Historia mexicana 092 volumen 23 número 4

HISTORIA MEXICANA 92

El estado pol?tico mexicano

EL COLEGIO DE MEXICO

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:53 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

HISTORIA MEXICANA 92

El estado pol?tico mexicano

EL COLEGIO DE MEXICO This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:53 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

HISTORIA MEXICANA

Revista trimestral publicada por El Colegio Fundador: Daniel Cos?o Villegas Director: Enrique Florescano

Consejo de redacci?n: Jan Bazant, Lilia D?az, Bernardo Garc Luis Gonz?lez, Mois?s Gonz?lez Navarro, Josefina Zoraida

Andr?s Lira, Alejandra Moreno Toscano, Luis Muro, B Susana Uribe Secretario de redacci?n: H?ctor Aguilar Cam?n

VOL. XXIII ABRIL-JUNIO 1974 N?M. 4

SUMARIO

Alfredo L?pez Austin: Organizaci?n pol?tica en el a

plano central de M?xico durante el poscl?s

Bradley Benedict: El Estado en M?xico en la ?poca d los Habsburgo 551

David A. Brading: Gobierno y ?lite en el M?xico co nial durante el siglo XVIII 611

Laurens Ballard Perry: El modelo liberal y la pol?ti pr?ctica en la Rep?blica restaurada 646 Juan Felipe Leal: El Estado y el bloque en el poder

M?xico: 1867-1914 700

Lorenzo Meyer: El Estado mexicano contempor

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:53 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Por un lamentable error, las cuatro ?ltimas p?ginas del n?mero an

terior (Vol. XXm, n?m. 3) repitieron una rese?a ya publicada. Este

n?mero principia en la p. 513, haciendo caso omiso de las mencionadas cuatro p?ginas.

La responsabilidad por los art?culos y las rese?as es estrictamente personal

de sus autores. Son ajenos a ella, en consecuencia, la Revista, El Colegio y las instituciones a que est?n asociados los autores.

Historia Mexicana aparece los d?as 1<? de julio, octubre, enero y abril

de cada a?o. El n?mero suelto vale en el interior del pa?s $20.00 y en el extranjero Dis. 1.90; la suscripci?n anual, respectivamente, $75.00

y Dis. 6.50. N?meros atrasados, en el pa?s $25.00; en el extranjero, Dis. 2.20.

? El Colegio de M?xico Guanajuato 125 M?xico 7, D. F.

Impreso y hecho en M?xico

Printed and made in Mexico

por Fuentes Impresores, S. A., Centeno, 4-B, Mexico 13, D. F.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:53 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Historia Mexicana ofrece en este n?mero un conjunto de esfuerzos interpretativos sobre el estado pol?tico mexicano desde la ?poca prehisp?nica hasta nuestros d?as. No incluye art?culos sobre todas las ?pocas, pero las abordadas parecen significativas y hasta esenciales; sus tendencias manifiestas son,

en todo caso, ?ndices estimulantes de los rasgos que cabr?a esperar propios del Estado mexicano en ?pocas inmediata mente anteriores o posteriores. Las ausencias, por lo dem?s, son en parte la riqueza de un grupo de art?culos que, como ?stos, responden al criterio editorial de resumir los ?ngulos explorables de un tema y servir, a un tiempo, como informe de resultados recientes en la investigaci?n e incitaci?n a nue vos acercamientos m?s ambiciosos.

E. F. y H. A. C.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:53 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE M?XICO DURANTE

EL POSCL?SICO

Alfredo L?pez Austin Instituto de Investigaciones Hist?ricas,

UNAM

Introducci?n Las fuentes escritas que informan acerca de la vida pol?tica

mesoamericana restringen su descripci?n a unos cuantos siglos anteriores a la conquista europea y en su mayor?a se refieren

a las condiciones particulares del altiplano central. Las in

vestigaciones arqueol?gicas y de los c?dices pictogr?ficos apor tan una riqu?sima informaci?n acerca de ?pocas mucho m?s tempranas, de ?reas mucho m?s extensas y permiten impor tantes reconstrucciones parciales. Existen estudios esclarece

dores de la organizaci?n pol?tica de pueblos que no nos le

garon el testimonio preciso a trav?s del registro mismo de la palabra (o cuando menos un registro accesible al actual ni vel de nuestros conocimientos de los c?dices pictogr?ficos y de las inscripciones en piedra). Un ejemplo es la interpreta ci?n que de los murales de Bonampak hace Alejandro Lips chutz.1 Cl?sicos son ya, para se?alar otro ejemplo, los estu dios que sobre dinast?as mix tecas realiz? Alfonso Caso to mando como base los c?dices pictogr?ficos. Y en t?rminos generales puede afirmarse que la arqueolog?a y el estudio de este tipo de documentos han podido responder cuestiones ver daderamente cruciales acerca de la econom?a, la estructura

l Alejandro Lipschutz, Los muros pintados de Bonampak. Ense?an zas sociol?gicas, ensayo cr?tico por Alberto Ruz Lhuillier, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1971, 110 p., ils.

515 This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

516

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

social y la organizaci?n pol?tica de Mesoam?rica, y que d?a a d?a incrementan nuestro conocimiento del pasado ind?gena.

Pero es indudable que la posibilidad de comprensi?n aumen ta notablemente cuando, junto a estas fuentes, existen las descripciones que en forma mucho m?s directa y precisa se refieren a las relaciones sociales prehisp?nicas.

Ante la alternativa de enfocar el problema globalmente o de restringirlo a la ?poca y a la regi?n m?s conocida ?el pos cl?sico en el altiplano central?, elijo la segunda de las posi ciones. Reconozco que la primera permitir?a una apreciaci?n mayor de la din?mica social; pero el juego de las hip?tesis frente a milenios de un proceso hasta hoy no suficientemente

precisado e integrado, pese a la importancia de las investi gaciones arqueol?gicas, rebasar?a con mucho los l?mites de este

trabajo. El estudio de ?poca y regi?n restringidas, en cam bio, puede perfilar, por su mayor penetraci?n, el problema fundamental en el estudio de la sociedad mesoamericana: el de su modo de producci?n. Cada d?a parece m?s claro que es el que Marx denomin? asi?tico.2 As? se empieza a mostrar 2 Es conveniente apuntar, aunque admitiendo los peligros de una esquematizaci?n demasiado r?gida, las caracter?sticas fundamentales que

Mandel se?ala para el modo de producci?n asi?tico en los escritos de

Marx: "1) Lo que caracteriza, ante todo, al 'm?todo de producci?n asi? tico' es la ausencia de propiedad privada del suelo. 2) Por esto, la comu nidad aldeana conserva una fuerza de cohesi?n esencial, que ha resistido a trav?s del tiempo a las conquistas m?s sanguinarias. 3) Esta cohesi?n interna de la antigua comunidad aldeana se ve aumentada todav?a pot el hecho de la uni?n ?ntima de la agricultura y de la industria (arte sanal) que es mantenida. 4) Pero, por razones geogr?ficas y clim?ticas, la agricultura pr?spera exige en estas regiones que se hagan imponentes obras hidr?ulicas: 'El riego artificial es la primera condici?n de la agri cultura'. Este riego exige casi por doquier un poder central regulador y emprendedor de grandes obras. 5) En virtud de esto, el estado logra concentrar la mayor parte del sobreproducto social en sus manos, lo que da lugar al nacimiento de capas sociales mantenidas con este excedente,

que son la fuerza dominante de la sociedad (de ah? la expresi?n de

'despotismo oriental'). La 'l?gica interna' de tal sociedad determina una

gran estabilidad de las relaciones de producci?n fundamentales...

[6)] La estructura particular del 'modo de producci?n asi?tico', la subor dinaci?n de las ciudades, a la vez, a la agricultura y al poder central This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 517

hasta el momento y es casi seguro que nuevas investigaciones lo corroborar?n y permitir?n ampliar no s?lo nuestra com prensi?n del mundo mesoamericano, sino el modelo te?rico.

Es prudente reconocer, sin embargo, que es mucho lo que fal ta por investigar y analizar sistem?ticamente, aun en las fuen

tes m?s conocidas.

Por otra parte, es pertinente advertir al lector que, as? como existe una gran desproporci?n entre el n?mero y la profundidad de las fuentes que se refieren al altiplano cen tral y el de las que tratan de otras regiones mesoamericanas, dentro del altiplano la gran mayor?a describe la vida del valle de M?xico, y en particular la de la ciudad de Mexico-Tenoch titlan. No debe extra?ar, por tanto, que muchas afirmaciones m?s adelante emitidas no sean de aplicaci?n estricta a todo el altiplano. En particular la organizaci?n formal del estado corresponde a la urbe tenochca, y son notorias las diferencias

de constituci?n pol?tica entre ?sta y las ciudades de Tlax callan y Cholullan, para citar s?lo dos ejemplos.

Y otra advertencia pertinente: enfatizo lo relativo al pen samiento m?tico en respuesta a la importancia que tuvo en el

mundo mesoamericano. En ning?n momento he dejado de concebirlo como parte de la superestructura; pero minimi zarlo conducir?a a alejar al lector de la comprensi?n del pro

blema.

El calpulli

Da origen al poscl?sico el cataclismo de las grandes ciu dades mesoamericanas que tuvo lugar a lo largo de los s

glos vu a x. A la vida estable, firme, aparentemente tranqu

implican que el capital no puede alcanzar su pleno desarrollo. Esto

equivale no a un estancamiento de las fuerzas productivas... sino a un desarrollo retardado, que termina por ser fatal para las naciones fun dadas en este modo de producci?n." Ernest Mandel, La formaci?n del pensamiento econ?mico de Marx de 1843 a la redacci?n de El Capital: estudio gen?tico, trad, de Francisco Gonz?lez Aramburu, 3? ed., M?xico, Siglo XXI Editores, S. A., 1971, viii-260 p. (El mundo del hombre. Eco nom?a y demograf?a) , p. 135-138.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

518

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

la, suceden las penetraciones de los pueblos b?rbaros, la lucha por la hegemon?a entre ciudades de incipiente fuerza, la gran movilidad de grupos humanos que vagan de un centro de po blaci?n a otro en busca de mejores condiciones de vida. La cohesi?n ya no es posible por la pura instituci?n religiosa;8 ahora se arman los gobernantes ?se arman hasta los dioses?, luchan los estados y justifican, a posteriori, los resultados de

sus campa?as.

Se ha supuesto que las grandes ciudades del cl?sico des empe?aron el papel de rectoras en una compleja interacci?n

econ?mica entre ?reas dependientes, especializadas por razones

ecol?gicas y ligadas por extensas redes mercantiles.4 Es de creerse que cuando las relaciones econ?micas entre los cen tros poderosos y las aldeas productoras rebasaron los l?mites de una injusta, pero a?n tolerable simbiosis, la rebeli?n, tal vez como simple movilidad indome?able, produjo el caos de los poderosos beneficiarios. ?Qu? pudo suceder a los rebeldes?

Organizados en n?cleos peque?os ?existentes, seguramente, en la sociedad cl?sica?, al mismo tiempo ?giles en las migra ciones y adecuadamente estructurados para poder hacer valer su calidad de especialistas en condiciones favorables, se cons tituyeron en integrantes de los nuevos centros de poblaci?n, que en muchos casos contaron entre sus habitantes grupos de muy distinto origen ?tnico e idioma. Es de suponer que cada uno de estos nuevos centros procurar?a que en su heterog? nea composici?n se estableciera un equilibrio entre los recur

3 Habla de esta cohesi?n Pedro Armillas, "Tecnolog?a, formaciones socio-econ?micas y religi?n en Mesoam?rica", The civilizations of Ancient America. Selected papers of the XXIXth International Congress of Amer

icanists, editada por Sol Tax, introducci?n de Wendell C Bennet, Chica go, Illinois, The University of Chicago Press, 1951, xiii-328, p. ils., p. 26.

4 V?anse, por ejemplo, Julio C?sar Oliv? Negrete, Estructura y

din?mica de Mesoam?rica. Ensayo sobre sus problemas conceptuales, integrativos y evolutivos, M?xico, Escuela Nacional de Antropolog?a e Historia, Sociedad de Alumnos, 1958, 158 p^ (Acta Anthropologica, ?poca 2?, v. i, n. 3), p. 112, y ?ngel Palerm, Introducci?n a la teor?a etnol? gica, M?xico, Universidad Iberoamericana, Instituto de Ciencias Sociales, 1967, 388 p. (Colecci?n del Estudiante de Ciencias Sociales, 1), p. 263.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 519

sos naturales de la zona, la producci?n de sus habitantes y las relativamente estables rutas de distribuci?n.

Los n?cleos recibieron en idioma n?huatl el nombre de calpulli. M?ticamente remontaban su creaci?n a distintas fe

chas sagradas en las que hab?an sido sacados de monta?as

vientres por la intervenci?n de particulares dioses protectores.5

?stos garantizaban no s?lo la prosperidad de las sementeras de sus protegidos, como dispensadores del agua, sino que ha b?an otorgado a sus respectivos calpulli los instrumentos de una especialidad en el complejo marco econ?mico, y custo diaban la fecundidad y la salud de sus hijos. Descend?a in cluso su fuerza al coraz?n de los l?deres pol?ticos, militares y religiosos que llevaban el nombre del numen y reg?an su vida por la pauta de un mito.

La creencia del com?n origen m?tico hace suponer la re laci?n de parentesco. Zurita, al decir que el calpulli se for maba con "gente conocida o linaje antiguo" 6 y que se trataba 5 Las relaciones entre estos dioses y los grupos humanos pueden verse con m?s detalle en Alfredo L?pez Austin, Hombre-dios. Religi?n y poli tica en el mundo n?huatl, M?xico, ed. particular, junio de 1972, 166 p., ils. (tesis de grado presentada en la Facultad de Filosof?a y Letras de la Universidad Nacional Aut?noma de M?xico) [Existen ejemplares en la

BN, en la Biblioteca Central de la UNAM, en la de ECM y en la del

MNAH. Esta obra ser? pr?ximamente publicada]. En t?rminos genera les, muchas de las ideas que ahora expreso fueron desarrolladas en este libro y en mi conferencia "Los se?or?os de Azcapotzalco y Tetzcoco", Historia prehisp?nica, M?xico, SEP, INAH, Museo Nacional de Antro polog?a, 1967, 30 p. (Conferencias, 7).

6 Alonso de Zurita, Breve y sumaria relaci?n de los se?ores y maneras y diferencias que hab?a de ellos en la Nueva Espa?a, y en otras pobla ciones sus comarcanas, y de sus leyes, usos y costumbres, y de la forma que ten?an en les tributar sus vasallos en su gentilidad, y la que des pu?s de conquistados se ha tenido y tiene en los tributos que pagan a S. M., y a otros en su real nombre, y en el imponerles y repartirlos, y de la orden que se podr?a tener para cumplir con el precepto de los diezmos, sin que lo tengan por nueva imposici?n y carga los naturales de aquellas partes, en Juan Bautista Pomar et al., Relaciones de Tex coco y de la Nueva Espa?a, introd. de Joaqu?n Garc?a Icazbalceta, M?xico,

Editorial Ch?vez Hayhoe, 1941, xi-292 p. (Secci?n de Historia, 2), p. 65-206, 87.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

520

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

de impedir el cultivo de tierra de otro calpulli "por no dar lugar a que se mezclen unos con otros ni salgan del linaje",7 habla tanto de la conveniencia de las relaciones endog?micas como de la posibilidad de contrariarlas. Lo mismo indica el C?dice florentino al hablar de la abusi?n de la mujer que com?a de pie: se casar?a con alg?n hombre de otro pueblo, y esto era visto con temor y desagrado.8 La tendencia era, pues,

endog?mica; pero no era la endogamia tan estricta como para impedir la entrada o salida de miembros. Tal vez esta rela tiva libertad pueda ser considerada un incipiente paso de la disoluci?n de los v?nculos de la relaci?n consangu?nea como fundante de la cohesi?n comunal. Pero, independientemente de la fuente cohesiva, la persistencia de una comunidad gen

tilicia es la base de la comprensi?n de la sociedad del alti plano central en el poscl?sico. Fuera del altiplano central, entre los tarascos, s? hay menciones expresas de relaciones estrictamente endog?micas, tanto para el pueblo como para los gobernantes.9 En las fuentes escritas por los primeros espa?oles que en traron en contacto con el mundo ind?gena existe una evi dente identificaci?n de calpulli y barrio. Esto obedece a que aun en las m?s grandes ciudades, los calpulli continuaban ocupando una demarcaci?n que permit?a la conservaci?n de sus derechos territoriales y de su fuerza pol?tica, e imped?a la confusi?n de sus habitantes. Edward E. Calnek, basado en datos de archivo, ha calculado que en los grandes barrios de Mexico-Tenochtitlan exist?a una poblaci?n aproximada de 7 Ibid., p. 88.

8 Augurios y abusiones, introd., versi?n, notas y comentarios de Al fredo L?pez Austin, M?xico, UNAM, Instituto de Investigaciones Hist? ricas, 1969, 222 p., ils. (Fuentes ind?genas de la cultura n?huatl, Textos de los informantes de Sahag?n, 4) , p. 78-79.

9 Relaci?n de las ceremonias y ritos y poblaci?n y gobierno de los indios de la provincia de Michoac?n (1541), transcripci?n, pr?logo, in troducci?n y notas por Jos? Tudela, revisi?n de las voces tarascas por Jos? Corona N??ez, estudio preliminar por Paul Kirchhoff, Madrid, Aguilar, S. A. de Ediciones, 1956, xxxiv-300 p., ils., ed. facs., p. 211-213

y 216.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 521

400 a 800 habitantes.10 Dentro del territorio de los calpulli se encontraban las tierras laborables a cuya explotaci?n y usufructo ten?an derecho, en la medida de la existencia de suficientes parcelas, todos los jefes de familia por el solo hecho

de ser miembros del calpulli. A la muerte del jefe de fami lia, su viuda o alguno de sus hijos ocupaba el puesto, con la obligaci?n de sustentar a los menores. Cada nuevo matrimo nio pod?a esperar que el calpulli le otorgara una parcela que asegurara su subsistencia.

Las parcelas familiares no pod?an ser vendidas ni renta das, y su explotaci?n ten?a que ser hecha directamente por las familias a las que hab?an sido encomendadas, salvo los casos en que la viudez, la minor?a de edad o la incapacidad f?sica hicieran necesaria la contrataci?n de labradores. La falta de cultivo por dos a?os hac?a que el calpulli tomara de nuevo la tierra y la entregara a otro miembro m?s dili gente. La disposici?n del fruto mismo estaba reglamentada en tiempos de necesidad y la destrucci?n de la propia cosecha era sancionada con sever?simas penas.

La posesi?n de las parcelas no fue la ?nica liga econ? mica de los calpulli, aunque era la m?s importante. En al gunas ciudades, incluida entre ellas Mexico-Tenochtitlan, el aumento de poblaci?n, la imposibilidad de extensi?n territo rial y la dedicaci?n a actividades distintas a la agricultura hicieron que la tenencia de la tierra laborable fuese un factor secundario para la cohesi?n de sus miembros.11 Un nexo im portante, derivado de la donaci?n del dios particular, fue la profesi?n com?n. Si bien en principio todo el pueblo estaba compuesto por agricultores y, como afirma Katz, cada calpulli

era una unidad social autosuficiente, capaz de producir lo

necesario para las exiguas necesidades de sus componentes,12 10 Comunicaci?n personal diciembre de 1972.

11 Es interesante ver al respecto el trabajo de Edward E. Calnek, "Settlement pattern and chinampa agriculture at Tenochtitlan", Amer ican Antiquity. Journal of the Society for American Archaeology, v. 37, n. 1, enero, 1972, p. 104-115, ils.

12 Friedrich Katz, Situaci?n social y econ?mica de los aztecas du rante los siglos XV y XVI, trad4 de Mar?a Luisa Rodr?guez Sala y Elsa This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

522

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

no es menos cierto que en el contexto de la econom?a regio nal ?stos eran tambi?n productores especializados, con pro fesiones r?gidamente establecidas para cada calpulli. Los pa dres heredaban la profesi?n del grupo a sus hijos, y ?stos estaban obligados a seguirla.13 Agricultura y ocupaci?n espe cializada estaban unidas como actividades normales de los miembros del calpulli, a menos que, por una parte, una in adecuada ubicaci?n del grupo en el contexto econ?mico o en el medio natural impidiese el desarrollo de las actividades especializadas, o, por otra parte, que la importancia misma de la actividad especializada hiciese improductiva la agricul tura. En el primer caso estar?an los calpulli mexicas antes de la fundaci?n de su ciudad ?pescadores, cazadores y agri cultores lacustres? durante la ?poca de sus migraciones, en las que tuvieron que asentarse en tierras alejadas de los lagos, y en el segundo estar?an algunos de los principales calpulli

de artesanos de la ciudad de Mexico-Tenochtitlan en su apogeo.

Los macehualtin 14 eran los ?nicos tributarios. Tras cul tivar sus tierras, acud?an por turno a las destinadas al soste nimiento estatal, que se encontraban entre las del calpulli.

Acud?an tambi?n, por tandas, a aportar su fuerza de trabajo en las grandes obras erigidas por el gobierno estatal y bajo la direcci?n de la clase gobernante y a labrar las tierras que el estado ten?a dispuestas para satisfacer sus gastos. El tributo

era fijado por lo regular en productos agr?colas usualmente cultivados en cada regi?n y en proporci?n a la productividad B?hler, M?xico, UNAM, Instituto de Investigaciones Hist?ricas, 1966, viii-210 p. (Serie de Cultura N?huatl, Monograf?as, 8) , p. 47-48.

13 La ?ntima relaci?n entre pertenencia al calpulli y el oficio parece no haber sido absoluta, posiblemente debido a la aceptaci?n de nuevos miembros por exogamia. V?ase con respecto a ocupaciones diversificadas a Pedro Carrasco, "Social organization of Ancient Mexico", Handbook of Middle American Indians, v. 10, Archaeology of Northern Messoamer ica, parte 1, Austin, Texas, University of Texas Press, 1971, viii-458 p., ils., p. 349-375, 365-366.

14 Incluyo en este trabajo un glosario de las palabras en idioma n?huatl que en ?l aparecen.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 523

de la tierra. Las obligaciones militares de los adultos se cum pl?an con la participaci?n en las guerras en calidad de tropa y los j?venes estudiantes iban como cargadores de armas y

vituallas.

Dos tipos de macehualtin estaban exentos de los trabajos en las obras comunales, debido a que su actividad de especia listas pod?a proporcionar al estado una riqueza mayor. Co merciantes y artesanos entregaban los bienes que produc?an o con los que traficaban, aportaci?n m?s importante que la que hubiera significado la distracci?n de sus ocupaciones ha bituales para cultivar la tierra o construir edificios. En la mi licia, los primeros contribu?an con labor de espionaje, reali zada en sus expediciones mercantiles.

Otra liga econ?mica de los miembros del calpulli era su unidad como un solo causante fiscal. Las autoridades inter nas del calpulli eran las encargadas de la distribuci?n, con ayuda del censo, de las labores tributarias y dirig?an las mis mas. Ellas entregaban el tributo total al representante del gobierno estatal en su barrio. En el informe que present? al rey de Espa?a, Zurita comenta que no se pagaba el tributo por cabezas, ni tal se us? entre ellos como est? dicho, e as? la cuenta que de pocos a?os a esta parte se hace para repartir el tributo por cabezas ha causado gran desasosiego y esc?ndalo...15

En materia religiosa el calpulli constitu?a una unidad bajo dos ?ngulos distintos. Por una parte, todos los miembros es taban obligados al culto de los dioses particulares en templos

que se levantaban en su territorio y dirig?an el culto sus propios sacerdotes. La educaci?n, ?ntimamente ligada a la instituci?n religiosa, era una de las obligaciones m?s impor tantes del calpulli. Por otra parte, los calpulli participaban tambi?n como grupos en el culto general, ya contribuyendo al ofrecimiento y guarda de cautivos de guerra para las occi

15 Op. cit., p. 152.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

524

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

siones rituales, ya encarg?ndose de la organizaci?n y finan ciamiento de particulares fiestas.

Pol?ticamente el calpulli estaba gobernado en su r?gimen interno por un consejo de ancianos, presidido por un miem bro del grupo llamado te?chcauh. Este consejo era el encar

gado de distribuir las parcelas familiares, de levantar el censo,

de elaborar los mapas de registro de tierras, de distribuir equitativamente la carga de la tributaci?n y de nombrar a los vigilantes de la conducta de los habitantes del calpulli.

Pese a la gran importancia social de los dirigentes del gobier no interno del calpulli, ?stos no mantuvieron una situaci?n de privilegio.

El grupo social dominante La gran rebeli?n que destruy? el mundo cl?sico no pro dujo, al parecer, una transformaci?n social y pol?tica real mente fundamental, pese al aparatoso colapso y al cambio tajante de las formas cohesivas y coercitivas. Es de suponerse que no fue ocasionada por una modificaci?n de las fuerzas productivas. Tras la ebriedad de una aparente liberaci?n, tras el cambio de los grupos dominantes, tras la ca?da de los grandes d?spotas, los rebeldes se encontraron en un mundo que a lo m?s pod?a ofrecerles una reconstrucci?n precaria del orden perdido y la vaga promesa de una simbiosis m?s equilibrada.

Hay testimonios de la b?squeda de los antiguos organiza dores de la producci?n. Ellos, tambi?n como especialistas en un tipo de actividades, eran los directores de las obras colec tivas, desde la creaci?n de sistemas de irrigaci?n hasta la de los centros ceremoniales y administrativos en los que el pue blo deb?a reunirse para establecer el comercio con los dioses; eran los protectores de las redes mercantiles que lanzaban los productos manufacturados por las aldeas a regiones ni si quiera imaginadas por el pueblo; eran los administradores de la justicia, y no s?lo por conocimiento de las leyes, sino por delegaci?n divina; conoc?an los secretos de la guerra y de las relaciones con estados amigos y enemigos en el mo This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 525

ment? en que el caos hab?a acentuado la importancia de las armas; sab?an manejar el calendario agr?cola-ceremonial y ordenar el culto, instrumentos indispensables para la pro ducci?n en un estadio cultural en el que el campesino traba jaba removiendo la tierra, las nubes, el Sol, los vientos y los dioses, y cubr?a la semilla con humedad y con fuerzas fecun dantes; sab?an manejar tambi?n el otro calendario, el de los destinos, sin cuyo auxilio todo hombre estaba desnudo ante la terrible fuerza de los ciclos temporales; quedaba el pueblo, sin los dirigentes, sin el apoyo de una distribuci?n de los ali mentos que aseguraba la subsistencia en las zonas de desastre agr?cola con las mieses que se produc?an en regiones libres de las inclemencias del tiempo. En fin, la compleja labor de los dirigentes ser?a demasiado extensa en su especificaci?n.

Los macehualtin tuvieron que acudir de nuevo a los especia listas del poder que no s?lo eran dirigentes, sino los exclusivos

consumidores de buena parte de las mercanc?as que produ c?an los aldeanos, bienes suntuarios que s?lo ten?an raz?n de ser en el gran culto religioso y en la vida palaciega de las ciudades. La complejidad de las funciones econ?micas esta tales habla a favor de la opini?n de Chesneaux en el sentido de que en el modo de producci?n asi?tico es imposible redu cir el papel del estado como organizador de la producci?n, s?lo a la creaci?n y mantenimiento de diques y canales.16 16 Jean Chesneaux, "El modo de producci?n asi?tico", en Jean Ches neaux et al., El modo de producci?n asi?tico, trad, de Roger Bartra, M?xico, Editorial Grijalbo, S. A., 1969, 160 p. (Colecci?n 70, 42), p. 43 44. El papel del estado como director de las grandes obras hidr?ulicas

es uno de los puntos te?ricos m?s debatidos en la actualidad en la

problem?tica del modo de producci?n asi?tico, sobre todo por el car?cter general y b?sico que concede a esta actividad estatal Karl A. Wittfogel.

Opina al respecto Godelier que "no es... necesario... buscar por todas partes de manera mec?nica, como lo hace Wittfogel, trabajos inmensos de naturaleza sobre todo hidr?ulica, una burocracia y un poder s?lida mente centralizado, para encontrarnos ante el modo de producci?n asi? tico". Maurice Godelier, "La noci?n de 'modo de producci?n asi?tico' y

los esquemas marxistas de evoluci?n de las sociedades", en Maurice

Godelier, Karl Marx y Friedrich Engels, El modo de producci?n asi? tico, C?rdoba, Argentina, EUDECOR, 1966, lvi-216 p. (Biblioteca del

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

526 ALFREDO L?PEZ AUSTIN

El camino para la obtenci?n de estos especialistas no fue homog?neo. Cuando la fuerza de un pueblo que carec?a de ellos era grande, eran recibidos afectuosamente en calidad de maestros y colaboradores de las familias incultas que ha b?an ejercido el liderazgo. ?stas se manten?an en el poder y hasta ennoblec?an artificialmente a sus antepasados; pero adquir?an de sus aliados y parientes cultos ?porque de in

mediato se recurr?a al sistema de uniones matrimoniales? el conocimiento de los secretos administrativos y aun el idioma,

que estimaban m?s adecuado. Tal fue el caso de los chichi mecas descendientes de X?lotl. Cuando su fuerza era pobre y se convenc?an de que las posibilidades de desarrollo se ce rraban, iban a solicitar todo un tronco de gobernantes a sus m?s poderosos vecinos, tronco que conservaba su rigidez aun que hubiese iniciales mezclas consangu?neas con las hijas de los caudillos. Esto pas? con los mexicas, y fueron unos, los tenochcas, a pedir gobernantes a Culhuacan, y otros, los tlate

lolcas, a Azcapotzalco. Algunas veces, cuando las diferencias ?tnicas eran grandes y el peligro de sublevaci?n m?nimo, po d?an ser habilitados los caudillos naturales con espec?ficas ceremonias m?gico-religiosas y eran asesorados por quienes, con la delegaci?n del poder, conservaban la supremac?a po l?tica.

La POSESI?N DE LA TIERRA

Todo grupo humano buscaba sobre la tierra el lugar que su dios protector le ten?a destinado. Coincid?an el arquetipo del m?tico lugar de origen, el medio natural adecuado para el desarrollo de las actividades especializadas y la revelaci?n pensamiento moderno), p. iv-lvi, xxxix. Contra las afirmaciones de

Chesneaux y Godelier puede verse, por ejemplo, la opini?n de Mandel, op. cit., 138 y s. En los estudios espec?ficos sobre el caso de Mesoam?rica

que han realizado seguidores de Wittfogel puede verse el de ?ngel

Palerm, "Una defensa del modo asi?tico de producci?n seg?n Marx y Wittfogel", Comunidad, M?xico, Universidad Iberoamericana, v. IV, die. de 1969, n. 22, p. 763-782; v, V, feb< de 1970, n. 23, p. 31-45; abr. de 1970, n. 24, p. 137-151; jun. de 1970, n. 25, p. 249-369.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 527

milagrosa recibida por los caudillos: la visi?n de una serpien te monstruosa en el lugar destinado a Coatlinchan; de otra voladora en el de Coat?pec; de otra de siete colores en el de

Chiconc?huac; del ?guila sobre el nopal en el de Mexico

Tenochtitlan. El dios otorgaba a sus hombres la tierra, y el medio de apropiaci?n era el calpulli. Pero el sencillo proceso cambi? cuando pueblos poderosos, ya establecidos, domina ban la regi?n. Fue entonces necesario que el se?or se convir tiera en dispensador de la tierra, representante de otro dios y de otro orden de mayores jerarqu?as. A este tlatoarii, en reconocimiento de superioridad y en compensaci?n a su ge nerosidad, hab?a que pagarle tributo. Otras veces la sumisi?n al dios protector m?s poderoso era franca y con las tierras se entregaba una imagen m?s peque?a que la original o unas prendas sagradas que deber?an recibir el culto de los subor dinados. Segu?an siendo los calpulli los propietarios de las tierras; pero la apropiaci?n era indirecta y hab?a un vocero divino, extra?o y fuerte, con amplias facultades jurisdiccio nales en caso de conflicto de l?mites. Era la imposici?n de un concepto religioso estatal sobre uno m?s antiguo de relaciones

gentilicias.

Pese a que el se?or dispensaba la posesi?n de la tierra, la divisi?n original de ?sta entre los calpulli solicitantes le era asunto ajeno. ?stos, por acuerdo propio, parcelaban y distri bu?an el territorio que su dios o sus dioses hab?an propor cionado. Hay noticias de conflictos debidos a la repartici?n: los calpulli mexicas se separaron en dos poblaciones distin tas, Mexico-Tenochtitlan y Mexico-Tlatelolco, a escasos trece a?os de la fundaci?n de la primera.

Otro t?tulo de legitimidad, pero ?ste puramente estatal, hab?a para la obtenci?n de las tierras: la guerra. El yoatlalli, territorio arrancado a los vencidos, era destinado por el se?or

vencedor a la satisfacci?n de los gastos estatales y a la recom pensa de los distinguidos.

Las tierras del calpulli estaban divididas en parcelas fami liares; en las que exced?an, cuando era el caso, a las necesi dades de las familias, y eran provisionalmente arrendadas o se dejaban en espera de nuevas solicitudes; en las cultivadas This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

528

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

para solventar los gastos del gobierno interno; en las utiliza das para la manutenci?n del representante estatal ?tecuhtli?17

dentro del calpulli; en las cultivadas para pagar parte de la tributaci?n al estado y, en el caso de pueblos vencidos, en las tierras con que se cubr?a el tributo al vencedor y se sosten?a a sus representantes. La especificaci?n de sus particularidades exceder?a los l?mites del presente trabajo; pero dada la im portancia de las relaciones de producci?n agr?cola, acompa?o en un cuadro una reconstrucci?n hipot?tica (v?ase el cua

dro 1).

Las tierras del estado eran divididas, seg?n el destino de sus frutos, en las reservadas al sustento del tlatoani y los gastos de gobierno, a los gastos de mantenimiento y aseo del palacio, al del culto religioso estatal y al de la guerra. Tanto en tierras del calpulli como en estatales hab?a parcelas des tinadas al pago de funcionarios o al sostenimiento de insti tuciones que en ellas se encontraban y los servicios y los pro ductos se entregaban directamente a los beneficiarios. Con esto se obviaba una centralizaci?n innecesaria y costosa de bido al transporte, que ten?a que realizarse sin bestias de car ga, ausentes en Mesoam?rica. Como es natural, en el caso de1 los empleados, los beneficios eran inalienables, cesaban con la p?rdida del cargo y eran proporcionados a los sustitutos.

Junto a las tierras comunales y a las se?aladas estatales existi? otro tipo que ha sido interpretado en formas diame tralmente opuestas y que constituye uno de los problemas b?sicos en la clasificaci?n del modo de producci?n mesoame ricano, puesto que en el llamado asi?tico o no existe la pro piedad privada de la tierra o tiene una escasa importancia.

Este tipo es el llamado pillalli, literalmente "tierra de nobles", cuyos beneficios no estaban ligados al desempe?o

de una funci?n estatal determinada y pod?an cederse, aun que con ciertas limitaciones. Bandelier, en principio, neg? la

17 El t?rmino tecuhtli o teuctli tiene el significado demasiado ge n?rico de "jefe", "se?or", "gobernante". En este trabajo me refiero espe c?ficamente al delegado del gobierno estatal en cada calpulli. V?ase al respecto el art?culo de Pedro Carrasco, op. cit., p. 352-354.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

PROPIEDAD

CLASIFICACI?N DE LAS TIERRAS

Nombres gen?ricos

Nombres especifico

Divisi?n tradicional

Divisi?n propuesta en este trabajo

Color usado en los c?dices

Fundamento Propietario

legitimidad <

propieda

uferras. vacas

derecho divino calpullalji

tierras para los gastos

del calpulli

tierras de propiedad co- tierras de propiedad co

munal munal

amarillo claro

calpulli

sesi?n algunas v

la intervenci?n tlatoani dispe?

uerras para pago gene ral al tlatoc?yotl

teccalli o tierras

de jueces tierras para p?go

al conquistador

tlatocatlalli, tlatocamilli

o it?nal in tl?cail

tierras de propiedad

estatal

tierras de propiedad es tatal de beneficio

directo

rojo encendido

derecho divino t a un nuevo tro

tecpamlalli

bernante o y

rojo

teopantlalli o teotlalli

milchimalli o cacalomil?

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

tlatoc?yotl

Reconstrucci?n hipot?tica de la estructura PRODUCCI?N

PROPIEDAD

Fundamento de la Propietario

legitimidad de la

propiedad

Fin de la explotaci?n de la tierra

Direcci?n de la producci?n

Campesinos

Titulo del derecho u obligaci?n de cultivo

tenencia de la tierra por

los miembros del cal

calpulequc

pulli

sustento de las familias

de los calpuleque

calpuleque incapacita dos para trabajar

?campesinos a sueldo?

?contrato de labranza

retribuido con sueldo?

no explotadas, pendien

tes de entregar a nuevos

calpuleque o a arrenda tarios

contribuci?n de los

tequitlatoque del

calpulli

calpuleque'

miembros del calpulli al sostenimiento de ?ste

estudiantes

pertenencia a la escuela

derecho divino de po calpulli

sesi?n algunas veces con

la intervenci?n de un tlatoani dispensador

sostenimiento de los gas

tos comunales del cal

pulli

momilcohuanime

pago del tributo general

al tlatoc?yotl

tequitlatoque del

calpuleque

calpulli

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

sostenimiento del tecuh

tli y de ?as familas de los teccaleque

pago al tla?oc?yotl extra?o conquistador y sostenimiento <ie su

calpixqui

teccaleque

tequitlatoque del

calpulli

calpuleque

Pago de la obligaci?n,

tequitque

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

tequitlatoque ?del cal pulli?. ?estatales?

sustento del tlatoani y pago de gastos p?blicos estatales

arrendamiento

momilcohuanime

contra?da en la derrota

Arrendamiento

tequitlatoque estatales

yao

tlalli

tequitlatoque ?del cal pulli?, ?estatales?

derecho divino o cesi?n

a un nuevo tronco go bernante o yaotlalli

gastos de sonvnimieme y aseo del palacio- ser

tequitque \encidos

tecpanpouhque

vicio de corte

Pago de la obligaci?n contra?da en la derrota

Arrendamiento

tlatoc?yotl

yao

tlalli

mayeque

gastos del culto

permisi?n del estado

propietario

?sacerdotes?

gastos militares

tequitlatoque ?del cal pulli?, ?estatales?

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

Cuadro 1 TICA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA Y DE LAS RELACIONES DE PRODUCCI?N AGR?COLA EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE Mi USUFRUCTO

Titulo del derecho u obligaci?n de cultivo

Personas f?sicas que

pueden ser

usufructuarias

Transmisi?n de los derechos de usufructo

Titulo del derecho de usufructo

tenencia de la tierra por

los miembros del cal

pulli

retribuido con sueldo?

pueden ser due?as del producto

campesinos que cultivan

esa tierra

miembros del calpulli sucesi?n a esposa o hijo

?contrato de labranza

Personas f?sicas que

Titulo del derecho al producto

esfuerzo personal

pertenencia al calpulli

miembros del calpulli

miembros del calpulli incapacitados para tra

incapacitados para tra

bajar

bajar

incapacidad de los te ?en tes de las parcelas

contribuci?n de los miembros del calpulli al sostenimiento de ?ste

estudiantes y maestros del telpochcalli

pertenencia a la escuela

arrendamiento

campesinos no miem

?no es cesible?

miembros del calpulli

sucesi?n a esposa o hijo

pertenencia al calpulli

?no es cesible?

arrendamiento

bros del calpulli

arrendamiento

campesinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo personal y

fund?n

esfuerzo persona]

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl campesinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo persontl

Pago de la obligaci?n, contra?da en la derrota

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

Arrendamiento

cualquier campesino

campesinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo personal

derechos sobre tlatlacotin

Pago de la obligaci?n contra?da en la derrota

Arrendamiento

tecpanpotthquc

sucesi?n a hijos que con

tin?en siendo tec pan

pouhque

permisi?n del estado

propietario

campesinos vencidos que perdieron su* tierras, etc.

sucesi?n a esposa o hijo

arrendamiento pagado con $crv?co al palacio y

peque?o tributo

campesinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo person ?1

permisi?n del estado propietario

campesinos que cultivan

esa tierra

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

esfuerzo personal

:l altiplano central de M?xico en el poscl?sico TRIBUTO

rsonas f?sicas que teden ser due?as

del producto

estaos que cultivan

esa tierra

ibros del calpulli

?acitados para tra

bajar

Titulo del derecho al producto

Due?o del tributo

le? telpochcalli

:sinos que cultivan

esa tierra

Personas f?sicas que pueden ser beneficiar?as

del tributo

Transmisi?n de los derechos a la recepci?n directa del tributo

Titulo del derecho a la recepci?n directa del tri

buto

esfuerzo personal

incapacidad de los te ?en tes de las parcelas

calpulli

?antes y maestros

Receptor dilecto de los beneficios del tributo

te?chcauh ?y otros fun cionarios del calpulli?

no es cesible, pasa a los sucesores del cargo

funci?n

esfuerzo personal y

fund?n

esfuerzo personal

pertenencia, a la familia

familia del tlatoani *

real

tlatoc?yotl

sinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo persontl

tecuhtli

no es cesible, pasa a los sucesores del cargo

conquista

tlatoc?yotl extra?o

vencedor

tlatoc?yotl

?inos que cultivan

esa tierra

calpixqui. tlatoani, cortesanos y

hu?spedes del palacio

no es cesible, pasa a los sucesores del cargo

funci?n

esfuerzo personal

derechos sobre tlatlacotin

tlatoani extra?o vencedor

tlatoc?yotl extra?o

vencedor

inos que cultivan

esa tierra

inos que cultivan

esa tierra

no es cesible, pasa a lof sucesores del cargo

esfuerzo person ti

esfuerzo personal

no es cesible

ej?rcito tlatoc?yotl This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

fund?n

ARRENDAMIENTO

ion de los

Titulo del derecho a la la recepci?n recepci?n directa del tru

bulo

Beneficiario del producto del arrendamiento de la tierra

Receptor directo del producto del arrendamiento de la

Personas f?sicas que pueden ser beneficiar?as

tierra

del producto del arrendamiento

Transmisi?n de los derechos a la recepci?n del producto del arrendamiento

T?tulo del derecho a la percepci?n del producto

del arrendamiento

;, pasa a los

del cargo

derecho de la comuni dad a sus tierras

pertenencia, a la familia

real

, pasa a los Jel cargo

conquista

pasa a los el cargo

funci?n

tlatoc?yotl

tlatoani, cortesanos y

no es cesible, pasa a los sucesores de los cargos

tlatoani, en bienes, de ornato y

no es cesible, pasa a los sucesores del cargo

hu?spedes del palacio

propiedad de " la tierra

pasa a los* I ?l cargo

tlatoc?yotl

servicio c?e corte

sible

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

propiedad de la tierra

Nombres gen?ricos

Nombres especifico

Divisi?n tradicional

Divisi?n propuesta en este trabajo

Color usado en los c?dices

tierras de propiedad co

tierras de propiedad co

amarillo claro

Propietario

legitimidad i

propieda

chinancalli

tierras, vacas

derecho divino calpullalli

tierras para los gastos

del calpulli

munal

munal

calpulli

sesi?n algunas v la intervenci?n tlatoani dispc)

tierras para pago gene ral al tlatoc?yotl

teccalli o tierras

de jueces tierras para p?go al conquistador

tlatocatlalli, tlatocamilli

o it?nal in tl?catl

tierras de propiedad

estatal

tierras de propiedad es

tatal de beneficio

directo

rojo

encendido

derecho divino t a un nuevo tro

tecpantlalli

bernante o ya

tojo

tlatoc?yotl

teopantlalli o teotlalli

milchimalli o cacalomilli

pillalli tierras de propiedad pri

pillalli

vada

tierras de propiedad es tatal de beneficio indi recto

tecpillalli3

Zurita, op. cit., p. 109.

2 Ibid., p. 146.

encarnado

1

yaotlalli

* Las descripciones del tecpillalli no son cl

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Fundamento de la Propietario

legitimidad de la

propiedad

Fin de la explotaci?n de la tierra

Direcci?n de la producci?n

Campesinos

Titulo del derecho u obligaci?n de cultivo

tenencia de la tierra poi

los miembros del cal

calpuleque

pulli

sustento de las familias

de los calpuleque

calpuleque incapacita dos para trabajar

?campesinos a sueldo?

?contrato de labranza

retribuido con sueldo:

no explotadas, pendien

tes de entregar a nuevos

calpuleque o a arrenda tarios

contribuci?n de le

tequitlatoque del

calpulli

calpuleque'

miembros del calpulli s sostenimiento de ?ste

estudiantes

pertenencia a la escuel

derecho divino de po calpulli

sesi?n algunas veces con

la intervenci?n de un tlatoani dispensador

sostenimiento de los gas

tos comunales del cal

pulli

momilcohuanime

pago del tributo general

al tlatoc?votl

tequitlatoque del

calpuleque

calpulli

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

sostenimiento del tecuh

tli y de ?as familas de los teccaleque

pago al tla?oc?yotl extra?o conquistador y sostenimiento <le su

calpixqui

teccaleque

tequitlatoque del

calpuleque

calpulli

tequitlatoque ?del cal

tcquitque

pulli?. ?estatales?

sustento del tlatoani y pago de gastos p?blicos estatales

arrendamiento

momilcohuanime

tequitlatoque estatales

Tlatlacotin -

tequitlatoque ?del cal

tequttquc \encidos

Pago de la obligaci?n, contra?da en la derrota

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

Arrendamiento

yao

tlalli

pulli?, ?estatales?

derecho divino o cesi?n

a un nuevo tronco go bernante o yaotlalli

gastos de soM'.nimicutc

tecpanpouhque

y aseo del palacio- ser vicio de corte

Pago de la obligaci?n contra?da en la derrota

Arrendamiento

tlatoc?yotl

yao

tlalli

permisi?n del estado

propietario

gastos del culto ?sacerdotes?

gastos militares

lado

yaotlalli

recompensa a distingu??

dos y a sus dcscendieh

tequitlatoque ?del cal pulli?, ?estatales?

mayeque

ipciones del tecpillalli no son claras.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

permisi?n del estado

propietario

obligaci?n de cultivo

pueden ser usufructuarias

j tituo aei aerccno

derechos de usufructo

de usufructo

tenencia de la tierra por

los miembros del cal

pulli

campesinos que cultivan

esa tierra

miembros del calpulli

sucesi?n a esposa o hijo ?contrato de labranza

retribuido con sueldo?

pueden ser due?as del producto

ututo (tel derecho al producto

esfuerzo personal

pertenencia al calpulli

miembros del calpulli

miembros del calpulli incapacitados para tra

incapacitados para tra

bajar

bajar

incapacidad de los te ?en tes de las parcelas

contribuci?n de los miembros del calpulli al sostenimiento de ?ste

estudiantes y maestros del telpochcalli

pertenencia a la escuela

arrendamiento

campesinos no miem

?no es cesible?

miembros del calpulli

sucesi?n a esposa o hijo

pertenencia al calpulli

cualquier campesino

?no es cesible?

arrendamiento

bros del calpulli

arrendamiento

campesinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo personal y

funci?n

esfuerzo personal

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl campesinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo persontl

Pago de la obligaci?n, contra?da en la derrota

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

Arrendamiento

campesinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo personal

derechos sobre tlatlacotin

Pago de la obligaci?n contra?da en la derrota

Arrendamiento

tecpanpotthquc

sucesi?n a hijos que con

tin?en siendo tec pan

pouhque

permisi?n del estado

propietario

campesinos vencidos que perdieron su* tierras, etc.

sucesi?n a esposa o hijo

arrendamiento pagado con $crv?co al palacio y

peque?o tributo

campesinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo person ?1

permisi?n del estado propietario

campesinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo personal

pago del tributo del cal pulli al tlatoc?yotl

permisi?n del estado

propietario

campesinos vencidos que perdieron sus. tierras. etc.

sucesi?n a esposa o hijo

permisi?n del estado campesinos que tultivan propietario

esa tierra

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

esfuerzo personal

leden ser due?as

del producto

esinos que cultivan esa tierra

ibros del calpulli

?acitados para tra

bajar

i nulo del derecho al producto

Due?o del tributo

le? telpochcalli

:sinos que cultivan

esa tierra

beneficios del tributo

. .um^mu?u/i uer HA?

pueden ser beneficiar?as

del tributo

i uuio aei aerecno a la

derechos a la recepci?n recepci?n directa del tri directa del tributo bulo

esfuerzo personal

incapacidad de los te ?en tes de las parcelas

calpulli

?antes y maestros

necepior anecio de los

te?dicauh ?y otros fun

no es cesible, pasa a los sucesores del cargo

familia del tlatoani *

no es cesible

donados del calpulli?

funci?n

esfuerzo personal y

fund?n

esfuerzo personal

direcd?n

tlatoc?yotl

sinos que cultivan

esa tierra

esfuerzo persontl

no es cesible, pasa a los sucesores del cargo

vencedor

esa tierra

_real

fund?n conquista

tlatoc?yotl extra?o

?inos que cultivan

pertenencia, a la familia

calpixqui. tlatoani, cortesanos y

tlatoc?yotl

hu?spedes del palado

tlatoc?yotl extra?o

tlatoani extra?o vencedor

no es cesible, pasa a los sucesores del cargo

fund?n

no es cesible, pasa a los* sucesores del cargo

funci?n

esfuerzo personal

derechos sobre tlatlacotin

vencedor

inos que cultivan

esa tierra

inos que cultivan

esa tierra

esfuerzo person ti

esfuerzo personal

no es cesible

ej?rdto

militare?

tlatoc?yotl

pipiltin o pocht?cah nos que tultivan esa tierra

esfuerzo personal

venta, sucesi?n o

donaci?n

recompensa, compra,

sucesi?n o donad?n

pipiltin recompensados o quienes adquieran sus

derechos

pipiltin

sucesi?n o donad?n

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

recompensa, sucesi?n o

donad?n

i uuio aei aerecno a ia

?v/t ut HA?

la recepci?n

el tributo

producto del

recepci?n directa del arrendamiento tru de i

bulo

producto del arrendamiento de la tierra

i ransmtston ae ios

pueden ser beneficiar?as

del producto del arrendamiento

Titulo del derecho a la derechos a la recepci?n percepci?n del producto del producto del del arrendamiento arrendamiento

;, pasa a los

del cargo

derecho de la comuni dad a sus tierras

pertenencia, a la familia

real

, pasa a los Jel cargo

conquista

pasa a los el cargo

funci?n

tlatoc?yotl

tlatoani, cortesanos y

hu?spedes del palacio

no es cesible, pasa a los sucesores de los cargos

propiedad de " la tierra

pasa a los*" I

?l cargo

tlatoc?yotl

tlatoani, en bienes, de ornato y servicio c?e corte

no es cesible, pasa a los sucesores del cargo

funci?n

si?n o 5n

recompensa, compra,

sucesi?n o donaci?n

recompensa, sucesi?n o

donaci?n

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

propiedad de la tierra

Cuadro 2 Organizaci?n social (modelo de Mexioo-Tenochtitlan)

tlatoani y cihuac?atl

integrantes de los consejos

funcionarios administrativos y hacendarios. sacerdotes del culto estatal, militares dirigentes, integrantes de cuerpos

h < ^

militares de pipiltin. cortesanos, BUR?CRATAS

s h

o J

Q o SS

L \

cu w

2 o

o

tn 'S)

?c '.5

?

tetecuhtin

t?

\

bur?cratas

integrantes de

cuerpos militares macehualtin

artesanos

de palacio

u

macehualth en tiempos

de expansi?

z

o

u

POCHT?CAH EN TIEMPOS DE EXPANSI?N MERCANTIL

i FUCIONARIOS DE CALPULLI c ?

?o o

? Oh

'Q c ??

: J

'<

u

*

O

t?

cu

:S

t?

O

O co

c/5 a>

? o ^

2"?

CALPULEQUE o CHINANCALEQUE 6 y TECCALEQUE

3 1-8

MOMILCOHUANIME

< 2

MAYEQUE

o? ? ?. ? 2?

3 t?

(te?chcauh, miembros del consejo de a nos, tequitlatoque, sacerdotes del cuite calpulli. maestros del telpochcalli. vig tes, etc.)

8.-J

ARTESANOS DE DIVERSOS PROI

TOSl CAZADORES. PESCADORES, DICOS. MAGOS, SALINEROS, etc.

8.1 Notas: La tropa estaba integrada por todos los macehualtin aptos para el servicio, que pagaban parte del trib guerra cuando eran llamados.

Los tlatlacotin no ocupaban un lugar especial porque eran hombres sujetos a una obligaci?n de car?cter This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Organizaci<

(modelo

it?tlan)

)ARI0S.

ARES )S

L \/ BUR?CRATAS

MACEHUALTIN EN TIEMPOS

DE EXPANSI?N

NTIL

NARIOS DE CALPULLI miembros del consejo de ancia toque, sacerdotes del culto del astros del telpochcalli. vigilan

*

S DE DIVERSOS PRODUC

.DORES. PESCADORES, ME

GOS, SALINEROS, etc.

pagaban parte del tributo estatal acudiendo a la obligaci?n de car?cter transitorio.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Cuadro 3 Organizaci?n formal del tlatoc?yotl (modelo de Mexico-Tenochtitlan)

tlatoani

CIHUAC?ATL

CONSEJO DE LOS CUATRO PRINCIPALES

O

u <;

t?

?

h

o ' *

z

w

3 I s < o K

<

\ \

\

\

TECUHTLI

TE?CHCAUH

CALPULLI DE

CONSEJO DE ANCIANOS

POCHT?CAH

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Cuadro 4 Relaciones interestatales (modelo de la liga Tenochtitlan-Tetzcoco

Tlacopan)

x ? a r

X > 3 ^ *>

03M

m m ^?

CwwO

psi

2 ? ?

??So: ~Gz

2?

%8nw

^ 2 o

TLATOC?YOTL TLATOC?YOTL -TLATOC?YOTL TLATOC?YOTL -TLATOC?YOTL ALDEA TLATOC?YOTL TLATOC?YOTL TLATOC?YOTL -TLATOC?YOTL ALDEA TLATOC?YOTL TLATOC?YOTL TLATOC?YOTL TLATOC?YOTL TLATOC?YOTL ALDEA TLATOC?YOTL

<?

Sujeci?n Tributo

HUEITLATOC?YOTL

-

HUEITLATOC?YOTL

<:

Conquista o conminaci?n a la su

Conquista

Protecd?n militar

HUEITLATOC?YOTL

=>

jeci?n voluntaria Legalizaci?n de los gobernantes u otorgamiento de un tronco diri

> n

.o 2.1. o 3 <*

3 i g' H>

8. S, S

gente

Protecci?n militar

Auxilio judicial Respeto aparente a la Soberan?a, con intervenci?n pol?tica y eco n?mica velada Mantenimiento de un calpixqui en el tlatoc?yotl dominado y otro en el hueitlatoc?yotl

c

Tributo

Auxilio militar

?>

Respeto a los comerciantes Reconocimiento del poder pol?tico y religioso del hueitlatoani Entrega de tlazopipiltin como cor tesanos

Algunas veces, entrega de las im? genes de los dioses protectores

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

o

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 529

posibilidad de existencia de una propiedad que no fuera la co munal misma, excluyendo aun la de las tierras estatales. Tras hacer una cr?tica de esta opini?n, entre otros Caso,18 Kirch

hoff19 y Moreno20 han optado por considerar al pillalli propiedad privada, y Katz llega a dividir la propiedad pri vada en tres categor?as.21 Castillo afirma que la propiedad

era estatal y el usufructo de los pipiltin o nobles.22 En otra ocasi?n he afirmado la inexistencia de la propiedad privada y en este caso tambi?n la del usufructo de los pipiltin.23 Tanto las fuentes ind?genas como las espa?olas hablan de la donaci?n de tierras a los guerreros valientes y a los fun cionarios distinguidos y creo ?sta ha sido la causa fundamental

de que, desde un principio, se hablara de propiedad territo rial individual. Sin embargo, es conveniente se?alar algunas caracter?sticas de esta relaci?n: a) Los cultivadores de este tipo de tierra ?los mayeque? viv?an y labraban un territorio que consideraban ajeno. b) No se acostumbraba que abandonaran las tierras, y sus descendientes segu?an cultiv?ndolas. c) No entregaban a los pipiltin favorecidos la producci?n entera, sino s?lo una parte, en calidad de "renta". A diferen 18 Alfonso Caso, "La tenencia de la tierra entre los antiguos mexi

canos", Memoria de El Colegio Nacional, M?xico, t. IV, n. 2, 1959,

p. 29-54, 40-45.

19 Paul Kirchhoff, "Land tenure in Ancient Mexico. A preliminary sketch", Revista Mexicana de Estudios Antropol?gicos, M?xico, v. xiv, primera parte, 1954-55, p. 351-361, 359.

20 Manuel M. Moreno, La organizaci?n pol?tica y social de los azte cas, 2* ed., M?xico, Instituto Nacional de Antropolog?a e Historia, 152 p.

(Serie Historia, vi), p. 48-59.

21 Op. cit., p. 32-33.

22 V?ctor M. Castillo F., Estructura econ?mica de la sociedad mexica, M?xico, UNAM, Instituto de Investigaciones Hist?ricas (Serie de Cul tura N?huatl, Monograf?as, 13) [en prensa].

23 Alfredo L?pez Austin, La constituci?n real de Mexico-Tenochtitlan, pr?logo de Miguel Le?n-Portilla, M?xico, UNAM, Instituto de Histo ria, Seminario de Cultura N?huatl, 1961, xii-170, p. 73-74 y 141-142. Pese a los cambios de criterio que he tenido desde entonces, creo que esta afirmaci?n puede seguirse sosteniendo.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

530

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

cia de los verdaderos arrendatarios, su relaci?n no estaba su

jeta a plazo.

d) No pagaban al tlatoani el tributo del cultivo ni el de

otros servicios personales; s?lo acud?an al servicio de las armas.

e) Los "due?os" pipiltin no ten?an dominio personal so

bre los maye que ni celebraban con ellos contrato. Cuando los campesinos libres perd?an sus parcelas, el estado vencedor les permit?a regresar a ellas, aunque ya no lo hicieran en ca lidad de propietarios. f) Los derechos de los pipiltin eran cesibles; pero s?lo a otros pipiltin o a. comerciantes, que, pese a su condici?n de macehualtin, hab?an adquirido jugosos privilegios por su im portancia para el estado. g) Los pipiltin no dirig?an ni financiaban la producci?n, ni ten?an sobre la tierra un verdadero derecho de usufructo.

Zurita dice, atribuyendo el dominio directo a los pipiltin, que los maye que conservaban el dominio ?til.24

La simple distinci?n de una supuesta relaci?n contrac

tual de arrendamiento sujeta a plazo y otra no limitada por ?l no basta para explicar la diferencia entre arrendatarios y maye que. La relaci?n parece ser bastante diferente: el estado, deseoso de recompensar los servicios de los distinguidos, pero al mismo tiempo sin que el premio significara erogaci?n in mediata ni costo posterior de centralizaci?n y distribuci?n, ced?a a los pipiltin el tributo futuro de los campesinos que labraban las tierras que hab?an pasado previamente a ser propiedad estatal, por conquista. Tal vez el tributo fuese mu cho mayor que el de los macehualtin con derecho a parcelas en sus calpulli, puesto que incluir?a aumento por renta que, indiferenciada del concepto de tributo, pasar?a al pilli benefi ciado. Como s?lo los pipiltin pod?an ser beneficiarios de esta tributaci?n, el pilli no pod?a ceder sus beneficios m?s que a los de su nivel, hasta el momento en que tambi?n los comer ciantes alcanzaron un privilegio semejante. Se podr?an cata logar los pillalli como "feudos falsos".25 24 Op. cit., p. 144.

25 V?ase en relaci?n a esto a Chesneaux, op. cit., p. 46.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 531

LA ESTRUCTURA SOCIAL

Quedaron plenamente diferenciados dos grupos sociales: por una parte los macehualtin, que con su trabajo satisfac?an sus exiguas necesidades de subsistencia y sosten?an toda la

carga del aparato estatal, organizados en unidades que en

gran parte conservaban su naturaleza gentilicia. Por otra par te los pipiltin o dirigentes, no tributarios, beneficiarios, de bido a su funci?n dentro del estado, del excedente de pro

ducci?n de los macehualtin. Las fuentes nos revelan la existencia de una tremenda diferencia de situaci?n econ? mica entre unos y otros, a la que acompa?aban normas ju r?dicas muy favorables a los pipiltin; estas normas reg?an relaciones familiares, uso de bienes de prestigio, oportunida des para el desempe?o de funciones p?blicas y para la recep ci?n de recompensas. No obstante lo anterior, el derecho penal

era mucho m?s estricto con los pipiltin, sin duda para jus tificar en parte la situaci?n de predominio de los dirigentes, hombres de conducta m?s r?gida.

Los pipiltin justificaban doblemente su posici?n de ven taja. Por una parte eran los especialistas en el poder en un mundo en el que la especialidad estaba estrictamente ligada a las creencias religiosas. Ellos eran los descendientes de los grupos que al salir de la monta?a parturienta obtuvieron la encomienda de regir a los pueblos. La historia sirvi? en buena parte como sustento de ese poder, pues comprobaba la liga de la clase gobernante con Quetzal coat?. Por otra parte, acu d?an todos a las escuelas de las que este dios era protector: los calm?cac. Ah? recib?an una educaci?n especial que, aparte de prepararlos para el ejercicio del gobierno, la judicatura, la direcci?n militar y la clerec?a alta, era lo suficientemente dura para formar a los hombres austeros que deb?an regir los destinos del pueblo. Las otras escuelas, los telpochcalli, des tinadas a los macehualtin, eran a juicio de los dirigentes demasiado suaves, y sus estudiantes sal?an amantes de bro mas, de juegos y de acciones superfluas y libertinas. Pod?an llegar los egresados del telpochcalli a realizar haza?as en com This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

532

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

bate; pero su frivolidad los incapacitaba para el serio ejerci cio de la direcci?n.

No se mataban, sin embargo, los incentivos populares.

Hab?a posiciones de privilegio a las que algunos macehualtin pod?an aspirar. Como profesi?n entera, los pocht?cah o miem bros de los calpulli de comerciantes hab?an ganado ciertos derechos reservados a los pipiltin y su consejo era tan apre ciado que el tlatoani mismo escuchaba sus doctas opiniones en materia mercantil. No en vano eran los principales agen tes del enriquecimiento de los estados poderosos.

Jugaban los comerciantes con dos tipos de organizaci?n.

Primero, sus calpulli estaban colocados estrat?gicamente en las ciudades m?s poderosas en el aspecto militar o comercial.

Segundo, establec?an alianzas de expedici?n y trato no s?lo entre sus calpulli de la misma ciudad, sino entre los de la regi?n, de modo que organizaban sus largos viajes combinan do los intereses econ?micos de vastas ?reas y formando redes que, en conjunto, superaban en extensi?n al territorio de dominio de los estados m?s poderosos. Las ligas religiosas y posiblemente ?tnicas facilitaban las mercantiles y no es aven turado suponer que los intereses profesionales, fomentados por el parentesco ?tnico y el culto religioso com?n, sobrepu sieron en alg?n momento la fidelidad profesional a la esta tal. A su importancia econ?mica, que hac?a que cualquier ciudad desease incorporarlos a su poblaci?n, un?an peligro samente un enorme poder como dirigentes de un complejo econ?mico no subordinado a ning?n estado en particular. Sin embargo, sab?an que la prosperidad de su tr?fico estaba ga rantizada por el equilibrio pol?tico que manten?an los estados hegem?nicos y aprovecharon la fuerza de ?stos para estable cer una relaci?n conveniente a sus intereses. Organizaban aut?rquicamente sus expediciones; pero recib?an del tlatoani ?rdenes precisas para penetrar en determinados territorios enemigos que ser?an, tras su labor de infiltraci?n econ?mica y de espionaje, el camino de expansi?n b?lica. Sus derechos de privilegio y su importancia, no obstante, fluctuaban de acuer do con la expansi?n del estado al que pertenec?an, desde ser en algunas ocasiones macehualtin ordinarios hasta llegar a This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 533

equipararse en algunos aspectos a la nobleza y provocar gra ves reeelos en los pipiltin.

Estrechamente aliados a los pocht?cah estaban los artesa nos, compradores de la materia prima que aqu?llos tra?an de lejanas regiones y proveedores de los bienes suntuarios que los comerciantes transportaban. Algunos de los artesanos m?s

h?biles eran conducidos a palacio, donde recib?an la direc ci?n y la encomienda de las obras m?s costosas; pero al mismo

tiempo eran absorbidos por el aparato estatal, que los man ten?a y les daba trato de privilegio.

Los guerreros distinguidos tambi?n eran extra?dos de su calpulli y viv?an en palacio formando cuerpos de militares profesionales, con posici?n de primac?a y alimentados por el

estado. Aquellos otros cuyas haza?as iban a la par con su

inteligencia, sentido de responsabilidad y austeridad, obte n?an cargos alt?simos en relaci?n a su humilde origen: eran convertidos en tetecuhtin, funcionarios estatales que se en contraban al frente de los asuntos del gobierno central en

un calpulli.

En posici?n opuesta estaban los macehualtin que hab?an perdido algunos de sus escasos derechos. Los maye que, que se mencionaron en relaci?n a las tierras llamadas pillalli, eran los campesinos que hab?an perdido sus parcelas, o que nun ca las hab?an podido alcanzar en un reparto, o que hu?an de sus pueblos26 y ten?an que solicitar del campo de cultivo

del estado.

Otros eran los renteros, que por similares causas o por ha ber recibido tierras pobres iban en busca de las vacantes a otros calpulli.

No creo que los teccaleque puedan ser considerados en una situaci?n inferior a los macehualtin que ten?an parcelas fa 26 Fray Domingo de la Anunciaci?n, "Parecer de... sobre el modo que ten?an de tributar los indios en tiempo de su gentilidad. Chimal huac?n, cabecera de la provincia de Chalco, a 20 de septiembre de 1554", Epistolario de Nueva Espa?a, 1505-1818, recopilado por Francisco del Paso y Troncoso, v. VII (1553-1554), M?xico, Antigua Librer?a Robredo, de Jos? Porr?a e Hijos, 1940, 322 p., p. 259-266 (Biblioteca Hist?rica Mexicana de Obras In?ditas, Segunda serie, 7), p. 262.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

534

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

miliares en el calpulli. Al parecer la ?nica diferencia entre un calpule y un teccale era que el segundo, en vez de cultivar su parcela y pagar con trabajo en la obra comunal gen?rica mente al estado, cumpl?a con su obligaci?n tributaria sir viendo y entregando su tributo directamente al tecuhtli ads crito al calpulli.

Por abajo de los anteriores estaban los tlatlacotin, a los que confundieron los espa?oles con esclavos. Eran los tlatla cotin quienes por deudas que no pod?an solventar, origina das algunas veces por el juego, por la embriaguez o por la comisi?n de delitos en los que se perjudicaban los derechos de terceros, se entregaban personalmente en prenda en tanto pod?an liberarse del compromiso contra?do,27 en una rela ci?n que parece estar estrictamente ligada a una impureza por culpa. Esta relaci?n los obligaba a vivir, mientras logra ban su liberaci?n, en dependencia del acreedor, que cobraba mora y alimentos con la fuerza de trabajo del tlacotli, en for ma de servicios personales en ocasiones fijados en el contrato.

La sujeci?n pod?a establecerse con individuos o con familias enteras, que manten?an constantemente a uno de sus miem bros, por turno, en situaci?n de dependencia. En Tetzcoco, el da?o causado al estado por un traidor compromet?a a su descendencia hasta la cuarta generaci?n. Hay tambi?n men ciones de sujeci?n de ni?os de pueblos extra?os, capturados en incursiones b?licas.

M?s grave era el caso de los tlatlacotin de collera, hom bres que por falta de cumplimiento de sus obligaciones de tlatlacotin comunes o por otro motivo grave, y mediante sen

tencia judicial, ven?an a ser algo as? como condenados a muerte con pena suspendida a voluntad de quienes sobre ellos adquir?an los derechos. Eran vendidos en el mercado y los adquirentes estaban capacitados para, tras el ba?o ri tual que les quitaba la impureza de su situaci?n, ofrecerlos a los dioses para la occisi?n ritual. La adquisici?n de nume

27 Pedro Carrasco, op. cit., p. 356, dice al respecto: "[The tlacotin] are usually called slaves, although in most cases the term ?pawn? would be better".

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 535

rosos tlatlacotin de collera permit?a participar a los pocht? cah, ostentosamente, en el culto p?blico. Les estaba permitido,

por su muy particular forma de ejercer la milicia, comprar

con su riqueza lo que no pod?an adquirir en combate. No tuvieron los tlatlacotin ?comunes o de collera? una impor

tancia significativa en la econom?a del altiplano central.

Situaci?n muy diferente era la de los mamaltin o cautivos de guerra. Tras adquirir por la derrota una condici?n de per tenencia a los dioses y de parentesco sagrado con sus cauti vadores, eran guardados y atendidos con honores hasta su occisi?n ritual, sin que en momento alguno fuese aprovechada su fuerza de trabajo.

Las posibilidades de pasar de un grupo social a otro eran limitadas. Los pipiltin pod?an convertirse en macehualtin por

sentencia judicial y, como es natural, sus hijos no recupera

ban la posici?n de privilegio. Los hijos de los tetecuhtin macehualtin ?pues los hab?a del grupo dirigente? eran

pipiltin, seg?n Zurita,28 aunque no sucediesen a sus padres en el cargo. Otro tanto suced?a con los hijos de los militares privilegiados. Los estudiantes extraordinariamente brillantes

en los telpochcalli eran cambiados al calm?cac, en donde

recib?an la educaci?n de los hijos de los dirigentes y pod?an as?, seg?n las fuentes, llegar a los puestos eclesi?sticos m?s

elevados.

LA ORGANIZACI?N ESTATAL

Cada centro de poblaci?n regido por un tlatoani era un tlatoc?yotl, en principio un estado independiente en el que exist?an dos formas de organizaci?n: el gobierno de tipo gen tilicio, dentro de cada uno de los calpulli, en una sociedad igualitaria en la que los dirigentes eran los ancianos y los jefes designados por elecci?n de los miembros del grupo; y el gobierno de tipo estatal, fundado en un grupo gobernante, beneficiario, por su funci?n, del excedente de producci?n de los dominados, desp?tico hasta el extremo de que algu 28 Op. cit., p. 86.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

536

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

nos de sus tlatoque, investidos del poder jurisdiccional divino,

pod?an enviar con ligereza a la muerte a los mensajeros que portaban infaustas noticias o a los magos que revelaban augu rios nefastos.20

Al frente del estado se encontraba el tlatoani, gobernante vitalicio con poder pol?tico, judicial, militar y religioso su perior al de cualquier otro funcionario del tlatoc?yotl, repre

sentante de la divinidad y ejecutor de sus designios. Era

elegido seg?n las costumbres particulares de cada tlatoc?yotl; pero al parecer lo m?s frecuente era que se escogiese entre los tlazopipiltin 30 o hijos de tlatoque anteriores.31 La volun tad del tlatoani precedente parece haber sido en muchos pue blos decisiva. En Mexico-Tenochtitlan fueron electos algunos nietos y no hijos de quienes hab?an sido m?ximos gobernan tes. La elecci?n era hecha por los m?s importantes funciona rios, sacerdotes y militares, que tomaban en cuenta la capaci

dad y los m?ritos de los candidatos. Las ceremonias de

elevaci?n al poder de un tlatoani y los honores que muchos alcanzaron muestran la creencia de que los ritos produc?an

una superaci?n de la simple naturaleza humana y que el

tlatoani ten?a tales facultades que era responsable aun de la salud de sus subditos, de la abundancia de las mieses y de la frecuencia de las lluvias.

Al lado del tlatoani y elegido por ?l estaba el cihuac?atl, tambi?n representante de la divinidad. Sus funciones eran la

29 Es muy interesante la opini?n de Godelier en el sentido de que en el modo de producci?n asi?tico la explotaci?n por una minor?a en nombre de una comunidad superior constituye la contradicci?n de su estructura. "Una sociedad caracterizada por esta contradicci?n se pre senta pues a la vez como una ?ltima forma de sociedad sin clases (co munidades aldeanas) y una primera forma de sociedad de clases (poder

estatal ejercido por una minor?a, comunidad superior) ", op. cit., p. xxxvii.

30 Florentine Codex. General History of the things of New Spain, Fray Bernardino de Sahag?n, traducido del idioma azteca al ingl?s, con notas e ilustraciones, por Charles E. Dibble y Arthur J. O. Anderson, 12 v., Santa Fe, New Mexico, The School of American Research and The University of Utah, 1950-1969, ils.

31 Zurita, op. cit., p. 91.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 537

suplencia del tlatoani en casos de ausencia o muerte, durante el tiempo que transcurr?a hasta una nueva elevaci?n. Repre sentaba al monarca en el campo de batalla cuando ?ste no iba al frente del ej?rcito en las grandes campa?as. Jugaba un importante papel en materia hacendar?a, judicial y cul tural.

Ambos supremos gobernantes eran auxiliados en sus fun ciones por varios cuerpos de pipiltin principales, cuyas labo res eran administrativas, jurisdiccionales, hacendar?as, milita res y religiosas. Destacaba entre estos cuerpos el de los cuatro consejeros m?s pr?ximos a la cabeza del estado. Los pocht?cah,

como ya anteriormente se vio, pod?an llegar a desempe?ar funciones consejiles a pesar de no ser miembros del grupo dirigente.

La organizaci?n judicial ten?a como tribunal superior el compuesto por trece jueces, presidido por el cihuac?atl, que se encargaba de la decisi?n de los casos arduos, principalmen te aquellos cuya sentencia era la ejecuci?n del infractor. Bajo este tribunal estaba el tlacxitlan para juzgar a los pipiltin y tambi?n a los macehualtin cuyos casos, por su gravedad, no pod?an ventilarse en el tribunal estatal establecido en cada calpulli, el llamado teccalli o teccalco. Los nobles cortesanos y los altos militares eran juzgados en el tecpilcali. Aparte de ?stos, exist?an el tribunal de guerra en el campo de batalla; el eclesi?stico, que juzgaba a sacerdotes y estudiantes, y los mercantiles, tanto para conocer las causas de los pocht?cah como para resolver los graves problemas suscitados en el

mercado.

El clero era una compleja organizaci?n encargada del cul to y de la educaci?n, y al frente se encontraban en Mexico

Tenochtitlan los grandes sacerdotes: el Quetzalc?atl Totee tlamacazqui y el Quetzalc?atl Tl?loc tlamacazqui. Los mili tares tambi?n formaban un grupo muy complejo, en el que ten?an gran importancia los cuerpos integrados por los mili tares m?s destacados. El ej?rcito era comandado por dos gran des guerreros, el tlacat?ccatl y el tlacochc?lcatl. La hacienda

p?blica estaba dirigida por el hueicalpixqui, jefe de todos los recaudadores, y el petlac?lcatl, encargado de la conser This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

538

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

vaci?n del tributo. Tanto los jueces como los militares, los sacerdotes y los funcionarios fiscales recib?an ?rdenes directas

del tlatoani y del cihuac?atl.

La intervenci?n del estado en los asuntos de los calpulli se hac?a a trav?s de cuatro funcionarios, cada uno responsable

de un nauhcampan (los cuatro sectores en que ciudad). Ante ellos en lo administrativo, ante tlacxitlan en lo judicial, ante el hueicalpixqui ante los jefes guerreros en lo militar, acud?an

se divid?a la los jueces del en lo fiscal y los tetecuhtin

a rendir cuentas y a recibir las instrucciones pertinentes para

el gobierno de los calpulli a los que estaban adscritos.

En todo el grupo gobernante ?sin excluir, como pudo

verse, al tlatoani y al cihuac?atl? los m?ritos y las capacidades

personales eran determinantes para la ocupaci?n de los pues tos. La posici?n y el poder de cada pilli eran los adecuados a su funci?n dentro del estado, y ?sta depend?a de una escala en la que los ascensos y descensos correspond?an al esfuerzo individual y al linaje que, por la proximidad o lejan?a de los tlatoque anteriores, se?alaba la importancia de ascendencia

para llegar a determinado cargo. En Mexico-Tenochtitlan puede verse que, por ejemplo, los sucesores del cihuac?atl a partir del famoso Tlaca?lel fueron su hijo y dos nietos, aun que ?stos no hijos del anterior.

Formalmente la gran pir?mide burocr?tica ten?a como

c?spide la voluntad omn?moda del tlatoani. De hecho, la

fuerza de los pipiltin, aunque insuficiente para modificar una determinaci?n tomada por el monarca, s? constitu?a una in interrumpida influencia. Zurita nos habla de las alteraciones que provocaba en ellos una mala disposici?n de los fondos p?blicos.32 La presi?n de los comerciantes fluctu? seg?n la ?poca. En Mexico-Tenochtitlan fue importante en tiempos

de Ahu?tzotl, que se vali? de ellos para llevar a cabo sus

planes de expansi?n; pero su sucesor, Motecuhzoma Xocoyo tzin, tuvo que frenar la peligrosa carrera ascendente de los pocht?cah. Los calpulli, por otra parte, mantuvieron una barrera de protecci?n para defender a los macehualtin del 32 ibid., p. 143.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 539

despotismo del tlatoani, resistencia que tambi?n fue debilita da en tiempos de Xocoyotzin.

El hueitlatoc?yotl Dif?cil fue en el poscl?sico el equilibrio de coaliciones he

gem?nicas, discutido por v?a de armas entre las ciudades fuer

tes en turno. El sistema de alianzas hab?a dividido a los

estados en dos categor?as: los tlatoc?yotl comunes, en teor?a independientes, y los hueitlatoc?yotl que, integrando coalicio

nes de tres o cuatro miembros, dominaban zonas m?s o menos

extensas. La m?s famosa coalici?n de poderosos en el altiplano central fue la nacida a ra?z de la derrota de Azcapotzalco, que formaron el culhuatecuhtli, tlatoani de Mexico-Tenochtitlan, el acolhuatecuhtli, tlatoani de Tetzcoco, y el tepanecatecuh

tli, tlatoani de Tlacopan, que en ese tiempo ?hacia 1430?

eran respectivamente Itzc?atl, Nezahualc?yotl y Totoquihua tzin. Como bases del trato se establecieron la alianza pol?tica que permit?a la conservaci?n del predominio, la uni?n en las guerras de conquista y consolidaci?n, el reparto preestableci do de las ganancias de conquista, la defensa com?n contra las

incursiones enemigas, la confirmaci?n hecha por los dos hueitlatoque existentes del hueitlatoani reci?n electo por su pueblo a fin de conferirle el poder religioso espec?fico de su cargo superior, la ayuda econ?mica y t?cnica en casos de ne cesidad, y, al parecer, el auxilio judicial en algunos casos.

La lucha por la hegemon?a y el derecho de conquista

aparentemente estaban basados en un antiguo orden en el que estados poderosos eran las fuentes originarias del poder, recibido directamente de la divinidad suprema. Cada uno de los nuevos hueitlatoc?yotl hac?a valer t?tulos supuestamente leg?timos de descendencia en calidad de sucesor de uno de los antiguos grandes estados ya desaparecidos. Pretend?an que su posici?n se reconociera universalmente, y que el poder de to

dos los tlatoque emanara del de cualquiera de los hueitla

toque coaligados, ya por descendencia directa, ya por confir maci?n en el mando. En esta forma ser?an los protectores y benefactores de todos los hombres y, en correspondencia a This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

540

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

esta magnanimidad, todos los tlatoc?yotl deber?an dar prueba de reconocimiento en forma de alianza y tributo. El recono cimiento era en ocasiones voluntario y por lo regular for zado. Esto cre? el llamado derecho de conquista, que somet?a a los pueblos en forma heterog?nea: unos, conscientes de su debilidad, reconoc?an espont?neamente a un hueitlatoc?yotl y entregaban peri?dicamente tributo no fijado en forma es tricta; otros, m?s esc?pticos acerca de la legitimidad de los t?tulos exhibidos y de los beneficios que otorgaban los pode rosos, eran derrotados y obligados a establecer en el momento

del triunfo del vencedor, tras penoso regateo, un tributo de terminado, pero quedaban con sus tierras, leyes y gobernan tes; otros, que hab?an presentado mayor resistencia, eran pri vados de sus dirigentes y ca?an directamente bajo los nuevos gobernantes enviados desde el hueitlatoc?yotl para formar otro tronco; otros m?s eran completamente arrasados y en su territorio se establec?an colonias de los extranjeros vence dores. La regla com?n, sin embargo, era la subsistencia de

tlatoc?yotl aut?nomos que reconoc?an el poder religioso

de los hueitlatoc?yotl. Entregaban ?stos, por los supuestos beneficios recibidos de la forzada alianza, un tributo, y se compromet?an a dejar paso libre a los comerciantes. En ma teria de guerra quedaban en calidad de protegidos y en la rea lidad estaban obligados a auxiliar a las tropas conquistadoras con hombres y con vituallas. De hecho, aunque no de derecho,

ten?an que soportar una fuerte intervenci?n econ?mica y po l?tica. En su territorio quedaban calpixque ?funcionarios fis cales? del hueitlatoc?yotl y era corriente que los hijos de los gobernantes vencidos acudiesen a la corte del estado pode roso en calidad de cortesanos. El hueitlatoc?yotl no integraba con sus tlatoc?yotl sometidos, un gran estado.

El equilibrio de fuerza en la coalici?n de los hueitlato

c?yotl, pese a su fundamento religioso, no siempre se man tuvo. Max ti a, tlatoani de Azcapotzalco, trat? de dominar a los d?biles aliados de su padre, y Motecuhzoma Xocoyotzin estaba en v?as de desconocer a Tetzcoco y a Tlacopan, aunque tal vez con la mira de proyectar su alianza con estados pode rosos m?s distantes que coadyuvaran a una nueva expansi?n.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

organizaci?n pol?tica en el altiplano central 541 Objetivos fundamentales del poder p?blico Como ya ha quedado se?alado, fueron objetivos del tla

toc?yotl la organizaci?n de la producci?n de sus calpulli y el mantenimiento, para hacerla posible, de una seguridad mili tar, pol?tica, religiosa, t?cnica y m?gica. El hueitlatoc?yotl tenochca acentu? exageradamente la importancia de la segu

ridad religiosa para adquirir otra justificaci?n m?s en las guerras de expansi?n. Todos los pueblos estaban obligados a mantener con los dioses una relaci?n que equilibraba el cosmos y propiciaba las lluvias a cambio del culto y de las

ofrendas. Entre ?stas ten?an primordial importancia la sangre

y los corazones de los hombres muertos ritualmente. La ma nera m?s id?nea de obtener hombres para la occisi?n ritual era la guerra. El grupo dominante de los tenochcas exager? la inminencia de la desaparici?n del Quinto Sol, el actual, y pretendi? evitar la cat?strofe c?smica aumentando significa tivamente el n?mero de guerreros ofrecidos en el rito. Esto s?lo era posible si sus hueitlatoc?yotl y tlatoc?yotl aliados

colaboraban en la gran expansi?n que, por supuesto, fue

ben?fica principalmente para los promotores de tan gigan tesca empresa.

Los pipiltin adquirieron con la expansi?n, de inmediato, un incremento notable en la extensi?n e importancia de las funciones que justificaban su existencia como grupo, conco mitante con el aumento del prestigio y de la riqueza que los colocaban m?s por encima de los macehualtin. Entre ?stos, los pocht?cah ampliaron el radio de seguridad en sus expe diciones y estuvieron capacitados para traficar con mercan c?as cada vez m?s valiosas, al tiempo que los artesanos pod?an dedicarse a la elaboraci?n de los preciosos bienes de prestigio que el creciente lujo demandaba.

En proporci?n muy inferior, pero atrayente en extremo, los macehualtin agricultores que pertenec?an a los hueitlato c?yotl o a los tlatoc?yotl aliados trocaron vidas, sangre y esfuerzo por honores y pillaje, embriagados por la atm?sfera de fervor militar y religioso que los pipiltin hab?an creado.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

542

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

Los se?uelos de cambio de una vida de campesinos o de fa

bricantes de bienes de menor demanda por la de integrantes de cuerpos militares profesionales, mantenidos a expensas de la hacienda estatal, y aun los m?s remotos de convertirse en tetecuhtin, crearon un sentido de competencia que resque braj? la conciencia de los intereses de la sociedad gentilicia.

De hecho existi? en Mexico-Tenochtitlan un momento de apertura a los puestos burocr?ticos, obligada por la expan

si?n y por la complejidad administrativa crecientes, apertura que fue aprovechada por algunos macehualtin.

Los macehualtin de los estados conquistadores creyeron ver compensada su participaci?n en las guerras, en el lado de los poderosos, con la espectativa de no estar del lado de los d?biles, en una ?poca en que la guerra continua era con siderada como situaci?n normal. Bastante brutales eran sus

propias acciones b?licas contra los vencidos para desear que sus familias recibieran similar trato. La seguridad agr?cola, adem?s, se ve?a respaldada por las grandes trojes estatales de reserva y por la experiencia de que, en casos de desastre, lejanos pueblos dominados enviar?an el sustento que a ellos les da?asen la sequ?a, la helada o la lluvia excesiva.

Los macehualtin, sobre todo los de los hueitlatoc?yotl, minaban en su carrera hacia el prestigio personal la ?nica fuerza que los defend?a del despotismo, acrecentando la com plejidad y el poder del estado y ampliando la diferencia eco n?mica entre el grupo dominante y el dominado. Los pueblos sometidos, que ya soportaban con sufrimiento a sus pipiltin propios, recibieron nuevos grav?menes tras la dura experien cia de una derrota militar, de saqueos y de afrentas.

Conflictos fundamentales del estado Desde el momento mismo de la fundaci?n de las pobla ciones, los calpulli demarcaban un territorio al mismo tiem po econ?mico y pol?tico. Gomo islas de campesinos dentro del gran conglomerado urbano, de alguna manera se perca

taban de que la fusi?n ir?a aparejada con la desprotecci?n This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 543

absoluta y la miseria de los agricultores. El resguardo de la propiedad comunal de las tierras no s?lo era una barrera con tra una propiedad individual que las concentrar?a en manos de unos cuantos poderosos, sino que motivar?a el surgimien

to de una gran poblaci?n de dependientes que no tendr?a m?s riqueza que sus propios m?sculos.

Aunque divididos entre s? por los problemas de linderos ?pues con el tiempo y el desigual incremento de poblaci?n se hab?an creado diferencias notables entre la cantidad rela tiva de los calpullalli y la calidad de las tierras?, por distin ciones ?tnicas, ling??sticas y religiosas, demostraron en no po

cas ocasiones una fuerza que hizo peligrar o que dio al traste con la organizaci?n estatal. El enfrentamiento militar era inadecuado cuando el estado conservaba la fuerza de la tropa de otros calpulli o de mercenarios, la disposici?n de los cuer pos de valientes, alejados ya de los intereses de sus calpulli y la pericia en la direcci?n de los capitanes pipiltin. En oca siones la oposici?n se presentaba con la pasividad, como fue el caso de la negativa de los macehualtin cuando los pipiltin

de Mexico-Tenochtitlan quisieron hacer la guerra a Azca

potzalco. Otras veces la medida fue mucho m?s efectiva: la huida masiva de los campesinos. Esto ocurri? en Tollan, se g?n cuenta la Historia tolteca-chichimeca, y produjo la ruina de la ciudad y la retirada de los dirigentes, que fueron a someterse, desamparados, a los poderosos de Cholullan.

Los conflictos internos del grupo dirigente fueron fre cuentes y escandalosos. El sistema de elecci?n del tlatoani, tan favorable para satisfacer los mutables intereses de los pipiltin, produjo por otra parte un peligroso juego de inte reses entre grupos de tendencias contrarias que apoyaban a uno o a otro tlazopilli. La imposibilidad de destituci?n de tlatoani, unida al car?cter omn?modo del m?ximo gobernan te, fue tambi?n causa de una rigidez pol?tica inconveniente.

La brutalidad fue la soluci?n en no pocos casos, y no s?lo contra tlazopipiltin que encabezaban movimientos contrarios, sino que en Mexico-Tenochtitlan se dijo que uno de sus tla toque, Tiz?cic, fue envenenado por los pipiltin, y hay algu This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

544

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

?as fuentes que aseguran que la muerte de Chimalpopoca no se debi? a un suicidio.

Pero la m?xima fuente de conflictos fue el inestable sis tema de relaciones entre los hueitlatoc?yotl y los tlatoc?yotl.

La historia pol?tica es la larga relaci?n de estos conflictos, no s?lo por las campa?as de conquista y consolidaci?n de domi nio, sino por las inseguras alianzas de los hueitlatoc?yotl. La ca?da del mundo ind?gena ante la penetraci?n de los euro peos se debi? en gran parte a esta fluctuaci?n de las alianzas.

Antiguos aliados y sometidos proporcionaron a los espa?oles la fuerza militar suficiente para destruir el enorme poder de los odiados estados hegem?nicos.

M?TODOS HABITUALES PARA LA RESOLUCI?N DE LOS CONFLICTOS Y PARA LA CONSOLIDACI?N DEL DOMINIO

El gobierno interno de los calpulli, h?bil, capacitado y

suficiente para contrarrestar en parte el despotismo estatal, no lo era para iniciar una verdadera marcha rebelde. El pe ligro de rebeli?n estaba en los l?deres, en los que concurr?an carisma, misticismo religioso, habilidad en el mando y fa cultades militares. Las precarias condiciones de los campesi

nos motivaban la proliferaci?n de este tipo de caudillos y

los calpulli desesperados se lanzaban en busca del "aut?ntico" sitio que sus dioses les ten?an reservado sobre la tierra. La destrucci?n de estos l?deres no fue violenta. Lo fue en Mexi co-Tenochtitlan la quema de libros que serv?an de funda mento hist?rico y religioso a cada uno de los calpulli, libros que eran verdadero instrumento de insurrecci?n. Pero con los hombres se procedi? de otra manera. Se crearon puestos religiosos especiales para todos aquellos j?venes que sent?an dentro de su coraz?n la fuerza del dios protector; eran pues tos en los que pod?a desbordarse en forma inocua todo mis ticismo desesperado. Los estudiantes m?s brillantes, ya se ha dicho, eran sacados del telpochcalli para ser conducidos al calm?cac y de ah? pasaban a los puestos p?blicos de impor tancia; quedaban as? totalmente desvinculados de la orga nizaci?n de tipo gentilicio. Los guerreros valientes tambi?n This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 545

eran recibidos en palacio para integrar cuerpos que ten?an el doble car?cter de militares y religiosos, desligados tambi?n en forma absoluta de los intereses del calpulli. Los mejores

no s?lo eran apartados de sus grupos, sino convertidos en tetecuhtin, con funciones contrarias a los intereses de una sociedad gentilicia ?igual a la que les hab?a dado origen de la que extra?an el tributo y a la que ya no pertenecer?an sus descendientes.

Los pipiltin debieron crear, adem?s, un sentimiento de fidelidad estatal que sujetara a los campesinos a la marcha que beneficiaba los intereses de los dirigentes. Fueron fomen tados en las escuelas de los barrios el honor patrio, la vene raci?n a sus s?mbolos, el orgullo de pertenecer a determinado tlatoc?yotl, el fervor religioso volcado en los campos de ba talla y en las suntuosas fiestas de participaci?n popular, la expectativa de un ascenso abierto en teor?a a todos los ciu dadanos, el amor a las instituciones que aseguraban al ma cehualli y provocaban su ufan?a. El estado intervino en la educaci?n de los telpochcalli. Los sacerdotes estatales orien taron la labor de los maestros del calpulli, hombres ?stos que eran originarios del grupo de tipo gentilicio, pero que hab?an sido elegidos para las funciones de ense?anza por sus haza ?as en el campo de batalla. Los cantos ?picos y religiosos, important?simos en la educaci?n, deb?an pasar previamente por la censura estatal, que determinaba qui?nes ser?an los h?roes recordados y por cu?les proezas.

En Mexico-Tenochtitlan, el m?s poderoso de los tlatoque, Motecuhzoma Xocoyotzin, ocup? su cargo en una situaci?n

de poder estatal tan grande que se atrevi? a dar un paso

inusitado: nombr? a todos los funcionarios del gobierno in terno de los calpulli. Fue el mismo d?spota que al ascender al poder destituy? con lujo de violencia a todos los bur?cra tas macehualtin que hab?an logrado ocupar puestos palacie gos durante el r?gimen anterior de expansi?n.

La sujeci?n de los tlatoc?yotl, ya se ha visto, estaba a?n muy distante de un retorno a la dominaci?n por fe que al parecer priv? en el cl?sico. Se trat? de mantener el equilibrio a trav?s de un diferente trato dado a los sojuzgados. Por una This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

546

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

parte, el tributo se acordaba tomando como base el grado de resistencia que hab?a presentado el vencido; por otra, este tributo era aumentado al doble a todos aquellos pueblos que, tras haber sido incluidos en la forzada alianza, se rebelaban en contra de sus protectores y ten?an que ser de nuevo con

quistados.

Algo sobre la perspectiva hist?rica El hecho de que la mayor parte de la informaci?n pro venga de la historia del pueblo mexica-tenochca y que abar que desde el abandono de un sitio original semim?tico hasta el despotismo f?rreo de Motecuhzoma Xocoyotzin, puede conducir a un falso concepto acerca del proceso evolutivo general del altiplano central de M?xico. Los mexica-tenoch cas fueron s?lo uno de tantos pueblos que vivieron los tur bulentos siglos del poscl?sico. El ascenso de la complejidad de su organizaci?n social y pol?tica no debe contemplarse como vertiginoso paso de una sociedad de tipo gentilicio ha cia el estatismo desp?tico en escasos dos siglos, sino como una muestra de las distintas fases de organizaci?n que normal mente convivieron durante siglos, dependientes del particular nivel de desarrollo que cada pueblo manten?a en el trans curso de la azarosa vida pol?tica. La dispersi?n de los habi

tantes de una ciudad llevaba de nuevo a sus desbandados

calpulli a una mera organizaci?n de tipo gentilicio que era transitoria. Hay que recordar que los mexicas mismos habla ban de un grupo opresor, el de unos hombres a los que lla maron aztecas, para los que pescaban en un lago y a los que estuvieron sujetos antes de su ?ltima peregrinaci?n y de su sujeci?n a los pipiltin culhuas. Todav?a m?s, el nacimiento del particular modo de producci?n de los mexicas y sus con tempor?neos no puede situarse l?gicamente durante el pos cl?sico ... ni durante el cl?sico.

El inmenso poder de muchos de los hueitlatoque mues

tra un camino inicial hacia la destrucci?n de la organizaci?n gentilicia, culminaci?n de la contradicci?n interna y genera dora, por tanto, del siguiente paso de la evoluci?n social. No This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 547

encuentro base, sin embargo, para opinar sobre la inminen

cia del cambio en el momento de la conquista espa?ola.

Hacia atr?s hay persistencia secular. El fin fue anticipado por un golpe formidable que, desde el exterior, transform? el mundo mesoamericano.

GLOSARIO 33 Acolhuatecuhtli ("El se?or de los acolhuas"). Dictado del hueitla toani de Tetzcoco.

Altepetlalli ("Tierra del poblado"). Tierras comunales de una po blaci?n. Sin?nimo de calpulli seg?n Fernando de Alva Ixtlix?

chitl.

Cacalomilli ("Sementera para el grano de ma?z tostado*'). Tierras destinadas a la producci?n de vituallas para el ej?rcito.

Calm?cac ("En la hilera de casas"). Escuela para el grupo dirigente.

Calpixqui, pl. calpixque ("El que cuida la casa"). Cobrador de

tributos y vigilante de la sujeci?n de los estados tributarios.

Calpule, pl. calpuleque ("El due?o [de tierra] del calpulli"). Miem

bro del calpulli que pose?a una parcela familiar. Alonso de

Zurita confunde bajo este nombre a los poseedores de tierras comunales, a los gobernantes del calpulli y al calpulli mismo.

Calpullalli ("Tierra del calpulli"). Tierras comunales pertenecien tes al calpulli.

Calpulli ("Conjunto de casas"). Unidad social de tendencia endo g?mica, compuesta de familias que hac?an referencia a un ori gen m?tico com?n, protegidas por una divinidad especial, uni das entre s? por la propiedad comunal de la tierra, con una profesi?n com?n y organizadas pol?ticamente en forma genti

licia.

Cihuac?atl, pl. cicihuacoa ("Serpiente femenina"). Funcionario es tatal representante del aspecto femenino de la divinidad, s?lo inferior al tlatoani y con cargo administrativo, judicial, hacen dado, militar y relgioso.

Culhuatecuhtli ("El se?or de los culhuas"). Dictado del hueit?atoa ni de Mexico-Tenochtitlan.

33 Este glosario no tiene m?s pretensiones que servir de auxilio a los lectores no especializados.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

548

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

Chinancale, pl. chinancaleque ("El due?o de chinancalli"). Miem bro del calpulli que pose?a una parcela familiar. Sin?nimo de

calpule.

Chinancalli ("Casa cercada"). Parcela familiar.

Hueicalpixqui ("El gran cuidador de la casa"). Funcionario fiscal estatal, jefe de todos los cobradores de tributos y uno de los dos altos dirigentes en materia hacendar?a.

Hueitlatoani, pl. hueitlatoque ("El gran gobernante"). M?ximo gobernante de un estado miembro de una coalici?n hegem?nica.

Hueitlatoc?yotl ("Gran estado"). Estado miembro de una coali

ci?n hegem?nica.

Hueitlatoque, v. hueitlatoani.

It?nal in tl?catl ("Lo que toca por destino a la persona"). Tierras estatales destinadas al sostenimiento del tlatoani y a los gastos de gobierno. Sin?nimo de tlatocatlalli y tlatocamilli.

Macehualli, pl. macehualtin ("El que merece [?tierra?]"). Hombre del grupo dominado, plebeyo.

Malli, pl. mamaltin ("El capturado"). Cautivo de guerra destinado a la occisi?n ritual.

Mamaltin, v. malli.

Maye, pl. mayeque ("El due?o de brazos"). Campesino sin tierras que solicitaba permiso de labrar las del estado conquistador.

Milchimalli ("Escudo de sementera"). Tierras estatales destinadas a los gastos militares.

Momilcohuani, pl. momilcohuanime ("El que adquiere tierra").

Campesino que adquir?a tierras por arrendamiento.

Nauhcampan ("Lugar de la cuarta parte"). Cada uno de los cua tro segmentos de la ciudad, producidos por el corte de dos ejes perpendiculares.

Petlac?lcatl ("El del lugar del cofre"). Funcionario fiscal estatal encargado de la conservaci?n de los tributos, uno de los dos altos dirigentes en materia hacendar?a.

Pillalli ("Tierra de noble"). Tierras estatales que serv?an para re compensar a los distinguidos con el tributo que los mayeque que las cultivaban debieran pagar al estado.

Pilli, pl. pipiltin ("El hijo"). Miembro del grupo dirigente.

Pipiltin, v. pilli.

Pocht?catl, pl. pocht?cah ("El del lugar de la ceiba"). Miembro de un calpulli de comerciantes.

Quetzalc?atl Tl?loc tlamacazqui ("El sacerdote Quetzalc?atl de Tl?loc"). Uno de los dos altos sacerdotes del culto estatal.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

ORGANIZACI?N POL?TICA EN EL ALTIPLANO CENTRAL 549

Quetzalc?atl Totee tlamacazqui ("El sacerdote Quetzalc?atl de Nuestro Se?or"). Uno de los dos altos sacerdotes del culto es tatal.

Te?chcauh, pl. teachcahuan ("El que precede a los dem?s"). Jefe del gobierno interno del calpulli.

Teccalco ("El lugar de la casa de jefatura"). Casa de gobierno del representante del gobierno estatal adscrito al calpulli.

Teccale, pl. teccaleque ("El due?o [de la tierra] de la casa de jefa tura") . Miembro del calpulli poseedor de una parcela familiar contigua al teccalli, obligado a tributar directamente al tecuh tli adscrito a su comunidad.

Teccalli ("Casa de jefatura"). Casa de gobierno del representante del gobierno estatal adscrito al calpulli.

Tecpanpouhqui, pl. tecpanpouhque ("El contado en el palacio").

Campesino que arrendaba tierras estatales a cambio de encar garse de las labores de mantenimiento y aseo del palacio estatal y de la entrega de peque?os obsequios al tlatoani. Sin?nimo de tecpantl?catl.

Tecpantl?catl, pl. tecpantl?cah ("El hombre del palacio"). Sin?ni mo de tecpanpouhqui.

Tecpantlalli ("Tierra del palacio"). Tierras estatales arrendadas a campesinos que en pago se encargaban de las obras de mante nimiento y aseo del palacio.

Tecpillalli ("Tierra del noble gobernante"). Tierras estatales que serv?an para recompensar a los distinguidos con el tributo que los maye que que las cultivaban debieran pagar al estado. Alva Ixtlilx?chitl dice que se diferenciaban de los pillalli en que los tecpillalli s?lo eran cesibles a los descendientes.34 Tecpilli, pl. teepipiltin ("El noble gobernante"). Noble con cargo p?blico de importancia.

Teepipiltin, v. tecpilli.

Tecuhtlato, pl. tecuhtlatoque ("El gobernante de los jefes"). Fun cionario estatal con labor judicial.

Tecuhtli, pl. tetecuhtin ("El jefe"). Gobernante estatal adscrito al calpulli, con labores administrativas, hacendar?as, militares y judiciales.35 34 Fernando de Alva Ixtlix?chitl, Obras hist?ricas, introducci?n y notas de Alfredo Chavero, pr?logo de J. Ignacio D?vila Garibi, 2 v., M? xico, Editora Nacional, 1952, ?, 170.

35 V?ase la nota 17.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

550

ALFREDO L?PEZ AUSTIN

Telpochcalli ("Casa del joven"). Escuela para el grupo dominado.

Teopantlalli ("Tierra del templo"). Tierras estatales destinadas al sostenimiento del culto estatal. Sin?nimo de teotlalli.

Teotlalli ("Tierra divina"). Sin?nimo de teopantlalli.

Te pane cate cuhtli ("El se?or de los tepanecas"). Dictado del hueitla

toani de Tlacopan.

Tequitlato, pl. tequitlatoque ("El dirigente del tributo"). Funcio nario encargado de la direcci?n y distribuci?n de las obras co munales para el pago del tributo.

Tequitqui, pl. tequitque ("El que ejecuta la obra"). Tributario.

Tetecuhtin, v. tecuhtli.

Teuctli, pl. teteuctin, v. tecuhtli.

Tlacat?ccatl ("El del lugar del gobierno de los hombres [?]"). Uno de los dos altos jefes militares estatales.

Tlacochc?lcatl ("El de la casa de los dardos"). Uno de los dos altos jefes militares estatales.

Tlacolli ("Da?o [?]"). Sujeci?n del tlacotli.

Tlacotli, pl. tlatlacotin ("El da?ado [?]"). Hombre transitoriamente sujeto a un acreedor, obligado a prestarle servicios personales.

Tl?lmaitl, pl. tlalmayeque ("El brazo de la tierra"). Sin?nimo de

maye.

Tlatlacotin, v. tlacotli.

Tlatoani, pl. tlatoque ("El que gobierna", "El que habla"). M?xi mo gobernante estatal, representante de la divinidad y con ca r?cter vitalicio.

Tlatocamilli ("Sementera del palacio de gobierno"). Tierras esta tales destinadas al sostenimiento del tlatoani y a los gastos de gobierno. Sin?nimo de tlatocatlalli y de it?nal in tl?catl.

Tlatoc?yotl ("Gobierno del tlatoani"). Estado.

Tlatoque, v. tlatoani.

Tlazopilli, pl. tlazopipiltin ("El hijo estimado", "El noble estima do") . Hijo de un tlatoani.

Yaotlalli ("Tierra de guerra"). Tierras estatales obtenidas por conquista.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:28:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN MEXICO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO Bradley Benedict University of Southern California

En este ensayo me propongo estudiar el Estado en M?xico desde 1519 hasta 1700, periodo durante el cual los Habsbur go afirmaron su soberan?a sobre casi todo el territorio que es hoy la Rep?blica Mexicana, y que se conoce como "?poca de los Austrias", debido al origen de los Habsburgo. Fue la ?poca en que el imperio azteca, relativamente peque?o pero densamente poblado, fue conquistado, sustituido y amplia do hasta formar el sector colonial del naciente imperio de los Habsburgo espa?oles. Unido a otros pueblos hispaniza dos de Centro y parte de Sudam?rica, el territorio de M?xico

cay? bajo la f?rrea mano de Carlos I (V) (1516-1556), de Felipe II (1556-1598), y el debilitado dominio de Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700) .

Durante el periodo de colonizaci?n, el territorio del an

tiguo imperio azteca y de otros peque?os reinos ind?genas se dividi? en cuatro jurisdicciones ?estados o reinos? siguiendo el modelo espa?ol (v?ase mapa 1). Desde muy al principio? los Habsburgo ampliaron el antiguo Estado azteca convir ti?ndolo en el Reino de la Nueva Espa?a, en el centro y sur de M?xico. Al avanzar la penetraci?n y la colonizaci?n, se formaron los reinos de Nueva Galicia, en el oeste y noroeste; Nueva Vizcaya en el centro norte y lejano noroeste; y Nuevo Le?n en el noreste. Entretanto se conquist? la regi?n de Yu cat?n y Tabasco y se coloniz? como provincia semiindepen

diente o gobierno.1 A fines del siglo xvi a impulso de la 1 De 1543 a 1548 y de 1550 a 1560, Yucat?n y Tabasco estuvieron

ligados a Guatemala. En 1560 por disposici?n de Felipe II, Tabasco

pas? a ser municipio de Yucat?n y dio a M?xico la administraci?n y la jurisdicci?n de ese territorio. V?ase J. Ignacio Rubio Man?, Introducci?n

551 This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

552

BRADLEY BENEDICT

Nueva Espa?a, se comenz? a poblar el gobierno de Nuevo

Le?n y al final del siguiente siglo comenz? a tomar forma el gobierno de Coahuila. M?s tarde se tratar? detalladamente la jurisdicci?n de estos reinos, pero el de la Nueva Espa?a, como primero y mejor situado, domin? a los dem?s. Mucho antes de que terminara la dinast?a de los Habsburgo, Nueva

Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo Le?n eran pr?cticamente provincias del gran reino de la Nueva Espa?a, junto con las ya existentes de Yucat?n, Nuevo M?xico y Guatemala.2

De 1519 a 1700, el Estado en M?xico (o la gran Nueva Espa?a) fue un Estado colonial, una subdivisi?n del gran

Estado imperial. Es necesario se?alar que el gran reino de la Nueva Espa?a fue uno de los muchos reinos del Nuevo Mun do ligado din?sticamente a la corona de Castilla, reino do minante en una Espa?a que no era todav?a una naci?n, sino una amalgama de reinos iberos. T?cnicamente, M?xico no era colonia de Espa?a, ni siquiera de Castilla, sino el domi nio ultramarino del monarca castellano reinante.3 De esa ma

nera la gran Nueva Espa?a se gobernaba desde la capital

imperial de la corte espa?ola, corte que viajaba de una resi dencia real a la otra y que, finalmente, se fij? esencialmente en Madrid. Entre 1519 y 1700, la gran Nueva Espa?a sufri? cambios cuantitativos y cualitativos sin precedentes: cambios territoriales, pol?ticos, sociales, econ?micos y religiosos que para 1700 hab?an cambiado la faz de casi todo el territorio del M?xico de hoy. Si Quetzalc?atl hubiese regresado de veras al estudio de los virreyes de la Nueva Espa?a, 1535-1746, 5 vols. M?xico, UNAM, 1955-1961. I, p. 33-34, 94-97.

2 En este art?culo el Estado mexicano de los Habsburgo espa?oles est? considerado dentro de esta perspectiva m?s amplia, y la palabra "M?xico" (y "mexicano") tendr? ese significado m?s amplio. Debemos

recordar que el nombre Nueva Espa?a se empleaba tambi?n para de signar al virreinato de Nueva Espa?a, jurisdicci?n que abarcaba las

islas del Caribe, Centroam?rica y Venezuela en tiempo de los Habsburgo.

No nos ocuparemos de esa jurisdicci?n m?s amplia, pero es pertinente hacer notar que la ciudad de M?xico fue capital de las tres Nueva Es pa?a: el reino propio, el gran reino y el virreinato.

3 V?ase Juan Manzano, La corporaci?n de las Indias a la corona de Castilla. Madrid: Ediciones Cultura Hisp?nica, 1948, p. 315.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 553 en 1519, probablemente no habr?a notado mucho cambio en la civilizaci?n que abandon? cinco siglos antes, pero si hubiese visitado la regi?n hispanizada de M?xico en 1700, habr?a con venido en que era, de verdad, un Nuevo Mundo. Veamos los cambios principales y luego estudiemos en detalle la estruc tura estatal, las funciones, el liderato, los objetivos, las reali zaciones y las reacciones a conflictos fundamentales.

Cambios territoriales Como indica el mapa 2, la conquista y la colonizaci?n

de lo que fue el M?xico de los Habsburgo requirieron m?s de dos siglos y aun as? no quedaron plenamente consumadas.

Para 1524, Hern?n Cort?s y sus capitanes hab?an sometido a los aztecas y a sus aliados y enemigos en casi todos los va lles del centro y del sur y a algunos otros en el occidente.

Treinta a?os m?s tarde, la colonizaci?n hab?a llegado un poco m?s lejos, hacia el sur y el occidente y a lo largo de las costas de la pen?nsula de Yucat?n, que no logr? pacificarse sino hasta principios del siglo xvin. Mientras tanto, la pe netraci?n hacia el norte y el occidente lleg? hasta una l?nea imaginaria fronteriza que iba del sur de Sonora a Tampico, con un solitario puesto avanzado en Nuevo M?xico. En con secuencia, se necesit? de la segunda mitad de ese siglo para

que laicos y misioneros llegaran a los r?os Bravo y Gila,

aunque mucho territorio al sur de estos r?os estaba despo blado y apenas evangelizado. Los nativos dominaban gran parte del territorio de Tamaulipas en el noreste y la Sierra Madre Occidental en el noroeste, as? como la mayor?a de las tierras habitables de la ?rida Baja California. En 1700 no hab?a ninguna poblaci?n espa?ola establecida en la costa de Alta California, a pesar de que por m?s de un siglo varias expediciones mar?timas la hab?an explorado, intentando co lonizarla.

Cambios pol?ticos Naturalmente, el crecimiento del territorio de los Habs burgo vino acompa?ado ?on la implantaci?n de las institu This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

554

BRADLEY BENEDICT

ciones pol?ticas espa?olas. A veinte a?os de la ca?da de

Tenochtitlan, la metr?poli azteca, los espa?oles no solamente la hab?an reconstruido llam?ndola Ciudad de M?xico, capital del nuevo reino, sino que adem?s hab?an creado m?s de una

docena de municipalidades en lo que es ahora centro, occi dente y sur de M?xico. Como lo muestra el cuadro 1, hacia 1620 hab?a 82 municipalidades creadas, espaciadas en una zona mucho mayor.

Cuadro 1 EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS ESPA?OLES EN M?XICO, 1519-1624

Distrito

N?mero de municipios por a?os 4

1537 1571 1624

M?xico 3 9 15 Tlaxcala-Puebla 2 2 7 Oaxaca 2 4 8 Yucat?n ? 5 5 Michoac?n 2 7 17

Nueva Galicia 5 6 16

Nueva Vizcaya ? 2 14 14 35 82

Los gobiernos urbanos de neralmente "cabildos", eran

pa?oles. Como su jurisdicc

4 Basado en las fuentes siguien Historia de M?xico, 3 vols. M?xi Peter Gerhard, A Guide to the H Cambridge, University Press, 19

Velasco, Geograf?a y descripci?n u

1894, dir. Justo Zaragoza, p. 182 Espinosa, Compendio y descripci ton, D. C, Smithsonian Institute

obra se public? en Mariano Cue pa?a en el siglo XVII por el pad y otros documentos. M?xico, Ed ap?ndice I. This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 555

autoridad espa?ola se extend?a mucho m?s all? de la plaza de cada ciudad o villa. Fundadas, manejadas y perpetuadas por gracia de los Habsburgo, estas municipalidades hisp?ni cas significaron un gran cambio para las comunidades ind? genas, antes gobernadas generalmente por jefes hereditarios de grupos familiares, de tribu o de clan.5 Pero, aunque afec tadas por las instituciones espa?olas, muchas de las comu nidades lograron sobrevivir.

A diferencia de la multitud de peque?as comunidades

independientes o semiindependientes prehisp?nicas, la hege

mon?a Habsburgo depend?a de un gobierno centralizado,

tanto en lo civil como en lo judicial, fiscal y militar, repre sentado en M?xico por los altos funcionarios espa?oles y en Espa?a por los consejos supremos y por el rey. En resumen, mucho antes de finalizar la ?poca de los Habsburgo, M?xico estaba gobernado por una enorme burocracia residente en la corte, a muchos kil?metros de distancia.6

Cambios sociales Inevitablemente, el cambio pol?tico acarrea un cambio social. Cualitativamente, la sociedad espa?ola ?formada por una peque?a clase alta y una m?s peque?a clase media?, se impuso, aunque perdur? gran parte de la estructura prehis p?nica de nobles, plebeyos, campesinos y esclavos. De ma nera que, exceptuando a algunas familias nobles, al desapa recer gradualmente la esclavitud ind?gena, la gran masa de la poblaci?n aut?ctona vino a formar una clase baja tribu taria dentro de la cual desaparecieron pr?cticamente las an tiguas diferencias sociales. Los orgullosos caciques y sus des 5 Ver Warwick Bray, "The City State in Central Mexico at the

Time of the Spanish Conquest", Journal of Latin American Studies, IV:2 noviembre de 1972, p. 175.

6 Mario G?ngora, El estado en el derecho indiano. ?poca de fun

daci?n (1492-1570), Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1951, p. 9

90, y Jos? Miranda, Espa?a y Nueva Espa?a en la ?poca de Felipe II.

M?xico, UNAM, 1962, passim.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

556

BRADLEY BENEDICT

cendientes se vieron reducidos, en el mejor de los casos, a jefes de cabecera ind?gena supeditados al gobierno espa?ol.7 Los agresivos conquistadores, nuevos se?ores de la tierra, obtuvieron de Carlos V encomiendas y repartimientos de comunidades ind?genas completas, de las cuales los encomen deros obten?an tributos y trabajos forzados. Muchos enco menderos se convirtieron en los nobles del Nuevo Mundo.

Cort?s recibi? el t?tulo de Marqu?s del Valle de Oaxaca,8 y los que no eran hidalgos en su tierra obtuvieron los perga minos que confirmaban su r?pido ascenso en la escala social (y de paso, la exenci?n de impuesto personal).9 Desde enton

ces, lo mismo que en Espa?a, los Don y los Do?a s?lo con

versaron entre s? y con Dios.

Con el correr de los a?os, los conquistadores se casaron

y tuvieron hijos en M?xico y la sociedad comenz? a dividirse

en dos grupos basados en el origen. Los emigrantes y los funcionarios formaban una ?lite socialmente superior a los nacidos en M?xico, es decir, a los criollos.10 Se dice que el mote "gachupines" se debe a la burla despechada de estos ?ltimos. Pero los criollos nunca lograron vencer el sentido de superioridad de los peninsulares.

La mezcla de criollos y peninsulares con la poblaci?n 7 Charles Gibson, The Aztecs Under Spanish Rule: A History of the Indians of the Valley of Mexico. Stanford, University Press, 1964, p. 197.

Parte de la antigua nobleza azteca la pas? bien, especialmente la hija

mayor de Moctezuma, do?a Isabel y sus herederos. V?ase Fabi?n de Fon seca y Carlos de Urrutia, Historia de la Real Hacienda. 6 vols., M?xico, Imprenta de Vicente Garc?a Torres, 1845-1853, I. p. 472.

8 ?til por su descripci?n de las encomiendas y la concesi?n de Cor t?s es Bernardo Garc?a Mart?nez, El marquesado del Valle, Tres siglos de r?gimen se?orial en Nueva Espa?a. M?xico, El Colegio de M?xico, 1969, p. 18-19, 47-51.

9 Muy instructivo estudio de los or?genes de los conquistadores y de las recompensas que recibieron, en V?ctor N. Alvarez, "Los conquista dores y la primera sociedad colonial". Tesis in?dita de doctorado. El Co legio de M?xico, 1973.

10 Las quejas de los criollos del siglo xvi est?n bien relatadas en Gon zalo G?mez de Cervantes, La vida econ?mica y social de Nueva Espa?a al finalizar el siglo XVI. M?xico, Jos? Porr?a e hijos, 1944, passim.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 557

aut?ctona afect? tambi?n la nueva estructura social del si

glo xvi. Al principio hubo pocas mujeres espa?olas en el

Nuevo Mundo, as? que los espa?oles se casaron con mujeres ind?genas. La conquista y la hispanizaci?n de M?xico se debe en gran parte a las mujeres ind?genas y a la hispanizaci?n de su descendencia mestiza.11 Algunos mestizos se asimilaron a los criollos y otros permanecieron en el pueblo natal, cre ciendo como ind?genas, pero la gran mayor?a qued? entre la sociedad criolla y la ind?gena, rechazados por ambas, y constituy? una suerte de clase baja alta exenta del tributo.12 La sociedad mexicana se diversific? y estratific? a?n m?s al remplazar la esclavitud ind?gena con la esclavitud negra.

Durante toda la ?poca de los Habsburgo se introdujeron en M?xico muchos millares de esclavos africanos ?a veces eran m?s que los inmigrantes europeos? para trabajar en las mi nas y en las plantaciones coste?as. La mortandad entre los negros era alta, pero las uniones entre ellos mismos y con espa?oles e ind?genas dio a M?xico una poblaci?n numerosa de mulatos y zambos (mezcla de indio y negro).13 Depen diendo de la condici?n de la madre (v.gr.: si era libre) o de las oportunidades de emancipaci?n, algunas de estas personas se volv?an hombres libres por derecho de nacimiento, com pra o concesi?n, e ingresaban a la clase baja tributaria.

Con los espa?oles y los africanos apareci? en M?xico una conciencia racial pr?cticamente desconocida hasta entonces, excepto entre la poblaci?n de la mesa central y la de la costa o la selva. Pocos iberos se daban cuenta de la mezcla de san gre en sus propias venas. De cualquier manera, la conciencia

de raza, com?n a todos los pueblos, vino a complicar a?n m?s la conciencia de clase.

Durante este periodo, la estructura social mexicana sufri?

tambi?n un marcado cambio cuantitativo. Conforme se agran

il Magnus Morner, Race Mixture in the History of Latin America.

Boston, Little Brown, 1976, p. 21-29.

12 ?ngel Rosenblat, La poblaci?n ind?gena y el mestizaje en Ame rica. 2 vols. Buenos Aires, Editorial Nova, 1954, II, p. 54-56.

13 Gonzalo Aguirre Beltr?n, La poblaci?n negra de M?xico, 1519 1810. M?xico, Ediciones Fondo de Cultura, 1946, p. 153-179.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

558

BRADLEY BENEDICT

daba el territorio mexicano de los Habsburgo, su poblaci?n disminu?a dr?stica y hasta catastr?ficamente. La inmigraci?n ibera y la importaci?n africana no compensaban la alt?sima mortandad ind?gena. Aunque la fama, la fortuna y la fe eran un atractivo irresistible para los espa?oles aventureros, no todos pod?an o ten?an los medios para hacer el viaje. Ade

m?s, la pol?tica Habsburgo estableci? una cuidadosa selec ci?n de emigrantes basada en la "limpieza de sangre" (o sea,

que no hubiese ascendencia jud?a o mahometana), pol?tica que tuvo muchas excepciones.

Esto, agregado a la escasez de mujeres espa?olas en el

siglo xvi, impidi? que fuese muy grande la poblaci?n criolla.

En los primeros cuarenta a?os de la Colonia, de 1519 a 1559,

se asentaron en M?xico unos 6 500 espa?oles, o sea un

promedio anual de 160.14 Tenemos pocos c?lculos contempor?neos sobre la pobla

ci?n y los que existen est?n incompletos o basados en el

n?mero de jefes de familias, cuyo tama?o variaba. Sin em bargo, como se ve en el cuadro 2, se puede calcular que en

Cuadro 2 Totales de la poblaci?n hipot?tica del M?xico Habsburgo 1571-1700

Arios Blancos Indios Negros Mestizos Mulatos Totales 15 1571-1574 58 728 3 224 860 20 424 2 437 2 435 3 308 884 1624-1646 183 240 1226 289 34 845 107 560 115199 1668135 1700 378 060 1367 680 27 420 176 270 189180 2 138 620 1570 M?xico ten?a una poblaci?n blanca (peninsulares y crio llos) de alrededor de 60 000, que para 1625 hab?a aumentado a cerca de 183 000. Podemos suponer que para 1700 habr?a alrededor de 380 000 blancos.

14 V?anse dos art?culos por Peter Boyd-Bowman, en Historia Mexi

cana, "La emigraci?n peninsular a Am?rica, 1520-1539", XII:2 (50),

y "Las procedencias de los espa?oles de Am?rica, 1540-1559", XVII: 1 (65).

15 v?anse en mi ap?ndice II estad?sticas regionales. Tambi?n las fuen tes y unas palabras sobre las fuentes.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 559

Podemos a?adir, entre par?ntesis, que las cifras de pobla ci?n regional del ap?ndice 2 muestran los flujos de poblaci?n

espa?ola en los siglos Habsburgo. Al principio hubo una

gran concentraci?n de blancos en la regi?n de M?xico y Pue bla; gradualmente, algunos pobladores llegaron a Oaxaca y Yucat?n y m?s tarde hubo constante migraci?n hacia el cen tro y el occidente y, en el siglo xvn, hacia el norte.

Al mismo tiempo, las epidemias debidas a g?rmenes euro peos (especialmente en 1545-1546 y 1576-1579), y los trabajos excesivos diezmaron a la poblaci?n ind?gena de un posible m?ximo de 25 000 000 en 1518, a poco m?s de 1000 000 en 1605.16 Para entonces los ind?genas supervivientes se hab?an inmunizado y se hab?an acostumbrado a las exigencias de los

espa?oles. Posteriormente la poblaci?n ind?gena aument? lentamente, llegando a cerca de 1 400 000 en 1700.

Pero ni el aumento relativamente r?pido de la pobla

ci?n mestiza y mulata ni la llegada de multitud de negros, pudo compensar la mortandad ind?gena. Para 1700 hab?a probablemente unos 175 000 mestizos y 190 000 mulatos y otras castas (t?rmino impreciso empleado en la ?poca colo nial que aqu? significa mezcla de sangre). Aunque los negros que llegaron a M?xico en los siglos xvi y xvn fueron m?s que los blancos, la poblaci?n africana pura aument? muy len tamente y disminuy? despu?s de 1640.17 Al final del reinado de los Habsburgo hab?a en M?xico i? Woodrow W. Borah y Sherburn F. Cook, The Aboriginal Popula tion of Central Mexico in the Eve of the Conquest. Ibero-American 45?

Berkeley and Los Angeles, 1963, y Cook y Borah, The Indian Population of Central America, 1531-1610. Ibero-Americana, 44, 1960. Tambi?n Cook y Borah, Essays in Population History: Mexico and the Caribbean.

2 vols. Berkeley and Los Angeles, vol. I, 1971; vol. II, en proyecto, I, p. 1-375.

17 Gonzalo Aguirre Beltr?n, "The Slave Trade in Mexico", Hispanic American Historical Review, XXIV (agosto, 1944), p. 412-431, y La po blaci?n negra, p. 45-49. No s?lo era bajo el ?ndice de natalidad negra debido a la escasez de mujeres negras, sino que adem?s la mortandad era alta. Adem?s, al expirar los contratos con los negreros portugueses y holandeses disminuy? el n?mero de "piezas de Indias", como inhuma namente se nombraba a los esclavos africanos.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

560

BRADLEY BENEDICT

una clase alta y media de unos 380 000 blancos que domi naba a una clase baja de menos de dos millones de indios, mestizos, negros, mulatos y otras castas, incluyendo un nume roso contingente de esclavos. La composici?n demogr?fica de M?xico cambi? totalmente en menos de 20 a?os y para 1700

la introducci?n de sangre nueva y las constantes mezclas dieron por resultado una poblaci?n no ind?gena o semiind? gena equivalente a m?s de la mitad de la poblaci?n ind?gena pura. M?xico se hab?a convertido en el crisol y el mosaico racial que, con continuos cambios demogr?ficos, sigue siendo hasta hoy.

Cambios econ?micos La econom?a del M?xico Habsburgo tuvo un considerable incremento en el siglo xvi, seguido por un receso que se suele

llamar un "siglo de depresi?n",18 pero desde luego, cualita tivamente, la vida econ?mica de la Colonia representaba un cambio considerable. La sustituci?n de los dirigentes ind? genas por dirigentes espa?oles no cambi? de inmediato la estructura econ?mica b?sica puesto que siempre se hab?an producido excedentes para el consumo de la aristocracia so cial y religiosa. Los macehuales aprendieron pronto a culti var el trigo junto con el ma?z y a producir otros productos europeos para sus nuevos se?ores.

Con el descubrimiento de ricas vetas de plata poco antes de 1540, la producci?n de excedentes adquiri? nueva impor tancia.19 En suma, aunque conservando vestigios de feudalis 18 Woodrow W. Borah, New Spain's Century of Depression. Ibero Americana 35, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1951.

19 Hasta 1548, la producci?n de minerales de Nueva Espa?a no fue baja, pues ascendi? a unos 40 500 000 de pesos, especialmente en plata proveniente de las minas de Taxco. Pero en la siguiente d?cada la pro

ducci?n se duplic? con el descubrimiento de ricas vetas en Zacatecas en 1548, Pachuca en 1552, Fresnillo en 1553, Sombrerete en 1555, Temas caltepec en 1555, y otras. Bas?ndose en las cifras de los impuestos sobre la plata que se enviaban a Espa?a, a principios de 1590 la producci?n

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 561

mo espa?ol, la econom?a mexicana empez? a caracterizarse por un capitalismo incipiente. La producci?n de excedentes

estuvo ligada a la producci?n de plata, gran parte de la cual no se consum?a, pues era enviada a Espa?a.20 La producci?n de excedentes de plata contribuy? a la producci?n de exceden tes de productos de consumo. Los colonos, hasta entonces contentos con el consumo de excedentes ind?genas tanto en la ciudad de M?xico como en otras poblaciones, comenzaron a convertirse en productores, adquiriendo propiedades rura les y desarrollando las haciendas de siembra y pastoreo que proveer?an a la creciente poblaci?n minera.21 Naturalmente, las nuevas condiciones econ?micas fomen taron la expansi?n de los negocios y del comercio, con los cambios consecuentes. Las municipalidades ind?genas o his p?nicas a lo largo de las incipientes rutas comerciales se con virtieron en centros mercantiles a escala local, regional o nacional, y muchos espa?oles se dedicaron al comercio. Ade m?s, la accesibilidad de la plata y las necesidades del comer cio en expansi?n fomentaron pronto (1535) una considerable

acu?aci?n de moneda en la Nueva Espa?a.22

ascendi? aproximadamente a 7 000 000 de pesos anuales. V?ase Modesto Bargall?, La miner?a y la metalurgia en la Am?rica espa?ola durante la ?poca colonial. M?xico y Buenos Aires, Fondo de Cultura, 1955, p. 56 64, y G?mez de Cervantes, op. cit., p. 187.

20 No se han tabulado cifras espec?ficas para M?xico, pero suponien

do que los env?os de plata de Nueva Espa?a correspond?an a la parte proporcional de la Colonia en el total del comercio imperial ?el 40% seg?n Pierre y Huguette Chaunu, Seville et VAtlantique (1504-1650), 8 vols.

Paris, SEVPEN, 1955-1958, VIII-1, p, 691?, los embarques de metales preciosos, principalmente plata, tanto privados como p?blicos, pudieron haber ascendido en 1521-1660 a 175 000 000 de pesos seg?n los c?lculos

que hice bas?ndome en el cuadro 1 de Earl J. Hamilton, American

Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1660. Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1934, p. 34.

21 Ver Jos? Matesanz, "Introducci?n jde la ganader?a en Nueva Es

pa?a" y Enrique Florescano, "El abasto y la legislaci?n de granos en el siglo xvi", los dos en Historia Mexicana, XIV:4 (56), p. 533-566, 567-630.

22 Rom?n Beltr?n Mart?nez, "Primeras casas de fundici?n", Historia

Mexicana, 1:3 (3), p. 372-394.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

562

BRADLEY BENEDICT

En resumen, el sistema econ?mico prehisp?nico de agri cultura de consumo, poca producci?n de excedentes, consumo

local o regional, peque?a econom?a de mercado y mucho

trueque, cambi? radicalmente. En su lugar surgi? una eco nom?a de excedentes: plata para la exportaci?n a nivel proto nacional, y productos de consumo para los centros mineros y comerciales, a escala regional o local. Cultivando las cosechas aut?ctonas y con la introducci?n del trigo, la ca?a de az?car, frutas y animales europeos, la ganader?a y la agricultura en M?xico se especializaron y se comercializaron, volvi?ndose capitalistas, extensivas o intensivas, seg?n el caso (extensiva, la ganader?a; intensiva, la agricultura). Sin embargo, las en comiendas y los mayorazgos (vastas extensiones hereditarias no enajenables), vestigios del feudalismo, as? como los mo nopolios p?blicos y privados caracter?sticos del mercantilismo,

fueron un obst?culo al libre juego de la econom?a de mer cado, al cambio monetario y a la empresa capitalista.

A pesar de todo, el comercio mexicano concurri? por pri

mera vez al mercado mundial. A Europa exportaba plata principalmente, adem?s de cochinilla, tintes vegetales, pieles, tabaco y otros productos, y peque??simas cantidades de plata al Lejano Oriente. Recib?a en cambio, con balanza muy des favorable, algunos art?culos manufacturados que alcanzaban precios alt?simos accesibles solamente a los espa?oles.23

Aunque mucho se ha logrado, falta todav?a mucha in vestigaci?n para poder analizar con relativa exactitud los

cambios cuantitativos en la econom?a del M?xico Habsburgo.

Las estad?sticas existentes, fruto de la laboriosidad de estu diosos franceses o incluidas en distintas relaciones por las autoridades coloniales, apoyan la hip?tesis de que la econo m?a mexicana sufri? un receso en el siglo xvn. Los ingresos

de la Real Hacienda en la Caja de M?xico son un buen

?ndice de la situaci?n econ?mica; derivaban de contribucio nes, impuestos, honorarios y ventas, los cuales reflejaban las

variaciones de la actividad econ?mica y del producto colo nial bruto. Tenemos sumarios bien recopilados de 1576 a 23 Pierre y Huguette Chaunu, op. cit., VIII-1, p. 681-718.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 563

Cuadro 3 A?os 1580-1589 1590-1599 1600-1609 1610-1619 1620-1629 1630-1639 1640-1649

1660

Pesos

Fuentes

(cifras redondas)

1 331 550 1 158 670 1 294 340

861 810

1 26 650

Promedios compilados en las

tablas de Pierre y Huguette

Chaunu, op. cit., VIII-1, pp. 763

763.

790 520

1 210 030 1 677 650

Virrey de Alburquerque, "Re

laci?n de los productos...

(1660) ", en Manuel Rivas Cam

bas, Los Gobernantes de M? xico (2 vols. M?xico, Editorial Citlaltepetl, 1962), I, p. 480.

1696

1 500 500

Virrey interino Juan de Or tega y Monta??s, Instrucci?r\ reservada al conde de Mocte zuma, dir. Norman F. Martin.

M?xico, Editorial Jus, 1965; p. 151.

1650, pero poco se ha publicado sobre los a?os siguientes en el siglo xvii.

De los datos del cuadro 3 se desprende que la expansi?n econ?mica ces? en 1589 y que sufri? un serio receso en la d?cada de 1630. El virrey don Luis de Velasco no se equivo caba al advertir en su idioma de 1595 que "todo se va encare ciendo y apurando tan apriesa que antes de muchos a?os ha de sentirse aqu? tanta falta y carest?a... como en esos reynos

(Espa?a)".24

24 Velasco al Rey, 6 de abril de 1595, Archivo General de Indias, Audiencia de M?xico, 58-3-12 (transcripci?n en Bancroft Library, Ber keley, California [en adelante TBL]).

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

564

BRADLEY BENEDICT

Parece que la econom?a comenz? a resurgir por 1640. Pro bablemente el informe de Alburquerque peca de optimismo y los ingresos declarados por el conservador Ortega y Mon ta??s reflejan m?s exactamente la realidad. Aunque al fina lizar el siglo xvn la producci?n colonial bruta era mayor que nunca, la econom?a mexicana estaba muy lejos de ser pr?s pera. La poblaci?n blanca, principal contribuyente fiscal, era seis veces mayor que en 1600, de manera que su situaci?n econ?mica debe haber sido peor al final que al principio del periodo de los Habsburgo. Naturalmente, la situaci?n de la plebe, menos numerosa que antes, tampoco ser?a pr?spera.

Podemos suponer que el "siglo de depresi?n" fue muy pro longado. En realidad abarc? desde fines del siglo xvi hasta bien entrado el xvin.

Cambios religiosos Para completar el cuadro de las transformaciones ocurri

das en el M?xico de los Habsburgo hay que se?alar los

cambios cualitativos y cuantitativos en materia de religi?n.

Cualitativamente M?xico sigui? siendo profundamente reli gioso. Antes y despu?s de 1519 tanto gobernantes como go bernados profesaban una religi?n fomentada y respaldada por el Estado. A dondequiera que penetraban, los espa?oles insist?an en la conversi?n formal de los nativos a la fe cat?

lica. Las antiguas religiones de los aztecas, los mayas y de todos los otros ind?genas, deb?an ser erradicadas en favor de la

nueva religi?n del Estado de los Habsburgo.25 Un motivo de las racionalizaciones de la conquista fue difundir el cris tianismo; la nueva religi?n de M?xico tuvo, as?, un car?cter mesi?nico del que, al parecer, carec?an las antiguas creencias.

Por su experiencia durante la reconquista en Espa?a y la contrarreforma en Europa, los nuevos se?ores de M?xico, ce losos de su fe, hicieron a la glesia romana copart?cipe de la 25 V?ase Charles S. Braden, Religious Aspects of the Conquest of Mexico, Durham, Duke University Press, 1930, p. 36-38.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 565

conquista y colonizaci?n de sus nuevos dominios mediante el Regio Patronato, o Patronato Real, derivado de las bulas papales de 1493, 1501 y 1508, que autorizaban a la monar qu?a castellana a administrar la Iglesia romana en sus domi nios de ultramar.26 Los monarcas espa?oles estaban autori zados para recaudar y distribuir los diezmos, y para intervenir

en la selecci?n y asignaci?n de las investiduras eclesi?sticas, directamente con el nombramiento del clero secular e indi rectamente con la aprobaci?n del regular. El Estado favoreci? la creaci?n de obispados y de provincias religiosas, especial mente durante el reinado del piadoso Felipe II.27 En la forma y en el fondo, la tierra de Quetzalc?atl, Hui tzilopoxtli y Tl?loc se convirti? a un cristianismo monol?tico,

aunque nunca se logr? la fe absolutamente pura, tan cara a los monarcas espa?oles. Aunque millares de indios profesaban exter?ormente la verdadera fe, muchos conservaron en priva do sus antiguas pr?cticas y creencias cre?ndose un sincretismo

cristo-pagano que los misioneros combat?an, ignoraban o to leraban.28 Las continuas tretas de funcionarios venales y la toleran cia de algunos reyes pragm?ticos que permitieron la entrada a Nueva Espa?a de emigrantes no cat?licos, contribuyeron 26 w. Eugene Shiels, King and Church: The Rise and Fall of the

Patronato Real. Chicago, Loyola University Press, 1961, p. 5-6, 77.

27 Antes de que terminara el siglo xvi hab?a seis obispados en Nueva

Espa?a: Tlaxcala-Puebla (1525) , M?xico (1530, elevado a Arzobispado

en 1546) , Antequera o Oaxaca (1535), Michoac?n (1536), Compostela o Guadalajara (1548), y Yucat?n (1561) : El ?ltimo del per?odo Habsburgo fue el obispado de Guadiana o Durango, creado en 1620. V?ase Bravo Ugarte, op. cit., II, p. 128. Las ?rdenes religiosas principales llegaron a M?xico en el siguiente orden: franciscanos en 1524, dominicos en 1526, agustinos en 1533 y jesu?tas en 1572. V?anse mapas que muestran la jurisdicci?n de obispados y provincias en Gerhard, Historical Geogra phy, 18-20. Fue un problema para los contempor?neos y lo es para los historiadores el hecho de que las jurisdicciones eclesi?sticas no coincidie ran con las jurisdicciones pol?ticas.

28 Ver Ernesto de la Torre Villar, "?poca colonial, siglos xvi-xvii", en Miguel Le?n Portilla y otros, Historia documental de M?xico. M?xico, UNAM, 1964, I, p. 176.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

566

BRADLEY BENEDICT

a la adulteraci?n de la fe cat?lica. Llegaron numerosos cripto jud?os y aun simples jud?os, ya que el "regio pase", prerro gativa de la Corona para controlar los movimientos de sus subditos, no se aplicaba estrictamente. Durante el siglo xvi

hubo bastante tolerancia religiosa en la Nueva Espa?a, por lo menos en lo tocante a los blancos, hasta que se implant?,

en 1569, el Santo Oficio de la Inquisici?n. Con ella se cre?

una atm?sfera de intolerancia que dur?, con mayor o menor intensidad, tres cuartos de siglo.29 Durante el siglo xv?n lan

guideci? la actividad misionera excepto en los puntos dis tantes de avanzada.30

Naturalmente, cambi? tambi?n el sacerdocio. Se proscribi? a los antiguos sacerdotes paganos. Ning?n indio, y ?nicamente

unos cuantos mestizos recibieron las ?rdenes sacerdotales.31

Auspiciadas por la Corona y por los conquistadores, las ?r denes religiosas ?especialmente de franciscanos, agustinos y dominicos capaces y dedicados? dominaron la vida religiosa de M?xico por dos generaciones, pero la Iglesia diocesana volvi? por sus fueros y antes de terminar el siglo, el episco pado hab?a recuperado su antigua preeminencia.32 Esto no se logr? sin muchas disputas de jurisdicci?n entre el clero regular y el secular, disputas que se agriaron a?n m?s con la llegada de los jesu?tas y con su r?pido desarrollo. No obs tante las rivalidades, la Iglesia lleg? a ser tan fuerte y pode rosa, que en el siglo xvn hizo peligrar el gobierno, como ve remos m?s tarde.

As? como cambi? la religi?n, los Habsburgo cambiaron 29 Seymour B. Liebman, The Jews in New Spain. Coral Gables, Univer sity of Miami Press, 1969. La Inquisici?n no se aplicaba a los indios.

30 Preocupaciones de un contempor?neo en Ortega y Monta??s,

op. cit., p. 86-94.

31 V?ase un interesante art?culo reciente sobre este tema de Delfina L?pez Sarrelangue, "Mestizaje y catolicismo en la Nueva Espa?a", His toria Mexicana, XXIII: 1 (89) (julio-sept., 1973), p. 1-42.

32 Robert Ricard, La conquista espiritual de M?xico. M?xico, Edito

rial Jus, 1957; passim: Robert C. Padden, "The Ordenanza del Patro

nazgo, 1574: An Interpretative Essay", The Americas, XII (abril 1956), p. 33-354.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 567 tambi?n el antiguo sistema educativo. Con la Conquista, des aparecieron las escuelas laicas y religiosas ind?genas y la Igle sia cat?lica tuvo el monopolio de la educaci?n. Las ?rdenes religiosas primero y el clero secular despu?s fundaron escuelas

y colegios que albergaron a algunos ind?genas y mestizos y a muchos blancos de rango, riqueza o precocidad.33 Con el co rrer del tiempo se permitieron algunas escuelas primarias particulares.34 Casi todas las instituciones educativas, tanto escuelas y colegios de religiosos como la Universidad Real y Pontificia

de M?xico (fundada en 1551), se sosten?an con donativos privados y subsidios p?blicos, pero los Habsburgo concedie

ron a los jesu?tas los medios para su subsistencia. Se les per miti? poseer y explotar gran n?mero de haciendas para el sostenimiento de sus colegios y en esa forma la corporaci?n religiosa, arma indirecta del Estado, lleg? a poseer enormes extensiones de las mejores tierras de labor y de pastoreo.35 La Compa??a de Jes?s y la Iglesia diocesana se convirtieron en los m?s importantes prestamistas e hipotecarios de la Co lonia.36 Si los Habsburgo permitieron el enorme poder econ?mico de la Iglesia, tambi?n la alentaron en su labor humanitaria de magnitud nunca vista antes. El clero seglar y regular y las organizaciones laicas fundaron y sostuvieron hospitales, orfa natorios, asilos, manicomios y diversas instituciones para ali 33 L?pez Sarrelangue, op. cit., p. 7-11 afirma que hab?a bastantes oportunidades de educarse para los indios y los mestizos.

34 Bravo Ugarte, op. cit., II, p. 214.

35 F?lix Zubillaga, "La provincia jesu?tica de Nueva Espa?a, su fun damento econ?mico: siglo xvi", Archivum Historicum Societatis lesu, XXXVIII, enero-junio, 1969; p. 3-169.

36 Fran?ois Chevalier, La formation des grands domaines au Mexique.

Terre et Soci?t? aux XVI^-XVII* si?cles. Paris, Institut d'Ethonologie, 1952; p. 257. En aquellos tiempos algunos contempor?neos aseguraban que la Iglesia monopolizaba la tercera parte de la tierra. V?ase Real C? dula, de 20 de diciembre de 1609, publicada en Richard Kenetzke, dir., Colecci?n de documentos para la historia de la formaci?n social de His panoam?rica, 1743-1810. 4 tomos en 3 vols. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cient?ficas, 1953-1962; II, p. 171-172.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

568

BRADLEY BENEDICT

vio de los menesterosos. Al tiempo que explotaban a las masas y diezmaban a los ind?genas, los espa?oles introdujeron una buena medida de acci?n y de preocupaci?n social.37 Cuantitativamente tambi?n cambi? la vieja religi?n. Du rante el reinado de los Habsburgo proliferaron sacerdotes y conventos. Los antiguos sacerdotes paganos adscritos a los cen tros ceremoniales fueron sustituidos por millares de Padres esparcidos por todos los obispados y provincias con su profu si?n de macizos edificios. Se calcula en m?s de 6 000 el n?mero de cl?rigos en 1644. A fines del siglo, el obispo Ortega y Mon ta??s, con 36 a?os de experiencia en M?xico y Guatemala, se quejaba del exceso de sacerdotes.38 Frailes y doctrineros, mi sioneros y religiosas, padres y monjas oficiaban, meditaban, oraban, estudiaban y ense?aban en un territorio marcado por una multitud de catedrales, monasterios, conventos, iglesias, escuelas, seminarios y misiones. En todas las comunidades espa?olas y en muchas ind?genas florec?an las cofrad?as y her

mandades laicas aprobadas por el rey, que patrocinaban lo mismo las obras piadosas que las fiestas locales. La Iglesia cat?lica, con su extensa red sociorreligiosa, dominaba la vida social y religiosa de la Colonia.

Habiendo considerado los cambios fundamentales en M?

xico bajo los Habsburgo, examinemos en detalle la estruc

tura y las funciones del Estado y las caracter?sticas y origen de sus pol?ticos sobresalientes. Despu?s veremos 1) los obje tivos del reinado Habsburgo; 2) las consecuencias principales de su pol?tica estatal, y 3) las reacciones del Estado ante los conflictos fundamentales que amenazaban a la Colonia.

La estructura y las funciones del Estado El Estado en M?xico era una prolongaci?n del poder pol? tico del rey de Espa?a, rey por derecho divino y se?or de 37 Un buen examen de las racionalizaciones iniciales en Jos? Miranda, Vida colonial y albores de la independencia. M?xico, Sep-Setentas, 1972;

p. 91-98.

38 Bravo Ugarte, op. cit., II, p. 140; Ortega y Monta??s, op. cit.,

p. 87.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 569 todos los pueblos de sus dominios, conforme al pensamiento

de su tiempo. El rey era el Estado y la maquinaria de go bierno eran sus brazos. En la noci?n de la monarqu?a estaba impl?cito el deber y la misi?n divina de procurar el bienestar

de todos sus subditos. Por derecho de conquista, todas las tierras colonizadas en las Indias formaban parte de sus do minios y los ind?genas eran sus vasallos.39 El instrumento de poder supremo del monarca era el ejer cicio de derechos y prerrogativas reales que, en t?rminos de pol?tica, hac?an del rey jefe ejecutivo, ?nico legislador y juez supremo de sus vasallos. Evidentemente, era necesario delegar

poderes en los subordinados, desde el consejo supremo hasta el m?s humilde cabildo, para la administraci?n de cada d?a, pero en todos los niveles, el poder pol?tico no era m?s que la extensi?n o la delegaci?n de las prerrogativas reales.40 Ade m?s, como se?alamos antes, las concesiones papales otorgaron a los Habsburgo el derecho de intervenir en el gobierno de

la Iglesia en las Indias y el rey era la cabeza de la Iglesia

indiana no en cuestiones de dogma, pero s? en cuestiones ad ministrativas.41 El espacio no nos permite describir detalladamente la evo luci?n de las instituciones pol?ticas y eclasi?sticas que eran instrumentos del poder ejecutivo, legislativo, judicial y ecle si?stico de los Habsburgo. Concentraremos nuestra atenci?n en el Estado y en la Iglesia a fines del siglo xvi cuando, tras vicisitudes y errores, la administraci?n espa?ola de la Colo nia qued? firmemente establecida.

A ra?z de la conquista, los monarcas espa?oles dieron for ma al gobierno y a la administraci?n civil y militar que pos teriormente se fue complicando de diferentes maneras. La ad ministraci?n de las iglesias seglares y regulares, el Santo Oficio 39 V?ase Jos? Mar?a Ots Capdequ?, El Estado espa?ol en las Indias.

M?xico, El Colegio de M?xico, 1941; y John H. Parry, Spanish Theory of Empire in the Sixteenth Century. Cambridge, University Press, 1948.

40 V?anse conceptos de un contempor?neo en Juan de Sol?rzano y Pereyra, Pol?tica indiana... 2 vols. Madrid, 1776, libro V, cap?tulo 7.

41 Adem?s de Shiels, op. cit., v?ase P. Letunia, S. J., "El origen his t?rico del Patronato de Indias", Raz?n y Fe, LXXVIII (1927), p. 20-36.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

570

BRADLEY BENEDICT

de la Inquisici?n y el manejo de organizaciones privadas o semip?blicas fueron sometidas a la intervenci?n real y se uti lizaron como instrumentos informales de una extensa buro

cracia.

Como vemos en el diagrama 1, por el a?o de 1600 la bu rocracia de la administraci?n imperial se hab?a convertido en una alianza de estructura jer?rquica entre Estado e Igle sia, ambas con ramificaciones.42 En la c?spide, el rey de Es pa?a ejerc?a su poder por medio del Consejo Real y Supremo de Indias.43 Formado por un cuerpo selecto de consejeros y asistentes, el Consejo de Indias era a la vez consejero y ejecu tivo, y todo lo relacionado con la administraci?n imperial

pasaba por sus manos, lo mismo el nombramiento de un

funcionario que el estudio de un documento oficial.44 A nom bre del rey, los consejeros firmaban las ?rdenes ejecutivas y los decretos legislativos y eran la suprema corte de apelaci?n en asuntos coloniales. Entre todos sus poderes, el de mayor responsabilidad era el derecho de investigar y de aprobar, condenar o castigar la gesti?n de toda agencia y todo funcio nario colonial, para lo cual se instituyeron las visitas y los juicios de residencia.45

42 A diferencia del concepto moderno de separaci?n de poderes, los Habsburgo consideraban a la Real Hacienda independiente del gobierno civil y dentro del ?ltimo entremezclaban los poderes legislativos, ejecu tivos y judiciales. Tambi?n diferenciaban los asuntos de guerra, pero las responsabilidades en materia militar reca?an sobre funcionarios del gobier no civil. Por el contrario, el gobierno eclesi?stico que gobernaba la Iglesia estaba dividido en ramos con funciones perfectamente se?aladas.

43 Ernesto Sh?fer, El consejo real y supremo de las Indias. 2 vols.

Sevilla, Gr?ficas Sevillanas, 1935-1947, I. 44 Las obligaciones del consejo se se?alan en Recopilaci?n de leyes

de reynos de las Indias, dir. R. Men?ndez Pidal. 3 vols. Madrid, Gr?

fica Ultra, 1943; libro II, t?tulo 2, ley 6. Aparecen reproducidas en "Las ordenanzas de 1571 del real y supremo Consejo de las Indias", Anuario de Estudios Americanos XIV, 1957; p. 363-423.

45 Las visitas eran investigaciones muy detalladas del desempe?o de

funcionarios o agencias gubernamentales realizadas por uno a tres

visitadores. Las Residencias eran las investigaciones del desempe?o que se realizaban por ley al final del ejercicio de cada funcionario.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

RAMO DE REGULARES

PROVINO AS

MISIONEROS Y OTROS

JEFES DE

SANTO OFICIO TRIBUNAL DE

RAMO SECULAR RAMO DE INQUISICI?N

DOCTRINEROS FAMILIARES

-EL PONTIFICADO

BRAZO OE LA IGLESIA DOCTRINEROS

-SANTA OFICINA DE LA INQUSQ?N

?JEFES SUPREMOS DE ?RDENES

REGULARES

(MENORES)

(MAYORES)

CURAS

CURAS

CONSEJO OE INDIAS

ca. 1600

LA ORGANIZACI?N JER?RQUICA DEL ESTADO Y DE LA IGLESIA EN LA GOBERNACI?N DE M?XICO HABSBURGO,

REY

(PRIVAOO )

CORREGIDORES

Diagrama 1

OE INDIOS CONTRATACI?N

CASA OE .

DE ESRANOLES

CORREGIDORES

CONSEJO DE CASTILLA -

CONSEJO DE HACIENDA RAMO DE GOBIERNO CIVIL

CONSEJO DE GUERRA

GOBERNADORES

BRAZO DEL ESTADO

ESPA?A

CONTADUR?A AUDIENCIA

DE CAJAS MAYORES OFICIALES REALES

DE CUENTAS

DE CAJAS MENORES OFICIALES REALES

RAMO DE HACIENDA LOS OFICIALES

TENIENTES DE

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

572

BRADLEY BENEDICT

El Consejo ten?a ligas con otras agencias, consejos y jun tas. A trav?s de la vieja junta colonial de comercio o Casa de Contrataci?n, el Consejo de Indias manejaba el comer cio de ultramar y recaudaba los impuestos de exportaci?n e

importaci?n as? como el quinto real proveniente de las colo nias de Am?rica. Aunque nominalmente era independiente, en la pr?ctica el Consejo consultaba con el Consejo de Cas tilla, la Junta Real de Hacienda y la Junta de Guerra.46

Adem?s, a nombre del rey, el Consejo de Indias ten?a

facultades para vigilar todos los aspectos del gobierno inter no de las colonias, especialmente en cuestiones eclesi?sticas, pero tambi?n de las organizaciones civiles. Asum?a las pre

rrogativas del Patronato Real sobre investiduras, gajes y distribuci?n de los religiosos en las posesiones de ultramar.

Naturalmente que los altos dignatarios eclesi?sticos influ?an en las decisiones.

En el siglo xvi, los primeros monarcas Habsburgo y su competente Consejo de Indias llevaron con mano firme las riendas del gobierno, pero las manos de sus sucesores lo debi litaron. En el siguiente siglo reinaron monarcas ineptos do minados por favoritos corruptos o incapaces de enfrentarse a problemas de dif?cil soluci?n. En consecuencia, el Consejo estuvo plagado por la incompetencia y la venalidad. Enfras cados en luchas por el poder y el predominio en Europa, los Habsburgo llevaron a Espa?a a la quiebra y empobrecieron al pueblo.47 La riqueza proveniente de ultramar daba una ilusi?n de prosperidad muy pasajera, pues pronto se despil farraba, pero la burocracia real prevaleci? como puede verse al estudiar la situaci?n de M?xico.

Al terminar el siglo xvi la administraci?n del Estado en M?xico lleg? a su apogeo. Fue notable la administraci?n del virrey don Luis de Velasco II, de 1590-1595 y 1607-1611. La 46 Clarence Haring, Comercio y navegaci?n entre Espa?a y las Indias

en la ?poca de los Habsburgo. M?xico, 1939, p. 1-10; y The Spanish

Empire in America. New York, Oxford University Press, 1952, p. 99-100,

284.

47 Ver J. H. Elliott, Imperial Spain, 1469-1716. New York, St. Mar tin's Press, 1966, p. 317-353.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 573 colonizaci?n espa?ola hab?a madurado, el sistema de gobierno se institucionaliz? y el virrey era un gobernante excelente,

capaz y adaptable. Como don Luis de Velasco es un perso naje importante aunque mal reconocido en la historia de

M?xico colonial, veamos c?mo funcionaba la estructura del Estado durante su periodo de servicio.48 Como los otros virreyes, don Luis de Velasco gobernaba el Estado Habsburgo en M?xico mediante las prerrogativas reales delegadas directamente por el monarca o indirecta mente a trav?s del Consejo de Indias,49 y nominalmente ten?a poder absoluto como representante del rey. En la pr?ctica era solamente un engrane en la gigantesca maquinaria burocr? tica. Un virrey, lo mismo en la Nueva Espa?a que en el Per?, estaba rodeado de muchos funcionarios importantes desig

nados por el rey, todos los cuales pod?an llegar hasta el

monarca o sus consejeros. Adem?s, sus funciones depend?an de la voluntad del rey, pues el nombramiento era temporal y no vitalicio.

El virrey Velasco, como sus predecesores y sus sucesores, era el jefe ejecutivo y el principal legislador del Estado me xicano, pero sus disposiciones en materia civil se discut?an en "acuerdos" con los altos consejeros de la Colonia,50 o sea

con los oidores de la Real Audiencia, suprema corte del

48 El notable hijo del virrey don Luis de Velasco I, don Luis II, recibi? una excelente preparaci?n para su carrera p?blica, sirviendo pri mero como corregidor de indios y como regidor de la ciudad de M?xico.

Como virrey, introdujo medidas destinadas a reanimar la econom?a, me jorar la suerte de los indios, reformar la Real Hacienda, aumentar la eficiencia de la Audiencia e impedir las inundaciones en la ciudad de M?xico. Manuel Rivera Cambas hace una s?ntesis de su carrera en Los Gobernantes de M?xico. 2 vols, M?xico, Imprenta de Aguilar Ortiz, 1872; I, p. 65-70, 87-97.

49 Las instrucciones normales a los virreyes se encuentran en Reco pilaci?n de leyes, libro III, t?tulo 3, ley 2 50 De no indicar lo contrario, para todo lo referente a las funciones del virrey de Velasco me he basado en su relaci?n a su sucesor en Frances B. Scholes and Eleanor B. Adams, dirs., Advertimientos generales que los virreyes dejaron a sus sucesores para el gobierno de Nueva Espa?a, 1590-1604. M?xico, Editorial Porr?a, 1956, p. 41-67.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

574

BRADLEY BENEDICT

Reino de la Nueva Espa?a. Los oidores eran siempre letra

dos, nacidos y educados en Espa?a, ilustres como consejeros del rey o como jueces y con frecuencia los largos a?os de servicio les daban una experiencia de los asuntos coloniales muy superior a la del virrey.51 En caso de fallecimiento o incapacidad del virrey, la Audiencia deber?a gobernar la Co lonia mientras llegaba un nuevo virrey o se nombraba un virrey interino.52

En cuanto a lo judicial, el virrey Velasco s?lo ten?a pode res en materia administrativa. Como virrey, era presidente de la Audiencia de M?xico,53 pero los presidentes que no eran letrados no pod?an pasar sentencia como jueces supremos y, obviamente con toda intenci?n, la corona nunca nombr? vi rrey a un letrado. No obstante, un virrey avispado pod?a afec

tar el curso de la justicia con el ejercicio de sus diversos derechos. Pod?a presidir los juicios; se?alar los jueces de causa, y pod?a decidir que determinados casos se vieran

como causas administrativas y no judiciales.54 Sobre esta ?l tima base, don Luis de Velasco cre?, con la aprobaci?n del

51 Los oidores participaban como justicias en causas civiles. Los al caldes del crimen o?an las causas criminales. Los virreyes se asesoraban frecuentemente por ambos, as? como por los fiscales (consejeros legales y fiscales de oficio). Los letrados ambiciosos y capaces, con frecuencia ascend?an de fiscal a alcalde del crimen y finalmente a oidora A veces con cada ascenso se les trasladaba a otra de las 9 Audiencias que hab?a en la ?poca Habsburgo. De Sch?fer, op. cit., II, p. 451-459, tom? que hubo cerca de 129 oidores numerarios en la Audiencia de M?xico en la ?poca Habsburgo, 45 de los cuales fueron antes alcaldes del crimen nu merarios en M?xico. Es interesante notar que cuarenta de los 73 alcaldes del crimen numerarios de esa ?poca fueron anteriormente oidores en audiencias secundarias. Serv?an por un promedio de 9 a?os. El Lie. Pedro Farf?n sirvi? 27 a?os, de 1567 a 1594.

52 Durante el per?odo Habsburgo, bajo la presidencia del oidor de cano, la audiencia ejerci? el control colectivo seis veces, para un total acumulado de seis a?os y medio. V?ase Rubio Man?, op. cit., I, p. 204.

53 V?ase Rubio Man?, op. cit., I, p. 51-79.

54 Lillian Estelle Fisher, Viceregal Administration in the Spanish American Colonies. Berkeley, University of California Press, 1926, p. 156.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 575 rey, el Juzgado de Indios, donde ?l mismo juzgaba los litigios presentados por los ind?genas.55 Don Luis vigilaba la tesorer?a en el gobierno de la Real Hacienda, siempre asesorado por los oficiales reales que guar daban la llave y llevaban los libros de la caja de M?xico y de

otras cajas. Las decisiones finales en cuesti?n monetaria

depend?an de una junta superior de real hacienda, formada por oficiales reales, oidores y virrey, pero cuando don Luis de Velasco asumi? el poder, no contento con los m?todos contables de los oficiales reales, gestion? la creaci?n de una contadur?a de cuentas.56 Con esto el contador en jefe fue pronto mucho m?s importante que los principales oficiales reales y, de paso, se limitaron los poderes del virrey.

Como capit?n general de la Nueva Espa?a, Velasco puso de relieve sus cualidades administrativas. Aunque no era hom bre de armas, era comandante general del virreinato,57 fun ci?n que desempe?aba consultando muy poco a los oidores.

Personalmente se ocup? de la defensa del reino y dio los nombramientos militares que, como de costumbre, reca?an en los jefes pol?ticos.

Por los privilegios del Patronato Real, el virrey tambi?n ten?a prerrogativas sobre la administraci?n del gobierno ecle si?stico. Serv?a como vicepatr?n de la Iglesia haciendo reco mendaciones a la corona sobre las investiduras y la concesi?n de beneficios, y en nombre del rey asignaba curatos y distri bu?a las provincias de las ?rdenes religiosas ?siempre, natu ralmente, asesorado y presionado por la jerarqu?a correspon 55 Velasco al rey, 8 de octubre de 1590, Archivo General de Indias (en adelante AGI), Audiencia de M?xico, 8-3-11 (TBL).

56 Sus quejas cuando estuvo en el Per? dieron lugar a reformas en M?xico tambi?n. Fue virrey del Per? en 1596-1603. V?ase Velasco al Rey, 10 de abril de 15977, en Roberto Levillier, dir., Gobernantes del Per?, Cartas y papeles, siglo xvi. 14 vols. Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1921-1926; XIV, p. 29. V?ase tambi?n Sch?efer, op. cit., II, p. 175.

57 Los poderes se definen en Recopilaci?n de leyes, libro II, t?tulo 15, ley 43 Ejemplos de su aplicaci?n en Phillip W. Powell, "Peacemaking in North America's First Frontier", The Americas, XVI (enero, 1960), p. 221-250.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

576

BRADLEY BENEDICT

diente.58 Ya sea obrando por cuenta propia o de acuerdo con los oidores, dictaminaba en las disputas sobre jurisdicci?n entre el clero seglar y regular y entre los cuerpos eclesi?sticos

y los laicos.59 Aunque estaba involucrado en la burocracia de Espa?a, no formaba parte de ella.

Partiendo de la ciudad de M?xico, el poder pol?tico de Ve lasco se extend?a sobre varios escalones inferiores del gobierno,

pero en la pr?ctica su poder se desafiaba o se obstru?a ?y tambi?n se acataba. El problema se deb?a en parte a que los Habsburgo nunca llegaron a establecer un sistema de pode res y obligaciones bien definido para los reinos, provincias, distritos y municipalidades.60 Adem?s, era muy com?n que el virrey no eligiera a los oficiales civiles y que desde los

gobernadores hasta los regidores fueran designados por el rey.

Don Luis de Velasco gobern? el Reino de la Nueva Es

pa?a y presidi? la Audiencia de M?xico con singular compe tencia. Vigil? estrechamente el sistema civil y jur?dico de los corregimientos y alcald?as de espa?oles y los corregimientos y sujetos de indios.61 Los jefes de las jurisdicciones ?corregi dores y alcaldes mayores? asesorados por los cabildos de sus cabeceras, ejerc?an poderes legislativos, ejecutivos y judicia les en su jurisdicci?n.62 Por lo general las ?rdenes circulaban 58 V?ase Real C?dula, 16 de mayo de 1609, en Konetzke, Colecci?n,

II, p. 150.

59 Velasco al rey, 8 de octubre de 1590, AGI, Aud. de M?xico, 58-3

11 (TBL).

60 Como se ve en Diagrama I, el virrey pod?a tratar directamente con corregidores y alcaldes mayores. A niveles inferiores el gobierno po d?a comunicarse directamente con el Consejo de Indias y viceversa.

61 Generalmente en la Nueva Espa?a se nombraban corregidores de espa?oles en algunos de los principales municipios y alcaldes mayores en los niveles intermedios o inferiores. Los cabildos locales por lo gene ral eleg?an a sus tenientes de corregidores y de alcaldes mayores, previa aprobaci?n de los corregidores y alcaldes mayores. Un acertado examen del gobierno municipal en Frederick B. Pike, "The Municipality and the System of Checks and Balance in Spanish Colonial Administration", The Americas, XV, octubre, 1958, p. 135-158.

62 As? como el Consejo de Indias asesoraba al rey y la Audiencia al virrey, los cabildos asesoraban a los jefes en niveles inferiores de gobierno.

Sin embargo, los corregidores no ten?an poder judicial.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 577 a trav?s de los caminos jer?rquicos hacia abajo y los informes y apelaciones hacia lo alto. Los poderes del virrey permit?an a Velasco la iniciaci?n de visitas y la revisi?n de residencias, transmitiendo los informes al Consejo de Indias.

En otros sitios del Estado mexicano de los Habsburgo, el

poder de don Luis de Velasco variaba. En la Nueva Galicia

era puramente nominal. Al fundarse ese reino en 1543 se cre?

en Guadalajara otra audiencia, con poderes gubernamentales semiindependiente del poder del virrey y de la Audiencia de la ciudad de M?xico. La Audiencia de Guadalajara, con miem bros elegidos directamente por la corona, nunca se someti? de buen grado a la autoridad de la ciudad de M?xico.63

Cuando en 1563 se cre? el Reino de Nueva Vizcaya con parte del territorio de Nueva Galicia, la Audiencia de Gua dalajara conserv? sus derechos judiciales sobre el territorio enajenado, a pesar de que el virrey detentaba el poder legis lativo y judicial sobre el nuevo reino.64 Esta situaci?n se pre sent? tambi?n en Nuevo M?xico, Nuevo Le?n y Coahuila.

Yucat?n y Tabasco, como dijimos antes, permanecieron unidas al virrey y a la Audiencia.65 El gobierno del virrey De Velasco siempre encontr? obs t?culos de diversa ?ndole. Primeramente, la corona daba nombramientos reales a gobernadores y a corregidores de es pa?oles, as? que los m?s altos funcionarios de la capital y los jefes de las mayores subdivisiones pol?ticas no eran elegidos por el virrey. Frecuentemente eran peninsulares que serv?an 63 Como nota curiosa, durante el per?odo Habsburgo la Audiencia de Guadalajara estuvo presidida en diferentes ocasiones por diez anti

guos oidores de la Audiencia de M?xico. V?ase Sch?fer, op. cit., II,

p. 451-459. El virrey Cerralbo recomend? la desaparici?n de la Audien cia de occidente. V?ase "Relaci?n...", 17 de marzo de 1636, en Mariano Cuevas, dir., Descripci?n de la Nueva Espa?a, p. 229.

64 John H. Parry, The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century. Cambridge, University Press, 1948, p. 88-96, discute problemas de jurisdicci?n. Tambi?n Guillermo Porras Mu?oz, Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya (1562-1821). Pamplona, Universidad de Navarra, 1966.

65 El espacio disponible no permite analizar los poderes del virrey sobre las posesiones de Cort?s. V?ase Garc?a Mart?nez, op. cit.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

578

BRADLEY BENEDICT

por poco tiempo (de tres a cinco a?os) y que se ocupaban m?s de los intereses de Espa?a que de los de M?xico. En

segundo lugar los Habsburgo, siempre en apuros monetarios, con frecuencia vend?an los puestos p?blicos, temporalmente o a perpetuidad. Esto se vio mucho en los cabildos y los corre gimientos espa?oles, y las alcald?as se llenaron de regidores vitalicios. Por ?ltimo, hab?a el problema de la distancia y la falta de comunicaciones que propici? la creaci?n de oligar qu?as pol?ticas y socioecon?micas en las regiones remotas. La lejan?a permit?a que las oligarqu?as respetaran la autoridad del virrey, pero siempre manejando a su gusto el poder po l?tico.

Se esperaba que el virrey manejara el tesoro mexicano con cierta independencia de la jerarqu?a gubernamental. En el diagrama 1 vemos una jerarqu?a especial para la tesorer?a muy semejante, pero separada de la organizaci?n civil. Sola mente el virrey y los oidores (y en menor grado los gober nadores y algunos corregidores) ten?an derecho a intervenir en los actos de los tres oficiales reales encargados de cada caja. En cambio, los oficiales reales ejerc?an considerable in fluencia sobre el poder civil. En M?xico, Puebla, Veracruz,

Guadalajara, Zacatecas, Durango, Oaxaca y M?rida, donde

quiera que hubiera una caja, los oficiales reales ten?an voz y voto sobre los regidores de los diferentes cabildos.66 En tiempos del virrey Velasco, la organizaci?n seglar y re gular de la Iglesia estaba mucho mejor regulada que la infra estructura del Estado.67 El alto clero, especialmente el dioce sano, se hab?a vuelto rico y poderoso. La figura del arzobispo 66 Real C?dula, 1 de octubre de 1598, reproducida en Konetzke,

Colecci?n, II, p. 54-55. La compra de puestos, la perpetuaci?n de corre gidores y la participaci?n de oficiales reales se discute ampliamente en

Aurola Flores Olea, "Los regidores de la Ciudad de M?xico en la pri

mera mitad del siglo xvn", Estudios de historia novohispana. M?xico, UNAM, 1970; III, p. 149-172.

67 Las peri?dicas juntas eclesi?sticas entre 1525 y 1544 y los conci lios de 1555, 1565 y 1585, contribuyeron, entre otras causas, a facilitar la organizaci?n de la Iglesia en M?xico. Ver Bravo Ugarte, op. cit., II,

p. 133.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 579 era tanto o m?s importante que la del virrey y lo mismo po d?a decirse de los obispos y de los gobernadores provinciales.

Entre el clero bajo, la influencia y el bienestar depend?an de su propia personalidad y de la generosidad de su parroquia.

Entre las ?rdenes religiosas, la disciplina, la dedicaci?n ?y el poder? de los jesuitas se conserv? y se aument? a media dos y finales del periodo Habsburgo mientras que las otras ?rdenes y el clero diocesano sufrieron a veces por el antago nismo entre criollos y peninsulares.

Aparte de la reciprocidad entre Estado e Iglesia sobre la fidelidad que el pueblo deb?a a ambos, hab?a otros factores que favorec?an la enorme influencia de la Iglesia en el go bierno de la sociedad mexicana. El m?s importante era segu ramente la primac?a y pr?cticamente monopolio de la Iglesia en cuestiones educativas, servicio social y pr?stamos, esferas que hoy en d?a se consideran competencia del gobierno civil.

Adem?s, la Iglesia actuaba como tribunal de testamentar?as, as? que los jueces y las cortes eclesi?sticas afectaban ? innu

merables presuntos herederos de bienes ra?ces.68 Muchos religiosos dedicaron su vida al ministerio en las Indias y ad quirieron m?s experiencia en asuntos administrativos que la que ten?an los funcionarios p?blicos. Por costumbre, los re yes espa?oles se asesoraban y confiaban en prelados estima bles y con frecuencia el alto clero desempe?? funciones civi

les. Tal fue el caso de fray Garc?a Guerra, arzobispo de

M?xico, que sucedi? al virrey don Luis de Velasco.69 No podemos pasar por alto una multitud de organismos burocr?ticos de mayor o menor importancia, aprobados y re gulados por el Estado y que eran por s? mismos estructuras

68 Recopilaci?n de Leyes, libro I, t?tulo 10, ley 1; J. Lloyd Mecham, Church and State in Latin America. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1934, p. 34-37. Tambi?n buen material en Nancy M. Farris, Crown and Clergy in Colonial Mexico, 1759-1821. London, Athlone Press, 1968, p. 149-172. Contribu?a a la fuerte posici?n de la Iglesia el que los cl?rigos no estuviesen sujetos a juicio en las cortes del ramo civil.

69 Seg?n Rubio Man?, op. cit., I, p. 204-205, tres arzobispos y cuatro obispos fueron virreyes interinos. El arzobispo Henr?quez de Rivera fue virrey interino de 1673 a 1680.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

580

BRADLEY BENEDICT

de poder. Podemos citar las ?rdenes militares, la Mesta, el Consulado, los gremios, las cofrad?as y diversos grupos con intereses muy particulares que tambi?n favorec?an la crea ci?n y la perpetuaci?n de oligarqu?as que el Estado pod?a manipular pero que, a su vez, ejerc?an presi?n sobre el Es tado,70 especialmente en la ciudad, donde las ?rdenes mili tares, la Mesta y el Consulado eran tan poderosos y los gre mios tan numerosos.

Seg?n se ejemplifica por la estructura de poder vigente durante la gesti?n del virrey Velasco II, el Estado Habsburgo en M?xico se fundaba en una administraci?n central con com

ponentes descentralizados, como se ve en las estructuras de poder prevalecientes durante el virreinato de don Luis de Velasco. La eficacia del virrey depend?a de su habilidad para

maniobrar dentro de una extensa burocracia y dentro de gru pos con intereses particulares. Ten?a que ser un agente de unificaci?n y de equilibrio y al mismo tiempo, si su habili dad era superior, ten?a que conservar y mejorar el bienestar de la sociedad. Sus superiores, sus iguales y sus inferiores le imped?an ejercer una autoridad absoluta pero, a su vez, po d?a impedir que un determinado grupo o funcionario p?bli co ejerciera demasiado poder. Este equilibrio lo pod?a lograr ejerciendo sus derechos, por la buena o por la mala, o mani pulando con diplomacia a los diferentes grupos para que por s? mismos impidieran la acumulaci?n de poder. Adem?s ten?a que conservar el consentimiento de todos los personajes im portantes a su alrededor.71

70 Sobre las ?rdenes militares, v?ase Guillermo Lohman Villena, Los americanos en las ?rdenes nobiliarias (1529-1900). 2 vols. Madrid, Insti tuto Gonz?lez. Fern?ndez de Oviedo, 1947, I, p. xiii-lix; sobre la Mesta (la gran corporaci?n de ganaderos), William H. Dusenberry, The Mex ican Mesta: The Administration of Ranching in Colonial Mexico. Urbana, University of Illinois Press, 1963; sobre el Consulado (gran corporaci?n de mercaderes), Robert S. Smith, The Spanish Merchant Guild a His tory of the Consulado, 1650-1700. Durham, Duke University Press, 1940; sobre los gremios, Francisco del Barrio Lorenzot, die, Ordenanzas de gremios de la Nueva Espa?a. M?xico, Secretar?a de Gobierno, 1920.

71 Penetrante estudio del variable poder de los individuos y la dis persi?n del poder entre grupos contrapuestos, es el de John L. Phelan, This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 581

Velasco hizo una buena labor, pero no se puede decir lo

mismo de todos los virreyes. En el siglo xvi sobresalieron tres:

Antonio de Mendoza, Luis de Velasco, el Viejo, y Mart?n Enr?quez de Almanza, hombres fuertes y persuasivos dirigen

tes de hombres e instituciones. En cambio el Marqu?s de Falces y el Marqu?s de Villamanrique fueron impopulares y hubo que deponerlos.

En general, los sucesores de Velasco, en el siglo xvn fueron

incapaces. La depresi?n complic? la debilidad del mando y algunos virreyes, como Gal vez, Ba?os y Villena se enemis taron con sus colaboradores importantes. Unos cuantos, entre

ellos Alburquerque, no tuvieron ocasi?n de probar su habi lidad, pero la mayor?a simplemente hizo funcionar el aparato guernamental o, para ser m?s exactos, el aparato guberna mental los conserv? en funciones.

El conglomerado burocr?tico de agencias funcionales y grupos con intereses espec?ficos, parec?a controlar y estabili zarse por s? mismo. En s?ntesis, el M?xico del siglo xvn pa rece haber sido administrado por un estado invertebrado.72 El cambio en la extracci?n social de los pol?ticos sobresa lientes, especialmente de los virreyes, as? como de los funcio

narios menores, prohij? el cambio de car?cter del Estado mexicano. No se ha investigado a fondo esta cuesti?n, par ticularmente en lo que respecta al siglo xvn, pero lo que sigue

es un intento de explicaci?n.

Or?genes sociales y otras caracter?sticas de los pol?ticos sobresalientes

Con raras excepciones, los virreyes pose?an t?tulo rios.73 Los cuatro que no pose?an t?tulos, eran hijos

"Authority and Flexibility in the Spanish Imperial Bure

Administrative Science Quarterly, V, junio, 1960, p. 47-65.

72 Mi frase proviene de Jos? Ortega y Gasset, Espa?a inver 1921, seg?n fue extendido el concepto a la sociedad de Nuev por Lyle McAllister, "Social Structure and Social Change in Ne Hispanic American Historical Review, XLIII, agosto, 1963, p. 3 73 Si no se advierte lo contrario, para esta secci?n me he Rubio Man?, op. cit., I, p. 215-262.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

582

BRADLEY BENEDICT

de casa noble, como Antonio de Mendoza y Mart?n Enri que de Almanza, o hidalgos, hijos de se?ores, como Luis de Velasco y Alarc?n y Luis de Velasco y Castilla (I y II respectivamente). Esto significa que en el siglo xvi la excep ci?n fue la regla, pues el virreinato de estos cuatro abarc?

46 de los primeros 60 a?os de gobierno virreinal. La exce lente administraci?n de estos cuatro virreyes permite suponer

que los primeros monarcas Habsburgo seleccionaban cuida dosamente a hombres talentosos entre las capas intermedias de las clases altas, hombres deseosos de adquirir fama y for tuna en servicio del rey. Nunca se dijo que estos virreyes pretendieran independizarse, como se dijo de Hern?n Cort?s y de su hijo, Mart?n. La flexibilidad pol?tica y social de los primeros a?os del imperio indujo a los dos primeros monar cas Habsburgo a otorgar o trasladar un m?nimo de t?tulos

nobiliarios a las Indias, de manera que s?lo hubo cuatro

virreyes titulados que, en conjunto, no llegaron a gobernar

ni doce a?os.

Durante el siglo xvn la debilidad de la monarqu?a y la inmensa burocracia de ultramar se unieron para cambiar la pol?tica real. Exceptuando a Luis de Velasco II, que fue

virrey por segunda vez de 1607 a 1611, todos los dem?s fue ron nobles de mayor o menor rango.

Y si las primeras designaciones se deb?an al talento, mu chas de las siguientes se debieron al favoritismo o la venali dad, y los protegidos del rey manejaban los asuntos imperia les, casi siempre en provecho propio.

Los or?genes y la carrera de muchos virreyes de la ?poca

Habsburgo merecen un estudio aparte que no cabe en esta obra. En el ap?ndice III tenemos un sumario de los hechos sobresalientes de cada uno de los 24 virreyes de esos tiempos.

La edad, estado civil y periodo de gesti?n fue muy variable.

Eran hombres maduros al llegar a M?xico, de cerca de los 40 a?os, aunque Montesclaros ten?a solamente 32. Ocho eran viudos, 15 viajaron con sus esposas y el Marqu?s de Gelves dej? a la suya en Espa?a. En promedio, su gesti?n dur? poco m?s de 6 a?os, aunque Antonio de Mendoza sirvi? m?s de 15 a?os y el Duque de Veragua solamente 23 d?as. Las pri This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 583

meras gestiones duraron un promedio de 8 a?os contra 5 en el siglo xvn. Nueve virreyes pasaron a virreyes del Per? con m?s prestigio y mejor paga. Durante el periodo de los Habs burgo, 3 virreyes murieron durante su gesti?n, 5 fueron de puestos y 2, o quiz?s m?s, renunciaron.

Casi sin excepci?n, todos los virreyes estuvieron emparen tados por nacimiento o por matrimonio ?por lo menos late ralmente hasta el grado de primo y verticalmente al grado de bisabuelo. Esto se debi? principalmente a los matrimonios consangu?neos de la nobleza espa?ola y a que, por otro lado, algunas familias ocupaban tradicionalmente altos puestos ad ministrativos tanto en Espa?a como en las Indias. ?se fue el caso de las familias Mendoza y Velasco en el siglo xvi, y Alburquerque en los siguientes. Por esos matrimonios con sangu?neos, muchos virreyes del siglo xvn pose?an varios t? tulos de nobleza y tres de ellos eran grandes de Espa?a.

El ap?ndice III tambi?n revela que la mayor?a de los vi rreyes hab?an tenido alg?n entrenamiento militar, cosa muy natural en esos tiempos de constante guerrear. Tampoco es raro que 7 de los virreyes hubiesen tenido cargos administra tivos o diplom?ticos. Eran caso raro los 8 virreyes que no tuvieron ninguna experiencia militar y los 3 que no tuvieron un cargo administrativo o diplom?tico anterior. Trece de los virreyes Habsburgo pertenecieron a la orden militar de San tiago y 4 a la de Alc?ntara.

Sin duda obedeciendo a los deseos del rey y a los intereses de la aristocracia espa?ola, la mayor?a de los virreyes proce

d?a del centro oeste de Espa?a, principalmente de Nueva

Castilla. Ninguno vino del oriente ni de Arag?n, pues, des pu?s de todo, las Indias estaban ligadas a la corona de Cas tilla. La mayor?a de los colonos proced?an de un gran semi c?rculo, desde Andaluc?a a Navarra. Durante el siglo xvi los espa?oles de levante, que resent?an el predominio de Casti lla, no emigraron a Am?rica y, adem?s, para los levantinos era m?s atractivo el Mediterr?neo que el Atl?ntico.

En tiempos de los Habsburgo hubo un virrey nacido en Am?rica o sea, criollo. Fue don Lope Diez de Aux de Armen d?riz, nacido en Quito en 1573, donde su padre presid?a la This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

584

BRADLEY BENEDICT

Audiencia. Don Lope fue criollo de nacimiento, pero se edu

c? y se crio en Espa?a; en cambio, don Luis de Velasco II fue criollo por la experiencia, aunque no por nacimiento.

Pas? a Am?rica a los 11 a?os y regres? ya viejo a Espa?a.

Poco antes de morir recibi? el t?tulo de Marqu?s de Salinas del R?o Pisuerga, en premio a 50 a?os de fiel servicio en Am? rica y Espa?a.

El caso de los virreyes Velasco muestra el cambio en la pol?tica de los Habsburgo. El primer don Luis nunca recibi? un t?tulo y al segundo se le otorg? en su ancianidad, pero a principios del siglo xvn un sobrino del segundo don Luis recibi? el primer t?tulo concedido a un criollo residente en Nueva Espa?a: don Fernando Altamirano y Velasco fue el primer Conde de Santiago de Calimaya. Al extinguirse en Es

pa?a la descendencia directa de don Luis de Velasco II, se

permiti? que el t?tulo de Marqu?s de Salinas pasase a la fami

lia del Conde de Santiago de Calimaya, que para entonces era uno de los nobles m?s importantes en la pol?tica de M?

xico.74 De paso se?alaremos que poqu?simos t?tulos nobiliarios

de M?xico datan de antes de los finales del siglo xvi. Hasta 1682 s?lo hab?a 3 condados, aparte del Marquesado del Valle de Oaxaca y el Condado de Salinas del R?o transferido de Espa?a. Entre 1682 y 1700 se otorgaron 7 marquesados y 7 con dados, pero la mayor?a de los beneficiarios resid?a en Espa?a.75

Casi todos los colaboradores civiles y religiosos del virrey

74 V?ase Gregorio M. de Guijo, Diario, 1648-1664, ed. Manuel Ro

mero de Terreros. 2 vols. M?xico, Editorial Porr?a, 1953, I, p. 181, 189; II, p. 140, 226-227, 229. Ver tambi?n Antonio de Robles, Diario de suce sos notables (1665-1703), ed. Antonio Castro Leal. 3 ts. M?xico, Editorial Porr?a, 1946, I, p. 143, 191, 290; II, p. 14, 43. Adem?s Ricardo Ortega y P?rez Gallardo, Historia geneal?gica de las familias m?s antiguas de M?xico. 3? ed., 3 vols. M?xico, A. Carranza y C?a., 1908-1910, II, cap?tulo sobre los condes de Santiago (no hay paginaci?n) ; y Leopoldo Mart?nez Cos?o, Los caballeros de las ?rdenes militares en M?xico. M?xico, Edito rial Santiago, 1946, p. 36-38.

75 Fonseca y Urrutia, op. cit., II, p. 250-251. La corte no era insen sible a los ingresos correspondientes. El noble pagaba 450 pesos anuales pero pod?a "relevarse" de la obligaci?n mediante un ?nico pago cuantioso.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 585 eran peninsulares, por lo general agresivos, talentosos o favo recidos hijosdalgo.76 Poseedores de impresionantes doctora dos en leyes o teolog?a, hab?an avanzado por la escala jer?r quica gracias a sus habilidades, sus amigos, o a ambas cosas.

En los niveles m?s bajos del Estado y de la Iglesia sobre sal?an los criollos. En el siglo xvi y bien entrado el xvn, las oligarqu?as que manejaban los cabildos estaban formadas por los encomenderos o sus descendientes y la pol?tica real acep taba esta forma de recompensar a los conquistadores, pero con el tiempo se extinguieron los linajes y el parentesco con encomenderos perdi? importancia. El poder civil local pas? a manos de los mercaderes ricos y los arist?cratas rurales.77 Durante ese periodo era com?n que el hijo segund?n de fa milia criolla tomase el h?bito.

Aunque los Habsburgo escatimaban los t?tulos nobiliarios a los criollos, s? conced?an ?rdenes militares en premio de servicios o donaciones recibidas, creando as? una especie de no

bleza inferior americana. Los anales de esos tiempos mencio nan a cientos de jefes pol?ticos, caballeros de alguna orden militar.78 Los objetivos del Estado tuvieron mucho que ver en esto.

Objetivos del Estado Los objetivos del imperio Habsburgo cambiaron conforme cambiaban los reyes, y esos cambios repercutieron en M?xi co. Naturalmente, el primer objetivo era la perpetuaci?n de la monarqu?a y del Estado, pero en los primeros tiempos los 76 Javier Malag?n Barcel?, "The Role of the Letrado in the Coloni zation of America", The Americas, XVIII, julio, 1961, p. 1-17. S?lo hubo un prelado criollo en toda la ?poca colonial, el arzobispo don Alonso de Cuevas y D?valos, que tuvo la mitra muy avanzada ya la ?poca Habsbur go. Hubo, sin embargo, treinta y dos obispos nacidos en M?xico. V?ase Bravo Ugarte, op. cit., II, p. 132.

77 Flores Olea, op. cit. Tambi?n es instructivo Fernando Ben?tez,

La vida criolla en el siglo XV. M?xico, El Colegio de M?xico, 1953, passim.

78 Ver Guijo, op. cit., I y II, passim; Robles, op. cit., I, II y III, passim.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

586

BRADLEY BENEDICT

reyes estaban dominados por el anhelo de ampliar sus domi nios y por el deseo mesi?nico de propagar la fe. Tanto Car los V como Felipe II, ambos idealistas, estaban convencidos de su obligaci?n de ver por el bien de sus subditos, entre los cuales estaban los indios.

Al lado del objetivo idealista hab?a otro materialista don de la riqueza daba la medida. En la estructura de clases espa ?ola estaba impl?cita la idea de que el bienestar y la riqueza deb?an de correr de arriba abajo. La riqueza acumulada por las clases altas en Espa?a y en las Indias se emplear?a en el bien de todos. Junto con estas ideas, exist?a el mercantilismo,

o sea, que las colonias exist?an para provecho de la madre patria y que la metr?poli espa?ola deb?a explotar los recur sos y el poder adquisitivo de las posesiones de ultramar. Lo m?s codiciable eran los metales preciosos, pues en cualquier sistema monetizado del mundo, el oro y la plata representan la riqueza instant?nea. Aunque m?s lentamente, tambi?n se pod?an adquirir riquezas cerrando el comercio de las colonias a todos, menos a los comerciantes espa?oles, principalmente a los empresarios castellanos de Sevilla.

En resumen, los 7 objetivos principales de la pol?tica de los Habsburgo con respecto a M?xico eran: 1) conservarlo como parte del imperio espa?ol, 2) fomentar la colonizaci?n, 3) difundir el cristianismo, 4) hispanizar a los ind?genas, 5) ver

por el bienestar de la ?lite socioecon?mica colonial, 6) enviar a Espa?a tanta plata como fuese posible, 7) no permitir m?s comercio que el comercio con Espa?a. Algunos de estos obje tivos se alcanzaron en el siglo xvi pero en el siglo xvn los monarcas d?biles e incapaces se dedicaron ?nicamente a perpe tuar su monarqu?a. El impulso mesi?nico de los primeros a?os

fue seguido por una retirada defensiva. Se descontinu? la expansi?n territorial y en el Estado colonial la aristocracia socioecon?mica luch? por mantener el statu quo.

Consecuencias importantes de la pol?tica estatal Veamos brevemente c?mo la sociedad mexicana colonial vio afectado su desarrollo por el cambio de los objetivos y la This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 587

pol?tica de Estado. Para fomentar la supervivencia y el des arrollo de sus posesiones en M?xico, los Habsburgo impidie ron que los encomenderos consolidaran y ejercieran el poder que empezaron a tener a ra?z de la conquista. Se ha dicho, y no sin raz?n, que el repartimiento de indios entre los enco menderos era la ?nica forma de dominar el territorio con quistado.79 El poder de los encomenderos pronto constituy? una amenaza y Cort?s mismo fue relevado de su mando. Los encomenderos perdieron su fuerza pol?tica con la organiza ci?n del gobierno central formado por bur?cratas peninsu lares y perdieron su poder econ?mico con la disgregaci?n y la gradual desaparici?n de la encomienda.80 El Estado Habs burgo obtuvo y conserv? los tributos y el poder.

Los tributos contribu?an al sostenimiento del Estado, pero la creciente burocracia requer?a otros ingresos. Aun despu?s de la dr?stica mortandad ind?gena, la caja de M?xico recau daba alrededor de 225 000 pesos anuales en impuestos perso nales, en el siglo xvn. Los espa?oles estaban exentos del tri buto personal, pero en cambio ten?an que pagar la alcabala que equival?a m?s o menos a un impuesto de 3% sobre las ventas, y que daba un promedio anual de 250 000 en el mis mo siglo.81 El Estado recaudaba, adem?s, varios cientos de miles de pesos procedentes del Quinto Real y de otros im 79 Gibson, op. cit., p. 406; Lesley B. Simpson, The Repartimiento System of Native Labor in New Spain and Guatemala. Ibero-Americana 13, Berkeley, University of California Press, 1938; p. 3. La importancia econ?mica de los encomenderos en los principios se analiza en Jos? Mi randa, La funci?n econ?mica del encomendero en los or?genes del r?gi men colonial (Nueva Espa?a, 1525-1531). M?xico, UNAM, 1965.

80 Alvarez, op. cit., p. 243; Lesley B. Simpson, The Encomienda in New Spain. Berkeley, University of California Press, 1950, p. 153.

81 Las cifras sobre el tributo y la alcabala provienen de Fonseca y Urrutia, op. cit., I, p. 450; II, p. 93. El tributo se elev? hacia el final del siglo xvi a un peso y media fanega de ma?z por tributario o jefe de familia. Equival?a a poco menos del salario semanal de un trabajador

?si es que se le pagaba. V?ase Woodrow Borah y Sherburn F. Cook,

Price Trends of Some Basic Commodities in Central America, 1531-1570.

Ibero-Americana 40, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1953, p. 5-6, 44.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

588

BRADLEY BENEDICT

puestos sobre minas y acu?aci?n y no debemos olvidar otras contribuciones, gajes y donativos forzosos, aparte del produc to de la venta de mercurio y de puestos gubernamentales. La Iglesia indiana, brazo fuerte del gobierno, se financiaba con el producto de diezmos y donaciones.

Los egresos eran muchos, pues adem?s de los sueldos se situaban dineros a otros bastiones imperiales como Cuba, Flo rida o las Filipinas.82 Por si esto fuera poco, la corona era insaciable. Ortega Monta??s, virrey interino, inform? que los

egresos anuales pasaban de 2 millones de pesos y que el go bierno deb?a casi otros tantos.83 El sostenimiento del Estado imperial y colonial era muy costoso y la sociedad mexicana pagaba todo lo suyo y gran parte de lo ajeno.

La pol?tica colonial permiti? un poblamiento intenso y extenso. Las municipalidades fundadas por colonizadores afor tunados se convirtieron en peque?as ciudades-estado olig?r quicas, f?sicamente apartadas del centro, pero que no escapa ban al control del Estado. El poder pol?tico de las oligarqu?as locales derivaba del Estado y no de la constitucionalidad.

El municipio Habsburgo se prestaba a la manipulaci?n

pol?tica y econ?mica. Continuando el medievalismo, los ca bildos deb?an regular la econom?a local seg?n los lincamien tos del Estado. Estas regulaciones imped?an el libre juego de la oferta y la demanda. Los cabildos controlaban alh?ndigas y carnicer?as, los gremios de artesanos y a los comerciantes en vino y en pulque para procurar la distribuci?n equita tiva de comida y bebida. Sin embargo, en la pr?ctica no fal taban individuos sin escr?pulos que conspiraban para enga?ar al p?blico en su propio provecho.84

La uni?n de Iglesia y Estado logr? en un principio la

conversi?n de millares de indios a la fe cristiana, pero pronto muchos sufrieron desenga?os. Para llegar al para?so prome

82 suma VII-1, 83 84

Entre 1576 y 1650, solamente a Filipinas se envi? la cuantios?sima de 13 500 000 pesos. V?ase Pierre y Huguette Chaunu, op. cit., p. 563-567.

Ortega Monta??s, op. cit., p. 148-151.

Florescano, op. cit., passim.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 589 tido por la nueva religi?n era necesario pasar por el infierno del nuevo gobierno; para muchos ind?genas la Iglesia fue un

instrumento de pacificaci?n para explotarlos, y para mu

chos ne?fitos, la nueva fe fue una droga esclavizante y no una

inspiraci?n liberadora. A esto se a?ad?a que, aunque bauti zados, no se consideraba a los indios verdaderos cristianos.85 La pol?tica de hispanizaci?n tampoco dio muy buenos re sultados. Al principio, cuando para el encomendero el indio no era una alma que salvar sino un instrumento que apro vechar, la corona emprendi? la tarea de defender al indio aisl?ndolo del contacto espa?ol. Se prohibi? a los espa?oles tratar directamente con las comunidades ind?genas adminis tradas por un corregidor de indios, as? como vivir dentro de ellas. Muchos corregidores compraban el puesto y capitaliza ban la inversi?n explotando a los indios, ya sea directamente o bien por medio de los caciques.86 Esta pol?tica proteccionista de aislamiento del indio no condujo a la hispanizaci?n sino a la coexistencia de dos na ciones, dos rep?blicas dentro del mismo territorio,87 a lo cual

contribu?a la falta de comunicaciones a muchas aldeas y ran cher?as remotas inaccesibles absolutamente a la civilizaci?n espa?ola. El ?nico error grave de don Luis de Velasco II fue la reducci?n que oblig? a cerca de un cuarto de mill?n de ind?genas a residir en unas 200 congregaciones. Este proyecto

de repoblamiento auspiciado por el Estado tuvo efectos de sastrosos para la moral de los indios.88

85 Parecer del padre provincial y otros religiosos... (1594), Cartas de religiosos de Nueva Espa?a, 1539-1593, dir. Joaqu?n Garc?a Icazbalceta.

M?xico, Editorial Salvador Ch?vez Heyhoe, 1941, p. 163-167.

86 Don Luis Velasco II se ocup? del problema. V?ase su relaci?n a

Monterrey en Scholes y Adams, op. cit., p. 49-53. Tambi?n instrucciones de los virreyes a funcionarios de las comunidades ind?genas en Silvio

Zavala y Mar?a Costelo, dirs. Fuentes para la historia del trabajo en

Nueva Espa?a. 8 ts. M?xico, Fondo de Cultura, 1939-1945, III, p. 90-209.

87 por ejemplo, v?ase "Parecer del P. Provincial", p. 163 y ss.

88 Howard F. Cline, "Civil Congregations of the Indians in New

Spain", Hispanic American Society Review, XXIX, agosto, 1949, p. 349

369.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

590

BRADLEY BENEDICT

Es una iron?a que lo que la pol?tica del siglo xvi intent?, lo hayan logrado en el siguiente siglo las fuerzas naturales.

Al diezmarse la poblaci?n ind?gena, termin? el separatismo

y para Ortega y Monta??s en 1696 la sociedad estaba for mada por "la nobleza", "los republicanos" (una clase media),

y la plebe. Ya no distingu?a a los indios del resto de las

masas.89 Las comunidades ind?genas perdieron todas o casi todas sus tierras a favor de los latifundistas espa?oles, con lo cual se debilitaron a?n m?s sus "rep?blicas".

Esto fue resultado directo de la protecci?n estatal a la ?lite colonial. El Estado conced?a puestos pol?ticos impor tantes a la aristocracia peninsular y t?tulos de tierras a la aristocracia criolla. En un principio las tierras ocupadas por los indios les pertenec?an, pero, al disminuir su n?mero, las tierras ind?genas pasaron a poder de la corona, quien dispo n?a de ellas a su antojo. Muchas fueron concedidas a subdi tos favorecidos que llegaron a formar inmensas haciendas de l?mites indefinidos. Era f?cil para los sucesores de un enco mendero apoderarse de tierras ind?genas dentro de la antigua encomienda.90 Y tambi?n era f?cil para los comerciantes y mi

neros adinerados obtener donaciones reales, comprar o hacer alianzas matrimoniales para acrecentar sus posesiones. Mucho antes de finalizar el siglo xvn los cascos de extens?simas ha ciendas punteaban el paisaje.

El Estado favoreci? tambi?n a la aristocracia colonial al permitir la creaci?n de mayorazgos,91 como recompensa a ser

vicios recibidos. Estos mayorazgos, derivados del favor real e inenaj enables sin su consentimiento, fueron los cimientos de

una aristocracia poderosa, pero que depend?a del favor del rey.

89 Ortega Monta??s, op. cit., p. 58-59.

90 Lesley B. Simpson, Explotation of Land in Central Mexico in the Sixteenth Century. Ibero-Americana 36, Berkeley and Los Angeles, Uni versity of California Press, 1952; passim; Jos? Mar?a Ots Capdequi, Espa?a en Am?rica. El r?gimen de tierra en la ?poca colonial. M?xico, Fondo de Cultura, 1959, p. 82-111.

91 Pocas explicaciones pero abundantes transcripciones de t?tulos en Guillermo S. Fern?ndez de Recas, Mayorazgos de la Nueva Espa?a. M? xico, Biblioteca Nacional, 1965.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 591

Las antiguas leyes espa?olas que reconoc?an al rey como due?o de los recursos minerales reg?an tambi?n, por supuesto,

en el Nuevo Mundo. El Estado conced?a a cambio del quinto real, derechos de explotaci?n a perpetuidad a quien descu br?a un rico fil?n. De la corona depend?a no s?lo la conce si?n, sino tambi?n el mercurio, necesario para la explotaci?n,

que era monopolio del Estado.92 Una vez m?s, la pol?tica imperial favorec?a la creaci?n de una aristocracia dependien te del favor del rey.

Naturalmente, el favoritismo del Estado para la aristo cracia no beneficiaba a la sociedad en general y menos a?n a mestizos e ind?genas. Con las haciendas y las minas se des poblaron las comunidades que los indios abandonaban para trabajar en unas y otras junto con muchos mestizos. En el mejor de los casos entraban como "nabor?os" o trabajadores libres, y en el peor y m?s frecuente, se convert?an en ga?anes

o "adscritos": peones en deuda perpetua con su amo. Los indios que permanec?an en sus comunidades frecuentemente ten?an que servir por determinados periodos en el reparti miento, lo cual induc?a a muchos a escapar acogi?ndose a la

hacienda o la mina.93

El env?o de plata a Espa?a y las restricciones al comercio, fruto de la pol?tica mercantilista estatal, fueron un obst?culo

para el desarrollo natural de la econom?a. La madre patria consum?a las energ?as y los recursos de la Colonia y daba muy poco en cambio. La pol?tica mercantilista contuvo el desarrollo econ?mico de la Colonia: 1) suprimiendo la pro ducci?n de seda y de vino; 2) poniendo trabas al comercio intercolonial en Nueva Espa?a, Per? y Filipinas; 3) limitan do la industria a la manufactura semidom?stica, y 4) exclu yendo a M?xico del incipiente comercio trasatl?ntico con

Europa.94

?2 Konetzke, Colecci?n, I, p. xv. ?3 Simpson, The Repartimiento System, 44-66; Silvio Zavala, Estudios indianos. M?xico, El Colegio Nacional, 1948, p. 318-341.

94 Woodrow Borah, Silk Raising in Colonial Mexico. Ibero-Ameri cana 20, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1943; This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

592

BRADLEY BENEDICT

Como consecuencia, era alto el costo de la vida en M? xico. En 1702, apenas terminada la ?poca Habsburgo, un

autor desconocido escribi?: ". . .la verdad es que es necesario poseer dos veces m?s de bienes en Am?rica para vivir, que en

Europa".95 Se quejaba tambi?n del volumen del contraban

do que llegaba por el Golfo y por Acapulco. El mercantilismo espa?ol en M?xico se enfrentaba al intenso contrabando jus tamente cuando Inglaterra ten?a un activ?simo comercio, a fines del siglo xvn.

El mercantilismo propici? tambi?n el elitismo. El Estado facult? a los peninsulares para dominar las arterias comer ciales entre Veracruz y Sevilla, ?nico puerto de enlace de M? xico con la comunidad atl?ntica en tiempos de los Habsbur go. Algunos comerciantes afortunados controlaban la ruta de Veracruz a M?xico. En 1595 se les permiti? formar el Consu lado por medio del cual ejerc?an un control absoluto de todas las ventas de mercanc?a importada. El elitismo comercial se

extendi? a las municipalidades. El Estado autoriz? a los ca

bildos a conceder licencias a los mercaderes locales e, inevita

blemente la pol?tica y la econom?a funcionaron limitando el n?mero de licencias. Seg?n el bien informado Domingo L? zaro de Arregui, en sus tiempos, 1621, los m?s ricos de la pr?spera ciudad minera de Zacatecas, eran los comerciantes,96 y entre ellos, los m?s prominentes ten?an fuertes lazos comer

ciales con miembros del Consulado de la ciudad.

En resumen, la pol?tica estatal favoreci? la existencia de diversos grupos privilegiados y el juego de sus poderes logr?

Early Colonial Trade and Navigation between Mexico and Peru. Ibero Americana 38, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1954. Mariano Cuevas, Historia de la naci?n mexicana (3? ed. M?xico, Editorial Porr?a, 1967), 277; Haring, Comercio y navegaci?n, p. 153.

95 Descripci?n de la Nueva Galicia, dir., Fran?ois Chevalier. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de la Universidad de Sevilla, 1946, p. 66.

96 Banco de Comercio Exterior (pr?logo de Ernesto de la Torre Vi llar) , "Memoria y observaciones acerca de la Nueva Espa?a en 1702", El contrabando y el comercio exterior en la Nueva Espa?a. M?xico, El Banco, 1967, p. 22.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 593

la finalidad ?ltima del Estado, que es su perpetuaci?n, al mismo tiempo que manipulaba, divid?a y explotaba a la ple be, de manera que el Estado invertebrado sobrevivi? a pesar de los conflictos fundamentales.

Conflictos fundamentales en M?xico Hubo momentos en la ?poca de los Habsburgo en que los conflictos fundamentales y sus posibilidades inherentes pudie

ron desembocar en un cambio fundamental. Espor?dicamente surg?an rebeliones y conspiraciones, ataques mar?timos y cos

teros que amenazaban la existencia del Estado, causando des

concierto e incertidumbre pero sin mayores consecuencias.

Rebeliones En el siglo xvi exist?a el peligro de una reconquista ind? gena, una posible confederaci?n de los ind?genas de la mesa central para arrojar a sus nuevos amos. El pu?ado de con quistadores comprend?a que su ?xito se deb?a en gran parte a la enemistad entre los diferentes grupos ind?genas, enemis tad que pod?a hacerse a un lado mientras los odios se dirigie ran contra los espa?oles.

Ahora nos sorprende que no hubiese un levantamiento en los valles del centro, tan densamente poblados. En 1531 co rrieron rumores de una conspiraci?n para reconquistar Te nochtitlan, pero Hern?n Cort?s reuni? prontamente dos com pa??as y haciendo alarde de fuerza, march? por las calles de los barrios ind?genas y apres? y ejecut? a varios indios como escarmiento.97

El peligro era mayor en las zonas fronterizas no del todo pobladas ni pacificadas. Yucat?n, el occidente y el norte de M?xico opusieron tenaz resistencia durante todo el siglo xvi

97 Luis Gonz?lez Obreg?n, dir., Rebeliones ind?genas y precursores de la independencia mexicana en los siglos XVI, XVII y XVIII. 2* ed. rev. M?xico, Ediciones Fuente Cultural, 1952, p. 448-449.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

594

BRADLEY BENEDICT

y m?s que una rebeli?n fue una continuaci?n de la lucha por la independencia.

En cualquier forma, los ataques fronterizos frenaban la colonizaci?n y eran un catalizador potencial para la insurrec

ci?n general, como lo fue la Guerra del Mixt?n en 1541.

Ante la amenaza, el virrey Mendoza organiz? r?pidamente a los encomenderos y a sus aliados ind?genas para aplastar la revuelta, castigando por igual a culpables e inocentes.98 En cambio, los levantamientos de los mayas en 1534-1538 y 1546 y 1547, as? como los ataques chichimecas del centro-norte del pa?s fueron realmente una resistencia a la conquista." La cruz y la espada subyugaron a los mayas; la espada y las pro visiones a los chichimecas. Pero los levantamientos en el si glo xvn en la Sierra Madre Occidental s? pueden llamarse re beliones, pues ocurrieron en territorio administrado por el Estado o por la Iglesia. El avance hacia el norte de misioneros y mineros, fue seguido por levantamientos. Se rebelaron los acaxes en 1595 y de 1601 a 1603; los tepehuanes de 1616 a 1618; los tarahumaras de 1649 a 1652 y de 1690 a 1707, y los pueblos

y otras tribus de Nuevo M?xico, de 1680 a 1692.100 Una lista creciente de m?rtires franciscanos y jesu?tas, dramatiz? la muerte de miles de indios y cientos de espa?oles durante estos conflictos. Todas esas rebeliones fueron sofocadas con r?pidos y feroces contraataques espa?oles y luego con expediciones dirigidas contra personajes o posiciones claves para recurrir, finalmente, a la mediaci?n de misioneros con cuyo concurso se llegaba a un acuerdo entre vencedores y vencidos.

Aunque las fuerzas espa?olas fueron erigidas durante el siglo xvi principalmente por encomenderos, las defensas es 98 Ibid., p. 450-458; Parry, Audiencia of Nueva Galicia, p. 26-30.

99 Robert S. Chamberlain, The Conquest and Colonization of Yu

cat?n, 1517-1550. Washington, D. C, Carnegie Institute, 1948, p. 237; Rubio Man?, op. cit., p. 31-33; Powell,, op. cit.

100 Maria Elena Galaviz de Capdeville, Rebeliones ind?genas en el

norte del reino de la Nueva Espa?a (siglos XVI y XVII). M?xico, Edi

torial Campesina, 1967; passim., contiene buenos mapas; tambi?n Gon z?lez Obreg?n, op. cit., p. 394-398, 462-468; Rubio Man?, op. cit., II, p. 88-91, 151-246.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 595

pa?olas de un siglo despu?s estaban compuestas por mili

cias. Adem?s de la amenaza y el hecho de los levantamientos ind?genas, preocupaban tambi?n al M?xico Habsburgo las re vueltas negras y mulatas. Especialmente en el siglo xvi exis t?a la posibilidad de que los negros pudieran estimular el apoyo ind?gena para una revoluci?n general. La noticia de

una conspiraci?n negra en la ciudad de M?xico, en 1537,

oblig? al virrey Mendoza a tomar presurosas medidas repre sivas. Su sucesor, Velasco I, era extremadamente sensible al tama?o de la poblaci?n negra de la capital y orden? que fue ra desalojada de las calles.101 De hecho, en 1609, durante la segunda administraci?n de Luis de Velasco, el hijo, surgi? una rebeli?n negra. Una banda de cimarrones (esclavos ne gros fugitivos) se organiz? en las monta?as del noreste de Veracruz bajo el liderato de El Yanga, por cuyas venas corr?a, seg?n el rumor, sangre real africana. Esta banda empez? a poner en tal peligro la l?nea vital de comercio ciudad de

M?xico-Veracruz, que Velasco II arm? una milicia que la redujo. Exhibiendo un humanitarismo ins?lito para su tiem po y la situaci?n, el virrey perdon? pronto a los miembros; m?s a?n, les otorg? la libertad y dio asilo en un pueblo que fund? para ellos llamado San Lorenzo de los Negros, cercano al lugar donde se halla la actual ciudad de C?rdoba.102

Durante el r?gimen Habsburgo, casi no se registra una rebeli?n importante de indios que haya sido totalmente do minada por el control espa?ol durante un periodo de tiempo prolongado. Sin duda, en el curso de dos siglos, hubo incon tables incidentes locales en minas y haciendas de los que no loi Gonzalez Obreg?n, op. cit., p. 321-340. En 1612 circularon ru mores de una insurrecci?n negra y los capitalinos se aterrorizaron con los chillidos de una piara de cerdos que vagaba por las calles, pensando que eran los negros. Al d?a siguiente mataron a veintinueve hombres y siete mujeres negros. V?ase Fray Juan de Torquemada, Monarqu?a In diana, 3? ed. M?xico, Editorial Salvador Ch?vez Hayhoe, 1943; libro V, cap?tulo LXXIV, p. 768.

102 David M. Davidson, "Negro Slave Control and Resistance in Co lonial Mexico", 1519-1650, Hispanic-American Historical Review, XLVI, agosto, 1966, p. 253-253.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

596

BRADLEY BENEDICT

se informaba o permanec?an en el olvido. Pero el asesinato del alcalde mayor espa?ol de Guadalc?zar (ahora Tehuante pec) en 1660, fue otra cosa. El incidente sucedi? en una pro

vincia que hab?a sido colonizada por Cort?s y otros por m?s de un siglo. Explotados sin l?mite por su amo, los nativos protestaban vanamente a la ciudad de M?xico; finalmente apedrearon al alcalde hasta matarlo y establecieron su pro pio gobierno. Se puede abreviar esta larga y triste historia diciendo que don Alonso de Cuevas y D?valos, aunque muy respetado obispo criollo (?mestizo?) de Oaxaca, convenci? a los rebeldes de que aceptaran reingresar a la red guberna mental espa?ola; la nueva administraci?n virreinal se exce di? en su reacci?n. Un oidor, que fue enviado a investigar y a tomar medidas, decret? muchas ejecuciones y azotes en un esp?ritu de rencorosa represalia.103

Conspiraciones La conspiraci?n de Cort?s y de ?vila, en 1565, constituy?

una seria amenaza para el reinado Habsburgo. Don Mart?n Cort?s y Arellano, segundo Marqu?s del Valle de Oaxaca, puso de nuevo sobre el tapete el peligro conjurado en tres d?cadas de virreinato: el poder de los encomenderos. Inmen samente enriquecido por el pago de tributos, Mart?n Cort?s

asumi? el papel de Pr?ncipe de M?xico y se convirti?, en

forma natural, en el s?mbolo rampante de los encomenderos que empezaban a ser fuertemente presionados por el gobierno colonial. Para abreviar otra historia larga y triste, basta decir que don Mart?n promovi?, patrocin?, acept? o toler? un plan para derrocar al gobierno. El plan fue descubierto, los posi bles revolucionarios encarcelados y los hermanos ?vila y mu chos otros ejecutados, a pesar de las quejas vociferantes de algunos encomenderos. Al arrogante descendiente del gran conquistador se le desterr? para siempre de la Nueva Espa ?a, confisc?ndole temporalmente sus bienes en M?xico.104 103 Basilio Rojas, La rebeli?n de Tehuantepec. M?xico, Sociedad

Mexicana de Geograf?a y Estad?stica, 1964.

104 Relaci?n de un contempor?neo en Juan Su?rez de Peralta, Tra tado del descubrimiento de las Indias. M?xico, SEP, 1949.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 597 Los encomenderos nunca volvieron a tomar la iniciativa y el

Estado conserv? toda su autoridad de 1565 a 1568 a pesar de la confusi?n administrativa entre virreyes, oidores y visi tadores autorizados por el dominante, minucioso y reservado Felipe II. En la ciudad de M?xico rein? la paz hasta que ocu rrieron dos tumultos en el siglo xvi.

En 1642, la dedicaci?n del arzobispo de Puebla, don Juan

de Palafox y Mendoza, logr? sofocar otra conspiraci?n, lo

que demuestra la confianza imperial en el brazo de la Iglesia.

Parece ser que el Marqu?s de Villena, que era muy parcial hacia los residentes de origen portugu?s, estaba dispuesto a dar un golpe de estado. Obedeciendo ?rdenes del rey, el obis

po Palafox aprehendi? en secreto al Marqu?s de Villena y

asumi? el mando, fungiendo como virrey interino por unos meses. M?s tarde, el obispo Palafox se vio involucrado en la lucha de los jesu?tas por el poder, y sus enemigos lograron su destituci?n y su traslado a Espa?a.105

Tumultos Mucho se escribi? sobre los tumultos que sacudieron la ca pital en los a?os de 1642 y 1692. Ambos se originaron por la escasez de v?veres debida a la p?rdida de las cosechas y por el descontento popular; pero el primero se complic? con el conflicto entre el arzobispo don Juan P?rez de la Serna y el virrey don Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, Conde de Priego y Marqu?s de Gelves. La confrontaci?n entre estos dos personajes orgullosos e inflexibles se debi? a viejas dispu tas de jurisdicci?n entre Iglesia y Estado, agravadas por la animosidad entre criollos y peninsulares y el desacuerdo entre el virrey y los oidores.

Los disturbios, que se iniciaron como una manifestaci?n de descontento por la escasez de v?veres, pronto se convirtie ron en una lucha por el poder entre la autoridad civil y la religiosa, de la cual el poder civil sali? maltrecho y amena zado por la fuerza de las multitudes. En el momento m?s 105 Manuel Orozco y Berra, Historia de la dominaci?n espa?ola en M?xico. M?xico, Jos? Porr?a e Hijos, 1938; III, p. 159-169..

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

598

BRADLEY BENEDICT

enconado, la figura del arzobispo fue suprema, el virrey ape

nas si pudo escapar con vida del saqueo y el incendio del palacio y la Audiencia de M?xico usurp? el control del go

bierno civil.106 Hay que advertir que Gelves no hizo nada por agradar a la oligarqu?a de la ciudad de M?xico y ?sta no lo apoy? en los momentos cr?ticos.

La escasez de v?veres de 1692 no se debi? a la sequ?a, como la anterior, sino a las inundaciones. Al iniciarse el tumulto el virrey no se encontraba en el palacio, pero contaba con los oidores, con la aristocracia y con la Iglesia, que se apresura ron a ofrecer su ayuda. Recordando los acontecimientos an teriores, la multitud incendi? nuevamente el palacio, pero la ?lite de M?xico, alarmada, salv? al gobierno. Estas expe riencias hicieron que se aumentara el ej?rcito de 2 compa??as a 12. Hubo brotes semejantes en Tlaxcala y Guadalajara que fueron r?pidamente reprimidos.107

Amenazas del extranjero El Estado Habsburgo siempre se vio amenazado, aunque no mor talmente herido, por ataques de extranjeros. Aunque los enemigos europeos no atacaban oficialmente, los corsarios y piratas, a veces organizados en flota, acosaban sin cesar a las naves espa?olas.108 S?lo una vez durante el periodo Habs burgo una marina nacional amenaz? el imperio, con conse cuencias graves para M?xico. Inglaterra captur? Jamaica en 1655 y su protecci?n a los piratas enemigos de Espa?a difi

cult? y encareci? todav?a m?s el comercio entre Espa?a y

106 El virrey pas? casi todo lo que qued? del a?o refugiado en un convento. El arzobispo pas? a Espa?a a explicar el caso y nunca volvi?.

Se destituy? a dos oidores y se conden? a cinco cl?rigos a las galeras.

V?ase Orozco y Berra, op. cit., Ill, p. 136-1377.

107 "Relaci?n del tumulto sucedido en esta ciudad de M?xico el d?a

8 de junio... de 1692", Robles, op. cit., II, p. 250-258 y s. Tambi?n

v?ase Rubio Man?, op. cit., II, p. 37-64.

108 En el siglo xvi y xvn las rar?simas marinas reales o nacionales eran peque?as. Los gobiernos prefer?an formar marinas temporales en tiem pos de guerra y otorgar patentes de corso en tiempos de paz. Los corsa rios ven?an a ser piratas con licencia.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 599 las Indias. Antes de 1655, las incursiones de piratas de diver sas lealdades nacionales hab?an hecho dif?cil y costosa la na

vegaci?n entre Veracruz y Sevilla. Se ha se?alado que, con base en las lealdades de los participantes m?s activos, la in tervenci?n de empresarios privados extranjeros en la pirater?a

puede periodizarse como sigue: 1) corsarios franceses, 1521 1555; 2) corsarios ingleses, 1568-1596; 3) corsarios holandeses,

1621-1650; y 4) piratas independientes despu?s de 1650.109 La procedencia y la periodicidad de los ataques corsarios son un reflejo de las acciones militares de los Habsburgo en los siglos xvi y xvn ?sucesivamente contra Francia, Inglaterra, Holanda, de nuevo Inglaterra y de nuevo Francia. La pira ter?a francesa se reanud? en 1685.

La depredaci?n francesa comenz? en 1552, cuando Jean Florin captur? el quinto real que Cort?s enviaba de M?xico a Carlos V. Los ataques incesantes obligaron, sucesivamente a ordenar que: 1) los galeones nunca navegaron solos, 2) se enviaran armadas reales para transportar el tesoro; 3) los na vios mercantes viajaran en convoy y, finalmente, 4) se esta blecieron convoyes regulares entre Espa?a (C?diz y Sevilla) y Veracruz y Puerto Bello.110

As?, a mediados del siglo xvi, los galeones navegaban en flota, escoltados por dos navios de guerra, aunque el sistema nunca fue regularizado.

Las incursiones inglesas se iniciaron en 1568, cuando John

Hawkins y Francis Drake salieron tan mal librados de su ataque a San Juan de Ul?a, Veracruz. De ah? en adelante,

ambos dedicaron su vida, casi 30 a?os m?s, a hostigar galeo nes y puertos espa?oles, con la bendici?n de su reina. Sin embargo, la ?nica vez que sus esfuerzos afectaron otra vez a M?xico directamente fue en 1578, cuando "El Draque" na

veg? hacia el oeste y entr? en el Pac?fico. Despu?s de golpear muchos barcos costeros, saque? Cuatulco en el sur de Oaxaca.

Amenaz? Acapulco y el comercio exterior con Manila, pero, 109 Bravo Ugarte, op. cit., II, p. 286. no Haring, op. cit., p. 70-73; Bravo Ugarte, op. cit., p. 180, dice que entre 1565-1700 hubo ?nicamente 118 flotas o sea mucho menos de una

por a?o.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

600

BRADLEY BENEDICT

navegando hacia el norte, rebas? el fuerte de Acapulco, aun

que logr? escapar de la peque?a armada que el virrey En

rique envi? tard?amente en su persecuci?n. En 1587, otro corsario ingl?s, Thomas Cavendish, dio un golpe duro a M? xico al capturar un gale?n procedente de Manila. Diez a?os despu?s, Guillermo Parker saque? Campeche.111 La tregua entre los primeros reyes Estuardo y los ?ltimos monarcas Habsburgo puso fin a los ataques ingleses contra las pose

siones espa?olas del Nuevo Mundo que en seguida reanu

daron los corsarios holandeses.

Al finalizar el siglo xvi los holandeses lanzaron ataques simult?neos al este, rodeando ?frica, y al oeste rodeando Sud am?rica. M?xico resent?a los da?os cuando los galeones que

daban embotellados en Manila y cuando la flota holandesa merodeaba por la costa occidental al acecho de su presa. En

1628, Piet Hayn realiz? el sue?o dorado de todo corsario cuando sus 36 navios capturaron en las costas de Cuba a

toda una flota que llevaba a Espa?a varios millones de pesos de plata. La p?rdida fue doble para la econom?a mexicana porque el virrey Cerralvo impuso una contribuci?n forzosa para compensarla, logrando embarcar el a?o siguiente m?s de un mill?n de pesos.112 Yucat?n fue atacado peri?dicamente durante todo el si glo xvi. Campeche sufri? otro saqueo en 1652. Habi?ndose apoderado de Jamaica en 1655, los ingleses ofrec?an amplia protecci?n a cuanto bucanero amenazara Yucat?n y Veracruz, el comercio costero o, mejor a?n, la flota. Esos corsarios esta

blecieron una base en la Isl^ de T?rminos y otra al otro

lado de la pen?nsula de Yucat?n en Zacat?n (Beiice). Las auto ridades espa?olas ten?an raz?n para temer que los protegidos de los ingleses atacaran por tierra, adue??ndose de toda la pen?nsula que caer?a en poder de Inglaterra.

Los ataques a los puertos continuaron. Campeche fue ata

in Orozco y Berra, op. cit., Ill, p. 19, 51; William L. Schurz, The

Manila Galleon. New York, Dutton & Co., 1959, p. 304-313.

112 Schurz, op. cit., Ill, p. 19, 51; Haring, op. cit., p. 237; idem.

Spanish Empire, p 277; Bravo Ugarte, op. cit., II, p. 286.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 601

cado nuevamente en 1663 y 1678. Poco despu?s, en 1783, M?xico sufri? el golpe m?s duro y m?s humillante cuando 800 piratas ocuparon por varios d?as el puerto de Veracruz, abandon?ndolo al aproximarse la flota. Una figura notable entre los bucaneros fue Lorenzo J?come, llamado Lorencillo, fugitivo de la justicia de M?xico, al decir de la gente. Reuni? unos 1 200 piratas en la regi?n de T?rminos y logr? ocupar Campeche durante dos meses, hasta que lo expulsaron tropas procedentes de M?rida. Ante el peligro, un cabildo abierto campechano emprendi? la fortificaci?n del puerto, que fue un modelo entre las fortalezas de su tiempo. Al fin del periodo

Habsburgo todav?a quedaban bucaneros en T?rminos y en Belice.113 Mientras los corsarios acosaban los puertos y las cos

tas entre Veracruz y Belice, el Estado se preocupaba por las incursiones francesas en lo que ahora son Texas y Hait?. En 1585 el se?or De la Salle estableci? un punto de avanzada en la

bah?a de San Bernardo (v?ase el mapa 1). Aunque pronto se abandon? el puesto, la corona, alarmada, orden? la pe

netraci?n en ese territorio desocupado. El virrey envi? misio neros escoltados por tropas, pero no en n?mero suficiente para pacificar a los nativos, y los espa?oles tuvieron tambi?n

que abandonar la empresa, al menos por el momento. En 1691 fuerzas mexicanas dieron un golpe mortal a los intrusos

franceses en el occidente de Santo Domingo, pero poco tiem po despu?s la corona cedi? ese territorio a Luis XIV.114 Los invasores extranjeros, que de vez en cuando atacaban a M?xico, nunca tuvieron la fuerza necesaria para conservar

posiciones, a pesar de que el gobierno nunca pudo estable cer defensas inexpugnables. La topograf?a era un impedi mento. No hab?a fondos para organizar patrullas que vigila ran las extensas costas ni para establecer bases permanentes. En

la d?cada de 1630 el virrey Cadereyta form? la Armada de Barlovento para patrullar las costas orientales, pero parece que la mayor parte del tiempo permanec?a en el puerto. A 113 Orozco y Berra, op. cit., Ill, p. 149, 155; Rubio Man?, op. cit., p. 92-129.

114 Rubio Man?, op. cit., II, p. 129-151; III, p. 1-38.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

Mapa 1 Las jurisdicciones del virreinato de Nueva Espa?a en el territorio mexicano

guel Salda?a en J. Ignacio Rubio Man?,

Nota: Basado en un mapa por Mi

de Nueva Espa?a, I, entre p. 96 y p. 97.

Introducci?n al estudio de los virreyes

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 603

esto debe agregarse que a las poblaciones costeras les inte resaba m?s comerciar con los contrabandistas que defenderse de los piratas.115 Pero el Estado Habsburgo sobrevivi? a pesar de los con flictos fundamentales, a poco costo para la Nueva Espa?a y con un ej?rcito muy reducido. El gobierno central gastaba

mucho en la defensa de los lejanos puestos de avanzada y poco en la defensa de M?xico. Los gobiernos regionales y lo cales y personas privadas financiaban los ej?rcitos y los per trechos. La defensa de la Colonia estuvo a cargo de los enco

menderos con los indios de su repartimiento durante el

siglo xvi, y de una milicia de voluntarios en el xvn: todos dirigidos m?s o menos por el virrey desde la capital.116 Sin embargo, en la segunda mitad del siglo xvn los levantamien tos en el norte obligaron al gobierno a sostener presidios, soldados y pertrechos muy costosos.117 Por otro lado, intere saba a los jefes regionales y locales defender al Estado, que equival?a a defenderse a s? mismos.

El real gobierno civil tambi?n logr? sobrevivir a pesar de los conflictos fundamentales con el gobierno eclesi?stico. La corona confiaba y desconfiaba al mismo tiempo de los digna tarios de la Iglesia y de los jefes pol?ticos, pero mientras el rey

fuera casi papa, no conven?a al clero ostentar abiertamente su poder. En esa forma el Estado colonial mexicano fue parte integrante pero separada del Estado imperial.

Conclusiones El Estado colonial mexicano sobrevivi? a la extinci?n de la dinast?a Habsburgo y demostr?, entre 1700 y 1713, una lealtad que no prevalecer?a un siglo m?s tarde. Fueron dis 115 "Memorias y observaciones", p. 27, 32.

116 El virrey de Mendoza fue el ?nico jefe del Estado Habsburgo que condujera una expedici?n de guerra.

117 La defensa de Nuevo M?xico solamente ?o mejor dicho, recu

perarlo cuando los ind?genas expulsaron a los espa?oles? cost? al go

bierno m?s de 217 000 pesos. V?ase Rubio Man?, op. cit., II, p. 244.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

?c#?y 1324-1555

La colonizaci?n de M?xico Habsburgo, 1519-1700

Mapa 2

tos en Jos? Bravo Ugarte, Historia de

Nota: Basado en mapas de Wigberto

Jim?nez Moreno, Estudios de Historia

Colonial, p. 100, 118, 124, 128; y en da

M?xico (I960), II, p. 33-36.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 605 tintas las reacciones de M?xico ante el debilitamiento de los

Habsburgo y las vicisitudes de los Bor bones. Quiz? las p? ginas anteriores han sobreacentuado las debilidades y defec tos del reinado Habsburgo, pero tambi?n es cierto que muchas

debilidades y defectos constitu?an una parte de la fuerza, es pecialmente en el siglo xvn. Conforme se deterioraba, m?s o menos progresivamente, la monarqu?a, el aparato del Estado imperial reflejaba esa degeneraci?n y el Estado colonial me xicano se embrollaba para salir del paso.

La burocracia funcional del Estado invertebrado segu?a funcionando en medio de acuerdos y desacuerdos, rivalida des y problemas sin fin. Parecer?a que la idea del rey, si no su persona, era una especie de protoplasma que manten?a juntas las partes invertebradas. Los intereses de tantas per sonas y agrupaciones depend?an directa o indirectamente del rey, de modo que, parad?jicamente, el Estado imperial ?y en consecuencia el Estado colonial mexicano? eran d?biles, pero omnipotentes.

Desde una perspectiva moderna, las valoraciones son con flictivas. Tenemos que reconocer que el sistema gubernamen tal de los Habsburgo funcion? y se adapt? al cambio, aunque probablemente su adaptabilidad disminuy? en progresi?n geom?trica. Tambi?n tenemos que reconocer que las ?lites del talento y del dinero siempre han encabezado sus socie dades y en el contexto de la ?poca de los Habsburgo, la ?lite

colonial no explotaba a las masas m?s de lo que lo hac?an

otros grupos elitistas de su tiempo.

El Estado Habsburgo dej? en M?xico una herencia dif? cil de cambiar. Trataremos aqu? s?lo unos puntos. Pol?tica

mente, la Colonia espa?ola Habsburgo se convirti? en la base de la naci?n moderna: el primer gobierno colonial fij? el tablero territorial y jurisdiccional del gobierno nacional posterior. Probablemente el nacionalismo mexicano, ligado espiritualmente al indigenismo118 y socioecon?micamente a

118 Ver David A. Brading, Los or?genes del nacionalismo mexicano.

M?xico, Sep-Setentas, 1973, p. 26.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

606

BRADLEY BENEDICT

la adquisici?n de propiedades por los criollos, tuvo su origen

en la ?poca Habsburgo. Pero el Estado Habsburgo propici? tambi?n el estatismo, el regionalismo y el localismo que ca racterizan la historia subsecuente de M?xico. M?s a?n, la venta de puestos p?blicos de los Habsburgo tendi? a ahogar el crecimiento de un cuerpo de administradores profesiona les y la promoci?n Habsburgo del poder civil olig?rquico impidi? la formaci?n de una conciencia pol?tica popular: dos

males que han aquejado a M?xico a trav?s de los a?os.

Socialmente, el Estado Habsburgo patrocin?, en efecto, una nueva sociedad que dio importancia a la mezcla de razas

y de culturas; una sociedad que se benefici? con los aspectos positivos de la hibridaci?n y la transculturaci?n. Pero al mis mo tiempo, el gobierno real sancion? el crecimiento de una estructura de clases inequitativa, con proporcionalmente de masiada gente en la clase alta, much?sima m?s en la baja y demasiado poca en los sectores intermedios, legado que nece sit? dos siglos para empezar a corregirse.

El sistema mercantilista y monopolista del Estado Habs burgo sin duda aceler? y transform? ampliamente la vida econ?mica de M?xico, pero el trabajo, la sangre y el sudor de las multitudes benefici? a muy pocos. El incipiente sistema capitalista fomentado y circunscrito al mismo tiempo por el

Estado Habsburgo, capitaliz? las riquezas y el esfuerzo de

una minor?a. El concepto mismo del control estatal de todos los aspectos claves de la econom?a fue el precursor de la eco nom?a mixta y semisocialista de nuestros d?as.

En materia religiosa, la Iglesia indiana introdujo en M? xico la conciencia social y la acci?n social, no obstante que los esfuerzos de religiosos y laicos se ve?an constantemente minados y obstruidos por muchos de sus contempor?neos. La riqueza y las tierras de la Iglesia no fueron realmente fruto de adquisiciones codiciosas sino de donaciones voluntarias, aunque tambi?n es cierto que la Iglesia olvid? y fue nece sario recordarle que es mejor dar que recibir.

El Estado Habsburgo, sin embargo, pod?a alegar, lo mis mo que la Iglesia, que hab?a hecho las dos cosas.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

607

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO

Ap?ndice I La poblaci?n de espa?oles por distritos y municipios, 1624 Distrito Municipio

Vecinos

M?xico (6 de 15**) M?xico Valles

15 000

200 200 70

Tampico

Zumpango Toluca Quer?taro

200 500

16 170

Puebla (todos) Veracruz la Nueva Veracruz la Antigua

Jalapa

Puebla Tlaxcala Cholula Atlixco (Valle)

Tepeaca

1300

San Pablo (Valle)

7 400

Oaxaca (1 de 8) Antequera Yucat?n (1 de 5) M?rida Michoac?n (5 de 17) Valladolid San Luis Potos? (Villa)

Ramos

Guanajuato

Celaya

Nueva Galicia (3 de 16)

Guadalajara Zacatecas Fresnillo

400 100 200 3 000 500 500 1000 400

(afueras)

Individuos *

90 000

1200 1200 420 1200 3 000 97 020 2 400 600 1200

18 000

3 3 6 2 7 44

000 000 000 400 800 400

500

3 000

600

3 600

400 500 1500 300 300

2 400 3 000 9 000 1800 1800 2 400 20 400

400 3 400 400 1000 100

2 400 6 000 600 1 500 9 000

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

608

BRADLEY BENEDICT

Distrito Municipio Vecinos Individuos * Nueva Vizcaya (5 de 14)

Guardiana (Durango) 400 2 400 Cuencame 300 1 800 Saltillo 100

600

Minas de Mapim? 100 600

Santa Fe de Nuevo M?xico 70 420 970 , 5 820 Totales 30 540 183 240

Fuente: Antonio V?zquez de Espinosa, Compendio y descrip Indias occidentales. Washington, Smithsonian Instit

p. 112-188.

* Asumiendo seis individuos por cada vecino, o jefe de familia. ** Se quiere decir que Espinosa dio informaci?n sobre s?lo 6 de un total de 15 ciudades o villas establecidas por espa?oles.

Ap?ndice II Poblaci?n hipot?tica de M?xico Habsburgo, 1571-1700

Regi?n Blancos Indios Negros Mestizos Mulatos Totales 1571-1574

M?xico 23 946 1310 904 11736 1992 2 000 1350 578 Puebla

[Tlaxcala] 18 900 844 828 3 278 100 100 867 206

Oaxaca 2 280 583 600 532 50 50 586 512 Yucat?n 2 100 282 612 293 20 10 285 035 Michoac?n 4 890 94 556 1955 200 200 101801 Nva. Galicia 6 252 108 360 2 630 75 75 117 752 Nva. Vizcaya 360 Totales 58 728 3 224 860 20 424 2 437 2 435 3 3 This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO EN LA ?POCA DE LOS HABSBURGO 609

Regi?n Blancos Indios Negros Mestizos Mulatos Totales 1624-1646

M?xico 97 020 600 000 19 441 43 190 43 373 803 024 Puebla 44 400 250 000 5 534 16 841 17 381 334 156 Oaxaca 3 000 150 000 898 4 005 4 712 162 615 Yucat?n 3 600 150 053 497 8 603 15 770 178 523 Michoac?n 20 400 35 858 3 295 21067 20 185 100 805 Nva. Galicia 9 000 Nva. Vizcaya 5 820

41378 5180 13 854 13 778 89 010

Totales 183 240 1227 289 34 845 107 560 115 199 1668 133 1700

M?xico 215 500 575 740 13 320 71470 71760 947 790 Puebla 52 490 300 300 7 200 27 530 28 410 415 930

Oaxaca 8 410 190 950 570 6 560 7 720 214 210 Yucat?n 9 000 170 040 390 14 100 25 740 219 270 Michoac?n 51 830 91 830 1 890 34 480 33 040 213 070

Nva. Vizcaya 22 670 Nva. Galicia 18 160 38 820 4 050 22 130 22 520 128 350

Totales 378 060 1367 680 27 420 176 270 189190 2 138 620

Nota: Todas las cifras, excepto las de blancos, proceden de las com pilaciones de Gonzalo Aguirre Beltr?n, La poblaci?n negra en M?xico, 1519-1810. M?xico, Ediciones Fuente Cultural, 1946, p. 213, 221, 224-225.

Directa o indirectamente, Aguirre Beltr?n se bas? en datos compilados como sigue: 1) en 1571-1574 por Juan L?pez de Velasco, Geograf?a y des cripci?n universal de las Indias, dir. Justo Zaragoza. Madrid, Fortanet, 1894; p. 182-282; 2) en 1646, por Juan D?ez de la Calle, Memorial y no ticias sacras y reales de los dos imperios de las Indias occidentales. M? xico, 1932, y en 1742 por Antonio Villase?or S?nchez, Theatro americano, descripci?n general de los reynos y provincias de la Nueva Espa?a y sus jurisdicciones... 2 vols. M?xico, 1746-1748.

Calcul? la poblaci?n blanca de 1571 en datos de L?pez de Velasco,

pero a diferencia de Aguirre Beltr?n, que calcula 4 miembros por jefe de familia, yo he convertido el n?mero de "vecinos espa?oles" calcu lando 6 miembros.

Los c?lculos de D?ez de la Calle dan una poblaci?n blanca incre?ble

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

610

BRADLEY BENEDICT

mente baja en el siglo xvn. No es cre?ble que la poblaci?n de Tlaxcala

Puebla entre 1574 y 1646 disminuyera de 3 150 vecinos (Velasco) a 2 700 (Calle) ni de 815 vecinos a 250 en Michoac?n. Por lo tanto su

pongo que son m?s exactos y m?s completos los datos recopilados sobre el siglo xvi por Antonio V?zquez de Espinosa, Compendio y descripci?n de las Indias occidentales. Washington, Smithsonian Institute, 1948; p. 112-188. Parte de esta obra tambi?n aparece en Mariano Cuevas, dir.,

Descripci?n de la Nueva Espa?a en el Siglo XVII por el Padre Fray Antonio V?zquez de Espinosa y otros documentos. M?xico, Editorial Patria, 1944.

V?zquez de Espinosa fue un erudito que visit? muchas de las regio nes y de los pueblos que describi?, a diferencia de Velasco y de la Calle que estudiaban los informes en Sevilla. Mis c?lculos sobre la poblaci?n blanca var?an tambi?n de los de Borah, New Spain's Century of Depres sion. Ibero-Americana 35, Berkeley and Los Angeles, University of Ca lifornia Press, 1951; p. 5-14. Bas?ndose en los c?lculos de Calle y to

mando 6 como cifra de conversi?n (cifra que llama conservadora), Borah calcula la poblaci?n blanca laica en 118 752 en el a?o de 1646.

Tambi?n mis datos difieren de los de ?ngel Rosenblath, La poblaci?n ind?gena y el mestizaje en Am?rica. 2 vols. Buenos Aires, Editorial Nova, 1954; p. 58 y 88. Calcul? las cifras para 1700 por interpolaci?n, compu tando la mitad de la diferencia entre las cifras para 1624-1646 y 1742 (Villase?or, ajustadas por Aguirre Beltr?n) . Aqu?, como en todo, tom? el 6 como cifra de conversi?n de los blancos^

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:05 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE

EN EL MEXICO COLONIAL DURANTE EL SIGLO XVIIT David A. Brading University of Yale I

El M?xico colonial era una sociedad de "?rdenes

dos". De acuerdo con el profesor Mousnier, en tal la estratificaci?n y el estatus son determinados m? privilegios, las funciones y el nivel comparativo de sos estratos que por una jerarqu?a de clase econ?m la respectiva vinculaci?n con el mercado de los gru siglo xvn, en Francia, un comerciante rico era so inferior a un noble indigente o a un sacerdote men Una variante compleja de este tipo de sociedad f la Nueva Espa?a, donde se sustituyeron las distinci peas (sacerdote, noble, burgu?s, hombre del pueblo estratificaci?n ?tnica basada en los cinco "estados" les: espa?oles, mestizos, mulatos, indios y negros, c que indicaban el car?cter gen?tico aproximado de viduo y se consideraban m?s bien como definicion

condici?n fiscal y civil.2 Cada estrato ?tnico ten?a pri

* La versi?n original inglesa de este art?culo fue publicad t?tulo "Government and Elite in Colonial Mexico", en Hispani Historical Review, vol. 53:3 (agosto de 1973).

1 V?ase Roland Mousnier, Les Hierarchies Sociales de 1

Jours. Par?s, 1969. Partes de su an?lisis est?n reproducidas Mousnier, Peasant Uprisings in Seventeenth Century France, China. Nueva York, 1970; p. 3-31, 153-78, 233-72.

2 V?ase tambi?n Lyle N. McAlister, "Social Structure

Change in New Spain", Hispanic American Historical Review en adelante citado: HAHR), XLIII (1963), p. 349-70; Woodrow "Race and Class in Mexico", The Pacific Historical Review 2

611 This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

612

DAVID A. BRADING

obligaciones y en algunos casos hasta'instituciones distintas.

El indio, en particular, estaba rodeado por un cuerpo com pleto de leyes emitido para su beneficio espec?fico. As?, s?lo los negros y los mulatos eran tenidos en general como escla vos y sus descendientes liberados viv?an bajo el estigma de su origen. A pesar de su clasificaci?n com?n como castas, los mulatos se diferenciaban de los mestizos en que estaban suje tos a tributo, un impuesto de capitaci?n pagado por los in dios, del cual estaban exentos espa?oles y mestizos. Es inne

cesario decir que esta forma de estratificaci?n no debe

confundirse con un sistema de castas, ya que los diversos esta

mentos no eran preservados mediante sanciones religiosas, ni endogamia compulsiva. De hecho, los matrimonios mixtos eran

tan frecuentes que, en muchos casos, los hijos pertenec?an a un estrato distinto al de sus padres y te?ricamente era posi ble que, a trav?s de una cuidadosa selecci?n de consortes, el bisnieto de un indio puro fuese reconocido como espa?ol.3

En Europa era tambi?n necesario el mismo n?mero de generaciones para que el descendiente rico de un campesino se hiciese noble, aunque en todo caso, la inmigraci?n era el medio m?s com?n para elevarse en la jerarqu?a ?tnica.

La nobleza en M?xico estaba constituida por espa?oles

descendientes de naci?n conquistadora, quienes ejerc?an un verdadero monopolio sobre los nombramientos civiles y ecle si?sticos. Sin embargo, a finales del siglo xv?n, dado el creci miento natural, los matrimonios mixtos y la intrusi?n silen ciosa de indios y mulatos, este estrato comprend?a ya cerca del 18% de la poblaci?n.4 Por lo menos tres cuartas partes de p. 331-42; Richard M. Morse, "The Heritage of Latin America", en

Louis Hartz, The Founding of the New Societies. Nueva York, 1964,

p. 135-46.

3 Pedro Alonso O'Crowley, A Description of the Kingdom of New Spain, trad, y ed. por Sean Galvin. San Francisco, 1972; p. 17-21. De la

mezcla de un indio y un espa?ol nac?a un mestizo, del mestizo y un espa?ol nac?a un castizo, del castizo y un espa?ol nac?a un espa?ol. En contraste, cualquiera con antecedentes negros, por diluidos que fuesen, en teor?a segu?a siendo mulato.

4 D. A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico 1763

1810. Cambridge, 19771, p. 14, 19-24.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

613

los espa?oles nacidos en Am?rica pertenec?an por su ocupa ci?n, no ya a la ?lite, sino a la capa superior del estrato del pueblo. Se concentraban en poblados y en las zonas reci?n establecidas de la Gran Chichimeca, conocida m?s tarde como "tierra adentro"; trabajaban al lado de castas y de indios aculturados, de mineros, campesinos, arrieros y artesanos.

Aunque tales condiciones convert?an la estratificaci?n ?tnica en un anacronismo, se dice que un blanco, aunque pobre, se consideraba a s? mismo socialmente superior a un mulato rico.

Como consecuencia de la expansi?n, por no decir de la dilu ci?n del grupo espa?ol, solamente los peninsulares, inmigran tes de la metr?poli, y un reducido n?mero de criollos lograron

conservar la quintaesencia noble propia de su estado. A su llegada a la Nueva Espa?a, el gachup?n esperaba ser tratado como don sin importar la posici?n que hubiera ocupado en

Espa?a.5

A la vanguardia del estado espa?ol se encontraba la "gente decente", la que era respetable y de calidad, heterog?nea ?lite

colonial que sumaba menos del 5% de la poblaci?n, grupo para el que no exist?a un criterio com?n que gobernara el ingreso de sus miembros, como lo podr?a haber sido la pose si?n de hacienda o el privilegio legal. Gente decente eran todos los espa?oles europeos, los cl?rigos, m?dicos, abogados y notarios, la burocracia real, los mercaderes, hacendados y mineros de ?xito; y eran gente decente en base a tres prin cipios: la nobleza ?tnica, el privilegio legal y la riqueza.

Gracias a su origen metropolitano, los peninsulares, fue ran soldados, mercaderes u oficiales, gozaban de una posici?n elitista que les permit?a desde?ar las pretensiones de supe rioridad de los criollos. Asimismo, el clero, gracias a su edu caci?n y al fuero eclesi?stico que le exim?a de toda jurisdic ci?n legal, gozaba de una posici?n de privilegio en tanto que los mercaderes, organizados en cofrad?as tambi?n privilegia das, disfrutaban de una aceptaci?n m?s propia de Boston que de Madrid. En contr?stenla posici?n del hacendado den 5 Francisco de Ajofr?n, Diario del viaje que hizo a la Am?rica en

el siglo XVIII. 2 vols., M?xico, 1964; I, p. 63.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

614

DAVID A. BRADING

tro de las ?lites no se define f?cilmente. Generalmente el hacendado mexicano carec?a de las exenciones fiscales, puestos pol?ticos y dem?s privilegios de que gozaba el terrateniente europeo, ya que la posesi?n de grandes extensiones de tierra no confer?a fuero espec?fico ni t?tulo de nobleza, y tra?a con

sigo m?s prestigio que privilegio. En efecto, en la Nueva Es

pa?a no dominaba la aristocracia del campo, m?s bien el

dominio era ejercido por los concejos de pueblos y munici pios, concejos que rara vez eran presididos por un hacendado.

Aunque es de pensarse que el hacendado se asociaba en t?rminos de igualdad con el clero, los comerciantes y los re presentantes reales de su regi?n,6 es dif?cil especular sobre puestos jer?rquicos, ya que en M?xico no se daban los gran des bailes, recepciones, cacer?as y funciones p?blicas que en Europa constitu?an a la "sociedad" y que serv?an para apre ciar y comparar la posici?n de un individuo y de su familia.7 En este ensayo me propongo: a) analizar la composici?n

de la ?lite mexicana en el siglo xvm y rastrear los patrones de

movilidad social de criollos y peninsulares; b) examinar la participaci?n de criollos en la burocracia; c) tratar la distri buci?n de beneficios pol?ticos entre los diferentes sectores de la ?lite, y d) revisar los cambios producidos por la inde pendencia; adem?s de analizar la debilidad pol?tica y econ? mica del hacendado, como tema principal de este ensayo.

Para este prop?sito, me parece interesante comenzar con una comparaci?n que ilustre mi argumento.

II

Hace algunos a?os, Lawrence Stone, actualmente profe

en la Universidad de Princeton, present? una brillante imag

? Para una afirmaci?n vigorosa de esta posici?n, v?ase Frank Saff "Social Aspects of Politics in Nineteenth Century Spanish America Granada, 1825-1850", Journal of Social History, 1972, p. 344-70.

7 H. G. Ward, Mexico in 1827, 2 vols., London, 1828, II, p. 715. " he dicho acerca de la organizaci?n de la sociedad en M?xico, porqu de hecho, no existe."

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

615

visual de lo que hab?a sido Inglaterra en la ?poca de los Tu dor.8 Comparaba a la sociedad inglesa de los a?os 1540 con

el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. En ese tipo de sociedad, casi el 95% de la poblaci?n habitaba el

podio, cuya extensi?n lateral, con largu?simos corredores y varios niveles, ofrec?a posibilidades enormes de movilidad ho rizontal y muy escasas oportunidades de ascenso social. Sobre las masas, en la torre donde se encontraban los grupos de ?lite que deb?an su membres?a a sus extensas posesiones, esta ba un elevador que generalmente bajaba a m?s pasajeros de los que sub?a. Y afuera, expuestas al viento, se encontraban las cuatro rampas: legislaci?n, administraci?n, iglesia y co mercio, por las que el individuo podr?a ascender al nivel que le permitieran su talento y su fortuna, para despu?s entrar a la torre con la compra de tierras. El profesor Stone con cluy? ilustrando a la sociedad inglesa de los a?os 1700 con la imagen de San Gimigniano, pueblito italiano construido sobre un cerro con una serie de torres que se alzan sobre el caser?o.

Ya en la sociedad de esa ?poca, cada grupo social y econ?mico contaba con jerarqu?a y elevador propio, independiente de la torre central de la terratenencia. En la ?poca de los Borbones, M?xico se asemejaba m?s a la sociedad de la ?poca de los Tu dor que a la de los Hannover. Por lo menos el 95% de su po blaci?n viv?a en la base de la escala social, sin m?s oportuni

dades de ascenso que aquellas accesibles a la "plebe", aun

cuando dentro de ese mismo nivel exist?an diferencias econ? micas. El minero que ganaba 350 pesos diarios y el ranchero con tierras y animales que val?an unos 500 pesos se diferen ciaban enormemente del pe?n de hacienda que ganaba una raci?n de ma?z y 48 pesos al a?o y a?n m?s de un pe?n itine rante que ganaba dos reales diarios, cuando trabajaba. Estas diferencias divid?an las jerarqu?as de los "estados" ?tnicos, lo que ser?a en s? mismo un tema ampl?simo para explorar aqu?.9

8 Lawrence Stone, "Social Mobility in England, 1500-17700: Confer ence Paper", Past and Present, 33 1966, p. 16-50, 9 Manuel Abad y Queipo, "Escritos", en Jos? Mar?a Luis Mora, Obras sueltas. M?xico, 1963, p. 208-209.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

616

DAVID A. BRADING

Imaginando a los habitantes del rascacielos social, encon tramos que en M?xico, como en la Inglaterra de los Tudor, las fortunas logradas por medio de la miner?a, el comercio y la administraci?n p?blica se invert?an generalmente en tie rras; sin embargo todav?a carecemos de una caracterizaci?n del hacendado mexicano del siglo xvni equivalente a la del hacendado ingl?s de los a?os 1500. En 1810 hab?a en M?xico 4 945 haciendas registradas y poco m?s de 4 000 familias cons titu?an la clase hacendada, y de ese n?mero tan reducido hab?a distinciones entre el hacendado due?o de una sola ha cienda, valuada entre 20 y 50 000 pesos, y el gran terrate niente con numerosas propiedades que en conjunto val?an entre 300 000 y 1 000 000 de pesos. En ambos casos la clase hacendada sufr?a dificultades econ?micas tan grandes, que

constitu?a un segmento de la poblaci?n de movilidad descen dente. Los marqueses de San Miguel de Aguayo, due?os de casi la mitad de Coahuila, a duras penas pod?an cubrir deu das heredadas de casi medio mill?n de pesos. Los peque?os hacendados vend?an pronto. En un estudio del valle de Oaxa

ca, el profesor Taylor encontr? que un gran n?mero de

haciendas hab?an cambiado de due?o un promedio de cinco veces en el curso del siglo xvm y en mis propias investigacio nes en el estado de Le?n, encontr? que las 25 haciendas estu diadas hab?an sufrido cuatro ventas entre 1700 y 1860.

Aunque no se han podido determinar plenamente las cau sas de las numerosas ventas, tan precipitadas para el pensar europeo, los tres factores que siguen podr?an haber sido de terminantes: a) el sistema testamentario: ya que el mayoraz go no se acostumbraba y la progenitura estaba prohibida por la ley. Dado lo impr?ctica y dificultosa que resultaba la divi si?n de las tierras, frecuentemente prohibida por contratos hipotecarios, se hac?a muchas veces necesaria la venta de la

hacienda para lograr la divisi?n equitativa de la herencia; b) a trav?s de los a?os, muchas haciendas hab?an acumulado

tantas hipotecas y pensiones eclesi?sticas, que se requer?a la totalidad de su ingreso nada m?s para pagar los intereses; del estudio de 27 haciendas, Taylor calcul? que, en conjun to, sus obligaciones o deudas eclesi?sticas, constitu?an el 67% This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

617

del valor total de su capital;10 c) la tasa de ganancias agr?co las era relativamente baja e insegura: dado el elevado costo del transporte, resultaba prohibitiva la exportaci?n del pro ducto agr?cola, por lo que las grandes propiedades derivaban toda su ganancia de la venta a los muy limitados mercados

urbanos. Enrique Florescano opina que la competencia de

los peque?os productores y de los poblados ind?genas, obli g? al hacendado a depender de los a?os de escasez, cuando pod?an distribuir y vender a precios elevados el producto almacenado de cosechas previas.11 Cualquiera que fuese la causa o causas (ya que indudablemente cada regi?n segu?a un patr?n diferente) de los problemas del hacendado, es in dudable que la hacienda de la Colonia no constitu?a un fun damento s?lido para establecer a una nobleza o a una aristo cracia de hacendados que fuesen estables.

El comercio y la miner?a eran los medios principales de ascenso econ?mico. Descartando el enlace con una rica here dera, el modo m?s com?n de hacerse rico era abrir una tien da. Aunque no existen datos en cuanto al n?mero de comer ciantes que no fuesen solamente distribuidores, el censo de 1791 registra a 1 384 en la ciudad de M?xico, lista que pro bablemente inclu?a a cajeros y aprendices, y sin embargo, s?lo se emitieron 5 votos en las elecciones del Consulado en

1787. Guanajuato, principal centro minero, no contaba en ese mismo a?o con m?s de 162 mercaderes y 149 cajeros, mien tras que en toda la intendencia hab?a cerca de 1 000 personas descritas como comerciantes.12 Ser?a sorprendente que en aque 10 Para una lista de haciendas, v?ase Fernando Navarro y Noriega, Memoria sobre la poblaci?n del reino de Nueva Espa?a. M?xico, 1943.

Sobre el Marquesado de San Miguel, v?ase Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la ?poca colonial. M?xico, 1938, p. 503-508. Acerca de Oaxa ca, v?ase William B. Taylor, Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca.

Stanford, 1972, p. 141. il Enrique Florescano, Estructuras y problemas agrarios en M?xico (1500-?821). M?xico, 1971, p. 125-28.

12 Sobre la ciudad de M?xico, v?ase Alexander von Humboldt, En sayo pol?tico sobre el reino de la Nueva Espa?a, ed. Juan A. Ortega y Medina, M?xico, 1966, p. 579. Sobre Guanajuato y las elecciones de Con

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

618

DAVID A. BRADING

lia ?poca hubiese habido m?s de 10 000 comerciantes en toda la Nueva Espa?a. Naturalmente, exist?an enormes diferencias entre un negocio mercantil y otro: hab?a quienes terminaban una vida de lucha y trabajo con una fortuna muy reducida, mientras que hab?a quienes utilizaban relaciones familiares y conexiones de todo tipo para conseguir f?cilmente el capital

y los cr?ditos requeridos por su empresa, y una vez acumu lado, invert?an el capital mercantil en tierras y haciendas.

Es necesario insistir sobre un factor evidente, importante

en el comercio de la Colonia: los mercaderes m?s ricos de todo el reino eran peninsulares. El censo de 1792-1793 de

muestra que la mitad de todos los comerciantes y cajeros de la regi?n del Baj?o eran espa?oles europeos. En total, los inmi

grantes de aquella ?poca, excluyendo a los miembros del

clero, no pasaban de 9 250, de los cuales s?lo 400 eran mu jeres. Una cuarta parte de los inmigrantes (y la mitad de las

mujeres), resid?a en la ciudad de M?xico. El resto resid?a en distintos centros urbanos: 314 en Guanajuato, 249 en Oaxaca, 190 en Quer?taro, 113 en Orizaba, 93 en Jalapa,

51 en Toluca, 40 en San Miguel el Grande y 19 en San Juan del R?o. Un muestreo de las jurisdicciones del Baj?o, Toluca, Orizaba y Jalapa indica que menos de la quinta parte resid?a en el campo. Por lo menos el 55 por ciento de todos los inmi grantes, se dedicaba al comercio.13 El establecimiento europeo en la Nueva Espa?a podr?a re presentarse gr?ficamente como una red de centros urbanos conectados por l?neas de relaciones familiares y comerciales.

Pero, en ?ltima instancia, la aceptaci?n de que gozaba el ga chup?n se deb?a m?s a su persona que a su ocupaci?n.

La ocupaci?n de minero puede compararse con una gr?a rudimentaria, movi?ndose a velocidad vertiginosa, a la que los hombres se lanzaban por su cuenta y riesgo. Los novicios sulado, v?ase D. A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810. Cambridge, 1971, p. 117, 254. Tambi?n, Archivo General de la Naci?n (en adelante: AGN), Historia, 523, ff. 76, 90.

13 ?stos son mis c?lculos basados en AGN, Padrones, vols. 5, 19-24, 26, 30-31, 34-37, 39, 41-42; v?ase tambi?n Navarro y Noriega, Memoria,

p. 64-65.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

619

casi siempre encontraban la ruina; los pocos sobrevivientes, sin embargo, lograban frecuentemente subir a los pelda?os m?s elevados de la escala social. La excesiva fugacidad de la profesi?n impide un c?lculo aproximado del n?mero de mi neros, lo que el censo de 1792-1793 dificulta a?n m?s, ya que no distingue entre los due?os de grandes minas y los que sim

plemente eran t?cnicos o cateadores. En cualquiera de sus

niveles, la miner?a pagaba sueldos altos, haciendo del simple cavador y del dinamitero, una especie de aristocracia laboral.

Sin embargo, es de dudarse que en toda la industria hubiese m?s de 1 000 empleados con pretensiones y posibilidades de ascender a una posici?n de ?lite.

Como sistema econ?mico, la sociedad mexicana del si

glo xviii no presenta sorpresas. La importancia de la expor taci?n resid?a m?s en las ganancias que rend?a que en el valor total de lo que se exportaba. S?lo a trav?s de las minas y la importaci?n de mercanc?a de lujo (toda tela europea podr?a considerarse lujo) pod?an erigirse grandes fortunas.14 Sin em bargo, la miner?a era sumamente especulativa y el comercio era decididamente aburrido. En ambas ocupaciones el ?xito estaba determinado por la sagacidad personal, cualidad que no se pod?a heredar f?cilmente a los hijos, educados para con siderarse, ante todo, caballeros. Sin bancos, ni acciones, ni bonos, las ?nicas inversiones seguras eran la hacienda, la igle sia y la propiedad urbana, de tal manera que se desarroll? un proceso continuo, en el que el capital acumulado por la exportaci?n era invertido en la compra de haciendas, para que se disipara gradualmente mediante el consumo suntuario, la divisi?n testamentaria, los donativos a la Iglesia y en p?r didas estacionales.

El sistema social, en cambio, s? presenta facetas sorpren dentes. En Europa Occidental, los mercaderes ricos, hijos de campesinos pr?speros o de gente bien venida a menos, com praban las haciendas de nobles sin fortuna. Las altas y bajas de esas familias fue un lugar com?n en la literatura de la 14 V?ase Jonathan V. Levine, The Export Economics. Cambridge, Mass., 1960, p. 7-12.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

620

DAVID A. BRADING

?poca.15 Pero ese trayecto circular: del campo a la ciudad y otra vez al campo, que en Europa a veces tardaba tres gene raciones en completarse, se vio interrumpido en la Nueva Espa?a. Aqu?, los inmigrantes peninsulares, due?os del co mercio, ascend?an en la escala social, mientras que descen d?an los terratenientes criollos. La miner?a de la plata atrajo a miembros de ambos grupos y algunos incluso criollos, se hicieron millonarios cuando la mayor?a terminaba sus d?as en la miseria. Es indiscutible que el descenso social de los criollos de la clase alta, a menudo se alarg? m?s que las tres generaciones proverbiales y no hay duda de que en muchos casos la buena administraci?n logr? evitar la ruina total; sin embargo, es inconfundible la tendencia.

Igualmente ins?lito para un europeo, es la rapidez con que un individuo pod?a subir y bajar en la escala social. Usando a la aristocracia como medida, encontramos que de 49 t?tu los conferidos en M?xico entre 1700 y 1810, veintis?is fueron

otorgados a mineros y comerciantes y veintiuno a inmigra dos. A pesar de su fortuna, sin embargo, muchas familias as? ennoblecidas, no sobrevivieron las vicisitudes de su tiempo.

En 1775, una investigaci?n oficial sobre el pago de impues tos de la aristocracia, descubri? que por su pobreza, muchos herederos hab?an renunciado a sus t?tulos.16 El nieto del Mar qu?s de San Clemente, minero principal de Guanajuato que hab?a muerto pr?cticamente en la miseria, renunci? a su t? tulo para casarse con una sirvienta. Y es significativo que los Condes de P?rez G?lvez y Casa Rui, inmigrantes malague?os casados con ricas herederas, hayan comprado sus numerosas haciendas de los descendientes del Marqu?s de Altamira y del 15 V?ase Pierre Goubert, Beauvais et la Beauvaisis de 1600 a 1730.

2 vols. Par?s, 1960; I, p. 206-222, 334-348. Un an?lisis contempor?neo fue hecho por John Millar, The Origin of the Distinctions of Banks. Edin burg, 1779; reproducido en William C. Lehmann, John Millar of Glasgow 1735-1801. Cambridge, 1960, p. 290-291. V?ase tambi?n Brading, Miners and Merchants, p. 208-214.

16 "La nobleza colonial en la segunda parte del siglo xvin, en AGN, Bolet?n, XIII, 1942, p. 541-590.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

621

Segundo Conde de Regla, cuyos t?tulos fueron otorgados en 1704 y 1768 respectivamente.17

La movilidad social descendiente de tantas familias aristo

cr?ticas, obviamente exacerb? la tensi?n que caracterizaba las relaciones de criollos y peninsulares, y al concluir el siglo xvn

tanto los viajeros como los virreyes comentaban esa mutua antipat?a.18 Al parecer esas dos ramas de la naci?n espa?ola en M?xico hab?an desarrollado identidades distintas. Los es

tereotipos de sus respectivas personalidades contienen una notable similitud con la psicolog?a social de los europeos de las colonias, descrita por O. Mannoni en su estudio cl?sico sobre Madagascar del siglo xx.19 El europeo espa?ol deb?a comprobar con sus logros, su posici?n en la ?lite; su arrogan cia nac?a de la convicci?n de su superioridad en relaci?n a las masas morenas que lo rodeaban, actitud que se ve?a refor zada por su dominio sobre los medios para lograr el triunfo

econ?mico. En comparaci?n, el criollo de clase alta nac?a

caballero y demostraba su superioridad con la ostentaci?n. La

amarga iron?a de la situaci?n se daba en la conciencia del

criollo que se sab?a atrapado en un movimiento descendente, en el cual sus hijos y nietos estaban destinados a perder su posici?n social.

Una aguda sensaci?n de desplazamiento o, por mejor de cir, de desposeimiento, ech? profundas ra?ces en la mente mexicana; ra?ces colectivas cuyo origen se remontaba al si glo xvi, en el que las familias de los encomenderos vieron su posici?n amenazada por olas de inmigrantes que se enrique c?an con el comercio, la administraci?n y las minas. Ya en 1599, Gonzalo G?mez de Cervantes exclamaba: "Aquellos que apenas ayer atend?an la tienda o la taverna, los que desem pe?aban trabajos serviles, hoy ocupan los puestos m?s hon rados del pa?s, mientras que los caballeros, los descendientes 17 Brading, Miners and Merchants, p. 105, 120, 208, 264-265, 297-298.

18 G. F. Gemelli Carreri, Viaje a la Nueva Espa?a, 2 vols. M?xico, 1955; I, p. 45; Instrucciones que los virreyes de Nueva Espa?a dejaron a sus sucesores. 2 vols. M?xico, 1873; I, p.j 101-103.

19 O. Mannoni, Prospero and Caliban, The Psychology of Coloniza tion. Nueva York, 2? edici?n, 1964, p. 97-109, 125-128.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

622

DAVID A. BRADING

de aquellos que conquistaron y colonizaron estas tierras, est?n humillados y empobrecidos, desairados y abatidos." 20 Una lamentaci?n conmovedora fue la que expres? Baltasar Dorantes de Carranza: "iOh, Indias! Madre de extra?os, abri go de forajidos y delincuentes, patria com?n a los innatura les. Dulce beso a los reci?n venidos... Madrastra de vuestros hijos y destierro de vuestros naturales, azote de los propios." 21

Una generaci?n despu?s, Antonio de la Calancha, cronista peruano, expres? el mismo sentir: "los nacidos en ella (Per?), son peregrinos de su patria; los advenedizos son los herederos de sus honras".22 jCu?n frecuentemente, a?n hasta la ?poca de la Revoluci?n, el intelectual mexicano habr?a de hacerse eco a estas declaraciones! A trav?s de los a?os, la hos tilidad inicial hacia el reci?n llegado se enquist? en una serie

de prejuicios, invocados incluso por los hijos de los coloni zadores posteriores contra todos los nuevos inmigrantes espa ?oles. Es notable que numerosos exponentes del patriotismo criollo hayan sido hijos de peninsulares, como Calancha, Eguiara y Eguren, Clavijero y Bustamante.

Seguramente, el resentimiento criollo no se resolvi? m?s que rara vez, en acci?n pol?tica directa, debido a que los j? venes m?s brillantes ingresaban a la Iglesia en donde encon traban gran amplitud para desarrollarse como predicadores, escritores y conferencistas, en la administraci?n de bienes eclesi?sticos y en los oficios propios del sacerdote. De hecho, el clero constitu?a la direcci?n moral e intelectual del pa?s,

y el gachup?n, aunque desde?oso de la habilidad adminis

trativa del criollo, aceptaba su direcci?n espiritual y alentaba a sus hijos a ingresar en la Iglesia. En 1810, el clero estaba

20 Gonzalo G?mez de Cervantes, La vida econ?mica y social de Nue va Espa?a al finalizar el siglo XVI, M?xico, 1944, p. 94.

21 Baltasar Dorantes de Carranza, Sumaria Relaci?n de las cosas

de la Nueva Espa?a. M?xico, 1902, p. 113-114; v?ase tambi?n a Jorge Alberto Manrique, "La ?poca cr?tica de la Nueva Espa?a a trav?s de sus historiadores", en Investigaciones contempor?neas sobre Historia de M? xico. Mexico and Austin, Texas, 1971, p. 101-124.

22 Antonio de la Calan cha, Cr?nica moralizada del orden de San

Agust?n en el Per?. Barcelona, 1639, p. 72.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA 623 constituido por 4 229 sacerdotes seglares y 3 112 frailes, y con

taba con 1 073 beneficios parroquiales y 107 prebendas cate dralicias.23 Como fuente de empleo, la Iglesia ocupaba una posici?n predominante. En 1804 hab?a 386 abogados regis trados en la Audiencia, de los cuales, solamente 210 practi caban su profesi?n; asimismo, no hab?a en todo el pa?s, m?s de 150 notarios (que no fuesen simples escribanos), ni m?s de 150 doctores (que no fuesen simplemente cirujanos) .24 Vista a la luz secular, como carrera o medio de vida, la Iglesia serv?a de refugio al criollo indigente que no pod?a de otra manera mantener sus pretensiones sociales, y al mismo

tiempo ofrec?a a los m?s brillantes la posibilidad de ascenso.

Los ingresos de la Iglesia proven?an del tributo eclesi?stico, de las obvenciones parroquiales, del 5% de inter?s sobre in numerables capellan?as y de otras dotaciones cargadas a las haciendas y propiedades urbanas. Gran parte de su capital proven?a de terratenientes y comerciantes que establec?an capellan?as a perpetuidad para sus descendientes que ingre saban al clero.25 De esta manera, las haciendas segu?an redi tuando a los due?os que a?os antes hab?an cedido el t?tulo legal de su propiedad.

La Iglesia era, pues, en un nivel, una de las grandes cau sas de la debilidad econ?mica de los hacendados, pero, por otra parte, utilizaba una elevada proporci?n de su ingreso en mantener a los hijos de esa misma clase que ingresaban a ella. Ser? necesaria una mayor investigaci?n para compren 23 Fernando Navarro y Noriega, Memoria sobre la poblaci?n. V?ase

tambi?n su Cat?logo de los curatos y misiones de la Nueva Espa?a.

M?xico, 1943, p. 44, 50; Mariano Torrente, Historia de la revoluci?n hispano-americana, 3 vols. Madrid, 1829; I, p. 46-48.

24 Para el n?mero de abogados, v?ase el Archivo General de Indias

(en adelante citado AGI), M?xico, 1811, Audiencia al Concejo de In

dias, octubre 21 de 1806. La intendencia de Guanajuato, con un d?cimo de la poblaci?n del pa?s, ten?a 9 doctores y 11 notarios. En la ciudad de M?xico hab?a 51 doctores y 63 notarios. V?ase Humboldt, Ensayo pol?tico, p. 579, y AGN, Historia, v. 523, ff. 76-90.

25 Fran?ois Chevalier, La formaci?n de los grandes latifundios en M?xico. M?xico, 1956, p. 204-208.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

624

DAVID A. BRADING

der del todo esta ?ntima simbiosis, as? como para comprender

el efecto del celibato en las ?lites de la Colonia. Como ejer cicio did?ctico, se podr?a calcular el monto del capital acu mulado en iglesias, conventos y altares que a?n son la gloria arquitect?nica de M?xico.

III

Nuestra descripci?n carece todav?a de dimensi?n pol? ?Cu?les fueron las relaciones entre la burocracia y la ? colonial? El profesor S. N. Eisenstadt describi? la pol?tic imperio espa?ol como una burocracia hist?rica, un sist de gobierno asociado en la Europa continental con el ab tismo din?stico y que sucedi? a los reg?menes patrimon y feudales de la Edad Media. En un estudio sobre la Au cia de Quito, John L. Phelan demostr? la exactitud y l lidad de esa categor?a posweberiana.26 La burocracia h dejado de ser la servidumbre dom?stica de la Corona y c?a como un cuerpo semiaut?nomo, celoso de las prerr tivas de su profesi?n. Como tal, la burocracia constitu grupo de inter?s, comparable a la aristocracia territorial Iglesia o a las ?lites urbanas. Con este sistema, los ofic

de la Corona tend?an a integrarse a las condiciones aristocracia.

En este punto debemos protegernos contra el h?bito hacer grandes abstracciones para describir peque?os gr

humanos. Hasta las reformas borb?nicas de fines del siglo x

la Corona espa?ola depend?a de unos cuantos oficiales f cionarios para gobernar el imperio americano. La buroc judicial de toda la Nueva Espa?a, es decir, los miembro

lariados de las audiencias de M?xico y Guadalajara, e

26 Aqu? me gu?o por John Leddy Phelan, The Kingdom of Qu in the Seventeenth Century. Madison, 1967, p. 320-337. V?ase S. Eisenstadt, The Political Systems of Empires. Nueva York, 1963. un an?lisis brillante sobre el absolutismo din?stico, v?ase Hans R berg, Bureacracy, Aristocracy and Autocracy. The Prussian Exper 1660-1815. Boston, 2? edici?n, 1966.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

625

constituida por 20 personas. Igualmente escasa era la burocra cia fiscal, pues aparte de tinterillos y simples escribanos, la

Tesorer?a y la Corte de Auditor?a no contaba con m?s de 60 empleados.27 Salvo las patrullas fronterizas y la guardia del puerto, las fuerzas armadas eran pr?cticamente inexisten tes. Los magistrados de distrito, los alcaldes mayores y los corregidores, no llenaban ning?n criterio conocido de buro

cracia. Con el ascenso de los Borbones se abandon? toda pretensi?n de pago de sueldos, que ya eran irrisorios, de

manera que los 150 magistrados debieron subsistir con los

escu?lidos frutos de la justicia o por medio de tratos ilegales.28

Nombrados, sin calificaci?n ni tradici?n profesional para fun gir por un periodo de tres a cinco a?os, los oficiales consi deraban sus puestos como simples prebendas, como su opor tunidad para enriquecerse.

El inter?s en el gobierno colonial se ha centrado en la exclusi?n de la clase criolla de los puestos p?blicos, noci?n tradicional que a?n adoptan muchos libros de texto y que surgi? en 1811 con los debates en las Cortes de C?diz, cuando los representantes americanos hicieron listas para demostrar el n?mero irrisorio de virreyes y arzobispos criollos. Aunque ya entonces L?pez de Cancelada rebati? esas pruebas, el ar gumento fue esgrimido y utilizado por los propagandistas de la independencia y, m?s tarde, la publicaci?n de documen tos coloniales confirm? la ortodoxia en boga.29 Ya en 1604, un virrey mexicano comentaba: "Es opini?n com?n que de necesidad solamente los descendientes de los conquistadores fungir?n como corregidores..." 30 A principios del siglo xvm,

27 La Corte de Auditor?a empleaba a 14 contadores permanentes y un n?mero variante de supernumerarios. Hab?a solamente 10 tesorer?as.

Brading, Miners and Merchants, p. 55; Joaqu?n Maniau Torquemada, Compendio de la historia de la Real hacienda de la Nueva Espa?a. M? xico, 1914, p. 6-8.

28 Brading, Miners and Merchants, p. 48.

29 Juan L?pez de Cancelada, El tel?grafo americano. C?diz, 1812, p. 133-142; Jos? Miguel Gurido Alcocer, El censor extraordinario. C?diz, 1812, p. 1-26.

30 Instrucciones que los virreyes de la Nueva Espa?a dejaron a sus sucesores. M?xico, 1867, p. 249, 255.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

626

DAVID A. BRADING

el doctor Juan Antonio de Ahumada, en una eleg?a a la me moria de Felipe V, exigi? que todo nombramiento real en Am?rica fuese reservado para los nacidos en ese hemisferio,

los herederos ?dijo? de aquellos que lo hab?an conquis

tado. Argumentaba que sin la esperanza de un puesto p?blico,

el joven criollo no tendr?a incentivo para el estudio y se

sumir?a en el ocio y el vicio convirti?ndose en "simple pere grino en su propia tierra".31 En 1771, el Ayuntamiento de la ciudad de M?xico, reiteraba con vehemencia la petici?n.

Al peninsular se le descartaba abiertamente como extranjero en M?xico y se buscaba, por lo tanto, un monopolio criollo de la burocracia real.32 Recientemente, esta visi?n tradicional ha sido puesta en tela de juicio y, en parte, refutada. En una serie de cuatro art?culos publicados en 1972, los profesores Leon Campbell, Mark Burkholder, Jacques Barbier y D. S. Chandler demos traron que en el siglo xviii, era frecuente y a veces predo minante la participaci?n criolla en las audiencias americanas; mis investigaciones me han llevado a la misma conclusi?n.33 Est? probado que en los a?os de 1760 los oidores de las Au diencias de Lima, Santiago de Chile y M?xico, eran criollos en su mayor?a; sin embargo, sus nombramientos eran recien tes y en gran parte se deb?an a la extraordinaria decisi?n de los Borbones, de vender los puestos de oidores al mejor 31 Juan Antonio Ahumada, Representaci?n pol?tica-legal a la Mages

tad del Sr. D. Felipe V en favor de los espa?oles americanos... Ma

drid, 1725.

32 La petici?n de 1771 est? impresa en Juan Hern?ndez D?valos,

Colecci?n de documentos para la historia de la guerra de independencia de M?xico de 1808 a 1821. 6 vols. M?xico, 1877-1882; I, p. 427-455.

33 Leon G. Campbell, "A Colonial Establishment: Creole Domina

tion of the Audiencia of Lima during the late Eighteenth Century", HAHR 52, 1972. Num. 1, p. 1-25; Mark A. Burkholder, "From Creole to Peninsular: The Transformation of the Audiencia of Lima", y Jac ques A. Barbier, "Elites and Cadres in Bourbon Chile", ambas en HAHR 52, 1972, num. 2, p. 395-415, 416-435; M. A. Burkholder y D. S. Chand ler, "Creole Appointment and the sale of Audiencia Positions in the Spanish Empire under the Early Bourbons 1701-1750", Journal of Latin American Studies; 4, 1972, p 187-206.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

627

postor. Entre 1701 y 1750 la cuarta parte de los nombramien tos fueron comprados. Durante la d?cada de 1740, dos quin tas partes de los puestos fueron ocupados por americanos,

puestos no otorgados en su mayor?a, sino vendidos. Gran

parte de los oidores criollos de las Audiencias de Lima y San

tiago de Chile estaban vinculados a las ?lites de hacenda

dos, ya fuese por parentesco, por matrimonio o por intereses

econ?micos. En las Audiencias, tanto como en el Cabildo, ir?nicamente fue la venta de puestos p?blicos lo que abri?

las puertas a un cierto tipo de gobierno representativo. Hacia 1770 la mayor?a de las audiencias americanas representaban a las familias ricas y poderosas de sus provincias respectivas.

La Audiencia de M?xico ten?a las mismas caracter?sticas

que las de Lima y Santiago de Chile. En 1767, de doce puestos disponibles, once estaban ocupados por hombres de antece dentes conocidos, de los cuales ocho eran criollos y tres eran peninsulares, aunque los padres de por lo menos tres criollos eran peninsulares y el padre de uno m?s proven?a de las

Islas Canarias. Aunque solamente la mitad de los oidores

americanos proven?an de provincias sujetas a la corte mexi cana, dos eran de Jalisco, y un tercero, guatemalteco, se hab?a educado en la ciudad de M?xico. Por lo menos cinco oidores, inclusive dos peninsulares, por matrimonio o por des

cendencia, ten?an relaciones directas con la nobleza. Es igual mente importante que por lo menos cinco jueces fueran hijos de funcionarios del gobierno, dos de ellos, hijos a su vez de oidores. No existen datos acerca de su fortuna, pero su talento

y educaci?n constitu?an requisito importante para el ?xito.

Se sabe que cuatro de ellos se educaron en la famosa escuela jesu?ta de San Ildefonso, en la ciudad de M?xico.34 Dos crio llos, Francisco Javier de Gamboa y Joaqu?n de Rivadeneyra

hab?an residido en Espa?a, en donde ganaron una buena reputaci?n con la publicaci?n de sus respectivos libros. De esta manera los oidores mexicanos formaban un grupo cohe sivo, una ?lite de educaci?n y antecedentes sociales semejan tes, reforzada por uno que otro parentesco distante.

34 Brading, Miners and Merchants, p. 40-44.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

628

DAVID A. BRADING

Dada la insuficiencia de estudios prosopogr?ficos, es pre maturo hacer generalizaciones de la situaci?n en las audien cias. El ?xito de los oidores americanos se debi? a la escasez de abogados ricos procedentes de Madrid. Sin embargo, en el caso de las alcald?as mayores que redituaban ingresos muy altos, y especialmente en aquellas que produc?an cochinilla, es probable que se despertara la avaricia peninsular, y que la venta de puestos, por lo tanto, impidiera la participaci?n criolla. De hecho, es poco lo que conocemos de los antece dentes sociales de estos magistrados e igualmente oscuras son las fuentes de reclutamiento de la burocracia fiscal. Ser? una investigaci?n posterior lo que aclare estas cuestiones.

No es posible ning?n an?lisis del gobierno colonial sin

considerar el papel que en ?l jug? la Iglesia. El clero, depen diente de la Corona para sus promociones y nombramientos, constitu?a una burocracia paralela que como sistema de con trol social, era m?s eficiente que la magistratura secular. La Iglesia dominaba la vida espiritual e intelectual del pa?s.

Prove?a los servicios sociales, escuelas y universidades, hospi tales, asilos y orfelinatos que actualmente dependen del Es tado. Cobraba tributo y contaba con tribunales propios. Los jueces eclesi?sticos, lejos de dedicarse exclusivamente a las transgresiones espirituales y a la disciplina del clero, ordena ban los embargos y subastas de propiedad privada con las que la Iglesia se cobraba el tributo o el inter?s sobre hipote cas eclesi?sticas que se le adeudaban.35 Generalmente, el pue blo buscaba su gu?a y direcci?n, no en los alcaldes mayores, sino en los 1 073 p?rrocos del reino y, del mismo modo, cuando

las masas se levantaban, era en el clero donde la Corona y las clases altas buscaban su apoyo.36 Y no es necesario comentar la funci?n misionera de jesuitas y franciscanos en la pacifi caci?n de nuevas fronteras.

35 N. M. Farris, Crown and Clergy in Colonial Mexico 1759-1821.

London, 1968, p. 94-96, 152-154, 165-168.

36 En Tehuantepec, la sola presencia del obispo de Oaxaca en atuen

do episcopal era suficiente para acallar una rebeli?n ind?gena. V?ase

Brian R. Hamnett, Politics and Trade in Southern Mexico 1750-1821.

Cambridge, 1971, p. 13.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

629

Aunque se sabe que en alg?n momento del siglo xv?n, los criollos lograron tener un monopolio de los puestos secula res inferiores al obispo, es poco lo que se sabe de la compo sici?n social del clero mexicano. Por el valor que quiz? el dato pueda tener, hago notar que en la d?cada de 1790, por lo menos cuatro miembros del cabildo eran hijos de miem bros de la Audiencia.37

Para hacer del imperio americano una posesi?n m?s lu

crativa, Carlos III y sus ministros se apoyaron en los instru mentos cl?sicos del absolutismo mon?rquico: el soldado y el recaudador de impuestos. Se organiz? un destacamento de 10 000 hombres para el servicio permanente en la Nueva Es pa?a, reclutando al soldado raso en la misma regi?n donde se acuartelar?a. La burocracia fiscal tuvo una expansi?n sin

precedente, debido a la ampliaci?n de viejas instituciones como la Tesorer?a y la Corte de Auditor?a, as? como a la crea

ci?n de nuevas dependencias: el monopolio del tabaco, las

intendencias y el servicio de alcabalas. El censo de 1790-1792

list? a 311 personas como empleados de la Real Hacienda en la ciudad de M?xico y a otros 105 en la Intendencia de Guanajuato, cifras superiores al total combinado de abogados, doctores y notarios en cada distrito.38 Como consecuencia de las reformas borb?nicas, calculo que los puestos burocr?ticos bien remunerados se cuadruplicaron y que persisti? el ?nfasis en la recaudaci?n de impuestos. Adem?s del nombramiento de doce intendentes como gobernadores provinciales, se puso poca atenci?n en el gobierno local, cedi?ndolo a subdelega dos, nueva versi?n de alcaldes mayores, que deb?an subsistir con una comisi?n del 5% del tributo cobrado a los indios y mulatos del distrito.

Las recientes investigaciones, ya mencionadas, han confir mado la hip?tesis de que Carlos III y Jos? de G?lvez, Minis 37 ?stos eran: Andr?s Luis Fern?ndez de Madrid, Juan Jos? Gamboa y Urrutia, Giro Ponciano Villaurrutia y Joaqu?n Jos? Ladr?n de Gue vara. Jos? Cayetano Foncerrada era hermano de un oidor nombrado poco despu?s. T?tulos de Indias. Cat?logo XX del Archivo General de Siman cas. Valladolid, 1954, p. 168-176.

38 Humboldt, Ensayo pol?tico, p. 579; AGN? Historia 523, ff. 76, 90.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

630

DAVID A. BRADING

tro de las Indias, intentaron reducir la participaci?n del crio

llo en la Iglesia y el Estado. Los nuevos funcionarios del monopolio del tabaco y del servicio de alcabala vinieron di rectamente de Espa?a. Por medio de diversas artima?as, la participaci?n criolla en las audiencias se redujo a una tercera o cuarta parte de la totalidad de los miembros. Asimismo, una

tercera parte de las prebendas del cabildo de la Catedral fue

ron ocupadas por europeos.39 Pero se debe ejercer mucha

cautela al interpretar datos incompletos. El aumento de acti vidades gubernamentales indudablemente dio empleo a mu chos criollos que antes quiz? lo hubiesen solicitado en vano.

La exclusi?n criolla funcionaba principalmente en los niveles m?s altos, pues casi todo el clero parroquial proven?a de la propia parroquia. El caso del ej?rcito colonial es ilustrativo.

Los documentos oficiales de 1798 a 1800 indican que seis regimientos y un batall?n de la fuerza central (excluimos de este c?lculo a las dispersas fuerzas del norte) estaban coman

dadas por 268 oficiales cuyo rango iba desde alf?rez hasta capit?n. De ellos, 112 eran peninsulares, 28 eran americanos de otras colonias y 128 eran nacidos en M?xico. Pero como se podr?a adivinar, todos los coroneles, menos uno, eran euro peos.40 Fue en contra de esta discriminaci?n que el Ayun tamiento de la ciudad de M?xico protest? en 1771 y en 1776.

De hecho, cuando los delegados americanos ante las Cortes de C?diz protestaban contra la exclusi?n criolla de los puestos p?blicos, denunciaban la pol?tica de una generaci?n, m?s que la pr?ctica de toda la ?poca colonial.

En el caso de la alta burocracia, se encuentran algunos sutiles indicios de cambio. Muchos de los ministros de Car

los III, Campomanes, Floridablanca, Roda y G?lvez eran

manteistas, hombres que por raz?n de su inferioridad social ten?an negada la entrada a los prestigiados Colegios Mayores, dirigidos por los jesu?tas, cuyos alumnos, por lo general, ob 39 V?ase nota 33; tambi?n a Juan L?pez de Cancelada, El Tel?grafo Americano. C?diz, 1812, p. 139-141.

40 C?lculos propios basados en las hojas de servicio encontradas en el Archivo General de Simancas, Guerra Moderna, legajos 7274-77.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

631

ten?an gran parte de los nombramientos m?s importantes.41 Para la Espa?a del siglo xvn, Richard Kagen ha demostrado la existencia de una nobleza letrada, una ?lite burocr?tica hereditaria, procedente de familias de posici?n noble, quie nes a pesar de poseer haciendas en mayorazgo generaci?n tras generaci?n, derivaban la mayor parte de su ingreso de un casi total monopolio sobre los puestos p?blicos.42 Esto obliga a preguntarse si tambi?n en la Nueva Espa?a los funciona rios proven?an de una extensi?n colonial de esa noblesse de robe. Recordemos que en 1767, cinco oidores mexicanos eran hijos de funcionarios reales y que el decano de la Audiencia, Domingo Valc?rcel, peninsular que ofici? en M?xico desde 1721 hasta su muerte en 1783, indudablemente proven?a de esa clase noble: su hermano, su padre y sus dos abuelos ha b?an sido miembros del Consejo de Castilla.43 El que la mayor?a de jueces y funcionarios eclesi?sticos hayan sido educados con los jesuitas, exacerbaba indudable mente el disgusto con el nuevo r?gimen. Los antagonismos, lo mismo que las conexiones familiares, cruzaban muchas veces el oc?ano, llegaban hasta los ministros en Madrid, don de las distinciones usuales entre criollo y peninsular se ve?an divididas. Igualmente importante fue que Carlos III y sus ministros descansaran en una clase diferente de inteligencias adiestradas para administrar la proyectada expansi?n en la actividad del gobierno. En el tiempo de los Habsburgo la bu rocracia estaba formada por egresados de las facultades de derecho de las mejores universidades de Espa?a y, en casos de gran importancia, el gobierno se apoyaba en el consejo de los te?logos y utilizaba argumentos de fil?sofos escol?sticos.

En las primeras d?cadas del siglo xvm la Audiencia de M?xico segu?a siendo el ?nico surtidor de servidores p?blicos con 41 Richard Herr, The Eighteenth Century Revolution in Spain.

Princeton, 1958, p. 25-26; Jean Sarrailh, La Espa?a Ilustrada. M?xico, 1957, p. 209-211.

42 Richard Kagen, "Universities in Castile 1500-1700", Past and

Present 49 (1970), p. 44-71.

43 Sobre Valc?rcel, v?ase AGN, M?xico, 1371, Bucareli a Arriaga, 26 de noviembre de 1773.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

632

DAVID A. BRADING

fiables, capaces de administrar las complejas operaciones de la casa de Moneda y el monopolio del mercurio. Pero des pu?s de la visita de G?lvez, surgi? un nuevo tipo de servidor p?blico, contadores y hombres de antecedentes militares que, sin poseer grado universitario, contaban con una formaci?n y una disciplina perfectamente adecuada para la administra ci?n del Estado.44 La instituci?n m?s importante de ese pe riodo fue probablemente la fuerza armada, lo que signific? una transici?n de tal importancia, que los ?ltimos virreyes e intendentes tuvieron ya una formaci?n militar. Sobra decir que, dada la desconfianza de G?lvez en la capacidad y la leal tad de los criollos, gran parte de esta nueva burocracia fue tra?da de la pen?nsula.

IV

Aparte las decisiones sobre puestos p?blicos, al s pol?tico le ata?e la distribuci?n de sus recursos econ Hist?ricamente toda pol?tica burocr?tica ha tenido q selas con los poderosos intereses de las ?lites tradicion Europa Oriental, por ejemplo, las monarqu?as de est fundaron su nueva autoridad en una ?ntima alianza c t?cratas terratenientes. Los hacendados, en muchos c gresaban al ej?rcito, al servicio civil o fung?an com nadores de provincia, recibiendo en cambio la confi

y aun la extensi?n de su jurisdicci?n feudal.45 Lawrence

ha hecho hincapi? en una situaci?n similar: la forma muchas familias nobles en Inglaterra deb?an el asc su fortuna al servicio prestado en las cortes de los

los Estuardo, verdaderas fuentes de posici?n y privil

Dados los enormes gastos que la aristocracia impli

44 Brading, Miners and Merchants, p. 44.

45 Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy, p.

Henry Kamen, The Iron Century. Social Change in Europe 155 London, 1971, p. 178-180, 214-228, 430-433.

46 Lawrence Stone, The Crisis of Aristocracy, 1558-1641. O 1965, p. 398-445.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

633

de suponerse que el poder pol?tico o el apoyo econ?mico del Estado eran necesarios para mantener las grandes fortunas de los terratenientes.

En el siglo xvi, los Grandes de Espa?a que se volv?an

virreyes de M?xico, manten?an la Corte abierta y actuaban como dirigentes de la sociedad de los encomenderos. En su mano estaba la sucesi?n de encomiendas vacantes, el derecho de otorgar t?tulos sobre grandes extensiones de tierra y el de

ber de nombrar a los alcaldes mayores. Es notable el enri quecimiento que en esta ?poca lograron los oficiales reales, pero en ?ltimo caso la corte virreinal no era m?s que una p?lida imitaci?n de la corte de Madrid. Una vez transcurrida la ?poca de colonizaci?n inicial, la corte virreinal no actu? ya como centro din?mico de una pol?tica econ?mica; excepto en su periferia, el Imperio encaraba notablemente pocas ame nazas internas o externas; la pirater?a nunca hizo peligrar la posesi?n de tierra firme. En esta situaci?n, la Corona depen d?a de la Iglesia y de las Audiencias para mantener la ley y el orden, por lo que no intent? utilizar a la clase hacendada para el servicio administrativo o militar. La funci?n de las colonias en el sistema imperial se reduc?a a proporcionar in gresos y a servir de mercado a los productos espa?oles.

Es entonces que surgen visiblemente los predicamentos de la ?lite criolla. Su exigencia de puestos p?blicos, expre sada con una intensidad que no correspond?a al n?mero tan escaso de puestos disponibles, obedec?a, no tanto al deseo de servir en la burocracia, sino al de obtener el poder pol?tico y las prerrogativas que el servicio p?blico significaba. La omisi?n hist?rica de los conquistadores y los primeros enco menderos que no dejaron establecida una sociedad se?orial en la Nueva Espa?a, les daba una sensaci?n de agravio. Al rehusarse la Corona a otorgar encomiendas a perpetuidad y al insistir sobre la remuneraci?n al contado de los trabaja dores, se negaba al terrateniente la posibilidad de contar con una mano de obra muy barata o gratuita. La crisis econ?mi ca causada por la baja producci?n de plata y por el descenso demogr?fico de la regi?n central en los a?os siguientes a 1650,

lejos de crear una sociedad feudal, trajo la ruina de muchos This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

634

DAVID A. BRADING

terratenientes, forz?ndolos a abandonar o a vender sus ha ciendas.47

La comparaci?n con Rusia es ilustrativa. Cuando en el

siglo xvn, nobles y hacendados se encontraban en peligro de ruina total, una orden del zar redujo al campesino a la con dici?n de siervo, con obligaci?n de trabajar sin remuneraci?n

para el se?or feudal. A?os depsu?s la corte estableci? un bando estatal que concediese a la nobleza cr?ditos de bajo inter?s.48 El hacendado criollo aspir?, en vano, a privilegios semejantes.

?Pero d?nde queda el peonaje por deudas, ese tan soco rrido equivalente mexicano de la condici?n de siervo? Para el hacendado, necesitado de mano de obra barata, este siste ma era un pobre sustituto. Necesitaba invertir una buena suma que daba al contado o en bienes, m?s como est?mulo que como pr?stamo, a un grupo de trabajadores que en todo caso pod?an irse cuando quisieran. Adem?s, el pe?n recib?a un sueldo mensual y una raci?n de ma?z semanal.49 ?sta es la raz?n por la que muchos hacendados prefer?an alquilar sus tierras y contratar peones por d?a mientras durara la cosecha.

Aparte de la frontera norte, donde las exigencias eran dis tintas, el hacendado mexicano rara vez ejerci? una autoridad pol?tica o judicial sobre sus peones. La mayor?a de los indios,

por ejemplo, segu?an habitando en sus pueblos, goberna

dos por sus propios jefes. En esta situaci?n, y en contraste con el sistema feudal de Europa Oriental, la hacienda mexi cana sobreviv?a por sus propios m?ritos como unidad produc tiva, sin el apoyo que pudieran darle los derechos se?oriales o el trabajo gratuito de siervos residentes. En 1700 no era 47 Para una visi?n opuesta y posible, v?ase Fran?ois Chevalier, La formaci?n de los grandes latifundios en M?xico, p. 226-233; pero v?ase tambi?n P. J. Bakewell, Silver Mining and Society in Colonial Mexico, Zacatecas, 15461700. Cambridge, 1971, p. 115-121.

48 Jerome Blum, Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century. Princeton, 1961, p. 259-276, 376-385.

49 Charles Gibson, The Aztecs under Spanish Rule. Stanford, 1964, p. 233-236, 249-256.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

635

raro que el due?o estuviese en deuda con sus trabajadores.50 No es de extra?arse entonces que las haciendas cambiaran de mano con tanta frecuencia: era el precio que se pagaba por la impotencia pol?tica.

En cambio, la clase que m?s se benefici? con la ruina de

la monarqu?a espa?ola fue la del comerciante colonial. Ya

en 1670 el virrey comentaba su avance en t?rminos de pres

tigio social y el siglo que sigui?, hasta 1778, fue el de su apogeo social. El Consulado, gremio de los comerciantes, re caudaba ahora las alcabalas a cambio de una cantidad esta

blecida. Por la misma ?poca, los grandes comerciantes de plata asumieron la direcci?n de la Casa de Moneda, de modo que controlaban los cr?ditos de toda la industria de la plata.51

En 1678, la corte espa?ola decidi? subastar en Madrid las alcald?as mayores de la Colonia, negando de este modo al virrey su derecho de nombramiento. Y en 1754, Pardo y

Freir?, firma importante de C?diz, compr? los derechos de, por lo menos, tres magistraturas, las de Quer?taro, Guana juato y Tehuac?n.52 Ya que con los Borbones se suspendieron los sueldos de las alcald?as, los alcaldes se hicieron comer ciantes, vendiendo a cr?dito a sus desafortunados subditos que sufr?an azotes o c?rcel de no cumplir con sus obligacio nes. Para financiar estos repartimientos de comercio, los ma gistrados contaban con la ayuda de mercaderes de la ciudad de M?xico o de la provincia. Fue m?s en la repartici?n for

zosa de mercanc?a, que en la explotaci?n del pe?n, donde la autoridad pol?tica de la Corona fue utilizada y hasta pros tituida, para el beneficio econ?mico de una clase particular.

so D. A. Brading, "La estructura de la producci?n agr?cola en el baj?o,

de 1700 a 1850", en Historia Mexicana, vol. XXIII:2, oct.-dic. 1973, p. 197-237.

51 Robert Smith, "Sales Tax in New Spain, 1575-1770", HAHR 28 (1948), p. 2-37; Brading, Miners and Merchants, p. 170-172; P. J. Bake well, Zacatecas, p. 212-215.

52 Handbook of Middle American Indians, Volume 12, Guide to Ethno historical Sorces: Part One ed. Howard Cline. Austin, 1972, p. 78; Gui

llermo Lohman Villena, El corregidor de indios en el Per? bajo los

Austrias. Madrid, 1957, p. 126-131; AGI, M?xico, 689, marzo 30 de 1754.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

636

DAVID A. BRADING

Y era ?sta la pr?ctica que provocaba el mayor desasosiego popular, que a veces se manifest? en abierta rebeli?n.53 Los almaceneros itinerantes, encarnaci?n misma del capitalismo

comercial, surgieron de este modo como figuras dominantes en la econom?a colonial, gozando de una posici?n social igual a la de la alta burocracia y los magnates territoriales.

Parte esencial de la revoluci?n gubernamental borb?nica lanzada por Carlos III fue la destrucci?n de los monopolios comerciales de las casas importadoras de la capital. La pro mulgaci?n del comercio libre en 1878, abri? el camino para un libre flujo de comercio entre los puertos principales de la pen?nsula y las posesiones americanas. En M?xico se estable

cieron nuevos consulados en Guadalajara y Veracruz, y el

r?gimen intent? liberar a los productores de su dependencia de los comerciantes en materia de cr?ditos. Se prohibieron los repartimientos de comercio y se estableci? un banco que financiara la industria minera. Pero poco se hizo para ayu

dar al terrateniente. El ni?o favorito del gobierno era el minero de plata que se ve?a estimulado por una serie de ali cientes econ?micos e institucionales. Jurisdicci?n privada, corte central, escuela t?cnica, un nuevo c?digo legal, t?tulos nobiliarios y numerosos descuentos en impuestos personales eran algunos de los beneficios con que pod?a contar el mi nero afortunado. En contraste, aparte la derogaci?n de alg?n impuesto de exportaci?n, nada se hizo para estimular a la agricultura o para apoyar al terrateniente. Es m?s, al poner en vigor la amortizaci?n eclesi?stica a partir de 1808, el em bargo y la subasta de muchas haciendas fue inevitable. Los Borbones intentaron liberar la capacidad productiva de las colonias, de las restricciones impuestas por los Habsburgo, pero fueron la exportaci?n y la miner?a, no la agricultura, los sectores m?s beneficiados con el nuevo orden de cosas.

La Corona intent? movilizar la lealtad pol?tica de las cla ses acomodadas con su integraci?n a la fuerza militar. Una comisi?n en el ej?rcito, confer?a amplios privilegios, distin 53 Hamnett, Politics and Trade in Southern Mexico, 1750-1821, p. 11-23.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

637

ci?n social y cierta influencia semipol?tica. El rango de coro

nel pod?a comprarse por $40 000 y una gratificaci?n al

virrey, y tra?a consigo el t?tulo de vuestra se?or?a, mismo que correspond?a al oidor.54 A cambio, los grandes terrate nientes, especialmente en el norte, obten?an mando y juris dicci?n militar sobre fuerzas en parte reclutadas de sus pro pias tierras. Los 16 regimientos y tres batallones estaban comandados por 496 oficiales cuyo rango iba desde alf?rez a capit?n; de ellos, 209 eran peninsulares y 287 criollos, en una proporci?n de 40 a 60, y de los 23 coroneles y tenientes coroneles, por lo menos 15 eran criollos.55 No contamos con datos suficientes para hacer un an?lisis de los antecedentes sociales, pero sabemos que de los 15 co roneles, cuatro eran nobles y dos m?s obtuvieron despu?s t?tulos nobiliarios. Dos de ellos amasaron sus fortunas en el comercio y otros tres eran mineros millonarios. Los dos coro neles de la brigada de San Luis Potos?, el Conde de Pe?asco

y Manuel Rinc?n Gallardo, m?s tarde Marqu?s de Guada

lupe, eran criollos, terratenientes de vastas propiedades. Al mismo tiempo, el gran n?mero de peninsulares en todos los niveles militares, confirman nuestra idea acerca de su posi ci?n en la sociedad colonial.

V

La manera como cada naci?n hispanoamer

su independencia, determin? en gran medida por lo menos, una generaci?n. En Am?rica d zas patriotas de Bol?var y San Mart?n vencie a las fuerzas realistas; pero una vez obtenida

54 Sobre el ej?rcito colonial, v?ase Mar?a del Carme estado de guerra en Nueva Espa?a, 1760-1800. M?xico, McAlister, The fuero militar in New Spain, 1764-1800.

1957; Brading, Miners and Marchants, p. 324-327.

55 Mis propios c?lculos basados en hojas de control encontradas en el Archivo General de Simancas, Guerr jos 7274-77.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

638

DAVID A. BRADING

cia, sus fuerzas se desbandaron y fueron suplantadas por

ej?rcitos regionales dependientes de hacendados locales. Aque llos que escog?an una carrera militar, rara vez lograban obte ner altos puestos p?blicos. Argentina y Venezuela, por ejem plo, estaban dirigidas por caudillos, agentes pol?ticos de los hacendados; y en Buenos Aires, los ej?rcitos de gauchos que llevaron a Rosas al poder, estaban constituidos por trabaja dores residentes en las haciendas de su familia.56

En M?xico, el bajo clero reuni? a las masas bajo el estan

darte de la Virgen de Guadalupe, en un movimiento que

por momentos pareci? una rebeli?n campesina. Pero no eran los ricos, sino los peninsulares, los miembros de esa nobleza ?tnica en la Nueva Espa?a, el blanco principal del odio po pular. Sin embargo, al ver amenazados sus intereses materia les, los grandes hacendados acudieron a la Corona para con

tener la rebeli?n. No contando con tropas europeas (las

primeras llegaron en 1812), el virrey se vio obligado a de pender de j?venes oficiales criollos que dirigieron las crecien tes fuerzas coloniales y que con el tiempo adoptaron la carrera

del soldado profesional. Fueron estos oficiales los que pri mero apoyaron a Iturbide en su Declaraci?n de Indepen dencia y los que de hecho gobernaron a M?xico una vez pasada la tumultosa d?cada de 1820, hasta la Reforma. Bus

tamante, Barrag?n, Herrera, Paredes y L?pez de Santa Anna fueron presidentes que pasaron su juventud en la lucha con tra los insurgentes. Su contraparte en Am?rica del Sur no fueron los caudillos como Rosas y P?ez, sino los presidentes militares de Per? y Bolivia: Gamarra, Santa Cruz, Ballivi?n y Castilla, todos antiguos oficiales de las fuerzas realistas de

Goyeneche.57 Despu?s de la Independencia, con gastos que 56 Horacio C. E. Giberti, Historia econ?mica de la ganader?a argen tina.. Buenos Aires, 1954, p. 118-127; Jorge M. Mayer, Alberdi y su tiem

po. Buenos Aires, 1963, p. 71-76; Robert L. Gilmore, Caudillism and

Militarism in Venezuela, 1810-1910. Athens, Ohio, 1964, p. 122-146.

57 Alberto Mar?a Carre?o Jefes del Ej?rcito mexicano en 1847. M? xico, 1914; Thomas Ewing Cotner, The Military and Political Career of Jos? Joaqu?n de Herrera, 1792-1854. Austin, Texas, 1949. Acerca del Per?,

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

639

absorb?an cuatro quintos del presupuesto nacional, el ej?rcito mexicano constitu?a una estructura de poder pr?cticamente aut?noma, no representativa de clase econ?mica alguna, que en muchos casos dominaba a la autoridad civil del Estado.

La evidente debilidad pol?tica del sistema se debe s?lo en parte a la predominancia militar. Como Argentina, gran par te de M?xico viv?a la lucha entre pueblo y despoblado, tan elocuentemente descrita en el Facundo de Sarmiento. Viejos insurgentes, como Juan Alvarez, de Guerrero, rondaban a?n por la periferia monta?osa y, al mismo tiempo, las capitales de provincia albergaban a pol?ticos ambiciosos respaldados por fondos del Estado y por fuerzas urbanas para mantener su autonom?a local. Pero ni unos ni otros contaban con la fuerza necesaria para romper la hegemon?a del ej?rcito regu lar. La Iglesia, por otra parte, con su prestigio minado por haber participado en la rebeli?n, afirm? su independencia del Estado a pesar de que el catolicismo era reconocido, cons titucionalmente, como la religi?n establecida. En efecto, la Rep?blica o Regencia Borb?nica, como muchos la llamaron,

carec?a de esa cualidad intangible pero necesaria que es la

legitimidad.58 Viejos h?bitos de obediencia civil y deferencia social se hab?an perdido, y los nuevos lazos de inter?s y leal tad surg?an con gran lentitud. En consecuencia, se dio un estancamiento amargo, un sistema pol?tico de desorden insti tucionalizado con un trono vac?o en su centro. La monarqu?a hab?a sido destruida, pero la rep?blica no hab?a encontrado a?n su alma o, mejor dicho, su principio esencial.

Al malestar pol?tico se un?an la depresi?n econ?mica y la

disoluci?n social. Las viejas jerarqu?as en base a "estados" ?tnicos, fueron sustituidas por otras en base a clase econ?

mica. Con la expulsi?n de los peninsulares y la continua v?ase Manuel de Mendiburu, Biograf?as de geenrales republicanos, Ed. F?lix Denegr? Luna. Lima, 1963.

58 El mejor an?lisis pol?tico de este periodo es el de Francisco Bul

nes, Ju?rez y las revoluciones de Ayotla y de Reforma. M?xico, 2? dici?n,

1967. Tomo el t?rmino "rep?blica borb?nica" de John Womack, en

"Mexican Political Historiography, 1959-1969", en Investigaciones con tempor?neas sobre historia de M?xico, p. 484-485.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

640

DAVID A. BRADING

integraci?n de los pocos negros restantes, los criollos, las cas tas y los indios aculturados se identificaban ahora como me xicanos y el ?nico obst?culo en la tendencia hacia la homo geneidad ?tnica resid?a en las comunidades ind?genas y su tipo particular de tenencia de la tierra. En los niveles elitistas,

M?xico segu?a siendo una sociedad de "?rdenes". El clero y el ej?rcito conservaban sus privilegios y estaban exentos de la jurisdicci?n com?n de la Rep?blica. Cuando el doctor Mora interpret? el trayecto pol?tico como una lucha del Ej?rcito

y la Iglesia contra el Estado, deseaba poner en relieve la

supervivencia del antiguo r?gimen.59 Al mismo tiempo, la influencia de las clases productivas, de hacendados, mineros, comerciantes e industriales, se equilibraba con el influjo de abogados e intelectuales, vastagos de la clase de profesionistas que buscaban el servicio p?blico tanto para hacer valer sus principios, como para hacer fortuna. Exceptuando los ?ltimos a?os del Porfiriato, M?xico no estuvo nunca gobernado por una alianza de intereses econ?micos. La investidura de la bu rocracia hist?rica cay? sobre el proletariado intelectual urba no (para usar una frase favorita de Francisco Bulnes). Si a esos grupos les interes? alguna vez convertir la investidura en una cubierta para lo que Max Weber llam? dominaci?n legal, es una cuesti?n abierta al debate.60 No se puede sobreestimar la desorganizaci?n producida por la depresi?n econ?mica: cundi? el desempleo entre las masas y las deudas entre las clases altas. La guerra insurgente des truy? presas y graneros, acab? con el ganado y caus? la ruina de muchas haciendas. El valor de la tierra, disminuido ya en 1804 por el decreto de amortizaci?n, baj? de tal manera que la carga de las hipotecas eclesi?sticas se hizo a?n m?s opresiva.

En el Baj?o y su zona circundante se hizo palpable la ten 59 Jos? Mar?a Luis Mora, Obras sueltas. M?xico, 1963, p. 55-82.

60 Bulnes describi? el problema pol?tico despu?s de la independencia como: "Clase propietaria hipotecada. Iglesia rica, Estado pobre. Abun dantes clases medias, profesionales, fam?licas, eclesi?sticas, militares".

Francisco Bulnes, El porvenir de las naciones hispano-americanas. M? xico, 1899, p. 253.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ELITE EN LA COLONIA

641

dencia a fraccionar la tierra.61 Dada su situaci?n econ?mica, no es sorprendente que, como clase, el hacendado ejerciera una m?nima influencia pol?tica. Carlos Mar?a de Bustamante lamentaba su ausencia en el Congreso y deploraba su incapa cidad p?blica.62 El gran conservador, Lucas Alam?n, en vano busc? su apoyo unitario. En lugar de esto, su coalici?n reac

cionaria fue construida sobre una alianza de la Iglesia, el

ej?rcito y la industria.63 La miner?a y el comercio, medios tradicionales de ascenso social, sufrieron cambios profundos. Las grandes empresas que

dominaban la industria minera quedaron en la ruina y el producto nacional se redujo a menos de la mitad de la cifra alcanzada en 1805, para no recuperarse antes de 1870. Aun que la inversi?n inglesa reanud? el funcionamiento de las minas, fue hasta 1840 cuando la producci?n de ?stas alcanz? sus viejos niveles, y es evidente que pocas fortunas mexicanas se hicieron en las minas antes de esa d?cada.64

Asimismo, lo expulsi?n en 1827 y 1829 de los ?ltimos co merciantes espa?oles, permiti? que una nueva ola de inmi grantes controlara la exportaci?n. Los nuevos mercaderes, particularmente los alemanes e ingleses, en pocos casos esta blecieron familias que ingresaran a la ?lite social. Quienes m?s se asemejaron a los espa?oles fueron los franceses, pero 61 Jos? Mar?a de J?uregui, Discurso en que se manifiesta que deben bajarse los r?ditos a proporci?n del quebranto que hayan sufrido en la insurrecci?n los bienes y giros de los deudores. M?xico, 1820; Jan Ba zant, Los bienes de la Iglesia en M?xico, 1856-1875. M?xico, 1971, p. 340

348; Luis Gonz?lez, Pueblo en vilo. M?xico, 1968, p. 85-86; D. A.

Brading, "La estructura de la producci?n agr?cola efn el Baj?o de 1700 a 1850", v?ase nota 50.

62 Carlos Mar?a de Bustamante, Continuaci?n del Cuadro Hist?rico de la Revoluci?n mexicana, 4 vols. M?xico, 1953-1963, II, p. 160-162; Mariano Otero, Obras, 2 vols. M?xico, 1967; I, p. 28-32, 40-41.

63 Lucas Alam?n, Documentos diversos, 5 vols. M?xico, 1947; III, p. 264-265.

64 M. P. Laur, "De la m?tallurgie de l'argent au Mexique", Annales des Mines, 6? serie, 20 (1871), p. 38-317; Robert W. Randall, Real del Monte, A British Mining Venture in Mexico. Austin, Texas, 1972, p. 73 85, 201-219.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

642

DAVID A. BRADING

ni aun durante su apogeo, en la ?poca del Porfiriato, tuvieron un control conparable al de los peninsulares, sobre las v?as principales de movilidad social ascendente.65 Toda la documentaci?n disponible parece indicar que los procesos de cambio social y de integraci?n a las ?lites, consi derados caracter?sticos de la Nueva Espa?a, no son aplicables al M?xico de Santa Anna. Las grandes haciendas a?n absor

b?an cuanto cr?dito pod?an obtener, pero el panorama se

diferenciaba por la debilidad del sector de exportaci?n y por la intrusi?n del capital extranjero. El capital acumulado en la miner?a y el comercio, ya no flu?a tan abundantemente en la agricultura dom?stica, pero el cambio m?s significativo se centraba en el papel activo que asumi? el Estado. Los fon dos que antes eran enviados a Espa?a para financiar las em presas militares de la monarqu?a, permanec?an ya en la Nue va Espa?a, para dar fruto en bolsillos locales. Aunque es de dudarse que el pol?tico se enriqueciera simplemente por raz?n del puesto que ocupaba, est? el caso de los agiotistas, de triste fama, mercaderes y financieros que acumularon enormes for tunas con la especulaci?n il?cita sobre la deuda nacional. Pero ya los hombres que introdujeron la nueva industria textil mecanizada, depend?an del gobierno para obtener cr?ditos y tarifas protectoras.66 De este modo se desplazaba por fin el poder pol?tico, para beneficio de los intereses econ?micos de por lo menos una parte de la ?lite mexicana.

65 Lucas Alam?n, Historia de M?jico (5 vols. M?xico, 1969), V, p. 552-554.

66 Robert A. Potash, El banco de avio en M?xico. M?xico, 1959.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA

643

Cuadro 1 Oficiales criollos y peninsulares en el ej?rcito de Nueva Espa?a (1798-1800) Regimiento de regulares

Grado

Pen. Mex. Am. Total

Coronel

Teniente coronel

Capit?n Teniente

Subteniente

y alf?rez

Cadete

Asistente reg.

4

8 40 28

4 9 74

1

31 55

87

Pen. Mex. Total

6 9 15 13 5 18

76 78 154 76 90 166

107 77 3

57 119 176 6 16 22 26 7 33 13 40 27

134 170 57 361

287 338 624

44 9 1

42 39 2

21 29

Teniente reg.

Total

Regimiento de milicia

Abreviaturas: Pen.: peninsular; Mex.: criollo mexicano; Am.: criollo d otras colonias.

Nota: El ej?rcito regular comprende cuatro regimientos de infanter?

el de Corona, Nueva Espa?a, M?xico y Puebla; el batall?n d

infanter?a de Veracruz y los regimientos de dragones de Pueb y M?xico.

Las fu?rzas de milicia comprenden siete regimientos de infan ter?a de M?xico, Puebla, Tlaxcala, Tres Villas (C?rdoba, Jalapa

y Orizaba), Toluca, Valladolid y Celaya; tres batallones de in

fanter?a de Guanajuato, Oaxaca y Guadalajara; ocho regimientos de dragones de Quer?taro, Pr?ncipe, P?tzcuaro, Puebla, Nueva Galicia, Reina, San Carlos y San Luis y el escuadr?n de lanceros de Veracruz. Acerca del reclutamiento de soldados rasos, v?ase Humboldt, Ensayo pol?tico, p. 554-557.

Fuente: Hojas de servicio en el Archivo General de Simanca, Guerra moderna, legajos 7274-77.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

644

DAVID A. BRADING

Cuadro 2 Coroneles y tenientes coroneles en la milicia de la Nueva Espa?a (1798-1800) Regimiento

Tenientes coroneles

Coroneles

Caballer?a Quer?taro

Pedro Ruiz D?valos

Pr?ncipe

(Brigadier) Conde de P?rez G?lvez

Puebla Reina P?tzcuaro

Marqu?s de Moneada Narciso de la Canal Francisco Menocal

San Luis

Conde de Pe nazco

San Carlos Nueva Galicia

Manuel Rinc?n Gallardo

Francisco de Septi?n y Arce Ignacio Mane ir o

Juan de Lanzagorta Juan Bernardo Foncerrada

?ngel Prieto de la

Maza Francisco Miguel de Aguirre

Ignacio O breg?n

Juan Francisco Calera

Joaqu?n Prieto de Medina

Miguel de Otero

Infanter?a

M?xico Puebla

Joaqu?n Guti?rrez de Mariano Diez de

los R?os

Bonilla

Valladolid

Diego Rui

Juan Jos? Martinez

Tres Villas

Jos? Manuel de

Tlaxcala

Marcos Gonz?lez Joaqu?n de Castillo Bustamante

Lorenzo ?ngulo Guardamino Marqu?s d?

Rivascacho

Toluca

Celaya

Zeballos

Juan Fern?ndez

Munilla

de Lejarza

Manuel Garc?a Alonso

Manuel Fern?ndez Sol?rzano

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

GOBIERNO Y ?LITE EN LA COLONIA 645

Regimiento Tenientes coroneles Coroneles Batallones

Guanajuato- Manuel Garc?a de Quintana

Oaxaca-Juan Francisco Echarri

Guadalajara - Francisco de Escobedo y Devia

Veracruz - Miguel Rengel

Clave: Los nombres en cursiva son criollos, los dem

Notas: El Marqu?s de Moneada era siciliano; Franc nario de La Habana, Diego Rui y Manuel Rin tarde fueron respectivamente: Conde de Cas de Guadalupe. A Joaqu?n Guti?rrez de los R? como originario de C?rdoba, pero es m?s pr

de la C?rdoba espa?ola.

Fuentes: Hojas de servicio, Archivo General de Si derna, legajos 7274-77.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:12 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL MODELO LIBERAL Y LA POL?TICA PR?CTICA EN LA REP?BLICA RESTAURADA 1867-1876 Laurens Ballard Perry Universidad de las Americas Este art?culo se compone de tres partes. La primera es un modelo te?rico-legal del estado pol?tico de M?xico durante la d?cada que sigui? al derrumbe del imperio de Maximilia no. La segunda parte es una discusi?n de los factores que exigieron modificar el modelo, y la tercera, es una descrip ci?n de c?mo funcionaba en la pr?ctica el sistema pol?tico.*

I

La interpretaci?n m?s com?n y patri?tica bajo la Rep?blica Restaurada es que Benito Ju Lerdo de Tejada y el peque?o grupo de libe que los rodeaba, recibieron las riendas del po

de una naci?n agradecida para que crearan

unida y democr?tica. Su gran proyecto era es

xico el liberalismo estilo siglo xix. Los libe

?poca cre?an estar en el camino correcto, y lo siglo xx, si se toman como indicio las cerem actuales, piensan que Ju?rez fue el jefe que e tos era necesario. El programa de aquellos ho

mado por los mexicanos que creen que salv

* El tema es amplio, y el presente art?culo s?lo tie de indicar ciertas cuestiones que requieren ser estudi ellas ser?n desarrolladas con m?s detalle en mi libro carse: Ju?rez y D?az, Machine Politics in Mexico.

646 This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 647 monarqu?a europea, de la aristocracia clerical, de la expan si?n de los Estados Unidos o de la disoluci?n nacional. Y bien puede ser que as? haya sido. A pesar de todo, el gran proyecto no fue llevado a cabo, y no pod?a serlo por la senci lla raz?n de que no coincid?a con la realidad mexicana.

Los principios m?s importantes del liberalismo se encon traban incorporados a la Constituci?n de 1857 y hab?an sido elevados a la categor?a de estandartes del honor nacional al calor de la resistencia patri?tica ante la Intervenci?n fran cesa. Sin embargo, la tentativa de gobernar de acuerdo con dichos principios produjo un conflicto entre los liberales mis mos. Exist?a una sorprendente unanimidad de credo entre los liberales de la Rep?blica Restaurada, pero el intento de po ner en pr?ctica unos principios que eran contrarios a la reali dad produjo frustraciones, exigi? la modificaci?n de los prin cipios mismos y gener? diferentes opiniones sobre los medios y prioridades. La frustraci?n produjo irritaci?n y fue la causa de que vieran saboteadores y traidores por todas partes; las modificaciones ocasionaron acusaciones de traici?n y las dife rencias de opini?n dividieron a los liberales en conflicto.

El programa liberal se desarroll? sobre la base de un com plejo conjunto de factores hist?ricos: la reacci?n contra la

experiencia de la colonia espa?ola; la influencia de la ilus traci?n europea, de la Revoluci?n francesa, de la experiencia constitucional espa?ola y del federalismo angloamericano; las luchas de los insurgentes por la Independencia, de los cons tituyentes de 1824, de los reformadores de 1833, de los revo

lucionarios de Ayuda; la reacci?n ante la Guerra Civil en

los Estados Unidos, ante la dictadura santanista, ante la Gue rra de Tres A?os y ante la Intervenci?n francesa. Todas estas fueron experiencias traum?ticas que contribuyeron a dar for

ma al liberalismo mexicano del siglo xix que fue plasmado en la Constituci?n de 1857 y en las leyes de la Rep?blica Restaurada.

La fe liberal en la bondad esencial del hombre com?n y corriente encontr? su expresi?n en la soberan?a popular (ar t?culo 39). El temor de los liberales por un centralismo tir? nico fue eliminado, seg?n se esperaba, por la soberan?a de This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

648 LAURENS BALLARD PERRY

los estados dentro de una uni?n federal (art?culos 40 y 117).

La protecci?n contra la dictadura consist?a en la separaci?n y equilibrio de los poderes, mediante una legislatura fuerte, una judicatura independiente y un ejecutivo d?bil (art?cu los 50, 72, 85, 88 y 92). La preocupaci?n liberal por la liber

tad individual se garantizaba mediante una especie de armadura constitucional sobre los derechos civiles ("Los Derechos del Hombre", art?culos 1 a 29). La convicci?n de

que la educaci?n p?blica promueve la participaci?n popular en el proceso pol?tico se expresaba con el sufragio universal del var?n (art?culos 3 y 34). El respeto dogm?tico de los libe rales por la propiedad privada, as? como sus sospechas por las formas comunales y corporativas de tenencia de la tierra se expresan en la protecci?n de la primera y el ataque contra las segundas (art?culos 16 y 27). El desarrollo de la econo m?a mediante la iniciativa individual, promovida por la in versi?n p?blica en obras de infraestructura, fue predicado ad infinitum por los hombres de la Reforma como art?culo de fe.1 Ciertas medidas constitucionales y legislativas prote

g?an a la sociedad y al gobierno de la influencia clerical (art?culos 3 y 7 y Leyes de Reforma de 1859 y 1860). En

suma, el liberalismo del siglo xix se compon?a de institucio nes pol?ticas republicanas, valores sociales democr?ticos, prin cipios econ?micos de libre empresa y laissez-jaire, y un fuerte

elemento de anticlericalismo. Tal era el programa que los liberales de la Rep?blica Restaurada trataron de imponer a

M?xico despu?s de 1867 ?pero varios de sus elementos b?sicos fueron contradichos profundamente por la realidad mexicana.

II El republicanismo minoritario

La contradicci?n m?s elemental entre el credo li realidad mexicana consist?a en la creencia de los li

i V?ase p. ej. Presidente Ignacio Comonfort al Congreso,

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 649 que el pueblo mexicano era capaz de apoyar las instituciones

republicanas, de participar en la vida p?blica de la naci?n y de que estaba dispuesto a hacerlo. La poblaci?n de M?xico hab?a sido mantenida en un analfabetismo abrumador, en la inercia pol?tica, tradicionalmente sumisa a la autoridad local, sufriendo la m?s incre?ble pobreza y sin la m?s m?nima pre paraci?n para las responsabilidades de las instituciones repu

blicanas.

Por ello, las referencias a "la opini?n p?blica" y a "la voluntad popular" o hasta a "la soberan?a popular", que sirvieron de base a todos los actos pol?ticos de aquel periodo,

eran sue?os idealistas. Cuando se se?alaba que las masas

estaban fuera del sistema, la respuesta m?s aceptable y con veniente era que los conservadores no las hab?an educado.

Fuera esto cierto o falso, el hecho es que los actos pol?ticos de la ?poca no emanaban de la mayor?a, lo cual es igualmente cierto tanto cuando Ju?rez era "electo popularmente" en 1867 y 1871 como cuando cualquier general se arrogaba la defensa del "pueblo despojado" que "lo hab?a llamado" para enderezar los entuertos de que era v?ctima. Tanto la pol?tica como el militarismo de la Rep?blica Restaurada fueron prac ticados por una peque?a minor?a.

El ser humano es capaz de mantener ciertas creencias y al mismo tiempo ser esc?ptico respecto a ellas, aceptar un ideal y alternativamente contradecirlo en la pr?ctica con igual sin ceridad. As?, los liberales no bromeaban cuando dirig?an uno de sus manifiestos a "los habitantes del estado libre y sobera no de..." o cuando decretaban que "la opini?n p?blica exige

que..." Reaccionaban as? a su creencia en el sue?o liberal, pero en la pr?ctica los pol?ticos liberales sab?an bien que las

masas no pod?an participar ni apoyar las instituciones re publicanas. Por ello las elecciones fueron organizadas con sistema indirecto, y los liberales esperaban que el tiempo re

zo de 1857; en la Constituci?n Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente. M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, 1957, secci?n de fomento, p. 152-167.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

650

LAURENS BALLARD PERRY

mediara la deficiencia de la participaci?n popular, mientras ellos representaban al pueblo ante la ley protegi?ndolo de sus explotadores.

El hecho de que las masas fueran analfabetas y pol?tica mente inertes ten?a implicaciones importantes para el proceso electoral. Como en el Congreso Constituyente de 1857 los li berales hab?an incorporado el sufragio universal masculino a la ley fundamental, exist?a un gran n?mero de votantes que

pod?an ser llevados a las urnas por cualquiera que ejerciera la autoridad. Si un partido no lo hac?a, se pensaba, lo har?a otro. En Oaxaca, en 1867, un porfirista escribi? que cierto jefe militar, ... L?pez Rasc?n... atemoriz? a los infelices indios de que si no nombraban al licenciado D. M (iguel) Castro de goberna

dor. .. pasar?a la tropa a detener y quemar los pueblos; estos infelices, que son demasiado t?midos, se asustan ya no digo con la presencia de una fuerza armada, sino hasta con la autoridad para que sumisos obedezcan.. .2

El mismo observador inform? que "por el rumbo del Rin c?n salieron todos sus dependientes de la hacienda de Santa Gertrudis..." para votar por la reelecci?n del gobernador.3 "No creo", escribi? otra persona a un jefe de la oposici?n en 1871, "que all? (en Tuxtla) triunfen nuestros amigos en la elecci?n de diputado... porque no se cuenta con el elemen to indio que es poderoso y de que siempre disponen las auto ridades".4 En Veracruz, en 1875, Rafael Zayas Enr?quez y Teodoro Dehesa, que m?s tarde se hicieron famosos, se dispu taban una curul en el Congreso de la Uni?n. Seg?n un obser vador, Zayas era el candidato popular y Dehesa el oficial.

"Por desgracia", escribi? el observador, los pueblos obedecen generalmente la consigna y en ellos no se hace sino lo que manda el gefe pol?tico, y como el de aqu?

2 Antonio P. Garc?a a Porfirio D?az, 15 de noviembre de 1867, Archi

vo de Porfirio D?az (en adelante APD), V:5:318.

3 Ibid.

4 P. L. Le?n a D?az, 1? de abril de 1871, APD; v. 9:129-130.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 651 ha agotado los recursos de toda especie para favorecer a Dehesa, no sabemos todav?a lo que resultar? del escrutinio.5

Tal uso de las masas analfabetas en las elecciones, sin embargo, no era la regla. La regla general era la abstenci?n, pues la mayor?a de los mexicanos simplemente no votaban.

Hubert Howe Bancroft escribi? en la d?cada de 1880 a 1890: suponer que la d?cima parte de los que poseen el derecho al voto han participado en la m?s popular de las elecciones pre sidenciales recientes, ser?a una estimaci?n generosa; de all? la facilidad con que los funcionarios pueden influenciar o decidir el resultado, especialmente porque los reglamentos para las urnas y boletas son poco respetados y comprendidos por la gran masa de ind?genas y castas.6

Y como las masas en su inmensa mayor?a se absten?an

de votar, un poco de corrupci?n pod?a determinar los resul tados de una elecci?n, lo cual a su vez desalentaba a las cla

ses m?s ilustradas a votar y as? la abstenci?n aumentaba

continuamente.

No hay sufragio popular en este pa?s ?explic? una vez el embajador alem?n en la d?cada de 1870 a 1880 a su colega de los Estados Unidos?, y no puede haberlo durante esta genera ci?n por dos razones; primera, la falta de comprensi?n por parte

de las masas; segunda, la convicci?n general de que los votos recibidos son de tal manera manipulados por las autoridades que no hay ninguna seguridad de que los resultados sean con formes a los deseos de los votantes.

Las masas no votan porque son indiferentes e ignorantes, y si lo hicieran, ser?a como les dijera el cura que es quien mayor influencia tiene sobre ellas. Los curas no ejercen su influencia en parte porque han sido retirados de la pol?tica, y en parte por la convicci?n de que ser?a in?til frente a los pol?ticos del gobierno. L? gente inteligente generalmente no vota por la 5 Monitor Republicano, 10 de julio de 1875, p. 3.

6 Hubert Howe Bancroft, History of Mexico. 6 vols. San Francisco, The History Company, 1888; v. 6:482.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

652

LAURENS BALLARD PERRY

misma raz?n: la falta de confianza en que los votos sean respe tados.7

El embajador de los Estados Unidos observ? que durante los siete a?os que resid? en M?xico (1874-1880) a me nudo visit? las casillas de votaci?n en d?a de elecciones, pero nunca vi que ning?n ciudadano depositara su voto, y muy rara

vez vi en las casillas a nadie aparte de los empleados electo rales. Todo el mundo comprend?a que las elecciones eran una

farsa...8

Y en 1867 Ignacio Ram?rez, escritor, editorialista y presi dente de la Suprema Corte, escribi? lo siguiente: ?Templo augusto 1 Los primeros que abren la puerta y toman asiento son el empadronador y el portero o comisionado, agen tes del Gobierno, con instrucciones adrede para instalar la mesa y vigilar sobre las dem?s operaciones; hacia la entrada ronda un polic?a; m?s all? se deja ver una patrulla, por el otro lado se sospecha un esp?a, y a ciertas horas se aparece la autoridad frunciendo el entrecejo. Y comienzan los ciudadanos; ?ste en trega doce boletas con un recado de su amo; el otro entrega

un voto en blanco; aqu?l vota para pagar una copa de vino con que se le ha obsequiado; y un descendiente de Moctezuma se para al frente cargado con un huacal y dice: ?Compran po llos! ?

Una noticia rutinaria en un gran diario mexicano infor maba que en Guanajuato no se efectuaron todas las eleccio

nes porque

algunas de las casillas ni siquiera estaban abiertas o [...] se

instalaban por la tarde a causa de falta de votantes o por ser el n?mero menor de siete votantes para poder abrir la casilla.10

7 John W. Foster, Diplomatic Memoirs. 2 vols. Boston, Houghton Mifflin Company, 1909; v. 1:54.

8 Ibid., p. 53.

9 Ignacio Ram?rez, "La apelaci?n al pueblo", Obras. 2 vols. M?xico, Editora Nacional, 1966; v. 2:298-299.

10 El Siglo XIX, 8 de julio de 1869, p. 1.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 653 El liberalismo econ?mico Un segundo campo de contradicci?n entre el credo libe ral y la realidad mexicana era el econ?mico y fiscal. En Euro pa, el liberalismo de la libre empresa y el laissez-faire hab?a sido la voz de la Revoluci?n Industrial; daba por hechos los siguientes factores: la existencia de capital por invertir, el mercado dom?stico, transportes y comunicaciones baratos y eficientes y un gobierno solvente y poco costoso que lograra mantener el orden interior. M?xico, por el contrario, sufr?a de pobreza masiva, estancamiento econ?mico y penuria fis cal. Los a?os de guerra dejaron minas y campos en ruinas, el

comercio deprimido y obstruido por el bandolerismo, el capital de inversi?n fue destruido, se escondi? o huy?. La poblaci?n rural estaba en el atolladero de una agricultura de subsistencia y un peonaje muy extendido; no exist?an empleos para los pobres de las ciudades ni para trabajadores migratorios. La base impositiva, estaba tan deprimida que no permit?a el gasto gubernamental en servicios sociales y el desarrollo econ?mico estaba muy lejos del ritmo que la ne

cesidad exig?a, no alcanzaba ni siquiera para pagar en su

totalidad los salarios de bur?cratas y soldados.11 Francisco Mej?a, ?ltimo Ministro de Hacienda de Ju?rez, escribi? en sus memorias que era tal la desesperaci?n que sent?a en esos

a?os que pas? muchas noches en vela pensando en que no

exist?a un centavo en el Tesoro p?blico al d?a siguiente.12 Observ? que en los cuatro a?os y cuatro meses que fue Mi nistro de Hacienda "hubo un d?ficit de cinco a siete millones de pesos entre el presupuesto y los gastos hechos".13 il El estancamiento econ?mico es descrito y cuantificado por Fran cisco R. Calder?n en Historia Moderna de M?xico, la Rep?blica Restau

rada, la Vida Econ?mica. M?xico, Editorial Hermes; y por Francisco L?pez C?mara en La estructura econ?mica y social de M?xico en la ?poca de la Reforma. M?xico, Siglo Veintiuno Editores, 1967.

12 Francisco Met?a, Memorias de... M?xico, Secretar?a de Hacienda y Cr?dito P?blico, 1958, p. 136.

13 Ibid., p. 138.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

654

LAURENS BALLARD PERRY

La insolvencia fiscal y la dislocaci?n econ?mica crearon una situaci?n ca?tica. El nivel de descontento econ?mico era peligrosamente alto, y pod?a en cualquier momento transfor

marse en oposici?n pol?tica. El bandolerismo era la conse cuencia que m?s claramente derivaba de la dislocaci?n econ?

mica y los salteadores llevaban en el bolsillo manifiestos pol?ticos para lograr ser tratados, en caso de captura, como opositores pol?ticos y no fusilados como salteadores o pla giarios.14 Jos? Mar?a G?lvez fue un bandido de esta especie en el estado de M?xico, que peri?dicamente emit?a manifies tos pidiendo la restauraci?n del Imperio.15 El caso de Miguel Negrete en la Sierra de Puebla fue complejo y de gran dura ci?n. La parte de su accidentada carrera que nos interesa aqu? es que logr? encontrar un grupo de salteadores en Tlaxcala que se autollamaron "los plateados", a quienes Negrete con dujo a la econ?micamente deprimida Sierra de Puebla, les ofreci? cierta gu?a para sus actividades y recibi? de ellos la fuerza que daba el n?mero, para su pol?tica izquierdista que no ha sido aclarada hasta ahora.16 Lo importante es que la econom?a deprimida, el descontento pol?tico en la Sierra de Puebla y la vida puramente bandolera se entrelazaron para ofrecer un cierto tipo de oportunidades a alguien que, como Negrete, hostiliz? al gobierno durante muchos a?os.17 !4 La Constituci?n de 1857 en su art?culo 23 prohib?a la pena de muerte a los prisioneros pol?ticos La ley del 12 de abril de 1869 auto riz? la aplicaci?n de la pena capital a los salteadores y plagiarios. !5 En este caso la precauci?n protectora result? in?til; G?lvez fue balaceado por un oficial del gobierno, Pedro Bernai, "cuando trataba de escapar". Tamayo, Ju?rez, v. 13:383-384; el manifiesto de G?lvez se encuentra en DDC, v. 13:400-402.

16 Negrete ofreci? sus servicios a D?az en 1867 pero le fueron re chazados, se rebel? en 1868 como partidario de Jes?s Gonz?lez Ortega, se uni? a la rebeli?n de Aguirre y Mart?nez en San Luis Potos? en 1869, apoy? a D?az en la rebeli?n de La Noria en 1871, se acogi? a la amnist?a de Lerdo en 1872 y se uni? a la insurrecci?n de Tuxtepec en 1876.

17 Las veleidades pol?ticas de Miguel Negrete pueden ser apreciadas

aunque no en la totalidad de sus detalles en la siguiente correspon

dencia sobre ?l en APD, vols. 4-6 y DDC, vols. 12-14; sin embargo, re

sulta claro que hay m?s adivinaci?n que certeza en los c?rculos del This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 655 La oposici?n legal tambi?n pod?a mezclar temas econ? micos y fiscales con la resistencia pol?tica y militar. En el momento mismo en que el gobierno trataba de crear nuevos impuestos y de reclutar soldados para luchar contra la fuerte rebeli?n que tuvo lugar en San Luis Potos? en 1869, un dipu tado de oposici?n porfirista, Manuel Mendiolea, alegaba que los gastos militares no eran necesarios: "Hay ej?rcito porque el gobierno tiene que controlar al pueblo." La rebeli?n no era una insurrecci?n popular, sino una lucha intraliberal derivada de las luchas faccionales locales y de las irregulari dades electorales.18 A pesar de eso, Mendiolea la us? para desprestigiar al gobierno: "...tenemos si acaso 12 000 hom bres, pero la mitad de ellos bastan (sin necesidad de nuevos impuestos) para mantener la tranquilidad p?blica y la im popularidad del Gabinete".19 Otras implicaciones de la inestabilidad fiscal y de la dis locaci?n econ?mica eran los gastos sociales y econ?micos no cubiertos, que fomentaron el desprestigio de los gobiernos de Ju?rez y de Lerdo. La incapacidad del gobierno para cum plir con sus obligaciones daba fuertes armas a los jefes de la oposici?n que achacaban todo a la corrupci?n y a la incom petencia. Cuando no se pagaban las pensiones, el gobierno era tachado de insensible, cuando los sueldos de alguna sec ci?n no pod?an pagarse se le acusaba de favoritismo y cuando los impuestos aumentaban para remediar esas deficiencias la acusaci?n era de tiran?a. El diputado Manuel Mendiolea pro

puso en 1869 que el Ministro de Hacienda fuera llamado

ante el Congreso para informar a los diputados sobre

gobierno sobre los movimientos y motivos de Negrete. El profesor John M. Hart sostiene en su libro de pr?xima publicaci?n que Negrete fue anarquista: Anarquism in Mexico, De Kalb: Northern Illinois University

Press.

18 Francisco Antonio Aguirre a Ju?rez, 15 de diciembre de 1869, DDC, v. 14:188; Plan de San Luis Potos?, 30 de diciembre de 1869, DDC, v. 14: 196-200; Gustavo L?pez Guti?rrez, Escobedo, republicano dem?crata.

M?xico, s.p.i., 1968, p. 431. !9 6 de diciembre de 1869, Diario de los Debates, Quinto Congreso,

v. 1:575.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

656

LAURENS BALLARD PERRY

si el pago de los sueldos en las oficinas de ese ministerio y del de Finanzas est? tan atrasado como el de los diputados y ma gistrados de la Suprema Corte..., aclarando, en caso de ausen cia de uniformidad, cu?les son las dependencias favorecidas.20

Los proyectos de desarrollo se emprend?an tan pronto como

lo permit?an las condiciones fiscales, pero no tan r?pidamen

te que neutralizaran el descontento pol?tico. La oposici?n

a la pol?tica econ?mica del gobierno oblig? a ?ste a buscar un mayor centralismo pol?tico para lograr la estabilidad median te el control partidario, lo cual daba lugar a acusaciones de exclusivismo y dictadura. Durante toda la d?cada se acus?, primero a Ju?rez y luego a Lerdo, de ser responsables de la divisi?n del partido liberal mediante su pol?tica de exclusi vidad y favoritismo, gran parte de la cual ten?a su origen

en la penuria del fisco.

La empleoman?a Una tercera y concomitante realidad de M?xico, que tam bi?n choc? con las convicciones liberales, era la propensi?n a la empleoman?a. Los liberales en todas partes alegan que el ciudadano normal prefiere dedicarse a su vida privada y a sus intereses personales, pero que quien es patriota "servir?"

a su pa?s cuando "el pueblo" lo llame, y que el "servidor

p?blico" una vez cumplida su responsabilidad c?vica regre sar? con gusto a sus asuntos particulares. ?sta es probable mente una premisa falsa en lo que se refiere a la mayor?a de las personas que se encuentran en las n?minas guberna mentales de todo el mundo, pero en M?xico la falta de opor tunidades en los negocios y en las profesiones incitaba a las

personas capaces a ansiar un puesto en el gobierno. Juan

Jos? Baz, nombrado jefe pol?tico de la ciudad de M?xico du rante el sitio, escribi? a Ju?rez estas palabras prof?ticas:

20 l? de octubre de 1869, ibid., p. 93.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 657 La mayor dificultad que va usted a tener es la de escoger en tre tanto hombre apto para todos los puestos y tanto patriota de eminentes servicios.21

Se pregunta uno si Baz o Ju?rez sab?an cu?ntos habr?a.

La intensa competencia por los puestos p?blicos era causa

de que los bur?cratas que ya ten?an un cargo dieran una lealtad pol?tica incondicional a sus jefes para asegurar su

posici?n. Al contrario, los que aspiraban a un nombramiento estaban listos a dar su apoyo a los jefes de la oposici?n que

promet?an reformas burocr?ticas. Tales llamamientos eran tan

amenazadores para los pol?ticos que ocupaban ya un puesto, que ?stos exig?an a?n m?s obediencia y sumisi?n de sus subor dinados. As?, el inter?s de los bur?cratas por su empleo los reun?a alrededor de su jefe ejecutivo, tanto a nivel estatal como nacional, formando verdaderos partidos cuyo objetivo era conservar el puesto. Subsecuentemente, la burocracia cons titu?a el arma m?s efectiva para fortalecer al partido guber namental en las actividades electorales. ?sta es la raz?n por la cual la oposici?n gubernamental en 1871, cuando control? el Congreso durante unas cuantas semanas, trat? de limitar el papel de los funcionarios en las elecciones. Probablemente la promesa m?s efectiva que Porfirio D?az hizo durante la insurrecci?n de Tuxtepec fue la de cesar a todos los indivi

duos que bajo Lerdo de Tejada eran funcionarios, dejando los puestos vacantes al alcance de los que pretend?an un em

pleo p?blico.22

El caudillismo Una cuarta contradicci?n entre el liberalismo y la realidad exist?a en las complejas relaciones entre el federalismo, el re gionalismo y el caudillismo. El liberalismo en el M?xico del 21 Baz a Ju?rez, 1? de junio de 1867, DDC, v. 12:47.

22 Plan de Tuxtepec, art?culo 3, 10 de enero de 1876, APD, v. 12:99 100.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

658

LAURENS BALLARD PERRY

siglo xix estaba fuertemente convencido de que el federalismo

era el medio m?s seguro de salvaguardar las garant?as indivi duales protegi?ndolas contra la dictadura centralista. El fe

deralismo era una idea b?sica de la Reforma liberal y fue consignado en el art?culo 40 de la Constituci?n de 1857, que declaraba soberanos en sus asuntos internos a los diversos

estados de la Rep?blica. La seguridad solemne dada a la so beran?a de los estados por Ju?rez y por Lerdo fue tal vez superada en frecuencia solamente por las promesas de los je fes rebeldes de proteger dicha soberan?a contra el centralismo ejercido por los mismos Ju?rez y Lerdo.23

Aunque los liberales aplaud?an el federalismo, abomina ban del regionalismo como obst?culo para la unidad nacio nal. M?xico era un conjunto de regiones y todos los mexica nos, liberales o no, lo sab?an bien. El programa de Ju?rez y de Lerdo consist?a en crear una unidad nacional de todas esas regiones separadas. Sin embargo, el regionalismo era la base m?s real que pod?a tener el federalismo. La subordina ci?n del regionalismo al nacionalismo sin destruir el federa lismo con el centralismo, era el milagro que los liberales esperaban que Ju?rez y Lerdo lograran.

El caudillismo hac?a a?n m?s dif?cil la tarea. Los libera les lo detestaban por ser una forma de dictadura local y la ant?tesis del republicanismo. No obstante, no hab?a nada m?s esencial para el gobierno del pa?s que el caudillismo. Muchas regiones del M?xico de 1867 estaban m?s o menos dominadas por generales-caudillos que hab?an dirigido la resistencia con tra la Intervenci?n francesa, y muchos de ellos estaban m?s o menos aliados al Partido Liberal. Se convirtieron luego en gobernadores de los diversos estados o en comandantes de las unidades militares federales o estatales en las regiones donde hab?an logrado crearse partidarios. Sobre esa base procedie ron a atrincherarse en el control pol?tico que ejerc?an.

23 Abundan los ejemplos, como Plan de San Luis Potos?, 30 de di ciembre de 1869, DDC, v. 14:196-200; por el contrario, v?ase el discurso final de Ju?rez en el 3er. periodo del Quinto Congreso, 15 de diciembre de 1870, en DDC, v. 14:773-774.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 659 El caudillismo estaba firmemente establecido en la Rep? blica. Una de sus bases era el intenso regionalismo del pa?s; el caudillo era con frecuencia considerado por la poblaci?n local como el protector de la regi?n contra las influencias ex ternas, inclusive la del gobierno central. Otra base era la po sibilidad que ten?an los caudillos de nombrar y cambiar a los jefes pol?ticos locales, que se caracterizaban por gobernar con mano de hierro los pueblos o municipios. La tercera base del caudillismo era que el caudillo y sus jefes pol?ticos eran los ?nicos que pod?an reclutar partidarios armados en la zona.

Una cuarta base del caudillismo era el control econ?mico que ejerc?a en la zona a trav?s de sus propiedades personales, de favores legales y de la alianza olig?rquica que establec?a con las familias adineradas. Y una base m?s era su propia combi naci?n de jefatura carism?tica, prestigio personal o familiar y fuerza bruta. La tradici?n del control de los caudillos data ba por lo menos desde la Independencia, pero los caudillos de la Rep?blica Restaurada ten?an de su lado al liberalismo victorioso en la teor?a federalista de oponerse a la dictadura centralista. As?, el caudillismo era una poderosa fuerza pol?

tica en la Rep?blica.

El caudillismo negaba el republicanismo local y a me

nudo monopolizaba las oportunidades econ?micas y pol?ticas.

As?, la rivalidad por el papel de caudillo era la primera rea lidad de la pol?tica regional, siempre agitada por extenuantes luchas de facci?n. Adem?s, ya que el republicanismo local no pod?a enfrentarse al caudillismo, el liberalismo pol?tico que daba amenazado. Sin embargo, cuando los liberales aprove charon el poder del gobierno nacional contra los caudillos, el federalismo fue amenazado por el centralismo y, puesto que los caudillos pod?an reclutar a sus propios ej?rcitos privados, todos los intentos del gobierno central de eliminar a cual quier caudillo, comportaban la amenaza de guerra. De este modo, el programa liberal se ve?a amenazado ya fuera por la violencia local inherente al caudillismo o por una guerra de dimensiones nacionales que se desencadenar?a si se le atacaba.

El verdadero sistema pol?tico tal como fue puesto en pr?ctica por Ju?rez y por Lerdo tuvo siempre ante s? este dilema.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

660

LAURENS BALLARD PERRY

Entre los generales que, durante la resistencia republica na, hab?an adquirido un grupo personal de partidarios mili tares y que tuvieron por ello gran peso pol?tico bajo la Re p?blica Restaurada, estaban Mariano Escobedo en San Luis Potos?, Ram?n Corona en Jalisco y Durango, Porfirio D?az en partes de Veracruz, Puebla y Oaxaca, y Diego Alvarez en Guerrero. Entre los caudillos de menor poder pero con con trol efectivo se encontraban Ger?nimo Trevi?o y Francisco Naranjo en Nuevo Le?n, Servando Canales y Juan N. Cortina en Tamaulipas, Fidencio Hern?ndez en la Sierra de Ixtl?n, Juan N. M?ndez, Juan Francisco Lucas y Juan C. Bonilla en la Sierra de Puebla, Florencio Antill?n en Guanajuato, Ignacio Pesqueira en Sonora, Luis Terrazas en Chihuahua y

Manuel Lozada en Tepic. En mayor o menor grado todos

ten?an el poder de limitar o comprometer los esfuerzos del gobierno federal en su regi?n. El punto importante es que el caudillismo era parte del sistema pol?tico, una parte que compromet?a al republicanismo, que militarizaba el faccio nalismo y agudizaba las rivalidades mediante el monopolio del poder en cada uno de los estados, rivalidad que tuvo mu cho que ver con la manera como el gobierno liberal de la Rep?blica Restaurada modific? al liberalismo mismo.

El centralismo ejecutivo Un quinto campo de contradicci?n, que produjo modifi caciones y oposici?n pol?tica, exist?a en la separaci?n y el equilibrio de poder entre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno. La teor?a liberal en el Congreso Constituyente hab?a favorecido la combinaci?n de un ejecutivo d?bil y una ligislatura fuerte. Probablemente la realidad exig?a un eje cutivo fuerte y Ju?rez y Lerdo ciertamente cre?an que la Rep?blica lo necesitaba.24 Ju?rez y Lerdo modificaron cier 24 Todos los autores que se han ocupado del asunto insisten en que la Constituci?n de 1857 daba demasiado poder al Congreso y muy poco al ejecutivo; v?ase Ricardo Garc?a Granados, La Constituci?n de 1857 y This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 661 tos principios liberales que anteriormente hab?an sostenido sobre la fuerza relativa de los dos poderes gubernamentales,

y la oposici?n al centralismo presidencial se amalgam? en una oposici?n general a Ju?rez y a Lerdo.

Un aspecto importante del control del ejecutivo por par te del poder legislativo que los liberales deseaban en el Con greso Constituyente de 1856 y 1857, era que el gobierno deb?a

ser un sistema parlamentario en que el Gabinete reflejara al partido mayoritario en el Congreso.25 Los diputados consti tuyentes trataron de establecer la supremac?a legislativa y la responsabilidad del ministerio.26 "La Constituci?n del 57 no lo afirma", observ? Francisco Bulnes, "pero lo obliga".27 Diputados posteriores a las legislaturas de 1861 a 1863, tales como Jos? Mar?a Mata, Joaqu?n Ruiz, Francisco Zarco, Ig nacio Ram?rez, Manuel Mar?a de Zamacona y Le?n Guzm?n, hablaban y actuaban como si la legislatura controlara al Ga binete y, a trav?s de ?ste, la pol?tica ejecutiva.28

Despu?s de 1867 sigui? existiendo una oposici?n parla

mentaria que cre?a en la responsibilidad del Ministerio frente

al Congreso. La oposici?n parlamentaria inclu?a a algunos

de los forjadores y abogados del parlamentarismo en legisla turas anteriores, como Zamacona y Mata. Ezequiel Montes, constitucionalista de relevancia en el quinto Congreso que generalmente votaba con la oposici?n al gobierno, expres? la las Leyes de Reforma en M?xico. M?xico, Tipograf?a Econ?mica, 1906, p. 44-45; Emilio Rabasa, La organizaci?n pol?tica de M?xico, la Consti tuci?n y la dictadura. Madrid, Editorial Am?rica, p. 200-219; Daniel Cos?o Villegas, La Constituci?n de 1857 y sus cr?ticos. M?xico, Editorial Hermes, 1957, p. 153.

25 Frank Averrill Knapp presenta de modo convincente esta tesi? en "Parliamentary Government and the Mexican Constitution of 1857: A Forgotten Phase of Mexican Political History" ("El Gobierno Parla mentario y la Constituci?n Mexicana de 1857, Fase Olvidada de la His toria Pol?tica de M?xico"), Hispanic American Historical Review, v. 33 (1953) :65-87.

26 Ibid., p. 67-71.

27 Francisco Bulnes, Ju?rez y las Revoluciones de Ayutla y de Re forma. M?xico, 1905, p. 209, citado en ibid., p. 67.

28 Knapp, "Parliamentary Government", p. 73-80.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

662

LAURENS BALLARD PERRY

teor?a parlamentaria en un debate sobre un proyecto de im puestos presentado por el gobierno: "en nuestro sistema", dijo, "s?lo el presidente es necesario. Los consejeros que lo rodean est?n obligados a abandonar sus puestos cuando no gozan del favor de la opini?n p?blica".29 Por "opini?n p?bli ca", Montes y todos los liberales entend?an la mayor?a del Congreso.

Zarco y Prieto, primeros sostenedores de la responsabilidad

ministerial, casi dejaron el asunto por la paz despu?s de 1867 y votaban generalmente a favor de Ju?rez en el Congreso aunque eran fuertemente independientes. Zarco muri? en 1869, pero Prieto vivi? para unirse al gobierno revoluciona rio que Jos? Mar?a Iglesias encabez? en 1876 oponi?ndose a las maniobras que Lerdo hizo desde el poder ejecutivo en las elecciones de ese a?o. Joaqu?n Ruiz se opuso a Lerdo desde la Corte del estado de Puebla y trat? de unificar a las fuerzas antilerdistas en 1876.30 En forma similar, Le?n Guzm?n se

hab?a opuesto a Ju?rez y a Lerdo desde la Suprema Corte, y en 1876 trat? de unificar a los porfiristas con los iglesistas;

al fracasar en dicho intento, se uni? a Iglesias.31 Otros anti

guos congresistas, por el contrario, gravitaron hacia el porfirismo. Ignacio Ram?rez, desde la Suprema Corte, fue por

firista. Zamacona y Mata fueron diputados porfiristas a partir de 1867. Entre los ex miembros de la Asamblea Constituyente de 1856-1857 que eran miembros del quin to Congreso (1869-1871) y que generalmente votaban con los

porfiristas, se encontraban Jos? Eligi? Mu?oz, Justino Fern?n

dez, Antonio Lemus, Espiridi?n Moreno y Francisco Fer

n?ndez de Alfaro. Muchos otros que fueron diputados bajo la Rep?blica Restaurada y que se opon?an a la concentraci?n 29 7 de diciembre de 1869, Diario de los Debates, Quinto Congreso,

v. 1:585.

30 Jos? Mar?a Iglesias, La cuesti?n presidencial en 1876. M?xico, Tipograf?a Literaria de Filomeno Mata, 1892, p. 255, 396-399; APD, v. 14:304-305; v. 15:18, 29.

31 Daniel Cos?o Villegas, Historia moderna de M?xico, El Porfiriato, La vida pol?tica interior, primera parte. M?xico, Editorial Hermes, 1970, p. 41, 51-54.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 663 del poder en manos del ejecutivo, votaban con la oposici?n y eventualmente se convirtieron en porfiristas hacia 1876.

Las facultades extraordinarias Una sexta contradicci?n se produjo cuando los derechos civiles fueron suspendidos a causa del temor de que la Re p?blica peligraba. Siempre que se teme una secesi?n regional o una traici?n de facci?n, en especial cuando una rep?blica va a la guerra, el liberalismo se ve modificado por varias ten dencias hacia el centralismo y por la limitaci?n de los dere chos civiles. As? el Reino del Terror en Francia de 1793 a 1794 acompa?? a la guerra extranjera que se lanz? contra la Rep?blica francesa; y as? los Estados Unidos restringieron los derechos civiles durante la Guerra Civil y tambi?n durante ambas guerras mundiales. Durante la Rep?blica Restaurada, M?xico estaba oficialmente en paz, y Ju?rez y Lerdo, cada vez que inauguraban o clausuraban el periodo de sesiones del Congreso, se refer?an a la mejor?a de las relaciones entre su pa?s y las naciones extranjeras. A pesar de ello, los mexica nos de la Rep?blica Restaurada tem?an el desmembramiento interno y la hostilidad extranjera, ya que la naci?n hab?a tenido muchas experiencias traum?ticas: en la d?cada de 1820 a 1830 M?xico perdi? Guatemala y Centroam?rica; en la de

1830 a 1840 Texas se separ? de la Rep?blica; en la de 1840 a 1850 se perdieron California y Nuevo M?xico, y Yucat?n se declar? independiente durante un tiempo. En la d?cada de 1850 a 1860 una facci?n en M?xico era partidaria de una nueva relaci?n con Espa?a y otra tajada de territorio mexi cano fue cedida a los Estados Unidos. En la siguiente d?cada (1860-1870) la Intervenci?n francesa casi logr? extinguir la independencia de M?xico, y despu?s de 1870 se o?a hablar abiertamente de una Rep?blica de la Sierra Gorda y de otra

Rep?blica de la Sierra Madre segregadas de M?xico. Tepic trat? de separarse. Hab?a temor constante a un nuevo intento

de expansi?n por parte de los Estados Unidos ?y a ese respec This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

664

LAURENS BALLARD PERRY

to abundaban las amenazas y las conspiraciones reales.32 Un rumor constante que circul? durante todo el periodo de la

Rep?blica Restaurada es parecido a lo que se dijo en 1869 en el Congreso: los rebeldes de San Luis Potos? deben ser eliminados porque "... pueden comprometer ma?ana la exis tencia misma del pa?s".33 Para enfrentarse a las diversas amenazas a la unidad na

cional y a la paz general, el presidente pidi? y obtuvo del Congreso la suspensi?n de las garant?as constitucionales nue ve veces en nueve a?os, durante un total de 49 meses de los 112 que dur? la Rep?blica Restaurada. Adem?s, el presidente tuvo "facultades extraordinarias" todo este tiempo, excepto 57 d?as del mismo periodo, que le fueron otorgadas en ocho ocasiones distintas por el Congreso.34 La modificaci?n m?s importante del liberalismo, ciertamente, consisti? en la sus pensi?n de las garant?as constitucionales y en las "facultades extraordinarias" generalmente otorgadas por el Congreso al presidente en los ramos de Hacienda y Guerra.

La oposici?n al gobierno regularmente alegaba que la

suspensi?n de garant?as y los poderes extraordinarios eran una burla al sistema constitucional, que se usaban con fines pol?ticos y que causaban el descontento popular. Los mani fiestos de los rebeldes repet?an estos mismos argumentos de que se rebelaban contra el abuso del poder presidencial.85 Da niel Cos?o Villegas, en cambio, relaciona la suspensi?n de garant?as constitucionales con las insurrecciones importantes, 32 V?ase, por ejemplo, Michael G. Webster, "Intrigue on the Rio Grande: The Rio Bravo Affair of 1875" ("Intriga en el Rio Grande: El Asunto del Rio Bravo en 1875"), Southwestern Historical Quarterly, v. 74:2 (octubre de 1970) : 149-164.

33 Guillermo Prieto, 30 de diciembre de 1869, Diario de los Debates, Quinto Congreso, v. 1:771.

34 Richard N. Sinkin, "Modernization and Reform in Mexico, 1855

1876" ("Modernizaci?n y Reforma en M?xico de 1855 a 1876"), tesis

doctoral no publicada (Universidad de Michigan, 1971), p. 167-171.

35 Esta es una tesis importante de Francisco G. Cosmes, en Historia general de M?xico, continuaci?n de la de don Niceto de Zamacois, parte contempor?nea, los ?ltimos 33 a?os. 4 vols., p. XIX-XXII, Barcelona, 1900-1903.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 665 para demostrar que fueron las rebeliones las que causaron la concentraci?n del poder; juzga que las facultades extraordi narias no fueron usadas con severidad, sino que su rigor fue

templado con el correr de la d?cada y que nunca se abus?

de ellas. Eran aplicadas en p?blico y nunca como subterfugio

contra los diputados de oposici?n; s?lo en tres ocasiones

fueron usadas contra periodistas, pero fueron casos en que cualquier tribunal los hubiera encontrado culpables.36 Parece ser cierto, pero la relaci?n de causa a efecto entre las rebe liones y el poder presidencial no es tan decisiva como las contradicciones internas de la Rep?blica Restaurada, que im pulsaron ambos fen?menos.

Las elecciones Una contradicci?n final que colocaba al liberalismo con tra la realidad, era la relacionada con las elecciones. La masa pol?ticamente inerte, la minor?a liberal, el temor a un rena cimiento conservador, los compromisos de los bur?cratas, el control caudillista de la pol?tica local, y las tendencias cen tralistas del ejecutivo eran todos factores que compromet?an las elecciones. Te?ricamente, las elecciones en un estado re publicano determinan qu? grupo de hombres debe definir la pol?tica a seguir y administrar las leyes, pero los pol?ticos de la ?poca consideraban demasiado importantes estas cues tiones para dejar que un destino electoral las decidiera. Ri cardo Garc?a Granados escribi? m?s tarde que no se puede reprochar a nuestros presidentes el haber ejercido la dictadura y el influir en las elecciones; pues de abstenerse por completo, ser?an los gobernadores los que har?an las elec ciones, y si ?stos se abstuvieran tambi?n, el clero ser?a el que obtuviera el triunfo, poniendo fin a la Constituci?n y a nues tros sue?os de libertad.37

36 Cos?o Villegas, Rep?blica restaurada, p. 347-349.

37 Garc?a Granados, La Constituci?n de 1857, p. 125.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

666

LAURENS BALLARD PERRY

Nunca sabremos hasta qu? grado fueron fraudulentas las elecciones bajo la Rep?blica Restaurada, pero es claro que se cre?a ampliamente que lo eran. Se pensaba que todos los pol?ticos se esforzaban esencialmente por permanecer en el po

der y que una vez en ?l y con el control de la maquinaria electoral, un pol?tico no pod?a ser desplazado m?s que por

la fuerza. Los mexicanos simplemente no ten?an la menor fe en sus elecciones. Los siguientes ejemplos se presentan para demostrar esta concepci?n b?sica.

En 1867 Francisco Mej?a escribi? a Porfirio D?az que cada d?a van en aumento los trabajos de toda especie por parte de dichos (juaristas) para ganar las elecciones, ya ofreciendo empleos y d?divas a los electores...88

En las elecciones para el Congreso de 1869 un pol?tico escribi? a D?az que "el gobierno obtuvo autorizaci?n de gas tar mill?n y medio en asuntos reservados bajo el t?tulo de amortizaci?n de la deuda, y los emplea bien en las eleccio nes''.39 En un discurso en la tribuna del Congreso, Manuel Mar?a Zamacona relat? que se pregunt? a una persona si para asegurar en cierta demarcaci?n el triunfo de determi

nada candidatura, necesitar?a el apoyo de alguna fuerza ar

mada, y dio esta respuesta aut?ntica... "hace dos o cuatro a?os tal vez hubiera sido preciso tal apoyo; ahora estos pueblos es t?n domesticados por las ?ltimas elecciones, y unos cuantos hombres con palos aguzados bastar?n para conducirlos a votar convenientemente".40

Un observador consign? en su correspondencia privada

desde Chiapas que "los juaristas por ac? trabajan desesperada mente; no pierden medio por ruin y bajo que sea que no pon

38 Mej?a a D?az, 27 de septiembre de 1867, APD, v. 5:89.

39 "Teococuilco" a D?az, 9 de junio de 1869, APD, v. 8:29.

40 16 de marzo de 1871, Diario de los Debates, Quinto Congreso, v. 4:61.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 667 gan en pr?ctica para conseguir sus fines".41 Porfirio D?az escri

bi? a prop?sito de esas mismas elecciones en Chiapas que creo que no es la opini?n dominante la reelecci?n (de Ju?rez) ; pero creo tambi?n que sacar? una gran mayor?a, porque all? el Gobierno hace la elecci?n, y para tener partidarios no gasta plata ni l?gica; todo esto queda bien substituido con el l?tigo.42

Ignacio Ram?rez public? las siguientes l?neas despu?s de las elecciones de 1871, que contienen sus acostumbradas exa geraciones: no pueden encubrir las huellas de la violencia y de la corrup ci?n las urnas electorales que aparecen vendidas al gobierno...

Treinta mil hombres han dirigido sus bayonetas sobre los ciu dadanos indefensos; una brigada de empleados ha recibido la misi?n de transformarse en electores secundarios; quinientos agentes del cohecho reeleccionista han derramado los fondos p?blicos sobre las puertas que a deshora se les abr?an; doscien tos peri?dicos se han publicado con el visto bueno del minis terio. . ,43

El gran periodista Jos? Mar?a Vigil escribi? un editorial so

bre la ausencia de confianza p?blica en las elecciones:

En M?xico las elecciones no se consideran como el m?ximo ejercicio de la soberan?a popular, sino m?s bien como el resulta do de la intriga y del abuso del poder. En consecuencia, quien pierde la carrera no lo atribuye a la falta de favor por parte de la opini?n p?blica, sino a las pr?cticas fraudulentas de su adversario, quien en violaci?n del derecho, comete el delito de usurpaci?n.44

41 Manuel Iturbe a D?az, 14 de abril de 1871, APD, v. 9:131.

42 Respuesta sin fecha a la carta de Tiburcio Montiel a D?az, 28 de junio de 1871, APD, v. 9:178.

43 Cos?o Villegas (La Constituci?n de 1857, p. 114) usa esta cita

para demostrar la independencia de la corte bajo la Rep?blica restau

rada.

44 Siglo XIX, 29 de junio de 1871.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

668

LAURENS BALLARD PERRY

Manuel Mar?a de Zamacona, presidente del Congreso,

dej? asentado que

(a causa de) mi posici?n en la prensa libre durante los ?ltimos cuatro a?os, una infinidad de quejas documentadas sobre ata ques al voto popular ha llegado a mis manos. Llenan una caja ?y no es hip?rbole? de medio metro, y los guardo como mate rial para la historia pol?tica del presente per?odo presidencial.45

Una carta an?nima dirigida a D?az en 1871 dec?a que "sa bemos que el Gobierno tiene un fondo de dos o tres mil pesos para comprar diputados".46 Manuel Mendiolea, que fue diputado durante gran parte

del periodo de la Rep?blica Restaurada, escribi? que

S?nchez M?rmol... va a salir electo diputado por Tabasco se g?n la postulaci?n que puede ver en el peri?dico de San Juan Bautista, y esa postulaci?n ser? la que triunfe porque es ofi

cial.4?

Un peri?dico de la capital comentaba en 1875 que no ha b?a lucha electoral en el estado de Puebla porque "es (el go bernador) Romero que crea credenciales (electorales) como

?l quiere..." 48

Ignacio Ram?rez escribi? que "los diputados figuran, no porque los conoce el pueblo, sino porque los conocen los mi nistros; y algunos son desechados, por la grave raz?n de que el pueblo los desea".49 Algunos a?os despu?s Ricardo Garc?a

Granados escribi? que

faltar?a a la verdad hist?rica, si dij?ramos que la mayor?a del pueblo hab?a acudido con plena confianza a las urnas, para de 45 16 de marzo de 1871, Diario de los Debates, Quinto Congreso, v. 4:63.

46 An?n, a D?az, 23 de agosto de 1871, APD, v. 9:262.

47 Mendiolea a D?az, 24 de mayo de 1875, APD, v. 11:266.

48 Monitor Republicano, 6 de julio de 1875, p. 3.

49 Obras, v. 2:297.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 669 signar a sus representantes y que las elecciones se hab?an veri ficado estrictamente conforme a las disposiciones de la ley, basadas en el sufragio universal.

Explicaba que el sistema era que los gobiernos locales... hab?an arreglado las cosas a su gusto y... eran tanto m?s independientes, cuanto mayor era la dis tancia que los separa de la capital...50 En el fondo ?dec?a?, no era la pol?tica m?s que un tejido de intrigas y conspiracio nes con la revoluci?n armada por desenlace... Es una falsedad cuando se nos asegura que en aquellos buenos tiempos hab?an realmente elecciones populares.51

Tambi?n los extranjeros hac?an observaciones; el emba jador de los Estados Unidos en M?xico, John Foster, escri

bi? que

hab?a entre los votantes la convicci?n de que el partido en el poder controlar?a los resultados de la elecci?n en favor de su candidato, sin tomar en cuenta los votos depositados.

El procedimiento electoral, escribi?, era que los candidatos "por elegirse" fueran escogidos por el Goberna dor y por un grupo selecto, y generalmente la lista era cono cida antes de que tuvieran lugar las elecciones.52

Es claro que un gran n?mero de mexicanos no cre?a en la rectitud y legitimidad de los procesos electorales de su pa?s.

Tal falta de confianza aumentaba la abstinencia de partici

par, ya de por s? tan extendida, lo cual sin duda simplificaba

la tarea de aquellas personas dolosas que deseaban influir los resultados de las elecciones. A su vez, la falta de fe y la corrupci?n tan extendida produc?an protestas casi autom?ti

50 La Constituci?n de 1857, p. 22-23.

51 Ibid., p. 123, bastardilla en el original.

52 Foster, Memoirs, 1:52-53. La falta de espacio en este art?culo nos impide concluir otra cosa adem?s de la falta de confianza general en la rectitud de las elecciones. El cap?tulo 2 de mi libro por aparecer de muestra que esa desconfianza ten?a base en los hechos.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

670

LAURENS BALLARD PERRY

cas por fraude de parte de los que aparec?an como perdedores.

Los derrotados en unas elecciones dadas bien pueden haber exagerado el grado de corrupci?n y puede ser que se unieran a otros perdedores en sus generalizaciones sobre las irregu laridades, contribuyendo as? a la creencia paranoica en una conspiraci?n de envergadura nacional. Adem?s, la violencia y la corrupci?n de funcionarios puramente locales siempre fueron consideradas como parte de la pol?tica nacional orde nada por el presidente. En fin, los que hab?an perdido sus empleos en el gobierno o los que pensaban que no se les da r?a nunca un puesto, hablaban siempre de la irregularidad de los procedimientos electorales, que tachaban de tir?nicos, como justificaci?n de la rebeli?n armada.

Las insurrecciones De este modo, una de las implicaciones tanto de la falta

de fe en el proceso electoral como de la pol?tica de fac ci?n, del descontento econ?mico y del ansia de tener un

puesto p?blico, era la insurrecci?n. Podr?a aceptarse que la insurrecci?n es la reacci?n tradicional mexicana de descon tento, pero la frecuencia de las insurrecciones bajo la Rep? blica Restaurada hace pensar que el sistema pol?tico de aque lla d?cada, foment? un sentimiento de enajenaci?n que a su vez encontraba su expresi?n en la insurrecci?n. Es m?s, las condiciones reales del pa?s obligaron a los gobiernos liberales de Ju?rez y de Lerdo a emprender una serie de modificacio nes del liberalismo que a su vez distanciaron a otros liberales, los cuales llegaron a creer que la insurrecci?n era el ?nico medio de cambiar a los funcionarios del gobierno y de salvar a la naci?n de la tiran?a. Este estribillo, reiterado en la prensa

de oposici?n de la ?poca, puede ejemplificarse con las si guientes palabras:

... los revolucionarios de la actualidad se encuentran en Pala cio, y no en los pueblos del Baj?o ni en las columnas de los peri?dicos de oposici?n.53 63 Monitor Republicano, 14 de julio de 1875, p. 1.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 671 La relaci?n entre elecciones e insurrecciones resulta clara por los mismos pronunciamientos rebeldes, aunque pueda es perarse que exageraran sus quejas. El general Aureliano Ri vera, en su pronunciamiento de mayo de 1868, afirmaba que "Ju?rez intervino directa y delictuosamente en las elecciones y las corrompi? para su propio provecho. Despoj? al pueblo

de su derecho (a elegir) a los funcionarios... de su prefe

rencia".54 Raz?n prominente en el pronunciamiento de Do nato Guerra en 1871 fue su sorpresa ante las "infames maqui

naciones para falsear el voto popular y perpetuarse en el poder..." 55 Cuando Ger?nimo Trevi?o, por entonces gober

nador de Nuevo Le?n, se rebel? en 1871, declar? ante la legislatura del Estado que don Benito Ju?rez ha decidido perpetuarse en el poder contra la voluntad de la naci?n y no ha omitido ning?n m?todo, ni ha dejado de llevar a la pr?ctica ning?n abuso del poder para limitar la libertad en las recientes elecciones y para falsificar el libre voto del pueblo.56

El pronunciamiento de D?az en La Noria conten?a el mismo mensaje, la relaci?n entre el abuso electoral y la rebeli?n: cuando la violencia se arroga los fueros de la libertad, cuando el soborno sustituye a la honradez republicana, y cuando la fal sificaci?n usurpa el lugar que corresponde a la verdad, la des

igualdad de la lucha, lejos de crear ning?n derecho, encona

los ?nimos y obliga a los vencidos por tan malas artes a recha zar el resultado como ilegal y atentatorio...57

Aun cuando estos rebeldes no hubieran cre?do en su propia propaganda, y aunque los porfiristas tambi?n fueron culpa

54 Ciro B. Ceballos, Aurora y Ocaso (2 vols., M?xico, 1907-1912) ? v. 1:324-327.

55 Donato Guerra, Proclamaci?n, 29 de octubre de 1871, APD, v. 10:15.

56 Cosmes, Historia general, v. 22:48-49.

57 pian de La Noria, APD, v. 9:44-45.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

672

LAURENS BALLARD PERRY

bles de irregularidades electorales, el hecho de que recurran

a esta acusaci?n demuestra que sus conciudadanos por lo

menos abrigaban la sospecha de que funcionarios del Estado abusaban de su poder para ama?ar los resultados de las elec ciones.

Consideremos, para darnos una idea de la medida del problema, la frecuencia de las insurrecciones. En 1867 Jes?s Betangos, Le?n Ugalde y Ascensi?n G?mez se rebelaron en Picachos, Hidalgo; Vicente Jim?nez dirigi? una larga y en

conada rebeli?n en Guerrero; el general Urrutia se rebel? en Jalisco; Miguel Negrete, en la sierra de Puebla y Mar celino Villafa?a y otros, en Yucat?n. En 1868 Jos? Mar?a G?lvez y Castro Sotomayor encabezaron separadamente dos rebeliones en el estado de M?xico; ?ngel Mart?nez, Adolfo Palacios, Jes?s Toledo y Jorge Garc?a Granados se rebelaron

en Sinaloa; Paulino Noriega se rebel? en Hidalgo y Felipe

Mendoza, en Perote, Veracruz; Aureliano Rivera y Sostenes

Escand?n, en Cuautitl?n, estado de M?xico; Jes?s Ch?vez L?pez, en los estados de M?xico, Puebla, Tlaxcala e Hidal go; Honorato Dom?nguez en Huatusco, Veracruz, y Juan

Francisco Lucas en Zacapoaxtla, Puebla. En 1869, los genera les Miguel Negrete y Julio Bola?os, en Zoquitl?n, Puebla; Desiderio D?az, en Tlacotalpan, Veracruz; Francisco Aguirre y Pedro Mart?nez, en San Luis Potos?; Trinidad Garc?a de la Cadena, en Zacatecas; Jes?s Toledo, en Aguascalientes; to dos rebelados contra el gobierno. En 1870 Rosario Arag?n, Eduardo Arce y Feliciano Chavarr?a se rebelaron en Morelos; Francisco Cort?s Castillo, en Orizaba, Veracruz; Amado An tonio Guadarrama en Jalisco y Pl?cido Vega en Sinaloa. En 1871 Crist?bal Andrade se rebel? en Sinaloa, y m?s avanzado dicho a?o Porfirio y F?lix D?az se levantaron en Oaxaca en la insurrecci?n de La Noria; el general Miguel Negrete y Aure liano Rivera, en el estado de M?xico; Agust?n Garc?a, en Michoac?n; Hermenegildo Carrillo, en el norte de Veracruz; Federico Labastida, en Jalisco; Juan N. M?ndez, en la sierra de Puebla; Trinidad Garc?a de la Cadena, otra vez en Zaca tecas, y Jes?s Leyva, en Guaymas, Sonora. La rebeli?n de La Noria fue una verdadera guerra civil que dur? hasta ya This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PRACTICA 673 muy avanzado el a?o de 1872. En 1873 Manuel Lozada enca bez? una rebeli?n, invadiendo desde Tepic, Jalisco y Sinaloa.

La rebeli?n cristera dur? m?s de un a?o en la parte occiden tal del pa?s entre 1874 y 1876. La rebeli?n de Tuxtepec dur?

todo el a?o de 1876. La rebeli?n de Jos? Mar?a Iglesias

dur? hasta mediados de enero de 1877. Algunas de estas rebe liones no fueron tan serias como parecer?a, pero todas tuvie ron que ser tomadas en cuenta y contrarrestadas. Algunas fueron serias, pues eran tiempos tormentosos.

Los resultados de estas insurrecciones fueron tr?gicos para la Rep?blica. Las insurrecciones causaban gastos desastrosos para el erario, gastos que a su vez preparaban las condicio nes para la siguiente insurrecci?n. Causaban tambi?n una desgraciada polarizaci?n de las facciones que ten?an progra mas esencialmente similares. Aceleraban la marcha hacia el centralismo ya que el ejecutivo, frente a una situaci?n cr?tica,

necesariamente asum?a mayores poderes. La supresi?n de una insurrecci?n generalmente era seguida por una purga pol? tica, se exclu?a a los perdedores de todo poder pol?tico y as? se fortalec?an las filas de la oposici?n al gobierno. Casi todos los rebeldes arriba mencionados gravitaron tarde o temprano,

hacia la facci?n opositora dirigida por Porfirio D?az durante

el periodo de la Rep?blica Restaurada, aunque muchas de las primeras insurrecciones no fueron de origen porfirista. El

sistema pol?tico que result? de las contradicciones entre el li beralismo y la realidad del pa?s, en verdad conten?a poten

cialmente una gran amenaza de distanciamiento, que fue aumentando y gravitando hacia 1876 al punto focal de la

oposici?n: Porfirio D?az.

Afines a la insurrecci?n, pero en su forma original de con tenido mucho menos pol?tico, eran el plagio y el secuestro.

Estos actos de violencia armada, incesantes y abundantes en grandes zonas de la Rep?blca, ten?an al campo y aun a las calles citadinas en una continua inseguridad. Nadie ha tra tado nunca de determinar el incre?ble n?mero de actos de

bandolerismo, asaltos y secuestros, perpetrados por bandas de todos tama?os que atacaban a todas las clases de la socie dad, inclusive las bodegas y convoyes del gobierno; tales actos This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

674

LAURENS BALLARD PERRY

ten?an relaci?n directa con la econom?a deprimida e indi recta con la pol?tica. Frecuentemente, las bandas se un?an a las banderas de la rebeli?n, aun cuando los rebeldes a me nudo recurr?an al bandolerismo. Las dos actividades se mezcla ban. Tan extenso fue el da?o causado que acab? por despres tigiar gravemente al gobierno, que deb?a mantener con gran costo fuerzas armadas y guarniciones, a pesar de que el ban dolerismo estaba reduciendo los ingresos del gobierno. La reacci?n ante insurrecciones, plagios y secuestros era siempre la suspensi?n de las garant?as constitucionales y la concesi?n de facultades extraordinarias al presidente.

Las contradicciones que han sido mencionadas, algunas de mucha mayor gravedad e importancia que otras, estaban en trelazadas y obligaron a los altos funcionarios de la naci?n a una serie de modificaciones de la ideolog?a liberal sobre el gobierno y la pol?tica. El sistema que result? de ello es el tema

de la secci?n siguiente.

III

El modelo liberal que presentaba la Constituci?n de y que ha sido bosquejado en la primera parte de este ar es ?til para comprender c?mo deb?a haber funcionado

tema pol?tico. Asimismo, es prueba del idealismo d

generaci?n de grandes hombres que tambi?n necesitamo prender. Sin embargo, las contradicciones entre el mo liberal y la realidad mexicana, no permitieron que los ticos se comportaran de acuerdo con el modelo. As? qu pol?ticos en el poder adoptaron la t?cnica de una maqui pol?tica. Fuera para llevar a la pr?ctica su programa o plemente para cosechar los beneficios de ser funcionari pol?ticos ten?an que tener presentes las elecciones. Par las leyes fueran aprobadas por un Congreso dividido en ciones era preciso organizar una mayor?a parlamentaria realizar un programa presidencial, era necesaria la coo ci?n de gobernadores y jefes pol?ticos. Para mantener tema bajo control, se requer?a la lealtad del ej?rcito fe

y de la guardia nacional de los diversos estados, qu This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 675 igualmente importante. ?nicamente los gobernadores pod?an recurrir a las unidades de la guardia nacional, y solamente el Congreso pod?a ponerlas a la disposici?n del presidente, y as? resultaba que, en la pr?ctica, el presidente deb?a trabajar de acuerdo con los gobernadores ya que ?stos eran los que potencialmente controlaban las legislaturas locales, el reclu tamiento de soldados y la selecci?n de representantes en el Congreso de la Uni?n. Las alternativas eran indudablemente graves.

Podemos elaborar otro modelo que tambi?n resulta ?til.

Los presidentes de la Rep?blica Restaurada usaron el poder del gobierno nacional para lograr que ciertos gobernadores complacientes continuaran en el poder, reemplazando a los que eran independientes o de la oposici?n, con aliados de su facci?n; aumentaron el poder ejecutivo a expensas de un ser vilismo cada vez mayor de la legislatura; pasaron por alto y hasta contribuyeron a las irregularidades electorales que au mentaban la fuerza de la maquinaria pol?tica, y ?sta fue usada para obtener un n?mero siempre creciente de puestos en los palacios de gobierno de los estados, en los municipales, en las c?maras legislativas y en los tribunales del pa?s. Conco mitantemente, el uso de una maquinaria de control pol?tico elimin? de sus cargos a ciertas personas o les impidi? obte nerlos a otras, todas ellas idealistas que interpretaban el des arrollo de los acontecimientos como una traici?n a los frutos de la Reforma, as? como tambi?n se elimin? a las facciones que tal vez ten?an su propio inter?s como motivo, pero que pod?an hacerse pasar por defensoras del liberalismo y de la libertad. A causa de esta combinaci?n de idealismo e inter?s

personal, los que se encontraban en el poder tuvieron que fortalecer continuamente su maquinaria pol?tica, lo que au ment? el n?mero de los que se encontraban fuera. Y fue s?lo cosa de tiempo, una d?cada para ser m?s exacto, para que los de afuera derrocaran a los que ten?an el poder, con la insurrecci?n de Tuxtepec.

Sin duda alguna, este modelo debe usarse con tanto cui dado como el modelo oficial y legal, y debe descartarse deci didamente cuando lo recomiende la evidencia emp?rica. Sin This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

676

LAURENS BALLARD PERRY

embargo, se trata de un modelo ?til para entender gran parte

de los documentos que se encuentran al alcance del histo riador.

La dedicaci?n de Ju?rez a la Constituci?n y a las insti tuciones republicanas fue sin duda grande y sincera. No lo atestiguan solamente sus declaraciones de toda la vida, sino tambi?n sus actos. Jorge L. Tamayo incluye en su selecci?n de correspondencia del archivo de Ju?rez un gran ejemplo

en el que Ju?rez insta a un amigo y partidario, el impopular Felipe J. Serra, gobernador de Tabasco, a que acepte un fallo desfavorable del tribunal del estado y renuncie a su puesto.

Tamayo dice a este prop?sito:

Nos hemos detenido en se?alar el pormenor de este problema pol?tico local, que es una muestra m?s del respeto de Ju?rez a la soberan?a de las autoridades de los Estados. Comentaristas superficiales, sin consultar documentos para conocer los hechos,

han pretendido mostrar a la administraci?n de Ju?rez en esta etapa, como arbitraria y realizando maniobras para controlar el proceso electoral en algunos casos y otros buscando tener auto ridades locales amigas. ?Cuan diferente fue la realidad! 58

En otra ocasi?n un amigo del gobierno de Ju?rez pidi?

al presidente que le indicara a cu?l de los dos candidatos a la gubernatura del estado de M?xico prefer?a, a lo cual Ju?rez

respondi? que

en mi concepto son igualmente recomendables don Vicente Riva Palacio y don J. Alberto Garc?a y creo que cualquiera de los dos ser?a muy bueno en el Gobierno del Estado.59

Vicente Riva Palacio era miembro de la oposici?n.

Y en otra ocasi?n m?s, el secretario del presidente envi?

la siguiente carta a un partidario exageradamente entusiasta:

El Sr. Ju?rez no puede hacer nada para influir en las eleccio nes y as? se lo ha manifestado a cuantos han solicitado su inter 58 Tama yo, Ju?rez, v. 15:242.

59 Ju?rez a Juan N. Kampfner, 24 de octubre de 1871, DDC, v. 15:388.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 677 venci?n en ese negocio. Tampoco entra en su programa que las armas decidan esas cuestiones y espera que los pueblos respeta

r?n el resultado de la elecci?n sea quien fuere el candidato

electo, pues s?lo debe hacerse uso de los medios que la ley se

?ala.60

Vemos de este modo que el modelo alternativo debe ser usado con cuidado. A pesar de todo, es ?til, especialmente para valorar los actos de los subordinados, que se sent?an en la obligaci?n de defender el sistema al cual serv?an y del cual, en ?ltima instancia, depend?a el mismo presidente. La m?quina era ya una realidad, aunque no hab?a llegado a su forma definitiva en 1867, ni a?n en 1872. Naci? bajo el go bierno de Ju?rez, se desarroll? considerablemente bajo Lerdo y se considera generalmente que lleg? a tener su funci?n definitiva de reemplazar la preocupaci?n liberal por el repu blicanismo, durante el r?gimen autoritario de Porfirio D?az.

Como la colaboraci?n de los gobernadores era esencial para la presidencia, era natural que el presidente ayudara a los gobernadores que cooperaban; esto, en el proceso pol? tico, es normal. Sin embargo, la sustituci?n de gobernadores poco cooperativos o independientes por sus propios partida rios pertenece ya casi a la pol?tica de maquinaria de control.

Que eso haya sucedido durante los dos gobiernos de la Re p?blica Restaurada es, desde hace tiempo, parte esencial de los argumentos pol?ticos esgrimidos por la oposici?n contra Ju?rez.61 Examinar el asunto requerir?a m?s espacio del que disponemos aqu? y el an?lisis de numerosos casos particulares.

Tambi?n, todos los casos son suficientemente complicados y refieren a una unidad compleja de leyes nacionales y esta tales que permite encontrar, siempre, explicaciones legales.

Puede invocarse, adem?s, la "opini?n popular" y alegar que fueron los resultados reales de las elecciones los que produ 60 Pedro Santacilia a Santiago Vicario, 15 de febrero de 1868, DDC, v. 13:33-34.

61 V?ase por ejemplo Ignacio M. Altamirano, Historia y pol?tica de M?xico, serie "El liberalismo mexicano en pensamiento y en acci?n".

M?xico, Empresas Editoriales, 1958, p. 180-181.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

678

LAURENS BALLARD PERRY

jeron los diversos cambios. Pero si se duda de que la "opini?n popular'' pudiera ser verdaderamente conocida o de que los resultados electorales revelaran algo m?s que la voluntad de la facci?n dominante, entonces el estudio de los casos par ticulares que regularmente resultaban en la colocaci?n de per sonas d?ciles en las gubernaturas estatales, indicar? el creci miento de la maquinaria de control monopol?stico. A conti nuaci?n se presentan cuatro casos.

En 1867, Ju?rez sustituy? al gobernador de Guanajuato, Le?n Guzm?n, por Florencio Antill?n, y al de Puebla, Juan N. M?ndez, por Rafael J. Garc?a. Estos cambios se debieron a que ambos gobernadores se negaron a publicar la convo catoria de ese a?o, que llamaba a elecciones en la forma que el presidente hab?a decretado. Esa convocatoria conten?a un procedimiento para que el voto popular decidiera si el Con greso deb?a tener el poder de adoptar una serie de reformas constitucionales que habr?an aumentado grandemente el poder

del ejecutivo, sin necesidad de cumplir con el precepto cons titucional de que se iniciara el proceso de ratificaci?n por parte de la mayor?a de las legislaturas de los estados.62 Ju?rez sustituy? a esos dos gobernadores en un periodo en que, entre

todas las figuras pol?ticas de la Rep?blica, s?lo ?l ten?a pode res extraordinarios ?despu?s de que los gobernadores esta tales y los comandantes militares hab?an perdido, por decreto del mismo Ju?rez, los suyos? y Ju?rez era entonces candidato presidencial para las elecciones que estaban por celebrarse.63 Muchas veces se ha sostenido que la posici?n de Ju?rez era l?cita, pero en vista de sus intereses personales y de los resul

62 Tovar, Cuarto Congreso, v. 1:3-7; la "apelaci?n al pueblo" es

ordenada por el art?culo 9.

63 Ju?rez gozaba de poderes extraordinarios que le fueron concedi dos en 1863 por el Congreso, vigentes hasta el 8 de diciembre de 1867; los oficiales militares perdieron la jurisdicci?n sobre los civiles en virtud de la reorganizaci?n militar del 23 de julio de 1867; Dubl?n y Lozano, Legislaci?n mexicana, v. 10:29; y las facultades extraordinarias de los gobernadores fueron suprimidas por medio del decreto presidencial del 14 de agosto de 1867; Dubl?n y Lozano, Legislaci?n mexicana, v. 10: 56-57.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 679 tados favorables de las elecciones en los estados de Guana juato y Puebla despu?s de que Antill?n y Garc?a cambiaron a todos los jefes pol?ticos, podemos por lo menos afirmar que el "partido ejecutivo,, se benefici?.

En el estado de Guerrero las rivalidades locales entre los

partidarios de Vicente Jim?nez y de Diego ?lvarez desem bocaron en una guerra civil a la ca?da del gobierno de Maxi miliano. Jim?nez era porfirista y ?lvarez era el hijo y here

dero de los intereses y la maquinaria caudillista de Juan

?lvarez. Diego ?lvarez era gobernador legal porque su perio do hab?a sido prorrogado por decreto presidencial de agosto de 1866; Vicente Jim?nez afirmaba haber sido llamado por un pueblo despojado que sufr?a bajo la servidumbre feudal establecida por la familia ?lvarez.64 Jim?nez venci? en las campa?as iniciales y ambos bandos realizaron las elecciones de 1867, cada uno en la zona bajo su control.65 La situaci?n era grave: la guerra civil en Guerrero amenazaba propagarse m?s all? de los l?mites del estado al resto de la naci?n y mu chas personas y grupos pidieron a Ju?rez que nombrara un gobernador interino para que llevara a cabo las elecciones.66 La soluci?n de Ju?rez fue sostener "el principio de auto ridad": Diego ?lvarez seguir?a siendo gobernador hasta que lo sustituyera un sucesor legalmente elegido, y Jim?nez deb?a

desconocer p?blicamente su Plan de Iguala y presentarse ante el Ministro de la Guerra a explicar su conducta.67 Si Ju?rez se hubiese comprometido en este asunto se habr?an alentado rebeliones en todo el pa?s para cambiar a los gobernadores.

Adem?s, el reemplazo de ?lvarez no era ni siquiera un com

promiso, sino la aceptaci?n completa de las exigencias de

Jim?nez. Ju?rez se involucr? profundamente en la "cuesti?n guerrerense" que se fue complicando m?s y m?s durante el a?o de 1868. En marzo, envi? calladamente a Guerrero al ge 64 Jim?nez a Ju?rez, 30 de septiembre de 1867, DDC, v. 12:547-549.

65 Tovar, Cuarto Congreso, 24 de enero de 1868, v. 1:275.

66 Ignacio M. Altamirano a Ju?rez, 9 de junio de 1867, DDC, v. 12: 197-200. Vicente Jim?nez a D?az, 8 de agosto de 1867, DDC, v. 12:374, y respuesta, p. 375.

67 Jos? V. Hern?ndez a D?az, 25 de octubre de 1867, APD, v. 5:267.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

680

LAURENS BALLARD PERRY

neral Francisco O. Arce como "mediador".68 Arce no era, sin embargo, mediador, sino un comandante federal que no ten?a

autorizaci?n del Congreso para llevar tropas a la zona. Ji

m?nez perdi? varias batallas y se someti? en abril.69 A pesar de esto, durante todo el verano de 1868 Jim?nez y ?lvarez, y por a?adidura Arce, preparaban el terreno para la elecci?n de gobernador.70 En el oto?o Jim?nez finalmente hizo caso del

llamado y se present? en la ciudad de M?xico. El Ministro de Guerra, el eterno juarista Ignacio Mej?a desband? la divi si?n alvarista del sur y las elecciones elevaron a la guberna tura de Guerrero a Arce, el ?nico que segu?a teniendo mando de tropas.71 No hubo alternativa: Ju?rez tuvo que involucrarse en el r?gimen interior del estado de Guerrero. Adem?s de que Ju? rez inst?, durante todo aquel periodo, a todos los bandos a la conciliaci?n, es imposible afirmar que la administraci?n interna del estado hubiera sido m?s eficiente bajo Jim?nez o ?lvarez como gobernadores.72 La realidad en Guerrero era una rivalidad irreconciliable en plena guerra civil. Cualquier presidente que se hubiera conservado al margen o que hu biera tratado de permanecer dentro de los estrictos l?mites de la Constituci?n, se habr?a visto pronto rodeado por guerras

civiles y locales. En consecuencia, la participaci?n presiden cial se hizo determinante y se incorpor? a la alianza juarista otro gobernante colaborador.

Contraste muy fuerte ofrece la lucha de facciones en Si naloa en 1869. A ra?z de la muerte del gobernador Antonio Rosales en 1865, el general Ram?n Corona coloc? en la gu 68 Mois?s Ochoa Campos, Historia del Estado de Guerrero. M?xico, Porr?a Hnos., 1968, p. 240; Ju?rez a Arce, 16 de marzo de 1968, DDC, v. 13:285; Ju?rez a Jos? Mar?a Mart?nez de la Concha, 19 de marzo de 1868, DDC, v. 13:162-163.

69 Ju?rez a ?lvarez, 22 de abril de 1868, DDC, v. 13:289.

70 Arce a Ju?rez, 3 de mayo de 1868, DDC, v. 13:291-292; Arce a Ju?rez, 30 de septiembre de 1868, DDC, v. 13:661.

71 Ochoa Campos, Guerrero, p. 241.

72 La apreciaci?n de Ochoa Campos de que el gobierno de Arce fue progresista, es convincente, en ibid.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 681 bernatura a Domingo Rub?, con el cual Ju?rez pronto hizo ?ntima amistad, ya que lleg? a considerarlo uno "de los coope radores en la grande obra de la regeneraci?n".73 Rub?, aun que era gobernador interino, present? su candidatura en 1867 para gobernador constitucional en unas elecciones que fue ron caracterizadas por la violencia masiva. Sus contrincantes eran el general ?ngel Mart?nez, comandante de la guarnici?n de Mazatl?n, Manuel Monz?n, prefecto de Culiac?n y Eus taquio Buelna, juez de distrito. Rub? ces? a Monz?n de su puesto de prefecto para "garantizar la libertad de las eleccio nes", y Buelna no ten?a gran apoyo; la lucha qued? as? entre Rub? y Mart?nez. Seg?n Buelna, los partidarios de Mart?nez usaron a las fuerzas federales en las elecciones, y los de Rub?,

la influencia del poder del gobernador.74 La tormentosa elec

ci?n fue turnada a la legislatura estatal, la cual decidi? a mediados de diciembre que ni Mart?nez ni Rub? eran elegi bles, porque eran funcionarios durante las elecciones y hab?an

limitado la libertad de voto. Los partidarios tanto de Mar t?nez como de Rub? desencadenaron amenazas, motines y vio lencia en las calles, en la legislatura y en los hogares de sus miembros, hasta que el Congreso local retir? su decisi?n an terior y declar? a Rub? gobernador y a Monz?n vicegober nador electos.75 Estando as? las cosas, un grupo de militares se pronunci?

en Culiac?n contra la reelecci?n de Rub?, bajo las obvias acusaciones de que hab?a apoyado su propia candidatura

aprovech?ndose de su posici?n oficial como gobernador, me diante la sustituci?n de prefectos por militares que llevaban instrucciones de trabajar por su reelecci?n; mediante el gasto

de fondos p?blicos para su campa?a, mediante el uso de la prensa oficial para sostener y hacer propaganda a su candi 73 Ju?rez a Rub?, 4 de diciembre de 1866, Ju?rez, Epistolario de Benito..., selecci?n, pr?logo y notas de Jorge L. Tamayo, 2* ed. M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, 1972, p. 653.

74 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa, 1821-1882.

M?xico, Departamento Editorial de la Secretar?a de Educaci?n, 1924, p. 99.

75 Ibid., p. 100-101.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

682

LAURENS BALLARD PERRY

datura, mediante la presi?n sobre la legislatura del estado

para que lo declarara victorioso y mediante el arresto de las

personas que se opon?an a su elecci?n. Los rebeldes propo n?an elevar a Manuel Monz?n a la gubernatura interina

mientras se pudiesen celebrar nuevas elecciones.76 Diez d?as m?s tarde nuevas unidades militares se unieron

a la rebeli?n, mediante el Plan de Elote, redactado por el general Jes?s Toledo. Se retiraba el reconocimiento a todos los funcionarios electos del estado y se pon?a el poder en

manos del general Mart?nez.77 Al d?a siguiente la legislatura estatal dio poderes absolutos al gobernador Rub? y entr? en receso. El general Corona, comandante militar de la Cuarta Divisi?n, trat? sin ?xito de convencer a Rub? de que renun ciara a la gubernatura en espera de nuevas elecciones; tam bi?n sin ?xito ofreci? a Mart?nez 50 000 pesos para sobornar a los rebeldes, y termin? por entregarle el mando militar de ciertas fuerzas. Entonces, Mart?nez, al aceptar el mando re belde que le otorgaba el Plan de Elote, se proclam? goberna dor provisional, todo esto en nombre del gobierno nacional al que protestaba su lealtad.78 Dos distritos m?s se unieron a los rebeldes y entonces el gobernador Rub? pidi? oficial mente la intervenci?n del gobierno federal.79

El presidente Ju?rez respondi? r?pida y radicalmente. Or den? a Corona dirigirse a Sinaloa con la totalidad de su Cuar ta Divisi?n para apoyar al gobernador Rub? contra la rebe li?n de la facci?n opuesta. Hubo batallas por todo el estado con resultados variables, pero para mayo Mart?nez estaba derrotado. La observaci?n final de Ju?rez a Rub? es extra?a a la luz de la extensi?n de la rebeli?n y del esfuerzo en hom bres y dinero que se necesit? para sofocarla: "No tenemos

76 Plan de Culiac?n, 4 de enero de 1868, en DDC, v. 13:59.

77 pian de Elote, 14 de enero de 1868, DDC, v. 13:64-65.

78 Buelna, Sinaloa, p. 102-103; Proclama del general ?ngel Mart?nez, 28 de enero de 1868, DDC, v. 13:68-71; Corona a Ju?rez, 1? de febrero de 1868, DDC, v. 13:72-73.

7? Rub? a Ju?rez, 2 de febrero de 1868, DDC, v. 13:74.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PRACTICA 683 nada serio que temer de estos hombres, porque no pueden contar con el apoyo de la opini?n p?blica." 80 Hay dos diferencias mayores entre los asuntos de Sinaloa y Guerrero. Primero, que la rebeli?n en Sinaloa empez? a ra?z de elecciones locales que de por s? violaban los princi pios b?sicos de las instituciones republicanas. Los m?todos electorales demostraban que desde el punto de vista de los principios liberales, no hab?a diferencia entre los dos candi datos. El gobierno federal pod?a haber decidido apoyar el primer decreto legislativo para anular las elecciones, lo cual podr?a haber privado a los rebeldes de algunos de sus argu mentos. Y segundo, Ju?rez no envi? a Corona de "mediador" como a Arce a Guerrero, quiz? porque el gobierno en realidad favorec?a a Rub?. El resultado final fue de nuevo favorable a la facci?n que estaba m?s ligada a la alianza juarista.

El presidente Lerdo parece que ten?a m?s inter?s que Ju? rez en atraer a los gobernadores estatales; o puede ser que fuera menos sutil, o simplemente que tuviera m?s enemigos, pero el hecho es que ?stos dejaron para la historia en sus documentos una mayor virulencia. Se nos dice que utilizaba la doble elecci?n en algunos estados donde hab?a gobernador opositor o independiente, para crear un gobierno que le fuera favorable y que pidiera entonces la ayuda federal; y tambi?n que alentaba a una facci?n minoritaria para que creara sufi cientes perturbaciones en el estado de alg?n gobernador poco cooperativo para decretar el estado de sitio, de manera que el comandante militar, leal al presidente, favoreciera a la fac ci?n lerdista en las nuevas elecciones.81 El Plan de Tuxtepec porfirista hace esta acusaci?n, afirmando que los estados de Coahuila, Oaxaca, Yucat?n y Nuevo Le?n hab?an sufrido re

80 Ju?rez a Rub?, 22 de julio de 1868, DDC, v, 13:424.

81 ?sta es una de las tesis que se encuentran en los siguientes auto res: Vicente Riva Palacio, Historia de la administraci?n de D. Sebasti?n Lerdo de Tejada. M?xico, Imprenta y Litograf?a del Padre Cobos, 1875; v?ase especialmente el libro III, cap. 4; Ceballos, Aurora y ocaso, vol. Ill; Cosmes, Historia general.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

684

LAURENS BALLARD PERRY

cientemente trato semejante, "habi?ndose intentado hacer lo mismo con Jalisco".82 El control de los jefes pol?ticos por parte de los gober nadores con el prop?sito de efectuar las elecciones para pre sidente, magistrados de la Suprema Corte, gobernadores y diputados, es otra faceta de la maquinaria pol?tica de con trol. Solamente un gran n?mero de casos podr?a probar que eran los jefes pol?ticos los que en verdad hac?an las elecciones en la Rep?blica y se necesitar?an pruebas de muy distinta clase para demostrar que el presidente y los gobernadores se confabulaban para nombrar jefes pol?ticos serviles. En cam bio, es relativamente f?cil demostrar que los pol?ticos pr?c ticos actuaban como si las elecciones fueran hechas por los jefes pol?ticos.

En 1871 Jos? Mar?a Alatorre fue enviado por los juaris tas a Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, para trabajar por la reelecci?n de Ju?rez. Regularmente enviaba por correo informes a Castillo Velasco, ministro de Gobernaci?n. Des

de Lagos inform? que habl? con el Jefe Pol?tico que es mi pariente y con otras varias personas de representaci?n; y aun que tuve que vencer algunos inconvenientes, o dificultades que me opusieron, por fin con vinimos en que saldr? electo all? el Sr. Ju?rez, y buenos dipu tados m?s.83

82 Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco, APD, v. 12:96-99. La

acusaci?n era en gran parte cierta. Para lo que se refiere a Oaxaca,

v?ase Jorge Fernando Iturribarr?a, Historia de Oaxaca, 4 vols. Oaxaca, Publicaciones del Gobierno del Estado de Oaxaca, 1956, v. 4:132-137; para Yucat?n, v?ase Albino Acereto, Historia pol?tica desde el descubrimiento europeo hasta 1920, vol. Ill de la Enciclopedia Yucatanense, publicada por Carlos A. Ech?nove Trujillo. 8 vols. M?xico, 1944-1947, p. 330-331; para Nuevo Le?n, v?ase Santiago Roel, Nuevo Le?n. Apuntes hist?ricos.

2 vols., Monterrey, 1938; v. 2:70-77. A principios de 1876 Jalisco fue declarado en estado de sitio y el general lerdista Jos?, Ceballos fue nom

brado gobernador; un relato contrario a Lerdo se encuntra en Luis

P?rez Verd?a, Historia particular del Estado de Jalisco. 2* ed., 3 vols.

Guadalajara, Gr?fica Editorial, 1951-1952; v. 3:501-507, 512-521.

83 Ala torre a Jos? Mar?a del Castillo Velasco, 18 de mayo de 1871,

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 685 En 1867 J. Segura recibi? la orden de Porfirio D?az de trabajar en favor de un candidato al Congreso y de F?lix D?az, candidato a gobernador, de trabajar por otro tambi?n candidato al Congreso. Segura escribi? que bajo tales circuns

tancias "me limito a hablar con el jefe de Coixtlahuaca y

resolveremos lo que convenga".84

El juarista Marcos Andrade escribi? en 1869 a Ju?rez que

"el gobernador de Veracruz, Hern?ndez... anda recomen

dando en todos los cantones del estado y notificando a todos los jefes pol?ticos que los diputados al Congreso en las pr?xi mas elecciones deben ser del agrado de Ud. ..." 85 El general Jos? Mar?a Kampfner escribi? al presidente en 1871 la carta siguiente: Se aproximan ya las elecciones para los poderes del Estado de M?xico y le suplico a Usted se sirva indicarme por qu? perso na convendr? trabajar para Gobernador del mismo, pues s? que el Gobierno necesita en estos puestos personas que le ayuden y coadyuven a su pensamiento; el Gefe Pol?tico de este distrito est? en muy buena disposici?n...86

Fue en respuesta a esta carta que Ju?rez contest? que cual quiera de los dos candidatos era igualmente aceptable, pero el punto de inter?s aqu? es que el general Kampfner se diri gi? al jefe pol?tico para obtener el resultado que deseaba. Es claro que todos estos pol?ticos en funciones estaban conven cidos de que las elecciones eran hechas por los jefes pol?ticos.

Por lo que se refiere a c?mo los gobernadores sustitu?an a los jefes pol?ticos con prop?sitos electorales, bastar? este ejemplo de Puebla. Antes de las elecciones de 1867 en el es tado, el general Rafael J. Garc?a comunic? a Ju?rez que el gobernador Juan N. M?ndez ten?a amigos y partidarios en

AJ, 9091. El autor desea expresar su agradecimiento por la ayuda de David Lennox por estos documentos del AJ. 84 J. Segura a D?az, 31 de octubre de 1867, APD, v. 5:298.

85 Andrade a Ju?rez, 21 de junio de 1869, AJ, 6940.

86 Kampfner a Ju?rez, 23 de octubre de 1871, AJ, 10311.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

686

LAURENS BALLARD PERRY

todas las jefaturas pol?ticas del estado, lo cual dar?a segura mente la victoria electoral a los porfiristas. Y que entiendo que todo variar?a, cambi?ndose el personal del Go bierno y, por de contado, los defensores que tienen en los Dis tritos y que pueden ejercer una influencia directa... De otra manera, el Sr. M?ndez se har? nombrar Gobernador, las auto ridades todas ser?n a medida de su deseo.87

Garc?a ten?a raz?n en cuanto que M?ndez crear?a en el es

tado una maquinaria pol?tica opuesta a Ju?rez, y M?ndez

era porfirista. Ju?rez entonces sustituy? a M?ndez en el go bierno de Puebla con el mismo general Rafael J. Garc?a, el cual pidi? permiso para cambiar a los jefes pol?ticos. Enton ces Ju?rez le contest? que queda usted en completa libertad para obrar en entera inde pendencia en el c?rculo de sus atribuciones legales, pudiendo,

por lo mismo, cambiar los empleados que a su juicio no le

merezcan confianza y puedan en lo m?s m?nimo alterar la paz del Estado.88

Parece que Garc?a comprendi? las implicaciones de la pala brer?a legal de Ju?rez porque al d?a siguiente escribi? que he cambiado a todos los jefes pol?ticos que no me inspiraban plena confianza y que supon?a trabajando bajo la inspiraci?n

del Sr. M?ndez...89

Otro aspecto de la maquinaria pol?tica de control que con tradec?a el modelo liberal, era la actitud hacia los goberna dores de tendencias dictatoriales. Los liberales pod?an aplau dir el uso de la fuerza federal para derrocar a un gobernador

o caudillo dictatorial, acept?ndolo como un paso hacia la

unidad nacional y hacia el republicano local, o por otra parte 87 Garc?a a Ju?rez, 17 de septiembre de 1867, DDC, v. 12:451.

88 Ju?rez a Garc?a, 2 de octubre de 1867, DDC, v. 12:558.

89 Garc?a a Ju?rez, 3 de octubre de 1867, DDC, v. 12:559-561.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 687 pod?an lamentarse del hecho por considerarlo una violaci?n de la soberan?a de los estados y del federalismo. Bajo la Re p?blica Restaurada la posici?n de un liberal ante cualquier caso, bien pod?a ser determinada por el hecho de que milita ra en la facci?n presidencial o en una oposici?n.

El fen?meno puede medirse mejor observando la manera como votaron los diputados del Congreso Federal, cuando se les pidi? que definieran si el ej?rcito nacional deb?a ser en viado a un estado cuando existiera un conflicto local. Nume

rosos casos de esta naturaleza se presentaron durante la

Rep?blica Restaurada, en raz?n de que las luchas de facci?n llegaron a ser extremas en varios estados de la Rep?blica. Los principios constitucionales expresados por los art?culos 40, 41,

109 y 116 comprend?an las relaciones entre el gobierno na cional y los de los estados. En cada uno de los cuatro casos que se presentan en seguida, escogidos como ejemplos, la si tuaci?n del estado era compleja, as? como lo eran los argu mentos constitucionales que se tra?an a colaci?n en el Con greso, para apoyar o combatir las resoluciones respectivas de uso de las fuerzas federales. He aqu? una tabla de c?mo trein ta y seis diputados votaron sobre el empleo del ej?rcito fede ral en los conflictos armados internos de Jalisco, San Luis Potos?, Quer?taro y Guerrero. "S?" no significa que aproba ran la resoluci?n, porque a veces ?sta ten?a forma negativa, sino el uso de fuerzas federales en el estado. Los guiones indican abstenci?n.

Jal. SLP Qro. Gro.

Juan B. Acosta no s? no s?

Francisco F. de Alfaro s? no s? ?

Luis Alva no s? ? s?

Eleuterio ?vila s? no s? no Carlos Andrade no s? na s?

Fernando Andrade no ? no s?

Justo Ben?tez s? ? ? no

Francisco Berdusco no s? no s?

Jos? Castro no s? no s?

Carlos D?ez Guti?rrez s? no s? no

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

688

LAURENS BALLARD PERRY

Jal. SLP Qro. Gro.

Espa?a y Reyes no s? no s?

Alejandro Garc?a no s? ? s?

P. D. de la Garza y G. si no si no (?) Hermosillo si ? si no

Pablo Herrera s? no ? no

Rafael Herrera no ? no si

Mart?nez Vaca no ? no si

Enrique Mejia no ? ? si

Francisco Z. Mena ? ? s? no

Justo Merino s? no ? no Ezequiel Montes s? no s? no Jos? Eligi? Mu?oz s? no s? no Juan Mu?oz Silva s? no ? no Adolfo Obreg?n no s? ? s?

(?) Ojeda s? ? s? no (?) Ordorica s? no ? no (?) Perales no s? no ?

Gregorio P?rez Jard?n no s? ? s? (?) Quintanar s? ? s? no

Ricardo Ram?rez no s? ? s?

Juan Luis Rojas no ? no s?

Jos? Romero no s? ? s?

Atilano S?nchez s? no ? no Francisco Talavera ? s? no s?

Alejo Torres Le?n no ? no s?

Manuel M. Zamacona ? no s? no

No resulta de esto un esquema de apoyo a o a la no intervenci?n como principios. Sin e

el voto se relaciona al hecho de que si el g

tenec?a o no a la alianza juarista y cuando los

diputados se agrupan de acuerdo a las alian aparece un esquema que norma la votaci?n. E carta, una "o" significa un voto de acuerdo

gobierno, una "x", contra tales deseos, depen fuerzas federales deb?an ayudar a la facci?n juarismo. Los primeros diecinueve nombres s decididos y los siguientes diecisiete, de porfi nes indican abstenci?n.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 689

Jal. SLP Qro. Gro. Juaristas

Juan B. Acosta o o o o

Luis Alva o o ? o

Carlos Andrade o o o o

Fernando Andrade o ? o o Francisco Berdusco o o o o Jos? Castro o o o o

Espa?a Reyes o o o o

Alejandro Garc?a o o ? o

Rafael Herrera o ? o o Mart?nez Vaca o ? o o

Enrique Mej?a o ? ? o

Adolfo Obreg?n o o ? o (?) Perales o o o ?

Gregorio P?rez Jard?n o o ? o Ricardo Ram?rez o o ? o

Juan Luis Rojas o ? o o

Jos? Romero o o ? o Francisco Talavera ? o o o

Alejo Torres Le?n o ? o o Porfiristas

Francisco F. de Alfaro x x x ?

Eleuterio ?vila x x x x

Justo Ben?tez x ? ? x

Carlos D?ez Guti?rrez x x x x

P. D. de la Garza y G. x x x x (?) Hermosillo x ? x x

Pablo Herrera x x ? x Francisco Z. Mena ? ? x x

Justo Merino x x ? x Ezequiel Montes x x x x Jos? Eligi? Mu?oz x x x x Juan Mu?oz Silva x x ? x (?) Ojeda x ? x x (?) Ordorica x x ? x

(?) Quintanar x ? x x

Atilano S?nchez x x ? x Manuel M. Zamacona ? x x x This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

690

LAURENS BALLARD PERRY

Este cuadro est? basado claramente en la interpretaci?n de las condiciones internas de cada uno de los cuatro estados

y cualquier intento de resumir la situaci?n provocar?a la acusaci?n de que las pruebas han sido escogidas con segunda intenci?n. Los asuntos en discusi?n eran en verdad comple jos y en realidad causaban m?s abstenciones en el Congreso

y m?s votos a trav?s de la divisi?n de las facciones, que nin g?n otro asunto que el que escribe haya examinado.90 Hasta donde estas interpretaciones son exactas y a pesar de los re finados debates parlamentarios por los que son famosas las legislaturas de la Rep?blica Restaurada, puede afirmarse que estos diputados votaban m?s por lealtad de partido que por principio.

He aqu? un breve bosquejo de las interpretaciones. El general Antonio G?mez Cuervo, a quien el general Ram?n

Corona design? gobernador interino de Jalisco en 1867, gan? las elecciones ese a?o para gobernador, derrotando a Ignacio

Luis Vallar?a, para un periodo de cuatro a?os. Vallarta re presentaba a la facci?n liberal pura, que se encontraba radi calmente a la izquierda de Ju?rez, mientras que G?mez Cuer

vo colaboraba estrechamente con Lerdo y con la pol?tica

presidencial.91 En 1870 la legislatura de Jalisco, dominada por la facci?n de Vallarta y Robles Gil, trat? de acusar a G?mez Cuervo ante un gran jurado de malversaci?n de caudales p?

blicos, a lo que G?mez Cuervo respondi? declarando ilegal a la legislatura. ?sta trat? de obtener ayuda del gobierno na

cional y el secretario de Gobernaci?n de Ju?rez, Manuel

Saavedra, quien poco antes hab?a sustituido a Vallarta en el gabinete, respondi? que "el gobierno tiene la convicci?n de que por la esencia misma de las instituciones, el Ejecutivo de la Uni?n no debe calificar o mezclarse en las cuestiones interiores de los Estados".92 90 El autor ha relacionado los esquemas de votaci?n de todos los diputados del Quinto Congreso sobre cuarenta asuntos, lo que da una mejor idea de las relaciones entre los partidos que la totalidad del es quema de votaci?n sobre este asunto.

91 P?rez Verd?a, Jalisco, v. 3:448-450.

92 ibid., p. 450.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 691 El asunto lleg? al Congreso, donde el porfirista Ezequiel Montes present? un proyecto de resoluci?n seg?n el cual se acceder?a a la solicitud de la legislatura jalisciense, mediante el empleo de fuerzas federales si se hac?a necesario para qui tar de su puesto a G?mez Cuervo y consignarlo a un juez competente. El proyecto fue derrotado por una votaci?n de 85 contra 65, y as? este gobernador que colaboraba con la alianza ejecutiva fue salvado del derrocamiento.93

En San Luis Potos? la profunda lucha de facciones, el

extremo anticlericalismo del gobierno de Juan Bustamante despu?s de 1867, la penuria fiscal, los abundantes secuestros y la seria insurrecci?n de 1869 a 1870 dejaron al estado bajo una severa inestabilidad pol?tica.94 Hubo cuatro gobernado res durante el a?o, y las elecciones para gobernador constitu cional fueron dirigidas por Miguel Mar?a Esparza.95 ?stas tuvieron lugar bajo condiciones muy tensas que provocaron la violencia y la discordia de facci?n, y dieron por resultado dos legislaturas opuestas y dos gobernadores. Por una parte estaban Miguel Mar?a Esparza de la facci?n pura de Busta mante, Ram?n Fern?ndez, Carlos D?ez Guti?rrez, Benigno Arriag?, Bruno Garc?a y Manuel Muro ?todos porfiristas me ses o a?os m?s tarde. Por la otra parte se encontraba el gene ral Mariano Escobedo, partidario de Lerdo y de Ju?rez y h?roe no s?lo de Quer?taro en 1867, sino tambi?n de las fuer zas gubernamentales contra la rebeli?n de Aguirre y Mart? nez en San Luis Potos? unos meses antes. Legalmente la le gislatura debi? haber computado los votos y declarado qui?n era el vencedor, pero en cambio se escindi? en dos facciones que sesionaban cada una por su lado declarando ilegal a la otra.96

93 Parte de la votaci?n nominal aparece en la primera columna de los cuadros anteriores: Diario de los Debates, Quinto Congreso, 10 de octubre de 1870, v. 3:195.

94 primo Feliciano Velazquez, Historia de San Luis Potos?. 4 vols.

M?xico, Sociedad Mexicana de Geograf?a y Estad?stica, 1948; v. 4:1-19.

95 Ibid., p. 13-26.

96 Para las dos versiones, v?anse los respectivos telegramas de las dos

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

692

LAURENS BALLARD PERRY

A esto sigui? la intervenci?n federal. El 23 de septiembre

de 1870 se ley? ante el Congreso de la Uni?n un mensaje

seg?n el cual Miguel Esparza solicitaba oficialmente la ayuda federal para su gobierno. Afirmaba que el general Sostenes Rocha, comandante militar juarista de la Tercera Divisi?n del ej?rcito federal, estacionada en San Luis Potos?, hab?a reconocido oficialmente a la legislatura que favorec?a al go bierno estatal de Escobedo.97 Sin duda Rocha hizo esto por ?rdenes del gabinete. Por fin, el 19 de octubre se present? al Congreso el dictamen de que no se enviara ayuda federal a apoyar a Esparza. Resultaba claro que, si el Congreso acep taba el dictamen, la facci?n de Escobedo se apoderar?a del gobierno. El 10 de noviembre se abri? el debate, con todo el aparato de argumentos constitucionales sobre los puntos m?s delicados de los art?culos pertinentes, revisi?n completa de las dos versiones facci?nales sobre las violentas elecciones, debate completo sobre los derechos del Congreso, preceden cias, soberan?a de los estados y examen del expediente con tradictorio de las comunicaciones cruzadas con los dos ban dos de San Luis.98 Por votaci?n nominal, el Congreso aprob? la resoluci?n y poco despu?s Miguel Esparza renunci? a sus pretensiones en favor de Mariano Escobedo.99 As? obtuvo el partido del Ejecutivo otra gubernatura estatal.

Es interesante que un mes despu?s Escobedo escribiera a Ju?rez las dos cartas que siguen. En la primera: como en febrero del a?o entrante debe verificarse en este estado

la elecci?n de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n y con oportunidad deseo yo saber la opini?n de usted, le suplico se sirva indicarme qui?nes son las personas

que usted desea que salgan por este Estado, o qui?nes ser?n las que hasta ahora obtengan mayor?a.100

legislaturas en el Diario de los Debates, Quinto Congreso, 20 de sep

tiembre de 1870, v. 3:39.

97 ibid., v. 3:73.

98 ibid., p. 413-425 99 Ibid., 10 de noviembre de 1870, p. 425-426; parte de la votaci?n nominal consta en la segunda columna de las cartas anteriores.

100 Escobedo a Ju?rez, 12 de diciembre de 1870, DDC, v. 14:783.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 693 Pocos d?as despu?s Escobedo expidi? otra carta para el pre sidente: Me refiero a la favorecida de usted de 17 del presente. Por ella veo cu?les son las personas que tienen m?s probabilidad de salir electas Magistrados de la Suprema Corte y que en concepto de usted re?nen las cualidades que deben exigirse para el des empe?o de tan importante encargo. Puedo asegurar a usted que har? cuanto deba para que se asegure la elecci?n de esas per sonas ...101

En mayo de 1869 la legislatura de Quer?taro se dividi? en proporci?n de siete a seis sobre el asunto de acusar al

gobernador juarista Julio Cervantes, ante un gran jurado por violaci?n de los art?culos 17, 41 y 109 de la Constituci?n Fe deral.102 Para octubre, el caso lleg? al Congreso de la Uni?n, sesionando como gran jurado, el cual encontr? a Cervantes culpable.103 ?ste, sin embargo, no entreg? el cargo y en el Congreso se introdujo un nuevo dictamen que ordenaba al

presidente que depusiera a Cervantes porque el Congreso

lo hab?a destituido de la gubernatura.104 Hasta los juaristas del Congreso se enfurecieron ante la violaci?n de las prerro gativas legislativas por parte del ejecutivo: Pedro Baranda dijo que no era incre?ble que Cervantes se aferrara al poder, ya que generalmente los gobernadores de Quer?taro, "erigi dos en ominosos dictadores, gobiernan sin m?s ley que su voluntad, ni m?s raz?n que su capricho".105 Tres d?as des pu?s Cervantes entreg? su cargo a su partidario ?ngel Due ?as, que se rode? de una fuerza armada.106 Sin embargo, al mismo tiempo la legislatura design? gobernador interino a Mariano M?rquez y apel? al Congreso de la Uni?n para que loi Escobedo a Ju?rez, 28 de diciembre de 1870, ibid.

102 Tovar, Cuarto Congreso, v. 4:809-816.

103 Diario de los Debates, Quinto Congreso, 16 de octubre de 1869. v. 1:194-213.

104 ibid., 27 de octubre de 1869, p. 303. ios ibid., 5 de noviembre de 1869, p. 359.

106 ibid., 8 de noviembre de 1869, p. 359.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

694

LAURENS BALLARD PERRY

proporcionara ayuda federal en apoyo de M?rquez y contra

Due?as.107

El primer dictamen negaba la ayuda federal a la legisla tura de M?rquez en Quer?taro. Se discuti? con los argumen tos ya acostumbrados, con toda extensi?n, y no se aprob?.108 Entonces se present? un proyecto de resoluci?n que ordenaba al presidente telegrafiar al comandante de las fuerzas federa

les en Quer?taro que se encargara de que M?rquez fuera

investido con la autoridad de gobernador.109 Fueron necesa rios once d?as y el nombramiento de una nueva comisi?n para obtener el dictamen correspondiente, que no fue aprobado sino hasta el 1? de diciembre.110 El ejecutivo conserv? en su poder esta resoluci?n durante el tiempo que la ley lo autori zaba y la devolvi? al Congreso con la observaci?n de que el caso requer?a una ley y no una resoluci?n. La ley fue apro bada pl 17 de diciembre.111 El presidente tambi?n conserv? la ley en su poder durante el t?rmino legal antes de invocar otros tecnicismos.112 Durante todo este tiempo Julio Cervan

tes sigui? teniendo el poder ejecutivo bajo la fachada de ?ngel Due?as y para entonces la insurrecci?n en San Luis Potos? hab?a ameritado que se dieran facultades extraordi narias al presidente, en uso de las cuales Ju?rez declar? a Quer?taro en estado de sitio. Es claro que Ju?rez sigui? una t?ctica dilatoria para frustrar la voluntad del Congreso de modo que uno de sus partidarios continuara en la guberna tura de Quer?taro.

La insurrecci?n en San Luis Potos? fue sofocada en febre

ro de 1870, pero el estado de sitio en Quer?taro continu?

107 ibid., 10 de noviembre de 1869, p. 385.

108 Ibid., 16 de noviembre de 1869, p. 421-428.

109 ibid., p. 428. no Ibid, 20 de noviembre de 1869, p. 456; 25 de noviembre de 1869, p. 493; 27 de noviembre de 1869, p. 511; 30 de noviembre de 1869, p. 520;

1? de diciembre de 1869, p. 529-536; parte de la votaci?n nominal

del 1? de diciembre de 1869, p. 536, aparece en la tercera columna de los cuadros anteriores. m Ibid., 17 de diciembre de 1869, p. 673.

112 Ibid., 28 de diciembre de 1869, p. 754.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PRACTICA 695 hasta los meses del verano debido a una insurrecci?n que, seg?n el gabinete, tuvo lugar en la sierra de Quer?taro. Mien tras tanto, el gobernador militar designado por el presidente,

coronel Margarito Mena, llev? a cabo nuevas elecciones para gobernador constitucional. De nuevo las elecciones produje ron una legislatura cism?tica que, en representaci?n de las facciones del estado, se dividi? y declar? a dos individuos distintos ganadores de las elecciones: Francisco Zenco y Julio Cervantes.113 Cuando Mena pidi? ?rdenes al gabinete sobre a qui?n deb?a entregar el gobierno del estado, el ministro de Go

bernaci?n Manuel Saavedra le orden? entregarlo a Cervantes, porque seg?n Saavedra, ten?a informes de que la legislatura local lo hab?a elegido.114 Mena cumpli? estas ?rdenes y el general Julio Cervantes tom? nuevamente posesi?n como go bernador de Quer?taro.115 As?, en este caso, aunque la oposi ci?n en el Congreso cont? con una mayor?a para derrocar del poder a Cervantes ?principalmente por la abstenci?n de los juaristas en las C?maras? el ejecutivo logr? primero mante ner y luego restaurar en la gubernatura a su aliado.

La pol?tica en Guerrero permaneci? desgarrada por el fac cionalismo en los meses posteriores a las elecciones que ele varon al general Francisco O. Arce a la gubernatura, en 1868.

Hab?a soldados federales operando en el estado contra bandoleros, porque, como Arce declar?, la guardia nacional era jimenista.116 La legislatura estatal conten?a tambi?n un grupo de jimenistas que en mayo de 1870 lograron obtener un veredicto del gran jurado destituyendo a Arce de la gu bernatura, acusado de violar la independencia de la judica tura estatal. Arce entreg? el gobierno a un gobernador interi

no jimenista designado por la legislatura, Francisco Domingo

Catal?n, y sali? a la ciudad de M?xico a consultar con Ju?rez.117 113 Margarito Mena a Ju?rez, 9 de junio de 1870, DDC, v. 14:510-513.

114 Saavedra a Mena, 29 de junio de 1870, DDC, v. 14:514. lis Mena a Saavedra, 30 de junio de 1870, DDC, v. 14:515. ne Arce a Ju?rez, 3 de mao de 1870, DDC, v. 14:450.

117 Ochoa Campos, Guerrero, p. 242; Diario de los Debates, 15 de octubre de 1870, Quinto Congreso, v. 3:243.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

696

LAURENS BALLARD PERRY

Todo indica que Ju?rez se comprometi? a ayudar a Arce en la disputa de facciones de Guerrero. Fue probablemente en

ese momento cuando Ju?rez arregl? el nombramiento de un partidario, el miembro del Congreso Jos? Mar?a Condes de la Torre, como autoridad judicial en Guerrero, a fin de que obtuviera la revocaci?n del fallo del gran jurado contra Arce.118 Condes de la Torre lleg? a Tixtla de Guerrero en agosto; le fue denegado el nombramiento por la legislatura, pero estableci? su tribunal en Iguala. Ah? Condes de la To rre orden? que la destituci?n de Arce de su puesto hab?a sido totalmente cumplida y que por lo tanto quedaba inves tido nuevamente con el cargo de gobernador. Entonces Arce estableci? una nueva legislatura en Chilpancingo y se neg? a reconocer el gobierno de Catal?n en Tixtla de Guerrero.119 Llegado a este punto, Guerrero ten?a dos gobiernos com pletos, con el presidente y las fuerzas federales reconociendo el gobierno de Arce y la guardia nacional en general leal al gobierno de Catal?n. Este ?ltimo nombr? al general Vicente Jim?nez para que lo protegiera contra el gobierno "rebelde" de Arce, y Ju?rez nombr? al general Diego ?lvarez para que procediera contra las fuerzas "revolucionarias'' de Jim?nez.120

Se libraron batallas en Guerrero entre octubre y diciembre de 1870.121 El Congreso nacional se impuso del problema en septiem bre, mediante la lectura de una petici?n del gobierno de Ca

tal?n en la que solicitaba que las fuerzas federales fueran

118 La correspondencia entre Arce, quien regres? a Guerrero, y Ju? rez durante el verano de 1870, deplora la tardanza de Condes para llegar.

Arce a Ju?rez: "S?lo la venida del Sr. Condes de la Torre podr? influir

favorablemente para acallar esta situaci?n." Nota de Ju?rez a Arce: "No comprendo como todav?a no ha ido para esta el Sr. Condes de la Torre..." 9 de junio de 1870, DDC, v. 14:4544 V?ase tambi?n Tamayo, Ju?rez, v. 14:679.

119 Petici?n oficial de intervenci?n federal de la legislatura de Gue rrero, 26 de septiembre de 1870, DDC, v. 14:685; Diario de los Debates, 15 de octubre de 1870, Quinto Congreso, v. 3:244.

120 Arce a Ju?rez, 26 de enero de 1871, DDC, v. 14:898; Ju?rez a ?lvarez, 11 de octubre de 1870, DDC, v. 14:691-692, 121 Varias cartas, DDC, v. 14:698-708.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 697 removidas de Guerrero.122 Pocos d?as despu?s, el mismo go

bierno buscaba la ayuda federal. Argumentaban que Arce hab?a sido destituido legalmente de su puesto, que el tribunal de Condes de la Torre no hab?a sido establecido constitucio

nalmente porque la legislatura no pod?a instalarse sin la

previa licencia del Congreso que le permitiera tener un se gundo puesto p?blico adem?s de la curul de congresista, y porque s?lo la legislatura pod?a designar una sede que no fuera la ciudad capital del estado para el establecimiento de una rama del gobierno.123 En octubre, la Comisi?n de Puntos Constitucionales present? un proyecto de ley que or denaba a las fuerzas federales apoyar "a los poderes del Estado que funcionen en la ciudad de Guerrero".124 El Congreso estaba penosamente dividido en este asunto.

Uno de los miembros de la comisi?n objet? el proyecto de ley de los otros dos. A fines de octubre, diferentes juaristas miembros del Congreso tres veces trataron de introducir un proyecto de ley que otorgara ayuda federal al gobierno de Arce, pero fueron bloqueados.125 El Congreso entr? en receso en diciembre sin haber decidido sobre el particular. Para en tonces, el general ?lvarez hab?a derrotado militarmente al general Jim?nez, el gobierno de Arce hab?a ocupado Tixtla de Guerrero y el gobierno de Catal?n se hab?a retirado a Cuauctl ahuacan.

En abril de 1871, el proyecto de ley fue presentado a la atenci?n del cuarto periodo de sesiones del quinto congreso.

El ministro de Guerra testific? que las fuerzas federales en Guerrero eran neutrales en la cuesti?n de cu?l gobierno era legal y estaban s?lo combatiendo a las fuerzas de Jim?nez como si fueran rebeldes (!).

122 Diario de los Debates, 17 de septiembre de 1870, Quinto Con greso, v. 3:13.

123 Petici?n oficial de intervenci?n federal, 26 de septiembre de 1870,

DDC, v. 14:685.

124 Diario de los Debates, 15 de octubre de 1870, Quinto Congreso, v. 3:245-246.

125 ibid., 22, 27, 28 de octubre de 1870, p. 283 passim.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

698

LAURENS BALLARD PERRY

El debate fue largo y agrio, pero el proyecto finalmente no fue aprobado por una cerrada votaci?n de 85 a 87.126 Unos d?as despu?s, la Comisi?n de Puntos Constitucionales presen t? un nuevo dictamen. Montes argument? por la Comisi?n que el ejecutivo estaba en lo esencial sosteniendo una guerra en Guerrero sin consentimiento del Congreso y que, como en sesiones con el Congreso el ejecutivo hab?a estado en contra de que se nombrara un nuevo gobernador interino sujeto a ratificaci?n por el Congreso, era necesario retirar las fuerzas federales a fin de llevar la paz a Guerrero. El proyecto se lee como sigue: "las relaciones constitucionales de la Federaci?n con el estado de Guerrero se conservan por medio de su go bernador interino C. Francisco Domingo Catal?n. Inmedia tamente cesar?n las hostilidades que las fuerzas federales est?n ejerciendo en dicho Estado".127 Este proyecto fue debatido tambi?n con lentitud, y hablaban en contra de ?l los juaris tas del Congreso y el ministro de Guerra. Dos d?as despu?s, el proyecto fue rechazado 95 a 93.128 De ah? en adelante, las fuerzas federales derrotaron a las que apoyaban el gobierno

de Catal?n, y Guerrero qued? a salvo y seguro para el go bierno de Arce.

Pueden sacarse dos conclusiones de este breve examen de

cuatro estados y del modo como votaban los diputados sobre el empleo de fuerzas federales. Primera, que a pesar de los debates parlamentarios sobre los principios constitucionales, la mayor parte de los votos sobre el empleo de fuerzas fede rales en las rivalidades internas de los estados, se relacionan con las alianzas facci?nales. Y, segunda, que el poder ejecu tivo fue usado con frecuencia para apoyar a sus partidarios que ocupaban gubernaturas estatales aun cuando el Congreso hubiera determinado lo contrario. Es claro que gobernar sig nificaba gobernar centralizadamente, y ?sta fue otra modifi 126 ibid., p. 252-255, 273-282, 296-300, 302-305, 308-321, 324-327.

127 ibid., 26 de abril de 1871, v. 4:433-436.

128 Parte de la votaci?n nominal sobre este punto aparece en la

cuarta columna de los cuadros anteriores; Ibid., 28 de abril de 1871,

p. 464.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MODELO LIBERAL Y POL?TICA PR?CTICA 699 caci?n pr?ctica del liberalismo nacional. La lucha entre el

centralismo y el federalismo que relatan las diversas historias

de la Rep?blica Restaurada, fue en la pr?ctica la lucha entre el control presidencial y el control caudillista de las diversas regiones de M?xico. Y el control centralista implicaba una maquinaria pol?tica.

Y ?sta es la conclusi?n final: el liberalismo te?rico de los

hombres de la Reforma, forjadores de la Constituci?n de 1857 y vencedores en la Resistencia Republicana ante la In

tervenci?n francesa, fue refutado por varias realidades pol? ticas bajo la Rep?blica Restaurada. Esto oblig? a los gobier nos liberales a que emprendieran una serie de modificaciones de la teor?a liberal mediante el establecimiento de una ma

quinaria pol?tica que, aunque nunca fue absoluta durante el periodo a que nos hemos referido, trat? de monopolizar el po der para alcanzar la estabilidad pol?tica ante un conflicto perpetuo. El efecto de esto fue, contrariamente, el provocar la constante y creciente oposici?n de aquellos que se dec?an irritados por las afrentas al programa liberal. Para fines de la d?cada el gobierno cay? en manos de la oposici?n que, bajo la direcci?n de Porfirio D?az, perfeccion? la maquinaria de control pol?tico y no las instituciones republicanas del programa liberal.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:17 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER EN MEXICO: 1867-1914 Juan Felipe Leal

Facultad de Ciencias Pol?ticas, UNAM Cada vez preocupa m?s a los estudiosos de Am?rica Latina lograr un conocimiento m?s preciso del papel desempe?ado por el Estado en el proceso de desarrollo capitalista del ?rea.

Por ello no debe extra?ar el inter?s que despierta el examen del Estado mexicano en el periodo que corre de 1867 a 1914, dado que se trata de una organizaci?n del poder pol?tico que se mostr? capaz de impulsar exitosamente el crecimiento eco n?mico de M?xico, tras las grandes conmociones que sufri? el pa?s durante los primeros dos tercios del siglo pasado.

Sin embargo, la caracterizaci?n de un periodo tan amplio, en el que suceden acontecimientos tan decisivos, debe partir de determinaciones precisas que permitan dar cuenta tanto del

periodo en su conjunto como de las diferentes fases que lo componen. Con ello se buscar?a mostrar las modalidades es pec?ficas que asume el Estado para promover el desarrollo capitalista, en diversos momentos.

Una de las varias maneras de abordar el problema antes planteado, consiste en estudiar la forma que adquiere el Es tado o el r?gimen, en funci?n de las clases sociales ?o frac ciones de ?stas? que constituyen el bloque en el poder y de la clase ?o fracci?n? que detenta la hegemon?a. Un enfoque de este tipo tiene la ventaja de ser esencialmente din?mico.

En efecto, el desarrollo del capitalismo siempre provoca modificaciones en el bloque en el poder. Por ejemplo: puede producir la diversificaci?n y fragmentaci?n de sus propios componentes; puede excluir a alguna de sus partes integran tes; puede incluir a nuevos elementos; o, bien, puede propi ciar la traslaci?n de la hegemon?a de una clase ?o fracci?n? a otra.

700 This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 701 De acuerdo con la importancia de los cambios que se pre senten en el bloque en el poder, puede ocurrir una alteraci?n en la forma del r?gimen o aun en la forma del Estado. Tales mutaciones a nivel del poder pol?tico corresponden, en t?r minos generales, al tr?nsito de un estadio a otro, dentro del mismo proceso de desarrollo capitalista, seg?n el grado alcan zado por ?ste.

El prop?sito de estas notas es el de avanzar algunas hip? tesis interpretativas que quieren mostrar tanto la unidad del periodo referido cuanto los puntos de inflexi?n que presenta,

Todo ello, atendiendo b?sicamente a la conformaci?n del bloque en el poder.

1. Introducci?n La dominaci?n espa?ola, con su pol?tica colonial de go bernar concediendo privilegios y delegaciones jurisdicciona les a cuerpos locales que opon?a y equilibraba, se desplom? dejando tras de s? un legado de conflictos sectoriales y regio nales. La desarticulaci?n econ?mica y pol?tica que produjo la guerra de independencia foment? el desarrollo y la con solidaci?n de esos poderes locales y regionales, cuyas expre siones sociales fueron el caciquismo, el caudillismo y la ex tensi?n de las pautas olig?rquicas, en tanto estilo de domi naci?n pol?tica.

Por ello, el primer momento de la vida independiente de M?xico, conocido com?nmente con el nombre de "periodo de la anarqu?a", contemplaba un Estado nacional que lo era s?lo formalmente, pues carec?a de un control efectivo sobre la poblaci?n y el territorio, y se hallaba contenido por una multiplicidad de poderes locales cuya autonom?a era el signo conspicuo de la debilidad del poder central. De ah? que m?s que un poder p?blico, existieran los poderes de los particu lares, los poderes de los propietarios: Iglesia, terratenientes, cuerpos y estamentos de poseedores.

Adem?s, la consumaci?n de la independencia pol?tica de Espa?a no fue el resultado del triunfo definitivo de una par This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

702

JUAN FELIPE LEAL

te de la poblaci?n sobre otra, sino un compromiso cuyo man tenimiento depend?a de que no se alterara el equilibrio de fuerzas sobre el que se asentaba. As?, entre 1821 y 1857 el inestable equilibrio existente entre los partidarios de la "mar cha del progreso" ?m?dicos, abogados, peque?os propieta rios rurales, comerciantes de provincia? y los identificados con la "marcha del retroceso" ?clero, grandes terratenientes, grandes comerciantes?, se manifest? en una serie de crisis pol?ticas que, las m?s de las veces, fueron resueltas por la intervenci?n del ej?rcito. ?ste, dentro de las circunstancias descritas, se convirti? en un factor de poder ampliamente aut?nomo.

No deja de llamar la atenci?n el hecho de que la inci

piente burgues?a industrial ?limitada casi exclusivamente al ramo textil?, aunque sin dejar de verse involucrada en las iteradas luchas civiles, jam?s se destac? como una aut?ntica fuerza social.

Todo lo contrario ocurri? con los artesanos, quienes

permanentemente hicieron sentir su presencia y sus intereses

en las pugnas de la ?poca.

Las diferencias entre liberales y conservadores se fueron acentuando al profundizarse la crisis pol?tica interna por las agresiones externas. Primero fue la guerra de Texas. Luego

vino la primera guerra con Francia. M?s tarde la invasi?n norteamericana que culmin? con la amputaci?n de m?s de la mitad del territorio nacional. En fin, las fuerzas en conflicto se fueron polarizando cada vez m?s aceleradamente, hasta llegar a un enfrentamiento definitivo. Ello sucedi? en 1857, con motivo de la promulgaci?n de una constituci?n que re sum?a las ideas del grupo liberal y con el ascenso al poder de un gobierno del mismo corte cuyo programa era la aplica ci?n del nuevo c?digo. A esa hora no cab?an posiciones in termedias; de una parte estaban quienes luchaban por esta blecer un Estado secular y democr?tico, de otra parte se hallaban quienes buscaban implantar un Estado apoyado en

las corporaciones herederas de la Colonia y mantenedor

de sus privilegios.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

el estado y el bloque en el poder 703 2. El Estado liberal olig?rquico: 1867-1914 Con el triunfo y la restauraci?n de la Rep?blica en 1867, se inicia un periodo de la historia de M?xico que se exten

der? hasta el a?o de 1914 y que ofrece indudables caracte r?sticas unitarias. Ello puede observarse, a nivel del poder pol?tico, por el hecho de que a lo largo de todo el periodo se conserva una misma forma de Estado: el Estado liberal oli

g?rquico. Como su nombre lo indica, esta forma de Estado contiene una contradicci?n interna, que le es propia y carac ter?stica. Se trata de una combinaci?n eficiente de dos ten dencias encadenadas, aunque encontradas. Por un lado, en el plano de las relaciones jur?dico-pol?ticas, es liberal. Sanciona la igualdad pol?tica de los ciudadanos y la libertad de pen samiento y de cultos. Concibe al individuo como el principio rector de la sociedad mientras que el Estado debe limitarse a garantizar y promover los intereses de los particulares. Di vorcia a la Iglesia del Estado. Adopta la forma de una rep? blica democr?tica, representativa y federal. Por ende, afirma que la soberan?a de los Estados debe ser celosamente respe tada, y que la divisi?n de poderes ?ejecutivo, legislativo, judicial? se encargar? de mantener un equilibrio dentro de la administraci?n. Sostiene que el libre cambio, en lo inter no y en lo externo, debe implantarse, y que ciertas formas de

propiedad como la de la Iglesia y la de las corporaciones

indias ser?n disueltas, para dar lugar a la mediana propiedad privada, considerada como garant?a de la democracia pol? tica. Declara, adem?s, que las diferentes combinaciones de trabajo obligatorio, gratuito o forzado deben desaparecer y ser sustituidas por una fuerza libre de trabajo, que opere dentro de un mercado competitivo. Por otro lado, en el pla no de las pr?cticas pol?ticas imperantes, es olig?rquico. Es la expresi?n pol?tico-administrativa de los compromisos acor dados por las oligarqu?as, regionales o locales, m?s importan tes del pa?s. De ah? la persistencia de formas no propiamente capitalistas de explotaci?n de la mano de obra, como el peo naje, por ejemplo. De ah? el predominio de estructuras socia les, y pol?ticas impregnadas de matices estamentales y raciales.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

704

JUAN FELIPE LEAL

De ah? la imperancia de formas de liderazgo pol?tico como el caciquismo y el caudillismo. De ah?, tambi?n, la inexis tencia de partidos pol?ticos. De ah?, finalmente, la dictadura.

Ser?a un equ?voco pensar que de los dos t?rminos de la contradicci?n ?liberal-olig?rquico?, el primero no es sino apenas de importancia "exterior" o superficial y que el se gundo es el verdaderamente significativo. En realidad am bos aspectos, aunque jam?s con el mismo peso, son funda mentales, pues constituyen una unidad de compromiso que no puede descomponerse en sus partes integrantes sin romper

con la unidad misma. Y lo que lleva a las oligarqu?as a bus

car la unidad, es la necesidad que cada una de ellas tiene

de contar con un Estado, que sea capaz de promover sus inte reses en lo interno y de defenderlos en lo externo; esto es, frente a otros Estados. As?, el liberalismo aparentemente for

mal del Estado, corresponde a compromisos inevitables en dos planos simult?neos: el de la sociedad nacional y el de la econom?a dependiente.

El juego contradictorio entre las dos tendencias se?aladas

?entre la "civilizaci?n" y la "barbarie", en t?rminos de Do mingo Faustino Sarmiento?, nos permite entender por qu? las medidas que los liberales avanzaron, una vez en el poder, se distanciaron notablemente de su modelo te?rico. En efec

to, tanto los gobiernos de Ju?rez y Lerdo como, posterior mente, el de D?az, se destacaron por la instauraci?n de un Estado fuerte y centralizado y por la concentraci?n del poder en manos del ejecutivo. Las c?maras legislativas no pudieron funcionar con independencia, el poder judicial se encontr? impotente, los Estados fueron perdiendo sus facultades y el sufragio popular qued? mutilado, excluyendo a las grandes

masas de la poblaci?n del proceso pol?tico. La doctrina del

laissez faire hubo de ajustarse a las exigencias de un sistema tributario que obten?a la mayor parte de sus ingresos de los impuestos aduanales; a las condiciones creadas por la depre

ciaci?n de la plata que establec?an un proteccionismo de facto;

a las alcabalas impuestas por los Estados y los municipios, as? como a la participaci?n directa del Estado en ciertas ramas de la econom?a, particularmente en los ferrocarriles. La disolu This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 705 ci?n de las propiedades eclesi?sticas e indias no dio lugar a la mediana propiedad privada, sino a la expansi?n de la gran propiedad rural, y la prohibici?n por ley del trabajo coerci tivo se tradujo en un fortalecimiento de los sistemas de tra

bajo endeudado.

Desde el punto de vista pol?tico, resalta el hecho de que, a pesar de que la Constituci?n de 1857 consagraba una forma parlamentaria de r?gimen, en realidad, ?sta no pudo operar, por lo que en la pr?ctica fue sustituida por el predominio del ejecutivo, quien gobern? con facultades extraordinarias,

discrecionales y dictatoriales. El conflicto ?tan encendido

durante los gobiernos de Ju?rez y Lerdo? entre el ejecutivo y el legislativo, fue una manifestaci?n m?s de la contradic ci?n inherente al Estado liberal olig?rquico. En el Congreso estaban representados los intereses de las oligarqu?as regio nales y locales, quienes se beneficiaban de la especulaci?n, del contrabando y de los monopolios comerciales. El ejecuti

vo encarnaba los intereses y las funciones nacionales del Estado. De ah? que la contradicci?n entre ambos t?rminos se resolviera mediante el fortalecimiento del ejecutivo, si se

quer?a ?como se quiso? la consolidaci?n del Estado na cional.

3. El Estado capitalista El Estado surgido de la revoluci?n de Reforma es un Es tado capitalista, algo que no se puede afirmar que fueron las entidades pol?ticas que hubo en M?xico de 1821 a 1854.

En efecto, el Estado liberal olig?rquico es un poder p?blico clara y legalmente diferenciado del poder de los particula res, por lo que expresa una separaci?n entre la sociedad y el

Estado, de la cual deriva ?ste su relativa autonom?a. De hecho, el ataque a las corporaciones, la ruptura de las barre ras al comercio interno, la desposesi?n de los productores directos, la organizaci?n de la hacienda p?blica, la creaci?n de un ej?rcito y de una burocracia propios, el suministro de fondos para la construcci?n de las v?as f?rreas, etc., son fun ciones que s?lo puede desempe?ar exitosamente un Estado de car?cter capitalista.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

706

JUAN FELIPE LEAL

Sin embargo, la funci?n primordial del Estado liberal olig?rquico no es, inicialmente, la de operar dentro de los l?mites fijados por un capitalismo ya presente, sino justa mente la de producir relaciones a?n no dadas de producci?n ?las relaciones capitalistas?, y liquidar las formas previas de producci?n, o, bien, sujetarlas a los nuevos requerimientos.

De esta suerte, la capacidad de este Estado para promover la acumulaci?n primitiva ?disociaci?n entre el productor direc to y sus medios de producci?n? y garantizar los intereses del Estado nacional frente a otros Estados, depende, en lo fun damental, de su eficacia pol?tica, por lo menos, en este estado inicial. Dentro de este marco, son precisamente las institu ciones nacional-populares ?grupos pol?ticos, asambleas, con gresos, elecciones, c?maras de representantes, prensa pol?tica m?s o menos libre, escuelas y centros de ense?anza superior, etc?tera? del Estado las que, en gran medida, le permiten funcionar contra el inter?s de la Iglesia, las corporaciones y las oligarqu?as, en un momento en que a?n no puede des cansar firmemente en la burgues?a.

De ah? que de 1867 a 1880, aproximadamente, las liber tades democr?ticas fueran ejercidas de manera importante en el pa?s, aunque, por supuesto, s?lo por un sector muy re ducido de la poblaci?n. Por el contrario, a partir de 1880 tales libertades se ir?n restringiendo paulatinamente, al tiem po que los rasgos autoritarios del Estado se desarrollan. Ello corresponde, como se ver? m?s adelante, a la irrupci?n y ex tenci?n de las condiciones propiamente capitalistas de pro

ducci?n.

En efecto, a partir de la octava d?cada del siglo pasado, el modo de producci?n capitalista se implanta con tendencia

a dominar sobre la sociedad mexicana. Ello hace que el Es

tado opere dentro de marcos distintos a los iniciales, por lo que despliega nuevas modalidades de acci?n, aunque conser

vando su forma liberal olig?rquica. La nueva situaci?n se

manifiesta inmediatamente a nivel de lo aparente: el libera lismo jacobino es finalmente reemplazado por el positivismo; la "evoluci?n pol?tica" es sacrificada en aras de la "evoluci?n econ?mica", y esta ?ltima deja de considerar al agro como

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 707 la fuente exclusiva de acumulaci?n y empieza a contemplar ambiciosos proyectos industriales.

As? pues, en el espacio hist?rico que va de 1867 a 1914 y en el cual rige el Estado liberal olig?rquico, descubrimos dos momentos: uno, en el que se preparan las condiciones para el predominio del r?gimen capitalista de producci?n; otro, en el que este predominio es un hecho. Este cambio es capa, desde luego, a l?mites cronol?gicos precisos. Pero, en general, puede afirmarse que es entre 1890 y 1900 que ello ocurre. Lo cierto es que para la vuelta del siglo el capitalismo impera en M?xico.

4. El Estado nacional independiente El Estado liberal olig?rquico, aunque formalmente inde pendiente, es econ?mica, tecnol?gica, diplom?tica, pol?tica y militarmente dependiente. Se trata de un Estado semicolonial

que detenta una soberan?a limitada por los Estados capita listas metropolitanos, particularmente por los Estados Unidos

de Am?rica.

En este respecto, durante la vida del Estado liberal oli g?rquico se observan dos modalidades de la dependencia, que

corresponden ?en el plano internacional? a la sustituci?n del capitalismo de libre concurrencia por el capitalismo mo nopolista, por el imperialismo.

De 1867 a 1880, aproximadamente, la dependencia que vive el Estado mexicano opera a trav?s de la deuda p?blica ?que sirviera de pretexto a tantas presiones diplom?ticas e

intervenciones* militares?, y por medio del comercio exterior,

esencialmente. En aquel entonces M?xico exporta moneda acu?ada y metales preciosos, grana cochinilla, vainilla, taba co, caf? y henequ?n; e importa tejidos de algod?n, lino y lana, seda en rama, vinos y licores, loza y cristaler?a, azogue y alguna maquinaria. Las operaciones comerciales que per miten la introducci?n de esas mercanc?as est?n controladas por unas cuantas casas extranjeras ?inglesas, francesas, norte americanas?, que disponen de capitales, cr?dito y asistencia This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

708

JUAN FELIPE LEAL

de sus respectivos consulados. Estas mismas casas frecuente mente monopolizan el comercio y la venta, en el interior del pa?s, de los bienes importados, y ejercen funciones de cambio y de pr?stamo; por lo que se quedan con la mayor parte de la acumulaci?n comercial.

A partir de 1880 se redefine la dependencia de M?xico.

Esta redefinici?n consiste b?sicamente en un impresionante crecimiento de la inversi?n extranjera directa, para la extrac ci?n y exportaci?n de productos primarios, bajo la forma de enclaves imperialistas. Simult?neamente, la inversi?n ex tranjera indirecta aumenta considerablemente y sirve para acelerar la construcci?n de los ferrocarriles. Las inversiones extranjeras revisten caracter?sticas espec?ficas de acuerdo con los pa?ses de origen: las inversiones norteamericanas, aunque abarcan casi todos los ramos de la actividad econ?mica, son mayores en los ferrocarriles y en la miner?a; la m?s constante colocaci?n de capitales brit?nicos se hace en las minas, segui da por las agr?colas y ganaderas; las inversiones francesas son influidas por los intereses de una colonia franco-mexicana bastante pr?spera, de agricultores y comerciantes, que duran te los dos ?ltimos decenios del siglo pasado, con la asistencia de capital metropolitano, fundan empresas bancarias, indus triales y agr?colas; las inversiones alemanas son tard?as y se concentran en la industria hidroel?ctrica y en la cervecera, aunque tambi?n participan en la emisi?n de bonos ferrovia rios y en actividades financieras.

Conviene apuntar que de las dos modalidades de la de pendencia que hemos referido, la primera implica una di ver sificaci?n por pa?ses, mientras que la segunda destaca la abru madora dependencia de M?xico de un solo pa?s: los EUA.

5. El bloque en el poder y sus mutaciones: 1867-1914

La contradicci?n inherente a la forma de Estado liberal olig?rquico, presente a lo largo de todo el periodo, asume, empero, formas espec?ficas en diversos momentos, seg?n el This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 709 grado de desarrollo alcanzado por el capitalismo en M?xico; el car?cter de la dependencia; la composici?n del bloque en el poder, y la clase ?o fracci?n? que detenta la hegemon?a de este ?ltimo. Desde este punto de vista, y a grandes rasgos, pueden distinguirse por lo menos seis puntos de inflexi?n; a saber: Hegemon?a de la fracci?n liberal-terrateniente y forma parlamentaria de r?gimen: 1867-1876

Al triunfo de la revoluci?n de Reforma encontramos un bloque en el poder con los siguientes componentes: En primer lugar, los terratenientes, ya laicos, puesto que

ha habido una desamortizaci?n desde el a?o de 1857. Los

propietarios de la tierra est?n organizados ?regional o local

mente? de acuerdo a las pautas olig?rquicas. En segundo

lugar, los comerciantes. ?stos viven, b?sicamente, de la venta de bienes suntuarios a los terratenientes, quienes constituyen la mayor parte del magro mercado interno de aquel enton ces. Los comerciantes son de varios tipos y no dejan de tener conflictos entre s?. Est?n las casas extranjeras, ligadas al co mercio exterior y monopolizadoras de la circulaci?n y la venta en el interior de las mercanc?as importadas. Est?n los comer ciantes mexicanos de provincia, que lo mismo se dedican al contrabando que a la imposici?n ?a trav?s de sus represen tantes? de barreras arancelarias, regionales y locales. Muchos de los comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, se dedican a la usura y a la especulaci?n. Adem?s, no pocos de ellos son propietarios de fincas r?sticas o urbanas. En tercer lugar, los capitalistas mineros, los m?s de ellos extranjeros; quienes son estimulados ampliamente por los sucesivos go biernos. Por el contrario, la burgues?a industrial, asentada casi exclusivamente en el ramo textil, no parece formar parte de las clases pol?ticamente dominantes, pues no recibe ni protecci?n ni est?mulo por parte del poder p?blico.

La hegemon?a del bloque la detenta un grupo de civiles y militares, identificados ideol?gica y pol?ticamente con el liberalismo, y cohesionados por su participaci?n en la guerra This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

710

JUAN FELIPE LEAL

de Tres A?os y en la lucha contra la Intervenci?n. Este sector

de la poblaci?n, aunque de or?genes modestos ?abogados, peque?os propietarios rurales, comerciantes de provincia? se ha transformado, por medio de la desamortizaci?n o de la compra de los bienes confiscados a los conservadores, en un grupo de grandes terratenientes. Sin embargo, constituye una fracci?n claramente diferenciada del resto de los se?ores

de la tierra; por su homogeneidad pol?tica e ideol?gica, por su organizaci?n nacional y por sus prop?sitos transformado res. Esta fracci?n domina al bloque en el poder y domina,

tambi?n, al conjunto de la sociedad, del "pueblo" o "na ci?n".

La supremac?a de la fracci?n liberal-terrateniente no es azarosa. En efecto, hasta entonces la acumulaci?n originaria del capital es relativamente d?bil y la acumulaci?n industrial, a?n m?s precaria. Por ello se vive una debilidad estructural de la burgues?a ?comercial e industrial?, y, de hecho, los terratenientes integran la gran masa y el elemento m?s s?lido

del bloque en el poder. Pero, puesto que los propietarios de la tierra se hallan divididos por sus intereses olig?rquicos, lo cales o regionales, s?lo aquellos que poseen una visi?n nacio nal del pa?s y que participan militantemente en el grupo liberal, se encuentran en condiciones de organizar a las cla ses dominantes.

Esta situaci?n dura hasta 1876, o sea 9 a?os; no sin que se presenten cambios significativos, sobre todo dentro de la

misma fracci?n hegem?nica. ?sta sufre un proceso de des composici?n que se inicia con el enfrentamiento entre el eje cutivo y el legislativo y que culmina con la rebeli?n exitosa de los generales tuxtepecanos, en 1876. Se trata de una expre si?n concreta del juego entre los dos t?rminos encontrados del

Estado liberal olig?rquico; de la lucha entre las fuerzas cen tr?fugas y centr?petas que lo conforman. Como hemos visto,

el Estado tiene una escena pol?tica, un congreso, en el que est?n representados las oligarqu?as, los especuladores y los usureros; en fin, fuerzas regionales y locales que desean man tener sus aranceles, sus derechos de peaje y de portazgo e, inclusive, sus propias fuerzas armadas: las guardias naciona This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 711 les de los Estados. El ejecutivo, por su parte, representa el aspecto nacional-liberal del Estado y se halla comprometido con el prop?sito de unificar al pa?s en t?rminos econ?micos, pol?ticos y sociales. Pero para lograr esto encuentra la oposi ci?n sistem?tica del congreso. De ah? que las medidas m?s

vigorosas adoptadas para la consolidaci?n del Estado y la

promoci?n del capitalismo, se aprueban a espaldas del con greso, mediante h?biles subterfugios de los ministerios del ejecutivo, o cuando el presidente se halla investido de facul tades extraordinarias para gobernar. Los intereses olig?rqui cos enfrentan cada vez mayores obst?culos para manifestarse y realizarse a trav?s del Congreso; pero como se trata de inte reses reales, ?stos tienen que expresarse en alg?n sitio, y, en adelante, lo hacen precisamente a trav?s de la misma frac ci?n hegem?nica, provocando su divisi?n. As?, empiezan a surgir diferencias entre civiles y militares, y entre los propios

civiles. El caudillismo de los primeros ?no hay que olvidar que durante la guerra de Reforma los generales republicanos se convirtieron en verdaderos caudillos nacionales y regiona les? y el personalismo de los segundos, se encargan de ali mentar la complejidad del conflicto. El resultado es que pau latinamente se vuelve m?s dif?cil la hegemon?a de la fracci?n liberal-terrateniente y, por tanto, la organizaci?n del bloque en el poder y el mantenimiento del orden p?blico.

Al llegar la sucesi?n presidencial de 1876 la situaci?n hace crisis y los liberales se dividen. Los civiles se divorcian entre lerdistas e iglesistas. Estos ?ltimos forman el grupo que reco noce por presidente de la Rep?blica a Jos? Mar?a Iglesias ?presidente de la Suprema Corte de Justicia?, por sostener que las elecciones no han sido limpias y que ha habido una imposici?n de Lerdo de Tejada. Esta escisi?n otorga una gran ventaja al grupo militar, jefaturado por Porfirio D?az, y hace posible el triunfo de la revuelta de Tuxtepec, iniciado en ese

mismo a?o.

Crisis hegem?nica: 1876-1880

Lo primero que provoca la rebeli?n de Tuxtepec es el

debilitamiento del aspecto nacional-liberal del Estado y el for

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

712

JUAN FELIPE LEAL

talecimiento de las oligarqu?as regionales y locales. Con ello, la obra de los gobiernos de Ju?rez y Lerdo queda en suspenso,

si no es que menguada. En efecto, cuando D?az sube al

poder, no lo hace, de ninguna manera, con la fuerza e inde pendencia que tuvieron Ju?rez y Lerdo frente a los poderes

regionales y locales, sino que lo hace apoyado en el flaco

acuerdo existente entre los generales tuxtepecanos, quienes, a

m?s de sus propios intereses, representan, de hecho, a las oligarqu?as de sus respectivas regiones. De ah? que el propio D?az tenga, en esos primeros a?os de su gesti?n, harta difi cultad para mantener su jefatura sobre los generales rebeldes.

De ah?, tambi?n, que no le sea posible reelegirse en 1880 y que tenga que dejar a su compadre Manuel Gonz?lez la pre sidencia, de 1880 a 1884. No es sino hasta 1888 que D?az, a m?s de ser el ?nico candidato a la presidencia, consigue la reforma constitucional que le permite reelegirse de inmediato,

con vistas a la reelecci?n indefinida.

Lo que sucede de 1876 a 1880 es que el pa?s vive una suerte de vac?o hegem?nico que, evidentemente, no lo pueden ocupar ni los terratenientes, ni los usureros, ni los industria les. El llamado partido liberal, escindido y fragmentado des pu?s de sus guerras, est? en condiciones muy precarias para detentar la hegemon?a del bloque en el poder.

Los Estados Unidos reconocen r?pidamente la crisis pol? tica mexicana y deciden sacar el mayor provecho posible de ella. De momento se abstienen de reconocer al gobierno sur gido de la rebeli?n de Tuxtepec, y la prensa norteamericana comienza a publicar noticias y comentarios visiblemente uni formes sobre la situaci?n de M?xico: falta de respeto a las instituciones, corrupci?n administrativa, fraudes electorales, etc?tera. De acuerdo con tales art?culos M?xico jam?s podr?a obtener por s? mismo ni estabilidad pol?tica ni progreso eco

n?mico. Eso s?lo ser?a posible bajo la sombra generosa de los Estados Unidos, al convertirse M?xico en su protectorado.

De hecho, la querella de M?xico a?n no estaba sellada, pues en los Estados Unidos se segu?a discutiendo sobre la conve

niencia de la anexi?n f?sica o la ventaja de la "conquista pac?fica".

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 713 Por de pronto, la dilaci?n en el reconocimiento del go bierno de D?az le abre la puerta a los Estados Unidos para negociar otros asuntos: los problemas fronterizos. Esto es, la supresi?n de la zona libre de Matamoros, la exenci?n a los ciudadanos de ese pa?s del pago de impuestos extraordinarios,

el pago de indemnizaciones por los da?os causados por la

revuelta de La Noria (1872) y por el levantamiento de Tux tepec, y la autorizaci?n para adquirir bienes ra?ces en la franja fronteriza.

Las tensiones entre M?xico y los Estados Unidos llegan a ser tan graves, que ambos pa?ses se ponen en pie de guerra.

Sin embargo, tras a?o y medio de fricciones, los Estados Uni dos otorgan su reconocimiento al gobierno porfirista, siendo condicionado a un acuerdo que prev? el derecho mutuo para que tropas de las respectivas naciones crucen la frontera ?en regiones deshabitadas? en persecuci?n de indios b?rbaros o de personas que hayan infringido la ley. Los Estados Unidos se deciden, pues, por la "conquista pac?fica", y Porfirio D?az se

dedica tenazmente a disipar el celo nacionalista del Congre so mexicano hasta asegurar ?escasamente tres meses antes de dejar la presidencia a Manuel Gonz?lez? su autorizaci?n para contratar con empresas norteamericanas la construcci?n del Ferrocarril Central a Ciudad Ju?rez y del Nacional a Nuevo

Laredo.

1880: recomposici?n del bloque en el poder, hegemon?a de la fracci?n imperialista de la burgues?a y dictadura

del ejecutivo

A partir de la adopci?n por parte del gobierno mexicano de medidas que favorecen e impulsan a la inversi?n extran jera, ocurre una redefinici?n de la dependencia del pa?s; una recomposici?n del bloque en el poder, y un cambio en la for ma de r?gimen. Todas estas mudanzas tienen como punto inicial el a?o de 1880 y se operan de manera acelerada. Po l?ticamente, lo m?s relevante es la inclusi?n de un nuevo elemento en el bloque en el poder, que, por a?adidura, cons tituir? la nueva fracci?n hegem?nica del mismo, hasta su desintegraci?n en 1914. Se trata de la fracci?n imperialista This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

714

JUAN FELIPE LEAL

de la burgues?a, constituida por inversionistas norteameri canos, brit?nicos, canadienses y, en cierta forma, franceses.

Esta fracci?n es sumamente heterog?nea y refleja diferencias importantes, de acuerdo a la metr?poli a la que pertenecen sus integrantes y a la rama de la producci?n en la que ac t?an. A m?s, se dan casos de competencia entre empresas de un mismo pa?s de origen, que act?an en un mismo sector de la econom?a. En general estas fricciones se resuelven median te el establecimiento de acuerdos oligop?licos o mediante la

absorci?n de unas empresas por otras, en t?rminos mo nop?licos. La fracci?n imperialista de la burgues?a se ubi ca, esencialmente, en la extracci?n y el procesamiento de minerales; en los ferrocarriles; en los servicios p?blicos ?electricidad, transporte urbano, tel?grafos, tel?fonos, etc.?; en cierta agricultura y ganader?a de exportaci?n, y, en menor

grado, en la industria de transformaci?n. Esta fracci?n de la burgues?a contribuye enormemente al establecimiento del pre

dominio del capitalismo en M?xico.

La traslaci?n de la hegemon?a, de la fracci?n liber al-terra teniente a la fracci?n imperialista de la burgues?a, ocurre

mediante una militarizaci?n del poder; caracter?stica del primer gobierno de D?az, de la administraci?n de Manuel

Gonz?lez y del segundo gobierno porfirista. Empero, una vez realizada esta transferencia, el r?gimen se desmilitariza.

El hecho de que la fracci?n hegem?nica del bloque en el poder sea extranjera, y que tenga, por tanto, sus centros de toma de decisiones fuera del pa?s, hace innecesaria la exis tencia de una escena pol?tica: de partidos pol?ticos y de un congreso operante. Por ello, en vez de fomentar el r?gimen parlamentario, presiona por la instauraci?n de la dictadura del ejecutivo, a trav?s del cual realiza sus intereses. Ello acen

t?a los rasgos autoritarios del Estado liberal olig?rquico, pero, a la vez, fortalece al Estado nacional. En adelante, la lucha del presidente contra las oligarqu?as y los caudillos se

da bajo nuevas coordenadas, asentadas en el cambio ope rado en las relaciones con el exterior.

De otra parte, aunque la fracci?n liberal-terrateniente pierde la hegemon?a del bloque en el poder, sigue siendo la This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 715 fracci?n gobernante y contin?a present?ndose ante "la na ci?n" como la encarnadora de la soberan?a nacional. Es ella

quien se ocupa de dar legitimidad al orden p?blico. Para

ello es indispensable el mantenimiento de las instituciones liberales del Estado: la democracia representativa, el sufragio popular, la divisi?n de poderes y el pacto federal. Sin em bargo, este aspecto de la organizaci?n del poder queda supe ditado, en la pr?ctica, al predominio del ejecutivo, y, particu larmente, del presidente. La frase "poca pol?tica y mucha administraci?n" es algo m?s que una consigna; es el diagn?s tico de toda una realidad pol?tica. Dentro de este marco,

Porfirio D?az aparece, ideol?gicamente, como el arbitro

supremo del pa?s, y, en los hechos, sigue una pol?tica de cali brar las fuerzas internas en conflicto y de dar a conocer su

decisi?n, que es acatada aun por quienes resultan perjudi cados. Todo ello, dentro de estrechos l?mites olig?rquicos,

1890: irrupci?n de la burgues?a industrial mexicana,

transformaci?n y diversificaci?n de los terratenientes, nuevos

integrantes del bloque en el poder La penetraci?n imperialista y la construcci?n de las v?as f?rreas tienen como efecto inmediato el de golpear a la mayor

parte de la burgues?a comercial preexistente, tanto a la de provincia cuanto a la de la Capital. Igualmente resultan afec tados los talleres artesanales y las instalaciones fabriles, espe cialmente las de la rama textil. Durante los primeros 10 a?os, en general, estos establecimientos sufren menoscabo m?s que progreso, por la reorganizaci?n del comercio, de la venta y de la producci?n, propiciada por los ferrocarriles.

No obstante, a partir de 1890 se observa el surgimiento de una importante burgues?a industrial mexicana, ligada tam bi?n al comercio, a la banca y al agro. Esta burgues?a, dentro de los c?nones de la ?poca, crece con, gran celeridad. As?, de 1886 a 1907, las inversiones mexicanas en las diversas ramas industriales son superiores ?en proporci?n de dos a uno? a las inversiones extranjeras en la industria. Parece que este fen?meno tiene su asiento en el auge de las exportaciones This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

716

JUAN FELIPE LEAL

agr?colas y pecuarias; en el aprovechamiento de las v?as f? rreas, construidas antes para otros prop?sitos, y en las faci lidades y est?mulos que los capitalistas nacionales obtienen del r?gimen porfirista.

En efecto, el crecimiento de las exportaciones, de una

parte, y la crisis en la que los ferrocarriles hunden a muchos de los capitalistas comerciales, de otra parte, presionan a estos

?ltimos a invertir sus capitales en la industria y en la trans formaci?n de la agricultura. De ah? emerge una amplia y va riada industria de transformaci?n, dedicada a la producci?n de productos manufacturados para surtir los mercados inter nos de M?xico. Esta industria se halla en manos de capitalis tas mexicanos ?aunque muchos de ellos provienen de fami lias de inmigrantes, franceses y espa?oles?, mientras que la industria extractiva y los ferrocarriles est?n en poder de la burgues?a imperialista. Esta divisi?n del trabajo por esfe ras de la producci?n, hace que los conflictos entre la burgue s?a mexicana y la extranjera, sean relativamente poco impor tantes.

Es as? que hacia 1890 sucede una alteraci?n crucial del

bloque en el poder, consistente en la presencia de una exten sa burgues?a mexicana. Esta burgues?a se encuentra profusa

mente fraccionada; sin embargo, pueden distinguirse dos grandes planos de la misma.

En primer lugar, se observan varias fracciones burguesas regionales, muchas veces producto de una transformaci?n in completa de las oligarqu?as regionales o locales, en grupos empresariales, con vestigios patrimoniales. Tal es el caso, por ejemplo, de la familia Madero. ?sta tiene haciendas vitivin? colas y plantas de elaboraci?n de vinos y licores en Parras, Coahuila. All? mismo posee la f?brica textil "La Estrella". Es propietaria, a la vez, de la zona carbon?fera descubierta en los

distritos de Monclova y de R?o Grande, Coahuila. Participa

en la fundaci?n del Banco de Nuevo Le?n, en ese mismo

Estado. Est? presente en la producci?n del guayule, producto que se exporta a los Estados Unidos para la fabricaci?n del hule de los neum?ticos. Es due?a de la fundici?n de metales m?s importante de M?xico, sita en Torre?n. Y, en fin, posee This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 717 una lista de haciendas, de casas comerciales en Saltillo y Mon terrey, al igual que molinos de harina y empresas mineras.

Otro ejemplo nos lo ofrece Luis Terrazas, en Chihuahua,

famoso por ser due?o de 2 659 954 hect?reas y de millones de cabezas de ganado. Terrazas hace su fortuna de diversas maneras. Compra bienes de la Iglesia, que las Leyes de Re forma ponen en p?blica subasta, a muy bajos precios. Apro vecha las conocidas Leyes de Colonizaci?n, que permiten el deslinde de los bald?os nacionales y su transferencia a par ticulares, por precios irrisorios. Adquiere, muy baratas, pro piedades de terratenientes que colaboraron con Maximiliano y que les fueron confiscadas. Adem?s, con la construcci?n del

Ferrocarril Nacional a Ciudad Ju?rez, se establece Terrazas como gran exportador de ganado y de carne enlatada a los Estados Unidos. Con esos ingresos extiende sus negocios ala industria harinera y, sobre todo, a la banca. Participa primero

en la fundaci?n del Banco Mexicano, y, luego, en la del Ban co Minero Chihuahuense. Como estos casos podemos encon trar muchos, fundamentalmente en los estados fronterizos y coste?os, o bien, alrededor de los grandes centros urbanos,

como M?xico, Puebla, Guadalajara, Monterrey y San Luis Potos?.

En segundo lugar, se destaca una fracci?n nacional de la burgues?a mexicana, identificada con el grupo de los "cient? ficos", quienes tienen acceso directo al poder pol?tico por v?a del ministro de Hacienda, Jos? Yves limantour, cerebro de las finanzas porfirianas. Y es precisamente su ubicaci?n en el Centro, su participaci?n casi directa en el gobierno nacional, su presencia en el gabinete, lo que permite a esta fracci?n realizar sus intereses por encima de los grupos regionales, cuyas exigencias frecuentemente sacrifica para cumplir las pro

pias. Esta distinci?n puede verse n?tidamente a nivel de la organizaci?n del sistema bancario.

En efecto, con la promulgaci?n de la Ley General de Ins tituciones de Cr?dito en 1897, los dos bancos m?s importantes

de la ?poca ?bajo control "cient?fico"?, el Banco Nacional de M?xico y el Banco de Londres y M?xico, obtienen el derecho a establecer sucursales en todos los Estados de la rep?blica, This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

718

JUAN FELIPE LEAL

mientras que los bancos estatales ?bajo control de los gru

pos regionales? se hallan imposibilitados, por la nueva ley, a establecerse en la Capital. Es as? que los billetes emitidos por

los bancos de provincia no son aceptados en la ciudad de

M?xico ni en los otros Estados del pa?s, en tanto que los emi

tidos por los dos bancos principales tienen circulaci?n en todas aquellas partes en las que poseen sucursales. Es claro que ello conduce a una verdadera batalla pol?tica, que se re suelve mediante el arbitraje de D?az, quien recomienda el establecimiento del Banco Central Mexicano en 1898, que abre cuentas corrientes a los bancos locales, haciendo federal el curso de los billetes de los bancos de los Estados. Sin em

bargo, sus d?biles recursos, el flaco apoyo que el gobierno de D?az le otorga y la crisis internacional de 1907, obligan al Banco Central Mexicano a cerrar sus puertas en 1909.

El control del sistema bancario permite a los "cient?ficos" aprovechar en su propio beneficio las condiciones favorables del mercado internacional de capitales de la ?poca. Mediante estos recursos logran impulsar complejas empresas industria les, que pronto adquieren una gran concentraci?n y una es tructura monop?lica. Los "cient?ficos" poseen plantas texti les, cervecer?as, f?bricas de papel, de tabaco, de cerillos, de explosivos, de cemento. Son due?os, tambi?n, de algunas mi nas y ferrocarriles, as? como de la mayor?a de las plantaciones

azucareras, de las haciendas pulqueras, lecheras, tabacaleras y cerealeras que rodean a las grandes ciudades del centro de M?xico. Los "cient?ficos" tambi?n son apoderados de fuertes empresas extranjeras y participan en sus consejos de direc ci?n o de administraci?n.

El predominio de los "cient?ficos" sobre el resto de las fracciones regionales y locales de la burgues?a mexicana es posible por la debilidad pol?tica de ?stas, debilidad que la dictadura se encarga constantemente de alimentar. Empero, ello no deja de provocar problemas, que se van tornando cada vez m?s graves en la misma medida en la que las fracciones regionales de la burgues?a se vuelven econ?micamente m?s pujantes. El hecho es que las fracciones regionales ?aunque

no todas? se hallan excluidas del bloque en el poder. Este This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 719 fen?meno tiene repercusiones muy desfavorables para ellas, pues, como se ve, carecen de instrumentos pol?ticos para pro mover sus intereses econ?micos. Por tanto, su reacci?n l?gica

es la de pugnar por una reforma pol?tica, lo que se mani

fiesta ideol?gicamente en una "vuelta al 57"; esto es, en una negaci?n de la dictadura del ejecutivo y de la federaci?n y en una apolog?a de la forma parlamentaria de r?gimen y de la soberan?a de los Estados.

1908: expulsi?n de un sector de los terratenientes del bloque

en el poder

La heterogeneidad que prevalece entre los hacendados es enorme. La extensi?n de sus propiedades, sus formas de pro ducci?n, sus tipos de cultivo, sus modalidades de integraci?n al mercado y sus intereses particulares los diferencian amplia mente. Es as?, por ejemplo, que la estabilidad de la hacienda "tradicional", al margen del mercado nacional y fluctuante en el regional, contrasta con la incertidumbre de las hacien das o plantaciones "modernas", expuestas a las contingencias del mercado exterior, sensibles a los movimientos internacio nales de los precios, ligadas al sistema bancario y envueltas en los intentos especulativos de los trusts extranjeros.

A grandes rasgos, las haciendas "modernas" s?lo existen en Yucat?n, Morelos, zonas de Oaxaca y Chiapas ?Valle Na cional y Soconusco, respectivamente?, Veracruz, Coahuila,

Chihuahua, Sonora y partes de Sinaloa. Igualmente las en

contramos en torno a las grandes ciudades, como M?xico, por ejemplo. Estas haciendas est?n en poder de las fracciones bur guesas regionales y de los "cient?ficos", por lo que cuentan con su propio sistema de cr?dito. De otra parte, est?n las haciendas "tradicionales", que predominan en Zacatecas, Hi

dalgo, Michoac?n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, dedicadas

esencialmente al autoconsumo o a surtir eventualmente a los

mercados locales. Estas haciendas no requieren de mucho av?o para las operaciones que emprenden, y generalmente lo obtie

nen de los comerciantes de la comarca. Pero entre ambos extremos, entre la hacienda "moderna" y la hacienda "tra

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

720

JUAN FELIPE LEAL

dicional", se halla la gran masa de las haciendas, particular mente las del centro del pa?s. Estas haciendas, en manos de terratenientes relativamente modestos, se encuentran presas de un sistema bancario que no controlan. Durante la ?poca de auge de la econom?a no enfrentan mucha dificultad para obtener cr?ditos hipotecarios y se benefician, adem?s, de los subsidios que el r?gimen otorga durante casi treinta a?os a la agricultura. Sin embargo, cuando adviene la crisis, la si tuaci?n cambia radicalmente.

La primera d?cada del siglo xx es un periodo de gran

inestabilidad, y en 1907 se resienten en M?xico los efectos de la crisis mundial de 1906. Hasta 1907 los bancos siguen el procedimiento de aumentar los cr?ditos a este tipo de terra tenientes, renovando como sistema los antiguos pr?stamos, hasta hacer de ?stos obligaciones permanentes. Pero con la escasez de fondos en ese a?o, debida a la crisis internacional y a la contracci?n de la demanda interna, el margen de segu

ridad de los bancos es puesto en peligro. As? ?stos se ven

obligados a restringir sus cr?ditos en forma brusca, y a pesar de los esfuerzos de D?az por avalar la enorme deuda acumu lada de estos hacendados, ?sta es hecha efectiva.

La reforma crediticia de 1908 y la controversia sobre la creaci?n de la Caja de Pr?stamos para obras de irrigaci?n y fomento de la agricultura, son episodios circunstanciales de una pugna mucho m?s profunda, de una verdadera prueba de fuerza, que se desarrolla en el interior del bloque en el

poder. El laudo emitido por Porfirio D?az en favor de los bancos modifica los t?rminos de la distribuci?n del poder y constituye, de hecho, la expulsi?n de la gran masa de los te rratenientes del bloque en el poder.

1908-1914: desintegraci?n del bloque en el poder y destrucci?n

del Estado liberal olig?rquico

Es de todos conocido que el hecho que precipita a la

revoluci?n mexicana es la sucesi?n presidencial de 1910, en la que las clases y los grupos dominantes caen en una crisis

de autorrepresentaci?n. El caso de que esta crisis se haga This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO Y EL BLOQUE EN EL PODER 721 p?blica, que trascienda los estrechos l?mites olig?rquicos, hace que sus repercusiones se extiendan a todos los niveles de la sociedad.

El conflicto surgido en la esfera del poder tiene, por su puesto, su mar de fondo. A la vuelta del siglo la econom?a mexicana entra en crisis. La depresi?n mundial de 1900-1901 pone fin a la ?poca dorada de las exportaciones. En 1905 se reajusta la pol?tica monetaria para buscar la estabilidad me diante su vinculaci?n al patr?n oro. Con ello termina el pro teccionismo de facto que prevaleciera durante los treinta a?os

anteriores, por la constante depreciaci?n de la plata. Este reajuste hace que se desvanezcan las ventajas monopolistas de que disfrutan los terratenientes que producen para el mer cado dom?stico. El comercio mundial cambia por aquellos a?os en su composici?n y en su din?mica. Los Estados Uni dos, si bien no son hostiles a D?az tampoco lo apoyan firme mente y ven con buenos ojos una renovaci?n del poder; ob servan que las fuerzas internas est?n promoviendo ya el cambio y las dejan actuar, con miras a sacar provecho del conflicto y extender sus intereses. La crisis internacional de 1907-1908 se traduce en la quiebra de un sinn?mero de peque?os fabricantes, en protestas proletarias, en insurreccio nes campesinas y en enfrentamientos entre "cient?ficos" y terratenientes, y entre "cein t? fieos" y fracciones burguesas re

gionales. En fin, la primera d?cada del siglo presencia el co lapso del desarrollo capitalista dependiente, agro-minero exportador.

Puesto que el gobierno de Porfirio D?az se muestra inca paz de ofrecer una salida a la crisis, el bloque en el poder comienza a desintegrarse, hasta desmoronarse por completo ante la embestida de la insurrecci?n popular. ?sta, como tam bi?n se sabe, no s?lo liquida ? los gobiernos de D?az, Madero y Huerta, sino que destruye al Estado liberal olig?rquico en

el a?o de 1914.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:22 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO

CONTEMPOR?NEO

Lorenzo Meyer

El Colegio de M?xico LA LUCHA CIVIL Y EL DESMEMBRAMIENTO DEL VIEJO ESTADO

Para este trabajo es ?til la sencilla definici?n dada por Max Weber a principios del siglo: la esencia del Estado consiste en el mantenimiento efectivo del monopolio de la violencia leg?tima sobre un territorio determinado.1 De acuerdo con esta definici?n, la aparici?n de un verdadero Estado mexi cano surge con la obtenci?n de la independencia de 1821, sino medio siglo m?s tarde con el brote y la consolidaci?n de la paz porfiriana. Simplificando un tanto, es posible afir mar que s?lo hasta ese momento el territorio nacional qued? entrelazado de manera tal que pudo considerarse una unidad econ?mica y pol?tica. Para entonces hab?a sido superada la lucha entre facciones que pretend?an mantener la hegemo n?a pol?tica y que eran el mayor obst?culo para el estableci miento de un monopolio efectivo de la violencia leg?tima a lo largo y ancho del territorio nacional. La lucha entre cen tralistas y federalistas, liberales y conservadores, m?s las in vasiones extranjeras, hab?an producido en muchos lugares un notorio vac?o de poder que fue llenado de inmediato por estructuras locales ad hoc ?los caudillos y los caciques? en desmedro del Estado.2 Porfirio D?az logr? en buena medida recuperar el poder para el gobierno central. Sin embargo, este Estado no fue viable, pues result? estar profundamente ligado al r?gimen personalista de D?az y cuando ?ste cay?, desapareci? con ?l el Estado mexicano, aunque s?lo por un 1 H. H. Gerth y C. Wright Mills (eds.) . From Max Weber: Essays in Sociology. New York, Oxford University Press, 1958, p. 78.

2 Ver Fernando D?az D?az, Caudillos y caciques. M?xico, El Colegio de M?xico, 1972*

722 This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 723 corto lapso. Para un observador casual, la fragmentaci?n y dispersi?n de la autoridad durante los a?os 1914 y 1915 se asemejaba peligrosamente a los m?s an?rquicos del siglo xix,

pero esta vez la soluci?n al problema ser?a m?s r?pida

y efectiva.

Ya bajo el gobierno revolucionario de Madero, la capa

cidad del Estado mexicano de mantener su monopolio efec tivo de la violencia se vio en entredicho por la actitud rebel de de Emiliano Zapata en las monta?as del sur, pero sobre todo a ra?z de la rebeli?n de Pascual Orozco en el norte.

Aparentemente, las fuerzas del gobierno central estaban a punto de reducir a la impotencia estos focos de resistencia cuando Victoriano Huerta dio el golpe de Estado en febrero de 1913, apoyado por el ej?rcito federal y ciertos sectores de la ?lite tradicional.3 Huerta nunca pudo imponer un control efectivo sobre el pa?s y s? desat?, en cambio, la guerra civil, latente ya desde la ca?da de Porfirio D?az. El grueso de las fuerzas rebeldes provino de las ?ridas zonas norte?as, pero el reto a la autoridad central se present? a todo lo largo del territorio. La magnitud de la fuerza enemiga y la decisi?n del gobierno norteamericano de no dar su apoyo al general Huerta, permitieron a los rebeldes, dirigidos por Venustiano

Carranza, crecer hasta el punto en que pudieron formar un vedadero ej?rcito ?el Ej?rcito Constitucionalista?, do

minar una parte considerable del territorio nacional y crear una administraci?n relativamente efectiva. Para 1914 se po d?a hablar de dos administraciones o de dos gobiernos, pero a?n no de un Estado. Ambos bandos pretend?an, sin lograr la, la legitimidad absoluta sobre el ejercicio de la autoridad

en todo el territorio. Dada esta situaci?n, es posible decir que en ese momento no exist?a ya el Estado mexicano. Una vez que Victoriano Huerta dej? el pa?s en 1914 y que el ej?r cito federal fue disuelto de acuerdo con lo estipulado por los tratados de Teoloyucan, es posible aceptar la hegemon?a

del grupo carrancista; no obstante, las fuerzas centr?fugas eran 3 Charles C Cumberland, Mexican Revolution: Genesis under Madero.

Austin, Texas, Texas University Press, 1952, p. 229.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

724

LORENZO MEYER

a?n muy fuertes. La uni?n de los grandes caudillos que ac tuaron bajo el mando formal de Carranza desapareci? r?pi damente y esto se hizo evidente en la Convenci?n de Aguas calientes, donde se encontraban representados los principale jefes militares de la coalici?n antihuertista. De la Convenci?n surgi? un gobierno que fue desconocido por el grupo de Ca rranza pero apoyado por Villa y Zapata. De nueva cuenta M?xico se encontr? con dos centros de poder que reclamaban para s? el car?cter de ?nico gobierno nacional leg?timo: el de Carranza, con sede en el puerto de Veracruz, y el de la

Convenci?n, que se estableci? en la ciudad de M?xico. No pas? mucho tiempo antes de que los dos caudillos conven cionalistas ?Villa y Zapata? retirasen su apoyo efectivo a gobierno de la Convenci?n, presidido sucesivamente por

Eulalio Guti?rrez, Roque Gonz?lez Garza y Francisco Lagos Ch?zaro, llegando inclusive a atacarle. Antes de disolvers ?ste por carencia de apoyo, adquiri? un car?cter fantasmal Las tres administraciones efectivas, y antag?nicas, que exis

t?an en ese periodo las presidieron Carranza, Villa y Zapata.

De hecho, no hab?a un monopolio de la violencia leg?tima.4 Esta situaci?n dur? poco tiempo; la coexistencia de estos tres focos de poder no pod?a institucionalizarse. La lucha entre ellos fue r?pida y feroz. Las acciones m?s espectacula res se dieron entre los ej?rcitos de Villa, por una parte, y los de Carranza, mandados por el general Alvaro Obreg?n.

Las dos batallas de Celaya, la de Le?n y la de Aguascalientes, que se libraron entre abril y julio de 1915, acabaron con la Divisi?n del Norte.5 A partir de ese momento y hasta la ren 4 La complicada red pol?tica que se fue tejiendo en torno a la Con venci?n de Aguascalientes, est? descrita con gran detalle en las obras de Robert E. Quirk, The Mexican Revolution, 1914-1915: The Conven tion of Aguascalientes, Bloomington, Ind., Indiana University Press, 1960,

y de Charles Cumberland, Mexican Revolution: The Constitutionalist Years, Austin, Texas, University of Texas Press, 1972, p. 151 ss.

5 Para un examen detallado de esta campa?a v?ase: Alvaro Obregon,

Ocho mil kil?metros en campa?a: Relaci?n de las acciones de armas efectuadas en m?s de veinte estados de la rep?blica durante un periodo de cuatro a?os. M?xico, Librer?a de la Vda. de Ch. Bouret, 1917.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 725 dici?n de Villa al gobierno de Adolfo de la Huerta en 1920, el villismo qued? como un movimiento guerrillero que no ejerci? control permanente sobre ning?n territorio determi nado y que, si bien caus? grandes molestias al gobierno cen tral ?entre otras cosas provoc? la llamada "expedici?n puni tiva" del ej?rcito norteamericano en 1916?, ya no pone en entredicho el control del gobierno de Carranza sobre el pa?s.

La liquidaci?n del zapatismo es menos espectacular pero

igualmente efectiva. Entre 1915 y 1916, se libraron los gran des combates entre las fuerzas Zapatistas del sur y las de Ca rranza. Para mayo de 1916 todas las ciudades principales de

Morelos hab?an sido ocupadas por las fuerzas carrancistas dirigidas por el general Pablo Gonz?lez. La lucha guerrillera que se inici? a partir de entonces fue quiz? m?s impotante que

la librada por las bandas villistas en el norte, pero no logr? recuperar el control del Estado, aunque en algunas ocasiones los Zapatistas llegaron a ocupar Cuautla y otras poblaciones importantes. Seg?n Womack, Zapata logr? mantener hasta 1917-1918 una cierta estructura gubernamental en el campo sure?o, a pesar del terror carrancista, pero cada vez le fue m?s dif?cil mantener la lucha dado el virtual aislamiento de la regi?n en relaci?n a las posibles fuentes de recursos de gue

rra.6 En abril de 1919 Zapata fue asesinado. Los remanentes de su movimiento se unieron a Obreg?n en 1920 cuando ?ste

encabez? un movimiento militar contra el presidente Ca

rranza.

Para fines de 1918, la fragmentaci?n del sistema pol?t mexicano estaba en v?as de ser liquidada. Las tendencias tr?fugas hab?an llegado a su climax y s?lo ser?an superad poco a poco con el retorno a un centralismo similar al q hab?a prevalecido antes de la Revoluci?n. Las bases del nu Estado ser?an un tanto diferentes. El gobierno de Carran para derribar los obst?culos que hab?an puesto en su cami Huerta por una parte, y posteriormente Villa y Zapata,

6 John Womack Jr., Zapata and the Mexican Revolution. New Yo Alfred A. Knopf, 1968, p. 224 ss.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

726

LORENZO MEYER

otra, se vio forzado a aceptar en principio una reforma de la bases sociales del antiguo r?gimen y del antiguo Estado. La reformas se iniciaron con la ley del 6 de enero de 1915 dond

se hac?a referencia a una reforma agraria y culminaro con la promulgaci?n de una nueva constituci?n en Quer taro en 1917. Se reafirm? en este documento la separaci?n del

Estado y la Iglesia, se sentaron las bases para una reforma agraria radical as? como para la creaci?n de una legislaci?n obrera mucho m?s avanzada que cualquiera de las existente en ese momento; adem?s, se dejaba el campo abierto par afectar la posici?n dominante que ten?an los intereses extran jeros dentro de la econom?a mexicana. En general los podere del presidente de la Rep?blica aumentaron de tal manera qu permit?an la intervenci?n activa del Estado en todos los cam pos de la estructura social y econ?mica. Dado el cambio de los marcos legales donde se iba a desarrollar la actividad pol

tica del pa?s, era s?lo cuesti?n de tiempo que los nuevo aliados de la ?lite pol?tica ^los campesinos y los obrero

aparecieran como participantes m?s activos en el proceso.

Claro est? que la forma que iba a asumir esta participaci?n depender?a, en buena medida, de la manera en que el grup dirigente ?donde dominaba el inter?s de los sectores medios surgidos durante el Porfiriato? empleara su control sobre e Estado para alentar o inhibir la acci?n de estos nuevos acto res. La forma como Carranza empez? a poner en pr?ctica e poder del nuevo r?gimen, no augur? nada bueno para lo intereses de estos grupos populares con cuya ayuda pudo de truirse al antiguo. El incipiente movimiento obrero se orga

niz? en buena medida contra los deseos de Carranza, qu

limit? cuanto pudo sus acciones reivindicadoras. La reform agraria entonces s?lo benefici? a un pu?ado de campesinos ?alrededor de cuarenta mil?, con un total de 132 640 hect? reas. Esto, dif?cilmente pod?a considerarse un golpe serio la estructura rural tradicional basada en la hacienda.

Para 1920, puede decirse que el gobierno de Carranza

hab?a reconstituido al Estado, devolvi?ndole parte de su po der, aunque a?n quedaron ciertas zonas aisladas que se man tuvieron independientes del poder central, como era el caso This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 727 de parte de la Huasteca, que permanec?a todav?a bajo el con trol del general Manuel Pel?ez. Pero la tendencia era irre versible. El problema de los caudillos y caciques iba a tardar en resolverse, aunque sin desaparecer del todo. En muchas ocasiones, ante la impotencia de las autoridades centrales para recuperar el poder de sus manos se decidieron a legitimar su posici?n de predominio, avalando sus decisiones a cambio de que estos hombres fuertes locales aceptaran en principio la supremac?a del centro.

Con la ca?da del gobierno de Carranza en 1920 ?asesinado el 21 de mayo?, se da fin a la era de cambios de gobierno mediante rebeliones militares. Ninguna revuelta volver?a a tener ?xito. Es m?s, la ca?da de Carranza ya no puso en entre

dicho la capacidad del Estado para desarrollar sus funciones, sino al contrario. En la medida en que la subida de Obreg?n a la presidencia signific? una adecuaci?n entre poder real y formal ?el ej?rcito era sin duda la fuente de poder m?s im portante en ese momento? el Estado se fortaleci?.

El Estado y la consolidaci?n del nuevo r?gimen (1920-1934)

Para Obreg?n y sus sucesores el gran problema a resol ver era lograr la institucionalizaci?n del nuevo sistema de dominaci?n y la recuperaci?n de la econom?a, en ese orden.

Para lograr esto, fue necesario mantener subordinadas a sus directivas, a los grupos organizados, pero sin antagonizarlos.

En el nivel m?s inmediato, fue tambi?n necesario establecer una cierta disciplina entre los miembros m?s destacados de la ?lite pol?tica: los militares. Obreg?n ten?a la lealtad del ej?r cito, pero no controlaba enteramente a sus generales; su posi ci?n era m?s bien la de primus inter pares. S?lo la elimina ci?n de los rivales principales a trav?s de una lucha, sorda a veces, abierta en otras, iba a dejar el campo despejado para el grupo de Sonora dirigido por Obreg?n y el general Plu tarco Elias Calles. El primer paso consisti? en eliminar al general Pablo Gonz?lez, cuyas fuerzas ?num?ricamente muy This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

728

LORENZO MEYER

importantes? se hab?an mantenido al margen de la lucha en

tre Obreg?n y Carranza en 1920. En julio de ese a?o se l acus? de estar preparando un golpe militar y se le envi? al exilio. Otros jefes militares de dudosa lealtad o plenamente identificados con Carranza fueron retirados de los puestos d mando. Los jefes de operaciones militares ?que compart?an el poder real con los gobernadores? fueron obregonistas pro bados. Su lealtad se reforz? con una amplia gama de comisio nes, subsidios y prebendas.7 Adem?s, los efectivos del ej?rcit fueron disminuidos, se crearon las reservas y las colonias mi litares para permitir el retorno de buen n?mero de oficiales

y tropa a la vida civil. Quedaba a?n un largo camino que recorrer para expropiar al ej?rcito el poder que hab?a adqui rido a lo largo de la lucha civil.

La rebeli?n encabezada por el ex presidente provisional

y ministro de Obreg?n, Adolfo de la Huerta, al finalizar

el a?o de 1923, se debi? a la inconformidad de una parte del

grupo en el poder con la decisi?n de Obreg?n de dejar a

Calles como su sucesor. Ciento dos generales al mando del 40% de los efectivos del ej?rcito se enfrentaron al gobiern central. En marzo de 1924, el levantamiento estaba aplastado.

Un elemento del triunfo de Obreg?n fue la participaci?n de 10 000 efectivos agraristas a su lado. Con la eliminaci?n d un contingente militar tan sustancial y la capacidad de mo vilizar grupos populares en su apoyo, la posici?n del gobiern central se fortaleci?.

En igual sentido oper? el ambiente internacional. Du

rante la d?cada de la guerra civil, la constante intervenci?n externa ?especialmente norteamericana? debilit? o aument en varias ocasiones la efectividad del poder pol?tico local. En

buena medida la ca?da de Madero se debi? a la influenci

negativa del embajador norteamericano Henry Lane Wilson durante los a?os de 1912-1913. De igual manera, el triunfo del ej?rcito constitucionalista sobre Victoriano Huerta fue 7 Edwin LiEUWEN, Mexican Militarism The Political Rise and Fall of the Revolutionary Army, 1910-1940. Albuquerque, N. M., The Uni versity of New Mexico Press, 1968, p. 61-64.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 729 facilitado considerablemente por la negativa del presidente Wilson a otorgarle su apoyo pol?tico, militar y econ?mico, a la vez que se impidi? a Europa que lo hiciera. Carranza no tard? en tener serias dificultades con Estados Unidos al pre tender poner en pr?ctica algunas de las cl?usulas de la Cons tituci?n de 1917 que afectaban intereses econ?micos impor tantes de c?rculos norteamericanos, particularmente petrole ros. Durante casi tres a?os, el sucesor de Carranza no fue re conocido por Washington debido a las diferencias suscitadas por la nueva constituci?n, pero tras la firma de los llamados "Acuerdos de Bucareli" en 1923 se le otorg? el reconocimien to y, posteriormente, ayuda militar para derrotar a los rebel

des delahuertistas.8 Calles habr?a de reabrir la controversia en 1926 con la promulgaci?n de una ley petrolera insatisfac toria para las compa??as petroleras. Pero tras una seria crisis internacional en 1927, se vio en la necesidad de llegar a un acuerdo a?n m?s informal que el de 1923 con el embajador norteamericano, que acab? con la animadversi?n y las sospe chas de Washington en relaci?n al r?gimen mexicano.9 De nueva cuenta, Estados Unidos apoyar?a al gobierno central en el momento en que ?ste tuvo que hacer frente a nuevos intentos de sublevaci?n.

Los movimientos subversivos a que tuvo que hacer frente

Calles provinieron tanto de elementos descontentos de la ?lite pol?tica como de un sector campesino, localizado prin cipalmente en el centro del pa?s, cansado de los abusos y pol?ticas antirreligiosas del gobierno central. La "Guerra Cristera" se inici? en 1926 a ra?z de un conflicto entre la jerarqu?a cat?lica y el gobierno, pero no tard? en adquirir el car?cter de una rebeli?n campesina que ni los mismos lla mados a la concordia de las autoridades eclesi?sticas pudie ron calmar. Fue una rebeli?n cuyas ?ltimas manifestaciones se prolongaron hasta bien entrada la d?cada de los a?os trein 8 Lorenzo Meyer, M?xico y los Estados Unidos en el conflicto petro lero, 1917-1942, 2? ed. M?xico, El Colegio de M?xico, 1972, p. 107-219.

9 Ibid., p. 266-281.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

730

LORENZO MEYER

ta y que revisti? un car?cter particularmente brutal.10 Sin embargo, el movimiento se mantuvo localizado y no puso en peligro la estabilidad del r?gimen aunque s? disminuy? durante alg?n tiempo la autoridad del Estado en la regi?n

del Baj?o.

M?s peligrosas para el gobierno fueron las acciones de dos miembros destacados del c?rculo dirigente de Calles, descon tentos con la decisi?n de Obreg?n de volver a ser candidato a la presidencia (previa modificaci?n de la Constituci?n).

Los generales Arnulf o R. G?mez, jefe de Operaciones en Ve racruz, y Francisco R. Serrano, secretario de Guerra, se pos

tularon como candidatos a la presidencia en contra de

Obreg?n. Pasadas las elecciones de 1927 en las que Obreg?n fue declarado triunfador, ambos decidieron lanzarse a la lu cha armada, pero fueron capturados inmediatamente y fusi lados en octubre y noviembre respectivamente. Sin embargo,

con el asesinato de Obreg?n siendo ya presidente electo, tuvo lugar una divisi?n a?n m?s peligrosa, pues toda una parte de la ?lite que se dispon?a a ocupar los puestos directivos en compa??a del caudillo, vio frustradas sus expectativas. Para conjurar la crisis, Calles dej? el poder en manos de un presi dente provisional aceptable para el grupo obregonista y pro puso, a la vez, la creaci?n de un partido que agrupara en su seno a todas las facciones que compon?an la "Familia revo lucionaria". El objetivo de esta nueva organizaci?n ser?a no el de competir por la toma y preservaci?n del poder frente a otros partidos, sino el de proveer un mecanismo a trav?s del cual se resolvieran pac?ficamente las m?ltiples controversias existentes en el seno mismo del grupo gobernante, especial

mente aquellas provocadas por la transmisi?n del poder, a nivel local o nacional. As? fue como naci? el Partido Nacio nal Revolucionario (PNR). En un principio el PNR fue una confederaci?n de los principales l?deres revolucionarios bajo la gu?a informal de Calles. Poco despu?s absorbi? entera 10 V?ase a este respecto a Jean Meyer, La cristiada, L M?xico, Si glo XXI Editores, 1973.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 731 mente a los partidos locales que apoyaban a estos l?deres y el peculiar multipartidismo que hab?a prevalecido durante la

d?cada anterior desapareci?. El PNR fue concebido como

un partido de cuadros y no de masas; la incorporaci?n de los contingentes obreros y campesinos organizados al partido tuvo entonces una prioridad muy secundaria.11

Calles no se reeligi?, pero a trav?s del PNR y de su as cendencia personal sobre los principales jefes del ej?rcito y l?deres pol?ticos dict? las l?neas generales seguidas por el go bierno hasta 1935; impuso y quit? presidentes, ministros, gobernadores, etc., y particip? sistem?ticamente en el proceso

de toma de decisiones a nivel nacional. Un grupo de gene rales obregonistas, descontentos y despu?s de fracasar en la

lucha electoral, se lanz? en marzo de 1929 a una rebeli?n encabezada por Gonzalo Escobar. La acci?n fracas?. Fue la ?ltima gran rebeli?n militar que ha enfrentado el sistema pol?tico mexicano. Con la eliminaci?n de un grupo conside rable de generales ambiciosos y la formaci?n del PNR. el poder central se fortaleci? a?n m?s, centr?ndose no en el pre sidente sino en Calles, el "Je^e M?ximo" de la Revoluci?n.

Al mismo tiempo que ten?a lugar este tipo de consolida ci?n del poder central, el grupo en el poder hizo frente a un nuevo reto: en la campa?a presidencial de 1929 Jos? Vascon celos se present? como candidato opositor. Pero Calles y sus generales no estaban dispuestos a perder en las urnas el poder que hab?a ganado por la fuerza de las armas. La naturaleza del nuevo sistema se deline? con mayor claridad.

A ra?z de la alianza que los dirigentes revolucionarios

hab?an tenido que establecer con grupos populares a partir de 1910, se hab?a tenido que introducir a ciertos represen tantes obreros y campesinos dentro del sistema de toma de decisiones; el caso m?s espectacular fue el de Luis N. Moro nes, l?der de la Confederaci?n Regional de Obreros Mexicanos il Berta Lerner Sigal, "Partido Revolucionario Institucional" en An tonio Delhumeau Arrecillas et al., M?xico; realidad pol?tica de sus par

tidos. M?xico, Instituto Mexicano de Estudios Pol?ticos A. C, 1970, p. 60-61.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

732

LORENZO MEYER

(CROM) que fue ministro de Industria, Comercio y Trabaj en el gabinete de Calles. Pero los intereses de estos aliados quedaron subordinados a los intereses y decisiones de la ?lit y sus demandas s?lo ser?an planteadas a trav?s de aquellos voceros reconocidos por ella. De lo contrario el Estado em plear?a todos los medios que fuera preciso para impedir qu estos demandantes se organizaran, adquirieran autonom?a intentaran imponer sus pol?ticas. Mientras la CROM acept estas reglas del juego se vio ampliamente favorecida, pero cuando las transgredi? en beneficio de los intereses de su l? der, perdi? su posici?n de privilegio y eventualmente fue reemplazada ?aunque sin desaparecer? por otra organizaci? m?s acorde con las necesidades del poder central: la Confe deraci?n de Trabajadores Mexicanos, formada en 1936 bajo el liderato de un enemigo de Morones: Vicente Lombard Toledano. Esta subordinaci?n no se intent? s?lo con los gru pos populares, sino tambi?n con los viejos actores del sistema,

es decir, la Iglesia y los grupos econ?micamente dominan

tes: hacendados, el a?n peque?o sector empresarial y lo

consorcios extranjeros. Calles logr? la subordinaci?n de la Iglesia pero no pudo hacer lo mismo con los otros; esa tarea se cumplir?a un poco m?s tarde, bajo la administraci?n de general C?rdenas.

Una de las principales debilidades del Estado mexican

bajo el nuevo r?gimen revolucionario fue la precaria situa ci?n de la econom?a, que le restaba tanto legitimidad como recursos para afianzar su autoridad. El sector moderno y di n?mico de la econom?a estaba principalmente en manos ex tranjeras, tal era el caso de la industria petrolera y de l miner?a. Estas industrias no sufrieron un da?o apreciabl durante el periodo de la lucha civil (esto fue especialmente el caso de las grandes empresas que supieron crear sus pro pios medios de defensa). La dificultad de esta situaci?n par el Estado estrib? en lo problem?tico que fue aumentar s participaci?n en los beneficios de la explotaci?n de estos re cursos naturales destinados al mercado mundial. Las empre sas extranjeras contaron siempre con la protecci?n de sus go biernos, de tal manera que en m?s de una ocasi?n lograron This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 733 echar por tierra los planes gubernamentales para aumentar la carga impositiva que permitir?a al Estado desempe?ar m?s eficazmente sus funciones.12 Esta falta de recursos impidi?,

por ejemplo, que el Estado pudiera hacer los pagos reque ridos por su deuda externa y que por lo tanto, el cr?dito de M?xico en el exterior se derrumbara de manera estrepi tosa.13

De los sectores modernos de la econom?a el que m?s da?o sufri? parece haber sido el sistema de transporte, en especial los ferrocarriles; mucho material fue destruido durante la lu cha y casi no hubo reposici?n del equipo. Sin embargo, el problema m?s notorio se present? en el sector tradicional: la agricultura, que daba empleo al 70% de la poblaci?n eco n?micamente activa. Entre 1921 y 1935 se not? una recupera ci?n en relaci?n al periodo de la guerra civil ?el crecimiento

agr?cola fue de 5.1% anual? pero no lleg? a recuperar el

nivel alcanzado antes de la revoluci?n.14 La Gran Depresi?n de 1929 afect? notablemente las exportaciones. El crecimien

to del producto interno bruto (PIB) que hab?a pasado de 0.6% al iniciarse los a?os veinte a 5.8% anual al final de la

d?cada, descendi? hasta ser negativo como resultado de la cri sis mundial.15

Fue entonces, y en parte como resultado de todos estos problemas, que el Estado empez? a intervenir con mayor vigor en la vida econ?mica. Se inici? la creaci?n de una red

bancaria oficial y el financiamiento de proyectos de construc ci?n de carreteras y distritos de riego; sin embargo, no puede

12 En relaci?n a este problema, v?ase Lorenzo Meyer, op. cit., en particular el cap?tulo I y Marvin Bernstein, The Mexican Mining Indus try, 1890-1950: A Study of the Interaction of Politics, Economics, and Technology. Albany, N. Y., State University of New York, 1965.

13 Para el problema de la deuda externa cons?ltese a Jan Bazant, Historia de la deuda exterior de M?xico (1823-1946). M?xico, El Colegio

de M?xico, 1969.

14 Nacional Financiera, S. A., La econom?a mexicana en cifras. M? xico, Nacional Financiera, S. A., 1965, p. 57 15 El Colegio de M?xico, Din?mica de la poblaci?n de M?xico.

M?xico, El Colegio de M?xico, 1970, p. 215.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

734

LORENZO MEYER

decirse que el gobierno revolucionario haya creado el "estado activo". El ritmo y direcci?n de la actividad econ?mica con tinuaba en buena medida en manos del sector privado.16 Si bien es verdad que el sistema pol?tico hab?a experimen tado cambios sustantivos en relaci?n con el prevaleciente du rante el antiguo r?gimen, las bases sociales en que se susten taba no parec?an ser muy diferentes a las del pasado. Las actividades agr?colas segu?an ocupando al grueso de la pobla

ci?n y la sociedad agraria a mediados de la d?cada de los

treinta segu?a asemej?ndose m?s de lo que fuera de desear a aquella que fue t?pica del Porfiriato. La hacienda a?n do minaba la vida rural. Cuando el presidente Abelardo Rodr? guez concluy? su periodo se hab?an repartido 7.5 millones de hect?reas; es decir, que la Revoluci?n hab?a puesto en manos de los campesinos ?nicamente el 15% de la superficie total bajo cultivo.17 La nueva ?lite no parec?a ya dispuesta a cas tigar severamente a sus supuestos enemigos: la vieja oligar qu?a terrateniente; parec?a en cambio haberse conformado con

arrebatarle el poder pol?tico sin interferir con la estructura social de la que hab?an derivado sus privilegios. Es m?s, al gunos miembros prominentes del nuevo r?gimen adquirieron grandes extensiones de tierra. El ej?rcito fren? m?s que coad yuv? a la reforma agraria.18 Siempre es posible encontrar excepciones y se?alar ciertas ?reas y momentos en que los di rigentes pol?ticos prestaron su apoyo a la transformaci?n del sistema de tenencia de la tierra en este periodo, como puede ser el caso del general C?rdenas en Michoac?n y del coronel

Adalberto Tejeda en Veracruz. Pero, en general, el "grupo de Sonora" no dese? llevar a cabo una reforma agraria radi cal sino m?s bien establecer una econom?a rural basada tanto 16 Al respecto v?ase el an?lisis hecho por James W. Wilkie, The

Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change Since 1910.

Berkeley, Cal., University of California Press, 1967, p. 30-70.

17 Nacional Financiera, op. cit., p. 53.

18 V?ase a este respecto el excelente art?culo de Hans Werner Tobler, "Las paradojas del ej?rcito revolucionario. Su papel social en la reforma agraria mexicana, 1920-1935", en Historia Mexicana, Vol. XXI: 1, julio septiembre, 1971, p. 38-79.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 735

en la peque?a y mediana parcela ?tanto ejidal como pri

vada? como en la gran hacienda.19 Se trataba simplemente de eliminar la concentraci?n extrema de la tierra a que se hab?a llegado en el Porfiriato, pero sin eliminarla. Esta po l?tica se acentu? cuando Calles, en su calidad de "Je^e M?xi mo" declar? en marzo de 1930 que la reforma agraria era un fracaso econ?mico y deb?a ser suspendida. Inmediatamente

se anunci? en varios estados que la dotaci?n ejidal hab?a

concluido. Cada vez era m?s dif?cil mostrar el car?cter social

de la Revoluci?n de 1910. La nueva ?lite pol?tica estaba abandonando a sus antiguos aliados ahora que su dominio era m?s efectivo.

C?RDENAS Y LA CULMINACI?N DEL NUEVO MODELO POL?TICO

(1935-1940) Los seis a?os del r?gimen cardenista ?el periodo presiden cial se ampli? de cuatrienio a sexenio? vieron sucederse con gran rapidez una serie de reformas estructurales que termi naron por alterar notablemente la naturaleza del r?gimen revolucionario y que aumentaron la capacidad del Estado para desempe?ar sus funciones centrales.

Los primeros cambios tuvieron lugar a nivel institucio nal. Para sacudirse la tutela francamente conservadora de Ca lles, C?rdenas llev? al cabo una serie de maniobras dentro de los propios c?rculos gobernantes que le aseguraron la leal tad de las fuerzas armadas en el momento en que se produjo el choque en junio de 1935. Pero hizo algo m?s, revigoriz? la alianza con los grupos obreros organizados m?s importantes dirigidos por Vicente Lombardo Toledano. Esta alianza se ha b?a deteriorado considerablemente en los a?os anteriores; una de sus consecuencias hab?a sido la decadencia y fragmenta

ci?n de la CROM.

19 Para un examen de las ideas dominantes en torno a la pol?tica agraria en esta ?poca, v?ase a Mois?s Gonz?lez Navarro, La Confede raci?n Nacional Campesina. Un grupo de presi?n en la reforma agraria

mexicana. M?xico, Costa-Amic, Editor, 1968.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

736

LORENZO MEYER

El proceso para unificar a los campesinos en esta alianza tom? m?s tiempo. Los intentos por crear una organizaci?n campesina nacional y efectiva no eran nuevos, pero se hab? avanzado poco. En 1931, el PNR favoreci? la unificaci?n de siete ligas campesinas en la Confederaci?n Campesina Mex cana (CCM), dirigida por Graciano S?nchez. El poder de est organizaci?n respald? a C?rdenas en 1935. Inmediatamente despu?s se inici? un movimiento para ampliar sus bases in cluyendo a todos los ejidatarios del pa?s ?cuyo n?mero aume taba constantemente? y posteriormente otros tipos de trab jadores agr?colas.

El resultado de todo ello fue la formaci?n de la Confede

raci?n de Trabajadores de M?xico (CTM) en 1936 y de la Confederaci?n Nacional Campesina (CNC), en 1938. Esta

dos organizaciones de masas, constituyeron unos de los pilares

centrales en los que el presidente C?rdenas se apoy? par

introducir una serie notable de transformaciones. El partid oficial sufri? un gran cambio. La idea inicial fue la de crear un "frente popular" de obreros, campesinos y otros sectore progresistas para apoyar a C?rdenas, pero de ah? se pas? a institucionalizar esta alianza y en 1938 el PNR dej? de exis tir dando paso al Partido de la Revoluci?n Mexicana (PRM) .

Este nuevo organismo pretendi? combinar su car?cter de pa tido de cuadros con el de masas, las cuales no se afiliar?an directamente sino a trav?s de organizaciones, que a su vez ocupar?an un lugar en uno de los cuatro sectores que forma r?an la estructura b?sica del partido: el campesino, el obrero,

el militar y un ?ltimo definido como popular. La CNC do min? al sector campesino, la CTM al obrero y los bur?cratas

al popular a trav?s de la Federaci?n de Sindicatos de Tr

bajadores al Servicio del Estado (FSTSE) .20 Era evidente que se hab?a ampliado la base de sustent ci?n del r?gimen. Hab?a nuevos actores en el panorama po l?tico. El ej?rcito perd?a parte de su poder; el presidente ten?a

la posibilidad de neutralizar a cada uno de los cuatro sectore

usando a los otros. Es m?s, por un momento la capacida 20 Lerner, op. cit., p. 68-76.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 737

en el uso de la violencia no se limit? al ej?rcito, pues los

grupos campesinos recibieron armas y hasta se lleg? a iniciar la organizaci?n de milicias obreras, pero ante las presiones militares se abandon? la idea. La reorganizaci?n del partido fue tambi?n un paso m?s en la disminuci?n de la influencia

de los caudillos y caciques locales. La rebeli?n del general

Saturnino Cedillo, por largo tiempo el hombre fuerte de San Luis Potos?, no represent? en ning?n momento una verda dera amenaza a la estabilidad del gobierno. Hab?a pasado ya su ?poca y ese tipo de rebeli?n fue casi un anacronismo.

La grande y mediana empresa privada, que en esta coyun tura se encontraba del otro lado de las barricadas, tambi?n fue

organizada por el gobierno. Para tal fin se expidi? en 1936 la Ley de C?maras de Comercio e Industria, que dej? a la Con federaci?n Nacional de C?maras Industriales (CONCAMIN) y a la Confederaci?n de C?maras Nacionales de Comercio (CONCANACO) como las organizaciones formales a trav?s de las cuales el Estado recibir?a las demandas de este sector

y con cuya colaboraci?n elaborar?a aquellas pol?ticas que

afectaran directamente sus actividades. A la vez, se abr?a la posibilidad de controlar las acciones de este sector a trav?s de sus organizaciones formales.

As?, pues, para el momento en que el gobierno del pre

sidente C?rdenas tocaba a su fin, la actividad del Estado

mexicano se encontraba enmarcada dentro de un tipo de sis tema pol?tico que puede definirse como autoritario.21 El par tido oficial no estaba concebido para llevar a cabo una lucha electoral; no hab?a posibilidad de que el grupo en el poder abandonara su posici?n en caso de que perdiera en las urnas.

La campa?a de 1940 lo prob? de nuevo; a pesar de los nu

merosos testimonios de la fuerza del candidato de oposici?n, general Juan Andrew Almaz?n, ?nicamente se le reconocieron

21 Sobre el concepto de r?gimen autoritario, v?ase a Juan J. Linz, "An Authoritarian Regime: Spain", en Erik Allardt y Yrjo Littuhen (eds.), en Cleaveges, Ideologies and Party Systems. Contribution to Comparative Political Sociology. Turku, Finlandia Abo tidnings oct Try cher Aktiebolag, 1964, p. 291-341.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

738

LORENZO MEYER

128 000 votos, mientras que al candidato del PRM, general Manuel ?vila Camacho, se le asignaron 2 250000.

La forma como se manipul? a los grupos obreros y cam pesinos, y la facilidad con que ser?an cambiados sus l?deres y l?neas pol?ticas siguiendo los deseos presidenciales, prob? la imposibilidad de su acci?n independiente dentro de las estructuras oficiales.22 Aun las organizaciones m?s antag?ni cas al gobierno, como fueron las que agrupaban a los empre sarios privados, encontraron que ten?an que estar dirigidas

por empresarios, si no abiertamente ligados al r?gimen, s? por

lo menos no enteramente antag?nicos a ?ste, pues de lo con trario perd?an toda su efectividad. Finalmente, toda esta or ganizaci?n de la actividad pol?tica en una estructura de car?c ter semicorporativo tend?a a concentrar excesivamente el poder de decisi?n en manos de la ?lite pol?tica y en particu lar del Presidente. Si en un principio el partido tuvo ciertos rasgos de autonom?a, para 1940 los hab?a perdido. Se trataba,

pues, de una estructura en que la ?lite pol?tica ten?a un car?cter dominante y en donde la relaci?n entre los actores

?que eran b?sicamente los grupos organizados?, s?lo ten?a lugar a trav?s de la mediaci?n de los dirigentes pol?ticos. Fi nalmente, toda organizaci?n de car?cter pol?tico ten?a que hacerse con la anuencia de aqu?llos o de lo contrario se le

disolv?a o se le manten?a en la impotencia. La oposici?n

efectiva, la creaci?n de un foco de legitimidad competitivo con el gobierno, no ser?a tolerada.

Durante estos a?os la base econ?paica en que se sustentaba la sociedad y el Estado mexicano continu? desarroll?ndose, a pesar de la manifiesta oposici?n del sector empresarial al r? gimen. Por una parte, los efectos de la crisis de 1929 fueron desapareciendo y el comercio exterior se reanim?, aunque a ra?z de la expropiaci?n petrolera de 1938 bajaron considera blemente las ventas de combustible y minerales al exterior.

22 Un buen estudio de la manera como se manipularon las organi zaciones obreras durante el cardenismo se encuentra en Joe C. Ashby, Organized Labor and the Mexican Revolution under L?zaro C?rdenas.

Chapel Hill, N. C, The University of North Carolina Press, 1967.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 739 Pese a la Reforma Agraria la producci?n agr?cola aument?; si en 1935 el ?ndice fue de 120, para 1940 hab?a pasado a 135.23 La incipiente industria manufacturera que se orientaba al mercado interno tambi?n creci? aunque no de manera espec tacular. En 1930 hab?a contribuido con el 16.7% del valor

de la producci?n total y en 1940 su participaci?n fue del 18%.24 Pero no hay duda de que el fen?meno m?s notable en este campo fue el hecho de que se expropi? en beneficio

directo del Estado una de las actividades industriales m?s im

portantes en ese momento: la industria petrolera. Al pasar en marzo de 1938 los campos productores y las refiner?as, que

desde principios del siglo hab?an estado en manos de consor cios extranjeros, a poder del Estado, ?ste aument? notable mente su poder. Los primeros a?os fueron dif?ciles, no hay duda; las exportaciones bajaron debido a un boicot estable cido por la Standard Oil y la Royal Dutch-Shell, auxiliadas por el Departamento de Estado norteamericano, pero la em

presa estatal (PEMEX) saldr?a adelante hasta llegar a con

vertirse en la mayor de Latinoam?rica y uno de los pilares centrales de la econom?a nacional. Al petr?leo se a?adieron los ferrocarriles que fueron expropiados antes por C?rdenas como una forma de resolver sus complejos problemas econ? micos. Los gastos del Estado en materia econ?mica aumenta ron los proyectos de irrigaci?n, de construcci?n de carre teras; fueron creadas nuevas instituciones financieras para facilitar estas actividades, surgiendo as? la Nacional Finan ciera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Urbano, Hipotecario y de Obras P?blicas y el de Cr?dito Ejidal. Por primera vez la mayor partida del gasto federal estuvo desti nada a gastos en obras de car?cter econ?mico (el 37.6%) y no al mero mantenimiento del aparato administrativo: hab?a surgido el "Estado activo".25 23 Nacional Financiera, op. cit., p. 57.

24 Clark Reynolds, The Mexican Economy; Twentieth Century

Structure and Growth. New Haven, Conn., Yale University Press, 1970,

p. 61.

25 Wilkie, op. cit., p. 32.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

740

LORENZO MEYER

?C?mo se tradujeron todos estos cambios en la estructur social? Quiz? el fen?meno m?s importante en este aspecto fue la destrucci?n de la hacienda, una de las instituciones centrales que desde la Colonia hab?a moldeado el car?cte de la sociedad mexicana. Durante su periodo presidencial, e general C?rdenas expropi? 18 millones de hect?reas. En 1934, las parcelas ejidales constitu?an apenas el 15% de las tierra bajo cultivo; para 1940 el porcentaje ascend?a al 47%. ?Casi la mitad de la poblaci?n rural hab?a sido beneficiada por e reparto agrario! El n?mero de trabajadores rurales que a?n permanec?an ligados a la hacienda era inferior al mill?n. S hab?a establecido una estructura dual en el agro mexicano; por una parte, las tierras ejidales y por la otra, la propiedad privada. Poco a poco la hacienda ser?a reemplazada en este sector por predios relativamente m?s peque?os pero explo tados con t?cnicas modernas que habr?an de dar paso a un uso m?s intensivo de capital.

Los obreros tambi?n mejoraron su posici?n. El gobierno permiti? hacer uso de la huelga como nunca antes, a fin d "restablecer el equilibrio" entre los factores de la producci?n.

En 1934 hubo 202 huelgas, y en 1937 a 576. La fuerza las demandas obreras: toda salarios, no de acuerdo a la

pero en 1935 la cifra lleg? a 642 del Estado apoy? en gran medid empresa ?se dijo? deb?a pagar lo pura oferta y demanda de mano

de obra en el mercado, sino de acuerdo con su capacidad

econ?mica. Y, seg?n lo se?al? C?rdenas en Monterrey, si al g?n empresario encontraba que ya no le era posible mantene su posici?n en este ambiente de lucha, pod?a retirarse y de jar su establecimiento en manos de una administraci?n obre ra. Las cooperativas de productores crecieron. Es verdad que el proceso inflacionario, resultado de las grandes erogaciones estatales y de la crisis econ?mica que sigui? a la expropiaci?n petrolera, afect? negativamente el poder adquisitivo del obr ro. Sin embargo, fue entonces cuando el porcentaje del Pr

ducto Nacional correspondiente a sueldos y salarios fu

mayor que en el pasado y de lo que ser?a en el futuro.

De acuerdo con el lema adoptado por el PRM el objetivo final de toda la reforma cardenista era la creaci?n de una This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 741 democracia de los trabajadores. Se trataba de superar la or ganizaci?n social capitalista por carecer de una naturaleza

justa. La nueva sociedad mexicana deb?a girar alrededor

de una estructura agraria comunal a la que se le a?adir?a un complejo industrial destinado a servir sus necesidades, y que de preferencia tendr?a un car?cter cooperativo.26 El proyecto nunca lleg? muy lejos. Las posibilidades de este "socialismo mexicano", que pretend?a erigirse como una alternativa al capitalismo, al fascismo y al socialismo sovi?tico, no fueron muchas. Fuertes presiones internas y externas en contra sur gieron desde un principio, y se acentuaron a ra?z de la expro piaci?n petrolera de 1938, terminando por anular la alterna tiva.

La crisis econ?mica, las presiones diplom?ticas, el des contento de numerosos jefes militares que a?oraban el retorno

a la "normalidad", tal como la hab?an conocido durante la ?poca de Calles y la abierta hostilidad de la clase media, en donde hab?an hecho avances ciertas formas de fascismo, obli garon a C?rdenas a retroceder.27 El n?mero de huelgas dis minuy?; un proyecto de ley minera que afectar?a intereses extranjeros en favor de cooperativas nacionales no se pro mulg?; aun el n?mero de hect?reas repartidas disminuy?.

Cuando fue necesario designar al candidato del PRM para

las elecciones de 1940, se escogi? al general Manuel ?vila

Camacho, relativamente conservador, en vez del general Fran cisco J. M?gica, quien dados sus antecedentes hubiera sido el m?s indicado para continuar el programa cardenista.

26 En relaci?n a este punto v?ase, entre otros, a Nathaniel y Silvia

Weyl, "La reconquista de M?xico: los d?as de L?zaro C?rdenas", en

Problemas agr?colas e industriales de M?xico, Vol. 7 (octubre-diciembre de 1955), p. 191; Hubert Herring y Herbert Weinstock (eds.), Renascent Mexico. New York, Covici Friede Publishers, 1935, p. 81-82; Sanford A. Mosk, Industrial Revolution in Mexico. Berkeley, Col., University of California Press, 1950, p. 53-59; Lerner, op. cit., p. 69.

27 Lorenzo Meyer, "Los l?mites de la pol?tica cardenista: la presi?n externa", Revista de la Universidad de M?xico, Vol. XXV, num. 5 (mayo

de 1971).

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

742

LORENZO >1EYER

El Estado mexicano y los reg?menes posrevolucionarios A partir de 1940 M?xico entr? en un proceso de desarro llo muy acelerado que terminar?a por transformar la faz del pa?s con una celeridad nunca vista. Sin embargo, y es intere sante notarlo, las estructuras pol?ticas apenas si sufrieron al teraciones. Parec?a ser que concluida la aventura cardenista la Revoluci?n hab?a dado por terminados sus proyectos de reforma social y pol?tica y en cambio se lanzaba de lleno a una nueva empresa: propiciar el crecimiento econ?mico por todos los medios posibles. En unas cuantas d?cadas se pasar?a de una econom?a basada sustancialmente en las actividades agr?colas a otra, urbana, en que la industria manufacturera dedicada a satisfacer el mercado interno constituyese no s?lo el sector m?s din?mico sino el m?s importante, empezando a necesitar salidas al exterior para una producci?n creciente.

La demanda generada por la segunda guerra mundial, per

miti? que el producto nacional (PN) creciera en esos a?os a un ritmo promedio del 7% anual. Entre 1939 y 1945 las exportaciones crecieron en 100%. Por primera vez las ma nufacturas constituyeron un sector importante en las expor

taciones (alrededor del 25%). La exportaci?n de petr?leo

y minerales baj? definitivamente, pero fue sustituida por una

diversidad de productos de origen agropecuario que permi tieron una cierta estabilidad en la balanza comercial; el d?fi cit comercial se present? de todas formas, pero se le hizo frente con los ingresos originados por el turismo, ya que por primera vez hab?a una corriente importante de visitantes ex tranjeros, particularmente norteamericanos. Los env?os he chos por los numerosos trabajadores mexicanos que acudieron a llenar las vacantes dejadas por los obreros americanos enro lados en el ej?rcito, reforzaron esta corriente de divisas, que ser?a la clave de la industrializaci?n.

Esta industrializaci?n tuvo su origen en el hecho de que algunas de las importaciones mexicanas de bienes de consu mo, que tradicionalmente proven?an de Estados Unidos o Europa, fueron suspendidas a causa de la guerra como, por ejemplo, textiles o ciertos productos qu?micos. La incipiente This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 743 clase empresarial mexicana aprovech? tan favorable coyun tura que eliminaba la competencia y expandi? r?pidamente su actividad. La capacidad industrial instalada pero no utili zada permiti? que la producci?n se expandiera a pesar de lo dif?cil de la importaci?n de maquinaria. Por primera vez se

pudo invertir alrededor del 12% del PN (el 40% de esta

inversi?n fue hecha por el Estado). El capital externo, que durante el Porfiriato fue una pieza clave, perdi? mucha de su importancia. Entre 1939 y 1950 ?nicamente el 8% de la inversi?n total fue hecha con recursos externos. Parec?a que una burgues?a nacional moderna, en estrecha cooperaci?n con el Estado, iba a asumir el papel de verdadera directora del proceso econ?mico. En los a?os sesenta la situaci?n no fue tan clara.

Si bien la importancia cuantitativa de la inversi?n ex tranjera directa (IED) no vari? mucho (en 170 los 35 300 millones de pesos en que se valoraba la IED representaron

el 5.5% de la inversi?n total y el 8.5% de la inversi?n

privada), su importancia cualitativa hab?a aumentado. En 1940 la IED en la industria era de 32 millones de pesos; la cifra para 1970 era superior a los 2 000 millones. Esto le per miti? participar con el 44.7% de la producci?n total del sec tor industrial moderno.28 La ventaja del inversionista extran

jero se encontraba no tanto en su disponibilidad de capital ?en muchos casos lo puede obtener de instituciones financie ras nacionales? sino de su dominio de la tecnolog?a moderna para satisfacer la demanda de bienes de consumo exigidos por los grupos urbanos, con un tipo de consumo similar al de los grandes centros industriales. La dependencia de la tecnolog?a externa ?controlada por las grandes corporaciones interna cionales? ha restado vitalidad e independencia a la burgue 28 En este caso el sector industrial moderno incluye a todas las plan tas con un n?mero de operarios superior a la decena. Las cifras fueron

tomadas de Carlos Bazdresch Parada, "La pol?tica actual hacia la in

versi?n extranjera directa", en Comercio Exterior, Vol. XXII, n?m. Il (noviembre de 1972), p. 1012-1013.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

744

LORENZO MEYER

s?a industrial mexicana que surgi? a la sombra protectora de los gobiernos revolucionarios.29

La industrializaci?n tan acelerada del M?xico contempo r?neo ?las actividades manufactureras contribuyen con el

26.5% del producto interno bruto (PIB) y la agricultura

con el 15.9% 30? se ha debido en buena parte a la extracci?n

de excedentes del sector agropecuario. De este sector pro vienen ?v?a exportaci?n? las divisas para la importaci?n de los bienes de capital, las materias primas y los alimentos para los centros urbanos. En el campo mexicano se observa cada vez m?s una marcada divisi?n entre aquellas zonas y sec tores dedicados a producir para los mercados externos y en donde la producci?n se realiza en extensiones relativamente grandes y con t?cnicas modernas, y la agricultura de subsis tencia, minifundista, que da empleo a la mayor parte de la poblaci?n agr?cola. La agricultura moderna tiende a estar en manos del sector privado y la otra a ser preponderantemente

ejidal, aunque no exclusivamente. En 1960 ?nicamente el 8% de las familias rurales ten?a un ingreso de mil pesos o

m?s, mientras que en los centros urbanos la cifra era de 35%.31

El resultado ha sido la existencia ?y aumento? de una am

plia capa marginal. Se calcula que s?lo 3.8 de los 7.8 millones de campesinos mayores de 18 a?os pueden ser ocupados de manera eficiente.32

En buena parte esta marginalidad rural ha sido la

causa de que sea m?s notoria la marginalidad urbana. El crecimiento de las ciudades en este periodo, en particular

29 Lorenzo Meyer, "Cambio pol?tico y dependencia. M?xico en el siglo xx'\ en Centro de Estudios Internacionales, La pol?tica exterior de M?xico-.realidad y perspectivas. M?xico, El Colegio de M?xico, 1972,

p. 1-38.

30 Leopoldo Sol?s, La realidad econ?mica mexicana: retrovision y perspectivas. M?xico, Siglo XXI Editores, 1970, p. 220.

31 Claudio Stern y Joseph A. Kahl, "Mexico, a Developing Society.

Stratification Since the Revolution", en Kahl (ed.), Comparative Perspec tives on Stratification. Mexico, Great Britain, Japan. Boston, Mass., Lit tle, Brown and Company, 1968, p. 16.

32 Visi?n, 26 de agosto de 1972.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 745 el de la ciudad de M?xico, es notable. El ritmo anual de cre cimiento de la poblaci?n urbana en la ?ltima d?cada ha sido del 5.4% ?bastante m?s alta que la tasa general de aumento de la poblaci?n? y en ciertas ciudades hasta del 14%.33 El sector industrial moderno, que emplea t?cnicas que requieren el uso intensivo de capital, se ha visto imposibilitado para absorber toda la nueva mano de obra que llega cada a?o al mercado de trabajo. El resultado es el desempleo disfrazado y la proliferaci?n de tugurios. S?lo una capa relativamente peque?a de trabajadores empleados en la gran industria ha recibido los beneficios del crecimiento econ?mico contempo r?neo. ?nicamente el 35% de la fuerza de trabajo industrial est? sindicalizada y se concentra en este sector, que es el m?s capacitado para defender su posici?n relativa en la pir?mide social.34 La clase media ha crecido. Los c?lculos son muy deficien

tes, pero alrededor del 20% o 30% de los 50 millones de

mexicanos han sido clasificados como clase media. Por prime

ra vez en su historia el pa?s cuenta con un sector medio

importante, producto de la expansi?n industrial y de los ser vicios del Estado. A mediados de los sesenta este sector dis

pon?a del 26% del total de los ingresos personales seg?n cier tos c?lculos aproximados; hab?a mejorado en 5% su posici?n respecto a 1950, pero a expensas de las capas inferiores m?s

que de las superiores. En 1950 el 50% de la poblaci?n colo cada en los estratos inferiores recibi? el 19% del ingreso; 33 Para u?a visi?n cuantitativa del problema, puede verse, entre otros,

a V?ctor L. Urquidi, "Perfil general: econom?a y poblaci?n", en David Ibarra et al, El perfil de M?xico en 1980. M?xico, Siglo XXI Editores, S. A., 1970; Stern y Kahl, op. cit., p. 14. Para una visi?n cualitativa a trav?s de un caso de estudio, ver Lourdes Arizpe, "Rostros ind?genas", Di?logos, Vol. 8, n?m. 6 (noviembre-dimiembre de 1972), p. 15-18.

34 Carlos Tello, "Un intento de an?lisis de la distribuci?n personal del ingreso", en Miguel S. Wionczeck (ed.), Disyuntivas sociales. Pre sente y futuro de la sociedad mexicana. M?xico, Secretar?a de Educaci?n

P?blica, 1971, Col. Sepsetentas, p. 33; Jorge Basurto, "Obst?culos al cambio en el movimiento obrero", en... El perfil de M?xico en 1980, Vol, III. M?xico, Siglo XXI Editores, S. A., ?971, p. 62-66.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

746

LORENZO MEYER

para 1964 su participaci?n hab?a disminuido al 15%. En cam bio el 20% colocado en los pelda?os superiores casi mantuvo intacta su posici?n, pasando del 60% al 59% en ese mismo periodo.35 La contrapartida de esta concentraci?n de ingresos est? correlacionada con una concentraci?n de la actividad eco

n?mica; por ejemplo, en 1965 hab?a en M?xico 136 000 esta blecimientos industriales, pero el 77% de esa inversi?n se encontraba en el 1.5% de las empresas; las 407 empresas de mayor tama?o ?que representaban ?nicamente el 0.3% del to tal? pose?an el 46% de todo el capital invertido. Este mismo fen?meno se puede observar en el sector comercial y en el sector agr?cola privado.36

No es necesario acumular muchos indicadores para llegar a tener la imagen de la estructura social sobre la cual se asien ta el Estado mexicano contempor?neo. El proceso de indus trializaci?n y el contexto pol?tico dentro del cual tuvo lugar, propiciaron una distribuci?n particularmente unilateral de los beneficios del esfuerzo colectivo. Aun para patrones lati noamericanos, la concentraci?n del ingreso en las capas altas mexicanas es sorprendente. Y esto se dio sin que el sistema pol?tico se viera afectado por posibles demandas reivindica tivas provenientes de los grupos menos favorecidos, lo cual muestra lo efectivo del control pol?tico sobre ellos.

Para comprender la naturaleza de este control es necesa rio examinar c?mo se emple? la estructura institucional que C?rdenas hered? a sus sucesores. Los cambios formales han sido pocos; el primero consisti? en reducir de cuatro a tres los

sectores que compon?an el partido, eliminando el sector mi litar. A ?ste se le hab?a incorporado dentro del partido como

una forma de control, pero pasada la crisis de la sucesi?n de C?rdenas, ?vila Camacho lo retir? formalmente de la arena pol?tica. A partir de entonces el poder del ej?rcito dis minuy? notablemente ?aunque sin llegar a desaparecer? en 35 Carlos Tello, op cit., p. 17; Ingenia Navarrete, "La distribuci?n del ingreso en M?xico: tendencias y perspectivas", en David Ibarra et al., op. cit., p. 39-41.

36 Tello, op. cit., p. 23-29.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 747 favor del Poder Ejecutivo. La segunda modificaci?n tuvo lu gar en 1943, cuando se cre? la Confederaci?n Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) que fue la contrapartida de la CNC y la CTM en relaci?n al sector popular. La CNOP no cesar?a de crecer e incorporar las m?s diversas organiza

ciones en su seno, desde una uni?n de limpiabotas hasta otra de ganaderos, pasando por organizaciones de profesionistas; los sectores medios tienen un claro predominio en la CNOP y ?sta una posici?n muy fuerte dentro del partido, ganada en buena medida en detrimento del sector campesino. Para 1946 el PRM se reestructur? y surgi? el Partido Revolucio nario Institucional (PRI), que ya no ten?a como meta formal una democracia de los trabajadores, sino el desarrollo econ? mico a trav?s de una colaboraci?n entre las clases.

El PRI ha sido capaz de absorber a trav?s de la CNOP a casi todas las organizaciones funcionales de peque?os pro pietarios y prestatarios de servicios que han ido surgiendo como consecuencia del crecimiento y la diversificaci?n econ? mica. El movimiento obrero no lleg? a unificarse; la CTM se mantuvo como la central m?s importante pero no la ?nica.

Sin embargo, sus rivales m?s cercanos, como la CROM, la CROC y varios sindicatos independientes, han sido absorbi dos por el partido; posiblemente la existencia de focos de poder competitivos en este campo no sea vista con desagrado por las autoridades centrales pues aumenta sus posibilidades

de maniobra. La CNC se mantuvo como la ?nica organiza ci?n campesina hasta que en los a?os sesenta surgi? un rival:

la Confederaci?n Campesina Independiente (CCI), pero no pas? mucho tiempo antes de que ?sta se dividiera y su ala m?s numerosa se incorporara al partido oficial aunque sin perder su identidad. La cooptaci?n ha sido sistem?tica.

Aquellos que no aceptaron ingresar al partido por propia

voluntad y acatar su disciplina y/o mantuvieron una actitud independiente, tuvieron que confrontar el dilema de absor ci?n o violencia. Tal fue el caso de los ferrocarrileros y los maestros en los a?os cincuenta o la CCI en los sesenta.

La oposici?n electoral sigui? siendo tan est?ril como en el pasado. En algunos momentos parte de la ?lite dirigente se This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

748

LORENZO MEYER

separ? del n?cleo central y se present? como disidente; tal fue el caso de Ezequiel Padilla en 1946 y Miguel Henr?quez Guzm?n en 1952. Oficialmente perdieron la elecci?n por am

plio margen y nada qued? de su oposici?n. Los peque?os partidos de oposici?n permanentes ?PAN, PPS, PNM,

PARM? sobrevivieron en buena medida porque se compor taron como loyal opposition; su presencia legitim? la he

gemon?a del PRI en la medida en que se dio la apariencia de un sistema pluripartidista pero sin afectar su contenido autoritario. S?lo el PAN, que desde una posici?n m?s o me nos conservadora pide el cumplimiento efectivo de ciertos preceptos constitucionales, ha logrado crear una base electo ral de cierta importancia en las zonas urbanas as? como en los dos extremos geogr?ficos del pa?s. Sin embargo, ha sido impotente para evitar que en determinados momentos se anu len o alteren votaciones ganadas por ?l.37 Los partidos o grupos de oposici?n cuya actividad no ha sido "legitimada" por el Estado han encontrado una oposi ci?n permanente y en muchas ocasiones violenta, sin importar

las garant?as que la Constituci?n en principio les otorga, y en ning?n momento se les ha permitido entrar en contacto con los sectores populares a fin de evitar que logren formar una base de acci?n que rebase los reducidos c?rculos de clase media en los que nacen y se desarrollan. ?se ha sido el caso del Partido Comunista, del Frente Electoral del Pueblo o del movimiento estudiantil de 1968, para s?lo mencionar algu

nos ejemplos. La oposici?n no ideol?gica ?oposici?n a per

sonas o pol?ticas determinadas? se ha dado sobre todo en el campo y, en este caso, la respuesta del Estado ha sido siste m?ticamente m?s represiva y dura. La violencia en el campo mexicano parece ser end?mica; s?lo los conflictos m?s espec taculares llegan a ser conocidos por el reducido sector que forma la "opini?n p?blica''.38 37 Como ejemplo de fraude electoral, puede consultarse a Blanca Torres, "The PAN. A Case-Study of the Party in Yucat?n" (tesis de B. Ph., Universidad de Oxford, Inglaterra, 1971).

38 Un indicador de esta violencia lo constituyen las noticias que al

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 749 La p?rdida de autonom?a del PRM respecto al presidente se acentu? con el PRI. Los d?biles intentos por democrati zar su estructura interna en los sesentas fracasaron. El poder dentro del partido reside no en la Asamblea Nacional, sino en el Comit? Ejecutivo Nacional y, en particular, en su pre sidente y la designaci?n de este funcionario la hace, en reali dad, el Presidente de la Rep?blica y la Asamblea ?nicamente la ratifica. La designaci?n de los candidatos del partido se hace a trav?s de ?n mecanismo que coordina las decisiones del Jefe del Poder Ejecutivo, su secretario de Gobernaci?n, el presidente del partido, los dirigentes de sus tres sectores y los

gobernadores de los Estados, seg?n el caso. Desde luego, la opini?n decisiva es la del Presidente de la Rep?blica, pero debe estar basada en una cierta aceptaci?n de la relaci?n de fuerzas existentes en la entidad donde se vaya a designar el candidato.39 As? pues, la simbiosis entre partido y gobierno es casi total y, por ello, en gran parte, el PRI no es un par tido pol?tico en el sentido tradicional, sino una organizaci?n gubernamental encargada de coordinar los procesos electora les (cuyo sentido no es realmente el de elegir entre varias alternativas, sino legitimar las decisiones tomadas por el go bierno) , movilizar y disciplinar a los miembros de sus orga nizaciones y avalar las pol?ticas gubernamentales, en cuya formulaci?n no tiene injerencia efectiva.

El proceso de centralizaci?n que tiene lugar dentro del partido se rejpite a otros niveles. El sistema federal no fun ciona. En primer t?rmino, puede mencionarse que el gobierno

central recibe alrededor del 90% del total de los recursos a disposici?n del Estado; as?, pues, la dependencia regional en relaci?n al gobierno federal es muy grande. De igual manera, la selecci?n de los l?deres pol?ticos estatales queda a cargo

respecto se publican semanalmente en el peri?dico El D?a, en la peque?a secci?n dedicada al examen de los problemas del campo.

39 Una buena descripci?n de este proceso se encuentra en Manuel

Moreno S?nchez, Crisis pol?tica de M?xico. M?xico, Editorial Extem por?neos, S. A., 1970, p. 160-162.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

750

LORENZO MEYER

del Presidente de la Rep?blica, quien en ?ltima instancia

puede usar, por su control sobre el Congreso, el arma de la desaparici?n de los poderes estatales para deshacerse de aque llas administraciones locales ?generalmente heredadas del sexenio anterior? que no siguen las directivas del centro.

Finalmente, el Presidente usa a los jefes de las diversas zonas militares como una fuerza equilibradora del poder detentado por los gobernadores.40

La divisi?n de poderes que la teor?a cl?sica de la demo cracia liberal considera como uno de los requisitos indispen

sables para evitar los abusos del Estado en relaci?n a los

derechos del ciudadano individual, tampoco funciona en la pr?ctica mexicana. Por una parte, el Senado ha estado domi nado enteramente por miembros del PRI y s?lo en los ?lti mos a?os se ha concedido una representaci?n a los partidos reconocidos por el r?gimen en la c?mara de diputados y no porque se les hayan reconocido victorias en ciertos distritos, sino en relaci?n al n?mero de votos recabados en toda la

Rep?blica. En todo caso, estos "diputados de partido" no pueden ser m?s de veinte. Hasta la fecha no se ha dado el caso de que el Poder Legislativo rechace un proyecto de ley que le ha enviado el Ejecutivo; cuando llega a existir oposici?n, ?sta es m?nima y s?lo de car?cter simb?lico. El Poder Judicial

ha disentido del Ejecutivo principalmente en relaci?n a me didas que afectan a intereses econ?micos poderosos y, en este caso, su disensi?n funciona como una v?lvula de seguridad para el sistema.41 A partir de 1940, las relaciones de M?xico con el exterior pierden mucho del car?cter conflictivo tenido hasta ese momento. Cuando la segunda guerra mundial esta lla, el pa?s se solidariza sin reservas con el grupo que saldr?a vencedor en la contienda. A cambio de su cooperaci?n se solucionan problemas tan dif?ciles como la compensaci?n de las compa??as petroleras expropiadas, el pago de la deuda externa, de las reclamaciones por da?os a los extranjeros du 40 Pablo Gonz?lez Casanova, La democracia en M?xico. M?xico, 3? ed. Ediciones Era, S. A., 1969, p. 37-47.

41 Ibid., p. 33-37.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EL ESTADO MEXICANO CONTEMPOR?NEO 751 rante la lucha civil, etc. Concluida la guerra, M?xico no se separa de la l?nea internacional trazada por Washington a los pa?ses latinoamericanos; en el sistema bipolar producido por la "guerra fr?a" M?xico da un apoyo discreto, pero ade cuado, a los Estados Unidos. Dada la herencia nacionalista de la Revoluci?n de 1910, M?xico mantiene una cierta dis tancia de las pol?ticas norteamericanas, que al no disentir en lo fundamental de ?stas, le es tolerada por el centro hege m?nico. Surge as? la llamada "relaci?n especiar' con los Es tados Unidos, relaci?n que le permite a M?xico no apoyar la declaraci?n de Caracas contra el gobierno guatemalteco presidido por Jacobo Arbenz, ni romper relaciones con la Cuba revolucionaria de Fidel Castro o condenar la invasi?n de la Rep?blica Dominicana por fuerzas de Estados Unidos en los sesentas. A cambio de esto, M?xico no busca pros?litos para su posici?n entre los otros pa?ses del hemisferio ni en torpece el fondo de las pol?ticas de Washington en la regi?n.42

Todo esto lleva a m?ltiples declaraciones de amistad y soli daridad entre los gobiernos mexicano y norteamericano. Este apoyo dado a los reg?menes posrevolucionarios por la poten cia hegem?nica, de alguna manera les fortalece y fortalece al Estado mexicano.

No hay duda de que las desviaciones propiciadas por el r?gimen mexicano actual en relaci?n a los patrones ideales de democracia liberal han incrementado la importancia y la fuerza del Estado en relaci?n a las otras fuerzas sociales. Dado el car?cter autoritario del r?gimen, la ?lite pol?tica ha tra tado de mantenerse como el arbitro de las relaciones entre los principales grupos organizados que act?an dentro del sis tema pol?tico. Hasta cierto punto lo ha logrado apoy?ndose ahora en un grupo contra otro, ahora cambiando sus alian zas, pero el modelo tiene varios puntos de conflicto. El des 42 En relaci?n a este punto, v?ase Mario Ojeda G?mez, "El perfil

internacional de M?xico en 1980", en Jorge Basurto et al., op. cit., p. 289-324; Olga Pellicer, M?xico y la Revoluci?n Cubana. M?xico, El

Colegio de M?xico, 1972; Lorenzo Meyer, "Cambio pol?tico y depen dencia ... ", op. cit.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

752

LORENZO MEYER

arrollo econ?mico que se dio a partir de 1940, o crecimiento como sostienen otros, se hizo beneficiando excesivamente a la empresa privada en detrimento de otros grupos. Esto le ha ido confiriendo un poder tal, que si bien no se puede decir

que ha comenzado a imponer sus decisiones sobre aquellas provenientes de la ?lite pol?tica, no hay duda que adquiri? ya un poder de veto. Y esto se ha demostrado en la forma como frustr? una pol?tica gubernamental que a principios de los sesentas pretendi? introducir algunas modestas refor mas en el modelo de crecimiento.43 En la actualidad, este enfrentamiento sordo, pero real, entre el poder estatal diri gido por la administraci?n de Echeverr?a y los intereses eco n?micos m?s privilegiados, constituye el principal contenido de la problem?tica pol?tica mexicana.

Hay otro punto de tensi?n. Si bien se han logrado con trolar las manifestaciones de los disidentes que se encuentran fuera del "establishment", esto no quiere decir que la lucha pol?tica se haya detenido. En realidad ?sta se da dentro del heterog?neo c?rculo gobernante. Las fuerzas en pugna se agru

pan alrededor de unos cuantos miembros prominentes de la ?lite, que son verdaderos centros de "estrellas de poder" cu

yas ramificaciones se encuentran a todo lo ancho y largo de la

estructura administrativa y partidaria. El objetivo central de estos grupos es acumular el m?ximo posible de poder para influir decisivamente sobre el presidente en el momento en que ?ste tenga que elegir a su sucesor. En determinadas cir cunstancias, el choque de estos grupos les puede llevar a bus car aliados fuera de las estructuras administrativas y/o buscar

minar la posici?n de sus competidores a trav?s de pol?ticas

que ponen en peligro al sistema en su conjunto, pues la

mejor t?ctica es crear o fomentar problemas que pongan en entredicho la capacidad pol?tica de los rivales para mantener bajo control aquella parcela de la realidad pol?tica y social que se ha colocado bajo su tutela.

43 Algunas consideraciones interesantes en torno a este punto se en

cuentran en la obra de Kenneth F. Johnson, Mexican Democracy: A

Critical View. Boston, Mass., Allyn and Bacon, Inc., 1971, p. 59-84.

This content downloaded from 204.52.135.181 on Mon, 25 Sep 2017 05:29:28 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms