad de tecnificar al agricultor, además hay cantidad insuficiente de proyectos productivos, de manera que se promueve el cultivo de cocaína. Además, se promueve la corrupción por falta de veeduría, lo que es evidente en la escasa infraestructura vial y la poca inversión social en educación (Cabrales, Arenas, 2016). Un segundo factor de riesgo parcialmente relacionado con este primero y que tiene que ver con una eventual falta de oportunidades económicas alternativas, sobre todo para la población que se reinserte. Este cambio en el concepto de seguridad implica así la necesidad no solo de una política o acción aislada, sino de un enfoque multisectorial y multidimensional que demandan una serie de políticas públicas sociales e inclusivas que incluyan medidas preventivas, de promoción de la cultura de la paz y la no violencia, el respeto, la promoción, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos, en base al entendimiento de que el fundamento y la razón de ser de la seguridad ciudadana es la protección de todos los seres humanos con pleno respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de la persona que posibiliten la consolidación de un escenario seguro y estable para el desarrollo social, político y económico. La mayoría de los autores, así como el examen de los procesos de transición a la paz de El Salvador y Mozambique, así como en consonancia con los recurrentes informes de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna cional, coinciden en señalar que el desarrollo económico juega un papel crucial en la consolidación de la paz. Una mirada rápida a las dinámicas y procesos de participación ciudadana en el Foro evidencian fundamentalmente que las preocupaciones de la audiencia respondieron a las mismas dinámicas hasta aquí planteadas, evidenciando de manera empírica que la solución a las problemáticas expuestas por ponentes es vista tanto con esperanza como con escepticismo; gracias a que si bien la iniciativa de debatir acerca del posconflicto es bien acogida por la sociedad, no existe confianza institucional que permita generar continuidad en los proyectos sociales y asiduidad en la participación en proyectos respecto al posconflicto. Las temáticas aportadas por la ciudadanía parecen girar en torno a un eje común: el modelo económico del Gobierno y las contradicciones que esto presenta con las características del departamento del Caquetá, lo cual supone una tensión que debe resolverse.

En este punto conviene hacer una advertencia. Aunque si bien es cierto que la paz puede ser asumida como una precondición para el desarrollo, y que en una paz recientemente establecida probablemente resultara muy frágil sin un desarrollo económico importante (Boyce, 1996; Del Castillo, 2001; Cramer, 1999…), lo cierto es que sería un error asumir que la guerra necesariamente trae efectos negativos para el desarrollo económico. Al contrario, lo cierto es que las actividades económicas que se han desarrollado en la ilegalidad han tenido determinados impactos, no necesariamente negativos en el desarrollo económico. En un contexto de cambios políticos y legales como los que se aproximan y que pondrán en riesgo las comodidades propias de la ilegalidad (no pago de impuestos, mercados negros…), resulta imprescindible que el Estado reconozca la existencia de tales actividades, en la medida en que la transición a la legalidad no es para nada fácilmente transferible (Cramer y Goodhand, 2002, p. 888). Sería por tanto un error desconocer el impacto económico que el narcotráfico le ha generado a la economía nacional como al financiamiento de las actividades económicas de los grupos insurgentes. En este sentido, desconocer el impacto que la firma de un eventual proceso de paz puede tener sobre la actividad económica y sobre la vida de muchos de estos “nuevos actores” sería desconocer la existencia de potenciales conflictos que pongan en jaque el propio proceso de construcción de paz. No es por tanto baladí los acuerdos que se alcancen sobre el tema del problema de las drogas ilícitas, en particular al posible desarrollo de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la elaboración de planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos, así como los referidos a la producción y comercialización de narcóticos. Dadas las circunstancias, las conclusiones son claras, la erradicación de cultivos ilícitos debe estar acompañada de proyectos productivos por parte del Estado, pues a pesar de que la imagen de la FUTCO ha simbolizado un cambio y un acercamiento a la presencia estatal, no debe ser la única. Desde este punto de vista, de fortalecimiento de la presencia de las Instituciones del Estado en el territorio sería un error subestimar la importancia de la descentralización para el desarrollo, sobre todo en aras de poner fin a las crecientes dificultades de asegurar la gobernabilidad enmarcada por la existencia de dos lógicas contradictorias que obligan al mismo tiempo a regir el territorio colombiano con normas centrales, aplicadas en una lógica vertical y sectorial, al tiempo que empujan a gobernar esos mismos territorios gracias a unas políticas públicas cuya lógica es horizontal, reticular y territorial (Jolly, 2005). Si asumimos que la gobernabilidad significa entonces necesariamente la capacidad política de gobierno para intermediar entre intereses, garantizar la legitimidad y gobernar (Saldomando, 2002), la gobernabilidad del territorio en Colombia vendrá muy probablemente determinada no solo por procesos de regionalización, sino también por el reconocimiento del carácter “construido” de sus problemas, pero también de sus soluciones.

En otras palabras, asumir el carácter construido del territorio implica la posibilidad de salir de una concepción de lo local, entendido como localismo y ser capaces de involucrar actores que toman decisiones dentro y fuera del territorio en consideración, esto es, procesos participativos que en definitiva van mucho más allá una visión gobierno-céntrica –donde los gobiernos tienen un papel predominante– para asumir que en contextos de gobernanza la gobernabilidad recae no solo en el gobierno sino en la sociedad civil misma, abriendo así las instituciones políticas a procesos participativos y arreglos sociales para llevar adelante las propuestas generadas por la población (Gallichio, E. 2004; Stoker, 2004…). Lo que traducido a la coyuntura socio-política actual de la región, en el marco del proceso de paz y de los diálogos, el escenario local se configura así como los territorios base donde se implementarán y consolidarán los acuerdos de paz, al tiempo que serán los entornos donde se den las condiciones para lograr una real inclusión política los movimientos y organizaciones sociales que se ha visto en cierto modo condicionadas por la violencia y donde tengan lugar las experiencias de reconciliación que se demandan de estos procesos de paz. c) Fortalecimiento institucional del Estado de Derecho y del marco de Derechos Humanos. En efecto, la recuperación y reconstrucción de la legitimidad en las instituciones puede ser entendida como la aceptación de un régimen como correcto o apropiado por parte de la población. La legitimación de las instituciones se constituye así en el tercero de los importantes retos que conlleva un escenario pos-acuerdo. Tal y como sucedió con la Constitución de 1991, la Carta Constitucional supuso un mecanismo de formalización de las agendas de los actores políticos, pero que en el proceso actual de un proceso de paz con las FARC-EP se enfrentan a un triple reto.El primero es la implementación de los acuerdos formados en Cartagena este pasado mes de septiembre. El segundo tiene que ver con la propia labor de construcción de una nueva institucionalidad, donde se convierte en requisito sine qua non de este proceso, la monopolización de la violencia por parte del Estado y la capacidad para generar un horizonte de desarrollo político y social. Un proceso de reforma institucional que per se no será garantía de la paz, sino tan solo el establecimiento de unas nuevas reglas del juego, que los actores y en especial los nuevos actores políticos deberán acatar. Solo a partir de este encapsulamiento del conflicto podrá darse las condiciones para la verdadera consolidación de la democracia, esto es, para el reforzamiento, afirmación y robustecimiento del sistema democrático, destinado a aumentar su estabilidad, su persistencia pero sobre todo su capacidad para responder a la crisis. El tercero, este fortalecimiento democrático pasa necesariamente por la vigencia y garantía de todos los derechos (civiles, sociales, económicos, políticos y culturales). Sin embargo, este ejercicio no puede ser realizado sin atender a los requerimientos jurídicos que demandan en tiempos de justicia transicional las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, aspecto sobre el que nos centraremos más adelante.

La agenda para el posconflicto En lo que concierne a estos retos, esto plantea cuanto menos dos importantes procesos. a) Transformaciones en los propios contenidos de las políticas. Debido a la necesidad de proporcionar un horizonte de desarrollo económico y social que garantice una oportunidad de vida para aquellos sectores de la población más castigados por la violencia. En particular, en el contexto regional se percata la importancia de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos y paralizar los procesos de degradación del medio ambiente producidos como consecuencia del conflicto. En particular, todo lo derivado de las medidas acordadas sobre la política de tierras, así como de asistencia educativa, sanitaria, capacitación, apoyo a proyectos productivos, creación de microempresas, reconstrucción de las infraestructuras. Como señala Fisas, sin excepción, todos los países que firman un acuerdo han de hacer frente a toda una serie de dificultades políticas, económicas y sociales y, en virtud de la superación de estas dificultades, podrá hablarse de una auténtica superación del conflicto original. b) Transformaciones institucionales. Fisas habla de que durante esta etapa de reconstrucción posbélica hay que trabajar al menos en ochos áreas, con la agenda siguiente: 1) apoyo al proceso de democratiza ción; 2) vigilancia sobre los derechos humanos; 3) fortalecimiento del proceso de paz; 4) desmilitarización de las relaciones cívico militares (transformación de las Fuerzas y cambios en la misionalidad de la institución); 5) desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes; 6) apoyo al retorno de refugiados y desplazados; 7) apoyo a los heridos y a las familias de las víctimas; y 8) rehabilitación de las zonas dañadas. Estas transformaciones institucionales se deben en primer lugar por la necesidad de otorgar voz y participación y actores que no han tenido hasta el momento el protagonismo. Durante todo el proceso, la voz cantante ha quedado relegada a los actores primarios (Gobierno y grupos armados) y a los posibles acompañantes que conforman un grupo de facilitación. En imprescindible que en este proceso de posconflicto se involucren los diferentes actores de la sociedad civil, toda vez que la reconciliación política se caracteriza por ser “un proceso societal que involucra el reconocimiento mutuo del sufrimiento pasado, y el cambio de actitudes y comportamientos destructivos por relaciones constructivas para una paz sostenible”. Conforme a esta característica, es indispensable que se generen las emociones, actitudes y acciones para la convivencia pacifica, y la tolerancia, bajo el referente de la necesaria reconciliación nacional (educación cívica, educación en derechos humanos). Al mismo tiempo, que en la esfera individual, el posconflicto implica que se establezca una apropiación sobre lo que sig-

nifica la participación ciudadana, los niveles de autonomía y libertad de pertenencia a colectivos o a grupos políticos organizados (vigilancia sobre los derechos humanos, esto es, creación de organismos y tribunales especializados, aplicación del Derecho Internacional Humanitario). Un proceso que, por otro lado, requiere la participación de todos en aportes y apoyos, así como el directo involucramiento en actos públicos de perdón, el soporte a las iniciativas del gobierno en la creación de comisiones de la verdad, memoria histórica, etc. (fortalecimiento del proceso de paz). En segundo lugar, por la necesidad de emprender un proceso de modernización del Estado. Si los procesos de paz que se desarrollaron anteriormente se caracterizaron por ser altamente parcelados, lo que supuso en aquella ocasión un esfuerzo institucional mayor para ajustar las agendas a los intereses del nuevo diseño institucional. En esta ocasión, y aun a pesar de la incorporación de la guerrilla más longeva del continente, urge emprender esfuerzos por tratar de establecer una transversalidad en los procesos, logrando vencer la renuencia en la participación de sectores fuertes del ELN (Ejército de Liberación Nacional). Sin la incorporación definitiva a estos procesos, las transformaciones políticas e institucionales que se demandan no podrán ser completas, toda vez que las nuevas instituciones no responderán como otrora a mecanismos de formalización de agendas de actores políticos.

La transformación de las Fuerzas Militares. Horizontes de futuro para la Fuerza de Tarea Conjunta Omega En efecto, es claro que para el Estado la actividad estratégica (principalmente del Ejército) para combatir la amenaza insurgente era un factor importante para garantizar la gobernabilidad, lo que se traducía en operaciones militares específicas. Pero, sin duda, en el escenario pos-acuerdo necesita institucionalmente, de igual manera, avanzar en los mecanismos institucionales que le permitan no solo la neutralización de la amenaza, sino que se desarrollen y adquieran nuevas competencias por parte del Estado para el apoyo a la consecución y gestión de una paz estable. Como veremos, el marco de transformación institucional puede ser resumido en el desarrollo de nuevas capacidades para la gestión del riesgo, en el marco del horizonte internacional de protección y defensa de la vida humana, bien resumido en el informe sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas, que es sin duda uno de los horizontes determinantes de este proceso. En términos de la labor de las Fuerzas Militares, implica una importante transformación, en la medida en que involucra necesariamente la adquisición de bases conceptuales para que desde la experiencia no solo de combate sino de conocimiento del territorio nacional y de la diversidad étnica y poblacional por su larga actividad, permita al Ejército Nacional ofrecer aportes en las relaciones internas, así como en las que establece

con los diversos grupos sociales, que afecten positivamente estas emociones, actitudes y acciones. De lo aquí señalado, se entiende que el papel de la educación del Ejército en el posconflicto en la reconciliación política debe ser integral e inclusiva en tanto que como institución debe incidir de manera directa de los procesos de cambio social. Conforme a esta última afirmación, la participación del Ejército Nacional en el proceso de transformación social (espacio en el que se deben asentar las nuevas relaciones cívico-militares), eje central sobre el cual se deben validar todos los acuerdos entre el gobierno y el grupo armado ilegal, máxime cuando en el conflicto armado las principales víctimas se encuentran en la sociedad civil, requiere de una base en la oficialidad, sub-oficialidad y soldados profesionales que al interactuar con excombatientes y la ciudadanía organizada, puedan asumir acciones comprometidas, responsables y capaces de cuidar y promover los derechos sociales y políticos mediante la protección y securitización proactiva de los mecanismos de participación y acceso democrático. En lo que concierne al diseño institucional, se plantea la necesidad de que el Ejército Nacional como parte del Estado asuma cambios estructurales, lo que significa que los procesos formativos deben advertir que el nuevo diseño institucional para la etapa de postconflicto pueda involucrar mecanismos formativos y éticos en sus manuales en relación con los mecanismos y formas para el relacionamiento en el marco de la reintegración política con excombatientes, en procura del fortalecimiento de un sistema democrático estable y legítimo.

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LOS RETOS DERIVADOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Mario Andrés Arroyave Quintero, PhD3.

Definición de Derecho Internacional Humanitario El Derecho Internacional Humanitario (DIH) o derecho de la guerra (Ius in Bellum) es un sistema de normas jurídicas de carácter internacional, de origen convencional o consuetudinario destinadas a ser aplicadas en las confrontaciones armadas internacionales o no internacionales y que sirven para limitar, por razones humanitarias, el derecho de las partes en el conflicto a elegir libremente los medios y los métodos a ser utilizados en la guerra. Es decir, que el DIH son normas y principios para evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados, también para limitar o prohibir el uso de ciertos métodos utilizados en la guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha definido al DIH como un conjunto de normas, que por razones humanitarias, se ocupa de limitar los efectos de los conflictos armados y de proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar en los combates, y de limitar los medios y los métodos de hacer la guerra (CICR, 2015). El DIH protege a las personas o a los bienes afectados o que puedan estar afectados por el conflicto armado (Swinarski, 1984). Por su parte, la Corte Constitucional expresó en la Sentencia C-574/92 que el DIH contiene normas que limitan el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los medios y los métodos utilizados en el combate, así como disposiciones encaminadas a proteger a las víctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por un enfrentamiento armado. 3. Mario Arroyave Quintero, Doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Hamburgo, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

El DIH se complementa con los derechos humanos para brindar protección a las partes involucradas en un conflicto armado y a los civiles que sufren las consecuencias de dichos conflictos. El DIH busca también proteger la dignidad del ser humano. La dignidad humana no es un derecho humano, sino el sustento filosófico moral de los derechos humanos. La dignidad humana es una y la misma en todo lugar y para todos. Ella fundamenta la indivisibilidad de los derechos humanos y su garantía produce ante todo el estatus de ciudadano, que como sujeto de iguales derechos tiene la pretensión de que su dignidad humana sea respetada (Habermas, 2011, p. 21). El sistema del DIH está conformado por los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales. Adicionalmente, se debe resaltar que las normas del DIH se han ido convirtiendo en normas de Ius Cogens, es decir, normas fundamentales internacionales, las cuales son obligatorias y ajenas a la voluntad de las partes. Las normas de Ius Cogens imponen un límite a la libertad de los Estados en la concertación de sus obligaciones jurídicas.

Derecho Internacional Humanitario y Constitución Política de 1991 En la tradición jurídica colombiana siempre ha sido reconocido el derecho de los conflictos armados como un ordenamiento jurídico fundamental para regular el conflicto armado colombiano. Se debe destacar que el Estado colombiano ha implementado medidas preventivas, medidas de control y medidas legislativas (administrativas y disciplinarias) para acoger o adoptar el DIH. De este modo, el DIH tiene plena vigencia y aplicación en Colombia. Por un lado, Colombia ha firmado y ratificado los convenios de Ginebra y sus dos Protocolos. Por otro lado, el ámbito de aplicación consignado en el artículo primero de II Protocolo encaja con la situación real de Colombia. Sumado a lo anterior, el DIH es un ordenamiento jurídico que tiene jerarquía constitucional, ya que la carta magna de Colombia manifiesta expresamente su compromiso con el respeto del DIH. La carta incluye las normas del DIH como parte integral del bloque de constitucionalidad, por lo cual son normas de carácter y naturaleza superior y su aplicación debe garantizarse. De acuerdo con la Corte Constitucional el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional son utilizados como paramentos del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Estos son verdaderos principios y reglas de valor constitucional, es decir, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que pueda a veces tener mecanismos de reforma, distintos al de la misma norma constitucional (Corte Constitucional, 1998).

El artículo 93 constitucional prevé que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los casos de excepción prevalecen en el ordenamiento interno. Esta disposición le otorga a los tratados en mención una categoría superior sobre cualquier tipo de leyes o normas que se profieran en el ordenamiento interno. Ahora bien, el artículo 93 y 94 de la Constitución consagra la primacía del derecho internacional relativo a los derechos humanos y en el artículo 94 la posibilidad de aplicar los derechos no consagrados en el texto constitucional e incluso en los convenios y tratados ratificados por Colombia y en el art. 214 se da valor supraconstitucional del Derecho Internacional Humanitario, es decir, lo que queda claro es que se acogió la fórmula de la incorporación automática del DIH al ordenamiento interno nacional (Robledo & Serrano, 1999). Asimismo, en la Constitución de 1991 se regularon los estados de excepción y se estableció que durante su vigencia no sería posible suspender el respecto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que en dichas situaciones de anormalidad deberán respetarse las reglas del DIH. La jurisprudencia constitucional intuye que el artículo 214 de la Carta Política contiene una incorporación que puede calificarse como automática del DIH al ordenamiento interno, es decir, sin la necesidad de que los tratados que incorporan legislación externa sean aprobados por el Congreso. Se puede entonces aseverar que el DIH es de cumplimiento obligatorio en Colombia. Esto significa que las fuerzas combatientes están plenamente obligadas a cumplir las normas del derecho de la guerra o de los contrario pueden incurrir en responsabilidades nacionales e internacionales tanto de tipo civil como penal derivadas de las violaciones al DIH. Finalmente, debe recalcarse que a pesar de que el DIH tiene plena vigencia en Colombia, han existido muchos problemas para garantizar su efectivo cumplimiento. Es por esta situación que existe una especie de paradoja en el sentido de que Colombia reconoce y respeta el DIH pero a la vez es un país donde han ocurrido graves infracciones de los Derechos Humanos y del mismo DIH.

Justicia Transicional y Derecho Internacional Humanitario La justicia transicional ofrece salidas a un Estado o sociedad para que pueda dejar atrás una guerra civil, la vigencia de un régimen tiránico (Rodríguez, 2015, p. 84) y/o un conflicto armado y a la vez ofrece mecanismos para salvaguardar la dignidad humana y los derechos humanos de las víctimas de un conflicto. Por lo tanto, la justicia transicional le proporciona a los Estados donde exista un conflicto armado y hayan han existido flagrantes violaciones a los derechos humanos y al DIH las herramientas para que puedan terminar las confrontaciones armadas internas por medio del diálogo y de ese modo puedan alcanzar la paz. La justicia transicional es el marco jurídico que le da viabilidad a las negociaciones para un proceso de paz. Los instrumentos normativos de justicia transicional se fundamentan en los principios de verdad, justicia y reparación. En este sentido, todo modelo

de justicia transicional es, sobre todo y predominantemente, justicia para las víctimas (Ambos, 2010, p. 41). Asimismo, en la justicia transicional son fundamentales los procesos de reparación a las víctimas para de ese modo lograr la reconciliación nacional. El derecho a la verdad tiene doble vía, es decir, que por un lado las víctimas tienen un derecho individual a saber y conocer la verdad, y por otro lado, la sociedad en general tiene un derecho colectivo a conocer la verdad en el marco del conflicto. Adicionalmente, el derecho a la verdad está articulado al deber del Estado de recordar y por lo tanto la construcción de la memoria histórica es parte integral de los fundamentos de la justicia transicional. Ahora bien, la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 01 de 2012 partió de la base de que para lograr una paz estable y duradera era necesario adoptar medidas de justicia transicional. En ese sentido dispuso: 1) la creación de criterios de selección y priorización que permitan centrar esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; 2) la renuncia condicionada a la persecución judicial penal y; 3) la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la aplicación de penas alternativas, de sanciones extrajudiciales y de modalidades especiales de cumplimiento.

Derecho Internacional Humanitario, Acuerdo de Paz y Comunidad Internacional Para que la comunidad internacional pueda aceptar como legítimo un acuerdo de paz es necesario que este garantice los derechos de las víctimas de violaciones del DIH. El cumplimiento del DIH juega además un papel importante para el prestigio y la imagen internacional del país. Se puede decir entonces que para que el proceso de paz sea aceptado por la comunidad nacional e internacional es necesario que los (máximos) responsables de crímenes de guerra sean sancionados y respondan ante las autoridades nacionales por sus actos en el marco de conflicto armado. De la aplicación de las sanciones por violaciones del DIH dependerá en gran parte la aceptación por parte de la comunidad internacional de los acuerdos de paz. Lo cierto es que en un marco de justicia transicional la idea es que sobre todo las penas sean aceptables frente a las que ordinariamente deberían recibir los autores de crímenes de guerra. No obstante, del equilibrio entre el anhelo de paz y la necesidad de que haya justicia y de que los responsables de delitos contra el DIH sean judicializados y se diga toda la verdad, va a depender en gran parte la legitimidad de los acuerdos. Si lo anterior no se garantiza, es decir, si los responsables por atentar contra el DIH y los derechos humanos no son juzgados, se deja la puerta abierta para que en el futuro un tribunal internacional, tal como la Corte Penal Internacional persiga a aquellos que no fueron juzgados de manera proporcional, en el marco de la justicia transicional, por sus actos con ocasión del conflicto armado colombiano.

Se debe resaltar que la intromisión de la comunidad internacional en el conflicto y en el acuerdo de paz en Colombia se deriva en gran parte de la globalización de los derechos humanos, con lo cual la negociación ya no solo queda a libre albedrio de las partes, sino que además se deben cumplir la exigencia de la comunidad internacional en especial que se cumplan los derechos de las víctimas en el conflicto a la verdad, justicia y reparación. Ya en una Resolución de Naciones Unidas del año 1973 quedó claro que la comunidad internacional a través de instrumento de carácter político y moral se plantó en que las graves violaciones del derecho internacional humanitario deberían ser castigadas y los Estados están obligados y comprometidos a ello. El derecho internacional humanitario genera grandes retos para Colombia, en especial por su obligación de garantizar el cumplimiento y sanción de las conductas atentatorias contra dicho derecho. El problema radica en que el conflicto armado colombiano ha durado mucho tiempo y ha escalado a hechos horrorosos como masacres y desapariciones. Se habla entonces de la degradación del conflicto armado. En el marco del conflicto se han transgredido muchos derechos y cometidos actos contra el derecho internacional humanitario, en especial los crímenes de guerra. La solución que se pueda dar a todos esos hechos va a ser decisivo para la consecución de la paz y la reconciliación nacional.

Conclusiones El DIH es un ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional. La Carta Magna de Colombia manifiesta expresamente su compromiso con el respeto del DIH. Asimismo, la carta incluye las normas del DIH como parte integral del bloque de constitucionalidad, por lo cual son normas de carácter y naturaleza superior y su aplicación debe garantizarse. Las violaciones del DIH deben ser sancionadas por los Estados incluso en el marco de un proceso de paz bajo el modelo de modelo de justicia transicional. La garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación se convierten en el mayor limitante para eludir o flexibilizar la responsabilidad de los victimarios en el marco de la justicia transicional. La sanción proporcional de las violaciones del DIH es necesaria para reconstruir una sociedad después del padecimiento de un conflicto. La implementación y el cumplimiento del derecho internacional humanitario tienen importantes efectos en la forma como la comunidad internacional percibe y acepta un proceso de paz. Hay mucha presión por parte de la comunidad internacional para que se respete el DIH. De este modo, la legitimidad del proceso de paz depende del respeto por el DIH.

Bibliografía (Ambos, 2010, p. 41). Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. (2015). Guerra y derecho. Recuperado desde https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho. Corte Constitucional. (1998). Sentencia C-400/98. Recuperado desde http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-400-98.htm. Robledo, C. y Serrano, C. (1999). El DIH y su aplicación en Colombia. Tesis de grado. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Habermas, 2011, p. 21) Swinarski, C. (1984). Introducción al derecho internacional humanitario. Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja e Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Robledo, C. y Serrano, C. (1999). El DIH y su aplicación en Colombia. Tesis de grado. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Rodríguez, 2015, p. 84

SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD Y LAS FUERZAS MILITARES

Una sociedad que vive en medio del conflicto y que fruto de este refleja un sinnúmero de necesidades que no son suplidas por la gobernabilidad local, hace de las instituciones del poder central su única opción, siempre y cuando estas estén presentes en su territorio. La única institución del poder central que hace presencia en todos los rincones del territorio nacional son las Fuerzas Militares. El soldado es quizás una de las primeras instituciones públicas que las personas que están en medio del conflicto observan, y por ello en muchas ocasiones son reprochadas de manera permanente, dada su participación como actor legítimo del conflicto. Esto hace que la visión de gobernabilidad sea desdibujada por el uso de las armas, debido a que la herramienta más visible del soldado es su fusil. Sin embrago, detrás de esa arma, hay un cúmulo de capacidades que otorgan legitimidad institucional y brindan solución a muchos de los problemas locales. Las armas son una tangibilidad mediata que no representa el todo de las Fuerzas Militares, su verdadera fuerza está representada en las personas que la conforman, en ellas se materializa la capacidad de llevar oportunidades y abrir puertas para que el resto de la institucionalidad llegue a cada región. Es así como la integración de esfuerzos con las autoridades locales y nacionales es una estrategia permanente de las Fuerzas Militares, convirtiéndose en un eslabón fundamental de la cadena de desarrollo social. Cada unidad militar que está desplegada en el teatro de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega ha representado una oportunidad para que la gobernabilidad deje de ser una teoría y se convierta en una realidad. Esta integración de esfuerzos comienza con escuchar a la sociedad y tener presente cuáles son las necesidades más sentidas de su comunidad, actividad que se logró materializar en las 85 encuestas deliberativas que se realizaron en el marco del foro “Posconflicto, una oportunidad para el desarrollo”, conduciendo de esta manera a un análisis general de las percepciones y vivencias durante el conflicto en la región del Caquetá, Meta y Guaviare. 69

SECOND PART SOCIETY AND MILITARY FORCES

A society that lives in the middle of the conflict and that reflects the result of a number of needs that are not supplied by local governance, makes institutions of central power their only option, as long as these are present in their territory. The only institution of the central power that is present in all corners of the national territory are the Military Forces. The soldier is perhaps one of the first public institutions that people in the middle of the conflict observe, and for that reason, they are often reproached permanently, given their participation as a legitimate actor in the conflict. This makes the vision of governability blurred by the use of weapons, because the soldierâ&#x20AC;&#x2122;s most visible tool is his rifle. However, behind that weapon, there is a cluster of capabilities that provide institutional legitimacy and provide solutions to many of the local problems. Weapons are a tangible mediate that does not represent the whole of the Military Forces, its true strength is represented in the people who are a part of it, the ability to bring opportunities and open doors so that the rest of the institutionality reaches each region. Thus, the integration of efforts with local and national authorities is a permanent strategy of the Armed Forces, becoming a fundamental link in the chain of social development. Each military unit that is deployed in the theater of operations of the Omega Joint Task Force has represented an opportunity for governance to stop being a theory and become a reality This integration of efforts begins with listening to society and bearing in mind the most felt needs of its community, an activity that was achieved in the 85 deliberative surveys that were carried out within the forum: postconflict an opportunity for development, leading in this way to a general analysis of the perceptions and experiences during the conflict in the region of CaquetĂĄ, Meta and Guaviare.

ZWEITE TEIL DIE GESELLSCHAFT UND DIE STREITKRÄFTE

Eine Gesellschaft dass in mittel des Konfliktes lebt, und die mit einer Unmenge Notwendigkeiten nicht durch die lokale Regierungsbarkeit erlöst, die der Institutionen der zentral Macht eigener Chance gemacht wird. Aus diesem Grund sind die Institution militär als representation der zentral Macht, die wem politische erscheinen gemacht wird. Eine Gesellschaft dass in mittel des Konfliktes lebt, und die mit einer Unmenge Notwendigkeiten nicht durch die lokale Regierbarkeit aufgelöst wird, die die Institutionen im zentral Macht die einzige Chance umarbeitet wird. Aus diesem Grund ist die Institution militär, als representation der zentral Macht, die die einzige politische Abbild möglich gemacht wird. Der Soldat ist die erste öffentliche Institution dass die Leute in Mittel des Konfliktes ansehen, und deshalb, bisweilen verworfen. Das bringt mit sich eine nicht klar Abbild der regierbarkeit, die weil die Nutzung der Waffen als Instrument der Soldat sei. Trotz-dem gibt es durch diese Waffe der institutionelle Fähigkeiten, die die Legitimität für die lokale Probleme zu erreichen.

INTEGRANDO ESFUERZOS La articulación de la comunidad con la fuerza militar siempre es necesaria, más aún cuando se construye la memoria Nicacio

de Jesús

Martínez Espinel4

Colombia a partir de un escenario de posconflicto, requiere un desarrollo e integración regional con espacios específicos, en donde sus bases se concreten a partir de los sectores académicos, políticos, sociales, militares y económicos, que configuran un contexto nacional nuevo y un esfuerzo de la sociedad por materializar una paz estable y duradera, imponiendo unos roles a las instituciones que no son ajenos al despliegue misional de las Fuerzas Militares, y que en aras de construir y aportar elementos para establecer la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación de las víctimas del conflicto. Por ello se crea la necesidad de adelantar junto con la academia estudios sociales, políticos y jurídicos de las circunstancias que rodearon y causaron un desequilibro en la comunidad. Construyendo un proyecto sostenible, que permita visibilizar a las Fuerzas Militares como un actor principal en la construcción de consensos sociales y logrando que la sociedad civil sea partícipe de las temáticas que son tratadas dentro de la Memoria Histórica Militar para crear unas formas interactivas de socialización entre la institución, la academia y el público. 4. Mayor General del Ejército de Colombia. Actual comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Profesional en Ciencias Militares Escuela Militar de Cadetes “General José María Cordoba”. Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Especialista en Seguridad y Defensa del Centro de Educación Militar. Especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

Un foro para la construcción social La Fuerza de Tarea Conjunta Omega junto a la Pontificia Universidad Javeriana y la Cámara de comercio de Florencia para Caquetá, realizó el foro “Posconflicto, una oportunidad para el desarrollo”, durante los días 17 y 18 de junio en la ciudad de Florencia. Donde participaron la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Libre, la Universidad de Medellín, la Universidad de la Amazonia, La Universidad de La Sabana y universidades locales como la CUN, Uniminuto y la UNAD. Estas lideraron la ponencia de 5 mesas temáticas, que agrupan varios asuntos: (1) Sociedad civil y relaciones cívico militares; (2) salud y seguridad; (3) víctimas y minas; (4) narcotráfico y desarrollo agrícola y (5) posconflicto: impacto social y económico. Cada una de las ponencias fueron lúcidas exposiciones sobre las oportunidades que plantea el posconflicto. Se contó con la apertura del señor Mayor General del aire Juan Guillermo Garcia Serna, quien transmitió un mensaje contundente del Comandante de la Fuerzas Militares General Juan Pablo Rodríguez Barragán, donde se dejó claro que las Fuerzas Militares son constructoras de Paz, siendo cada día un facilitador institucional en la confección de una sociedad próspera. Un evento como este que permite interactuar con muchas instituciones públicas del alto gobierno como del gobierno local, crea espacios participativos comunitarios que empoderan la población civil y ratifican el valor supremo de la democracia. Cuando las personas son escuchadas por los entes del Estado y sienten que sus necesidades, angustias y expectativas tienen un grado de solución, su apoyo a la institucionalidad es mucho mayor y facilita la gestión de lo público. En este caso, los habitantes de esta zona recibieron un mensaje del Dr. Humberto de la Calle Lombana, jefe del grupo negociador del gobierno con las FARC, dentro del cual en ese momento se hacía hincapié en la necesidad de sensibilizar a toda la comunidad de un posible acuerdo final de paz, queriendo fortalecer una dinámica constructiva entre las Fuerzas Militares y la población civil (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). Este mensaje personalizado para el evento satisface la atención de los asistentes e invitados de la comunidad, pues su percepción es que son tenidos en cuenta por el Alto Gobierno para estos temas tan trascendentales. Las ponencias dieron lugar al debate académico, que mediando la Conferencia de Consenso, como metodología aplicada permitió que las divergencias, incertidumbres y reproches al proceso de paz fueran menores. El debate tuvo un eje principal que consistía en la participación activa de la ciudadanía y campesinos. También se contó con la ponencia del profesor Ulf Thone, invitado especial internacional que ofreció la ponencia “Los valores de las relaciones, primer paso para el desarrollo” y por consiguiente cada una de las mesas presentó las conclusiones del trabajo realizado de manera diferencial. A la par de todas estas actividades se realizó la cartografía social infantil, donde se plasmó

por medio del arte, las sensaciones y percepciones del conflicto, con la pretensión de describir de manera general las secuelas del conflicto en esta población vulnerable. El evento se enmarcó en los proyectos de Investigación del Conflicto y Memoria Histórica Militar. Partiendo de la premisa de que la transformación de las Fuerzas Militares de Colombia en el inmediato futuro supone en términos institucionales el diseño de una Política de construcción de la Memoria Histórica de las Fuerzas Militares como actor legítimo del conflicto. Se habla de los actores del conflicto como si fuera lo mismo lo que hacen los grupos subversivos o ilegales como las FARC, ELN y/o BACRIM, por otro lado, las instituciones del Estado, como son Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Policía. Los actores del conflicto propiamente dicho son esos grupos ilegales. Las instituciones del Estado defienden a los colombiano de las actuaciones ilegales y, por qué no decirlo, criminales que estos grupos hacen (Gómez Martínez, 2015), por eso la forma de diferenciarlos sería asentar el argumento en la legitimidad que tiene cada uno de ellos al actuar, mientras los grupos subversivos o ilegales lo hacen por simples intereses particulares, sean estos asentados en un discurso populista, las Fuerzas Militares y de Policía deben actuar de tal forma que su objetivo sea mitigar o anular toda amenaza contra la tranquilidad de la comunidad. Este deber de actuar lo legitima dentro del conflicto. Ahora bien, no se debe entender que hay legitimidad para hacer el conflicto, porque eso sería aberrante, sino que hay legitimidad dentro del conflicto existente, dado que el conflicto de Colombia no es un conflicto entre grupos ilegales, como ha pasado anteriormente, sino entre un grupo ilegal y el Estado constitucionalmente instaurado. El Manual de Estrategia Militar lo logra encasillar dentro de las guerra insurreccionales, que es una modalidad de la guerra y consiste en el levantamiento armado, sublevación o rebelión contra un gobierno legalmente constituido (Comando General de las Fuerzas Militares, 1989), con el fin de sustituirlo; la gran particularidad es que esta modalidad de guerra o de enfrentamiento se hace por medio de las armas, mientras tanto su género se conoce como la guerra subversiva, siendo esta una aplicación de todas las formas de lucha, tal como lo recitan los estatutos de las FARC5. En consonancia, que las Fuerzas Militares sean tomadas como un actor legítimo del conflicto, y que en el colectivo exista una percepción del actor del conflicto, hace que la convocatoria sea más llamativa e interesante. Muchos de los académicos se asombraron de que sea una institución militar la que tenga iniciativas como estas. Es así como víctimas, desplazados, desmovilizados, campesinos, soldados, estudiantes y ciudadanos del común fueron parte de las 800 personas que participaron activamente. Esto representa la realidad social de la comunidad. Todos ellos y las instituciones, ambos como un solo actor, construirán la sociedad que se anhela. La premisa para sanar las 5. Las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo, como la expresión más elevada de la lucha revolucionaria por la liberación nacional son un movimiento político militar, que desarrolla su acción ideológica, política, organizativa, propagandística y armada de guerrillas, conforme la táctica de combinación de todas las formas de lucha de masas por el poder para el pueblo (1964).

heridas de la guerra, no simplemente es cicatrizarlas y dejar que el tiempo haga del olvido una nueva oportunidad. Sanar es reflexionar, aprender de los errores y a partir de ellos, proponer nuevas ideas que construyan una sociedad con condiciones óptimas de vida (2016). En esa tarea de la construcción de una memoria histórica, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, bajo la dirección del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia junto con la academia, realizó el primer foro de este tipo en el mundo, aportando a la sociedad, haciendo que la generación del conocimiento sea el método para vencer el subdesarrollo, la pobreza y construir la paz. No es atrevido decir que es el primer foro de estos en el mundo, dado que en la literatura de los conflictos que es bien extensa, no es visible que una Fuerza Militar sea la que tenga la iniciativa de narrar situaciones del conflicto. Esta iniciativa como política del mando institucional hace de las curvas del conocimiento, un nuevo punto de referencia, porque nadie conoce más el detalle de lo que pasó que los mismos soldados que vivieron en carne propia los avatares de la guerra.

¿Por qué apostarle a la construcción de la Memoria Histórica desde lo militar? La memoria histórica dista de ser solo un espacio de reconstrucción del pasado para convertirse en un elemento consustancial a la vida política democrática normalizada en sociedades de posconflicto, toda vez que de ella dependerá el mantenimiento de un espacio público genuino. La realización de esto se encuentra con dos importantes retos para la reconstrucción de una memoria histórica institucional con una participación directa del Estado y de las Fuerzas Armadas. El primero, ligado a la aceptación de que se tiene un conflicto con la participación de un actor institucionalizado, respaldado y partícipe del Estado, y otro no institucionalizado que tiende a institucionalizarse al margen de la legalidad y legitimidad del Estado en el proceso dadas las particularidades territoriales y sociales del conflicto armado colombiano. Esto un reto para la construcción de memoria histórica dado que si el Estado, a través de sus instituciones, no logra la capacidad de incluirse como el constructor de dicha memoria, corre el riesgo de perder legitimidad y autonomía dentro de su capacidad de gobernar. Y el segundo, referente a que no se puede pensar a las Fuerzas Armadas como un actor externo al estatal en donde haya una separación entre estos dos. Las Fuerzas Armadas son un aparato institucional inmerso en el estatal y deben ser pensadas dentro de la legitimidad y campo del Estado como un todo (2016). En este reto de transformación institucional, se ha de buscar medios efectivos de interacción, avanzar de las imples jornadas de apoyo al desarrollo o de las obras de consolidación que ayudaron a fortalecer la imagen integral de la institucionalidad, a

ser receptores de ideas, necesidades y proyectos que puedan ser canalizados en cada una de las competencias, permitiendo que la cercanía con la población se deslimite de lo meramente militar y social, en cuanto a inversión, y se arraigue en las bases de un integrante comunitario con intereses paralelos. De otro lado, la iniciativa de la Memoria Histórica Militar tiene mayor asentamiento en el conflicto actual de Colombia, porque las fuerzas legítimas que combaten la subversión son del mismo territorio, es decir, la pertinencia y el amor por lo propio hace muy necesario que la reivindicación simbólica por medio de la generación del conocimiento tenga beneficios bilaterales. En un escenario distinto, las tropas militares son foráneas, y lo único que buscan es el cumplimento de la misión estrictamente militar, apegados a la doctrina transversal de los ejércitos, más no buscan una reivindicación de sus valores sociales porque su vida personal es ajena al contexto del conflicto que se combate. Lo más cercano que se tiene en una doctrina estándar militar para casos similares son las operaciones de apoyo a la defensa de la autoridad civil, situación que se vislumbra en la nueva doctrina damasco del Ejército Nacional: (…) el Ejército busca estrechar mucho más la cooperación civil-militar por medio de estas, a partir de un entendimiento compartido de los principios y las directrices, para ayudar en la coordinación de la interfaz militar-humanitaria y garantizar que cualquier apoyo militar ofrecido sea complementario de la agenda humanitaria o los requerimientos de la autoridad civil competente, el cual dependerá de la solicitud que estas autoridades eleven a la militar y estarán reguladas por las disposiciones legales que para su fin emita el Gobierno nacional (MFE 3-28 Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil, 2016).

Esta alineación hace que el caso de Colombia sea una propuesta de avanzada para los Ejércitos del mundo, dado que a la par que se están estandarizando los protocolos militares para la interoperabilidad entre fuerzas y naciones, se está incentivando la integralidad de la acción militar, no con el pretexto de desmilitarizar la seguridad, sino con la argumentación de demostrarle que la comprensión de la acción militar en la restauración del orden público tiene una visión mucho más amplia que la meramente armada.

Conclusión Desestimar cualquier esfuerzo en la materia realizado por las instituciones militares, sean estas unidades comprometidas operacionalmente, es un error que el futuro capitalizará con el olvido y el reproceso social de lo acontecido. Generar conocimiento sobre todos los pormenores del conflicto coadyuva a la legitimidad y longevidad de unas Fuerzas Militares que lo único que hicieron fue construir un país mejor, basado en los valores constitucionales de democracia, libertad y seguridad.

Referencias Comando General de las Fuerzas Militares. (1989). Manual de Estrategia Militar General FF.MM 3-4. Bogotá: Imprenta Fuerzas Militares. Damasco Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional. (2016). MFE 3-28 Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil. Bogotá: Centro de Doctrina del Ejército. Fuerza de Tarea Conjunta Omega. (8 de Marzo de 2016). Documento preparatorio. Foro: posconflicto: Una oportunidad para el desarollo. Florencia, Caquetá, Colombia. Fuerza de Tarea Conjunta Omega. (2016). La Fuerza de Tarea Conjunta Omega le aporta a la paz y a la sociedad. En F. d. Omega, Posconflicto: Una oportunidad para el desarrollo (págs. 23-35). Bogotá: Planeta. Fuerza de Tarea Conjunta Omega. (17 de Junio de 2016). You Tube. Obtenido de Foro. Posonflicto, una oportunidad para el desarrollo: https://www.youtube.com/ watch?v=qTYy87sjfZw&t=26s Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC EP. (1964). Estatuto FARC EP. Montañas de Colombia: FARC EP. http://www.farc-ep.co/pdf/Estatutos.pdf. Gómez Martínez, J. (05 de Marzo de 2015). Los actores del conflicto. El Colombiano, págs. http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/los-actores-del-conflictoBD1423506. Nicacio de Jesús Martínez Espinel. (2016). Prólogo. En F. d. Omega, Posconflicto: Una oportunidad para el desarrollo (págs. 21-22). Bogotá: Planeta. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (17 de Junio de 2016). You Tube. Obtenido de Mensaje de Humberto de la Calle Lumbana para la apertura del foro: posconflicto una oportunidad para el desarrollo: https://www.youtube.com/ watch?v=KYCZfJ8XHOo&t=186s

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO: ENCUESTAS Diego Eduardo Dávila Benavides, M. A.

Durante el 17 y 18 de junio se llevó a cabo el primer foro sobre posconflicto como oportunidad para el desarrollo en el departamento de Caquetá, en la ciudad de Florencia. Durante estos dos días se presentaron y entablaron diálogo diferentes miembros de la sociedad; campesinos, ganaderos, empresarios, víctimas, desmovilizados, estudiantes, profesores y miembros de las FF,MM. Para llevar un récord sobre el foro, y su impacto en la sociedad, se realizaron pertinentemente encuestas de consensos, de forma anónima y voluntaria para los asistentes. A continuación, se presenta el análisis de las 85 encuestas realizadas, en donde el 23% fueron mujeres y el 65% hombres. Fue entonces cómo a través de las preguntas se pretendía descubrir las percepciones que tenían los ciudadanos sobre el Estado de Derecho, así como también el identificar sus opiniones y percepciones frente a la realidad nacional. Dichas preguntas se organizaron de la siguiente manera: • ¿Cómo calificaría usted la situación económica del país? • ¿Usted ha sido afectado de manera directa en el conflicto? • En su opinión, ¿cuáles son las principales causas del conflicto? • ¿Considera que el conflicto lo ha afectado de alguna manera, ya sea directa o indirecta? • ¿Qué le ha producido? • ¿Conoce personalmente a alguien que haya sido víctima del conflicto? • Cuando escucha el término derechos humanos, ¿qué ideas se le vienen a la mente?

• Es preferible una sociedad donde se respeten todos los derechos, aunque haya algún desorden • En el futuro, ¿usted cree que la situación de derechos humanos en el país será mejor, igual, peor? • Usando una escala de 1 a 7, donde 1 es pésimo y 7 excelente, ¿qué nota le pone a las fuerzas militares y policía? Según lo anterior, se puede observar durante el ejercicio que para la primera pregunta sobre la percepción sobre la situación económica del país, un 37% de los encuestados respondió que era ‘regular’, seguido de ‘mala’ con un 25,9% y de buena de un 16,5%; no sabe o no responde 2,4% muy buen 4,7% y regular de 12,9%. Esto demuestra que la mayoría de asistentes siente que el país, a pesar de estar ahorita en un punto importante en materia económica, no está avanzando y de ser así, esto no se percibe en las zonas periféricas a la capital del país. Las preguntas 5, 6, 7 8, y 9 giraron en torno a la incidencia del conflicto armado. En el desarrollo de estas se observó que el 62,4% se siente directamente afectado por el conflicto. Este dato es de suma importancia ya que la mayoría de los asistentes eran del departamento del Caquetá, uno de los más afectados por el conflicto, así como también zonas y departamentos cercanos. Esto indica que la población ha sido en su mayoría víctima en alguna forma en el conflicto. Así mismo, el 38% de la población encuestada denota que el conflicto armado tiene diferentes causas, las cuales son: la tenencia de la tierra, exclusión política, segregación social y pobreza. Es así como vale señalar que la población encuestada identifica que existe un conflicto armado en el país, y que este se debe a causas sociales y políticas. Del mismo modo, el restante 38% de los encuestados identificó alguna de las causas del conflicto. Otro aspecto importante a señalar es el tipo de afectación que tienen en el conflicto, el 29% lo identificó como una afectación emocional, y el 23,9% como algo económico. Lo anterior demuestra que hay un quiebre en el tejido social de la población y que es necesario hacer una reconstrucción del mismo, por medio de la reconciliación, para aliviar los aspectos emocionales; ahora, en el sentido económico es necesario hallar formas de retribuir a la sociedad ya que este aspecto también influye para la reconstrucción social; el 40% restante identifica otro tipo de afectaciones, tales como físicas, psicológicas y políticas. Siguiendo el orden de análisis, al preguntarles a los asistentes qué les ha producido el conflicto armado, los índices más altos fueron impotencia con un 23% e inseguridad personal con un 20%; se destaca también el sentirse mal con un 15%. Los dos primeros factores tienen una gran incidencia en la sociedad ya que la inseguridad va ligada con el desarrollo del conflicto, pero la impotencia y el sentirse mal van ligados a las experiencias personales de los individuos. Lo que se conecta con los diferentes quiebres que existen al interior del tejido social y de la comunidad. En el último punto sobre la incidencia del conflicto armado, los asistentes marcaron con un 85% de afirmación el conocer a alguien víctima del

conflicto, lo cual se complementa con la pregunta de sentirse víctima del conflicto, ya que demuestra que la sociedad no solo ve sus propias vulneraciones, sino también las que le suceden a otros. Por otro lado, para las preguntas 10, 11, 12 y 13 la temática fue la percepción sobre los derechos humanos. Durante esta sección se cuestionó a los participantes sobre el significado de los derechos humanos, cuáles identificaban, si creían que eran más importantes los derechos que la seguridad, entre otros. La mayoría de los asistentes identificó como derechos fundamentales de las personas el término derechos humanos con un 16 % y así como justicia y defensa de los mismos con un 13%. Un 35% determinó que es preferible que haya orden a que se respeten los derechos humanos y un 50% estableció que es mejor que haya algún tipo de desorden pero que prevalezcan los derechos humanos. Lo anterior indica las personas entienden los derechos humanos como un mecanismo de libertad y seguridad; un concepto que a los ojos no es vacío, sino que otorga una serie de beneficios y lo ven como algo positivo. De igual forma, vale resaltar que un 35% estipuló que preferirían tener orden a que se respeten sus derechos, lo cual es llamativo ya que al tener en cuenta la zona donde se realizó la actividad, es más sujeta a episodios de violencia, lo que demuestra que parte de su población está cansada de esto y prefiere someterse a cierta supresión de derechos que a seguir repitiendo dichos episodios; no obstante, el hecho de que un 50% de la población escogiera los derechos por sobre el orden, indica que los individuos tienen un conocimiento sobre cuáles son sus garantías y cómo se les deben proteger sin importar las circunstancias. En la sección de escoger en qué medida deben ser cumplidos, estuvo sobre la media que la mayoría de los derechos deberían cumplirse en alguna medida, esto quiere indicar que no se está de acuerdo con que no se cumplan pero tampoco que se lleven a cabo en su totalidad. Este punto debe ser analizado e investigado más a fondo para encontrar una justificación apropiada. Finalmente, en perspectiva, quienes realizaron las encuestas perciben que con la terminación del conflicto con las FARC va a mejorar la situación de los derechos humanos en el país con un 43%, se va a mantener un 20% y va a empeorar un 15%; estos porcentajes demuestran que entre quienes asistieron al foro ven efectivamente como una posibilidad positiva la terminación del conflicto. Por último, se clasificó entre los encuestados el nivel de satisfacción de las Fuerzas Militares como de Policía. Para las Fuerzas Militares el índice fue bastante alto, obteniendo en un rango de 1 a 7, donde 1 es pésimo y 7 excelente, un 16% en 6 y un 17% en 7, con tan solo un 3,5 en 1. Por el lado de la Policía, se encontró que hay un 15% tanto en 4 y 5 y un 7 % en 1. Lo anterior demuestra que la población está satisfecha con el deber de sus Fuerzas Armadas, pero que tienen una mayor confiabilidad y complacencia por las Fuerzas Militares que por las de Policía.

ANEXOS SISTEMATIZACIÓN DE DATOS Pregunta 1 ¿Cómo calificaría usted la situación económica del país? N° encuestados

Muy buena

4,7

Buena

16,5

Regular

37,6

Mala

25,9

Muy mala

12,9

No sabe (N.S)

0,0

No responde (N.R)

1,2

No contestada

1,2

100%

TOTAL

Pregunta 5 ¿Usted ha sido afectado de manera directa a causa del conflicto? N° Encuestados

% (Porcentaje)

Sí

62,4

28,2

No responde

0,0

No contestada

8,2

100%

TOTAL

Pregunta 6 En su opinión, ¿Cuáles son las principales causas de origen del conflicto armado? N° Encuestados

% (Porcentaje)

Propiedad de la tierra

10,6

Exclusión política

12,9

Segregación social

2,4

Pobreza

18,8

Todas las anteriores

38,8

Ninguna de las anteriores

1,2

Otro

9,4

No sabe

0,0

No responde

2,4

No contestada

3,5

100%

TOTAL

Pregunta 8 a ¿Considera que el conflicto lo ha afectado de alguna manera, ya sea directa o indirecta? (Si es así, seleccione las opciones. Es posible marcar más de una opción) N° Respuestas

% (Porcentaje)

Ninguno

1,3

Emocional

29,6

Psicológico

11,3

Económico

23,9

Físico

11,9

Otros (político, social, familiar)

18,2

No sabe

1,3

No responde

0,6

No contestada

1,9

159

100%

TOTAL

Pregunta 8 b ¿Qué le ha producido? Puede seleccionar más de una opción N° Respuestas

% (Porcentaje)

Inseguridad personal

20,0

Me siento mal cuando recuerdo lo vivido

15,0

Aislamiento

6,9

Impotencia

23,1

Afectación a la memoria

5,0

Conflictos familiares

9,4

Otros

5,6

No sabe

1,3

No responde

1,3

No contestada

12,5

160

100%

TOTAL

Pregunta 9 ¿Conoce personalmente a alguien que haya sido víctima del conflicto? N° encuestados

% ( Porcentaje)

Sí

84,7

4,7

No sabe

0,0

No responde

0,0

No contestada

10,6

100%

TOTAL

Pregunta 10 Cuando escucha el término derechos humanos, ¿Qué ideas se le vienen a la mente? N° Respuestas

% ( Porcentaje)

Democracia, progreso y desarrollo de las sociedades

8,4

Derechos fundamentales de las personas

16,1

Justicia y defensa de los derechos de las personas

13,3

Libertades (de expresión, de elección, etc.)

9,5

Abuso de poder, maltrato y violaciones a los derechos humanos

7,5

Tratos y convenios internacionales de derechos humanos

8,1

7,5

6,1

5,2

1,7

8,6

Organismos internacionales de derechos humanos (ONU, Unicef, etc.) Organizaciones y agrupaciones de derechos humanos (ONG mujeres, ecologistas, etc.) Crímenes de lesa humanidad Terrorismo y acciones terroristas de grupos armados alzados en armas Posiciones políticas de izquierda, personas de izquierda Respeto a grupos vulnerables o minorías (sexuales, religiosas, étnicas, etc.) No contestada TOTAL

2,0

347

100%

Pregunta 11 Es preferible una sociedad donde se respeten todos los derechos, aunque haya algĂşn desorden

Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo No sabe No responde No contestada TOTAL

NÂ° Respuestas

% Porcentajes

17 26 9 12 10 1 2 8 85

20,0 30,6 10,6 14,1 11,8 1,2 2,4 9,4 100%

Pregunta 12 N° Respuestas

De la siguiente tabla, indique alguna de las siguientes opciones Nada Algo Totalmente No responde Ser tratado con dignidad y respeto, independiente del sexo, raza u otra condición Poder expresarse libremente Que se respete la vida privada Acceder a un juicio justo Recibir atención judicial en caso de ser víctima de un delito No ser arrestado arbitrariamente Que se respete la propiedad privada Poder participar en las decisiones del gobierno TOTAL

10 17 17

38 26 29

23 24 21

14 18 18

14 13 22 119

27 29 24 239

22 21 18 172

22 22 21 150

% Porcentaje De la siguiente tabla, indique alguna de las siguientes opciones Nada Algo Totalmente No responde Ser tratado con dignidad y respeto, independiente del sexo,raza u otra condición Poder expresarse libremente Que se respete la vida privada Acceder a un juicio justo Recibir atención judicial en caso de ser víctima de un delito No ser arrestado arbitrariamente Que se respete la propiedad privada Poder participar en las decisiones del gobierno

10,6

43,5

27,1

18,8

11,8 20,0 20,0

44,7 30,6 34,1

27,1 28,2 24,7

16,5 21,2 21,2

20,0

34,1

23,5

22,4

16,5 15,3 25,9

31,8 34,1 28,2

25,9 24,7 21,2

25,9 25,9 24,7

Pregunta 13 En el futuro, ¿usted cree que la situación de derechos humanos en el país será mejor, igual, peor? N° Respuestas

% Porcentajes

Mejor

48,2

Igual

20,0

Peor

15,3

No sabe

4,7

No responde

0,0

No contestada

11,8

100%

TOTAL

Pregunta 14 (Fuerzas Militares) Usando una escala de 1 a 7, donde 1 es pésimo y 7 excelente ¿qué nota le pone a las Fuerzas Militares y Policía? FUERZAS MILITARES N° Encuestados % Porcentaje POLICÍA N° Encuestados % Porcentaje

No contestada

3,5

2,4

12,9

7,1

16,5

17,6

37,6

No contestada

7,1

4,7

5,9

15,3

5,9

8,2

37,6

Pregunta 16 Sexo del encuestado/a NÂ° personas

% Porcentajes

Hombre

65,9

Mujer

23,5

No contestado TOTAL

10,6

100%

TERCERA PARTE INTERIORIZANDO VALORES

Una sociedad que desea entrar en un escenario de posconflicto debe tener una serie de valores y principios que permitan el acceso al perdón y a la reconciliación social. El interés de construir una sociedad mejor no debe ser solo un esfuerzo institucional o una iniciativa pública de una colectividad, debe ser una decisión personal de querer hacer parte de un nuevo sistema que refleje desde lo interior una paz generalizada. Si las personas en su entorno individual mejoran comportamientos que produzcan una empatía social, se tendrá una mayor posibilidad de éxito para la aplicación de unos acuerdos finales que materialicen el fin de conflicto. La aceptación de la diferencia de unas personas que sin mirar sus causas han sido parte del conflicto, hace viable una paz estable y duradera. La reconciliación comienza con el aporte individual que cada uno de los integrantes de la sociedad esté dispuesto a ofrecer al otro, con el respeto por la víctima, el reconocimiento de la labor del soldado y la inclusión a la sociedad del combatiente ilegal, es el inicio de una construcción sólida del tejido social. Dejar en manos de las instituciones públicas la responsabilidad de construir la paz y la reconciliación no es una opción viable, estas darán los aportes materiales y normativos necesarios, pero las personas individualmente deberán dar el más importante aporte, la disposición y el convencimiento de que la paz es posible.

THIRD PART INTERIORIZING VALUES

A society that wants to enter a post-conflict scenario must have a set of values and â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039; principles that allow access to forgiveness and social reconciliation. The interest to build a better society should not be just an institutional effort or a public initiative of a community, it must be a personal decision to want to be part of a new system that reflects from the inside a generalized peace. If people in their individual environment improve behaviors that produce social empathy, there will be a greater chance of success for the implementation of final agreements that materialize the end of conflict. The acceptance of the difference of people who, without looking at their causes, have been part of the conflict, makes a stable and lasting peace viable, reconciliation begins with the individual contribution that each member of society is willing to offer the other, respect for the victim, recognition of the work of the soldier and the inclusion of the illegal combatant in society, is the beginning of a solid construction of society. To leave the responsibility for peace and reconciliation to public institutions is not a viable option, they will provide the necessary material and normative contributions, but individual persons must give the most important contribution, the disposition and the conviction that peace is possible.

DRITTE TEIL INTERNALISIEREN DER MORALISCHE TUGENDEN

Eine Gesellschaft dass im Postkonflikt szenario angehen will. Muss es eine moralische Tugenden für die sozial Versöhnung haben, d.h., die Interesse einer bessere Gesellschaft, muss es nicht nur eine institutionelle Anstrengung oder einer öffentliche Initiative einer Kollektivität. Es muss eine persönlich Entscheidung, die als ein Teilnehmer einer neue System mit die Friede internalisiert sein muss. Wenn die Menschen in ihrer individuellen Verhaltensweisen, die für ihre Umwelt zu verbessern, wird es eine größere Chance auf Erfolg für die Durchführung einer endgültigen Vereinbarungen, die zur Endes des Konfliktes materialisieren können.

PROPUESTA DE MÉTODO PARA PLANTEAR UNA POLÍTICA PÚBLICA DE RECONCILIACIÓN SOCIAL6 Edwin Murillo Amaris, S.J PhD.

Colocarse frente al análisis de problemas políticos es ampliar el espectro de trabajo investigativo, teniendo en cuenta la complejidad que conlleva la misma realidad social en todas sus dimensiones. Las experiencias de largos períodos de conflicto y violencia que han vivido innumerables sociedades a lo largo y ancho del planeta ha suscitado diversos marcos teóricos de estudio en niveles de diagnóstico, análisis, interpretación y variedad de posibilidades en búsqueda de salidas alternativas. A su vez, los instrumentos de estudio a nivel metodológico han crecido en medio de las mismas circunstancias conflictivas y violentas. Aunque la situación de enfrentamiento ha suscitado consecuencias desastrosas para los diferentes grupos que se han visto implicados y afectados, una de las marcas más profundas de este tipo de experiencias está en la fragmentación social que permea toda posibilidad de establecer un contexto de convivencia y coexistencia, en un marco de referencia en el que se busque la reconstrucción social, sin desconocer que el consenso absoluto no existe y que el reto de lo político está en tratar de construir el consenso en medio del disenso. En este sentido, el modo de abordar las realidades sociales, políticas, económicas y culturales que implican contextos que han vivido este tipo de experiencias conflictivas y violentas puede variar de acuerdo a las perspectivas de cada contexto y del momento 6. Este texto es una síntesis del marco metodológico y forma parte del trabajo de investigación titulada “Hacia una Política Pública de Reconciliación Social” que está explícito en la tesis doctoral del mismo autor defendida en el mes de enero de 2016 en la Universidad Complutense de Madrid y que próximamente será publicada.

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o tiempo en el que se desarrollen tanto los hechos de enfrentamiento como los de búsqueda de salidas alternativas. Con estas particularidades, la cantidad de procesos y dinámicas que se han desarrollado en tantos países para reestablecer mecanismos de coexistencia y convivencia, da pie a plantear retos y desafíos en materia de métodos o modos de abordar las complejas realidades que un proceso de conflicto7 y violencia8 conlleva, también, en materia de diagnóstico y análisis. Por tanto, un primer elemento que se debería tener en cuenta está centrado en las variables de contexto y temporalidad de cada experiencia. No todos los procesos conflictivos tienen los mismos elementos configuradores ni las mismas alternativas de salida a las dinámicas de choque. A lo anterior se suma la sensación de ineficacia, ineficiencia, fracaso, de muchos procesos alrededor del mundo. Que cesen las hostilidades y se ofrezcan “ventajas” a los excombatientes no implica que las problemáticas están resueltas ni mucho menos que etapas posteriores de enfrentamientos se podrán evitar. En este orden, la pregunta que motivó la investigación es: ¿Cómo hacer más justos y efectivos los procesos de reconciliación social en situaciones de conflicto y violencia? Indudablemente se reconocen las características particulares de cada proceso, pero se identifican una serie de elementos que pueden articular una apuesta por configurar de mejor manera lo que implica la reconstrucción de una sociedad. Más allá de procesos de diálogo, negociación, firma de acuerdos hacia la paz e implementación de programas y proyectos que posibiliten condiciones que abran el espacio hacia las reformas, el modo de reconfigurar sociedades fragmentadas en estos niveles presenta diversas maneras de abordaje. Si se pretende ubicar la perspectiva de análisis investigativo de un tipo de problemática social y política, en perspectiva de conflictividad y violencia, la manera de abordar las realidades es desde lo cualitativo, sin desconocer que el tener lo cuantitativo puede apoyar las indagaciones desde las realidades humanitarias que se hacen presente. Pero, puede parecer obvio que indagar por las “cualidades” de las complejidades palpables es la vía más fácil o de más consistente camino. Sin embargo, lo cualitativo demanda más precisión, por su misma complejidad. La investigación avanzó a través de métodos cualitativos e instrumentos del mismo ámbito. En este sentido, el método de análisis de problemas políticos en contextos de conflicto y violencia contiene unos presupuestos que es importante puntualizar, 7. Reconociendo que el conflicto es constitutivo de lo humano, la presente investigación asume la condición conflictiva en perspectiva de los enfrentamientos que se producen en sociedades donde la injusticia impera, la inequidad fragmenta lo colectivo y la segregación coloca a los diversos grupos en continuo choque de intereses, necesidades y valores. 8. Para efectos de la presente investigación, la pregunta se plantea en términos generales. Sin embargo, por ser conscientes de las diferencias contextuales y procedimentales que cada realidad de conflicto y violencia presenta nos demanda esta aclaración metodológica. Por ejemplo, los casos que hemos escogido: Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia, exhiben diferencias sustanciales que no podemos desconocer. Los tres primeros plantearon los procesos de posconflicto después de acuerdos puntuales entre las partes enfrentadas y con cese de hostilidades; Colombia, por el contrario, aún mantiene un proceso conflictivo y violento.

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por cuanto la amplitud del tema y la complejidad misma que lo configura darían para cantidad de formas de abordar los problemas: 1) cada contexto configura una realidad distinta de análisis y brinda posibilidades diversas de abordaje; 2) cada tiempo del problema analizado conlleva perspectivas de trabajo; 3) las diferenciaciones entre los casos permiten el establecimiento de redes de variables para analizar las problemáticas; 4) el método para concluir los análisis posibles presenta dos horizontes de trabajo: el método en cuanto referencia teórica de indagación y el método como manera de abordar con instrumentos la realidad. En el presente texto se dejan explícitos estos dos últimos horizontes de la metodología utilizada en la investigación entorno al planteamiento de una política pública de reconciliación social. Por supuesto que se tienen en cuenta las tres primeras formas de abordaje de estas problemáticas: el contexto, la temporalidad y la posibilidad de diseñar redes de variables.

Marco general del método utilizado: un modelo ideal La sensación de “fracaso” en los diversos intentos de construir marcos de referencia en la búsqueda de alternativas frente al conflicto y la violencia, con los consiguientes efectos de “réplica”, es el hecho concreto que nos conduce a confrontar el tema de la efectividad de las dinámicas de reconciliación social9. Desde esta perspectiva, se buscó proponer un modelo ideal10 de reconstrucción social en sociedades que han vivido la fragmentación general debido a acciones conflictivas y violentas, asumiendo los aciertos y desaciertos de cuatro casos de Sudáfrica, Centroamérica (El Salvador y

9. Podemos señalar como indicadores del llamado “fracaso” de las posibles salidas alternativas al conflicto y la violencia en El Salvador y Colombia, la réplica de los actos violentos por grupos de segunda y tercera generación de quienes protagonizaron inicialmente los brotes conflictivos. Tal es el caso de las llamadas “Maras” en el contexto salvadoreño. Estos grupos de “jóvenes” son los hijos o nietos de los centroamericanos que huyeron de la guerra en los años setenta y ochenta hacia Estados Unidos. En la ciudad de Los Ángeles formaron estos grupos delincuenciales que retornaron al final de los noventa e inicios de la década del dos mil a su país y sembraron nuevamente el contexto de violencia. En el caso colombiano, después de la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el año 2005 –motivada por la propuesta del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y amparados bajo la Ley 975 del mismo año (denominada Ley de Justicia y Paz)– un considerable número de combatientes de estos grupos no se acogieron a la propuesta del gobierno y continuaron delinquiendo bajo la denominación de las BACRIM (Bandas Criminales) o, incluso, se constituyeron con el retorno de excombatientes que se desmovilizaron, pero con el correr del tiempo no confiaron en el proceso propuesto por el gobierno o, simplemente, sintieron que “la guerra” era su vida. Una mejor fundamentación sobre esta temática (especialmente sobre el caso salvadoreño) se puede hallar en el documental “La vida loca” del fotógrafo y cineasta hispano-francés Christian Poveda (2008). Para el caso colombiano se puede acceder al documental online “Cómo va la paz” (Informe realizado por International Crisis Group sobre las BACRIM, 2012). 10. Para los efectos de esta investigación, al hacer referencia a modelo ideal no se propone una visión platónica ni utópica de la propuesta, sino que se hace referencia a lo que debería contener una alternativa al conflicto y la violencia a través de una política pública. Es el referente de hacia dónde debería tender este tipo de apuestas socio-políticas.

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Nicaragua) y Colombia, los cuales no fueron asumidos en perspectiva comparada en el estricto sentido del término. El modelo ideal que se buscó debería dar lugar a la creación de una política pública de reconciliación social que abra las posibilidades de lo justo y lo efectivo en este tipo de iniciativas alternas a la conflictividad. La delimitación de dos hipótesis delineó el camino sobre le cual se trabajó el cómo indagar analíticamente la problemática de los pos-acuerdos y, posteriormente, posconflicto. Las hipótesis que se señalaron fueron: 1) Un proceso de reconciliación social es justo cuando contiene el elemento deliberativo como espacio de imparcialidad en el que los intereses de todos los miembros son tenidos en cuenta. Y es efectivo cuando los mecanismos institucionales que buscan la convivencia y la coexistencia11 después del conflicto se fundamentan en bases de institucionalidad guiada por la buena gobernanza y, en última instancia, por la ética pública. 2) Todo proceso de reconciliación social debe contener instrumentos (como la verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón, entre otros), procesos (tiempos y fases) y estructuras que deben respetarse para que el conjunto del proceso, guiado por la justicia y la ética, funcione. Por ende, se buscó acceder a cada caso para extraer las particularidades asumidas en los cuatro procesos y construir una red de principios básicos que brindaron la posibilidad de definir los elementos fundantes de una política pública de reconciliación social, con miras a crear dinámicas de cooperación hacia la reconstrucción social, después de largos períodos de conflicto y violencia. Históricamente se pueden sintetizar los esfuerzos que la humanidad ha hecho para buscar alternativas de salida a las situaciones de conflicto en tres dinámicas: 1) La Resolución de Conflictos como conjunto de mecanismos estratégicos conducentes al cese de hostilidades y a la concreción de acuerdos y/o pactos pacíficos; dentro de este conjunto de mecanismos se cuentan los diálogos de paz, la negociación, la mediación, el arbitraje, la amigable composición, entre otros. 2) La Transición Democrática como espectro de medidas gubernamentales, con apoyo de la comunidad internacional o sin ella, que brindan el espacio político para el paso de gobiernos dictatoriales o autoritarios a democráticos, como han sido, por ejemplo, los procesos en España, Chile, Liberia, etc. En este nivel los instrumentos más utilizados en el ámbito interno son los diálogos y acuerdos partidistas con asunción de elecciones democráticas y, en algunos casos, con procesos constituyentes; a nivel internacional, sin embargo, se ha optado por iniciativas como el peacekeeping y peacemaking con un fuerte protagonismo de Naciones Unidas. 3) Los procesos de Reconciliación Social como el espacio ético po11. Se distinguen estos dos conceptos, aunque tienen afinidad, por cuanto la perspectiva de la conflictividad constitutiva del ser humano deja manifiesta la complejidad misma que conlleva la interrelación personal y grupal, así como el restablecimiento de lo fragmentado en choques de intereses. Así las cosas, la coexistencia se asume como la capacidad de reconocer y aceptar la presencia del (de los) otro(s), pero sin implicaciones (en palabras más populares, no existe la posibilidad de “colocarse en los zapatos del otro). Es la esfera de la tolerancia. La convivencia es la capacidad de reconocer, aceptar y acoger la presencia del (de los) otro(s) implicándose (colocarse en los zapatos del otro). Es la esfera de la empatía, la solidaridad, la colaboración, etc.

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lítico que algunos grupos humanos abren en su historia de conflicto y violencia para reconstruir la estructura social e institucional que posibilite la convivencia pacífica y el retorno a la democracia. El camino de investigación y análisis hacia el modelo ideal avanzó a través del método de estudio de caso, como herramienta que permitiera explorar y analizar abiertamente la búsqueda de salidas alternativas al conflicto y la violencia en cuatro países que han vivido largos períodos de conflicto y violencia. Esta salida alternativa, según la historia misma de cada país, es la reconciliación social como un horizonte desde el cual se busca el restablecimiento de relaciones sociales y la consolidación de sociedades de convivencia. Un caso es un objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que se analiza en una teoría o una parte de ella, bien sea por su valor intrínseco. Para su análisis se pueden utilizar materiales diferentes, desde entrevistas semiestructuradas hasta análisis de contenido de documentos varios, pasando por encuestas u observación participante (Coller, 2005, p. 29).

Coller (2005) señala que el método del estudio de caso tiene unas tipologías12 que merece la pena tener en cuenta al momento de escoger esta manera de investigar. Desde este conjunto de tipos en el modelo, las tipologías de estudio de casos que se asumieron fueron: 1) según lo que se estudia, la de objeto de estudio con fronteras más o menos claras desde la historia conflictiva de cada uno de los cuatro países escogidos y la centralidad en los procesos de salida a la violencia que emprendieron o aún emprenden estos casos escogidos. 2) Según el alcance del caso, la de caso genérico instrumental porque a través de estos cuatro casos se buscó ilustrar un conjunto de proposiciones que nos condujeron a las bases de una política pública de reconciliación social. 3) Según el tipo de acontecimiento, se optó por el tipo mixto, por cuanto se recurrió a acontecimientos pasados para explicar una urgente necesidad presente en materia de reconstrucción social a través de la gestión de lo público, después de la violencia. 4) Y, siguiendo el interés de la investigación, también se tuvo en cuenta la tipología del número de casos, específicamente en lo referente al caso múltiple, pero centrándose en la compilación de información desde las similitudes y diferencias de cada país escogido para concluir con el diseño de una reconciliation network que ampliaría las bases de la política pública. Enmarcado dentro del método del estudio de casos, vale la pena aclarar que la manera de indagar por información en cada caso no fue igual. Las dificultades de acceso 12. Para este autor, el método de estudio de casos tiene las siguientes tipologías: según lo que se estudia (objeto y proceso); según el alcance del caso (específico y genérico (ejemplar e instrumental)); según la naturaleza del caso (ejemplar, polar (extremo), típico, único (contextual, irrepetible, pionero, excepcional, desviado –negativo–, teóricamente decisivo); según el tipo de acontecimiento (histórico (diacrónico), contemporáneo (sincrónico), híbrido); según el uso del caso (exploratorio (descriptivo), analítico (con hipótesis, sin hipótesis); según el número de casos (único, múltiple (paralelos, disimilares) (Coller, 2005, p. 32).

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a un trabajo de campo por motivos personales, económicos y de distancia geográfica, impidieron acceder a Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua para un trabajo en campo. El carácter cualitativo de la investigación condujo a hacer uso de la generalización analítica o inducción analítica –como método que, en el abordaje del problema de debate real, posibilitara la búsqueda alternativa al conflicto y la violencia a través de la reconciliación social como política pública– en torno a la reconstrucción social. Esto se trabajó abordando cada caso y, desde allí, argumentando la propuesta con la ayuda de revisión de fuentes, tanto primarias como secundarias, teóricas como documentales, cuyo acceso se garantizó por diversidad de medios (entrevistas, material bibliográfico, información en línea). Con estos recursos se tuvo la posibilidad de recabar la información necesaria y elementos comunes en los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua. Como se expresó desde Coller, “los documentos forman parte de la estrategia de triangulación que se suele seguir en los estudios de caso para darle coherencia, fiabilidad y solidez a los datos” (2005, p. 80). En el caso de Colombia, además del acceso a la información documental y al trabajo de campo, en la medida en que las posibilidades de seguridad personal lo favorecieron, se pudo apoyar en la dinámica del grupo de discusión, como herramienta de análisis cualitativo. Este instrumento de investigación Se define por representar una situación discursiva grupal controlada por un investigador-moderador para los objetivos de una investigación. El control que ejerce el moderador tiene el propósito de articular lo que pasa dentro del grupo con lo que pasa fuera, es decir, en la investigación y la realidad social objeto de estudio. Su objetivo, por tanto, es doble por el interés que supone articular dos tareas concretas: a) Crear una situación grupal artificial donde los integrantes se manifiesten y hablen libremente, y de la manera más natural y espontánea. b) Mantener al grupo en una situación de trabajo e interés particular que se deriva del tema investigado y de los objetivos de la investigación (Gutiérrez, 2008, p. 43).

La complejidad de acceso a víctimas, victimarios (desmovilizados, en términos de la ley de justicia y paz en Colombia) y funcionarios del gobierno y/o entidades encargadas del proceso, se pudo abordar a través de esta dinámica investigativa. Entre el año 2005 y 2010 se desataron en Colombia diversidad de situaciones que favorecieron u obstaculizaron a la llamada Ley de Justicia y Paz, incluyendo persecuciones sistemáticas tanto a excombatientes de alguno de los grupos, como a víctimas, de manera que el acceso a la información no fue fácil. Así mismo, el hecho de ser un proceso “novedoso dentro de las circunstancias colombianas”, especialmente con la manera de gobernar de Álvaro Uribe Vélez13 y el hecho de lograr la desmovilización de los grupos de para13. Es importante resaltar que su plan de gobierno se llamó “Seguridad Democrática” y consistió en colocar el ámbito de la seguridad y defensa por encima de cualquier otro aspecto nacional. A tal punto que el mayor rubro del presupuesto nacional se fue a este campo de acción.

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militares antes que la guerrilla, que no era lo usual, convocó a infinidad de organizaciones nacionales e internacionales, así como a investigadores de todas las áreas académicas, dando por resultado una enorme cantidad de solicitudes de “investigación social”, generando cierta desazón entre todos los miembros de los grupos involucrados, tanto víctimas como excombatientes. La expresión popular más utilizada fue que “nos tomaron como conejillos de indias”, para expresar una sensación de insatisfacción y descontento al recibir cantidad de personas que les preguntaban de todos los aspectos relacionados con su situación y, en últimas, “no les beneficiaba en nada”. En este contexto, esta investigación se vio abocada a enfrentar obstáculos y prevenciones por parte de organizaciones gubernamentales encargadas del tema y de los grupos objeto de estudio (víctimas y desmovilizados). Sin embargo, la herramienta del grupo de discusión logró ayudar en la obtención de información en terreno que se contrastó con la obtenida en documentos en cada caso, incluyendo a Colombia. Con el ánimo de complementar la búsqueda de información, evitando que los obstáculos señalados en el caso de Colombia redujeran la comprobación de las hipótesis, se trabajó la herramienta de las entrevistas cualitativas (Vallés, 2009) con algunos funcionarios de las entidades responsables del proceso, con algunos miembros de grupos de desmovilizados que se encontraban en cárceles colombianas y con víctimas en zonas en las que no fue posible aplicar grupos de discusión por cuestiones de seguridad. El apoyo fue en las entrevistas cualitativas semiestructuradas con el propósito de ahondar en elementos respecto al proceso a través de preguntas abiertas, concretas y específicas. Pero este instrumento también se utilizó con otro tipo de actores como docentes o especialistas en áreas académicas que podían ayudar en las conclusiones. Con estos instrumentos metodológicos, tras la construcción del modelo ideal que se propuso, el marco general del método se diseñó en el llamado Process Tracing14. Esta manera de abordar los fenómenos sociales forma parte de los conocidos instrumentos del denominado “método de proceso de rastreo”, que se originó para “incorporar históricas narrativas dentro de teorías muy abstractas en las ciencias sociales” (Falleti, 2006, p. 9). Alexander George y Andrew Bennet (2005) señalaron que este método identifica los mecanismos causales que conectan causas y efectos. Según Falleti, estos dos exponentes de esta metodología de investigación en ciencias sociales, definieron “mecanismos causales” como “en última instancia, no observable físico, social, o procesos psicológicos, a través del cual los agentes con capacidades causales operan, pero solo en específicos contextos o condiciones, para la transferencia de energía, información, o importan a otras entidades” (Falleti, 2006, p. 10). En este sentido, abordar los casos de Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia, en un marco de construcción de un modelo ideal que conduzca a la urgente 14. Process Tracing (seguimiento de procesos) Es un herramienta de análisis cualitativo. Es definida como un herramienta de estudio sistemático de diagnóstico de pruebas seleccionadas y analizadas a la luz de la investigación de preguntas e hipótesis seleccionadas por el investigador. Puede contribuir a describir conjuntamente fenómenos políticos y sociales, y evaluar las reclamaciones causales (Collier, 2011, p. 823).

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necesidad de una política pública de reconciliación social, como un mecanismo eficaz y justo para lo alternativo en sociedades que han vivido largos períodos de conflicto y violencia, posibilita el rastreo de causas y efectos de fondo que brindan la posibilidad de considerar causales no observables en este tipo de iniciativas de diálogos, negociaciones y firmas de acuerdos de paz, que no consideran lo físico, lo social o los procesos psicológicos, como componentes a tener en cuenta para evitar la repetición de actos de violencias o la mutación de lo conflictivo y lo violento en nuevas acciones que recrudezcan la fragmentación social, tal como se ha podido corroborar en los casos de El Salvador (las maras), Sudáfrica (retorno de la violencia entre negros y blancos) y Colombia (procesos de paz anteriores que no han subsanado los ataques entre grupos al margen de la ley y población, junto al rearme de excombatientes o mezcla entre diferentes miembros de grupos violentos, por ejemplo, las BACRIM, como fruto de los exparamilitares). En términos de David Collier (2011), es “una herramienta de análisis para la descripción analítica y deducciones causales de piezas de diagnóstico de evidencias que frecuentemente son comprendidas secuencias temporales de fenómenos o eventos” (Collier, 2011, p. 824). De esta manera, continúa Collier, como herramienta de causalidad, el eje sobre el cual se articula el análisis está en el trazado de acontecimientos y situaciones sobre el tiempo. Para esto, se deben describir los acontecimientos y las situaciones en determinado instante del tiempo. Así las cosas, el componente descriptivo del proceso de seguimiento comienza con la fijación de hechos en una serie de momentos específicos. Lo anterior, para caracterizar un proceso que debe ser capaz de caracterizar los pasos claves en la procesualidad misma, lo que permite un buen análisis de cambio y proceso (p. 824). Siguiendo esta dinámica metodológica, el acceso teórico al institucionalismo histórico y al normativo permitió avanzar en nuestra apuesta investigativa, centrando el trabajo en la otra dimensión del cómo abordar la problemática política: el método en cuanto referencia teórica de indagación. Cada caso escogido (Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia) contiene una serie de dinámicas históricas que determinaron el conflicto y la violencia en sus contextos y circunstancias. Cada acontecimiento y situación en el tiempo permitió que tanto la violencia, como los procesos conducentes a lo alternativo con miras a acuerdos e ingreso a circunstancias hacia la reconciliación social, abrieran el análisis del proceso de cada caso particular pero, a su vez, en su conjunto mostraran dinámicas de análisis descriptivo de este tipo de situaciones. No son solo firmas de acuerdos de cese de hostilidades y apertura para el retorno de excombatientes a la vida social, sumado a medidas de reparación y/o restitución para las víctimas, sino que son causas que parten desde las fallas estructurales que originaron la situación, pasando por las motivaciones personales, y que colocan a la misma sociedad en una perspectiva de un proceso, constituido por procesos eventuales. De allí la mirada hacia una política pública de reconciliación social.

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Referentes metodológicos en perspectiva teórica Los procesos de reconciliación social han sido asumidos por algunas sociedades como mecanismos de apertura a procesos de reconstrucción de la unidad política – no como homogeneización, sino de lo político como coexistencia de diferencias e, incluso, de antagonismos– después de fuertes experiencias conflictivas y violentas. Estas dinámicas han sido estudiadas a nivel teórico desde las mismas circunstancias contextuales en los que se han ubicado los diversos procesos a lo largo y ancho del planeta. Por lo general, son ubicados dentro de perspectivas en estrecha relación con los mecanismos de resolución de conflictos, especialmente centrados en la problemática de la paz. La perspectiva que se asumió en la investigación busca dar un giro conceptual a esta manera de abordar el problema y la urgente necesidad que se plantea en este tipo de grupos humanos. Se buscó tocar el fondo de la problemática en cuanto a los desaciertos que han conducido a la no efectividad de este tipo de iniciativas. La pregunta de investigación marcó la pauta conceptual desde la que se partió y las hipótesis permitieron plantear una manera distinta de abordar este tipo de análisis. La manera como se propuso trabajar el planteamiento de este problema estuvo en la recurrencia al institucionalismo como marco teórico desde el que se desarrolló una apuesta hacia la efectividad y justicia de estos procesos conducentes a la reconstrucción de sociedades fragmentadas por el conflicto y la violencia. Para esto, se asumió el concepto de institucionalidad como el conjunto de reglas de juego, prácticas sociales, rutinas, entre otros elementos, que se establecen como redes dinámicas que influyen en la vida social y generan pautas, en estrecha relación con las creencias e ideas que configuran el comportamiento colectivo de los individuos. La misma realidad conflictiva de la condición humana, expresada en la exacerbación de lo conflictivo hasta hacer palpable la violencia, marca una pauta de dificultad para el abordaje de estas problemáticas y hacen que la complejidad en las búsquedas de salida a estos sucesos aumente. La sensación de ineficacia, ineficiencia y desaciertos en este tipo de procesos pone en entredicho los elementos constitutivos que deberían impulsar y gestionar las iniciativas en esta materia. Por ello, se recurrió a lo institucional como “pieza clave” para concretar procesos más justos y eficaces en materia de reconciliación social, y facilitador de instrumentos de apoyo, tales como: verdad, reparación, restitución, memoria histórica, etc. Las mismas circunstancias que dan paso a los largos conflictos y a las violencias explícitas originan fuertes vacíos en las instituciones que posibilitan la gestión de lo público. En este sentido, la presente investigación considera que el cambio gradual de la misma institucionalidad es viable desde el diseño de marcos de actuación social fundados en la racionalidad del actuar humano. Pero, ¿para qué actuar racionalmente en una perspectiva de reconstrucción social? En este punto apoyó la reflexión la propuesta de Amartya Sen, para quien la racionalidad tiene unos usos que, en perspectiva

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de esta investigación, son los que permitirán ahondar en la acción razonable de un ser humano. Para Sen, el primer uso que tiene la racionalidad es lo normativo, haciendo posible que pensemos y actuemos sabia y juiciosamente más que estúpida o impulsivamente. A lo anterior, se suma el segundo uso de la racionalidad: “elección racional”. Sen señala que este segundo uso de la racionalidad tiene una dimensión “predictiva indirecta”, donde se puede percibir que el comportamiento de lo humano puede predecirse, pero podría ocultar el uso directo de la racionalidad (Sen, 2004, p. 42). Es decir, cabría preguntarse qué requiere la racionalidad desde la perspectiva de la elección, qué puede hacer una persona en los roles económicos, políticos y legales. En estos casos escogidos, podría ser la búsqueda de lo que motiva el acceso a lo alternativo al conflicto y la violencia a través de procesos de diálogos y negociación conducentes a la paz, después que los años han marcado la destrucción de la vida humana y la fragmentación social. Por ejemplo, a un excombatiente qué lo motiva a dejar las armas (¿Indulto o amnistía? ¿Garantías de retorno a la vida civil apoyadas en “capital semilla” para trabajo? ¿Acceso a la vivienda de interés social? Después de tantos años de estilo de vida violenta, ¿Es real su “cambio actitudinal frente a lo social?, entre otras muchas dimensiones que no se pueden desconocer en este tipo de procesos. También, por el lado de las víctimas, se podrían considerar muchos otros aspectos (¿Qué motiva a la víctima fundada en el dolor, la tristeza, la rabia? ¿La indemnización? ¿La reparación? ¿Qué tipo de reparación prioriza? ¿La restitución? ¿Cómo asume al excombatiente que la victimizó y se desmoviliza? ¿Acoge la reintegración del excombatiente?) Finalmente, otro ejemplo que puede ayudar a abordar más esta dimensión desde Amartya Sen, son los aspectos de la sociedad en general: tantos años de fragmentación, ¿Son fácilmente asimilables? ¿Cómo reaccionan todos los sectores sociales ante la desmovilización y reintegración de excombatientes? ¿Cómo gestionar la polarización en que se mantiene la sociedad frente a un proceso hacia la paz y lo que ello implica? ¿Quién asume los “costos” de un tipo de proceso como estos? En últimas, ¿Qué se elige, desde dónde, por qué y para qué?, en una sociedad que busca lo alternativo al conflicto y la violencia. Además, desde Sen hay un tercer uso que no puede desconocerse. Es el llamado uso extensivo de la racionalidad para comprender qué hacen los otros y por qué, y también qué conocen los otros, qué podemos aprender nosotros de lo que los otros conocen (Sen, 2004, p. 43). En términos de reconstrucción social, a través de una política pública de reconciliación social, sería la asunción de trabajar en la apertura de los pensamientos y actos conducentes a la consolidación de lo público, más allá de las perspectivas que se tengan en materia de ideología o cualquier otra diferencia que haya estado dentro del marco de las causas del conflicto. Es la coexistencia y convivencia en medio de diferencias y antagonismos, pero colocando lo público como esfera primordial. ¿Por qué el victimario actuó o actúa de una manera? ¿Por qué la víctima asume un rol de silencio temeroso, mezclado con dolor y rabia, para luego reclamar por sus derechos? ¿Por qué la víctima centra su atención en una reparación expresada en dinero, más allá de una

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reparación de su vida en todos los elementos? ¿Qué conoce la sociedad civil de los actos de los victimarios o del reclamo de las víctimas? ¿Qué lectura hace de la situación un gobierno o una fuerza militar? ¿Es un problema político, o de defensa y seguridad? Son solo algunos cuestionamientos que nos pueden surgir cuando nos acercamos al tercer uso de la racionalidad, con una perspectiva de actuar razonablemente. El cuarto uso de la racionalidad, según Sen, aparece en los esfuerzos de cooperación, competición o combate. No solo la usamos para comprender la perspectiva de los otros, sino que se debe contemplar también qué se espera de los otros. Una persona puede actuar en estas dinámicas motivada por su propio interés más que por la simpatía, el sentido de compromiso o la gratitud. “La actual historia de la cooperación y el conflicto en el mundo tiene muchas enseñanzas que ofrecer que nos llevan más allá de la comprensión de fórmulas y reacciones” (Sen, 2004, p. 45). Finalmente, el quinto uso de la racionalidad ofrece el espacio y el tiempo en el que esta propuesta se afincó para consolidarse como una opción efectiva de reconstrucción social después de largos períodos de conflicto y violencia, “comprender y evaluar cómo pueden ser tomadas las decisiones públicas racionalmente. Igualmente, las figuras de la racionalidad en diversas opciones en la teoría de la elección pública, análisis costo-beneficio, evaluación institucional, evaluación de política pública y otras prácticas de la razón” (2004, p. 45). En este sentido, dos modelos de institucionalismo permitieron que esta investigación lograra los resultados esperados: 1) institucionalismo histórico y, 2) institucionalismo normativo. La dimensión histórica permitió la comprensión conjunta de los procesos y, desde allí, contemplar el diseño idóneo de las instituciones en perspectiva de reconstrucción social. A su vez, brindó elementos que posibilitó analizar la gradualidad de los cambios en este tipo de dinámica y su injerencia en la consolidación de lo público desde categorías de persistencia en el tiempo, ahondando en la no repetición de los hechos. Esto condujo al hecho de que la salida a un momento crítico por medio de la guerra, cuando ha tenido defectos de diseño, no tiene por qué implicar un trayecto sin salida que solo a través de la réplica de la violencia daría lugar a nuevas instituciones. Es la realidad del cambio en las creencias. La historia influye, pero no determina. El institucionalismo normativo complementó la búsqueda al permitir construir las bases hacia la eficacia de este tipo de procesos a partir de las creencias e ideas, hasta su cohesión en valores, que dinamizan los cambios graduales para superar las dinámicas del path dependence. De allí la racionalidad que se demanda para que la ideas se constituyan en columna que sostiene la efectividad de la política pública. De esta manera, los mecanismos institucionales podrán ser aceptados y permitir la cooperación social, superando así los dilemas de la acción colectiva a través de liderazgos suficientes que generen incentivos. En este orden de ideas, se buscó el acercamiento a los fundamentos conceptuales de la realidad de conflicto y violencia dentro de un marco de institucionalismo histórico y normativo, por cuanto la experiencia que han vivido países como Sudáfrica, El Salvador,

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Nicaragua y Colombia conlleva una alta carga de configuración institucional desde que se ha fragmentado la realidad misma que pide ser reconstruida. A su vez, como se expresó en la primera hipótesis de trabajo, los mecanismos de institucionalidad guiada por la buena gobernanza y, en último término, por la ética pública, son los que brindan las posibilidades de lo justo y efectivo de una dinámica de reconciliación social. Las instituciones representan herencias de un fin o un propósito valorado, con sus correspondientes reglas y obligaciones morales. Constituyen una base socialmente ordenada para la vida humana. Esta fundamentación en un terreno normativo implica la vida de los individuos y los colectivos en una realidad social vivida. Vivir una cultura que da la espalda a las instituciones equivale a intentar vivir en un cuerpo físico sin esqueleto o a tener la esperanza de poder usar un idioma, pero no su gramática. Una cultura íntegramente dedicada a desconfiar de sus instituciones es un contrasentido (Heclo, 2010, p. 70).

Conclusiones En este orden de ideas, aunque los métodos para el análisis de problemas políticos en sociedades que han vivido este tipo de procesos de fragmentación por el conflicto y la violencia pueden ser variados, no se puede desconocer que el abordaje desde la perspectiva cualitativa brinda la posibilidad de hacer un acercamiento valioso desde dos niveles centrales: un modo de acercarse a la realidad desde marcos teóricos de referencia que permitan contemplar la continuidad de los hechos conflictivos y, junto a esto, abra la perspectiva analítica a nuevos elementos más allá de mirar las causas y consecuencias en forma de relacional entre lo “causal y sus efectos”; así mismo, un marco teórico en perspectiva de método de acceso a contextos y tiempos particulares, aunque relacionados, cobra mayor sentido con el uso de instrumentos metodológicos cualitativos e instrumentos apropiados a las circunstancias. Por ende, la manera como se abordó la pregunta de investigación para buscar la comprobación de las dos hipótesis dieron como resultado el diseño de un “modelo ideal” expresado en el reconciliation network que se propone como base fundante de una política pública de reconciliación social que siente las bases de lo justo y efectivo de este tipo de dinámicas. Ya no son solo acuerdos entre las partes directamente relaciones, sino que se amplía a un marco general de acción sobre las estructuras socio-políticas que brinden la posibilidad de reconstruir la misma sociedad. El citado reconciliation network ha sido ilustrado desde dos dimensiones y queda para la consulta de los(as) interesados(as). En la ilustración 1 aparecen los elementos ejes sobre las cuales se construyó el análisis de componentes que se hallaron en cada uno de los procesos analizados desde Sudáfrica,

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El Salvador, Nicaragua y Colombia. Cada caso ofertó el elemento de lo procesual (tiempo) centrado en los dinámicas trabajadas a través del institucionalismo histórico y que se expresaron en el desarrollo de las distintas fases de las búsquedas alternativas al conflicto y la violencia. Otro elemento tenido en cuenta fue el de los instrumentos más comunes en este tipo de apuestas socio-políticas, dándole un énfasis particular a la dimensión de lo ético como lo fundante de la política pública, con perspectiva de política de Estado, desde los principios y valores que se implementan a través de programas, proyectos y agenda gubernamental. Por último, el elemento de los marcos institucionales que permean toda la implementación, centrada en reformas estructurales, que garanticen la reconstrucción y la no repetición, para lo justo y efectivo del mismo. En la ilustración 2 se diseña el segundo componente del reconciliatión network que surge de los instrumentos de sentido del mismo “modelo ideal” del que debería surgir la política: lo ético en perspectiva pública. Es decir, el conjunto de principios y valores que estructuran el marco de referencia y facilitan la convivencia y la coexistencia. Van unidos a los instrumentos para la efectividad que, por lo general, son asumidos como parte de un proceso, pero se quedan más en mecanismos al estilo de la resolución de conflicto, no de hondura frente a las causas y consecuencias estructurales del conflicto y la violencia. Ilustración 1.

Fuente: Elaboración propia.

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Ilustración 2. Reconciliation Network

Fuente: Elaboración propia.

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CONSTRUCCIÓN DE VALORES PARA LA PAZ Primer paso para el desarrollo socioeconómico Ulf Thoene, Ph.D15

Introducción Después de un largo tiempo de conflicto Colombia finalmente se acerca a un anhelado período de estabilidad social, que demanda una cultura de paz para alcanzar las metas que los colombianos se han propuesto como sociedad. Esta nueva situación tiene profundas implicaciones, como el hecho de que todos los que formamos parte de la sociedad colombiana podamos contribuir en la construcción de paz, a través de nuestras actuaciones cotidianas (Yarce, 2016a). La paz es la base del desarrollo de la sociedad y de la economía. Sin embargo, esta nueva realidad requiere que estemos abiertos a los cambios y a adaptarnos a nuevas formas de convivencia social. Por esta razón, quiero formular la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los valores necesarios para un cambio personal y social que transformen nuestras formas de convivencia? Es bien sabido que como sociedad y como individuos, nos regimos con valores que condicionan nuestro comportamiento y nuestra convivencia. En este capítulo, quiero subrayar qué valores debemos desplegar cada uno de nosotros, así como también cuáles valores tenemos que exigirnos mutuamente. Para lograr este cometido, desarrollaré mi argumentación en tres partes. En la primera consideraré aspectos relacionados con la justicia social. En la segunda haré un 15. Profesor asociado Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana.

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breve repaso de algunas experiencias internacionales parecidas a las que Colombia va a vivir. Finalmente, explicitaré los valores esenciales que, en mi opinión, se necesitan para la construcción de la paz.

Buscando la justicia social con base en los valores El objetivo de haber iniciado un proceso de paz en Colombia es evidentemente buscar llevar nuestra sociedad, el sistema político y la economía hacia un ambiente en el que superemos los ya tradicionales niveles de violencia, paz negativa en opinión de autores como Cohrs y Boehnke (2008), en todo el territorio nacional como primer paso y, posteriormente, como un segundo paso, para buscar la justicia social (paz positiva). En Colombia el conflicto hunde sus raíces en una insoportable y marcada desigualdad social y económica, que llevó a algunos actores de la sociedad, la guerrilla de las FARC concretamente, a buscar mediante un conflicto armado la superación de estas injustas desigualdades, actuando desde escenarios desde los cuales era imposible su inclusión política. Por todas estas razones, sobra decirlo, estamos inmersos en el actual proceso de paz con este grupo insurgente, que en el presente nos lleva a enfrentar temas tan relevantes como los de la justicia transicional, la entrega de armas por parte de dicha guerrilla, de posibles formas de participación política democrática de este grupo guerrillero, de las maneras de abordar la tragedia del narcotráfico en el cual este grupo está involucrado, de la inserción de excombatientes al mercado laboral, y del desarrollo de sectores económicos como la agroindustria y el turismo en Colombia. Es indudable que estos asuntos políticos, jurídicos y económicos presenten desafíos enormes e importantes para el país y su futuro. Sin embargo, mi intención es la de destacar la necesidad de tocar temas de fondo. Temas que tienen el potencial de llevarnos, como sociedad, hacia la paz. Es importante resaltar que existe un paso o etapa de reflexión fundamental e inicial que se requiere para lograr la ausencia de violencia y la promoción de justicia social. Es por esta razón, que este ensayo –que es una contribución al Foro “El posconflicto como oportunidad para el desarrollo” llevado a cabo en la ciudad de Florencia en el departamento del Caquetá los días 17 y 18 de junio 2015– aporta a un tema clave que es la reflexión sobre cuáles valores, cada uno de nosotros, y todos como sociedad, debemos profundizar o desarrollar para que, de manera exitosa, podamos realizar los pasos necesarios y requeridos para pasar de una sociedad en conflicto hacia una sociedad con comportamientos e instituciones que nos permitan realizar la búsqueda de justicia social. La justicia social y la paz duradera están estrechamente ligadas a la prosperidad y al desarrollo económico. Este desarrollo económico se realiza y se sostiene a través de

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relaciones personales y comerciales. Estas relaciones son el reflejo de, son moldeadas por, y experimentadas a través de los valores que subyacen a las mismas. Los valores guían las relaciones. Yo planteo que cada relación personal y profesional que construyamos en nuestras familias, barrios, y lugares de trabajo, y cada actividad que llevamos a cabo como individuos, y también como sociedad, descansan en un fundamento que reclama una seria base ética. Una fuerte base de valores tiende a conducir a comportamientos que repetimos como una práctica habitual, y de esta manera, a una mejora en nuestras relaciones. Finalmente, una reflexión sobre valores, nos urge a contribuir a un proceso que facilita la convivencia, a sostener caminos hacia la paz, y a cumplir con las diferentes facetas de desarrollo político y socioeconómico ya antes mencionadas. “El poder de los valores proviene del hecho de que son las personas quienes primero aceptan vivirlos libremente. Sólo si ellas los viven, podemos afirmar que los viven las organizaciones, la familia, la empresa, las instituciones sociales, y la sociedad misma. No se pueden, pues, practicar por decreto, o por imposición de nadie. Sería equivocado e improcedente. Y son las personas las que pueden convertirlos en hábitos estables de vida (virtudes)” (Yarce, 2009). De aquí en adelante, voy a establecer la necesidad de reflexionar sobre los valores para la paz. Luego voy a identificar y reflexionar sobre tres valores que, en mi opinión, son sustanciales para una sociedad que desea vivir y prosperar en un ambiente de posconflicto.

Rápido repaso de algunas experiencias internacionales En primer lugar, resulta importante subrayar que procesos de cambio cultural, político y socioeconómico como el proceso de paz colombiano, habitualmente requieren que los actores que representan los diferentes sectores de la sociedad practiquen la paciencia y que se desarrolle una expectativa de cambios a largo plazo. De hecho, la inmediatez entorpece procesos que requieren de tiempo. En Colombia sobran experiencias de esta índole. Por ejemplo, los múltiples cambios a las instituciones que gobiernan al Estado colombiano que se perfilaron como resultado de la aplicación de la Constitución Política del año 1991 aún requieren que los diferentes actores y entidades que componen la sociedad se adapten y se comporten adecuadamente. La experiencia de diversos procesos de paz en el mundo ha mostrado que negociar y firmar un acuerdo de paz es un primer paso necesario, pero no suficiente, para avanzar hacia la paz. Por supuesto, cada proceso de paz es distinto ya que se lleva a cabo en contextos con antecedentes históricos, entornos etnográficos, religiosos, geográficos, culturales, económicos y políticos muy específicos. Por ejemplo, el acuerdo de paz en Irlanda del Norte, firmado el Viernes Santo del año 1998, fue indudablemente un

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evento altamente importante porque re-ordenó instituciones políticas y sociales, demostrando el importante papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en un proceso de paz (Acheson & Milofsky, 2008). Este proceso concretamente envió señales claras de cambios requeridos no solamente a los hasta entonces grupos opuestos y beligerantes, sino también a la sociedad del Reino Unido y de la República de Irlanda. El gran desafío sin embargo, es llenar un acuerdo de paz con significados, intenciones y acciones concretas durante un periodo de tiempo que a algunos quizás les parezca demasiado largo; otros, por el contrario, sacarán partido socavando el proceso. No quiero profundizar más en procesos de paz distintos al que actualmente se está desarrollando en Colombia. A pesar de esto, sí creo posible el hecho de plantear observaciones e inquietudes que nos permitirán construir escenarios, dentro de un universo de posibles caminos hacia el futuro. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, años después de la firma del acuerdo del Viernes Santo en el año 1998, ¿cuántos objetivos se han logrado? ¿Se pensó, en 1998, en los tiempos que demorarían estos procesos para cristalizarse en escenarios de corto y largo plazo? Cambiando de escenarios, ya se sabe que la construcción de paz en el sentido de paz positiva y de reconciliación dentro de las sociedades europeas, como secuela de la Segunda Guerra Mundial, ha sido indudablemente una tarea ardua que ha necesitado altas dosis de paciencia y de capacidad de persuadir a los distractores y a los escépticos. Asimismo, las experiencias internacionales tienden a sugerir que ciertos grupos de la sociedad deben esperar más tiempo que otros para que se reconozca sus sufrimientos y sacrificios. Finalmente, hay que pensar en temáticas específicas y acciones prácticas como indemnizaciones a víctimas, reparaciones económicas y jurídicas, la construcción y esfuerzos articulados de construcción de la memoria histórica, y mecanismos para facilitar el encuentro o la reconciliación de grupos enemistados anteriormente, sobre todo, de acciones dirigidas a jóvenes (Gawerc, 2006).

Los valores para la paz El consultor empresarial colombiano y presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo-ILL, Jorge Yarce (2016a), identifica un total de nueve valores para la paz, los cuales tomaré como punto de referencia para mi argumentación. De los nueve valores que Yarce (2016a) sugiere, yo tomaré para adelantar mi análisis, solo tres: la confianza, la reconciliación, y el bien común, sobre los cuales reposan las bases axiológicas de un proceso de paz. Cada uno de estos valores, a su vez, está conectado con unos valores asociados y complementarios. Mi intención es elaborar, sobre ejemplos de comportamientos y acciones concretos y prácticos, los valores que están ligados al fortalecimiento del proceso de paz.

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El primer valor del que voy a tratar es la confianza, con sus valores asociados, seguridad, esperanza, y credibilidad (Yarce, 2016a). El jurista y sociólogo alemán Niklas Luhmann (1927-1998) se refirió a la confianza como “un hecho elemental de la vida social” (1968). Escribiendo sobre el tema de la confianza en 1968, Luhmann se fijó en el caso colombiano, porque le asombró los altos niveles de desconfianza del sistema social colombiano (patrones de interrelaciones entre individuos, grupos, e instituciones), que no podía satisfacer suficientemente las necesidades de la sociedad, a pesar del hecho de que existía un orden institucionalizado en operación. La confianza es la base de todas nuestras relaciones y actividades en las familias, los barrios, las actividades recreativas, el medio ambiente, el sector público y privado, el Estado y la sociedad civil. “Una sociedad no puede subsistir sin la confianza” (Yarce, 2016b), que se puede definir como “la expectativa positiva de dar o recibir con una cierta seguridad o esperanza sobre el buen resultado de lo que se espera” (Yarce, 2016b). Sin querer a entrar en un debate sobre las temáticas del capital social y el tejido social de la sociedad en Colombia, no es controvertido sostener aquí que una de las fallas más graves que enfrentamos hoy en día es la falta de confianza en los lugares de trabajo, desconfianza expresada hacia las empresas y hacia las instituciones del Estado. La falta de confianza también se muestra en la poca voluntad que tienen los empresarios en invertir y hacer apuestas sobre el futuro económico del país. Asimismo, las estructuras administrativas y las burocracias de ambos sectores –el público y el privado– tienden a socavar la eficiencia de las transacciones económicas y de las actividades jurídicas. El primero de los valores asociados con la confianza es el valor de la seguridad, “en cuanto que las personas confían en sí mismas y, a la vez, en la protección que les brindan los demás y la autoridad misma” (Yarce, 2016a). El valor de la seguridad va más allá de la seguridad física, y es esencial en el ejercicio de nuestras libertades. La falta de la presencia del Estado en varias regiones y ciudades del país, y los grandes problemas con que los ciudadanos se enfrentan respecto al acceso al sistema judicial sirven como ejemplos de carencia de seguridad. Los colombianos necesitamos esperanza de que sí se puede hacer la paz. El segundo valor que parece clave como fundamento para el proceso de paz es el valor de la reconciliación, que se puede entender como un “proceso de reconstrucción de una relación rota, con base en el perdón, de modo que se pueda restaurar la convivencia a nivel personal o social” (Yarce, 2016a). El valor de la reconciliación está asociado a los valores de la verdad, el perdón y la memoria. En otras palabras, la búsqueda de la verdad e intentos de pedir perdón, contribuyen a la construcción de una memoria del conflicto. Parte esencial de este proceso es que todas las partes de la sociedad afectadas por el conflicto armado durante las últimas décadas, tengan la oportunidad de narrar y ser partícipes en construir y elaborar la memoria con el fin de “establecer (…) un conjunto de relatos que conformen la historia auténtica del conflicto” (Yarce, 2016a). Al reconstruir la memoria histórica, el propósito es sanar, y no catalogar al otro como enemigo. Es muy importante que los adultos entiendan eso

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y que ellos transmitan estos valores a los niños. Necesitamos una generación del perdón en la cual no se inculque odio. El tercer valor esencial para la paz es el bien común, que se entiende como “el conjunto de bienes y valores que permite la realización de las personas o grupos y el conjunto de la sociedad dentro de parámetros de justicia, equidad y desarrollo integral” (Yarce, 2016b). El bien común provee dirección para guiar el comportamiento de todos los diferentes grupos y sectores que componen la sociedad, la economía, y las organizaciones (Arjoon et al., 2015; Finnis, 1999). Asociados al valor del bien común encontramos tres valores complementarios: participación, entrega, y construcción de comunidad (Yarce, 2016a). Como parte del proceso de paz durante los próximos años el tema de la participación política de grandes sectores de la población colombiana, el papel de la mujer en la política y la empresa, y la participación de los trabajadores y empleados en la toma de decisión en las entidades públicas y las organizaciones del sector privado va a volverse un tema de alta importancia. Tener “voz” en el lugar de trabajo (Bogg & Novitz, 2012), entender la participación como un medio y abrir espacios, es una tarea principal del proceso de paz. Mejores oportunidades de participación también tienden a liderar niveles más altos de identificación, compromiso, y confianza en las empresas (Milliken et al., 2015). Asimismo, existe un desafío en la inserción de la población desplazada y de excombatientes de la guerrilla al mercado laboral, sobre todo en las zonas rurales del país en donde Colombia posee una magnífica oportunidad de desarrollo socioeconómico en el sector agropecuario y en el del turismo. Esta tarea es una llamada a una acción concertada del Estado y de algunas entidades relacionadas con la educación, como sería el caso del SENA, pero también con la participación de empresarios colombianos, de manera especial en la formación para el trabajo. Además, las altas tasas de informalidad laboral y de desempleo juvenil, indican que estas formas de exclusión social impiden mejores formas de participación política, económica, cultural y social. Para finalizar este capítulo sobre la construcción de los valores para la paz como primer paso para el desarrollo socioeconómico, parece importante subrayar el valor de construir comunidad que se entiende como “un bien que expresamos en comportamientos de vida –con y para los demás–, a fin de que se haga realidad que construimos algo en común por lo que nos identifica, para lo que trabajamos y para lo que vivimos” (Yarce, 2016a). Uno de los desafíos claves de la sociedad que se encuentra en un proceso de paz es la realización de la centralidad de la entrega de cada ciudadano, de ayudar a los demás, de construir puentes, relaciones y diálogo entre los individuos y grupos que componen una sociedad que está en camino hacia la búsqueda de la justicia social y de la paz.

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Bibliografía Acheson, N., & Milofsky, C. (2008). Peace building and participation in Northern Ireland - local social movements and the policy process since the “Good Friday” Agreement. Ethnopolitics, 7 (1), 63-80. Arjoon, S., Turriago-Hoyos, A., & Thoene, U. (2015). Virtuousness and the common good as a conceptual framework for harmonizing the goals of the individual, organizations, and the economy. Journal of Business Ethics, DOI 10.1007/s10551-015-2969-6. Bogg, A., & Novitz, T. (2012). Investigating ‘voice’ at work. Comparative Labour Law and Policy Journal, 33 (3), 323-354. Cohrs, J.C., & Boehnke, K. (2008). Social psychology and peace – an introductory overview. Social Psychology, 39, 4-11. Finnis, J. (1999). Natural law and natural rights. Oxford, Inglaterra: Clarendon Press. Gawerc, M.I. (2006). Peace-building - theoretical and concrete perspectives. Peace and Change, 31 (4), 435-478. Luhmann, N. (1968). Vertrauen. Konstanz, Alemania: UVK Verlagsgesellschaft. Milliken, F.J., Schipani, C.A., Bishara, N.D., & Prado, A.M. (2015). Linking workplace practices to community engagement – the case for encouraging employee voice. Academy of Management Perspectives, 29 (4), 405-421. Yarce, J. (2009). El poder de los valores. Bogotá, Colombia: Universidad de La SabanaILL. Yarce, J. (2016a). Valores para la paz. Bogotá, Colombia: Pro manuscrito, con la autorización de autor (libro en proceso de publicación). Yarce, J. (2016b). ¡Por favor no roben más al Estado! (Ética pública vs. corrupción). Bogotá, Colombia: Ediciones ILL-Panamericana Editorial.

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CUARTA PARTE UNA PROPUESTA INNOVADORA

Tener un escenario con dificultades producto de un conflicto armado es una oportunidad que no se puede dejar pasar por la institucionalidad, el deber de servicio público debe ser materializado de manera constante, recogiendo todas las necesidades sentidas por una sociedad y transformándolas en políticas públicas efectivas y eficaces en el entorno social. Esa institucionalidad está representada no solo por lo público, sino por lo privado, y es ahí donde juega un papel muy importante la academia, dado que esta es una herramienta imprescindible de la sociedad, la cual ha jugado un papel trascendental en las transformaciones sociales, porque la educación, la generación de conocimiento y la acumulación de cuestionamientos hacen posible la presentación de propuestas innovadoras, que no pueden ser omitidas por la autoridad. Es así como la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en aras del cumplimiento de la misión impuesta por el Comando Superior se traza una línea de acción consistente en la construcción de la memoria histórica militar, no como un simple deber impuesto por la ley, sino como un convencimiento de que la construcción consensuada con la sociedad hace posible la descripción de la verdad y la estructuración de nuevas ideas para el futuro. En este parte del documento se puede encontrar un análisis general sobre la afectación de la tierra y las personas producto del narcotráfico, las secuelas de la imposición de unos explosivos invisibles, que no solo atacan lo material sino los sueños y la descripción infantil del conflicto armado como esperanza para un futuro sólido. No se logra abarcar el universo de las necesidades de la región −objeto de esta investigación−, dado a que solo su identificación merece un estudio complejo, que sin duda alguna su análisis tomaría más tiempo que el mismo conflicto armado, por eso, no se deben escatimar los esfuerzos para que los inquietos por el conocimiento

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y la innovación realicen una inmersión que permita ampliar el margen de propuestas conducentes a la solución de los problemas, pero por sobre todo, materializar sus efectos. Conducir una investigación para la construcción de la memoria histórica desde el punto de vista militar ayudó a percibir que el conflicto armado no es total, existen un sinnúmero de conflictos que condicionan la gravedad social, pero que se manifiestan bajo el ruido de las armas; mitigar estos conflictos es la base para una paz estable y duradera.

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FOURTH PART AN INNOVATIVE PROPOSAL

Having a scenario with difficulties resulting from an armed conflict is an opportunity that cannot be overlooked by the institutionality, the duty of public service must be materialized in a constant way, gathering all the needs felt by a society and transforming them into effective public policies in the social environment. This institutionality is represented not only by the public sector, but also by the private one, and this is where the academy plays a very important role, since it is an indispensable tool of society, which has played a transcendental role in social transformations, because education, the generation of knowledge and the accumulation of questions make possible the presentation of innovative proposals, which cannot be omitted by the authority. Thus, the Omega Joint Task Force, in order to fulfill the mission imposed by the High Command, draws a line of action consisting in the construction of military historical memory, not as a mere duty imposed by law, but as a conviction that the consensuated construction with society makes possible the description of the truth and the structuring of new ideas for the future. In this part of the document we can find a general analysis of drug trafficking in land allocation and its damage to the people, the aftermath of the imposition of invisible explosives, which not only attack material goods but also dreams and a childâ&#x20AC;&#x2122;s description of the armed conflict as hope for a solid future. It is not possible to cover the universe of the needs of the region object of this research, given that only its identification deserves a complex study, that without a doubt its analysis would take more time than the same armed conflict, for that reason, efforts must not be spared to ensure that those concerned with knowledge and innovation are immersed in order to widen the range of proposals leading to the solution of problems, but above all, to materialize their effects.

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Conducting an investigation for the construction of historical memory from the military point of view, helped to perceive that the armed conflict is not total, there are countless conflicts that condition social gravity, but which manifest themselves under the noise of weapons; mitigating these conflicts is the basis for a stable and lasting peace.

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VIERTE TEIL INNOVATIVE VORSCHLAG

Nachdem ein Szenario der Ergebnis eines bewaffneten Konflikts, ist es eine Gelegenheit nicht von den politische Institutionen verpasst werden sollte. Diese institutionalität ist nicht nur für dir Öffentliche oder Private repräsentiert sei. Hier ist es eine wichtige Rolle der Akademie, weil die eine unbedingt Werkzeug für die Gesellschaft ist. In diesem Sinne etabliert die Gemeinde Streitkraft Omega eine Mision, die für die historische Gedächtnis zu begründen, nicht nur in Rahmen ein Pflicht des Gesetzes sondern als Überzeugung dass die Grundung der historisches Gedächtnis ein Konsensus der Nation im Bezug auf dem Friede und Wahrheit ist, die für eine neue möglichkeit der Zukunft zu festlegen. In diesem Teil der Dokument, man kann eine Analyse über die Affektiertheit des Landschaft und die Personnen im Bezug auf der Droguenhandeln finden. Es gibt auch eine Perspektive der Analyse über die zerstörung des Wunschdenkens der Kindern durch die Bewaffnete Konfliktes, aber mit eine neue Hoffnung, die für eine neue Zukunft zu schaffen.

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PROYECCIONES SOBRE EL POSCONFLICTO A TRAVÉS DE LAS HISTORIAS DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN META-GUAVIARE; UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ Omar Cabrales Salazar PhD.16 Angie Arenas Piedrahíta Mg.17 Lorena Andrea Erazo Patiño Mg.18

Resumen El artículo tiene como objetivo destacar la realidad local, en relación al conflicto armado, de la región del piedemonte llanero (Meta y Guaviare) a través de las historias de vida de sus pobladores y los militares destacados en la región. Parte de una contextualización del conflicto armado interno colombiano a través de una descripción 16. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, y Magíster en Educación de la Pontifica Universidad Javeriana. Especialista en Docencia Universitaria y Economista de la UMNG. Docente de planta en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo: omar.cabrales@unimilitar.edu.co 17. Magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Asistente de Investigación en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo: angie.arenaspiedrahita@gmail.com 18. Magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Asistente de Investigación en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo: lorenaerazop@gmail.com

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histรณrica, y del anรกlisis de entrevistas semiestructuradas, fruto de una investigaciรณn de la Universidad Militar Nueva Granada.

Palabras clave Conflicto interno colombiano, historias de vida, negociaciรณn.

Abstract The article aims to highlight the local reality, in relation to the armed conflict, of the region of the Piedmont llanero (Meta and Guaviare) through the life histories of its inhabitants and the outstanding military in the region. Part of a contextualization of the Colombian internal armed conflict through a historical description, and the analysis of semi-structured interviews, the result of an investigation by the Military University Nueva Granada.

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Introducción El conflicto colombiano es uno de las más complejos y largos de la historia de la humanidad, durante su desarrollo se ha adecuado a las dinámicas sociales, adquiriendo un enfoque pluridimensional que ha pasado por casi todos los aspectos de la sociedad colombiana, traslapándose a lo ambiental y lo económico. Desde sus inicios, en palabras de Botero (2004), se constituyó como más que una expresión de la heterogeneidad de las colectividades humanas; por lo cual se debe entender como una de las tantas formas que adquiere la diversidad y complejidad de las relaciones en comunidad, la cual tiene diferentes intereses, expectativas, demandas y problemas de cada uno de los grupos que la conforman. El conflicto ha sido explicado a través de cuatro causales principales que corresponden a su evolución y desarrollo (ver figura 1) a lo largo de los 50 años de confrontaciones entre el Estado y los diversos grupos que han surgido, tanto de ideologías de izquierda como las FARC, ELN, EPL, o de derecha como los Paramilitares. La primera causal que le atribuyen autores como Pécaut (1987), Uribe y López (2006) y Cabrales (2013), corresponde a la debilidad endémica del Estado. La segunda hace referencia a las limitaciones en la participación política, la tercera corresponde al acceso desigual a la tierra y a los recursos naturales y la última, a una cultura política de violencia19. Para entender la evolución del conflicto armado (ver figura 1), y la forma en que se llega finalmente a una etapa de negociación, se establecen tres grandes etapas. La primera, tiene lugar durante los años 1964 a 1981, denominado “nacimiento”; periodo en el que se crearon las guerrillas de primera generación y se da su evolución hacia las de segunda generación. Asimismo, se desarrolló la operación Anorí (1973), en la que se dio de baja gran parte de la estructura inicial del ELN y se estableció el Frente Nacional. La Segunda etapa se desarrolla de 1982 a 2002 y corresponde a la consolidación del conflicto, donde se destacan como hitos la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que pretendió agrupar en una sola organización a todas las guerrillas del país, la séptima y octava conferencia de las FARC, y la reunión nacional de héroes y mártires de Anorí del ELN. Por parte del Estado, cabe resaltar que este periodo abarca la presidencia de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, en el que se da el proceso de negociación del Caguán, la reforma militar a través del Plan Colombia, la creación del Estatuto de Seguridad y Defensa, y se desarrolló la operación Centauro, 19. La“cultura política de violencia” no es una causal que esté directamente relacionada con la evolución y desarrollo del conflicto, pues es un recurso introducido e instrumentalizado por la oligarquía del país a mediados del siglo XIX, a fin de lograr una integración clientelista de la población (según Elhawary, 2008, desde entonces las elites regionales han logrado incidir en el comportamiento de las poblaciones a través del establecimiento de redes clientelistas, preservando sus privilegios y autonomía frete al poder central). Es por ello que explicar el conflicto a partir de una “tendencia o proclividad a la violencia” no solo resulta infundado, sino que además resulta bastante nocivo en términos de objetivación del análisis, teniendo en cuenta que las dinámicas por las cuales se originó están relacionadas con otros aspectos que representan un mayor grado de complejidad.

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entre otras. La tercera etapa, cubre los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe, quien gracias a su política de Seguridad Democrática logra el comienzo del declive de las FARC, de 2003 a 2014, y en donde gracias a las operaciones militares Libertad I y II20 (Martínez, 2010), operación Fénix21 (Ejército Nacional, s.f.) y Operación Odiseo22 (Comando General, 2011) se logró debilitar sustancialmente a este grupo guerrillero y lograr que en 2012 se establecieran las negociaciones de La Habana con el objetivo de llegar al fin del conflicto. Por otro lado, se dio la desmovilización de las Autodefensas Unidas (AUC) de Colombia, o grupos paramilitares.

Fuente: elaboración propia.

Metodología A través de un análisis histórico-descriptivo (Bertaux, 1988), se sintetiza la evolución del conflicto armado interno colombiano, de manera que se da una contextuali20. Desarrolladas por la fuerza pública desde 2003, desmanteló tres frentes de las FARC en Cundinamarca: el 22, el Policarpa Salavarrieta y el 54. Además, diezmó los frentes 53, 55 y 56. Esta operación significó para las FARC el retroceso más grande producido durante el gobierno de Álvaro Uribe (Martínez, 2010). La guerra contra las FARC y la Guerra de las FARC. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Isis). 21. El Objetivo era neutralizar al terrorista alias ‘Raúl Reyes’, miembro del secretariado de las Farc, segundo cabecilla y portavoz internacional de la organización. https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=252473 22. Se neutralizó a Alfonso Cano, comandante en jefe y miembro del secretariado de las FARC (Comando General, 2011) http://cgfm.mil.co/operacion-odiseo

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zación histórica de los hitos más representativos, para posteriormente articularlos con las entrevistas realizadas en meta y Guaviare, que develan historias de vida en el marco de una investigación de la Universidad Militar Nueva Granada. Se realizan entrevistas semiestructuradas a pobladores y militares de una de las zonas más golpeadas por la guerra en el piedemonte llanero y con fuerte presencia guerrillera, con la intención de encontrar en la narración del individuo su percepción sobre la dinámica del conflicto y los cambios generados a partir de 1990 con la llegada de las Fuerzas Armadas a la zona (etapa final de la consolidación y la etapa de declive); ya que como se ha mencionado, fue en este periodo en el cual los grupos armados al margen de la ley se consolidaron no solo en la región del piedemonte llanero sino en gran parte del territorio colombiano. Los testimonios se analizan a través del enfoque comprensivo de Bertaux (1988), el cual pone especial énfasis en la consideración del contexto en el que se desarrolla la vida de los individuos y las circunstancias que los llevan a tomar decisiones que afectan sus vidas de manera trascendental. El enfoque de Bertaux (1988) resalta que la historia del individuo se desarrolla en relación al contexto y a los movimientos de tipo laboral, de sobrevivencia o de mejora de su calidad de vida, que lleva a cabo de manera voluntaria u obligatoria por diferentes factores. El relato dibuja la dinámica de la historia de vida en el tiempo y en un contexto, y permite vincular las características individuales (micro) con los elementos estructurales que dibujan la coyuntura del individuo y sus circunstancias.

Contexto general: Evolución del conflicto armado interno colombiano Nacimiento (1964 -1981) También denominado “Periodo de estancamiento y marginalidad” (Echandía, 2014, p. 94), esta etapa del conflicto armado se caracterizó por el nacimiento de los grupos guerrilleros de primera y segunda generación, y los mal denominados paramilitares23. A principios de los años sesenta, en el marco del Frente Nacional24, se originaron las organizaciones guerrilleras de “primera generación”, siendo estas las Fuerzas Armadas 23. Tal como lo afirma Echandía (2013), la denominación de grupos paramilitares o de autodefensa dista mucho de la naturaleza y propósitos de los grupos que se han conformado en Colombia, cuyas principales características han sido su estrecha relación con el narcotráfico, su alto impacto a la población civil a través del uso y exacerbación de la violencia, y la gran autonomía que han tenido frente al aparato estatal. Sin embargo, dicho vocablo ha sido plenamente aceptado hasta considerarlos como tal (p.5). 24. Entre los años 1958 y 1974, liberales y conservadores establecieron una coalición política cuyo propósito fue la alternancia del poder, denominada Frente Nacional. Dicha coalición, que además fue una respuesta a la dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957, ha sido considerada como el periodo de mayor paz y estabilidad en la historia reciente del país, sin desconocer que a su vez es la causante, en cierta medida, de la exacerbación de la violencia en años posteriores.

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Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército de Liberación Popular (EPL). Por su parte, las guerrillas de “segunda generación”: el Movimiento 19 de abril (M-19), el Quintín Lame, el Movimiento Patria Libre y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre otras, surgieron a partir de los años setenta (Echandía, 2014, p. 95). Si bien todas estas organizaciones surgieron en el contexto de la Guerra Fría, obedeciendo a una lógica comunista y al enfrentaiento Oriente-Occidente y como respuesta a una serie de problemáticas tales como la desigualdad social y económica, el conflicto por la posesión de la tierra y el abandono por parte de un Estado débil con un amplio déficit de institucionalidad (Acemoglu, 2005; North,1995) y polarizado por las orientaciones políticas; la mayoría no tuvieron un papel protagónico en el desarrollo del conflicto armado, a excepción de las FARC, el ELN, el M-19 y el EPL. Así, por ejemplo, en la década comprendida entre 1970 y 1980, el grupo guerrillero de mayor protagonismo fue el M-19, cuyo nacimiento obedece al descontento de algunos sectores “anapistas”25 por el presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, donde Misael Pastrana Borrero derrotó al General Gustavo Rojas Pinilla. Entre las principales acciones ejecutadas por el grupo guerrillero durante este periodo caben resaltar la toma de la embajada de República Dominicana (1980), el secuestro y posterior asesinato del presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, José Raquel Mercado, y el secuestro o intento de secuestro de varios personajes asociados con el narcotráfico, tales como Carlos Lehder y Martha Nieves Ochoa. Dado que el M-19 y otros grupos guerrilleros comenzaron a utilizar esta estrategia de extorsionar y secuestrar a narcotraficantes como una fuente de financiación para su lucha armada, en 1981 estos últimos crearon el primer “grupo paramilitar” denominado: Muerte a Secuestradores (MAS), cuyo propósito era proteger tanto a los narcotraficantes como a los grandes terratenientes, mediante el asesinato selectivo a secuestradores o personas relacionadas con las guerrillas. Paralelamente al auge del M-19 y al nacimiento de los grupos paramilitares de extrema derecha, la estrategia de guerra de guerrillas utilizada por las FARC durante los años setenta, le permitió convertirse en una guerrilla trashumante que se movía en estrechos marcos regionales, al tiempo que se mantuvo inscrita en la estrategia del partido Comunista, que la consideraba como su brazo armado y reserva estratégica (Centro de Memoria Histórica, 2014, p. 29). Aunque durante aquellos años las FARC y otras guerrillas eran grupos marginales y reducidos que no constituían una amenaza real para la estabilidad del sistema político, luego de atravesar una crisis interna hacia finales de los sesenta, este grupo comenzó a expandirse en los primeros años de la década de los setenta, insertándose en algunos procesos de colonización y ampliación de las fronteras agrícolas, a fin de reemplazar la soberanía del Estado en zonas marginales (Centro de Memoria Histórica, 2014, p. 31). 25. Militantes del partido político Alianza Nacional Popular (ANAPO) fundado en 1973.

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En cuanto a la evolución del ELN durante este periodo, habiendo nacido en el Magdalena Medio Santandereano, Simacota, San Vicente y El Carmen de Chucurrí, su planteamiento estaba centrado en generar una nueva estructura que rompiera con el esquema clásico alrededor del Partido Comunista y creara, a partir del núcleo guerrillero, una organización nacional, político militar, enmarcada en una perspectiva de liberación nacional (Echandía, 2014, p. 95). Para tales fines, el ELN pasó de tener su centro de operaciones en zonas de frontera agrícola, alejadas de los polos de desarrollo y los centros de poder, a crear columnas guerrilleras en zonas con mayor actividad económica y con un número más elevado de pobladores. En 1973 la organización guerrillera del ELN fue prácticamente desintegrada tras una operación militar llevada a cabo por la V Brigada del Ejército de Colombia en el municipio antioqueño de Anorí (Echandía, 2013, p. 5), tras la cual el entonces presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, dio un parte de victoria que confirmaba el desmantelamiento de la organización y la muerte de los hermanos Vásquez Castaño. Sin embargo, en 1974 los máximos jefes del grupo guerrillero se reunieron en el municipio de Remedios, Antioquia, a fin de analizar los hechos acaecidos en Anorí y hallar los principales culpables del revés militar para posteriormente fusilarlos. Este hecho marcó el inicio de una serie de acciones en contra de algunos miembros de la organización que fueron considerados como traidores, de manera que, según Palacios (citado por Echandía, 2013), el ELN comenzó a regirse por un modelo de guerrilla tóxica que, por un lado, no había logrado conquistar a las masas campesinas y, por otro lado, estaba paralizada por una línea caudillista, militarista extrema, que “de principio a fin se sostuvo sobre una dicotomía primitivista entre el “ciudadano” y el “campesinado”, con el trasfondo de un campesinado canónico que no existía en ninguna parte” (p. 5). No obstante, con la implantación del frente Domingo Laín y el coincidente hallazgo petrolero en Caño Limón, lo que parecía ser una disolución inminente del ELN, se tradujo en una expansión y consolidación del grupo guerrillero en los años ochenta. Con relación a la guerrilla del EPL, esta nació en 1967 en el departamento de Córdoba y el Urabá Antioqueño, privilegiando su lucha en zonas rurales. Dado que hasta 1978, cuando adoptó los preceptos del marxismo-leninismo, el EPL era fiel al maoísmo, durante sus primeros años de acción empleó un modelo de guerra popular prolongada, cuyo principal objetivo era mantener una base de apoyo en el campesinado por medio de una mezcla de guerra móvil y de guerrillas. Dicha estrategia se vio interrumpida en 1975 cuando la fuerza pública dio de baja al comandante León Arboleda y detuvo a otros cabecillas de la organización, sumiéndola en un periodo de crisis y debilitamiento, hasta su reactivación en 1978. Tal como se evidencia en párrafos anteriores, durante esta primera etapa la expansión de las guerrillas fue bastante lenta, pues eran grupos poco consolidados cuyo accionar estaba circunscrito a zonas rurales bastante apartadas. Sin embargo, y como se verá a continuación, en el periodo comprendido entre 1982 y 2002, dichos actores

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lograron consolidarse, al igual que las AUC, sobrepasando la capacidad militar y de combate de las Fuerzas Militares del Estado y la Policía Nacional.

Consolidación (1982-2002) Al tiempo que las guerrillas se fueron consolidando a través de ofensivas militares que les permitieron expandirse a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, el tráfico de cocaína a través del territorio colombiano, desde Bolivia y Perú hacia Estados Unidos y Europa, principalmente, se intensificó. En consecuencia, esta segunda etapa estuvo marcada por dos aspectos, fundamentalmente: una exacerbación de la violencia a raíz de las disputas territoriales entre los distintos actores del conflicto armado, y un auge sin precedentes del negocio del narcotráfico. Dado que el M-19 era la guerrilla más consolidada para inicios de los ochenta, en 1987 conformó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) junto con las guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, con el propósito de presentarse como un solo ejército en las negociaciones emprendidas con el gobierno de Betancur, y realizar acciones armadas conjuntas. Sin embargo, pese a que dicho propósito era evidente y además genuino, este solo llegó a tener alguna expresión en la ejecución de las acciones armadas, “debido a que sus integrantes no renunciaron a su liderazgo e identidad ni a su independencia financiera” (Echandía, 2014, p. 97). Si bien el proceso con la Coordinadora Guerrillera fue el más importante durante la administración de Betancur, pues congregaba a la mayoría de grupos guerrilleros alrededor de un mismo propósito, el gobierno llevó a cabo negociaciones individuales con algunas guerrillas, logrando, por ejemplo, la firma de los Acuerdos de La Uribe con las FARC, en los cuales las partes firmantes se comprometían a un cese bilateral del fuego así como a la búsqueda conjunta de una salida negociada al conflicto armado. No obstante, tanto el proceso de negociación con la Coordinadora Guerrillera como los acuerdos pactados con las FARC, no llegaron a buen término con el gobierno de Betancur en su intento por reducir la violencia en el país, pues este periodo fue aprovechado por los distintos grupos para fortalecerse, mejorando e implementando sus principales estrategias político-militares. En el caso específico de las FARC, a partir de la Séptima Conferencia celebrada en 1982, la organización optó por una estrategia de crecimiento basada en el desdoblamiento de los frentes, a fin de establecer uno por cada Departamento. Asimismo, identificó a Bogotá como eje principal de su despliegue estratégico a través de la cordillera oriental, aprovechando el cese bilateral 26y su incursión en el negocio del narcotráfico, 26. En 1984 se firmaron los Acuerdos de cese al Fuego y Tregua o Acuerdos de La Uribe entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur, donde se comprometen a un cese bilateral del fuego y a la búsqueda de una solución política al conflicto armado. En estos también participó el Ejército Popular de Liberación (De la Urbe, 2014).

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para aumentar su pie de fuerza, diversificar sus finanzas e incrementar su capacidad y poder militar (Echandía, 2014, pp. 96-97). Entre 1990 y 1994, durante el gobierno del ex-presidente César Gaviria, el grupo guerrillero emprendió unas negociaciones de paz en Venezuela y México, las cuales fracasaron como en otras ocasiones porque la guerrilla nunca tuvo una verdadera intención de paz, razón por la cual se toma la decisión de atacar Casa Verde27, considerado como el santuario de la organización, a través de la denominada Operación Centauro (Centro de memoria Histórica, 2014, pp. 139-140). Dicha operación, que por demás no representó los resultados esperados pues en vez de aleccionar a las FARC endureció su posición, dio lugar a la Octava Conferencia, cuyo principal propósito fue avanzar en el plan estratégico del grupo guerrillero, reagrupando los frentes en siete bloques y golpeando a la fuerza pública. Así, entre 1995 y 2002 las FARC presentaron su mayor crecimiento, consolidando su presencia en el sur del país, situación que utilizaron tácticamente en las negociaciones del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana, para avanzar hacia la costa pacífica colombiana. Sin embargo, como bien lo afirma Echandía (2014), si bien el manejo que las FARC dieron a las negociaciones del Caguán corresponde a “su viejo anhelo de mostrarse como un ‘Estado en formación’, cabe destacar su gran incapacidad para aprovechar políticamente el proceso de paz y convocar a la opinión pública en torno a las transformaciones que pudieran presagiar una evolución hacia el socialismo” (p. 97). En el marco de la denominada Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí, celebrada en el año de 1983, el ELN decidió doblar sus estructuras existentes a fin de ampliar su presencia hacia zonas petroleras y con recursos mineros, como el recorrido del oleoducto entre Caño Limón en Arauca y Coveñas en el departamento de Sucre (Escobedo, 1992). De esta manera, una vez consolidados sus denominados “frentes de guerra” en el territorio nacional, en el año de 1986 se llevó a cabo el I Congreso “Comandante Camilo Torres”, mediante el cual se adoptó una nueva estrategia militar, enmarcada en un modelo de guerra popular prolongada. Entre las principales razones por las cuales el ELN logró expandirse con tanta rapidez y efectividad a lo largo y ancho de la geografía colombiana, cabe destacar su incursión en la siembra de cultivos ilícitos; el aumento de secuestros a funcionarios públicos, candidatos a alcaldías y concejos municipales (con fines propagandísticos); el incremento de ataques a la infraestructura económica del país (especialmente la petrolera, eléctrica y de telecomunicaciones; y la acentuación de las extorsiones a lo que ellos denominaron la “oligarquía” del país, refiriéndose a las multinacionales y a los “financiadores de la guerra sucia”28 (Echandía, 2013a, p.08). 27. No solo fracasaron por la toma de Casa de Verde, que fue la forma de proceder dentro de la institucionalidad, también porque el Estado no podía permitir un estado paralelo o (paraestado) en esta región y porque las guerrillas seguían extorsionando y delinquiendo. 28. Una de las grandes problemáticas que han alimentado las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia con relación a las multinacionales son los “acuerdos tácitos” que éstas han establecido con los grupos armados,

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En lo concerniente al EPL, éste presentó un avance significativo hacia las zonas agroindustriales del Urabá, Córdoba y el Eje Cafetero; y, paralelamente, amplió su presencia en los departamentos de Antioquia, Putumayo y Norte de Santander, mediante procesos de colonización y producción petrolera en algunas zonas de enclave (Echandía, 2014, p. 97). Sin embargo, en febrero de 1991 el grueso de la organización se desmovilizó como resultado de los diálogos adelantados con el gobierno desde mediados de 1990, de manera que ésta, o lo que quedaba de ella, pasó a llamarse Esperanza, Paz y Libertad y continuó sus operaciones en algunas zonas del país, especialmente en la región del Catatumbo, donde todavía hace presencia. Con relación al estrecho vínculo entre grupos guerrilleros y algunas actividades ilícitas mencionadas con antelación, aunque la criminalización de las guerrillas en Colombia fue el común denominador, pues todas ellas se financiaron con recursos del narcotráfico, la extorsión y otro tipo de actividades al margen de la ley, es importante señalar que esto no significó el desdibujamiento de sus aspiraciones políticas, sino más bien una respuesta a su necesidad de financiamiento, en una lucha armada bastante extensa que de otra manera hubiese sido insostenible. Aunque, como ya se mencionó, durante este periodo la mayoría de guerrillas presentaron una expansión y consolidación significativas gracias a diversos factores, en el caso del M-19 éste terminó desmovilizándose en 1990 durante el gobierno de Virgilio Barco, bajo la condición de crear una Asamblea Nacional Constituyente que modificara la Constitución Política que, hasta ese entonces, no garantizaba la creación y desarrollo de partidos políticos distintos a los tradicionales, y además restringía la representación de las minorías profundizando la exclusión política y social. No obstante, en un comienzo el gobierno se negó a realizar una consulta popular que autorizara dicha modificación, pero gracias al movimiento estudiantil “La séptima papeleta”, éste se vio obligado a acceder, y hacia principios de marzo de 1990 el M-19 entregó sus armas en el campamento Santo Domingo, bajo el liderazgo de su máximo comandante, Carlos Pizarro, el cual sería asesinado un mes después, siendo candidato a la presidencia de la República. Como ya se dijo con anterioridad, en el año de 1981 se dio la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), por parte de sectores del narcotráfico que se vieron afectados por los secuestros de las guerrillas. Aunque estos grupos paramilitares o de autodefensa fueron, en un principio, amparados por la ley mediante el Estatuto de Seguridad y Defensa Democrática, expedido en 1978 durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en su evolución fueron quedando al servicio de los grandes los cuales, a cambio de unas sumas exorbitantes producto de la extorsión, han permitido que éstas continúen sus actividades en los territorios donde confluye su accionar. Dicha situación, en vez de contribuir al desarrollo económico del país, ha coadyuvado de manera significativa a la perpetuación del conflicto armado y el subdesarrollo de la economía colombiana, que lejos de responder a las cifras actuales de crecimiento, obedece más a este tipo de acuerdos tácitos entre los grupos armados y las empresas, así como al lavado de activos producto del narcotráfico que ha mantenido la circulación de los flujos de capital en la economía colombiana.

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terratenientes y narcotraficantes interesados en proteger sus territorios (Echandía, 2013, p.7). Entre 1988 y 1991, el incremento de la violencia en el país fue exponencial, debido en gran medida a las acciones de los paramilitares, quienes victimizaron a funcionarios del Estado, dirigentes y militantes de la UP29 y los partidos tradicionales, así a como líderes comunitarios y miembros de diferentes organizaciones sociales y no gubernamentales; debido a su empoderamiento en zonas como el Magdalena Medio, el Oriente Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba, Urabá, la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otras. Si bien estos grupos al margen de la ley terminaron ejerciendo funciones propias de un grupo paramilitar o de autodefensa, pues se instalaron en zonas donde hacía presencia el ELN a fin de golpear sus estructuras armadas y lograr su debilitamiento, sus motivaciones, lejos de estar relacionadas con labores de contraguerrilla, obedecían a una expansión de los cultivos de coca y el monopolio del negocio del narcotráfico en Colombia. A pesar de que los “paramilitares” en Colombia no constituían una unidad militar y política en lo absoluto (de hecho, no existe un diagnóstico claro y preciso de estos grupos), durante la administración de César Gaviria (1990-1994), mediante los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 303 de 1991, referentes a la reducción de penas y confesión voluntaria, varios grupos de autodefensas se desmovilizaron y se sometieron a la justicia, aunque ello no significó el fin de su existencia. Por el contrario, en 1994 se realizó la Primera Cumbre de las Autodefensas de Colombia, donde se esbozó una estrategia dirigida al reconocimiento de los paramilitares como actores del conflicto armado y, posteriormente, en 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron, para conformar las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Echandía, 2013, pp. 08-11). Antes de pasar a la siguiente y última etapa del conflicto armado en Colombia, es menester señalar cuatro acontecimientos que marcaron un punto de inflexión en la evolución del mismo, pues permitieron que, por primera vez desde el inicio de las confrontaciones, la balanza se inclinara a favor del Estado, precediendo la etapa de repliegue y derrota de los grupos guerrilleros a partir del año 2002 cuando el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez asumió las riendas de la presidencia. Estos son: La toma de Mitú, denominada por las FARC como la “Operación Marquetalia”, en 1998, las negociaciones del Caguán30 entre 1998 y 2002, la Reforma Militar emprendida por el Estado 29. Hacia mediados de los años ochenta, el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha inició una guerra particular en contra de la guerrilla de las FARC, asesinando de manera selectiva a los principales dirigentes de su brazo político, el partido Unión Patriótica. Aunque el exterminio de la UP (más de tres mil de sus miembros fueron asesinados en un periodo de dos décadas, aproximadamente) fue atribuido al Estado en años posteriores, lo cierto es que esta versión de los hechos resulta bastante cuestionable por cuanto resulta evidente la retaliación por parte de los narcotraficantes, quienes, a raíz del secuestro de varios integrantes de los carteles del narcotráfico, comenzaron a asesinar integrantes del brazo político y militar de las FARC. 30. Fue un intento de paz que realizaron la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano. Se desarrolló desde 1998 hasta 2002, teniendo como principal escenario una zona de despeje comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con una dimensión de 47.000 kilómetros cuadrados. Inició a partir de un encuentro que sostuvo el recién elegido presidente de la república,

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en el marco de las negociaciones, a fin de fortalecer el aparato estatal y emprender una derrota militar de los grupos guerrilleros, y, finalmente, el Plan Colombia31. En primer lugar, la toma guerrillera a la población de Mitú el 1 de noviembre de 1998 constituyó el éxito militar más importante en la historia de las FARC, pues a través del mismo lograron demostrar la incapacidad del Estado de ejercer su soberanía y protección efectiva de los pobladores, además de evidenciar la falta de flexibilidad, movilidad y maniobrabilidad de las Fuerzas Militares, las cuales lograron hacer presencia en el territorio 48 horas después de iniciado el hostigamiento. Este hecho constituyó un punto de inflexión supremamente importante en el conflicto armado colombiano, pues hasta entonces el Estado había subestimado tanto al enemigo, sus objetivos y estrategias políticas, que no había emprendido acciones contundentes y significativas para combatirlo y así eliminar la amenaza desde la raíz. Paralelamente a las negociaciones del Caguán (1998-2002), donde las FARC aprovecharon para fortalecerse y emprender una estrategia de canje que legitimara su proyecto político de para-Estado, el gobierno de Andrés Pastrana, gracias al Plan Colombia, llevó a cabo una transformación militar que “impidió que las FARC avanzaran en su ‘Plan Estratégico’ y limitó su uso táctico del escenario de las conversaciones, tal y como se habían propuesto desde el momento en que se creó la zona de distención en el área correspondiente a los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena (Meta)” (Echandía, 2012, p. 54). Tres fueron los cambios principales que se dieron a raíz de la transformación militar: los cambios institucionales, referentes a la profesionalización de las Fuerzas Militares (siendo la Fuerza Aérea y la creación de la Aviación del Ejército la principal herramienta que proporcionó superioridad al Estado frente a la guerrilla), la creación de los comandos conjuntos, la fuerza de repliegue rápido y las brigadas contra el narcotráfico y las brigadas móviles; los cambios doctrinarios, referentes a la adecuación de la doctrina militar a las realidades del conflicto armado y el paso de una actitud reactiva y estática a un concepto operacional proactivo, ofensivo y móvil; y los cambios tecnológicos, referentes al incremento de la movilidad mediante el fortalecimiento de la capacidad helicoportada, el apoyo al fuego desde el aire a las tropas terrestres, y las mejoras en inteligencia técnica y las estructuras de comando, control y comunicaciones. Aunque, como se verá a continuación, el declive de las guerrillas ha sido atribuido al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su Política de Seguridad Democrática, sería un error desconocer la importancia de los cambios estratégicos implementados por Andrés Pastrana Arango con el máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, en donde manifestaron sus intenciones de iniciar diálogos para lograr una salida negociada al conflicto armado en Colombia (Centro de Memoria Histórica, 2014). 31. Se concibió como una alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico en busca de fortalecer la institucionalidad, recuperar la seguridad y consolidar el desarrollo social en el país. (Presidencia de Colombia, 2016).

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Andrés Pastrana Arango entre 1998 y 2002, pues fue gracias a la transformación militar y a la implementación del Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado32 (mejor conocido como Plan Colombia), que Uribe contó con las herramientas necesarias para dar los golpes más contundentes a las guerrillas de las FARC y el ELN, abriendo paso a las negociaciones que se desarrollan en la actualidad con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Declive de las fuerzas guerrilleras (2003-2004) En esta tercera etapa, la guerrilla tuvo un enorme retroceso que se expresa en la imposibilidad de salir de su actual situación de repliegue y retomar la iniciativa militar en la confrontación, lo cual explica su inclinación hacia un escenario de superación del conflicto armado interno mediante la negociación (Echandía, 2014, p.98). Bajo la bandera de la Política de Seguridad Democrática, Álvaro Uribe Vélez, quien fue elegido como presidente de la República por dos periodos consecutivos de ocho años (2002-2006 y 2006-2010), en los que priorizó el desmantelamiento de los grupos armados irregulares mediante el desarrollo de grandes operaciones militares sostenidas en el tiempo (Echandía, 2011, p. 18), entre ellas las denominadas Operación Libertad I y II, en las cuales se dio de baja a algunos cabecillas de las FARC, como alias “Marco Aurelio Buendía” y Eulises Sarmiento alias “Moisés”, respectivamente. Partiendo de la reforma militar implementada durante el gobierno de Andrés Pastrana, el gobierno de Álvaro Uribe adoptó como estrategia el desarrollo de operaciones ofensivas a las unidades de combate de las guerrillas para reafirmar el control territorial del Estado, iniciando una campaña sostenida de combates que disminuyó la actividad guerrillera. En este proceso, las FARC, por ejemplo, perdieron aproximadamente el 50% de sus combatientes, razón por la cual decidieron celebrar la Novena Conferencia en modalidad virtual, en 2007, en la que se planteó el “Plan Renacer”, dirigido a recuperar las zonas perdidas a raíz de las ofensivas del gobierno desde finales de los años noventa. No obstante, dado que el Estado cambió su estrategia de combate focalizando sus ataques a los principales mandos guerrilleros, es decir, los mandos medios y los grandes cabecillas, las guerrillas se vieron obligadas a adoptar una estrategia de repliegue, buscando el dominio estratégico de zonas que garantizaran su supervivencia, como la región del pacífico (comprende los departamentos del Valle, Choco, Cauca y Nariño, colindantes con el Océano Pacifico ) o el Catatumbo (Echandía, 2011, p. 19); e implementaron, paralelamente, una estrategia de plantación de minas antipersona en los territorios

32. Es un acuerdo bilateral entre los gobiernos de la República de Colombia y los Estados Unidos de América, concebido en 1999 con los objetivos específicos de proveer al Estado las herramientas para terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcótica que beneficiara a ambos países.

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donde hacían presencia, a fin de frenar el avance de las Fuerzas Militares e impedir la erradicación de los cultivos ilícitos33. Paralelamente al repliegue estratégico de las FARC, durante el primer periodo de gobierno de Uribe las AUC (que lograron obtener su reconocimiento político) se desmovilizaron con un propósito táctico, pues ello no significó la desaparición de las estructuras armadas; razón por la cual, a partir de 2005, las denominadas Bandas Criminales (BACRIM) relevaron a las autodefensas en zonas estratégicas para el narcotráfico (Echandía, 2013, p. 19). Esto demuestra que el fenómeno del “paramilitarismo” no se acabó en su totalidad, con la desmovilización de las AUC, sino que más bien sufrió una transformación estratégica, enfocándose más en el negocio del narcotráfico y otros delitos, antes que, en la persecución de las guerrillas, pues ya se encontraban notablemente mermadas. Con las desmovilizaciones de las AUC, iniciadas el 23 de noviembre de 2003 con el Bloque Nutibara, y terminando el 15 de agosto de 2006 con el Bloque Elmer Cárdenas, se desarticularon las principales “asociaciones” de paramilitares, dando origen a una gran fragmentación en el negocio del narcotráfico en Colombia, pues se produjo un vacío de poder en muchas regiones, que rápidamente se fue colmando con las bandas criminales y otras organizaciones delictivas. Como la superioridad del Estado frente a la capacidad de las FARC y el ELN fue más que evidente durante el gobierno de Álvaro Uribe, pues sus acciones se incrementaron en un 150% con respecto al periodo anterior, la relación de fuerzas favorable al Estado le permitió a las Fuerzas Armadas, crear las Fuerza de Tarea Conjunta y concentrar su accionar en la ubicación de objetivos de alto valor estratégico. Las bajas y capturas de cabecillas como “El Mono Jojoy”, “El Negro Acacio”, “Fernandiño”, “Martín Caballero”, y “Raúl Reyes”, constituyeron el inicio del declive definitivo del grupo guerrillero, el cual fue reafirmado por las operaciones desarrolladas durante el gobierno del actual presidente, Juan Manuel Santos Calderón, como la Operación Odiseo (2011) donde se dio de baja a Guillermo León Sáenz, alias “Alfonso Cano”, comandante supremo del grupo irregular. Este panorama, que ubica a las FARC en su punto históricamente más bajo en acciones de alto esfuerzo militar, como consecuencia de su debilitamiento, obligó a la organización a retornar a la denominada “guerra de guerrillas” y a buscar una salida negociada al conflicto armado con el gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual nos conduce al actual escenario de negociación en La Habana Cuba. A raíz de su reelección para el periodo de gobierno 2014-2018, el presidente Juan Manuel Santos recibió un mandato para finalizar las negociaciones abiertas con las 33. La reducción de los secuestros y el número de homicidios en el país durante este periodo de tiempo demuestra una relación directamente proporcional entre la comisión de estos crímenes y el conflicto armado interno, ya que las acciones militares por parte del Estado rompieron las redes de apoyo que suministraban información a los grupos guerrilleros para realizar secuestros selectivos (esto dio lugar a las “pescas milagrosas”) y el accionar de estos grupos disminuyó como consecuencia de la presión militar de las Fuerzas Militares.

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FARC, e iniciar un proceso de negociación con la guerrilla del ELN. No obstante, si bien “el ELN es una pieza importante del éxito del proceso de paz emprendido por el actual gobierno, sus líderes parecen empeñados en imponer una negociación sin condiciones, cuando las FARC accedieron a cumplir los protocolos y reglas específicas para iniciar las conversaciones” (Echandía, 2014, p. 101).

Las historias de vida en el piedemonte llanero: el conflicto desde otra mirada Luego de este breve recorrido histórico por los hitos del conflicto colombiano, vine bien realizar un acercamiento a los protagonistas del mismo a través del análisis de las historias de vida de los habitantes de una de las regiones más afectadas, teniendo como fuentes principales de información sujetos residentes en la zona del piedemonte llanero (Meta y Guaviare) y a soldados profesionales de la Fuerza de Tarea Cojunta Omega, que han estado presentes en la zona en los últimos años, y a quienes se les realizó una entrevista semiestructurada, en el marco de una investigación liderada por la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Este enfoque contempla que la historia del individuo se desarrolla en relación al contexto y a los movimientos de tipo laboral, de sobrevivencia o de mejora de su calidad de vida, que lleva a cabo de manera voluntaria u obligatoria por diferentes factores. El relato dibuja la dinámica de la historia de vida en el tiempo y en un contexto y permite vincular las características individuales (micro) con los elementos estructurales que dibujan la coyuntura del sujeto y sus circunstancias. Para el análisis de las historias de vida, se usó el enfoque comprensivo de Bertaux (1988), que pone especial énfasis en la consideración del contexto en el que se desarrolla la vida de los individuos, de manera que se da una contextualización socio-histórica de los escenarios micro sociales en los que se desenvuelven sus historias personales a partir de 1990. La investigación devela la historia de vida a través de entrevistas semiestructuradas, tratando de encontrar en la narración del individuo su percepción sobre la dinámica del conflicto y los cambios a partir de 1990 con la llegada de las Fuerzas Armadas a la zona; ya que, como se ha mencionado, fue en este periodo en el cual los grupos armados al margen de la ley se consolidaron no solo en la región del piedemonte llanero, sino en gran parte del territorio colombiano. Las entrevistas fueron audiograbadas y se realizaron en el mes de mayo de 2016, en los municipios de San José del Guaviare y Puerto Rico, Meta, a tres habitantes del casco urbano, dos habitantes del área rural y tres miembros uniformados activos del Ejército Nacional (ver tabla 1).

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Tabla 1. Caracterización de la muestra GRUPO

GÉNERO

OCUPACIÓN

NOMBRE

Edad

GRUPO 1

Hombre

Soldado Profesional

Sujeto 1

Miembros uniformados activos del Ejército Nacional

Hombre

Soldado Profesional

Sujeto 2

Hombre

Soldado Profesional

Sujeto 3

GRUPO

GÉNERO

OCUPACIÓN

NOMBRE

Edad

Mujer

Administradora Financiera

Sujeto 4

Hombre

Artesano y comerciante

Sujeto 5

Hombre

Líder comunitario

Sujeto 6

GÉNERO

OCUPACIÓN

NOMBRE

Edad

Hombre

Agricultor y asesor técnico

Sujeto 7

Hombre

Agricultor y ganadero

Sujeto 8

65 (aprox.)

GRUPO 2 Población Urbana GRUPO GRUPO 3 Población Rural

Miembros uniformados activos del Ejército Nacional Para el grupo 1: miembros uniformados activos del Ejército Nacional, cabe destacar los antecedentes previos al ingreso al Ejército, pues siendo civiles tuvieron contacto directo con el conflicto. Los entrevistados ingresaron al Ejército en su juventud, en muchas ocasiones como única opción de vida, luego de prestar el servicio militar obligatorio o porque sus padres habían sido víctimas de las FARC o el ELN. Primero que todo, yo me vine para el ejército como ese sin rumbo, ¿porque sin rumbo?, porque fue una decisión que tome un día sábado en un parque me parece que un 20 de septiembre, dije me voy a ir a prestar el servicio, pero siempre había tenido rondando en mi cabeza, que si yo prestaba servicio yo me quería hacer soldado profesional, entonces tome la decisión, le dije a mi mama yo me voy a ir a prestar el servicio, me dijo, mijo ¿usted para donde se va a ir?, me dijo ¿usted me quiere dejar sola?, yo le dije, pues no sé, yo ya he trabajado mucho, porque yo era celador (Sp2-hv-1). Bueno, en 1990 yo me encontraba, bueno en ese año tengo mucha historia de parte de lo que ha sido el conflicto, en el 90 el 4 de enero los terroristas del ELN asesinaron a mi papa, de ahí en adelante, fue dura la vida para nosotros porque ya quedamos, éramos

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nueve (9) en la casa, éramos nueve hermanos, ya pues los ingresos eran muy pocos, y pues ahí ya le toco a mi mama, fue la que más tuvo que ver con nosotros, para sacarnos adelante, sufrimos bastante (Sp1-hv-2).

Los soldados entrevistados han sido protagonistas de la trasformación del conflicto en el área, quienes resaltan la compleja dinámica del combate. Verbigracia: el sujeto 1 afirmó: “Siempre se mantenía los combates por los alrededores, porque ellos siempre querían estar ahí encima, el que la colgara a la hora que fuera ellos lo buscaban a uno para joderlo”. El sujeto 2 afirmó: “Allá usted no va a tener peleas con la guerrilla del ELN, sino que es las FARC, que es una guerrilla, que eso les da, entonces si ustedes llegan a cambuchear, ustedes se tienen que mover todos los días, porque ahí les cae la granada, les cae el cilindro (…)”.

Es así como, tras la creación de la Fuerza de Tarea Omega en 2003, se evidenció el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como efecto del Plan Colombia. El trabajo articulado y conjunto entre ellas no solo permitieron el repliegue de los grupos subversivos en la zona y una transformación de los objetivos a lo largo de los años, sino también una recuperación de la legitimidad institucional del Estado ante la comunidad y el mejoramiento de las condiciones de vida; puesto que el afecto de la población así como el reconocimiento de algunos elementos constitutivos del Estado –como la tributación (vacunas) y el monopolio de las armas– se encontraba a favor de los grupos al margen de la ley y en especial de las FARC. Al respecto, los entrevistados afirmaron: el sujeto 1 afirmó: ya en ese tiempo fue cuando se conformaron las fuerzas de tarea conjunta Omega que empezó más el apoyo, mejor dicho ya se sintió más la presión, ya con más tropa, pues ellos empezaron a abrirse, casi no se dejaban ver por ahí (…), y de ahí ya cuando la Omega ya eso empezó a evolucionar porque ya entonces en esos tiempos entró la policía a ese pueblo y ya empezó a haber más tropa, ya entraron otros batallones divisionales que trajeron para acá, ya se comenzó entonces a agotar por ese lado la subversión. (…) los cambios han sido muchos, por ejemplo, se le ha prestado mucha seguridad por parte de la tropa a la población civil y ya como lo decía anteriormente aquí el comando ya la gente no lo que uno habla o escucha a la gente es que ya se sienten como con esa presión de que tienen que ser obligados a pagar las famosas vacunas, que el producto ya lo pueden sacar más libremente hacia afuera, que lo pueden vender con mejor precio. el sujeto 2 afirmó: En la Omega fue algo así muy importante para nosotros como militares ¿por qué? Por los apoyos, con ese plan Colombia y todo lo que se fue uniendo en

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el plan Colombia, la fuerza de tarea conjunta omega, se le dio a este departamento, se le dio una esperanza a la gente que de pronto estaba bajo el yugo de la subversión, porque ellos mantenían un yugo acá, porque aquí para una persona venir, primero tenían que hablar con el comandante a ver si podían llevar a esa persona, de igual manera aquí por el tema del narcotráfico aquí una gaseosa cuando nosotros llegamos aquí valía $2.500 que todavía hoy en día me parece que no los vale, porque las cosas han cambiado mucho, aquí todo era carísimo. el sujeto 3 afirmó: Eso es lo que yo veo, lo que la población civil de igual manera es mucho más afecta en un 70% u 80% al ejército y que cree en el ejército, porque antes la psicología que le tenían la guerrilla era que nosotros no éramos sino unos destructores, unos ladrones, pero la población civil ha notado de que el ejército, es el ejército de Colombia y que nosotros no estamos, porque nosotros también hemos mostrado a la población que nosotros no somos eso que le hacia ver la guerrilla, que nosotros éramos como unos opositores, unos dañinos, no, que nosotros el ejército iba a reaccionar de tal manera para bien de la población civil, la gente ve y le comenta a uno, mire es que cuando la guerrilla estaba por aquí ellos no hacían sino que les mandaban a hacer mandato, que era arreglar carretera, pero hoy en día ya hay antenas, hay carreteras, la vía es una vía muy diferente.

Población urbana En sus historias de vida, es común el desplazamiento, la muerte y desaparición de los seres queridos por diferentes causas y la presión por la apropiación ilegal de tierras. Dichas prácticas realizadas por parte de los grupos guerrilleros no discriminaban, ni eran exclusivos a algún sector de la población urbana. Pues si bien, la muestra seleccionada para este grupo se caracterizó por ser diversa en cuanto al nivel de escolaridad. El testimonio del sujeto cuatro, profesional con posgrado y cinco quien se ha desempeñado en diversos oficios en la región refleja esta realidad: Pues como historia de vida personal si tengo pues una situación de temas familiares que fueron retenidos por la guerrilla y nunca volvimos a saber de ellos, eso sí es un poco triste que eso fue hace unos como 8 años más o menos y nunca más volvimos a saber de ellos, fueron cuatro personas detenidas, tres familiares y una persona más, pero nunca más volvimos a saber de ellos hasta el día de hoy (sujeto 4). ¿En cuestión de la guerra? ¡Eh! si, tuve un percance con juerzas, desconozco las fuerzas que jueron, pero si fui retenido por una vez y pues tanto conflicto que había, pues me vi en la obligación de dejar mi espacio o mi sitio de trabajo por motivos de seguridad y por recomendaciones mismas que me dijeron: ‘Bueno, es mejor que deje el espacio’

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ya me vi comprometido en ese sentido, ya como se dice el dicho “Salí desplazado” (…) aunque pues si estuve muy cerca de que uno de ellos disparara, sujetara el arma hacia mí, porque como se dice, yo no quería colaborar mucho, porque no me interesaba mucho, entonces ya el hombre se puso más agresivo (sujeto 5).

Por otro lado, los entrevistados relatan el día a día al que se enfrentaban en el casco urbano, y la transformación que se dio en la región luego de la intervención institucional a través de las Fuerzas Armadas: Ahí en el pueblo hostigaban mucho…, en el pueblo entraban, entraban los guerrilleros con roquets y se iban hasta la base, se paseaban por todo el pueblo, por toda la mitad del pueblo en motos y deslizadores, del…, se movían por el rio, por tierra y por todos lados ¡Ya!, y hostigaban mucho, hostigaban mucho por aquí, entonces pues la gente se mantenía aterrorizada, entonces ese era el ambiente (sujeto 6). Ese mismo día de la toma se saltó, ese mismo día de las tomas se los llevaron a las 4 AM o 3:30 más o menos y ellos duraron ese día todavía haciendo presencia esperando el ejército porque decían que el ejército venia, entonces ese día llegaron los helicópteros como a las 3 de la tarde o 3:30 de la tarde, así suavecito y pararon ahí donde los delgados y la guerrilla ni se dio cuenta que pasaron los helicópteros y se levantaron otra vez y ahí mismo salieron sin hacer mucha bulla los helicópteros, eso fue como a los 20 minutos se prendió el plomero tan bravo (sujeto 5). obviamente con la intervención de la acción del Estado en temas de seguridad, me acuerdo tanto en la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la entrada de la política de seguridad democrática al departamento del Guaviare como lo fue la recuperación de los cascos urbanos, la recuperación de las cabeceras municipales. Y así pues en esa época, pues había en esa zona, pues había dominio, un dominio total de la guerrilla, de las FARC, precisamente el frente catorce operaba allí, allí en esa región, y era, y era tan fuerte el dominio que hasta en el casco urbano, uno los encontraba (sujeto 4).

Por su parte, referente a la situación actual, el sujeto 6 hizo énfasis en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y expresó sentirse con mayor libertad: Y de un tiempo para acá, cuando yo ya digo que prácticamente, que la brigada móvil 4 se incrusta en si en el territorio muy estratégicamente ¡Ya!, empieza, empezó todo a cambiar ¡No!, ya ocuparon Toledo, ocuparon ya Barranco, comenzaron a caminar para allí y para acá, y bueno en la administración del Coronel sepulveda con el Coronel Aristizabal y creo que mi Coronel García así de la misma línea ¡Ya!; el cambio ha

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sido harto, harto en derechos humanos, la comunidad está creyendo más, socialmente hacen buenas actividades y prácticamente desplazaron; que si hay que otro militar por ahí ¡Ya!, pero prácticamente desplazaron el grueso del movimiento guerrillero y limpiaban la zona, para, para que la población civil este mucho mejor y uno hoy en día habla con los campesinos (…). Claro, lógicamente que todo es un cambio y si, ha habido grandes cambios vuelvo y lo repito ya la, opinar a medida hay más seguridad primero que todo; por segunda medida el campesino se está proyectando a una mejor vida ¡Ya!, productiva porque estos campos son muy productivos ¡Ya! ¡Eh! En la parte social se está incrementado (sujeto 6).

La perspectiva del sujeto cinco, como las de los otros del grupo dos, difieren un poco de la percepción del grupo uno. Según ellos, a pesar de la incursión del ejército, durante tres o cuatro año más, la presencia de las FARC seguía siendo importante como guerrilla en el campo o como milicias urbanas, pero finalmente con la llegada de la Omega se concreta el proceso y las FARC se ven obligadas a replegarse. Se puede apreciar en el siguiente fragmento de la entrevista: Y la economía pues basada en la coca, tenía buen precio y toda la vaina y todo mundo… eso sí, yo creo que esa plata es maldita porque conocí gente coceros con mucha plata, y todavía uno los ve po ahí mal, no supieron aprovechar, otros si supieron aprovechar, los momentos, era fuerte, era fuerte, hasta que yo Sali de allá de, de, de Cartagena, aún era muy fuerte la cuestión del movimiento guerrillero, yo Salí en el año 2004 más o menos, y aún era muy fuerte, a pesar de que había habido una incursión militar en toda la zona (sujeto 5).

A pesar de las circunstancias de pacificación que se perciben, se evidencia en los testimonios la necesidad de mayor presencia y apoyo del Estado, como lo menciona el sujeto cuatro. primero no hay los recursos y segundo la vía no esta buena y lo otro los insumos están muy costosos, para usted comprar una motobomba, para usted regar su cultivo, pues no es solo comprar la motobomba si no también requiere de mucha logística, entonces la gente no tiene la posibilidad en ese sentido, y si viene al banco a sacar un préstamo y que tal le diga el banco: ‘tráigame su escritura’, ‘pero es que mi terreno no tiene escritura’, entonces no le prestan (sujeto 4).

Campesinos La percepción generalizada de los individuos entrevistados del grupo tres, los campesinos, difiere de la percepción institucional de los soldados profesionales y de los

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individuos con mayor nivel de escolaridad del grupo dos. De hecho, para los campesinos, las FARC en algún momento representaron la institucionalidad por el olvido del Estado y en este sentido, estaban de su lado y lo estuvieron durante un buen periodo mientras se consolidaba su presencia a partir del año 2003. De esta forma, el cultivo de la hoja de coca era el cultivo natural por excelencia al constituirse como el que representaba mayores ingresos. Pero al día de hoy la percepción del campesino ha cambiado, como lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: el campesino sabe que eso es un producto ilícito y lo puede conducir a una cárcel o lo puede dejar sin un sustento y mantiene atemorizado, si usted habla con un campesino que fue cultivador de coca y que hoy en día está cultivando otra cosa, él le va a decir: ‘me siento más tranquilo, me siento legal’, porque ellos se sienten ilegales con el cultivo ilícito, ellos se sienten con el cultivo ilícito como aliados de, del movimiento guerrillero.

La consolidación del Estado en la región, la percepción del campesino sobre el uso de la tierra y el desarrollo agrícola ha tomado otras vertientes. Se pude corroborar en el siguiente comentario: Con la cuestión del plan de consolidación, Colombia responde, Usaid, quienes han puesto la mano y con los programas el gobierno se ha anclado a asociaciones productivas, vienen remplazándolo por ejemplo por cacao, otros han sembrado caucho, otros se han ido para la ganadería ¡Ya!, estamos hablando de la margen derecha ¡No!, se han ido por la ganadería y la gente le está apuntando, más que todo a esos tres cultivos yuca, sale buena yuca, buen plátano, ahuyama, maracuyá; ahorita el campesino va a empezar a sembrar piña, en este lado de fuerte es la piña, la palma no, ¡Eh! la patilla ya y el campesino ya empezó a llevar la piñita pa sembrarla.

Se evidencia en el tema agrícola un avance hacia la sustitución de los cultivos ilícitos, por algunos programas del Estado como el de Guardabosques: y han llegado programas como por ejemplo guardabosques que es un programa bueno de que, está en camino en varias comunidades, donde había coca y la misma comunidad se comprometió a arrancar la coca para que entrara al programa, entonces hay programas que si sirven y en este momento porque, todo es cuestión de, de economía ¡Ya!, ¿por qué el campesino quiere pasarse a esos cultivos?, porque que, es que es algo parecido al algún coquero no, la piña está dejando, el plátano está dando, la yuca está dejando, la coca no está dando nada.

Aun así, sigue haciendo falta la inversión social y la presencia más constante del Estado en el tema de la infraestructura:

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La cuestión de vías, lo que más se sufre es por las vías, ese es el sufrimiento más…, el mismo campesino dice ‘¡Ole! Si nos tienen vías en estas zonas, esta municipios va ser uno de los municipios más ricos, tanto del Meta como del país en cultivar comida, porque a la persona le nace, el cultivo de la comida, los que tiene coca quieren remplazarla.

Una de las conclusiones que se puede extraer de los testimonios de vida de los individuos entrevistados, es que existe una esperanza por una Colombia en paz. Esto ha sido posible gracias a las negociaciones que desde el 2012 el gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos ha desarrollado con las FARC. Dicha negociación busca “establecer los términos en que se dará el fin de las confrontaciones con este grupo guerrillero mediante un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo” (Alto Comisionado para la Paz, 2016). Las FARC han mostrado su voluntad de paz con varios periodos de cese unilateral del fuego, el primero se dio del 20 de noviembre de 2012 al 20 de enero de 2013 y se ha repetido en seis oportunidades. llamó la atención el comunicado del último cese unilateral, pues se mencionó que era de carácter indefinido como muestra de la intención de desescalar el conflicto y facilitar la implementación de medidas para la construcción de confianza entre las partes. Estas medidas tuvieron un impacto positivo en la región del piedemonte llanero, como lo manifestaron varios de los entrevistados, que se evidenció en el cambio de la cotidianidad de sus habitantes que pasó del enfrentamiento a diario a unas dinámicas sociales de normalidad. Según un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz en 2015 sobre los resultados de los ceses al fuego unilateral de las FARC, evidencia que las ofensivas militares de alto impacto en el territorio nacional por parte de la guerrilla descendieron significativamente y que afectaban directamente a la población civil. Sin embargo, “El monitoreo de medios hecho por la FIP mostró que, durante el cese unilateral, entre el 20 de diciembre y el 22 de mayo [2014, quinto cese unilateral], hubo principalmente combates, es decir, acciones entre combatientes pertenecientes a los grupos armados legales e ilegales” (Álvarez Vanegas, E., 2015). Algunos de estos ceses, han sido verificados por la Sociedad civil como el Frente Amplio por la Paz, Constituyentes por la Paz, Iglesias y la Red Universitaria (Álvarez Vanegas, E., 2015). Siendo una iniciativa de apertura y diálogo de las FARC con la sociedad. A pesar de lo anterior, el gobierno de Colombia y las FARC firmaron el acuerdo sobre el un cese biliteral de hostilidades Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, y la Dejación de las Armas el 23 de junio de 2016, Este acuerdo ha traducido para la población civil de los territorios más afectados en un cambio en la percepción de seguridad, pues en su mayoría y especialmente en el Guaviare y en el Meta manifestaron que desde el inicio de las negociaciones y con la implementación de los ceses bilaterales el ambiente social de sus territorios se tranquilizó en mayor medida. En este sentido, se puede afirmar que los alcances de los acuerdos de La Habana, desde sus etapas más tempranas, han beneficiado a los ciudadanos del común y de

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los territorios que viven a diario el conflicto. Cabe mencionar que los acuerdos de fin del conflicto giran en torno a seis puntos: 1. Reforma rural integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, 6. Mecanismos de implementación y verificación (Alto Comisionado para la Paz, 2016). Según las declaraciones dadas por Juan Carlos Henao34, el acuerdo de fin del conflicto con las FARC es uno de los más completos del mundo, pues “El acuerdo que se logró en Colombia es, de lejos y según doctrinantes internacionales, el más completo que hasta ahora se haya presentado en el mundo. Un poco más de veinte jueces la interpretarán con todas las garantías” (Orozco, 2016). Por otro lado, la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se llevó a cabo el pasado 26 de septiembre de 2016 en Cartagena donde asistieron representantes de la comunidad internacional y contó con la presencia de víctimas del conflicto armado. Esta ceremonia revindicó las voluntades de paz de las partes y le dio la bienvenida a las FARC a la democracia. Más que esto, significó un reconocimiento de las FARC de la institucionalidad del Estado Colombiano y la legitimación del mismo. Sin embargo, al remitirlo a la validación ciudadana a través del referendo celebrado el 2 de octubre de 2016, la falta de cultura política y las heridas profundas del conflicto, la sociedad Colombia no refrendó el acuerdo final. A pesar de ello, abrió la puerta para que se dieran movilizaciones desde diferentes sectores en la sociedad como los indígenas y los estudiantes para presionar a los sectores políticos y las FARC para que se llegue a un acuerdo donde se incluyan las inquietudes y posturas de la oposición.

Conclusiones Las historias de vida fueron una herramienta vital que evidencia factores comunes desde diferentes grupos poblaciones, que a pesar de estar en orillas diferentes tienen en común las cicatrices de un pasado violento, pues no está errado afirmar que a la gran mayoría de colombianos les ha tocado la guerra de una u otra manera, y muchas de sus decisiones de vida han estado influenciadas por las dinámicas del conflicto. Por otro lado, articular la historia de un país con las historias de vida de sus habitantes, quienes han sido los protagonistas reales, permite complementar y dimensionar el impacto de la guerra en Colombia y de esta manera entender la manera en que los acuerdos de La Habana dan a los colombianos una esperanza de paz en los territorios más golpeados por la guerra y a la sociedad en general. Como se puedo ratificar en el foro: “El Posconflicto una Oportunidad para el Desarrollo”, organizado en Florencia por la Pontificia Universidad Javeriana y Ejército

34. Rector de la Universidad Externado de Colombia y Asesor jurídico externo del Gobierno para los acuerdos.

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Nacional, en el primer semestre de 2016; la dinámica del conflicto, después del comienzo de las negociaciones de la Habana y el cese al fuego bilateral ha tomado otro rumbo. Se pudo sentir en el escenario de disertación pacífica, que ya era tiempo de dejar los fusiles y comenzar a trabajar en serio por la paz de Colombia. Al decir de Cabrales (2013), es “fundamental que cualquier proceso de paz, que de alguna u otra forma desarme a un solo colombiano vale la pena llevarlo a cabo. Vale la pena hacerle ver a un hombre por un solo instante lo que es la civilidad y la libertad, que por un solo día sienta lo que es no sentirse perseguido ni perseguidor, que por un solo día deje su fusil y haga parte de nuevo de la humanidad y desee volver y quedarse. No importa lo que cueste, no importan los impedimentos, las miles de objeciones y críticas, hay que seguir brindando opciones, generando ideas para que los colombianos que se han ido a la guerra desistan y luchen por la injusticia desde la legalidad” (p. 90). En tal sentido, foros y encuentros como los organizados por el Ejército Nacional deben seguir haciendo parte de este nuevo escenario pacífico de confrontación donde las las armas son ahora los argumentos y las palabras.

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LA EDUCACIÓN, LA BASE PARA EL POSCONFLICTO Marcy Amparo Ramírez Orozco Semillero de investigación Pedagogía Infantil

La institucionalidad hace parte fundamental del desarrollo de las regiones y de la construcción de caminos de paz y reconciliación. El foro “Posconflicto oportunidad para el desarrollo” es una muestra del compromiso del Estado, el Ejército Nacional y las instituciones regionales con todo lo relacionado a la superación del conflicto armado en Colombia. Es así como la Corporación Universitaria Minuto de Dios hace presencia en el departamento del Caquetá con diferentes programas que vinculan a su comunidad educativa en el aporte a la construcción de tejido social, mediante diferentes estrategias inmersas en áreas como Responsabilidad social, Pastoral Social y Semilleros de Investigación. Grupos conformados que desarrollan diferentes proyectos en pro de mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables, especialmente población infantil víctimas de la violencia. La Uniminuto, participó activamente en la feria institucional realizada en el marco de dicho foro, con la presentación de tres proyectos del semillero de investigación Infancia, Educación y Desarrollo “SIED”. quienes vinculan directamente población infantil en sus aulas de clase. Estos proyectos son desarrollados por estudiantes de Pedagogía Infantil que laboran en el programa Atención integral a la primera infancia cero a siempre. Es en estos infantes que se ha decidido desarrollar los proyectos de semillero, enfocados en su desarrollo psicosocial, ya que son niños que han vivido de cerca y a muy temprana edad los efectos de la violencia que los ha llevado a vivir desplazamientos forzosos, muerte de sus seres queridos, problemas socioeconómicos y, en fin, una descomposición familiar que los ha convertido en niños con 35. Docente de investigación Corporación Universitaria Uniminuto. Asesora semilleros de investigación VII semestre de Pedagogía Infantil.

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problemas de convivencia, intolerancia, irrespeto que llevan a la generación de focos de violencia a raíz del desapego por una sociedad que ellos consideran destructiva. Es aquí donde el docente se convierte en facilitador y en guía para construir ciudadanía, para enseñar con amor a sus alumnos la urgente necesidad de respetar al otro, de fortalecer la capacidad de dar opiniones argumentadas, resolver conflictos por medio del diálogo, entender la importancia de su participación como miembro activo de una sociedad en construcción, en donde la familia, la escuela, el Estado y las instituciones, aportan propuestas, proyectos y estrategias en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos mediante la formación de ciudadanos más sensibles, colaborativos y generadores de espacios de sana convivencia e inclusión social. La corporación Universitaria Minuto de Dios, CAT Florencia, mediante su semillero de investigación “SIED”, está ejecutando tres importantes proyectos con niños y jóvenes pertenecientes a diferentes modalidades de los programas en los que las estudiantes de pedagogía laboran. Los proyectos mencionados a continuación expusieron sus propuestas en el stand de la Uniminuto en la feria institucional en el marco del foro “Posconflicto, oportunidad para el desarrollo” y, a la vez, sus integrantes hicieron parte de las diferentes actividades desarrolladas en éste y han ejecutado algunas acciones vinculantes de las temáticas vividas en el foro, en pro de lograr los objetivos propuestos en cada proyecto y que buscan generar espacios de crecimiento personal en sus educandos. El primer proyecto, Una Juventud sin Valores una Sociedad Violenta36, tiene como objetivo principal la identificación del conocimiento de jóvenes y padres de familia del barrio Altos del Capri de la ciudad de Florencia, Caquetá, sobre la importancia de la generación de valores como base para la reconstrucción familiar y social de su comunidad. Se ha evidenciado en el desarrollo de la investigación, mediante una observación permanente, entrevistas a varios jóvenes y vecinos del sector, que la falta de valores ha convertido a niños y jóvenes en edades de 2 a 17 años, en generadores de violencia en esta comunidad. Es común encontrar jóvenes que por el modelo y desapego familiar, la falta de unas normas básicas de convivencia, la falta de afecto, la situación económica en la que viven, la descomposición familiar, la exclusión social, la sociedad en general, etc., se vinculan desde muy temprana edad a grupos delictivos bien sea llamados delincuencia común, pandillas, etc., que los reclutan para labores delincuenciales, tales como hurtos, homicidios, expendio de alucinógenos y a su vez los convierten en consumidores. El barrio Altos de Capri es un asentamiento que surgió como invasión hace seis años aproximadamente, se encuentra localizado en la comuna oriental del perímetro urbano de Florencia, Caquetá, limita con los barrios Piedrahita, Tirzo Quintero, Pueblo Nuevo. El barrio se encuentra Conformado por cuatro sectores; habitan 36. Formulado por las estudiantes de pedagogía VII semestres de la Uniminuto: Parra García Mónica, Losada Torres Cecilia, Méndez Rojas Marínela, Yépez Núñez Rosa Janeth y Losada Rico Sandra Milena con la asesoría directa de la docente de investigación Uniminuto Marcy Amparo Ramírez Orozco.

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actualmente unas 500 familias aproximadamente, de escasos recursos económicos y en su gran mayoría se dedican a trabajos informales como: vendedores ambulantes, ventas de minutos, construcción, entre otros. La mayoría de las casas están construidas en madera y algunas en material; de éstas algunas se encuentran ubicadas en lugares de alto riesgo, las calles son estrechas y se encuentran sin pavimentar, cuenta con energía eléctrica y agua potable, sin embargo carece de alcantarillado. Debemos sumarle que el barrio en la actualidad no cuenta con sedes educativas, por lo tanto los niños en edad escolar deben desplazarse a los centros educativos de los barrios aledaños, en este caso las sedes de barrios unidos del sur ubicado en Monserrate y Pueblo Nuevo. Los padres de los niños y jóvenes que hacen parte de esta investigación son la mayoría separados, o en muchos casos viudas víctimas de la violencia, desplazados,etc., quienes en el mejor de los casos dedican sus horas en trabajar para conseguir el sustento de sus familias pero debido a la misma situación han dejado de lado su labor como educadores del hogar, formadores de personas y consideran que es obligación únicamente del docente, es decir que la formación en valores se ve relegada solo al tiempo que los niños y jóvenes dedican a su horario escolar. El resto del tiempo, los niños y jóvenes no tienen ninguna responsabilidad ni control, es por eso que es normal encontrarlos en las esquinas de sus barrios delinquiendo o siendo presa fácil para las bandas criminales organizadas en dichos sectores. Con el desarrollo del semillero de investigación y la participación de sus integrantes en el foro “Posconflicto, oportunidad para el desarrollo” se replicó la actividad de la cartografía en los niños y jóvenes de Altos del Capri, con el apoyo del grupo psicológico de la universidad con el fin de identificar la percepción de los niños sobre el conflicto y cómo se refleja en su vida personal. Como resultado, encontramos que los niños y jóvenes de este barrio tienen muy arraigado su dolor por la pérdida de algún ser querido o culpan al conflicto y al estado de la penosa situación económica en la que viven. Pero son niños y jóvenes que aunque la violencia les ha arrancado muchas lágrimas, no ha podido arrancar su esperanza y fe en un futuro mejor. Son niños que a pesar de sus necesidades asisten a las escuelas y colegios con el fin de aprender y son muchos sus sueños. Si bien son niños y jóvenes muy vulnerables, son también muy receptivos y participativos en las diferentes actividades que se proponen. También se ha realizado observación permanente para conocer el desenvolvimiento de los jóvenes en sus grupos sociales; es aquí donde se logra evidenciar el grave problema de falta de valores en estos niños y jóvenes. El trato con sus compañeros es completamente agresivo, el uso de palabras soeces es el común denominador en las conversaciones y juegos entre amigos. Las estudiantes de pedagogía vienen desarrollando talleres lúdicos con el fin de inculcar valores en estos niños y jóvenes con el objetivo de mejorar la convivencia mediante el respeto a sus semejantes, el buen trato, la solidaridad, el compañerismo, la bondad, generosidad, la tolerancia, etc.

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Es de vital importancia la vinculación de las familias en este proceso, aunque ha sido muy difícil que los padres se interesen en estos temas, ya que ellos consideran que son los docentes los encargados de formar a sus hijos, y no aceptan que son ellos los directamente responsables de la generación de valores los infantes. Aun así, se sigue trabajando para tratar de fortalecer el vínculo padre e hijo, que debido a la descomposición familiar realmente se encuentra roto. Para esto, las auxiliares de investigación decidieron utilizar lo aprendido en el foro, organizaron mesas temáticas, en donde iniciaron con una terapia de romper el hielo, para vincular a los padres de familia en el proceso. En cada mesa se debatió un tema, en total fueron cuatro mesas y las temáticas desarrolladas fueron: relaciones sociales, desarrollo social y económico del barrio, unión familiar, perspectivas sobre el posconflicto. En el desarrollo de esta actividad se logró identificar: • Falta de empoderamiento de los padres para fomentar valores en su hogar • La falsa libertad ha llevado a esta generación a un libertinaje ilimitado • Falta de presencia gubernamental en el barrio con proyectos que incentiven la generación de empleos dignos • Presencia activa de ONG y Fuerzas Militares en el desarrollo de actividades que generan espacios de sana convivencia y mejoramiento de la calidad de vida. Fue evidente la desinformación sobre el tema de posconflicto, la gran incertidumbre que este tema genera en las poblaciones vulnerables, que no logran dimensionar, normalmente por la desinformación en la que viven, las oportunidades que trae consigo todos los proyectos, planes y programas que buscan generar en este tipo de población un impacto positivo que promueva el crecimiento comunitario a través de la construcción de paz y ciudadanía. El trabajo de las investigadoras consistió en replicar la información obtenida en el foro sobre la transformación social mediante oportunidades de crecimiento personal, inversión estatal y, sobre todo, de incentivar a los participantes a ser generadores de paz desde sus hogares. Se vinculó en un taller lúdico, cómo cada uno aporta con su quehacer diario a la creación de una paz estable y duradera, y se orientó a los niños y padres a dar su granito de arena como miembros de una comunidad que necesita desarrollar valores familiares que se verán reflejados en el compartir con sus vecinos, lo que contribuye a conseguir esa paz que se anhela en todos los corazones. Otro tema de vital importancia para la investigación, además de las secuelas del conflicto en estos jóvenes, es cómo la tecnología ha ocupado espacios de convivencia esenciales para el desarrollo del ser humano como un ser social. La comunicación quebrantada de la familia y de sus círculos sociales ha pasado a ser una comunicación on-line, los juegos que permitían compartir vivencias, experiencias, emociones con los demás niños y jóvenes han sido cambiados por juegos en línea que han creado humanos cibernautas que olvidaron los grandes beneficios que nos deja una buena

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charla y/o conversación con nuestros semejantes. En consecuencia, olvidamos cómo comunicarnos y, peor aún, cómo relacionarnos con los demás. Para ello, se hace necesario investigar más a fondo sobre el impacto de la tecnología en niños mediante la creación de programas efectivos que permitan identificar dicho impacto y a la vez crear conciencia en los padres de que el manejo de algunas tecnologías deben ser permitidas bajo estricto control, para evitar que los niños y jóvenes pierdan la oportunidad de vivir y compartir, lo que por experiencia se sabe genera conocimientos y destrezas en el desarrollo de un ser humano social capaz de vivir en espacios de sana convivencia generando amor por el prójimo como base para la construcción de la paz. Este semillero se ha beneficiado grandemente de la participación en el foro “Posconflicto oportunidad para el desarrollo”, ya que les ha dotado de herramientas indispensables para el desarrollo de actividades lúdico pedagógicas que vincula a las nuevas generaciones como forjadores de un futuro con una paz sostenible y durardera. El segundo proyecto: Pedagogía desde la Ecología para Construir Paz37, se desarrolla con la comunidad infantil de las veredas Venecia, Puerto Arango, y comunidad indígena Nasa We’sx Kiwe la Gaitana, asentada en la vereda El Vergel del corregimiento Venecia de Florencia, Caquetá, de las cuales el 60% han sido víctimas de desplazamiento forzado. Su principal objetivo es determinar cómo mediante la generación de amor por la naturaleza logramos en los niños la construcción de valores que se verán reflejados en la convivencia. Tanta violencia a la que ha sido sometida la sociedad civil rural principalmente, no solo ha impactado negativamente su productividad, también, se han visto forjados a financiar grupos insurgentes y a aportar combatientes que normalmente eran reclutados siendo niños, lo que fracturaba la unidad familiar. Los episodios de violencia vividos en estas comunidades rurales han dejado un caos emocional en las familias, principalmente en los niños. Este proyecto se ha enfocado en cómo esos antivalores han afectado notoriamente el deterioro del entorno natural. Ese impacto irracional que ha provocado el equivocado ejercicio de la guerra, también ha sido implacable con los recursos naturales. Los niños de estas comunidades han visto cómo sus padres como único de sustento han destruido los recursos naturales a cambio de cultivo ilícitos, minerías ilegales que contaminan las fuentes hídricas, y no han sido educados con una cultura ecologista que les permita mitigar el impacto ambiental en sus labores futuras. Por el contrario, son niños con un desarraigo natural muy fuerte, que a pesar de ser de comunidades rurales e indígenas, no tienen una concepción de la importancia que tiene el cuidado y el amor por el medio ambiente, como fuente de vida y riqueza futura. Esta falta de amor por la naturaleza trasciende a la convivencia con sus semejantes. Los niños son muy agresivos y tienen muchos problemas con sus vecinos. Es muy normal encontrar familias que no se dirigen la palabra, niños con un nivel de intolerancia muy 37. Formulado por estudiantes de Pedagogía de VII semestre: Ana Dilia Samboni Martínez, Claudia Patricia Chía Cordón y Marinela Lizcano Quintero, con la asesoría de la docente de investigación Uniminuto Marcy Amparo Ramírez Orozco.

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alto que buscan siempre generar disturbios con sus compañeros. Las aulas de clase se han convertido en una batalla permanente de insultos y agravios. No existe una cultura ecológica en los niños, quienes tiran basura, contaminan, destruyen, no cuidan los recursos naturales. No hay ningún respeto por los mayores, ni por los demás seres vivos. La participación en el foro “Posconflicto, oportunidad para el desarrollo” ha brindado la oportunidad a estas estudiantes investigadoras de incorporar actividades lúdico pedagógicas que le permiten acercarse a estos niños con el fin de propiciar ambientes para el desarrollo de su proyecto. Es así como en el desarrollo de los talleres con niños en el foro, ellas decidieron incorporar las rondas, canciones y juegos, tomando como base lo vivido en el foro, se disfrazaron de payasos al igual que lo hicieron los soldados que realizaron la actividad con los niños y desarrollaron el tema “Tú y la naturaleza”, en donde los niños contaron sus vivencias y recuerdos de una guerra que para ellos ya terminó, pero que ha dejado un inmenso dolor en sus corazones, puesto que recuerdan constantemente los temores que aún los persiguen. Este fue el ambiente propicio para iniciar con el semillero, ya que los niños lograron descargar sus mentes de recuerdos que podrían afectar su desarrollo emocional. Cabe aclarar que se realizó con el apoyo psicológico de la universidad. Luego vino la vinculación de las familias al proyecto, ya que la importancia radica en fomentar a partir del amor por la naturaleza la sana convivencia en la comunidad. Para ello se desarrolló un taller teniendo en cuenta la experiencia enriquecedora del foro, en el que se llevó un panelista que instruyó sobre la necesidad de cuidar nuestros recursos naturales. Las personas pudieron participar activamente y se desarrolló una actividad lúdica en la que los niños y padres construían junto con sus vecinos unos recolectores de desechos sólidos con materiales reciclables. Y se comenzó a evidenciar cómo además de hacerlos, las personas decidían realmente utilizarlos. Con este proyecto se proponen estrategias pedagógicas de sensibilización ecológica, a partir de actividades artísticas como poesías, cantos, coplas e incluso cuentos, que son actividades cognitivas que afloran a partir de los conocimientos y hábitos aprendidos. Se busca, a través de la incorporación de nuevas técnicas pedagógicas, mitigar el impacto de la violencia en estos niños y que aprendan a ser personas y convivir con sus semejantes en armonía con la naturaleza. Se espera, al final, que toda esta colección de experiencias, adquisición de nuevos conocimientos, creaciones artísticas se vea reflejada en una cartilla que recoja el total de la respuesta pedagógica, en donde se enseñe a hacer una cartografía como la realizada en el foro para identificar los principales impactos en otras comunidades, que sirva de insumo para otros ejercicios, en el que se expliquen talleres, juegos, etc., para ser implementada en otros grupos poblacionales. Con esta iniciativa académica se busca volver al respeto ancestral por el medio natural como medio de vida indispensable para los seres humanos, que la memoria histórica del conflicto nos permita recordar el gran deterioro ambiental que hemos heredado, pero que con amor hacia nuestro prójimo y con la generación de valores

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ecológicos, mejoraremos nuestra calidad de vida pero, sobre todo, podremos proyectar amor hacia los demás. El tercer proyecto: Trastornos de Conducta en niños y niñas en edad de preescolar38, busca mitigar la agresión en niños y niñas en edad preescolar. Cabe anotar que esta población cuenta con una estructura gubernamental ya que son alumnos de la estudiante investigadora, en un Centro de Desarrollo Infantil. Aun así, se hace necesario determinar los factores individuales, sociales, ambientales, económicos y geográficos asociados con la presencia y mantenimiento de los trastornos de la conducta. Este proyecto también fue expuesto en la feria institucional en el marco del foro “Posconflicto, oportunidad para el desarrollo”, generando un gran impacto en los docentes que se acercaban, dado que es un flagelo que se está presentando en los establecimientos educativos. Y ha empeorado en los niños de temprana edad. Durante el desarrollo de las actividades lúdico pedagógicas y la cartografía desarrollada con los niños en dicho foro, se logró replicar algunas actividades con los niños del CDI, en donde hubo un común denominador, la falta de tiempo de sus padres. Debemos aclarar que estos niños son víctimas de la violencia, han vivido desplazamientos forzosos y a su pronta edad han tenido que vivir el desmoronamiento de su núcleo familiar. Normalmente sus madres son cabeza de familia que deben laborar y el niño permanece en este CDI durante casi todo el día. Esto ha sido catapultado por las docentes y lo han convertido en su mayor fortaleza. Los niveles de agresividad, irrespeto, intolerancia, desorden, y demás antivalores encontrados en niños de tan solo 2, 3 y 4 años se ha disparado enormemente. A raíz de lo vivido en el foro con los niños, las actividades realizadas y la construcción de paz y ciudadanía mediante la promoción de una sana convivencia. Ha llevado a Deyanides Calderón, a buscar estrategias que le permitan generar valores en sus niños. Para ello, ha utilizado la creatividad mediante la lúdica y participación permanente de los infantes en actividades que los llevan a trabajar en equipo, a reconocer la necesidad de respetar a su compañero y sus pertenencias, y a amar y respetar a sus profesoras. Han utilizado el conocimiento adquirido mediante las destrezas con las que se desarrollaron actividades con los niños participantes en el foro para implementar normas básicas con el fin de ir involucrando a los menores en una sociedad de respeto hacia los demás, hacia sí mismo y, a la vez, incrementando la autoestima en estos niños. Para esta profesora, la cartografía aprendida en el foro, fue fundamental para poder identificar los principales problemas psico-emocionales que padecen sus alumnos y así poder establecer un plan acorde a sus necesidades, ya que no todos los niños presentan las mismas causas aunque si la mayoría pueden presentar los mismos niveles de agresividad. Es decir, que con la cartografía, pueden identificar cuál es el paso a seguir para obtener una mayor efectividad en los procesos de Paz y Ciudadanía que se esperan lograr. 38. Formulado por la estudiante de Pedagogía VII semestre Uniminuto Deyanides Calderón, con la asesoría de la docente de investigación Uniminuto Marcy Amparo Ramírez Orozco.

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Desde el punto de vista institucional y como Corporación Universitaria Minuto de Dios, la participación en el foro ha traído grandes beneficios a los diferentes procesos que se desarrollan en la institución. Los proyectos de semillero de investigación como se ha evidenciado en esta publicación, han recibido una gran contribución para el manejo de los niños y jóvenes que a diario atienden en sus aulas. La inclusión social ha sido determinante para el sano desarrollo de la personalidad mediante la aprehensión de valores que se reflejan en toda su dimensión social. Los padres de familia, aún reacios a contribuir en la implementación de estos programas, han participado y han visto los beneficios en el mejoramiento en el trato y en la calidad de vida en sus hogares. Aún hay mucho por hacer. Los niños y jóvenes del barrio Altos del Capri conforman una comunidad con muchas necesidades y que requiere una intervención urgente para evitar que sea absorbida por otros flagelos tangibles en el sector. Los niños y niñas del corregimiento de Puerto Arango y los del resguardo indígena requieren mayor fortalecimiento para lograr recuperar su entorno natural y social, y los niños del CDI La Alegría de Vivir, definitivamente requieren mayor atención y empoderamiento en su proceso de formación por parte de sus padres. Cabe resaltar la importancia de este tipo de eventos, que como mencionó el panelista Daniel Libreros “el evento es muy importante toda vez que ahora que se está hablando de postacuerdo, es relevante que todos los sectores de la sociedad den sus interpretaciones a propósito de lo que se abre en el periodo inmediato. En particular, en el Foro fue muy importante la preocupación por la inequidad tanto en el modelo económico en general (la diferencia entre ricos y pobres) como también la inequidad regional, es decir, el hecho de que en estas regiones sea muy poca la posibilidad de que los recursos lleguen para mejorar la calidad de vida, el mejoramiento de vías y salud y educación”. Y así, lograr involucrar a todas las instituciones y, mejor aún, poder continuar con el trabajo que muy activamente desarrollaron los miembros del Ejército con niños víctimas de la violencia con el fin de propiciar espacios de crecimiento y superación personal.

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MINAS Y VÍCTIMAS Olmer Alveiro Muñoz Sánchez39 Carlos Augusto Jaramillo Gutiérrez40

Contextualización Los últimos 25 años del conflicto armado en Colombia constituyen un escenario difícil de sintetizar para cualquiera de los expertos en materia de análisis del conflicto. La realidad colombiana toma distancia de otros escenarios en los cuales también se ha presentado confrontación y diálogo; por ello no es posible aplicar las mismas teorías de resolución de conflicto e incluso de negociación para Colombia. Lo que si es evidente es que el enfrentamiento ha generado un escenario complicado en materia de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En el caso particular y que nos compete en este momento, es el de lanzar las conclusiones de nuestra mesa que discutió los temas de: terrorismo, artefactos explosivos improvisados, grupos de víctimas, desplazamiento forzado, la mujer y la niñez como población más afectada y perspectivas de género en el conflicto. Los temas señalados constituían un horizonte de comprensión sobre los efectos del conflicto en el departamento del Caquetá.

39. Profesor Universidad Pontificia Bolivariana, Magíster en Estudios Políticos Universidad Pontifica Bolivariana. Experto en Derecho Internacional Humanitario y Seguridad y Defensa Nacional. 40. Coordinador del programa profesional en investigación criminal de la Universidad de Medellín, Tecnólogo en Investigación Judicial, experto en guerra popular, terrorismo, y análisis forense en atentados. Coordinador de PICMA, Programa en Investigación y prevención contra minas antipersonal. Facultad de Derecho, Universidad de Medellín.

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Mina antipersonal como Infracción Grave al Derecho Internacional Humanitario La primera conclusión que arrojó la mesa temática es precisamente que la actividad sistemática de instalación de minas antipersonal constituye un crimen de lesa humanidad continuado en el tiempo, y por el daño causado en la víctima, dicho atentado no puede considerarse menos que un atentado terrorista, y además constituye una infracción grave al derecho internacional humanitario, consignado en el Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra. El conflicto armado interno ha generado una serie de actos que –siendo graves la mayoría de ellos– se perpetúan en el tiempo, uno de ellos se relaciona directamente con víctimas de minas. Para la claridad de las personas que han sufrido un atentado por mina antipersonal, es importante recalcar que éste no puede ser catalogado como un accidente, tras la instalación de un artefacto (en un lugar sin señales para prevenir el peligro) de esta magnitud se traslapa una intención dolosa de causar daños innecesarios, prohibidos tanto en los Convenios de Ginebra como el Protocolo II adicional a los mismos convenios. Las minas antipersonales constituyen todo un daño físico y moral a las personas que afecta. ¿Puede considerarse a la luz del derecho penal internacional, y de los análisis del DIH en materia de conflictos armados internos e internacionales la instalación de estos dispositivos como un atentado terrorista? Sí, en efecto constituye un acto de terrorismo y sus efectos nocivos son permanentes en la víctima que logra sobrevivir o irreversible en el caso de aquella que fallece en el acto mismo de sufrir el atentado. Por datos presentados en el Foro, aquí en Florencia, se ha demostrado que la afectación por este tipo de artefactos en un grado superior lo constituye el personal militar, y en un deshonroso segundo lugar la población civil, campesinos la mayoría de ellos, que corren el riesgo de ser amputados o asesinados por un atentado que constituye la mina antipersonal; no debemos olvidar también que los niños corren un alto peligro en zonas rurales donde dejan estos artefactos. La degradación del conflicto interno, mal denominado por algunos expertos guerra civil, constituye un escenario que en el tiempo verá extendido el daño en la población por la secuelas que esto constituye para los ciudadanos. En efecto, una de las propuestas que salen de este foro es que se haga necesario llevar a la mesa de negociación una misiva pidiendo y exigiendo que se detenga la instalación de estos artefactos, en especial en los departamentos del Caquetá y Antioquia y en todos los demás departamentos afectados por este tipo armas no convencionales. No se trata de un reclamo injustificado, sino de una exigencia por parte de la población civil, que no quiere estar afectada en mayor grado por este tipo de acciones. En síntesis, las minas antipersonal constituyen una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario, no solo por la afectación inmediata, sino continuada que tienen estos artefactos. El riesgo humano que implican es muy alto, tanto para el personal calificado que intenta destruirlos como para la población civil que convive todos los días con

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estos objetos que ponen en alto riesgo su vida familiar y laboral. La necesidad de que esta práctica se suspenda de inmediato debe constituirse en fundamento de la disminución de una crisis humanitaria; es claro además que este tipo de prácticas se constituyen en actos de terrorismo, tal como la legislación interna e internacional lo contempla.

Daños superfluos y conflicto armado interno Otra de las conclusiones que arroja la mesa de discusión tiene que ver explícitamente con los daños psicológicos que las minas antipersonal generan en la población afectada directamente y en todo su núcleo familiar. En efecto, los artefactos puestos por las Farc en el departamento del Caquetá y que constituye un daño superfluo, genera efectos nocivos por años. El miedo constante y la recuperación sicológica de los efectos por eventos ocurridos por minas antipersonal deberán ser atendidos por el Gobierno Nacional, pero se constituyen en un factor de amenaza constante para cualquier ciudadano en el territorio colombiano. Además del daño físico a la integridad de una persona, también debemos concluir que el daño a la infraestructura del Estado constituye un atentado mismo de terrorismo, que, si bien para algunos constituyen objetivos claramente definidos, han generado costos muy altos a la población, quien debe pagar con sus impuestos la reparación material que los afectan todos los días.

La relación entre Fuerzas Militares (FUTCO) y población civil en el Caquetá Una de las conclusiones más relevantes que puede extractarse de la mesa de discusión es que la cooperación entre población civil, fuerzas militares y estamentos gubernamentales, genera un trípode de confianza, que permite no solo reducir las amenazas a la seguridad de la población, sino aumentar también los beneficios económicos para la región. Tierras con una alta productividad en carne y leche han sido objeto de daño por parte de organizaciones como las Farc, sin embargo, luego de la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en el sur del país, el progreso ha sido evidente para los pobladores de la zona. Se ha logrado consolidar la presencia del Estado por medio de sus agentes oficiales, modernización de infraestructura vial, mayor crecimiento económico para la región. Ahora bien, a pesar de ello, existen otro tipo de aspectos que hacen que en la zona se presenten intereses no tan claros en materia de inversión. El departamento del Caquetá al igual que el Departamento concentra una gran producción de hoja de coca por hectárea sembrada, esto ha significado para el departamento de Antioquia una lucha contra otros grupos armados que buscan lucrarse del negocio y la comercialización de la pasta base de coca y otros de sus derivados.

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La economía ilícita se nutre de estos fondos y logra permear las instituciones. El reto para el Estado será el de consolidar su presencia territorial y su capacidad para disuadir las acciones de los que generan tal amenaza a los pobladores. El narcotráfico ha sido un combustible para todos los grupos alzados en armas en Colombia, de cualquier tinte político, y sin distinguir clase social. Por ello se hace necesario que la inversión que proyecta el país para zonas de posconflicto pueda ser real en cuanto lleve lo que el ciudadano de a pie necesita para mantener su proyecto vital en familia. Lo que se ha denominado las relaciones cívico militares en Colombia, constituye una piedra angular para que el proyecto nacional de transición de un momento de conflicto a uno de construcción de paz sea efectivo y real. La población del Caquetá comprende que el vínculo con las instituciones legales del Estado constituye un escenario más favorable para que se pueda avanzar hacia una construcción de un pos-acuerdo mucho más certero en cuanto a lo proyectado para el país y cada ciudadano.

La perspectiva de género en la memoria histórica del conflicto: memoria, verdad y reparación En los relatos de memoria histórica para un país como Colombia, la violencia directa contra las mujeres ha sido dramático. La perspectiva de género en ningún momento busca imponerse en los relatos históricos, pero sí busca que, dentro del escenario de un posconflicto, el relato histórico no deje por fuera a la mujer en esta construcción de memoria. La justicia transicional exige además de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición como elementos fundamentales para consolidar una transición justa en una sociedad que ha vivido en conflicto. Allí, será fundamental para la construcción de la memoria, la Verdad; es decir, que se logren conocer los hechos victimizantes y se pueda hacer una reparación efectiva a quienes fueron dañados tanto en su integridad física como moral. Un país que no reconoce las víctimas no puede construir la memoria histórica, y en ello será esencial la participación a las mujeres y niños víctimas directas del conflicto armado. Esta perspectiva supone un conocimiento dese lo social, lo político, lo histórico, lo político y la participación de la mujer en todo un escenario de construcción de paz para Colombia. En departamentos tan golpeados como el Caquéta, será fundamental la descripción de unos hechos históricos que logren cerrar las heridas de la guerra, que permita la reconciliación de la población y, por supuesto, consolidar una paz territorial, que será esencial para que un pos-acuerdo sea efectivo. La experiencia reciente en Colombia ha demostrado que la paz debe tener una construcción regional, no puede impartirse un tipo de solución desde el centro del país, sino que se deben atender a la generación de otro tipo de relatos que son los que se construirán a partir de las mesas regionales en conjunción con los civiles, las Fuerzas Militares, el Estado y aquellas personas que de una manera u otra hayan participado en la comisión de delitos que afectaron la

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población. La reconstrucción del tejido social tardará muchos años, por ello será fundamental el compromiso de todos los actores sociales en dicha tarea.

Conclusiones Propuestas para los ciudadanos del departamento del Caquetá Al finalizar un foro como el que se celebró en Florencia, quedan muchas expectativas puestas sobre la mesa por parte tanto de los expositores de cada Universidad, y de cada institución que participa en el mismo, pero sobre todo quedan las expectativas de las personas que aquí viven. Podríamos decirlo en un tono kantiano: ¿qué podemos esperar? En primer lugar, los caqueteños no deben esperar a una firma del acuerdo de Paz para exigir en materia de inversión y de proyectos productivos para su propio departamento. Abiertamente se debe decir que los recursos del gobierno pueden llegar, pero no será de una manera inmediata. Los proyectos tendrán que gestionarse desde la región y esto constituirá un foco importante de independencia de las regiones. Las ayudas internacionales no llegarán de manera inmediata como muchos se imaginan; por ello los recursos tendrán que ser tramitados a partir de proyectos que las alcaldías y gobernaciones del país deberán impulsar. La presencia de las Universidades que participaron en este foro será fundamental, para comprometer la capacidad instalada del departamento del Caquetá y la relación con Universidades como la Universidad Libre, Universidad Javeriana, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Medellín, entre otras, que podrán realizar alianzas con la alcaldía de Florencia y con la Gobernación del Caquetá, a fin de consolidar los programas de desarrollo urbano, social, económico y político de la región. En efecto, como se ha expresado, los vínculos con las universidades privadas también hacen parte de un proyecto que ayudará a mejorar las condiciones de los habitantes del Caquetá. Las universidades representadas en este foro demuestran el compromiso con un pos-acuerdo y un posconflicto que es posible construirlo desde las regiones. Ciencia, Tecnología, humanismo, una tríada que puede ser perfectamente proyectada desde este departamento y que tendría como finalidad la construcción de un proyecto regional que impacte a otros departamentos del país. Es importante mencionar que, si bien no constituyen los diálogos de paz en La Habana un juicio a las FARC, sí deben representar un esfuerzo por el reconocimiento del daño hecho a la población civil del departamento del Caquetá, esto es, las minas antipersonales, las cuales constituirán un daño continuado en el tiempo a la población civil, y como acto de terrorismo, debe ser admitido y reparado por los miembros del grupo con el cual se negocia. Un principio fundamental de la construcción de la paz será la aceptación de la responsabilidad por hechos que, como se han mostrado en el

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foro, constituyen infracciones graves al Derecho Internacional humanitario. Se deberá exigir en consecuencia una reparación y unas acciones que tiendan a disminuir el daño en la población. Los desplazamientos forzados generados por la acción de las farc, deberán ser atendidos por el Estado colombiano, pero además deberán también ser objeto de reparación por parte de las FARC, y serán también parte esencial del reconocimiento de una memoria histórica para el país. Finalmente, uno de los aspectos que en materia de proyección que será fundamental para este departamento, lo constituyen el vínculo entre la población civil- mandatarios locales - Fuerzas Militares. Ha sido claro que el trabajo de la FUTCO en la región ha dado como resultados efectivos la reducción de la amenaza a un grado tal, que ha permitido el desarrollo de la región. La seguridad y lo que representa el Estado no se entiendo solo con la presencia de un soldado armado; las Fuerzas Militares, si bien constituyen un eje fundamental para la seguridad y la defensa del país, han logrado cooperar en otras tareas positivas para la región y que han sido de gran impacto para los habitantes de la región. La seguridad en un nivel de comprensión mucho más alto es lo que ha logrado crear una idea en la cual el Estado representado en el soldado no solo representa una fuerza contundente, sino que también representa un Estado que se compromete con el bienestar de la población, con su desarrollo económico y social. Ahora bien, las Fuerzas Militares no pueden representar otros órganos del Estado a quienes les corresponde la inversión social, pero sí pueden ser un puente efectivo para que dichos proyectos sean realizables en una región tan próspera y tan bella como la del departamento del Caquetá.

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El LIDERAZGO REGIONAL DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA Juan Camilo Mazo Arboleda41

Introducción42 Esperaban la llegada del Ejército, un helicóptero de la Fuerza Aérea arribaba a la base del Batallón de Combate Terrestre N. 26 ubicada a unos metros de un imponente río llamado El Caguán. Al horizonte solo se avizoraba una agreste selva verde y frondosa, propia de la llamada selva amazónica, que pocos colombianos tienen el gusto de conocer, pero que otros tienen el placer de vivir. Un caserío, que lo llaman inspección y que pertenece al municipio del Cartagena del Chairá, hace de ese punto una parte de la sociedad. 8000 personas viven allí, donde solo se llega por río, porque la carretera hacia la cabecera municipal está a 146 km de ilusión, porque la misma, no existe. La junta de acción comunal se reúne y por medio de un megáfono, que funge como el medio masivo local de comunicación, convocan a toda la comunidad para que esta, bajo los mismos argumentos dados en repetidas ocasiones, deje sobre la mesa las mismas peticiones. La Unidad Militar que habita en ese sitio está comandada por un Oficial de Ejército, pero bajo su mando y coordinación está un destacamento de la Armada Nacional. La confusión de colores, cuadrículas y botas de combate no es una casualidad, es una intención del Comando Superior, la misma que desde hace 13 años persiste en la zona. 41. Mayor del Ejército Nacional del arma de caballería, abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidato a Magíster en Derecho de la misma Universidad. 42. Este trabajo narrativo es producto de varias actividades realizadas en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, grupos focales, reuniones con la comunidad, visita a unidades especiales del Ejército y entrevistas con la población civil.

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Botas marrones, negras y grises hacen de la Fuerza Militar de Remolinos del Caguán una experiencia conjunta. Unos soldados que por más de 13 años han tratado de representar al Estado, no solo persiguiendo el crimen o el delito en las zonas de injerencia de los grupos insurgentes, sino que también –con los pocos medios existentes para el cumplimiento de la misión constitucional– se hace la defensa de la nación y se integra el territorio y su población civil. Ese mismo día, enfermos son evacuados por la Fuerza Aérea, abastecimientos y funciones de mando y control son surtidas por ese componente, mientras la Infantería de Marina patrulla la gran autopista fluvial, apoyando la acción militar y las solicitudes de la sociedad, las tropas del Ejército Nacional mantienen el control territorial y operaciones en profundidad. Todos juntos hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que desde su activación como componente especial y principal del Comando General hacen de la territorialidad la materialidad del Estado Social de Derecho.

El abandono, el problema Una comunidad que no es mirada como parte íntegra de una sociedad está en riesgo permanente de ser absorbida por actores ilegales. La ausencia de gobernabilidad local hace del abandono la oportunidad para que personas con intereses criminales hagan de esa comunidad una base de operacionales ilegales43. Muchas comunidades en Colombia desconocen la existencia de instituciones públicas de carácter nacional que puedan ayudar a la solución de las necesidades de sus pobladores, desconocimiento que es capitalizado por la lejanía, un discurso ideológico de lucha de clases44, pero por sobre todo un conflicto que solo alimenta el odio y el reproche del abandono estatal. Esos rincones poblados producto de un centralismo salvaje de la administración guardan un conjunto de problemas que representan la sociedad en general, es el caso de Remolinos del Caguán45, un sitio donde la institucionalidad solo ha llegado con las armas, el uniforme y la fuerza, y las pocas veces que llega otra institución son mirados

43. Dentro de la doctrina miliar existe el concepto de estructura del campo de operaciones, donde uno de sus elementos es la base de operaciones, constituyéndose como el centro de gravedad para que los grupos ilegales lancen sus operaciones, concentrando allí sus recursos logísticos, bélicos y de personal para una ofensiva criminal. (Ejército Nacional, 2010). 44. Término en el reglamento de régimen disciplinario de las FARC: “En toda agrupación humana ha habido y hay cierto grado de disciplina que se perfecciona en la medida de los objetivos que se proponen quienes eligen en el enfrentamiento de clases la forma de lucha armada” (FARC EP - Estado Mayor, 1989). 45. “Era el 17 de julio, y en este lejano caserío del Caquetá, al que se llega tras una hora en avión desde Bogotá, cuatro por carretera y seis en lancha, y donde después de 25 años de reinado de las Farc y de la coca volvieron a saber del Estado por la más grande operación contra esa guerrilla, el Plan Patriota, iba a darse un cara a cara entre los militares y los campesinos, por el Grito de la Independencia” (El Tiempo, 2009).

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con lástima, en vez de ser mirados con ambición de ser una potencial tierra de desarrollo y evolución. Pero esos sitios no son contados con un dígito, lugares así abundan en el territorio nacional, agravando la situación de gobernabilidad local y permitiendo que esas poblaciones sean tentadas con la ilegalidad, como única salida económica de los problemas. Peñas Coloradas46, un poblado situado a las orillas del río Caguán es la mejor representación de esta situación. Este caserío perteneciente a Cartagena del Chairá fue producto de un desplazamiento masivo47, hoy solo se ven las ruinas de lo que pudo ser una población animada y unida en torno a un fin, vivir y ser feliz. Lo oculto de esas ruinas es que fueron construidas con un interés individual, la gerencia del narcotráfico por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia −FARC−, un territorio que se consolidaba como el epicentro del negocio, donde había muchas necesidades, pero también donde se explotaban todas las potencialidades. Un rancho, conocido como la plaza de toros es el monstruo del abandono, sitio donde se reunían todos los jefes de las FARC, que tratados al estilo de los emperadores romanos, tenían su altar. Los pobladores instrumentalizados por un negocio fructífero se sentían parte de una comunidad; que alguien, sin importar quién, les diera la posibilidad de tener un sitio de recreación, diversión e inversión era la mejor sensación de que la cosas podrían mejorar. Qué ilegalidad se va sentir cuando las normas legítimas no tienen un sentido de coerción, cuando la comunidad que vive en su mundo, en su isla comunitaria, no tiene el sentido de la existencia de muchas normas que rigen millones de kilómetros cuadrados pavimentados y edificados, eventos que se desconocen en esos sitios lejanos. Las normas que reinan allí, son las normas que logran construir edificios de dos pisos, con sótano y salas revocadas de cemento como la última tecnología de desarrollo, cuando el único puerto es transformado en un malecón del comercio, un comercio con papelerías, regalos, tiendas de moda y restaurantes. No importa si el dinero para pagar no se cuenta, sino que se pesa; no importa si las formas de custodiar esa nueva construcción son con uniformes, armas y brazaletes de las FARC. Esas son las normas que sirven, son las que hacen realidad la satisfacción de las necesidades. 46. Al norte de Caquetá se ubica el corregimiento de Peñas Coloradas, a orillas del río Caguán. Para llegar allí hay que recorrer cuatro horas en lancha rápida desde la cabecera municipal de Cartagena del Chairá. Para 2004, según registros de los libros de sus juntas de acción comunal, este lugar contaba con dos mil habitantes, y hoy es un pueblo fantasma del corazón de la Amazonía colombiana, donde opera la base militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega –una unidad de las Fuerzas Militares de Colombia inaugurada en la primera fase del Plan Colombia– (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). 47. La mañana del 9 de abril del 2004 se venció el plazo del ultimátum para desocupar el pueblo que dos meses atrás, y a punta de culatazos de fusil, les habían dado los hombres de ‘Fabián Ramírez’, segundo jefe del Bloque Sur de las Farc. Para esa fecha el Plan Patriota llegó con toda su fuerza al Caguán.”Creíamos que no era cierto y por eso nadie se fue de Peñas en febrero, pero cuando llegaron los guerrilleros en abril, apenas agarramos lo que se pudo. Les pusimos candados a las puertas, los que alcanzaron le echaron mano a los perros y a las gallinas y la mitad cogió río arriba y otros por la trocha hacia Cartagena”, relata don Efraín Quintero, quien sigue viviendo en la cabecera municipal, o sea, Cartagena del Chairá. (El Tiempo, 2011).

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La Macarena48, municipio del Meta, es otro punto de historias asombrosas, allí el recuerdo de un gobierno democrático no es cosa del pasado. Las largas historias de autoridad que representaban las FARC no son aburridoras, contienen relatos asombrosos como si fuera otra Colombia. El orden, lo justo y lo correcto estaban en manos de las normas propias de las FARC, la comunidad no podía decir nada en contra de ellas, el Derecho era diferente al resto del país, pero el resto del país era indiferente a La Macarena. Qué importaba aplicar las normas del Estado Social de Derecho cuando ese Estado no eran tan social ni tan derecho como se decía. La televisión era un mundo mágico, que cuando se hablaba del Gobierno Nacional, se pensaba que era una ficción. Florencia, una ciudad colonizada desde el inicio del siglo XIX. Son pocos los pobladores de 80 años que nacieron allí. Una ciudad capital, que tiene un potencial enorme de desarrollo pero que ha sido estigmatizada por el conflicto armado. Lugar donde se libraron batallas con las FARC y el M-19, hechos que son recordados como una historia no muy lejana. Allí es donde se materializa la punta de desarrollo de toda la región, los pobladores ven en Florencia una oportunidad de evolución social. Una ciudad que hasta hace poco es ciudad, que sigue siendo un municipio con categoría, que intenta salir de un atraso producto de un conflicto armado que no tiene compasión. Sus comerciantes se quejan de una masiva extorsión, quizás son empleados por un sistema ilegal, como si sus negocios tuvieran un socio mayoritario, las FARC. La práctica de dar dinero a quien no se lo gana trabajando, es la justicia representada como tradición, “se paga, pero se trabaja” es el lema de muchos finqueros, comerciantes e independientes. La extorsión es un flagelo que existe desde el desarrollo económico de Florencia. Lo peor de todo es que no se denuncia, porque no se cree que hacerlo mitiga el delito. Cartagena del Chairá, municipio de Caquetá, allí se vio también el olvido de toda la comunidad, no es tan grande como Florencia, pero tampoco tan pequeña como se pueda imaginar. Alberga a todas las personas que se desplazan por la violencia que circunda la zona. En los últimos cuatro años tuvo una transformación de esperanza, no solo representada en las ganas de salir adelante, sino en la planeación de un mejor territorio. Sus carreteras principales ya no son tierra, no se levanta el polvo del olvido y tampoco la oscuridad del abandono. Su iluminación y pavimentación no es producto de la lástima, es acción de gobierno, producto de la democracia. El burgomaestre que hace poco abandonó su lugar, no era oriundo de allí, era un profesional que queriendo hacer su rural se quedó formando su hogar. Ahora el cambio es mejor, la democracia trae en si muchos reproches, pero es la legitimidad la que permite trabajar. No se trata de enaltecer un trabajo especial de una persona, se trata de demostrar que la gobernabilidad local es el comienzo de la salida a muchos problemas.

48. Es un municipio del Meta, ubicado en el sur del departamento y ahora es un centro turístico importante para Colombia. Hizo parte de la zona de distensión donde hay lugares íconos del secuestro como el Borugo, centro de operaciones importante para alias el “Mono Jojoy” (Fuerza de Tarea Conjunta Omega, 2015).

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Este municipio es la cabecera de muchas poblaciones que rodean la zona, es el papá de Remolinos del Caguán y de Peñas Coloradas, comunidades abandonadas por la acción local. Empezar a organizar la casa, es comenzar a sanear los problemas. Los pobladores de las comunidades hijas manifiestan “si el pueblo lo arreglaron, seguimos nosotros”; solo es cuestión de tiempo, un tiempo que no está medido, que solamente es la esperanza de una población. Cinco ejemplos de lugares notorios que están ubicados dentro del teatro de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, hacen diferente el trabajo de esa unidad militar. Relatar historias de cómo eran las comunidades antes de la llegada de la FUTCO es un reto que no acaba, que seguro puede ayudar a mejorar la concepción de una Colombia grande y productiva.

Una familia pobre El papá de muchas poblaciones es la cabecera municipal, estas bajo unos criterios de austeridad son incapaces de solucionar muchos problemas de la comunidad. Los alcaldes como representación política de ese papá, tienen el mayor reto de trasformación social, en la mayoría de casos actúan solos, sin la ayuda del gobierno central, así tratan de administrar los problemas y los pocos recursos que captan como entidades territoriales, pero estos son insuficientes para la demanda de necesidades que recepcionan en sus palacios municipales. Cuando la comunidad no encuentra solución a los problemas comienza la ruta del abandono estatal, allí nace el reproche al sistema, dada la inexistencia de muchas instituciones que dicen existir, pero que en esa zona en específico ni siquiera se ha concebido. La población no tiene la responsabilidad de estar en medio del conflicto, su condición natural los puso allí, entonces sacar ese argumento como excusa al incumplimiento no es fácil de asimilar. El alcalde en su gestión institucional debe salir de su palacio, como un buen patinador debe estar por los corredores del gobierno central llamando la atención para que un funcionario de ese nivel le ponga cuidado y le apoye en cualquiera de sus proyectos. Esta es la manifestación paternalista del gobierno central, que funge como el abuelo millonario, pero tacaño, le da a quien da más, a quien le interese más, al fin al cabo es una realidad del sistema político y organizacional del país. Muchas veces se recibe lo que se sobra, mientras que la petición principal hace tránsito a la formalización para nuevas vigencias. En un sistema local, cuando la pobreza es una característica de un gobierno y el tiempo es una limitante de gestión, convierten la gobernabilidad en una odisea de autoridad, se trata de repartir lo poco que tiene en lo mucho que necesitan, tratando de impactar en la mayor cantidad posible de población, otra solución es la priorización de problemas, situación que se dificulta por el nivel de representación de cada uno de

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ellos, todos son importantes, cuál de ellos es el primero, aún no se sabe. La salud como lo manifiestan los pobladores es la base de todo, pero los estudiantes reclaman educación, los niños alimentación, los adultos seguridad y los lideres reclaman transparencia. Acuñar todos los problemas a la corrupción es un común denominador, pero quien lo dice hace parte de la administración, no es ajeno a su campo de acción, por eso no puede generalizarse en todos los aspectos. Se pensaría más bien que el gran problema es la centralización, una agresiva concentración de poder hace que se abandonen esferas de representación y se creen vacíos de poder. Quizá muchas veces lo importante para el poder, es servirle al poder, nefasta afirmación para entrar en sus prioridades. Cuando el abuelo millonario no puede ayudar, porque se argumenta que no tiene la capacidad o que no está dentro de las prioridades, se busca el segundo nivel, el departamento, quien funge como tío, quizás aparentando poder y riqueza, pero administrando pobreza. Son pocos los departamentos en el país que tienen con qué ayudar −es como una familia, no todos los tíos son ricos−, pero en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega los tres departamentos no clasifican en ese grupo, todos grandes en extensión y escasos de razón, no hay suficientes recursos para tan extensos territorios que muchas veces no tienen la lógica de pertenecer a esa división territorial. Es el caso de La Macarena, donde se llega más fácil por el Caquetá que por la capital del Meta. Producto de esa distribución territorial bajo una maqueta en la capital, se fragmentó la naturalidad de la población. Muchas personas no identifican su capital departamental, y eso implica que en medio de la discusión no se inyecte los recursos porque no se sabe de dónde es. Es el caso de las sabanas del Yarí y San Juan de Lozada poblaciones que dividen su territorio en medio de una disputa litigo administrativo, que lo que hace es agravar el problema del conflicto armado. Los departamentos arraigados en su labor de tío tienen lo sobrinos preferidos. Se comienza por la capital y siguen lo cercanos a ella, en una lógica de desarrollo que comienza desde adentro hacia afuera, no es culpa del departamento, es la misma materialización del poder central, Colombia creció desde su capital hacia su periferia.

El padrino armado Bajo este escenario aparecen las Fuerzas Militares de Colombia, no es el papá, no es el abuelo, pero tampoco es tío. No importa quién sea o como se le pueda llamar en esta representación narrativa de una realidad. Lo importante es que existen y hace parte de esa representación institucional del poder central, no como intimidante ante la priorización sino como garante en la fecundación de la nación. A diferencia de muchas instituciones, las Fuerzas Militares hacen presencia en todo el territorio nacional, no por nada es la institución con mayor aceptación en la población, quizás con algunos reproches locales producto de un abandono estatal.

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Cuando un soldado pisa una franja de territorio es el Estado que hace presencia, el amigo del poder central, pero el defensor del poder local y el protector de la población en general. Las autoridades locales ven la institución miliar su aliado natural, sin importar su ideología se acerca a su intencionalidad, se busca que la sincronía misional materialice la satisfacción de un conjunto de necesidades que no se puede subsanar con una mera gestión. Sus pasillos son los campos de la patria, los caminos veredales y las carreteras municipales, no hay necesidades de patinar con elegancia ante su actuar, no se necesita corbata ni traje de gala, solo se necesita ser poblador de la nación. Esta sencillez de una institución hace que la relación entre los beneficiarios y los servidores sean producto de una razón natural, que representa la sociedad en general. Las Fuerzas Militares la conforman la comunidad misma, sus soldados, como denominación común, son parte de la comunidad que defienden, no tienen estrato ni pretensiones de tenerlo, entre más cerca esté de la realidad, la democratización y la libertad más legitimas son. Al ser amigo del poder central tiene recursos y medios que no solo sirven para la guerra, sus armas son más que una herramienta de intimidación, son palas para construcción de un tejido social. Su permanencia en lugares aislados hace de Colombia una integridad territorial. Su actuar no es estar, es trabajar por la comunidad, sirviendo de eslabón con la autoridad central y departamental. Su fin nunca es la derrota de un enemigo, es la aniquilación de muchas necesidades que se presentan en la comunidad. No hacen la guerra como un disfrute social, la enfrentan como una realidad que debe acabar como el dolor de cabeza un conflicto social. Esta actuación es la realidad que enfrenta las tropas del Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad militar que fuera de desarrollar operaciones militares, acciona una empresa de trasformación social: donde hubo despojo ahora hay retorno, donde hubo abandono ahora hay presencia y donde no hubo apoyo ahora hay desarrollo. Quizás falten muchas necesidades por sufragar, pero la existencia de la unidad militar se ha convertido en una realidad de la cual las personas no quisieran escapar. Con errores y aciertos, las unidades militares de la FUTCO han contribuido de manera directa a la evolución de la gobernabilidad y la democracia local, esto lo convierte en el padrino de un liderazgo institucional.

Referencias Centro de Memoria. (2014). El Caguán. Obtenido de http://centromemoria.gov.co/wpcontent/uploads/2014/11/El_Caguan.pdf Centro Nacional de Memoria Histórica. (10 de Mayo de 2016). Peñas Coloradas siempre será el presente! Obtenido de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/ noticias-cmh/penas-coloradas-nunca-sera-el-pasado-siempre-sera-el-presente

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Ejército Nacional. (2010). Reglamento de Operaciones y Maniobras de Combate Irregular. Reglamento EJC 3-10-1 Reservado. Bogotá: Sección de públicaciones de Ejército. El Tiempo. (14 de diciembre de 2009). En Remolinos del Caguán, militares y campesinos intentan superar la desconfianza mutua. El Tiempo, págs. http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/CMS-6798115. FARC EP - Estado Mayor. (Mayo de 1989 ). Estatuto de las Milicias Bolivarianas. Colombia: Sin especificar. Fuerza de Tarea Conjunta Omega. (2015). Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Dios y Victoria. Las Farc desde la guerra de movimientos a su punto de inflexión. Bogotá : Planeta. Grupo de Memoria Historica FUTCO. (23 de Septiembre de 2016). Grupo focal Remolinos del Caguán. Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Grupo Memoria Histórica FUTCO. (8 de Abril de 2016). Grupo Focal Autoridades Caquetá. análisis general. Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Pontificia Universidad Javeriana. (13 al 16 de Mayo de 2016). Trabajo de Campo - Seminario doctorado Ciencias Sociales y Humanas. Seminario de Conflicto, Democracia y Desarrollo. La Macarena -Meta, Colombia : Fuerza de Tarea Conjunta Omega - Trabajo de Campo Memoria Histórica Militar M.H.M. Pontificia Universidad Javeriana. (5 al 8 de Febrero de 2016). Estudio Etnográfico Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Florencia, Macarena, San Vicente del Caguán y San José del Guaviare, Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. (7 al 10 de Abril de 2016). Trabajo de Campo - grupos focales, entrevistas y etnografía. Semillero de Investigación de Seguridad y Defensa Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Larandia Caquetá, San Vicente del Caguan Caquetá, La Macarena Meta, San José de Guaviare, Colombia.

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Las comunidades que han sido destinatarias de las operaciones militares han sido beneficiadas con la acción integral, como esa quimera que transforma las necesidades de un pueblo en elementos reales de servicio y utilidad social, por eso, la construcción que en adelante se debe hacer de lo social y lo económico debe trascender obras y proyectos materiales, y buscar escenarios de construcción cognitiva, de valores y cultura. La aceptación de la diferencia de unas personas que, sin mirar sus causas, han sido parte del conflicto hace viable una paz estable y duradera. La reconciliación comienza con el aporte individual que cada uno de los integrantes de la sociedad esté dispuesto a ofrecer al otro, con el respeto por la víctima, el reconocimiento de la labor del soldado y la inclusión a la sociedad del combatiente ilegal, hechos que marcan el inicio de una construcción sólida del tejido social.