Historia mexicana 134 volumen 34 número 2

HISTORIA MEXICANA

VOL. XXXIV OCTUBRE-DICIEMBRE, 1984 N?M. 2 $ 800.00 M.N

134

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HISTORIA MEXICANA 134

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Vi?eta de la portada: Madero y sus partidarios, grabado de Jos? Guadalupe Posada [?1911?], Posada popular Mexican prints, Nueva

York, Dover, 1972.

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HISTORIA MEXICANA

Revista trimestral publicada por el Centro de Estudios

Hist?ricos de El Colegio de M?xico Fundador: Daniel Cos?o Villegas

Redactor: Luis Muro Consejo de Redacci?n: Carlos Sempat Assadourian, Jan Bazant, Romana Falc?n, Bernardo Garc?a Mart?nez, Virginia Gonz?lez Claver?n, Mois?s Gonz?lez Navarro, Alicia Hern?ndez Ch?vez, Clara Lida, Andr?s Lira, Alfonso Mart?nez, Rodolfo Pastor, Anne Staples, Dorothy Tanck, Elias Trabulse, Berta Ulloa, Josefina Zoraida V?zquez.

VOL. XXXIV OCTUBRE-DICIEMBRE, 1984 NUM. 2 $ 800.00 M.N.

SUMARIO Art?culos

Alicia Hern?ndez Ch?vez: Militares y negocios en voluci?n Mexicana 181

Hans Werner Tobler: La burgues?a revolucionaria

xico: su origen y su papel, 1915-1935 213 Paul Garner: Autoritarismo revolucionario en el M?x

vincial: el carrancismoy el gobierno preconstitucional e

ca, 1915-1920 238

Lorenzo Meyer: La Revoluci?n Mexicana y las potenci

glosajonas 300

Mois?s Gonz?lez Navarro: La obra social de L?zaro C?rdenas 353 Examen de libros sobre Don M. Coerver y Linda B. Hall: Texas and the Mexican Revolution: a study in state and national border po

licy, 1910-1020 (Lawrence Douglas Taylor Hanson) 375

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La responsabilidad por los art?culos y las rese?as es estrictamente personal de sus autores. Son

ajenos a ella, en consecuencia, la revista, El Colegio y las instituciones a que est?n asociados los autores.

Historia Mexicana aparece los d?as lo. de julio, octubre, enero y abril de cada a?o. El n?mero suelto vale en el interior del pa?s $800.00 y en el extranjero Dis. 8.75;

la suscripci?n anual, respectivamente, $2 500.00 y Dis. 34.00. N?meros atrasados,

en el pa?s $900.00; en el extranjero Dis. 9.50.

? El Colegio deM?xico, A.C. Camino al Ajusco 20 Pedregal de Sta. Teresa 10740 M?xico, D.F.

ISSN 0185-0172 Impreso y hecho en M?xico Printed in Mexico

por

Programas Educativos, S.A., Chabacano 65-A, 06850 M?xico, D.F. Fotocomposici?n y formaci?n: Redacta, S.A.

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MILITARES Y NEGOCIOS EN LA REVOLUCI?N MEXICANA* Alicia Hern?ndez Ch?vez El Colegio de M?xico

En octubre de 1915 el gobierno de Venustiano Carranza re cibi? el reconocimiento defacto de los Estados Unidos de Nor team?rica, el cual signific? que se aceptaba como la facci?n triunfante y que los otros movimientos, villista y zapatista, quedaban relegados a la condici?n de rebeldes. A partir de ese momento se debi? iniciar una etapa de consolidaci?n y deslinde de funciones civiles y militares entre gobierno y ej?r

cito constitucionalista. Sin embargo no sucedi? as?. Una

variedad de circunstancias impedir?an la organizaci?n y de sarrollo de un estado civil fuerte y un ej?rcito nacional profe

sional a su servicio. En lugar de que el gobierno lograra cen tralizarse y controlar el poder militar, ?ste se regionaliz? y

se fortalecieron s?lo unos cuantos jefes militares. As? se inte rrumpi? la posibilidad de organizar e integrar a las facciones en armas en un ej?rcito nacional, desarroll?ndose cacicazgos militares de ?ndole personal.

Examinaremos aqu? algunos rasgos distintivos del poder de los jefes militares constitucionalistas de mayor peso en los primeros a?os de sus gobiernos, es decir desde finales de 1915 a 1920. El an?lisis se concentra en la divisi?n y consiguiente autonom?a del mando militar y c?mo ?sta propicia una rela * Una versi?n preliminar de este art?culo se present? en el Research Workshop on The Role of the Military in Mexican Politics and Society: A Reassessment; University of California, San Diego, marzo de 1984. Parte de esta investigaci?n la patrocin? e\ Joint Committee on Latin American Studies of the Social Science Research Council y el American Council of Learned Soci?t?s con fondos del National Endowment for the Humanities, Mellon Foundation y Ford

Foundation.

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ci?n particular entre militares y negocios en las zonas de ope

raciones. Los hechos esenciales ocurren a partir de 1915. Con la derrota de Villa y el reconocimiento defacto por parte de

Estados Unidos, los jefes constitucionalistas lanzaron una ofen

siva general y ocuparon paso a paso el territorio mexicano; a medida que conquistaron nuevas regiones tuvieron dos prio ridades: la primera, necesaria, fue consolidar la ocupaci?n militar; la segunda, intervenir en los negocios de la regi?n.

La estrecha relaci?n que se desarroll? entre el militar y el po l?tico con el mundo de la econom?a es un tema que apasiona al estudioso del sistema pol?tico mexicano y que exige una explicaci?n hist?rica. Las preguntas esenciales son: ?por qu? y c?mo participaron en esos negocios?, ?para qu? usaron ese poder econ?mico?, ?qu? destino tuvieron esos fondos?

Las derrotas de Villa en ?bano, Tamaulipas, en Celaya

y Le?n, Guanajuato, iniciaron el derrumbe del villismo y por consiguiente el del ?nico ej?rcito capaz de poner en peligro la hegemon?a del carrancismo. Mientras Carranza estable ci? provisionalmente su gobierno en Veracruz, ambos Cuer pos de Ej?rcito, el del noroeste bajo el mando de Alvaro Obre g?n y el del noreste bajo el mando accidental de Jacinto B. Trevi?o, agruparon sus efectivos contra el villismo y de abril a septiembre de 1915 recuperaron San Luis Potos?, Zacate cas, Aguascalientes, Durango, Coahuila, Nuevo Le?n y Chi

huahua. En el centro del pa?s, el general Manuel M. Di? guez domin? la regi?n del Baj?o, Colima y Michoac?n. El Valle de M?xico y la zona zapatista quedaron bajo la juris

dicci?n del Cuerpo de Ej?rcito de Oriente, bajo el mando de Pablo Gonz?lez. Hacia el sureste partieron Salvador Alvara do y Jes?s Agust?n Castro.

Todo parec?a favorecer una recuperaci?n del control ca rrancista del pa?s. En un ?ltimo esfuerzo por invertir la si tuaci?n imperante, en marzo de 1916 Francisco Villa atac?

Columbus, Nuevo M?xico. Los norteamericanos respondie ron con el env?o de la expedici?n punitiva al mando del ge neral Pershing, que penetr? en territorio mexicano y no se retirar?a hasta febrero de 1917.1 1 FV.AM., 7N-1716, correspondencia del coronel Vignal con el mi

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MILITARES Y NEGOCIOS

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La expedici?n punitiva, inicialmente peque?a y de unos

6 000 hombres, trastoc? el panorama pol?tico. En primer lu gar se suspendi? el env?o de armas y municiones de Estados Unidos a M?xico, lo cual obstaculiz? la pacificaci?n del pa?s.

Los pr?stamos bancarios que gestionaban los constituciona listas en el extranjero se interrumpieron tambi?n. Como re sultado de todo esto, al carecer de dinero y armas, Carranza se vio obligado a conceder privilegios especiales a los jefes cons

titucionalistas que operaban en las regiones en rebeli?n. As? se gener? una situaci?n pol?tica interna que favoreci? el re gionalismo y los cacicazgos de un pu?ado de jefes militares.

I. El Primer Jefe, sus generales y cotos Como Primer Jefe ?de 1913 a 1917? y despu?s como presi dente del pa?s de 1917 a 1920, Carranza, m?s que encontrarse respaldado por un ej?rcito nacional, se encontr? frente a un mando militar dividido. Si bien es cierto que cada uno de los jefes militares, en mayor o menor medida, depend?an de ?l para ser aprovisionados, para obtener ascensos en campa?a, para ser asignados o transferidos a las zonas militares impor tantes del pa?s o, si ca?an en desgracia, para ser castigados con comisiones de segunda, tambi?n es cierto que Carranza no cont? con un ej?rcito propio en el sentido que lo tuvieron

Francisco Villa o Emiliano Zapata. La primera jefatura de don Venustiano radicaba en su poder de asignar recursos y as? retener la ascendencia sobre los jefes constitucionalistas.

Carranza conserv? con gran habilidad su jefatura en la pri mera etapa de la guerra, cuando se autonombr? Primer Jefe del Ej?rcito Constitucionalista, de marzo de 1913 hasta la de rrota del ej?rcito federal en agosto de 1914.

Sin embargo, en el periodo de debates de la Convenci?n de Aguascalientes, a finales de 1914, Carranza se enfrent?

a una situaci?n sumamente inestable: una vez derrotado

Huerta, las principales facciones militares se reunieron en nistro de Guerra de Francia, marzo-junio, 1916 y Katz, 1978, pp.

101-130.

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ALICIA HERN?NDEZ CH?VEZ

Aguascalientes con el prop?sito de conciliar intereses y en contrar una f?rmula que hiciera posible la designaci?n del

presidente de la Rep?blica y la consiguiente pacificaci?n

del pa?s. Los convencionistas encontraron, en ese momen to, una soluci?n pol?tica al conflicto armado que supon?a la renuncia de Carranza como Primer Jefe y lo invalidaba como futuro presidente; en t?rminos semejantes se plante? el retiro pol?tico-militar de Francisco Villa. La imposibilidad de todos de llegar a un acuerdo y el dominio creciente de los villistas y zapatistas en la Convenci?n, decidi? a gran parte d? los jefes militares, encabezados primero por Pablo Gon z?lez y luego por Alvaro Obreg?n, a retirarse y dar su apoyo

a Carranza.2

Sin embargo, el puesto del Primer Jefe se encontraba de bilitado y Carranza sab?a que el simple hecho de que su lide razgo se hubiera puesto en tela de juicio lo colocaba en una situaci?n delicada. Su gran acierto fue replegarse a Veracruz a principios de 1915 y obtener una posici?n de fuerza impor tante que le permitir?a recuperar su condici?n de Primer Jefe.

2 La decisi?n de Obreg?n de sostener a Carranza fue crucial en el ba lance del poder militar de ese momento. Obreg?n tuvo razones de peso para retirarse de la Convenci?n de Aguascalientes; ?sta cay? en poder de los villistas al perder los constitucionalistas el dominio inicial. En esas con diciones, Obreg?n qued? sin fuerza real dentro de la Convenci?n; sab?a que antes de ?l figurar?an Francisco Villa y Felipe Angeles, quedando, en el mejor de los casos, en un sitio de tercera. Por el contrario, al lado de Carranza permanecer?a como personaje militar de primer orden. Para un an?lisis de la decisi?n de Obreg?n de dar su apoyo a Carranza, Hern?ndez Cha vez, s/f. Este trabajo se apoya en una investigaci?n m?s amplia sobre el ej?rcito mexicano que se publicar? como libro. V?ase tambi?n el archi vo del general de divisi?n Juan Barrag?n (FJB), en el que se encuentra abundante correspondencia entre Carranza, durante su estancia en Vera cruz, y los principales militares, de manera principal Obreg?n y Pablo Gon

z?lez. En dicha documentaci?n se puede analizar el papel de Obreg?n en la convenci?n, su decisi?n final de apoyo a Carranza, as? como la inesta ble posici?n de ?ste, entre octubre y noviembre de 1914. Deseo agradecer a Roberto Moreno de los Arcos el haberme facilitado el acceso a ese archi vo en 1979, cuando comenzaba a ser clasificado.

Barrag?n, ii, p. 125, dice que lo que m?s influy? en el ?nimo de Obre g?n para dar su apoyo a Carranza fue que ni Di?guez en Jalisco, ni Calles en Sonora, le dar?an apoyo militar en contra de Carranza.

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Veracruz y su puerto representaban la fuente de ingresos m?s

importante; su aduana captaba dos terceras partes de los im puestos del pa?s. En diciembre de 1914 Carranza puso a Luis Cabrera, un abogado y pol?tico sagaz, al frente de las finan zas constitucion?listas y coloc? a representantes financieros en ciudades clave norteamericanas. De esta manera capt? y control? un porcentaje importante de recursos econ?micos que le permitieron recuperar el mando sobre los diferentes Cuer

pos de Ej?rcito del constitucionalismo. Con gran rapidez el gobierno en Veracruz comenz? a ser la fuente exclusiva de

dinero y armas de los principales jefes constitucion?listas y as? se rehizo como centro coordinador de las facciones en armas.

A su vez libr? una intensa guerra diplom?tica en los pasi llos de la pol?tica norteamericana, para lo cual contrat? los servicios del despacho de Hopkins and Hopkins, en Washing ton, D.C., conocido desde 1870 por tener la mejor fuente de informaci?n respecto a asuntos extranjeros y por dedicarse a velar por los intereses de empresas y grupos extranjeros.

Sherbourne Hopkins era el abogado de la Water Pierce Co., cuyos intereses en M?xico estaban representados por la Stan dard OH. Adem?s de ser asesor del gobierno guatemalteco fue promotor de la revoluci?n de 1909-1910 en Nicaragua, donde favoreci? los intereses de la Standard OH. En M?xico, Hopkins

era conocido por los servicios prestados a la revoluci?n ma derista; Carranza tambi?n mantuvo una estrecha relaci?n con el prominente impulsor de revoluciones latinoamericanas. A su vez, se vali? del ascendiente pol?tico de personajes como el juez Chas A. Douglas, amigo ?ntimo de W. Jennings Bryan,

del Departamento de Estado, y de otros igualmente bien re lacionados como Richard L. Metcalfe, Duval West y Richard

H. Cole.3 Fue as? que el gobierno carrancista lleg? a desa 3 Cfr. AHDN, xi. 481.5, cajas 96, 97, 98 (1914-1915); en ellas se en cuentran informes de Eliseo Arredondo, primo de Carranza y su agente confidencial en Washington, acerca de las gestiones de los diversos cabil deros en aquella capital en favor del constitucionalismo, y AVC, caja 27, L. 2770 (1915) y tambi?n AJBTr, correspondencia de Arredondo, agente confidencial en Washington, con Carranza (1915); NAW (MID), RG. 165, 6398/5-6, Office of the Military Attach? in Guatemala City, y RG. 165,

10640/2413. Carranza y Hopkins mantuvieron una relaci?n tan estrecha

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rrollar una importante red de contactos financieros y diplo

m?ticos en Estados Unidos.

Carranza dej? el territorio interior b?sicamente en ma nos de Villa y Zapata mientras ?l y sus generales se concen traban estrat?gicamente en la periferia del pa?s. Su objetivo fue conservar los puertos fronterizos, terrestres y mar?timos

y reorganizar r?pidamente las agencias aduanales para que quedaran en manos del gobierno o de socios mexicanos. Como veremos, con esta sola medida logr? controlar una entrada importante de divisas. Otro acierto b?sico de Carranza fue poder garantizar el abastecimiento de sus fuerzas por v?a ma r?tima, ya que la comunicaci?n por tierra era sumamente in segura. Los buques militares de la Secretar?a de Guerra y Ma rina pasaron bajo su control directo. As? regul? y coordin? el transporte de pertrechos de guerra y abastecimientos de Estados Unidos y Europa que desembarcaban en Tampico, Veracruz y Puerto M?xico. El transporte de pertrechos ha cia los puertos del Pac?fico se hac?a en el ferrocarril de Te huantepec y en el de Salina Cruz se embarcaban por el servi cio de la costa hacia Acapulco, Manzanillo o Mazatl?n. De cualquiera de estos puertos los materiales b?licos y alimentos se redistribu?an en el interior del pa?s a las fuerzas militares

carrancistas.4

Las ganancias y poder que as? obtuvo le permitieron re distribuir a su arbitrio dinero, armas y aprovisionamientos a los diferentes jefes militares. Estas remesas exigieron un de

licado equilibrio entre las necesidades de guerra de los dife rentes generales y la intenci?n de Carranza de no dar dema siada fuerza a ninguno de sus subordinados. As?, como parte

que exist?a una clave telegr?fica confidencial entre ambos. Cfr. NAW (MID), RG. 165, 10531-150, Cipher: V. Carranza and S. G. Hopkins, General Mc'intyre's Office, sept. 1, 1914. El archivo del general Barrag?n es esencial para analizar c?mo Carranza logra regular las actividades de los principa les jefes constitucion?listas. V?ase tambi?n Cumberland, 1980, pp. 178-179.

4 Hern?ndez Ch?vez, s/f., Cap. "La estrategia militar de Carranza".

La historia de la marina mexicana, hasta ahora desconocida, merece un estudio especial. Su colaboraci?n fue fundamental al lado de los constitu cion?listas, sobre todo a partir de 1914, despu?s de la disoluci?n del Ej?r cito Federal.

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de su estrategia pol?tica y militar el Primer Jefe logr? mante

ner geogr?ficamente separado a este pu?ado de jefes milita res, de tal suerte que Salvador Alvarado, sinaloense, tuvo di ficultades con los sonorenses y fue trasladado en 1915 a la pen?nsula de Yucat?n. Aislado del resto del pa?s, Alvarado qued? como responsable de enviar a Carranza los productos

del henequ?n.

Otro general, Jes?s Agust?n Castro, de Durango, tambi?n

tuvo una relaci?n conflictiva con Pablo Gonz?lez, jefe del ej?r

cito del noreste; en 1915 fue trasladado al sureste. Su comi si?n inmediata fue licenciar al antiguo ej?rcito federal, luego resguardar la regi?n de Chiapas y Oaxaca. La tarea no fue f?cil. Unos antiguos caciques de Oaxaca se declararon en re

beld?a proclamando soberano e independiente al estado. A su vez, en Chiapas, los finqueros empu?aron las armas para defender sus propiedades y privilegios pol?ticos frente al ej?r cito constitucionalista, cuya llegada resintieron como una ocu

paci?n y violaci?n a la soberan?a chiapaneca.5 La misi?n de Jes?s Agust?n Castro fue especialmente delicada: impidi? que la contrarrevoluci?n prosperara en la frontera con Guatema la, garantiz? la producci?n cafetalera de la regi?n y, lo m?s importante, mantuvo la comunicaci?n ferroviaria abierta por

el istmo de Tehuantepec. Este tr?nsito entre ambos oc?anos fue vital para el ?xito militar carrancista: por all? se abaste cieron los ej?rcitos en ambas costas.

Tanto Salvador Alvarado como Jes?s Agust?n Castro res guardaron dos de los sectores de exportaci?n m?s importan

tes. Las utilidades que se obtuvieron de la venta de estos

productos en el exterior fueron elevad?simas y permitieron al gobierno de Carranza afrontar en los a?os cr?ticos de lucha los crecientes gastos militares. Salvador Alvarado y Jes?s Agust?n Castro estuvieron bastante aislados de otros jefes mi litares carrancistas, no s?lo por la geograf?a, sino tambi?n por

las funciones que cumpl?an. M?s que guerreros fueron ad ministradores de zonas econ?micamente ricas y empresarios coyunturales que se abocaron a captar recursos financieros

para el gobierno.

5 Cfr. Hern?ndez Ch?vez, 1979, pp. 335-369.

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El general C?ndido Aguilar ?despu?s yerno de Carran za?, cumpli? en Veracruz funciones similares a las de Sal vador Alvarado y Jes?s Agust?n Castro. H?bil negociante, de 1915 en adelante dedic? gran parte de su empe?o a las agencias aduanales, adem?s de ser secretario de Relaciones Exteriores y gobernador de Veracruz. Por ser el puerto de Veracruz una de las aduanas captadoras de divisas m?s fuer tes del pa?s, Aguilar organiz? ese a?o la Compa??a Exporta dora de Veracruz,6 que goz? de enormes privilegios por par

te de Carranza. Cuando la sede del gobierno de Carranza

se traslad? a Veracruz, los jefes constitucionalistas se dedica ron a recuperar el control de todas las agencias aduanales del pa?s y los pol?ticos encargados de organizar esa mina de oro fueron Luis Cabrera y el subsecretario de Hacienda, Rafael Nieto. En 1916 fundaron la Compa??a Calvo y Fern?ndez,

que cont? con tres agencias: en Veracruz, en la ciudad de M?xico y en Nuevo Laredo. En esta ?ltima, establecida en el puerto fronterizo m?s importante con Estados Unidos, se

nombr? a Domingo Gonz?lez, hermano del general Pablo Gonz?lez, agente comprador y aduanal del ej?rcito constitu cionalista. Luego, en ese mismo a?o, Luis Cabrera propuso que las agencias aduanales quedaran en manos de mexica nos, excluyendo as? a todo extranjero. Un buen n?mero de militares y pol?ticos inmediatamente se establecieron como agentes aduanales y pusieron a personas de su confianza al frente de ellas. El gobierno dio esas agencias en concesi?n para

que se manejaran como negocio privado.7

En otras partes del pa?s los jefes militares tuvieron una fun

ci?n diferente. En el centro y al mando del Valle de M?xi

co permaneci? Pablo Gonz?lez. En el occidente, con sede

6 NAW (sd), RG. 59, 312.115/151; William Jennings Bryan al departa mento de Estado, marzo 1915. Bryan informa que la Compa??a Exporta dora de Veracruz, formada por pol?ticos del gabinete de Carranza, se de dica a la exportaci?n de productos b?sicos como ma?z, frijol, harina y ga nado, de los cuales carece la poblaci?n mexicana.

7 Cfr. Hern?ndez Ch?vez, s/f. y NAW (MID), RG. 165, 8532, Intelli gence Reports, El Paso, Texas (1918), donde se informa que de acuerdo a las nuevas leyes mexicanas ning?n individuo o empresa extranjera podr? establecerse como agente aduanal.

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en Jalisco, el general Manuel M. Di?guez mantuvo abierto el tr?nsito de abastecimientos hacia la ciudad de M?xico. La regi?n norte?a fue el escenario de la guerra donde se con

centraron las mejores tropas y tres de los principales jefes ca rrancistas, Alvaro Obreg?n, Francisco Murgu?a y Jacinto B.

Trevi?o, ?ste representante de Pablo Gonz?lez en el noreste.

La expedici?n punitiva norteamericana los mantuvo p?

blicamente unidos ante el ej?rcito invasor, pero una vez que esta agresi?n externa desapareci? con el retiro de las tropas norteamericanas, en febrero de 1917, los conflictos entre je fes militares y un gobierno nacional d?bil se agudizaron. Ca rranza quiso ganar tiempo para fortalecerse y esto lo llev? a contemporizar con algunos jefes. Ante todo evit? que se unie ran o llegaran a establecer alianzas o acuerdos entre s?. Sin llegar a arriesgar la estabilidad de su gobierno, el presidente procur? dividir para poder reinar. A algunos jefes menores les fue retirando sus prebendas, otros perdieron su posici?n militar, a muchos se les mantuvo tranquilos dej?ndoles alg?n negocio. Sin embargo, el problema real y la disputa por el poder se situ? en otro nivel.

Durante la guerra mundial, Carranza como presidente

mantuvo una posici?n de neutralidad hacia las potencias ex tranjeras. Esto le permiti? desarrollar una pol?tica interna cional m?s flexible ?contrapuso los intereses de Alemania en M?xico a los de ingleses y norteamericanos?8 buscando un espacio pol?tico para fortalecer su gobierno. Pero en julio de 1917, el presidente norteamericano recurri? al embargo sobre todas las exportaciones a M?xico en un esfuerzo por obligar a Carranza a romper esa neutralidad y aliarse con Es tados Unidos en la guerra.9 Fue ?ste el a?o de grandes ham

8 Katz, 1981; NAW, Microcopy 336, Roll 50 to 59; 862.20212 [Mili tary activities of Germany in Mexico], AHDN, xi. 481.5/100, relaciones del embajador alem?n von Eckhardt con Carranza, febrero, 1917.

9 Cfr. NAW (SD), RG. 59, 612.119.1, Cobb to Polk, July, 1917; RG. 59, 612.119.1/375, 556, y NAW (MID), RG. 165, 10640.170. War College Division, March, 1918. El Lie. Rafael Nieto negoci? en ese mismo a?o que se derogara la prohibici?n de importar oro a cambio de la exportaci?n de metales mexicanos, quedando a consideraci?n del departamento de Esta do, y a constantes presiones, la importaci?n de alimentos b?sicos.

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brunas, cuando el Departamento de Estado crey? poder obli gar al gobierno a romper con esa pol?tica de neutralidad al no venderle ni siquiera alimentos b?sicos. En septiembre de ese mismo a?o, en un esfuerzo por estabilizar el d?lar, los norteamericanos prohibieron toda exportaci?n de oro. El re sultado fue que no s?lo se suspendieron las negociaciones para obtener pr?stamos, sino que tambi?n se impidi? el cobro de los ingresos en oro producto de una balanza comercial favo rable con Estados Unidos.10 Esta falta de recursos lleg? a ser de tal magnitud que no se dispon?a para los haberes de la tropa

o compra de armamento y por lo mismo fue un impedimen to serio para llegar a recuperar el margen de autonom?a que hab?an tenido los jefes militares.11 Por otra parte, la derrota del ej?rcito de Villa y el retiro de la expedici?n punitiva de ninguna manera liquid? al movimiento villista; en Morelos el zapatismo se manten?a en rebeli?n y un sinn?mero de n? cleos rebeldes aislados tambi?n proliferaron a lo ancho y largo

del pa?s. Todos estos factores propiciaron el fortalecimiento de los jefes militares carrancistas, quienes establecieron en sus zonas una serie de arreglos y alianzas complejas con los repre sentantes de intereses y negocios, locales y extranjeros, que les proporcionaron fuentes de financiamiento y poder propio.12 10 Acerca de las medidas tomadas en este periodo de econom?a de gue rra, v?ase FJB, Secretar?a Particular, Gil Farias, junio-julio, 1917, y Ro SEMBERG, 1975, pp. 123-152.

11 Los informes militares norteamericanos son claros al respecto, dicen: "La resistencia armada organizada es imposible sin municiones; en las con diciones mundiales prevalecientes M?xico no puede obtener pertrechos de guerra en el extranjero en cantidades apreciables y oportunas. El pa?s tam poco tiene la capacidad para aprovisionar a su ej?rcito adecuadamente con el fin de poder emprender cualquier acci?n b?lica en contra de una oposi ci?n fuerte". NAW(MID), RG. 165, 10541-764, American Embassy, Office of the Military Attache, Mexico City, to Director of Military Intelligence, Washing

ton, D.C, December 24, 1918. Adem?s de la escasez de recursos b?licos, el problema se recrudeci? por las quejas constantes por falta del pago de los haberes de la tropa. Esta situaci?n se agrav? en los a?os 1917-1918. Ver especialmente NAW (MID), RG. 165, 10531.147 y RG. 165.8532, Intelli gence Reports, El Paso, Texas.

12 El gobierno de Carranza no lleg? a concretar ning?n pr?stamo o ayuda econ?mica del gobierno alem?n; sin embargo, en un nivel local e individual, los c?nsules y empresarios alemanes apoyaron a los jefes cons

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Si bien existieron varios jefes y un sinn?mero de jefes me nores, las dos facciones mayores del constitucionalismo se agruparon bajo el mando del general Alvaro Obreg?n, jefe del cuerpo de ej?rcito del noroeste y del general Pablo Gon z?lez, representante del grupo del noreste. Ambos se cre?an sucesores de Carranza a la presidencia de la Rep?blica. Alre dedor de ellos se congregaron un buen n?mero de generales y oficiales, as? como de pol?ticos civiles. ?stas fueron faccio nes o agrupamientos bastante laxos y cambiantes; sin embar go, pese a los cambios de sus diversos miembros, de 1916 a 1920 ambos generales se mantuvieron como cabezas de estas grandes fuerzas. En 1917, Carranza, elegido presidente cons titucional, se deshizo de Alvaro Obreg?n, el jefe militar que m?s sombra le hac?a. Carranza crey? no necesitarlo y consi der? que fuera del ej?rcito y alejado de los puestos p?blicos, su estrella perder?a brillo; en abril de 1917 le pidi? a Obreg?n

su renuncia.13 La salida de Obreg?n signific? la p?rdida de

titucionalistas de multiples maneras. En el noreste, donde la influencia ale mana fue notoria, el general Jacinto B. Trevi?o y luego Francisco Mur gu?a, sostuvieron relaciones estrechas con los representantes del Kaiser en la regi?n. Cfr. AJBTr, Legajos: Ketelsen y Degetau y Relaciones con c?n sul del Imperio Alem?n Ernesto Goeldner, 1916 (clasificaci?n provisional).

13 Cfr. NAW, Naval Records, RG. 45, 3847 n?m. 17.2, "US Mar

viella Commanding Officer to Secretary of War: Situation on East Coast".

El informe se refiere al nombramiento de Obreg?n como ministro de gue rra. Dice que el sonorense fue designado a ese puesto para evitar un rom

pimiento con el gobierno de Carranza. V?ase tambi?n NAW, Adjuntant

General's Office, RG. 94, 2212358, Villa's Revolution num. 148: Military Re ports, June, 1916. Los informes militares norteamericanos afirman que

Obreg?n tuvo el prop?sito de renunciar antes de las elecciones de 1917, pero que Carranza le exigi? permanecer en su puesto. La renuncia ocu rri? una vez que Carranza se consolid? como presidente constitucional.

En 1917, con motivo de la renuncia de Obreg?n, De la Huerta hace ver a Carranza que dicha separaci?n fue un grave error pol?tico: "He cre?do mi deber participarle que la separaci?n del general interpr?tase desfavora blemente, . . . todos esperamos de su reconocida gratitud que en momen tos apremiantes estuvieron con usted apoy?ndolo con todas sus fuerzas, y su talento y su sangre, conserve a su lado al aguerrido y subordinado militar, leal amigo y honrado ciudadano". FJB (Secretar?a Particular), Gil Farias. Ver en especial telegrama de Adolfo de la Huerta a Carranza, ma yo 3, 1917. Para un an?lisis de la renuncia del sonorense cfr. Hern?ndez

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uno de los jefes militares con mayor carisma y popularidad y la consiguiente salida del ej?rcito de un buen n?mero de sus seguidores. Obreg?n se retir? a Nogales, Sonora, donde form? una uni?n de productores del garbanzo. El sonorense se vali? de sus contactos y amistades en M?xico y Estados Unidos, sobre todo con el grupo de California, y>en ese mis mo a?o se encontr? en condiciones de financiar y comerciali zar la cosecha de garbanzo. Para 1918, Obreg?n y sus socios controlaban ya el 90% del garbanzo de Sonora y ten?an un volumen de ventas de 8 a 10 millones de pesos. En 1919 el general dispon?a de una fortuna importante que le permiti? hacer pol?tica independiente y patrocinar su propia candida tura a la presidencia de la Rep?blica, en 1920.14 A diferencia de Obreg?n, Pablo Gonz?lez permaneci? co mo brazo derecho militar de Carranza. En 1915 le exigi? a Carranza la administraci?n de la ciudad de M?xico. Segura mente calcul? que por ser la sede de los poderes federales le dar?a una posici?n de fuerza sobre Obreg?n.15 Durante su gesti?n se gan? enemistades a diestra y siniestra. Los hacen dados del Valle de M?xico lo acusaron de corrupto por la in tervenci?n de sus haciendas y el manejo que tuvo de los gra nos confiscados. Los obreros de la capital declararon en 1916 una huelga general, y la intervenci?n de Gonz?lez y la pol?ti ca francamente antiobrera del gobierno, que lleg? a decretar la pena de muerte a los l?deres de los huelguistas, le rest? apoyo

pol?tico de ese sector. Fue en sus famosas campa?as de exter minio de los zapatistas donde m?s desgast? su figura militar.

Adem?s de costosas, se gan? la enemistad del movimiento

Ch?vez, s/f., y NAW (MID), RG. 165, 6922-97, War College, "Reported movement against Carranza", November, 1917.

14 El an?lisis de las actividades de Obreg?n como comisionista as? co mo en su funci?n pol?tico-econ?mica se puede consultar en Hern?ndez Ch?vez, s/f., y NAW (MID), RG. 407, Box 1373, Weekly report 228,

August 4, 1917.

15 Gonz?lez, 1971, p. 169. En junio de 1915 Gonzalez exige a Carran za que le conceda la direcci?n pol?tica y militar de la ciudad de M?xico.

Ver tambi?n APG, Rollo 1 : Informe que Pablo Gonzalez rinde a Venus tiano Carranza acerca de la toma y ocupaci?n de la ciudad de M?xico,

agosto, 1915.

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agrario m?s vigoroso. A la hora de la campa?a pol?tica por la sucesi?n presidencial de 1919, Gonz?lez hab?a sellado su suerte con Carranza.

II. Econom?a, ej?rcito y empresas Carranza consider? que al haber anulado a sus principales subalternos, Obreg?n y Gonz?lez, los jefes menores ser?an manejables. Pero ?stos, sin nada concreto que los uniera, en un territorio parcelado y con fuertes intereses regionales en

juego, resistieron todo orden. Debido a los numerosos gru pos en armas, fue necesario que el gobierno mantuviera el ej?rcito en combate, lo cual fortaleci? a los militares. En la medida en que el gobierno central no cont? con los recursos suficientes para liquidar a los rebeldes, dej? que cada jefe se manejara independientemente dando cabida a m?ltiples ne gocios e inclusive al mal manejo de recursos b?licos.16 Fue as? que las campa?as de pacificaci?n se alargaron y favore 16 Las multiples denuncias a la Secretar?a de Guerra, acerca de que ge nerales y oficiales carrancistas hac?an negocio vendiendo armas a los re beldes, oblig? al general Jes?s A. Castro, encargado del despacho de la Secretar?a de Guerra, a firmar un acuerdo con "orden de arresto de gene rales y oficiales que venden armas y municiones del gobierno a los rebel des", naw, RG. 76, Entry 145, Box 13: Arms and Ammunition to Rebels, Oc tober, 1918.

El estado indefinido de guerra se propici?, adem?s, porque los genera les se enfrascaron en empresas comerciales de diversa ?ndole y no se ocu paron de los asuntos militares, Cfr. NAW, RG. 84, Hanna to Secretary of State Department: Report on conditions in Durango, October 29, 1917. Adem?s

la Secretar?a de Guerra no quiso correr el riesgo de exigir cuentas a los jefes militares por temor a que se rebelaran. Un caso t?pico fue cuando, en 1918, el general Jes?s A. Castro, entonces encargado del despacho de la Secretar?a de Guerra, hizo un viaje a Chihuahua con el fin de reorgani zar las finanzas militares de esa regi?n. Las ?rdenes fueron "evitar vio lentar al general Murgu?a, y no investigar cuentas pasadas por temor a que se rebele". El coronel Enr?quez, gobernador de Chihuahua, afirm? en esa ocasi?n que la pacificaci?n del estado s?lo se lograr?a con el buen uso del gasto militar. A su juicio, "el villismo vive gracias a la protecci?n o lenidad de Trevi?o antes y hoy de Murgu?a' '. V?ase NAW (MID), RG. 165, 5384.212, War Department, Office Chief of Staff, December 30, 1918.

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cieron el desarrollo de esos cacicazgos militares.

Cada comandante al frente de un cuerpo de ej?rcito se con virti? en un gobierno semiaut?nomo con poderes casi dicta toriales en un ?rea que comprend?a varios estados de la Re p?blica. A trav?s del cuartel general influy? en la regi?n a su mando en numerosos aspectos: administraci?n de los fe rrocarriles constitucionalistas, injerencia en sociedades gre miales, control a trav?s de una polic?a especial, pacificaci?n de rebeldes, relaciones con consulados extranjeros, protecci?n a los mismos y, sobre todo, una relaci?n constante con las empresas en el ?rea.17 Este poder se desarroll? a partir del gobierno preconstitu cional de Carranza (1915-1917), periodo en el cual los mili tares en campa?a tuvieron la posibilidad de nombrar gober nadores provisionales, jefes de operaciones militares y otros funcionarios en las entidades bajo su jurisdicci?n. Familia res y correligionarios quedaron al frente de los gobiernos es tatales y cuando se present? el periodo de elecciones consti tucionales, en 1917, estas familias pol?ticas, ya acomodadas en los gobiernos de los estados, dejaron poco o nulo margen de acci?n electoral. Este solo aspecto hablaba ya de un enor me poder del jefe de un cuerpo de ej?rcito. M?s a?n, ?ste tuvo un peso decisivo en lo econ?mico, pues si una industria o mina precisaba de le?a, carb?n o explosivos para mover sus m?quinas, ten?a forzosamente que obtener un "pase" del jefe militar; nada se pod?a transportar por ferrocarril sin que ?l lo autorizara. As?, el control de fletes y circulaci?n de mer canc?as permiti? influir en suministros y precios favorecien

do a ciertas personas e industrias. Estos y muchos otros pri vilegios convirtieron al militar en el l?der indispensable en la

regi?n, por lo general con mayor poder que un gobernador.

El v?nculo con los empresarios de la regi?n tambi?n fue cons tante y propici? una relaci?n en donde el militar no solamente actu? como l?der, sino personalmente o por intermediarios, tambi?n como negociante.18 17 La mejor documentaci?n acerca de las m?ltiples funciones de jefe

de un cuerpo de ej?rcito se encuentra en AJBTr. Ver carpetas con clasifica ci?n provisional: cuerpo de ej?rcito del noreste y Ketelsen y Degetau, 1916.

18 Cfr. Hern?ndez Ch?vez, s/f.

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Para comprender la funci?n que tuvieron los militares en los negocios hay que entender sus or?genes sociales as? como el contexto econ?mico y social de esos a?os. El grupo sono rense, encabezado por Alvaro Obreg?n y Salvador Alvarado represent? a la burgues?a agraria y comercial del noroeste con

fuertes nexos en Estados Unidos, en especial con grupos de California. Los jefes del noreste, encabezados por Pablo Gon z?lez, fueron por lo general hijos de hacendados, otros de mi neros o comerciantes, todos miembros de familias pol?ticas y econ?micas pudientes que militaron en la oposici?n al r? gimen de D?az. Muchos de ellos padecieron un deterioro eco n?mico o perdieron sus propiedades y tuvieron que emigrar a Estados Unidos o a otros estados por represalias pol?ticas; otros permanecieron en el pa?s, en oposici?n formal al r?gi men de D?az. En 1910, muchos se incorporaron al movimiento maderista y otros ingresaron, hasta 1913, al movimiento ar mado encabezado por Carranza. Pese a la diversidad de or? genes sociales de los que engrosaron las filas constitucion? listas, el ej?rcito se mantuvo bajo el mando de esa burgues?a agraria y comercial. De hecho, para fines de 1915 son pocos los militares radicales o de origen social bajo con posiciones de mando importantes. Las dos excepciones entre esta dece na de jefes fueron: Manuel M. Di?guez, de Jalisco, minero de

profesi?n, en 1906 magonista y organizador de la huelga

de Cananea, maderista en 1910; y Jes?s Agust?n Castro, du ranguense, conductor de tranv?a, tambi?n maderista de pri

mera fila.19 Tal vez la condici?n original de propietarios de la mayo

r?a explique en parte el que en forma simult?nea al quehacer de la guerra se ocupen de inmediato del reparto de los nego cios. Para unos ?sta fue una recuperaci?n leg?tima de un bien quitado a sus padres. Para otros fue normal disponer de pro piedades y bienes de "enemigos de la causa" y dejar que pa rientes o gente de su confianza los manejaran. Nada hubo de oculto en su proceder. Sobre todo a partir de 1916 fue co 19 Cfr. Hern?ndez Chavez, s/f. El an?lisis de los or?genes sociales de los jefes constitucionalistas se realiz? con base en las hojas de servicio que se encuentran en ADN, Secci?n Cancelados y Pensionistas. El trabajo se basa en alrededor de 300 casos; aqu? s?lo se presenta un ejemplo.

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m?n ver los nombres de los nuevos pol?ticos y militares en las actas constitutivas de empresas: como socios de agencias aduanales, o de terrenos agr?colas, etc?tera.20 La pronta disposici?n para convertirse, ellos o sus allega dos, en negociantes tiene otras explicaciones. Antes de abor darlas es necesario definir cu?les fueron los tipos de negocios en los que intervinieron estos militares. Grosso modo, en M?

xico a principios de siglo, hab?a el negocio individual o las empresas por acciones o corporaciones. El negocio individual, por lo general de tipo agr?cola, minero o comercial, oper? con poco capital y vend?a sus productos en el mercado local. Estos

negocios familiares, generalmente de propiedad mexicana, fueron los m?s afectados por la inestabilidad de los a?os de guerra. Numerosas fincas agr?colas o peque?as explotacio nes mineras de esta ?ndole, por ser m?s vulnerables, suspen dieron sus actividades y por lo mismo fueron intervenidas por

el gobierno a partir de 1914. Tambi?n fueron afectadas las

fincas o empresas de ''enemigos' ' de la revoluci?n. Todos estos

bienes fueron administrados por comisiones de bienes inter venidos, bajo la jurisdicci?n de la Secretar?a de Hacienda.

Las comisiones rentaban los bienes a condici?n de que se tra bajaran, y fueron estos bienes los que de inmediato queda ron en manos de los pol?ticos y militares.

Por el contrario, las grandes corporaciones con capital ex tranjero mayoritario pudieron continuar sus operaciones, e inclusive incrementar sus vol?menes de producci?n de 1916 en adelante, por la gran demanda que gener? la guerra mun dial. Estas empresas funcionaron en forma relativamente in dependiente de la econom?a y de las decisiones del gobierno carrancista. Las grandes corporaciones que gozaron de estos privilegios fueron las de capital mayoritario estadounidense que produc?an bienes estrat?gicos para la econom?a norte

americana.

A partir de la gran guerra, desde 1914 hasta el final de ella en 1918, existieron en M?xico regiones econ?micas de alta prioridad para el gobierno norteamericano. La integraci?n 20 Los archivos de Jacinto B. Trevi?o y Juan Barrag?n contienen am plia documentaci?n al respecto.

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de estos sectores a la econom?a norteamericana cobr? carac ter?sticas m?s agudas en 1917. Al entrar Estados Unidos a la guerra quedaron restringidos sus mercados de ultramar y llegaron a depender del mercado mexicano para la importa ci?n de ciertos productos.21 Lo importante fue que esa de pendencia gener? una protecci?n especial para esas industrias que les permiti? crecer sin injerencia militar directa. Ade m?s, la gran industria oper? como coto privilegiado sin cam bios en su forma de propiedad y limit?ndose el nuevo gobierno al cobro de impuestos. S?lo en el caso del henequ?n y del gua yule hubo intervenci?n directa militar por parte de los jefes

constitucion?listas.

Si los militares no participaron en la gran industria, ?en

qu? ?mbito econ?mico se ubicaron? La gran actividad

exportadora-importadora de esos a?os dio lugar a que sur giera, enl915yl916, un buen n?mero de casas comerciales y agencias aduanales. En un contexto de econom?a de gue

rra se desarroll? el gran negocio de compra-venta y de espe culaci?n mercantil y monetaria. Esta se propici? a?n m?s por las continuas devaluaciones del peso mexicano y las diferen cias de valor entre las cotizaciones oficiales y el valor real del

peso en el mercado local.

Al no lograr un empr?stito, Carranza recurri? a integrar su gobierno, como negociante, al auge importador-exportador.

En aras de estabilizar su poder, se vali? de las exportaciones no s?lo de bienes estrat?gicos, sino tambi?n de productos b? sicos de consumo como az?car, ma?z, garbanzo, frijol, chi vos, borregos, ganado, etc. Esta decisi?n se hizo a un eleva do costo social pues agrav? la escasez interna de todo tipo de productos b?sicos. En este aspecto, el gobierno tuvo un peso decisivo en ciertas ?reas: el manejo de los transportes de fe rrocarril; las comisiones reguladoras del comercio, entre las cuales la del henequ?n y la del algod?n le reportaron buenas utilidades; las agencias aduanales, por lo general, las dio en concesi?n individual a cambio de un porcentaje de las utili dades; asimismo, gan? millones de d?lares de una favorable

balanza comercial con Estados Unidos, que de 1914 a 1918 Ver cuadro 1.

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Cuadro 1

Cantidad y valor de las importaciones norteamericanas de determinados art?culos de m?xico y otros pa?ses

(A?OS FISCALES, 1913-1916 Y NUEVE MESES DE 1917) (En millones) Art?culos

Petr?leo crudo

Total

M?xico Otros pa?ses Mineral de cobre, etc?tera

1913

Pa?ses

Total M?xico

A* 510.6 (galones)

487.3 (95.4%)

23.3 (4.6%)

107.3

(libras)

18

(17%) Otros pa?ses Cobre, barras, lingotes,

etc?tera

Total M?xico Otros pa?ses

Mineral de plomo

Total M?xico

299.7

(libras)

112.3

(37.4%) 187.4 (62.6%) 17.6 (libras)

1914 A* 773.0

6.9

737.7

(93%) .5

(7%)

(4.6%)

13.6

112.2

2.1 (15%)

(17%)

11.5

45.8 17.3

(37.7%) 28.5 (62.3%) .3

19.1

93.1

(83%)

281.5 86.1

(30.5%) 195.4 (69.5%) 22

Total M?xico

123.9

2.9

(100%)

(100%)

(92.9%)

10.2

4.3

1.4

(libras)

.04

(13%) .3 (87%) 2.9

Otros pa?ses

Guayule

(95.4%) 35.3

2.8 (15.9%) 14.8 (84.1%) 123.9

Otros pa?ses Plomo impuro

89.3

(83%)

B** 7.4

Total M?xico

(libras)

9.8 (44.5%) 12.2 (55.5%) 37.0 34.4

2.6 (7.1%)

10.2

4.3

1.4

(100%)

(100%)

(100%)

Otros pa?ses

* La cantidad aparece en la columna A y las unidades empleadas se indican en cada caso, * * El valor aparece en la columna B y est? en d?lares de cada a?o.

Fuente: nawrg, 59,611. 12/13 7n. Este informe fue preparado por la Secretar?a de Co mercio Norteamericana, 17 de mayo de 1917.

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(Nueve meses terminando

1914_1915__1916__marzo de 1917)

B** A* B** A* B** A* B** 11.7 653.7 8.9 869.3 12.2 700.6 9.4 10.9 637.4 8.5 834.0 11.4 686.8 9.0

(93%) (97.5%) (95.5%) (95.9%) (93.4%) (98%) .8 16.3 .4 26.3 .8 13.8 .4

(7%) (2.5%) (4.5%) (4.1%) (6.6%) (2%) (4.3%) 13.7 99.9 11.2 153 22.8 120.8 22.5

2.3 12.2 1.5 24.2 4.1 27.4 6.9

(16.7%) (12.2%) (13.3%) (15.8%) (17.9 11.4 87.7 9.7 128.8 18.7 93.4 15.6

(83.3%) (87.8%) (86.7%) (84.2%) (82.1%) 40.6 152.4 20.3 272.5 52.8 246 62.2

12.1 6.5 .8 46.5 9.6 44.4 11.3

(29.8%) (.04%) (.03%) (17%) (18%) (18%) (18%) 28.5 146.9 19.5 226 43.2 201.6 50.9

(70.2%) (99.96%) (99.97%) (83%) (82%) (82%) (82% .7 14.8 .4 27 1 33.1 1.6

.3 8.6 .2 14.4 .5 17.2 .6

(42.8%) (58%) (50%) (53.3 .4 6.2 .2 12.6 .5 15.9 1

(57.2%) (42%) (50%) (46.7 1.2 67.6 2.1 54.5 2.3 19.8 1.2

1.1 67.5 2.1 54.4 2.3 14.8 .9

(91.6%) (99.8%) (99.8%) (99.8%) .1 .1 - .1 - 5.0 .3

(8.4%) (.2%) (.2%) (.2%) (.2%) (25.3%) (25%) .6 5.1 1.1 2.8 .8 1.6 .4

.6 5.1 1.1 2.8 .8 1.6 .4

(100%) (100%) (100%) (100%)

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ALICIA HERNANDEZ CHAVEZ

tuvo un super?vit para M?xico del orden de 196.5 millones de d?lares.22 Claro est? que las carencias internas fueron grav?simas y el resultado econ?mico y pol?tico a?n queda por

estudiarse. El gobierno limit? su campo de acci?n, b?sica

mente, a estos negocios y permiti? que sus subalternos tam bi?n participaran de ese auge mercantil.

III. Comisionistas y especuladores ?Qu? lugar ocuparon los jefes militares en el ?mbito econ?

mico del pa?s? Lo m?s significativo fue que quedaron relega dos a los negocios subordinados o aleatorios y no participa ron del desarrollo del capitalismo industrial m?s avanzado.

Las grandes corporaciones no integraron a los jefes militares en sus empresas. Estos se vincularon al mundo de los nego cios por otras v?as. Inicialmente tomaron en arrendamiento fincas agr?colas y urbanas que obtuvieron por conducto de las comisiones de bienes intervenidos. Sin embargo, a prin cipios de 1916, Carranza prohibi? la intervenci?n de bienes y orden? la devoluci?n de los ya confiscados a sus due?os originales.23 Las comisiones reguladoras tambi?n desapare

cieron ese a?o, con excepci?n de la del henequ?n y la del algod?n.24 La resistencia de los militares a las restituciones fue m?ni

ma. No perdieron mucho, porque no manejaron las comi

siones de bienes intervenidos ya que su administraci?n estu vo a cargo de la Secretar?a de Hacienda y precisamente de su ministro Luis Cabrera, siempre en conflicto con los mili 22 Ver cuadro 2.

23 Cfr. NAW (SD), RG 59, 312.115, Decreto 1, Col. Ignacio C. En r?quez, gobernador de Chihuahua, febrero 6, 1916. V?ase tambi?n FJB: Venustiano Carranza a los diversos gobernadores orden?ndoles la devolu ci?n y respeto a las propiedades de particulares, APG, R. n?m. 33, y

AHDN, xi.481.5/98, f. 188.

24 Cfr. AJBTr. Carta de Carranza al general Trevi?o, junio 26, 1916.

Las razones de Carranza fueron: "La ineficacia de las mismas y las difi cultades que nos han originado por la falta de honradez de los miembros

que las integran".

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201

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Cuadro 2

Balanza Comercial entre M?xico y Estados Unidos DE NORTEAM?RICA (Millones de d?lares) Total de importacio nes de M?xico a Periodos *

1912

1913 1914 1915 1916 1917

Julio Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Enero

Febrero Marzo

Estados Unidos

65.9 77.5 92.7 77.6 97.7 112.1 10.2 12.6 13.5 10.9 11.2 9.8 10.3 8.9 12.9

Total de exportaciones

de Estados Unidos a

M?xico

52.8

54.4

38.7 34.1 47.9 78.6 5.9 10.5

9.2

7.8

12.7

15.4 7.5 6.6 8.3

Diferencia

13.0 23.1 53.9 43.4 49.7

33.4

4.2 2.0 4.3 3.0 1.4 5.6

2.7

2.3 4.6

Fuente: NAW RG, 59, 611.12 War Trade Board, Bureau of Research. Junio 16, 1918.

Los seis primeros periodos listados son a?os fiscales que terminan el 30 de junio.

Los seis siguientes son meses que corresponden a 1917 y los tres ?ltimos meses a 1918.

tares. Adem?s, cuando se inici? la devoluci?n de bienes, exis tieron excepciones para los militares y pol?ticos poderosos.

Sobre todo dicho arrendamiento tuvo otros agravantes: les exig?a pagar renta y producir para obtener utilidades.25 A cambio de retirarles esta concesi?n, el gobierno los dej? hacer

dinero en el ?rea especulativa. Este s? fue el negocio id?neo para el militar. Adem?s las circunstancias no pod?an ser m?s propicias. Despu?s de varios a?os de luchas internas, de sa queo por parte de los diversos grupos en armas y del aban dono y destrucci?n de negocios y propiedades, la poblaci?n civil y grandes sectores de la econom?a carec?an de todo.26 Es esencial aclarar por qu? la especulaci?n ?el ser comi sionista o intermediario? fueron funciones id?neas para el 25 Cfr. AJBTr. Informe del Administrador de Bienes intervenidos de Chihuahua a Carranza, enero 30, 1916. Las quejas de los administrado res de esos bienes son de no recibir dicha renta o productos.

26 NAW (MID), RG. 165, 8532.458, Intelligence Officer Reports, El Paso, Texas, December, 1917.

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militar. El problema inmediato era mantenr una tropa ali mentada y con municiones. Debido a los problemas financie ros del gobierno, los haberes y pertrechos llegaban en forma irregular y el jefe militar afrontaba d?a a d?a las deserciones,

el descontento e incluso los conatos de rebeli?n por parte de los soldados mal pagados. El jefe militar necesitaba dinero para mantener bajo su control la regi?n que se le hab?a en comendado, cuidarse de las rivalidades y competencias de otros

jefes militares, comprar fidelidades, informantes y a la vez mantener una polic?a especial que le informara de los movi mientos de gente subversiva en la regi?n. Despu?s de dos o tres meses de espera, se recib?an finalmente los fondos fede rales, pero el militar no pod?a esperar ni depender de ?stos.

Su misi?n fue consolidarse militarmente y para esto tuvo que cuidar y abastecer a su tropa y clientelas pol?ticas locales. De

otro modo hubiera dejado de ser precisamente jefe.

En condiciones de guerra, el militar tampoco pod?a dejar

su funci?n b?lica y dedicarse por un tiempo al lucro para luego

regresar a su papel de jefe. Fue en este contexto que ciertos militares encontraron en la especulaci?n mercantil, o en fun gir como intermediarios influyentes a cambio de una comi si?n, una forma r?pida y ad hoc a sus funciones militares y pol?ticas. La especulaci?n con los precios en el comercio, la especulaci?n monetaria, el dinero obtenido como comisi?n en las transacciones mercantiles y el manejo de empresas a trav?s de prestanombres, fue la v?a m?s eficiente, r?pida y oportuna en la cual incurrieron estos jefes para mantenerse a flote militar y pol?ticamente.

Siguen unos cuantos ejemplos de los tipos de negocios pre dominantes en los que participaron tanto el gobierno como los militares.

Comisiones reguladoras

La del henequ?n, en Yucat?n, se desarroll? como un con sorcio estatal cuya experiencia hist?rica inconclusa s?lo se recuper? en 1938 a ra?z de la expropiaci?n petrolera. Dicha comisi?n la organiz? el general Salvador Alvarado. Tuvo por This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:40 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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objeto la comercializaci?n del henequ?n. Con sus utilidades entr? en sociedad con el gobierno de Yucat?n y en 1916 fund?

la Compa??a de Fomento del Sureste con un capital pagado de 5 000 000 oro nacional y 2 500 000 oro norteamericano.

En sus estatutos declar? ser de inter?s p?blico y con derecho a expropiar por causa de utilidad p?blica. La compa??a con t? con concesiones para perforar pozos petroleros, construir una terminal petrolera en Progreso, realizar obras portuarias en Progreso y Campeche, construir el ferrocarril entre Cam peche y Santa Lucrecia; adem?s fue due?a de la mitad del stock de los Ferrocarriles Unidos de Yucat?n. A su vez la Com

pa??a de Fomento compr? la Compa??a Mexicana de Nave gaci?n y as? obtuvo el manejo de los barcos entre Progreso

y los puertos norteamericanos. Finalmente y para redondear un proyecto muy avanzado para su ?poca, fund? un banco y una compa??a mercantil de exportaciones e importaciones que cont? con un departamento de venta al p?blico a precios m?s bajos que los de cualquier empresa. Asimismo, previo la consolidaci?n y control de la planta el?ctrica y de gas, de las obras de aguas y los tranv?as.27 El gobierno tambi?n organiz?, en noviembre de 1915, la

Comisi?n Reguladora del Algod?n en la Regi?n Lagunera

(entre Coahuila y Durango), donde se produc?a el 90% del al god?n del pa?s. El presidente de esta comisi?n fue el general Jacinto B. Trevi?o, entonces jefe del cuerpo de ej?rcito del noreste. Dicha comisi?n compr? el algod?n a los producto res al precio fijado por la Secretar?a de Hacienda y en caso de oposici?n tuvo facultad de expropiaci?n por causa de uti lidad p?blica. El gobierno argument? que de no tomarse es ta medida, la industria textil mexicana se paralizar?a.28 El al god?n se compraba o expropiaba en el sitio, a siete centavos americanos por libra, y se revend?a a la industria textil en la ciudad de M?xico, a veintisiete centavos. Inmediatamente se elevaron protestas por parte de los algodoneros y textile 27 Cfr. Hern?ndez Ch?vez, s/f, y Joseph, 1982.

28 Cfr. AJBTr. "Comisi?n Algodonera de la Regi?n Lagunera", con tiene un voluminoso expediente del a?o de 1916, cuando Trevi?o fue pre sidente de dicha Comisi?n.

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ros y se acus? al gobierno carrancista de estar envuelto en un "gran negocio". La denuncia se bas? en el hecho de que el go

bierno elev? el impuesto de exportaci?n sobre el algod?n al grado de volver incosteable para el productor su exporta ci?n; en cambio, a trav?s de la comisi?n, el gobierno lo ad

quir?a a un precio muy castigado y lo revend?a en el exterior

con un gran margen de utilidad. Las quejas de los algodone ros extranjeros al Departamento de Estado norteamericano afirmaban que el gobierno utilizaba "el mismo esquema del decreto que prohib?a la exportaci?n de cueros y que s?lo be neficiaba a las personas influyentes del presente gobierno en la medida en que les permit?a revender el producto expro piado con un amplio margen de ganancia".29 Tan s?lo un dato estad?stico confirmar?a esta denuncia: mientras que en M?xico la industria textil se encontraba semiparalizada por falta de insumos, en el trienio 1915-1917 se exportaron a Es tados Unidos 76.9 millones de libras de algod?n en paca, com parados con 38.5 millones en el trienio anterior.30

Cueros y ganado

El negocio de cueros y de exportaci?n de ganado tambi?n 29 NAW (SD), RG. 59, 312.115/229-235-245, American Vicec?nsul HumberC. Coen to Secretary of State, November, 1915 and January, 1916. Subject

"Cotton Expropiation>}. Las quejas de los algodoneros extranjeros al depar

tamento de Estado afirman que el gobierno utiliza "El mismo esquema de decreto que prohibe la exportaci?n de cueros y que s?lo beneficia a las personas influyentes del presente gobierno en la medida que les permite revender el producto expropiado con un amplio margen de ganancia".

30 NAW(SD), RG. 59, 512.115-229, RG. 59, 512.115-229, RG. 59,

512.115-245-247, Consular Reports to State Department on sale of confiscated

cotton, February, 1916. En octubre de 1918, el Equitable Trust Co. de Nue

va York estaba negociando, por conducto de intermediario, la compra

de 1 100 000 d?lares de algod?n. Debido a la prohibici?n mexicana

para exportar algod?n, el general Alfredo Breceda, ex gobernador del D.F., y amigo cercano de Carranza, ser?a el encargado de obtener el per miso de exportaci?n. Cfr. NAW (MID), RG. 165, 10541-169, US. Postal Censorship, Subject Cotton, Equitable Trust Co., N. Y. to Rene Leon, Mexico, D.F.,

October 16, 1918.

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cobr? gran auge por la enorme demanda que gener? la gue rra mundial. En 1917 los cueros estuvieron entre los cinco primeros productos de exportaci?n mexicanos. Los cueros de vacas, chivos y borregos exportados a Estados Unidos de 1915 a 1917 sumaron 140.8 millones de libras. Las exportaciones de pieles fue el negocio de muchos militares, que obtuvieron del gobierno una concesi?n para exportarlos, pues era muy dif?cil un permiso de esa naturaleza por la escasez de ganado en el pa?s. Un ejemplo representativo es el general Manuel M. Di?guez, gobernador de Jalisco y comandante militar de occidente, quien fue uno de los grandes negociantes en cue ros, pieles y huesos. Mart?n Henoin, agente comercial del go bierno de Jalisco, vend?a todo el ganado que se compraba o confiscaba dentro de la jurisdicci?n militar de Di?guez y a cambio repart?a las utilidades con el gobernador de Jalisco.

Las utilidades tuvieron m?ltiples destinos, unas de ?ndole per

sonal, pero otras sirvieron de aval para pr?stamos al gobier no de Jalisco. En 1918, por ejemplo, Di?guez obtuvo un pr?s tamo de 46 000 d?lares para el gobierno que se pag? con una hipoteca de pieles.31 Respecto al ganado en pie, en esos mismos a?os salieron, tambi?n, rumbo a Estados Unidos, 727 119 vacas y 1 242 471 ovejas, desapareciendo con ?stas los grandes ranchos oveje ros del norte. Dentro del mismo rengl?n est? el negocio del salchich?n que aliment? a los soldados en Europa., El gana do robado o confiscado no pod?a pasar por la frontera, pero en forma de salchich?n se exportaron de 1915a 1916, 5.3 mi llones de libras. (En 1914 se enviaron s?lo 281 682 libras y antes de 1914 ?ste no se exportaba.) La empacadora de Ciu dad Ju?rez, donde se hac?a el salchich?n, fue negocio de Fran cisco Villa, despu?s del c?nsul constitucionalista Andr?s Garc?a 31 El negocio de cueros que de tiempo atr?s se realizaba fue muy lu crativo. Los archivos consultados confirman la siguiente denuncia de los c?nsules norteamericanos: "Los jefes est?n exportando cueros a los Esta dos Unidos mientras que al empresario privado se le prohibe". NAW (MP), RG. 59, 812 00/14331, 16.1, 1914, y AJBTr, correspondencia de Trevi?o con Antonio H. Houry respecto al negocio de cueros, del cual eran socios Houry, Trevi?o y el general Samuel N. Santos, junio, 1917. Ver tambi?n Hern?ndez Ch?vez, s/f.

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y finalmente del general Francisco Murgu?a, cacique militar del noreste de 1916 en adelante.32

El guayule El guayule que crec?a y se procesaba en los estados de Coa huila, Durango y San Luis Potos?, fue uno de los principales productos de exportaci?n. La familia Madero fue due?a ma yoritaria de la producci?n y comercializaci?n del guayule. Los otros productores fueron la Inter-Continental Rubber Co. (pro

piedad norteamericana) y un buen n?mero de alemanes ra dicados en esas regiones. En 1916, cuando el general Fran cisco Murgu?a sustituy? al general Jacinto B. Trevi?o, como jefe del cuerpo de ej?rcito del noreste, encontr? confiscadas las empresas Madero, suspendidas las labores de la Continen tal Rubber Co. y a los alemanes con crecientes dificultades con

los norteamericanos para comercializar sus productos. Con la entrada de Estados Unidos a la guerra en 1917, los alema nes se encontraron con un comercio internacional cerrado a su participaci?n. Aun dentro del pa?s, no pod?an comerciar abiertamente, pues cualquier persona o empresa que enta blara relaciones de negocios con alemanes se le pon?a en una lista negra norteamericana {enemy trading list), con lo cual se le consideraba tambi?n, enemigo.33 Cuando Murgu?a se hizo cargo de la regi?n militar, en contr? cerrado el consulado norteamericano y paralizadas nu merosas industrias. Los alemanes refugiados en el norte del pa?s fueron su mejor contacto con el exterior. El c?nsul Er nest Goeldner y otro alemanes contribuyeron con dinero pa ra pago de tropas y la casa comercial Ketels?ny Degetau, pro 32 Cfr. AJBTr. Informe de Bienes Intervenidos (Empacadora Ciudad Ju?rez). NAW (MID), RG. 165, 8532-498, January, 1918, Report to War Department on Juarez Packing Plant.

33 El Congreso de Estados Unidos autoriz? al presidente, en junio de

1917, el control sobre todo movimiento comercial y, en octubre del mismo a?o, se estableci? el War Trade Board. Inmediatamente se elaboraron listas

negras Enemy Trading Lists donde se nombraban todos los negocios o inte

reses de alemanes o pro alemanes en los diferentes pa?ses.

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piedad de Goeldner y Carlos Ketelsen, tambi?n colabor? de diversas maneras.34 A cambio Murgu?a sirvi? de intermedia rio y prestanombre. As? obtuvo grandes utilidades que le per

mitieron contar con fuentes propias de financiamiento. Mur gu?a tom? en arrendamiento ranchos de guayule y f?bricas para procesarlo, rent? la Compa??a Guayulera Nacional, pro

piedad de los Madero, y la Compa??a Hulera de La Laguna propiedad del alem?n Ernesto Boehringer. Murgu?a dej? a sus colaboradores y parientes al frente de estas empresas y ?stos se dedicaron a exportar a Estados Unidos as? como a otros pa?ses. El departamento de Estado norteamericano tu vo que conceder a Murgu?a los permisos de exportaci?n del guayule que hubiera negado a los alemanes por dos motivos: primero, porque no pod?a provocar un incidente diplom?ti co negando un permiso de exportaci?n a un militar influyen te; segundo porque Estados Unidos importaba de M?xico el 100% del guayule.35 Murgu?a patrocin? otro negocio. Su cu?ado Alfredo Ur?as se asoci? con los Orozco y fundaron la compa??a Orozco Her manos, con oficinas en la ciudad de M?xico, Chihuahua y

El Paso, Texas. Orozco Hermanos recibi? la comisi?n de agentes de adquisiciones del Cuerpo de Ej?rcito del Noreste, puesto que antes ocupaba el hermano del general Pablo Gon z?lez.36 Orozco y el general Murgu?a tambi?n se asociaron con la International Exchange Comission Co., de El Paso, Texas,

dedicada al comercio de todo tipo de productos, desde hari 34 NAW (MID), RG. 165, 8532/465. Se refiere a la relaci?n de Mur gu?a con Orozco Hermanos. Para la influencia y relaci?n de Murgu?a con alemanes ver RG. 165, 8532-541, 8532-421: Lista de empresas alemanas en Durango, Coahuila y Chihuahua. En RG. 165, 8532, 298-295 y 414, December, 1917, se hace referencia a la estrecha relaci?n que privaba entre Murgu?a y Goeldner, RG. 165, 8532-180, 371, August, 1917, se encuentra noticia de los pr?stamos voluntarios de Ketelsen a Murgu?a. RG. 165, 8532-258, Report on military situation, October, 10, 1917, habla de las empre

sas y manejos comerciales de Murgu?a.

35 Cfr. NAW (MID), RG. 165, 10640-117-1, American Vicec?nsul Bloc ker to Secretary of State: Conditions in Coahuila, February 9, 1918. V?ase cuadro 1.

36 Cfr. APG (MP), Rollo 31, Domingo Gonz?lez como proveedor ge

neral de las fuerzas constitucionalistas y agente aduanal en Laredo, Texas,

noviembre, 1916.

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na, az?car y ma?z, hasta guayule. Las dos casas comerciales pr?cticamente monopolizaron, de 1917 a 1920, el comercio en la regi?n bajo la jurisdicci?n militar del general Murgu?a.37 Casas comerciales

A partir del a?o 1915 surgieron un gran n?mero de casas comerciales que vend?an todo tipo de art?culos, sobre todo de alimentos. El negocio fue muy lucrativo, pues el pa?s re sent?a una apremiante necesidad de bienes de consumo. Lo poco que se importaba se revend?a en M?xico con un m?nimo de

100% de ganancia. Como simple ejemplo: en junio de 1918 la lata de manteca comprada en El Paso a $8.50 al cruzar la fronte

ra en Ciudad Ju?rez, se revend?a a $17.50. El az?car dejaba un margen de utilidad de $15.00 por costal. La harina com prada en San Antonio, Texas, val?a $13.00 el costal, en M? xico se revend?a a $27.00. Por otra parte la gran demanda que gener? la guerra mundial hizo que las exportaciones tam bi?n se pagaran a precios muy elevados. El gobierno y los militares fueron quienes tuvieron los medios para restringir el consumo de la poblaci?n civil y aprovechar ese auge del mercado. El manejo militar de los ferrocarriles fue la mejor forma de comprar barato y vender caro, as? como de elimi nar de la competencia a negocios particulares. Un ejemplo de este control del mercado fue el que se estableci? en el esta do de San Luis Potos?. El gobierno del estado favoreci? en forma exclusiva con el transporte del ferrocarril a Aceves y Compa??a, empresa en la cual el gobernador, general Juan Barrag?n, era socio. Pedro Moctezuma, sobrino y socio tam bi?n de Barrag?n, manipulaba el precio del ma?z mediante el control gubernamental de los ferrocarriles, de modo que la compa??a adquir?a la carga de ma?z en el campo a ocho 37 Cfr. Hern?ndez Ch?vez, s/f. NAW (MID), RG. 165, 10646/117.1: Blocker, American Viceconul to Secretary of State, "Conditions in Coahuila", Fe

bruary, 1918. NAW(SD), RG. 59, 611:129.211, CobbaPolk, March, 1918, hace referencia a los intereses econ?micos de Murgu?a en la Juarez Custom

House.

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o diez pesos y la revend?a en la ciudad a cuarenta y cuatro

pesos.38

Barrag?n fue gobernador provisional y despu?s constitu cional, en 1917, de San Luis Potos?, jefe del estado mayor de Carranza y uno de los grandes negociantes del pa?s. To

m?s Aceves fue su hombre de confianza. Con ?l organiz? diversas empresas. Se puede decir que pr?cticamente incur sion? en todo tipo de negocios: venta de durmientes para fe rrocarril, explotaci?n de maderas, compra y beneficio de ra?z

de zacat?n, todo tipo de importaciones y exportaciones. La casa Aceves y Compa??a no s?lo manej? el mercado de gra nos y otros art?culos de consumo de San Luis, sino tambi?n realiz? m?ltiples actividades en el extranjero: compr? accio nes y bonos a nombre de Barrag?n en bancos italianos, espa ?oles y norteamericanos y fue su agente de compras ante los abastecimientos fabriles del ej?rcito. Adem?s, Aceves, Barra g?n y otros socios expandieron sus inversiones en f?bricas de

cerillos, de clavos y compra-venta de terrenos.39

El proceso de enriquecimiento de estos jefes militares y las relaciones que desarrollaron tanto en el interior del pa?s como con las diferentes potencias internacionales, fueron mucho m?s

complejas y variadas de lo que se puede analizar en este en sayo. Los ejemplos dados aqu? de los tipos de negocios pre

dominantes en los que participaron los militares tuvieron como

fin se?alar cu?l fue el com?n denominador de este proceso.

Todos estos negocios se fundan en el lucro, producto de la especulaci?n mercantil, m?s f?cilmente compatible con la ac 38 Cfr. NAW (SD), RG. 59, 612.112/587, American Consul to War Trade Board, December 9, 1917, l 'Deseo llamar su atenci?n acerca de la especula ci?n con el ma?z que lleva a cabo el Sr. Moctezuma (Barrag?n y Aceves) y la penosa condici?n de los pobres que ello ocasiona. . . La distribuci?n del ma?z est? restringida a estos dos comerciantes debido al control del go bierno sobre los medios de transporte".

39 Cfr. FJB, este archivo es una fuente de informaci?n valios?sima pa ra el an?lisis del proceso de enriquecimiento de cierto tipo de militares.

Ver especialmente carpetas clasificadas bajo Aceves y Barrag?n. Para la asociaci?n de ambos ver el mismo fondo, en especial la carpeta Juan B. Calleja, notario p?blico num. 54. Para sus relaciones bancarias y como terratenientes, ver las carpetas Bancos y Haciendas.

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tividad militar o pol?tica que la inversi?n capitalista indus trial o financiera moderna.

IV. Conclusiones El militar revolucionario funcion? simult?neamente como aventurero pol?tico y empresario econ?mico. Sin embargo, pese a haber capitalizado en m?ltiples actividades econ?mi cas, no se consolid? dentro de un nuevo sector din?mico del capitalismo. Si acaso se afirmaron, no fue como grupo, sino como individuos que se enriquecieron e invirtieron en los sec tores tradicionales de la econom?a: tierras agr?colas, ranchos

ganaderos, predios urbanos, etc?tera.

Al dedicarse preferencialmente al ?rea comercial y a la especulaci?n mercantil y monetaria, los jefes militares y el gobierno se encontraron, muy pronto, al margen del gran de

sarrollo industrial del pa?s. Al concluir la guerra mundial, decreci? la demanda de productos agr?cola-ganaderos, de mi nerales mexicanos y de petr?leo. A partir de 1916 Estados Unidos no s?lo fue el principal comprador de M?xico, sino que la dependencia de la econom?a norteamericana de cier tos productos mexicanos lleg? a ser muy elevada. Sin embargo,

una vez que concluy? la gran guerra, Estados Unidos diver sific? inmediatamente sus mercados y, por lo tanto, los pre cios y la demanda de productos mexicanos decayeron nota blemente. Los productos b?sicos que antes fueron escasos y que los jefes militares y pol?ticos pod?an obtener con base en privilegios especiales, flu?an despu?s de la guerra con mayor facilidad. Las nuevas condiciones del mercado liquidaron la especulaci?n y con ella a un buen n?mero de negocios comer ciales. Por lo mismo, un gran n?mero de negocios de jefes militares, pol?ticos y el mismo gobierno ?que de all? obte n?an sus ganancias? se vieron seriamente deteriorados.

Otra caracter?stica de estos negocios fue que tanto el go bierno como los jefes que hicieron dinero lo destinaron, por lo general, para sost?n de sus ej?rcitos y de sus clientelas po l?ticas. Gran parte de las fortunas que se hicieron en este pe riodo sirvieron para gasto pol?tico y militar. Por lo mismo, This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:40 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

MILITARES Y NEGOCIOS

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el militar no capitaliz? o reinvirti? sus utilidades. En este sen

tido, en su papel de empresarios, los nuevos gobernantes no se consolidaron como un sector din?mico y vital del desarro llo capitalista del pa?s.

La estrecha relaci?n que se dio entre poder pol?tico-militar y los negocios radica en diversos hechos. El militar o pol?tico no

cont?, en esos a?os, con la seguridad y protecci?n de institu ciones; como militar se encontr? en una situaci?n de constan te lucha y competencia no s?lo ante el enemigo, sino tambi?n en franca rivalidad militar y pol?tica con sus correligionarios.

Esta situaci?n lo oblig? a desarrollar una habilidad para el lucro r?pido y as? obtener una relativa autonom?a en lo mili tar y en lo pol?tico. Si como empresarios capitalistas no tu vieron gran alcance y visi?n o un proyecto que rebasase la coyuntura, como empresarios militares y pol?ticos fueron m?s exitosos. Ganaron la guerra y establecieron las bases del nuevo r?gimen de la Revoluci?n.

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LA BURGUES?A REVOLUCIONARIA EN

M?XICO: SU ORIGEN Y SU PAPEL, 1915-1935 Hans WERNER TOBLER

Uno de los resultados m?s evidentes de las guerras civiles re volucionarias en M?xico entre 1910 y 1917-1920 fue la for maci?n de una nueva clase dirigente pol?tico-militar que, entre

1920 y 1935, puso los cimientos del sistema pol?tico-social moderno de M?xico. Como sabemos, este sistema logr? pos teriormente una consolidaci?n considerable bajo la presidencia

de L?zaro C?rdenas (1935-1940), especialmente mediante las profundas reformas del sector agrario, la nacionalizaci?n de las empresas petrol?feras extranjeras, la reconstrucci?n semi

corporativa del partido revolucionario nacional, etc?tera.

La nueva ?lite revolucionaria mexicana, tal como se desa rroll?, sobre todo, bajo la hegemon?a de los caudillos sono renses Obreg?n y Calles entre 1920 y 1935, no s?lo fue una clase dirigente pol?tico-militar, sino que m?s bien de ella se form? r?pidamente una nueva burgues?a de origen revolu cionario, ya que sus representantes, paralelamente a su ca rrera pol?tico-militar, por lo general tambi?n ascend?an pronto

a la clase de los hacendados, de los banqueros, de los conce sionarios y de los comerciantes e industriales.1

1 Un desarrollo similar se observa bajo el r?gimen del Kuo-Min-Tang durante la revoluci?n china. V?anse las declaraciones de comunistas chi nos sobre el nacimiento de un ' 'capitalismo de funcionarios" chino, en la d?cada de los treinta; Franke, 1958, p. 238. En el caso de M?xico tam bi?n se ha acu?ado el concepto "burgues?a burocr?tica"; por ejemplo Ramiro Reyes Esparza, en su ensayo de tendencia te?rico-marxista "La burgues?a y el Estado", en Reyes Esparza, en su ensayo de tendencia te?rico-marxista "La burgues?a y el Estado", en Reyes Esparza, 1973, pp.

9-57. V?anse las explicaciones sobre siglas y referencias al final de este art?culo.

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Esta evoluci?n puede parecer a primera vista sorprenden te, sobre todo si se considera la revoluci?n mexicana como

un movimiento de masas insurreccional orientado a una trans

formaci?n radical de la sociedad. Sin embargo, un s?ntoma

caracter?stico de esta revoluci?n es el hecho que la nueva ?lite

revolucionaria se alejara claramente de la base popular del movimiento revolucionario y que, en la d?cada de los 20 y durante los primeros a?os de la siguiente, pudiera imponer una pol?tica que, al fin y al cabo, estaba tambi?n al servicio de sus propios intereses econ?mico-sociales, mientras que el programa de un cambio social global iba siendo relegado cada vez con mayor evidencia a un segundo plano.

No podemos en esta ocasi?n referirnos con detalle a las ca racter?sticas espec?ficas de la Revoluci?n Mexicana que hi cieron posible la evoluci?n a la que nos referimos; nos limi tamos a mencionar dos factores b?sicos: por una parte, a lo largo de las guerras civiles revolucionarias entre 1915 y 1917, el ala radical del movimiento revolucionario mexicano, o sea, los zapatistas y los villistas, fue, bajo Carranza y Obreg?n, considerablemente debilitada militar y pol?ticamente por los constitucion?listas m?s conservadores. Por otra parte, la base popular de los constitucion?listas no logr? imponer reformas que correspondieran a sus intereses sociales espec?ficos ni evitar que la ?lite revolucionaria pol?tico-militar se transformara en un nuevo segmento de la alta clase econ?mica. Esto se debi? ante todo a la marcada heterogeneidad social y a las formas espec?ficas de movilizaci?n de los ej?rcitos revolucionarios del norte, cuyo car?cter, como Katz se?ala en su ensayo en este mismo volumen, hab?a sido determinado en alto grado por la alianza entre los revolucionarios y Estados Unidos en los

a?os 1913-1915. No nos es posible examinar aqu? con m?s detalle esta constelaci?n inicial, de tanta trascendencia para el transcurso posterior de la Revoluci?n Mexicana; m?s bien nos proponemos examinar s?lo un aspecto ?central, eso s?? del desarrollo de la Revoluci?n mexicana: los or?genes de la burgues?a revolucionaria y el papel que ?sta desempe??.

El examen de la formaci?n de una nueva burgues?a revo lucionaria proveniente del c?rculo de los dirigentes victorio sos de la revoluci?n plantea, en primer lugar, la cuesti?n de This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:45 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

la burgues?a revolucionaria

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la clasificaci?n de la Revoluci?n mexicana de 1910-1940 en la tradici?n de los violentos cambios pol?ticos en el M?xico del siglo XIX. Por m?ltiples y profundas que fueran las diferen cias generales entre esta revoluci?n y las sublevaciones mili tares y los golpes de estado anteriores en M?xico, las ?lites que resultaron de tales trastornos pol?ticos presentan, sin em

bargo, algunas similitudes evidentes. Al igual que los victo riosos porfiristas a finales del siglo XIX, esta nueva ?lite de la revoluci?n logr? tambi?n su ascenso econ?mico y social me diante el acceso al poder pol?tico y el manejo del aparato esta tal. Se puede, pues, afirmar que tambi?n para ella ?como,

por ejemplo, para la burgues?a prerrevolucionaria de los cient?ficos? tiene vigor, en gran parte, la frase de que no ha sido tanto la burgues?a la que ha creado el Estado, sino que m?s bien ha sido el Estado quien ha creado la burgue s?a.2 Tambi?n en cuanto a sus ambiciones sociales y a su es

tilo de vida, la burgues?a revolucionaria sigui? rigi?ndose por

las normas de conducta de la ?lite porfirista. Esto se mani fiesta con especial claridad en el hecho que para muchos ge nerales de la revoluci?n el ascenso a la clase de los hacenda dos constitu?a un s?ntoma primordial de su integraci?n en la clase alta; asimismo se observa la circunstancia que, despu?s de la revoluci?n de 1910 ?al igual que en los decenios poste riores a la toma del poder de los porfiristas? tambi?n parece que hubo una creciente fusi?n, al menos en la segunda gene raci?n, entre la "antigua" y la ''nueva" clase alta. Sin em bargo, como veremos m?s adelante, no se debe identificar la burgues?a prerrevolucionaria con la posrevolucionaria; se trata m?s bien de determinar tambi?n, adem?s de las paralelas exis tentes, las diferencias en cuanto al papel pol?tico y econ?mi

co de ambos grupos.

El hecho que en la presente aportaci?n no se haga una se

paraci?n n?tida entre los t?rminos de burgues?a revoluciona ria, de ?lite de la revoluci?n y de clase alta econ?mica, indica un problema central de la tem?tica que aqu? se aborda. As? pues, por ejemplo, la delimitaci?n entre la nueva ?lite diri gente pol?tico-militar y la nueva burgues?a revolucionaria (que 2 Cfr. StaVENHAGEN, 1976, p. 19.

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en parte naci? de ella) resulta tan dif?cil como aclarar la cues ti?n de cu?les grupos de la nueva clase alta (surgida en el trans

curso y como consecuencia de la revoluci?n) son clasificables realmente de burgues?a, cuestiones estas que s?lo ser?n abor dables con seriedad una vez efectuadas las investigaciones sis tem?ticas y emp?ricas que a?n faltan hoy en d?a. Por eso, en la siguiente disertaci?n no se intenta elucidar esta tem?tica en general, sino m?s bien presentar en primer lugar ?y de la forma m?s concreta posible? algunos ejemplos de la ca rrera econ?mica de ciertos personajes del c?rculo de estos nue

vos dirigentes de la revoluci?n, para plantear a continuaci?n algunas cuestiones m?s generales con ellos relacionadas.

Las carreras pol?tico-econ?micas de algunos prominentes dirigentes revolucionarios que a continuaci?n presentaremos como ejemplos, se limitan al c?rculo de la ?lite revoluciona ria sonoronse. Ya que fueron ex generales revolucionarios que proven?an del noroeste del pa?s, del estado de Sonora, enca

bezados por Alvaro Obreg?n y Plutarco Elias Calles, quie

nes, en la d?cada de los veinte y a principios de la siguiente, monopolizaron en gran medida el poder pol?tico a nivel na cional. Por ello, en este grupo, resulta evidente la estrecha relaci?n entre la posici?n de poder pol?tico y la promoci?n econ?mica. Los dirigentes revolucionarios sonorenses prove n?an adem?s de aquel segmento del movimiento revolucio nario que, a diferencia de los villistas y, sobre todo, de los Zapatistas, apenas hab?a gestado una program?tica social re

volucionaria, sino que ?como H?ctor Aguilar ha se?alado,

recientemente, en una monograf?a impresionante?, hab?a in terpretado la guerra civil contra la dictadura de Huerta menos desde una perspectiva "revolucionaria" que desde el punto de vista de la "soberan?a" de Sonora como estado particular.3 Este ' 'modelo insurreccional" sonorense dentro de la Re

voluci?n mexicana, cuyo eje consist?a en "el control buro cr?tico y financiero por parte de un gobierno (de Estado) establecido,,J no s?lo engendr? un ej?rcito revolucionario

"neutral" ?desde el punto de vista social, organizado, pa gado y controlado desde arriba?, sino que tambi?n presu 3 Aguilar Cam?n, 1977.

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pon?a la " conservaci?n de la estructura de propiedad exis tente", especialmente el respeto escrupuloso de la propiedad norteamericana, y que, ante todo, no dejaba surgir una nue va legitimidad sociorevolucionaria que hubiese desacredita do perdurablemente la futura separaci?n de los dirigentes de su base y la transformaci?n de la ?lite revolucionaria en una nueva aristocracia econ?mica.

Aunque, dentro del ala revolucionaria constitucionalista posteriormente victoriosa, los dirigentes revolucionarios sono renses reconocieran claramente, a diferencia de Carranza, m?s

conservador, la necesidad de cierta orientaci?n socialrefor mista en la pol?tica de reconstrucci?n postrevolucionaria, la anterior pauta de socializaci?n del " modelo insurreccional so norense" sigui? influyendo claramente en su comportamiento pol?tico y econ?mico posterior. Adem?s, por lo que se refiere

a la proveniencia social de estas nuevas ?lites y a las tensio

nes ?pronunciadas en el norte de M?xico? entre las aspi

raciones de promoci?n social y los canales de ascenso obstrui dos para la clase media en el porfiriato, se han de constatar factores importantes en cuanto al comportamiento posterior de los dirigentes revolucionarios sonorenses.

Como la mayor?a de los jefes militares del norte, tambi?n los generales revolucionarios sonorenses proven?an en parti cular de los segmentos medios o bajos de la clase media que

durante el porfiriato hab?an tenido una existencia con frecuen

cia precaria o, a lo sumo, modesta (peque?os comerciantes, transportistas, empleados, maestros, rancheros, arrendatarios,

etc.). Por otra parte, en el norte de M?xico, orientado eco n?micamente hacia Estados Unidos, tambi?n hab?a calado cierta concepci?n de valores nprtamericana. Un viajero franc?s

hab?a incluso calificado a los sonorenses de "yankees de M? xico".4 El m?dulo de comportamiento expresado en esta ca racterizaci?n ?reflejado, entre otras cosas, en una firme vo luntad de ascenso social y econ?mico?, parece haber sido harto corriente entre los ambiciosos miembros de la clase media sonorense, de la que m?s tarde se reclutar?a la mayo r?a de sus dirigentes revolucionarios. Lo constatamos, por 4 Cfr. Carr, 1973.

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ejemplo, en las palabras del futuro general revolucionario so norense y presidente de la Rep?blica, Abelardo L. Rodr?guez, de origen modesto, quien afirma en su autobiograf?a: "Ha b?a una circunstancia, desde antes de mi adolescencia hab?a tratado con viejos amigos que viv?an en penuria, que se ha b?a formado en m? un complejo de temor de llegar a la senec tud sin asegurar mi bienestar. . . De all? que me preocup? siempre por asegurar el futuro bienestar de mi familia."5 Pero durante el porfiriato, a la mayor?a de los miembros de la futura ?lite revolucionaria les estaba impedido ascender eco n?micamente, y ello no s?lo por la fuerte influencia extran jera en los sectores din?micos de la econom?a mexicana, sino porque ante el cerrado sistema de dominaci?n porfirista, les quedaba obstruida la carrera pol?tica, que segu?a siendo la v?a m?s segura para un ascenso social. S?lo la revoluci?n ma derista de 1910-1911 y los cambios pol?ticos que la siguieron, pero sobre todo la guerra civil contra el r?gimen de Huerta en 1913-1914, ofrecieron a los nuevos dirigentes revoluciona rios una mayor y repentina movilidad pol?tica, que los lleva r?a a ocupar altas posiciones de poder, constituy?ndose as? tambi?n la posici?n de partida para su carrera econ?mica.

La caracter?stica m?s importante de la promoci?n econ? mica y social de la nueva ?lite revolucionaria parece haber sido el ascenso a la clase de los hacendados, lo que a su vez refleja la fuerte continuidad de los modelos prerrevoluciona

rios de movilidad social.6 Las posibilidades de acceso a la

clase de los hacendados fueron m?ltiples para estos dirigen tes revolucionarios. Katz se?ala en su ensayo los mecanismos m?s frecuentes en el per?odo de la guerra civil hasta 1917.

A pesar de que bajo Carranza una gran parte de las hacien das intervenidas fueron al parecer devueltas a sus antiguos due?os, una considerable parte de ellas quedaba, sin embar 5 Rodr?guez, 1962, p. 171.

6 Cfr., por ejemplo, las observaciones de Hern?ndez, 1968, p. 502; so bre la posterior carrera social de los militares porfiristas victoriosos en 1876:

"Llega al c?rculo interior entre los 40 y 45 a?os en virtud de una pol?tica de compromiso y acepta retirarse de ?l, a cambio de usufructuar libremente su estado de origen y termina sus d?as, a finales del porfiriato, alejado to talmente de la pol?tica y casi sin poder pol?tico, pero como gran hacendado. ' '

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go, bajo el control de la nueva ?lite revolucionaria. Adem?s, en la d?cada de los veinte y comienzos de la siguiente, exis t?an para los generales m?ltiples posibilidades de llegar a ser hacendados, generalmente mediante m?todos semilegales o

seudolegales.7 En todo caso, el ex general revolucionario

convertido en hacendado es quien mejor representa y tipifica la carrera de muchos mayores y menores dirigentes revolu cionarios, que de jefes de una tropa insurreccional se trans formaban en miembros del establishment.

Cierto es que caben dudas en cuanto al hecho de si este grupo de neohacendados "revolucionarios" deba ser ya cali ficado de "burgues?a". Sin embargo, esta denominaci?n, si se le concibe en un amplio sentido, corresponde con seguri dad al grupo de punta de la nueva ?lite revolucionaria, n?ti damente personificada por los generales y pol?ticos sonoren ses de la d?cada de los veinte y comienzos de la siguiente.

Alvaro Obreg?n es quiz?s el prototipo de la nueva ?lite re

volucionaria que asciende a la clase alta econ?mica. La ca

rrera pol?tico-militar de Obreg?n lo llev? del modesto puesto de presidente municipal de Huatabampo en 1912 al cargo de comandante en jefe del ej?rcito del noroeste en 1913-1914 y temporalmente a la Secretar?a de Guerra bajo el mando de Carranza; en 1920 suplant? incluso a este ?ltimo mediante una rebeli?n militar, ocupando ?l mismo el m?ximo cargo entre 1920 y 1924. Asimismo, despu?s de terminada su pre sidencia, Obreg?n, junto a su paisano Calles, sigui? siendo la figura pol?tica dirigente de M?xico: en 1928 fue reelegido presidente, pereciendo, sin embargo, al poco tiempo, v?cti

ma de un atentado.

Todav?a bajo el porfiriato, Obreg?n, en muchos aspectos un t?pico self-made-man, hab?a logrado superar su modesto pun

to de partida hasta 1913, llegando a propietario de una em presa agr?cola mediana, de un rancho de unas 150 ha, lo cual apunta hacia una cierta movilidad social, incluso bajo condi ciones porfiristas. Pero la promoci?n econ?mica propiamen te dicha se produjo s?lo cuando su nueva posici?n de poder 7 Este proceso ha sido descrito detalladamente en mi ensayo (Tobler), 1971, pp. 38-79.

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pol?tico le permiti? irrumpir, a partir de 1917-1918, en los

dominios de los c?rculos de comerciantes y mercaderes del no

roeste de M?xico y suplantarlos en el comercio, que, a causa

de la crisis econ?mica, era ya de por s? escaso.8 Como ob

servaba el c?nsul nortamericano en Nogales, Obreg?n hab?a logrado obtener "una concesi?n del gobierno federal para la comercializaci?n" de ganado y garbanzo y para su exporta ci?n a Estados Unidos, "que le garantiza cierta reducci?n de los impuestos de exportaci?n, de la que no gozan los expor

tadores normales".9

Sin embargo, como se desprende de otro informe del c?n sul norteamericano en Guaymas, fechado el 11 de enero de 1918, y en el que se aportan detalles sobre el patrocinio esta tal de las actividades comerciales de Obreg?n, la posici?n pri vilegiada del general no s?lo se basaba en la reducci?n de los impuestos de exportaci?n. Seg?n este informe, Obreg?n tam bi?n deb?a disponer de una concesi?n federal "que le autori zaba el recaudamiento de 50 centavos por saco de garbanzo cultivado en todo el territorio sur de Sonora; y gracias a este arreglo con las autoridades estatales, que de ning?n modo era justo frente a los dem?s mayoristas, obten?a una ganancia calcu

lada entre 60 000 y 100 000 pesos".10 Por ?ltimo, gracias a sus buenas relaciones con los m?s altos funcionarios del go bierno norteamericano, Obreg?n tambi?n logr? asegurarse condiciones preferenciales en el mercado nortamericano.11 Estas importantes ventajas ?debidas a su influencia pol? tica? frente a sus competidores permitieron a Obreg?n apo derarse en poco tiempo del control de todo el comercio de gar

banzo en el noroeste del pa?s; y, sobre esta base, en los a?os siguientes, especialmente, despu?s de terminada su presidencia

(1924), pudo expandir y diversificar r?pidamente sus m?lti 8 Cfr. NAW, Microcopy 336 (M 336) (Records of the Department of State relating to internal affairs of Germany, 1910-1929), Rollo (R) 57,

862.20212/949.

9 NAW, M 274 (Records of the Department of State relating to inter nal affairs of Mexico, 1910-1929), R. 62, 812.00/21668.

10 NAW, M 274, R. 62, 812.00/21690.

11 NAW, Record Group (RG) 59, 612.119/1463 y NAW, RG 59, 612.119/1916.

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pies intereses econ?micos. Adem?s de la enorme extensi?n de sus propiedades, que en 1928 cuando fue asesinado, abar caban miles de hect?reas de tierras de cultivo regadas o rega bles en la f?rtil regi?n de los r?os Yaqui y Mayo, Obreg?n sigui? activo en el comercio mayorista aunque ampliando tam

bi?n sus actividades hacia el ?rea de la industria elaborada, del sector bancario y de las prestaciones de servicios. De este modo, en 1928, el grupo de Obreg?n controlaba s?lo en Ca jeme y Navojoa lo siguiente: un gran molino de arroz, una gran f?brica de conservas y de jab?n, una importante em presa comercial de autom?viles, materiales de construcci?n, maquinaria y herramienta agr?colas, dos estaciones muy gran des de experimentaci?n agr?cola, un banco, un molino de ce reales, un almac?n y una cadena de gasolineras. "Esta lista no pretende ser completa' ', comentaba el c?nsul americano en Guaymas al respecto, "pero s? ayuda a mostrar la influencia

econ?mica y el poder del general Obreg?n, a revelar la posi ci?n eminente que ha venido ocupando en estos harto impor tantes centros. . ."12 Una pol?tica comercial tan expansiva fue posible s?lo mediante la movilizaci?n masiva de recursos

estatales. Se comenz? con grandes inversiones p?blicas de

infraestructura en esta regi?n (ante todo en el sector de ins talaciones de riego, de comunicaciones de transportes y de ampliaci?n de instalaciones portuarias), que, aunque favo recieran toda la regi?n, dada la posici?n de preponderancia econ?mica de Obreg?n serv?an sobre todo tambi?n a sus in tereses econ?micos particulares.13 Despu?s, su situaci?n pri vilegiada entre las fuentes de cr?dito p?blico le permiti? el financiamiento sin problemas de su pol?tica de negocios alta mente expansiva y de ning?n modo exenta de riesgos. Esta pol?tica hab?a generado en pocos a?os profundos cambios en los valles del Yaqui y del Mayo, lo que ?como constataba el c?nsul nortamericano Burseley? "no s?lo se debe a la gran energ?a, al esp?ritu emprendedor y a las ideas progresistas

12 NAW, M 274, R. 94, 812.00/Sonora/l.

13 Seg?n Adolfo de la Huerta, Obreg?n, siendo presidente, hab?a or

denado personalmente la construcci?n de una l?nea de ferrocarriles de Na

vajos a Yavaros y la ampliaci?n de aquel puerto, para as? "beneficiar sus terrenos en la regi?n de Huatabampo". Cfr. Huerta, 1957, p. 236.

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del finado general Obreg?n, sino tambi?n a su prestigio, que, dada su influencia pol?tica, hab?a aumentado conside rablemente".14 Ya hemos dicho que la carrera de Obreg?n como hombre de empresa, posterior o paralela a su carrera pol?tico-militar,

ilustra muy bien la actitud de la nueva ?lite revolucionaria en general, en especial, en cuanto al modo de c?mo se cris taliz? una nueva clase de hacendados y burgues?a proveniente

del c?rculo de ex dirigentes revolucionarios, lo que fue posi ble mediante el control del aparato estatal o, sencillamente, aprovechando su posici?n real de poder militar.

As?, en un informe del c?nsul norteamericano en Guay anas fechado el 5 de febrero de 1918, leemos: "El general Ca lles, gobernador del estado, planea, en colaboraci?n secreta con Pancho Elias (su hermanastro) y otros, la instalaci?n de una curtiembre y f?brica de zapatos en Agua Prieta, as? como

la de un banco en Hermosillo; del coronel G?lez, que hace poco fue asesinado por los yaquis, se comenta que hab?a movi lizado a todos los soldados bajo su mando para la explotaci?n

de sus yacimientos privados de guano; el general Manzo,

quien ha tenido en su poder los bienes del ex gobernador May

torena, recurri? a varios cientos de sus soldados para explo tar esta propiedad privada."15 Una actividad comercial especialmente ?gil que, al igual que tent?culos, se introduc?a en todos los ?mbitos, fue la desarrollada por el general Benjam?n G. Hill, uno de los di rigentes militares sonorenses m?s prominentes despu?s de

Obreg?n. Hill proced?a de la misma capa social que Obre

g?n, hab?a sido ranchero en Navojoa antes de la revoluci?n y en la ?poca de Carranza ascendi? al grado de divisionario llegando a la c?spide misma del ej?rcito constitucionalista.

En 1920, siendo comandante militar del Distrito Federal, par ticip? en la sublevaci?n de su compatriota Obreg?n contra Carranza, fue nombrado secretario de guerra en el primer gabinete de Obreg?n, falleciendo bajo circunstancias ominosas

pocos d?as despu?s de asumir sus funciones. Al parecer, Hill 14 NAW, M 274, R. 94, 812.00/Sonora/l.

15 NAW, M 336, R. 57, 862.20212/949.

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no desaprovech? ocasi?n alguna para acumular una fortuna considerable en los pocos a?os de su carrera. Es as? que, al fallecer, seg?n la lista presentada por su viuda a Obreg?n el 7 de junio de 1921 y seg?n una relaci?n del 20 de octubre de 1923, Hill era due?o de las siguientes propiedades: la ha

cienda de "Coapam", m?s tarde vendida al gobierno; una

finca de 4 527 ha en la regi?n de Huatabampo, que Hill in tegr? en la Compa??a Irrigadora y Fraccionadora del r?o Ma yo, de la que fue cofundador; una empresa agropecuaria en Nativitas; participaci?n en un cuarto del arrendamiento de tres haciendas en el estado de M?xico; la mitad de la hacien

da "La Encarnaci?n" en el estado de Guanajuato, con una

extensi?n de 2 885 OOOHia, de la que Hill se hab?a apodera do en calidad de interventor militar durante la rebeli?n de

Agua Prieta.16

A Hill le hab?an sido otorgadas por la Secretar?a de Indus tria y Comercio dos concesiones petrol?feras en los estados de Tamaulipas y Puebla; de la Secretar?a de Fomento hab?a

logrado una concesi?n de agua en el r?o Mayo, tasada en 120 000 pesos. Hill tambi?n ten?a participaci?n en algunas empresas comerciales: en la F?brica de Llantas Pelzer, en la Compa??a Placeres de Oro de Michoac?n, S.A., en los ferro carriles de la Costa del Golfo y en algunas m?s, pero sobre todo, el general tambi?n se hab?a asegurado participaciones

en las ganancias de numerosas firmas privadas, as? como tam

bi?n en los contratos de suministro y de obras con empresas de control fiscal; por ejemplo: una comisi?n de 4% sobre el monto total de las entradas de la plaza de toros de la capital; la mitad de los derechos sobre las ganancias provenientes del contrato de suministro de durmientes para los Ferrocarriles Nacionales en los tramos Matamoros-Monterrey y Monterrey Tampico; la participaci?n ganancial de 25% de un contrato de obras con los Ferrocarriles Nacionales para la construc ci?n del tramo de Veracruz a Santa Lucrecia.17 16 AGNM, O.-C, 7/4, 103-H-8; Cfr. tambi?n: Tobler, 1971, p. 70.

17 AGNM, O.-C, 7/4, 103-H-8. Cuan problem?ticos deb?an ser muchos t?tulos de propiedad de la reciente fortuna de Hill, se desprende de la que ja presentada por su viuda a Obreg?n, en la que dec?a que su difunto ma

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Frente a la energ?a y la perseverancia con que Obreg?n sistem?ticamente construy? su amplia empresa comercial y

la no menos acentuada tenacidad con que Hill acumul? su

considerable fortuna (sobre todo mediante la adquisici?n de tierras y concesiones y la participaci?n en contratos de obras

y de suministro), la actividad comercial de Plutarco Elias Calles parece relativamente modesta. Aunque Calles presenta ba una carrera militar menos brillante que Obreg?n o Hill, ya en 1920, fruto de su notable talento administrativo, ascendi?

al grupo dirigente de los pol?ticos revolucionarios sonoren ses; fue, entre otras cosas, gobernador de su estado natal, se cretario de Gobernaci?n bajo Obreg?n y, entre 1924 y 1928, sucesor de ?ste en la presidencia. Despu?s del asesinato de Obreg?n, Calles fue, como jefe m?ximo de la revoluci?n y hasta

su derrocamiento por C?rdenas en el a?o 1935, el "hombre fuerte" de M?xico, aunque durante este periodo dejara la pre sidencia en manos de sus fieles y leales partidarios.

Tambi?n Calles, quien m?s tarde ?como todos los cabe

cillas de la "familia revolucionaria"? ser?a due?o de varias

propiedades rurales y residencias, hab?a comenzado ya en So nora y durante el tiempo en que a?n pasaba por extremista y bolchevique encubierto, a dedicarse a los negocios en el sector

minero y, sobre todo, en el sector bancario. Es as? que Calles fue, entre otras cosas, accionista mayoritario de la Compa ??a Bancaria Mercantil y Agr?cola de Sonora, S. A., cuyo ?xito

comercial depend?a en gran medida de sus privilegiadas re laciones con autoridades del gobierno.18 Para redondear este cuadro impresionista (que ser?a posi

ble complementar f?cilmente mediante otros muchos ejemplos de carreras similares en el c?rculo de la nueva ?lite revolucio

naria, de sus parientes y protegidos, etc., y que justamente por ello tiene un car?cter representativo), nos remitimos fi nalmente a dos miembros del grupo dirigente de Sonora, quie

nes en los primeros a?os de la d?cada de los veinte, compa

rido hab?a pose?do "muchas otras cosas m?s, de bastante cuant?a, que por no haber sido escrituradas por el general Hill, se quedaron con ellas, sin la menor protesta de nadie, sus favoritos y protegidos".

18 AGNM, 0.-C, 6-2, 102-E-8; 7/4, 103-H-31.

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rados con Obreg?n, Calles y Hill, a?n ocupaban en aquel tiempo cargos secundarios en la nueva estructura del poder:

Abelardo L. Rodr?guez y Aar?n S?enz; ?stos, al igual que los otros, asentaron las bases de vastos complejos econ?mi cos en esta ?poca, que los llevar?an a ser prominentes expo nentes de la nueva burgues?a.

El ya mencionado Abelardo L. Rodr?guez fue, entre los a?os 1932 y 1934, el ?ltimo presidente de la Rep?blica oriundo

de Sonora; proced?a de un medio social en el que una exis tencia econ?mica semiproletaria se emparejaba con una tra dici?n familiar e ideolog?a peque?oburguesas. Ya hemos alu

dido a su "complejo de temor de llegar a la senectud sin

asegurar su bienestar". La oportunidad para escapar a este destino se present? en la d?cada de los veinte, siendo gober nador de Baja California, donde, mediante el control de nu merosos establecimientos de diversiones tales como "saloons", cabarets, etc., pudo beneficiarse del auge tur?stico que en esa ?poca se iniciaba en la regi?n fronteriza. Cofundador de "70,

80 o m?s empresas", acumul? en el curso de los a?os una fortuna que, a finales de los a?os cuarenta, le gan? la fama

de pertenecer a la vanguardia absoluta de los "millonarios de

la revoluci?n".19

Aar?n S?enz, finalmente, de hecho no hab?a nacido en So nora, sino que era oriundo de Nuevo Le?n, en el noreste del pa?s; sin embargo, pertenec?a a los "sonorenses" por haber hecho su carrera militar en el Estado Mayor del ej?rcito del noroeste de Obreg?n, y en la d?cada de los veinte y comien zos de la siguiente, su carrera pol?tica (entre otras cosas, se cretario de Relaciones Exteriores) como partidario de los pre sidentes sonorenses Obreg?n y Calles. Hijo de una familia de la clase media alta, era uno de los m?s bien pocos oficiales revolucionarios que hab?a asistido al instituto de ense?anza media en Saltillo y a la universidad en la ciudad de M?xico.

Paralelamente a su carrera p?blica y en complemento a ella, S?enz lleg? a ser uno de los grandes banqueros e industriales azucareros del pa?s y ?despu?s de retirarse de la pol?tica ac 19 Rodr?guez, 1962, p. 161; Cfr. Tambi?n Naranjo, 1964, 3, 4, 5 de septiembre.

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tiva durante el tiempo de C?rdenas?, se dedic?, por fin, s? lo a la iniciativa privada. En 1964, seg?n una relaci?n del peri?dico El Universal, S?enz, adem?s de presidente de la So

ciedad Nacional de Productores de Az?car, ocupaba los si guientes cargos: presidente del Consejo de Administraci?n de la Compa??a Mexicana de Aviaci?n, presidente de la So ciedad Nacional de Productores de Alcohol, presidente de la Compa??a de Seguros Atlas y del Banco Inmobiliario Atlas, presidente y director del Banco de Industria y Comercio, S.A.,

consejero del Banco de M?xico y de otras varias institucio nes bancarias del pa?s.20 En muchos aspectos, la historia y la carrera de S?enz sim bolizan, de manera impresionante, el proceso de formaci?n de la nueva burgues?a que proven?a del c?rculo de los ex di rigentes de la revoluci?n. En la d?cada de los sesenta, con motivo del 75 aniversario de Aar?n S?enz, el peri?dico Nove dades resum?a en el t?tulo de su laudatio este proceso en la f?r

mula m?s corta posible: "Ejemplar Mexicano, Revolucionario y Hombre de Empresa."21 Para terminar, nos proponemos analizar en el marco de este corto bosquejo algunos aspectos generales del papel eco n?mico y pol?tico desempe?ado por esta nueva burgues?a re volucionaria, aunque, dado el actual estado de investigaci?n, nos saldr?n al paso m?s preguntas de las que realmente ser? posible responder. Nuestros conocimientos ?en muchos as pectos a?n insuficientes?-, de los problemas que a continua ci?n abordaremos, provienen seguramente sobre todo del hecho que las carreras econ?micas de la nueva ?lite de la re 20 El Universal, 8 de julio de 1964.

21 Novedades informaba el 3 de junio de 1966 que el banquete en honor de Aaron S?enz ' 'esclareci? un punto que es importante: la aparente con tradicci?n entre el criterio revolucionario, estrictamente en el sentido de

la Revoluci?n mexicana, y la actividad de la iniciativa privada. . . Su cri terio, su convicci?n revolucionaria, ?se contradice acaso con esta activi dad de hombre de empresa?. . ., precisamente confirm? en su actividad de hombre de empresa; en el r?gimen de iniciativa privada que tenemos, aquel ideal revolucionario que lo llev? a combatir a D?az y a Huerta en favor de la libertad de trabajo y de los derechos obreros. Y as?, de igual modo, han actuado otros revolucionarios, con la misma idea de contribuir a crear nuevas fuentes de riqueza, de producci?n y de consumo. . .".

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voluci?n estaban en contradicci?n con las exigencias iguali tarias del mito oficial de la revoluci?n, por lo que, desde el punto de vista pol?tico, se las convirti? en una especie de tab?.

A este factor se debe tambi?n el hecho de que no existan es tudios abarcadores y emp?ricamente comprobados sobre las ?lites para la ?poca desde la revoluci?n, y en especial en lo que al ?mbito socioecon?mico se refiere.22 En primer lugar presentamos algunas caracter?sticas de la pol?tica de estabilizaci?n en las postrimer?as de la revoluci?n durante el r?gimen de los sonorenses, apuntando a la vez ha cia algunas diferencias entre la pol?tica econ?mica porfirista y posrevolucionaria, aludiendo con ello tambi?n al papel que jugaron los cient?ficos y la burgues?a revolucionaria. A con tinuaci?n discutiremos algunos aspectos que se refieren in tr?nsecamente a la actividad econ?mica de la burgues?a re volucionaria y a su relaci?n socioecon?mica con la antigua clase alta. Para terminar tocaremos brevemente la cuesti?n

de la continuidad ?o, respectivamente, ruptura? de ?lites en general en el periodo de la revoluci?n. ?Cu?l fue el marco sociopol?tico en el que pudo desarro llarse esta nueva burgues?a revolucionaria? De importancia fundamental fue el hecho que la pol?tica de estabilizaci?n ba jo el r?gimen de los sonorenses en la etapa tard?a de la revo luci?n (es decir, entre 1920 y 1935) y a pesar del car?cter de masas de la revoluci?n y de su program?tica sociorreformis ta, no se efectuara medianta una reestructuraci?n fundamental

de la sociedad de acuerdo con la ideolog?a oficial de la revo luci?n, sino que m?s bien adoptara el car?cter de una estabi lizaci?n predominantemente conservadora con una simult? nea domesticaci?n pol?tica de las masas.23 Ya hemos aludido a una importante condici?n previa pa ra esta evoluci?n: la debilidad de la base revolucionaria en la imposici?n de una amplia pol?tica de reformas, debida en gran medida a las formas espec?ficas de movilizaci?n de los 22 Algo mejor se presenta el estado de la investigaci?n en lo que a la

?lite pol?tica se refiere. Cfr. adem?s del trabajo de Hern?ndez, 1962, p. 6,

el ensayo de Smith, 1973, pp. 167-168.

23 Cfr. Tobler, 1976, pp. 188-216.

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ej?rcitos revolucionarios del norte. Especial importancia tie ne tambi?n el h?bil control del movimiento obrero por el go bierno: primero, en 1915, al aliarse los batallones obreros "ro jos" con el mando constitucionalista; luego, sobre todo en la d?cada de los veinte, con la organizaci?n de la confedera ci?n nacional de sindicatos, CROM, dirigida y controlada en alto grado por el gobierno.24 Tambi?n fue posible al nuevo r?gimen ganarse en gran medida a los campesinos, sobre todo pacificando a los ex Zapatistas mediante una distribuci?n de tierras relativamente amplia, aunque regionalmente muy li mitada.25 No en ?ltimo lugar, gracias a este apoyo de masas patrocinado "desde arriba", pudo sobrevivir el r?gimen re volucionario sonorense a diversas y serias rebeliones milita res en la d?cada de los veinte. Otro factor importante para la estabilizaci?n pol?tica interna de M?xico en este periodo fue finalmente la "normalizaci?n" de las relaciones mexica no-norteamericanas, lo que, a fines de los a?os veinte, se ma nifestaba en la estrecha relaci?n entre Calles y el embajador norteamericamo Dwight Morrow.26 En esta situaci?n en la que la oposici?n m?s peligrosa al nuevo r?gimen resultaba de la rebeli?n cat?lico-campesina de los cristeros y no de sindicatos o movimientos campesinos ra

dicales, el gobierno sonorense pudo continuar la estrategia b?sica de desarrollo econ?mico, iniciada durante el porfiria to e interrumpida por la revoluci?n; esta estrategia estaba orientada principalmente hacia el crecimiento econ?mico den tro del marco de un orden capitalista y hacia la estabilidad sociopol?tica. Incluso despu?s de la revoluci?n se postergaron a estas nietas prioritarias las reformas sociales, la democrati zaci?n pol?tica y la mayor justicia en la distribuci?n.

Sin embargo, la nueva ?lite revolucionaria no debe ser sim plemente equiparada al r?gimen porfirista y a la burgues?a de los cient?ficos. Por un lado, hab?a sabido crear un sistema pol?tico que se diferenciaba claramente del r?gimen autocr?

24 Cfr. Meyer, 1970, pp. 30-35; Carr, 1976.

25 En cuanto a la cuesti?n "campesinos y Revoluci?n", Cfr. los art?cu los reunidos por Brading, 1980.

26 En cuanto a la influencia de Estados Unidos sobre el desarrollo me xicano, Cfr. Smith, 1972.

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tico del porfiriato, en especial, en cuanto a su base popular m?s ancha y su mayor permeabilidad social. Por otro lado, esta nueva ?lite revolucionaria tambi?n segu?a otro curso que los cient?ficos, en especial, en cuanto a su pol?tica econ?mica y, sobre todo, en cuanto a su actitud frente al capital extran jero. Porque la Revoluci?n mexicana tambi?n fue una reac ci?n contra el creciente control que el capital extranjero ejer c?a sobre la econom?a mexicana; de ah? que este nacionalis mo caracterizara hasta cierto punto la pol?tica exterior y la pol?tica econ?mica de los gobiernos revolucionarios posteriores

a 1917. Mientras que, como Katz expone en su ensayo, los cient?ficos deb?an en gran medida su privilegiada situaci?n econ?mica precisamente a su funci?n mediadora entre el ca pital extranjero (en especial europeo) y el gobierno mexica no y tambi?n por ello patrocinaban cuando pod?an las inver siones extranjeras ?aunque diversificadas seg?n los pa?ses?, la burgues?a revolucionaria persegu?a un mayor control del capital extranjero. Cierto es que esto no signific? que, en la d?cada de los veinte y a principios de la si'guiente, M?xico tomara una actitud radicalmente nacionalista frente a la do minante influencia econ?mica norteamericana, lo que, por una parte, habr?a aumentado enormemente el riesgo de una "pol?tica de desestabilizaci?n" de Estados Unidos frente a M?xico y, por la otra, tampoco habr?a correspondido a la fi losof?a econ?mica pragm?tica de la burgues?a revoluciona ria.27 M?s que oponerse, principalmente, a la penetraci?n econ?mica del capital extranjero en M?xico, los sonorenses pretend?an mejorar gradualmente la posici?n mexicana den tro de las relaciones de dependencia econ?mica existente.28 Esto se manifest? sobre todo en los esfuerzos del nuevo r?gi 27 Cfr. Hansen, 1971, p. 170: "Stated all too briefly, this study suggests that the entente cordiale best expressed in the relationship between Presi

dent Calles and U.S. Ambassador Dwight Morrow was dictated as much by a consensus of values on major social and economic issues as by consi derations of realpolitik".

28 Cordova, 1972, p. 34: "El nacionalismo mexicano, para decirlo en otros t?rminos, ha buscado tan s?lo mejores condiciones de convivencia con el imperialismo, en el mismo sistema internacional, siendo su verdadera divisa la negociaci?n y no el rompimiento".

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men revolucionario de gravar con impuestos m?s altos las empresas extranjeras, en especial, las del sector central de la explotaci?n de materias primas, para as? procurarse m?s me dios para el desarrollo econ?mico del pa?s.29 Por lo tanto, es natural que al Estado le correspondiera mayor importancia como iniciador y auspiciador inmediato de la modernizaci?n econ?mica; en el tiempo anterior a C?rdenas, la pol?tica es tatal de desarrollo se concentr? principalmente en la creaci?n

y la expansi?n de un sistema bancario y crediticio p?blico, as? como tambi?n en tareas infraestructurales.30 Sin embargo, es dif?cil de juzgar si al nuevo papel econ? mico del Estado correspondi? tambi?n una actitud modifica

da de la nueva ?lite revolucionaria en sus actividades eco

n?micas privadas. Por un lado, la burgues?a revolucionaria tambi?n actuaba ?como los cient?ficos? en los ?mbitos tra dicionales de la agricultura, de las finanzas, del comercio mayorista, de la especulaci?n en la construcci?n, etc.; sin em bargo, en los ejemplos expuestos de las carreras de los Obre g?n y Aar?n S?enz se puede tambi?n adivinar que cada vez aumentaba m?s la iniciativa hacia la propia actividad empre sarial en los sectores "modernos" de la econom?a, tales como el agrobusiness, la industria transformadora, etc. Pero, consi

derando el estado actual de la investigaci?n, es dif?cil deter minar si la nueva burgues?a revolucionaria ?m?s all? de las

formas de acumulaci?n de capital que le es com?n?, tam

bi?n se caracterizaba por otros puntos comunes en cuanto a su actividad econ?mica, tales como la concentraci?n de sus inversiones en determinados sectores econ?micos. Tambi?n es dif?cil de apreciar el peso econ?mico de la burgues?a revo lucionaria dentro de la econom?a mexicana; pero parece que en el periodo que aqu? tratamos, fue relativamente modesto.

Porque, a pesar de las disposiciones econ?micas nacionalis tas de la Constituci?n de 1917, la influencia extranjera sigui? dominando en la econom?a mexicana, intensific?ndose incluso

hacia finales de la d?cada de los a?os veinte.31 No s?lo se 29 Cfr. sobre todo Meyer, 1968.

30 Cfr. Meyer, 1977, pp. 283-290.

31 Womack, 1978, acent?a este hecho contrastante con la ideolog?a na

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gu?an la extracci?n de petr?leo y la miner?a ?sectores cen trales de la econom?a?, controlados casi exclusivamente por norteamericanos e ingleses, sino que tampoco en la industria textil se produjeron cambios fundamentales con respecto al porfiriato: todav?a en 1930, s?lo 75 f?bricas textiles de las 205

existentes en el pa?s eran de propiedad exclusivamente mexi cana.32 Por fin, a pesar de la pol?tica del gobierno mexica no, que trataba de "estimular a los industriales mexicanos para llegar a competir con los extranjeros", la mayor?a de las nuevas industrias creadas despu?s de la revoluci?n fue ron "principalmente sucursales de consorcios industriales ex tranjeros (generalmente norteamericanos)".33 Adem?s no se debe sobreestimar la importancia econ?mi ca de la burgues?a revolucionaria, ya que la posici?n econ? mica de la clase alta prerrevolucionaria apenas si hab?a sido tocada. Excepci?n hecha de algunas aisladas expropiaciones de tierra, sobre todo en la regi?n de la anterior rebeli?n Za patista, la antigua clase alta pudo conservar sus propiedades; solamente bajo el gobierno de C?rdenas se llegar?a a una ex propiaci?n m?s amplia, aunque no total, de la antigua clase terrateniente. En cambio, la antigua burgues?a mexicana pa rece haber mantenido ampliamente su posici?n despu?s de la revoluci?n en el comercio, en la banca y en la industria.34 En este contexto se plantea la pregunta de si tambi?n hubo estrechas relaciones comerciales entre la nueva burgues?a re volucionaria y las empresas extranjeras y, sobre todo, si se lleg? a una fusi?n econ?mica considerable entre la nueva bur cionalista oficial de la ?poca tard?a de la revoluci?n. Cfr. Krauze, 1977.

"Las inversiones-invasiones norteamericanas", pp. 289-292; con la fun daci?n de la primera sucursal de la Ford en M?xico, en 1925, ya ven el comienzo de la "desnacionalizaci?n de las industrias" del pa?s.

32 En cuanto al desarrollo de la miner?a Cfr. Bernstein, 1964, p. 143ss.; en cuanto a la industria textil Cfr. Keremitsis , 1973, p. 235; m?s en ge neral Cfr. Cece?a, 1975, pp. 103-124.

33 Sterrett y Davis, 1928, pp. 75, 208.

34 Cfr. Meyer, 1977, p. 300; para Meyer, los exponentes de la burgue s?a revolucionaria, en lo que a peso econ?mico se refiere, "se quedan chi quitos frente a las verdaderas fortunas financieras, mercantiles e indus

triales".

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gues?a revolucionaria y la antigua burgues?a prerrevolucio naria. Pero, a diferencia de los buenos estudios emp?ricos que existen sobre la burgues?a cient?fica, que yo sepa, casi no han sido investigadas las vinculaciones econ?micas de la burgue s?a revolucionaria, debido seguramente a las ya aludidas con notaciones que esta tem?tica puede a?n tener desde el punto de vista pol?tico.35 Aunque el papel pol?tico de la burgues?a revolucionaria fuese sin lugar a dudas muy significativo en cuanto a la creaci?n del sistema sociopol?tico posrevolucio nario, su radio de acci?n econ?mica, vistas las condiciones esbozadas, hab?a de permanecer muy limitado. Sin preten der cambiar, de manera fundamental, el modelo de control econ?mico prerrevolucionario por parte del capital extranje ro y de la clase alta mexicana tradicional, la burgues?a revo lucionaria se incorporaba m?s bien en esta ?lite econ?mica como un segmento nuevo, aunque, dada su posici?n pol?tica de poder, al principio privilegiado. En todo caso, y al menos desde el punto de vista social, el proceso de fusi?n entre la antigua y la nueva clase alta parece haberse consumado en gran parte desde finales de la d?cada de los veinte; en todo caso no hay duda que as? es a partir de la segunda guerra mundial, siendo ?como en tiempos del porfiriato? "la alian za matrimonial. . . el m?todo m?s seguro para cimentar la fusi?n" entre la antigua y la nueva ?lites.36 ?C?mo podemos clasificar, para terminar, la formaci?n de una nueva burgues?a revolucionaria proveniente del c?rculo de los dirigentes revolucionarios victoriosos en un mayor con texto de la historia mexicana moderna a partir del comienzo del porfiriato? Esta cuesti?n toca la intensa controversia ge 35 Algunas referencias sobre la fusi?n econ?mica y social de la ?lite re volucionaria, de la antigua clase alta, de los comerciantes extranjeros y de la burgues?a de origen europeo que lentamente se "mexicanizaba" se encuentran en Meyer, 1977, pp. 291-303. Un ejemplo interesante, que ilustra las relaciones econ?micas entre la burgues?a revolucionaria y las empresas controladas desde el exterior, parece ser la considerable partici paci?n de Calles en el capital de la sociedad subsidiaria de la ATT ame ricana; Cfr. Ashby, 1963, p. 25. Un enfoque literario del tema ofrece

Fuentes, 1964.

36 Meyer, 1977, p. 300. En cuanto al proceso de fusi?n social entre la "antigua" y la "nueva" clase alta Cfr. tambi?n Iturriaga, 1951, p. 81.

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neral que hoy en d?a se est? llevando a cabo en lo referente al car?cter b?sico de esta revoluci?n y a su funci?n dentro del proceso m?s general de los cambios y de la moderniza ci?n de M?xico en los ?ltimos cien a?os. Ya que sobre todo se discute si la revoluci?n debe realmente entenderse como transformaci?n profunda y reorientaci?n radical del sistema socioecon?mico mexicano o si ?pese a todas las agitaciones en la superficie? ha de considerarse como expresi?n de una continuidad fundamental de la evoluci?n econ?mica y pol?ti ca desde el porfiriato.37 Tambi?n en lo referente a la cues ti?n que aqu? nos interesa, o sea, en cuanto a la envergadura y calidad del cambio de ?lites causado por la revoluci?n, es posible constatar una mezcla de elementos de cambio y de

continuidad, mezcla esta caracter?stica para el desarrollo de la Revoluci?n mexicana en general. Al menos hasta fi nal de la presidencia de C?rdenas (1940) cabe hablar de un

profundo cambio pol?tico de la ?lite, ya que la antigua ?lite

pol?tica, militar y administrativa fue casi totalmente destitui

da por medio de la revoluci?n. Entre 1915 y 1940, los vete ranos de la revoluci?n monopolizaron el poder pol?tico, hasta que, bajo el r?gimen de la "revoluci?n institucionalizada" despu?s de la segunda guerra mundial y en relaci?n con el cambio generacional, al cambiar paulatinamente los mode los de reclutamiento, cambi? tambi?n la ?lite pol?tica.

En cambio, por lo que a la ?lite socioecon?mica se refiere no se produjo una verdadera ruptura con la tradici?n. Esta

"antigua" clase alta, a la que ya en 1935 pertenec?an nu

merosos veteranos de la revoluci?n, se vio afectada econ?mi camente ante todo por la reforma agraria efectuada por C?r denas. Pero parte de ?sa, esta reforma signific? un efectivo descenso econ?mico y social; para otros de sus miembros, en cambio, las expropiaciones de tierra cardenistas fueron el ?l timo impulso para emprender otras actividades econ?micas, de forma creciente tambi?n en el sector industrial.38 Pero en

37 Para un examen m?s detallado de estas preguntas Cfr. H.W. To bler, 1979, pp. 369-392, en especial, pp. 369-372, 384-390.

38 En esa direcci?n apuntan algunas de las entrevistas a empresarios en el estudio de Derossi, 1968, pp. 156-158.

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general, la clase alta no hab?a sido en modo alguno desplaza da de sus posiciones econ?micas. Por lo tanto, su creciente diferenciaci?n social despu?s de la segunda guerra mundial, parece ser m?s atribuible al aumento de la industrializaci?n, que comenzaba en este periodo, que a las repercusiones de la revoluci?n.39

Desafortunadamente, dentro del contexto general del de sarrollo de la Revoluci?n mexicana aqu? abordado, ha de per manecer abierta una cuesti?n cardinal: la relativa al papel de la nueva burgues?a durante la pol?tica de reformas cardenis ta en la segunda mitad de los a?os treinta. Tanto la cuesti?n de las causas reales del cambio de orientaci?n social y pol?ti co-econ?mica efectuado por C?rdenas contra la influyente ala callista de los ex dirigentes revolucionarios como la referente

a los grupos sociales que apoyaron esta nueva pol?tica de C?r denas no se han aclarado todav?a; menos a?n se sabe sobre el papel que la nueva burgues?a desempe?? en esta pol?tica.

Al ser sustituida pol?ticamente la antigua ?lite revoluciona ria norte?a por el nuevo grupo dirigente cardenista, ?se pro dujo tambi?n un similar desplazamiento hacia el centro del pa?s dentro de la nueva burgues?a? ?Es posible que en la ?poca

de C?rdenas se formara una nueva burgues?a revolucionaria, oriunda, por ejemplo, de los estados centrales de M?xico, que por motivos econ?micos estuviera interesada en una acelera ci?n y radicalizaci?n de la reforma agraria y en una pol?tica econ?mica netamente nacionalista? ?Es posible que esta nueva burgues?a ?junto con los campesinos y obreros que tambi?n

bajo C?rdenas segu?an organizados "desde arriba"? diera

apoyo social al nuevo r?gimen de reformas? Como dec?amos, no es todav?a posible responder satisfactoriamente a esta pre gunta, dado el actual estado de la investigaci?n; los varios trabajos sobre la fase cardenista de la revoluci?n que est?n para concluirse deber?an esclarecer estos interrogantes.

Cfr. los trabajos ya mencionados de Derossi e Iturriaga.

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AUTORITARISMO REVOLUCIONARIO EN EL M?XICO PROVINCIAL: EL CARRANCISMO Y EL GOBIERNO PRECONSTITUCIONAL EN OAXACA,

1915-1920

Paul Garner Instituto de Estudios Latinoamericanos

Universidad de Londres

El objetivo principal de este trabajo es trazar un esbozo de la pr?ctica del gobierno preconstitucional en el estado de Oaxa

ca entre 1915 y 1920. Este estudio de un caso provincial ilus tra la disparidad entre la ideolog?a y la puesta en ejecuci?n del carrancismo, que contribuy? al fracaso general de las auto

ridades militares en Oaxaca en su empe?o de atraer u obli gar a los oaxaque?os a aceptar el constitucionalismo antes de 1920. Sostendr? que el periodo de gobierno preconstitucio nal en Oaxaca se caracteriz? por el autoritarismo burocr?ti co y una severa depresi?n en la econom?a local, que exacer b? los conflictos pol?ticos entre el centralismo carrancista y las tradiciones del federalismo oaxaque?o manifiesto en el Mo

vimiento pro Soberan?a de Oaxaca (1915-1920).

Ideolog?a y pr?ctica

La historiograf?a reciente ha esclarecido la ecl?ctica natu raleza de las influencias ideol?gicas que triunfan con la f?rmu

la de la Realpolitik [o pol?tica realista] carrancista. El consti tucionalismo ha sido descrito de diversos modos: como "una

ideolog?a mixta, alumbrada en el ardor del conflicto revolu cionario", como "una infraestructura creada en respuesta a la r?pida politizaci?n",1 y las m?ximas constitucionalistas 1 knight, 1981; Richmond, 1976, p. 221.

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encarnadas en la Constituci?n de 1917 como "una acumula ci?n de muchos hechos y de decisiones pragm?ticas".2 Por eso ha solido decirse que la clave de los ?xitos del constitucio nalismo no era la innovaci?n ideol?gica sino m?s bien la apro piada s?ntesis de ideolog?a y acci?n que no s?lo dio una solu ci?n en breve plazo a las rivalidades y el caos de la guerra civil, sino adem?s una soluci?n pol?tica a largo plazo en la reconstrucci?n del Estado.

La ulterior penetraci?n en la naturaleza del constituciona lismo ha permitido la investigaci?n de H?ctor Aguilar Ca m?n, quien ha demostrado que la pol?tica radical abrazada por la "dinast?a sonorense" de Obreg?n, Calles y De la Huer ta, que monopoliz? el poder presidencial en los a?os veinte, se formul? como una respuesta a los acontecimientos par ticulares, econ?micos y pol?ticos, ocurridos en su estado natal

durante el porfiriato, y por la experiencia y el ejercicio del poder pol?tico durante las guerras civiles del periodo revolu cionario. Por consiguiente, la pol?tica agraria no se interes? en los litigios comunales por la tierra, sino en la inversi?n y en la expansi?n de haciendas modernas de producci?n co mercial destinada al mercado exportador. La aparici?n de un proletariado industrial militante en la miner?a de Sonora an tes de la Revoluci?n, hab?a puesto de relieve no s?lo la nece sidad de la cooperaci?n sino tambi?n la del control de la fuerza

de trabajo organizada. La tradici?n de autodefensa munici pal en una zona de constante violaci?n de l?mites explica la entusiasta respuesta a la formaci?n de una milicia estatal pro fesional para defender a Sonora de Pascual Orozco, en 1912, y a la naci?n de Victoriano Huerta despu?s de 1913. Las cir cunstancias pol?ticas de Sonora, posteriores a 1911, alentaron experimentos en la gesti?n por el Estado tanto de la producci?n

agr?cola como de la industrial, y esto favoreci? el desarrollo de una forma de capitalismo juntamente revolucionario y na cionalista. Aguilar Cam?n deduce as? que el constitucionalis mo, radical en su pol?tica pero conservador en su estructura, fue la punta de lanza de una naciente burgues?a nacional que utiliz? la Revoluci?n para eliminar los obst?culos que se opo 2 Cumberland, 1972, p. 213.

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n?an al acceso al poder y la fortuna personales.3 Es empero evidente que muchas veces hubo un vasto abis mo entre esa ideolog?a radical y la pr?ctica constitucionalista,

en particular durante la presidencia de Venustiano Carran za. En Oaxaca, durante el quinquenio de gobierno precons titucional, ese abismo no se estrech?, sino se ensanch?, con lo que contribuy? al alto grado de resistencia de todos los sec

tores de la sociedad oaxaque?a, que min? efectivamente la eficacia y legitimidad de la administraci?n carrancista den tro del estado. Pese a la ocupaci?n de la ciudad de Oaxaca por las tropas constitucionalistas, en marzo de 1916, las zo nas alejadas de los valles centrales, el istmo de Tehuantepec y la parte septentrional de la Sierra Mixteca, todav?a queda ron fuera de su poder pol?tico en 1920. La econom?a local, lejos de dar se?ales de recuperaci?n, estaba a fines de 1919

"irremediablemente arruinada".4 Los gobernadores pre

constitucionales de Oaxaca, que tambi?n ten?an la categor?a

de comandantes militares y eran directamente nombrados por

Carranza, copiaban fielmente la abundante legislaci?n por de creto emanada de la ciudad de M?xico (si bien muchas veces con un retraso de hasta 18 meses), conscientes de que su ad ministraci?n operaba en un vac?o pol?tico. Aparte de la vic toriosa guerra de guerrillas contra las guarniciones constitu cionalistas en sus diversos intentos de anular la resistencia en

la Sierra Ju?rez y la Sierra Mixteca, el gobernador militar,

Juan Jim?nez M?ndez, se quej? amargamente a Carranza de la campa?a de obstrucci?n a su administraci?n empren dida por "la burgues?a agr?cola, que ha constituido el grupo social director en el estado".5 La hostilidad provincial no ha b?a cedido para 1920, y las condiciones de entonces hicieron al historiador regional Jos? Tamayo declarar que Oaxaca, "pol?tica y militarmente estaba por completo fraccionada".6

3 Aguilar Cam?n, 1980, pp. 92-124.

4 PRO..F0 Series 204, v. 532, leg. 8, Dr. Arthur, vicec?nsul nortea mericano en Oaxaca, en conversaci?n con el c?nsul general suplente in gl?s Norman King.

5 AHDN, Leg. 14, ff. 42-48, Jim?nez M?ndez a Carranza, abril 17,

1918.

6 Tamayo, 1956.

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La tarea a que se enfrentaban los gobernadores preconsti tucionales de Oaxaca era ciertamente abrumadora. Aparte de la antipat?a demostrada en todos los niveles de la sociedad local a su presencia misma dentro del Estado, y las dificulta des inherentes a la creaci?n de una autoridad pol?tica efecti va, la depresi?n de la econom?a local y la escasez general de recursos, todo militaba contra la aplicaci?n m?nima de los pro

gramas constitucion?listas de regeneraci?n social y econ?mi ca. Ineficaces intentos de hacer pros?litos entre la poblaci?n local con los m?ltiples beneficios de la salud, la educaci?n y el progreso social ca?an en o?dos sordos, y no era una de las menores causas de ello el que se presentaran con la punta del fusil. La base del poder constitucionalista en Oaxaca entre 1915 y 1920 era el gobierno militar autoritario.7 Aunque se hagan resaltar las imperiosas pr?cticas de las autoridades militares en Oaxaca en aquel periodo, ser?a err? neo sobreestimar los efectivos y la eficiencia de las fuerzas carrancistas (conocidas local, pero no afectuosamente, como

"carracos", "carranclanes" y aun "con-sus-u?as-listas").8

El cuartel general de la ciudad de Oaxaca y las guarniciones desperdigadas por el Estado, continuamente ped?an a Carran za armas, provisiones y refuerzos, reiterando el mensaje de que un esfuerzo militar concertado aplastar?a a los rebeldes y asegurar?a la victoria para la revoluci?n, pero con pocos resultados tangibles. Por consiguiente, la moral de los consti tucion?listas era a menudo baja, la disciplina dif?cil de mante ner y las deserciones frecuentes. En este sentido, la debilidad

particular de la maquinaria militar carrancista en Oaxaca aumentaba las dificultades en que se debat?an las autorida des militares.9 Pero inicialmente, los oficiales constitucion?listas en Oaxaca

parec?an tener mucha confianza en su aptitud para crear un 7 La ley marcial se proclam? oficialmente en la ciudad de Oaxaca el 17 de agosto de 1916, pero extraoficialmente estuvo en vigor en todas las zonas donde dominaba el constitucionalismo, P0, in, num. 5, agosto

10, 1916.

8 AHDN, Leg. 214, f. 96; V?zquez Cruz, 1959, p. 358; Iturribarr?a,

1955, p. 357.

9 AHDN, Leg. 213, ff. 31-36, 42-48.

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nuevo orden revolucionario. El primer gobernador precons titucional de Oaxaca nombrado por el Primer Jefe fue el ge neral Jes?s Agust?n Castro, al mando de la Divisi?n 21, que instal? su gobierno provisional en Salina Cruz, en el istmo de Tehuantepec, en agosto de 1915. Lleno de entusiasmo y

de ret?rica, Castro public? el "Manifiesto al Pueblo Oaxa que?o", que esbozaba los principios ideol?gicos y adminis trativos del gobierno preconstitucional e identificaba clara

mente a los "enemigos de la Revoluci?n", locales.

Describ?a a los jefes del Movimiento pro Soberan?a como "vampiros acostumbrados a sangrar inicuamente a los que tienen el infortunio de estar al alcance de sus garras", y m?s

prosaicamente, como "unos cuantos caballeros de industria que pretenden entronizarse en el poder", sin ning?n dere cho pol?tico leg?timo, por ser culpables de complicidad con el pronunciamiento de 1913. Castro declaraba que el objeti vo de la "impetuosa falange revolucionaria", de la cual era un orgulloso miembro, era proporcionar "el mayor bien para el mayor n?mero. . . el mejoramiento efectivo del pueblo, y bienestar de la sociedad en general". Se declaraba encarga do de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales del go bierno, y decretaba que todas las acciones de las autoridades rebeldes eran nulas y no v?lidas.10 Hab?a algo de fantas?a casi quijotesca en los dictados ini ciales de la nueva administraci?n, que se compon?a de s?lo nueve constitucionalistas j?venes enviados de la ciudad de M? xico y cuya jurisdicci?n se limitaba a 31 municipios en los distritos de Tuxtepec, Juchit?n y Tehuantepec.11 La magni tud y envergadura de la administraci?n carrancista aumenta ban con la extensi?n del territorio en que ten?an jurisdicci?n oficial,12 pero los gobernadores militares nunca pudieron re 10 PO, i, n?m. 1, septiembre 16, 1915: "Manifiesto al Pueblo Oaxa

que?o' '.

1 i El n?mero total de municipios en el estado era de 463, Mexican Year

Book, 1910, p. 597.

12 Hemos hecho c?lculos con base en el n?mero de Juntas Calificado ras del Catastro, creadas por las autoridades municipales de Oaxaca, en respuesta al decreto de septiembre 19, 1914, expedido por Carranza, con el fin de compilar un registro detallado de la extensi?n y el valor de todas

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clutar personal t?cnico administrativo entre los oaxaque?os nativos ni el personal administrativo de escalones inferiores que hab?a servido al anterior gobierno estatal "soberano".

Tanto Agust?n Castro como su sucesor, Juan Jim?nez M?n dez, comentaban que aquello se deb?a, en parte, a la abierta hostilidad de los bur?cratas del Estado. En las funciones so

ciales informales, organizadas por la administraci?n consti tucionalista, los funcionarios locales trataban a sus hu?spe des con un "desprecio insolente".13 La hostilidad de las anteriores autoridades civiles de Oaxaca hacia el gobierno constitucionalista no era muy sorprendente,

dadas las purgas pol?ticas llevadas a cabo cuando el r?gimen estaba en su infancia, cosa que, si bien despu?s se atenu?, marc? el tono y el tenor del gobierno carrancista. Desde el principio se estableci? lo esencial del gobierno por decreto, de acuerdo con la f?rmula: en vista del nombramiento que Venustiano Carranza, Primer Jefe Supremo del Ej?rcito Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Naci?n, ha considerado prudente conce derme, y en uso de los poderes extraordinarios de que yo mis mo me hallo investido, decreto. . .

a lo cual no se pod?a replicar ni apelar, puesto que el hecho mismo de su publicaci?n en el Peri?dico Oficial hac?a obligato rio su cumplimiento. Las autoridades locales fueron informa das por este medio en septiembre de 1915 de que debido a las circunstancias reinantes en Oaxaca, no era "propicio" apli car el decreto de Carranza de diciembre de 1914, que esta blec?a el principio del "Municipio Libre" y la autonom?a mu nicipal en lugar de la impopular instituci?n de la "Jefatura Pol?tica", y en su lugar decretaba que todas las autoridades municipales ser?an nombradas y destituidas por el Ejecuti vo, y que los presidentes municipales de las cabeceras de los las propiedades urbanas y rurales de M?xico, principalmente con fines fis cales. Para mayo de 1920, s?lo 146 juntas (de 463) se hab?an constituido en s?lo 18 de los 26 distritos pol?ticos del estado, clara demostraci?n de las limitaciones que encontraba la jurisdicci?n efectiva de las autoridades preconstitucionalistas.

13 AHDN, Leg. 213, ff. 42-48.

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distritos asumir?an el papel y las funciones anteriormente ejer cidas por el jefe pol?tico.14 Estos poderes dictatoriales se justi

ficaban en vista de la "urgente necesidad" de remplazar a las autoridades civiles existentes en Oaxaca, debido a la "abun

dancia de caciques" y a la "gran mayor?a de analfabetos, ignorantes de sus derechos y responsabilidades", lo cual exclu?a

la posibilidad de celebrar elecciones municipales.15 Pese a la subsiguiente publicaci?n del decreto original que creaba el municipio libre como la base del gobierno local en M?xico, decididamente no era mucho el empe?o de las autori dades militares de Oaxaca en mantener la efectiva autonom?a municipal. Se convoc? a elecciones municipales en septiem bre de 1916 (si bien no se celebraron, sino en diciembre, y tan s?lo en los 46 municipios controlados por los constitucio nalistas), pero pas? un periodo de tres a?os antes de celebrarse

las elecciones siguientes, pese a la disposici?n contenida en la Ley de Ayuntamientos de 1889 para que las elecciones mu nicipales se celebraran todos los a?os. Pese a las afirmacio nes de que "todos los ciudadanos mexicanos en el ejercicio de sus derechos (constitucionales) pueden votar y ser vota dos", la Ley Electoral de 1916 estaba cuidadosamente redac tada para excluir la posibilidad de que fueran electas autori

dades municipales que pudieran resultar hostiles o poco afectas

al constitucionalismo.

La lista de los que no ten?an derecho a ser electos com prend?a a los que estaban en servicio activo en el ej?rcito y los analfabetos, y la lista de los que no ten?an derecho a votar

ni a ser electos comprend?a a los vagabundos, los beodos con suetudinarios, los quebrados, los delincuentes, los jugadores profesionales y "los que han perdido su derecho a la ciuda dan?a", que eran todos los que activa o pasivamente ayuda ban al "enemigo". (El no informar de los movimientos del enemigo era incluso un delito que se pagaba hasta con 10 a?os de prisi?n.)16 Aun con todas estas condiciones, el ?xito elec 14 PO, i, n?m. 2, septiembre 23, 1915.

15 M?rquez, 1916. M?rquez fue secretario del gobernador Jes?s Agus t?n Castro hasta noviembre de 1916.

16 Ley electoral, PO, ni, n?m. 4, agosto 1, 1916; la lista de delitos y sus respectivos castigos en PO, m, n?m. 18, octubre 9, 1916.

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toral depend?a en definitiva de la aprobaci?n del gobernador:

en abril de 1917, Jim?nez M?ndez declaraba que la elecci?n

de Taurino D?az para presidente municipal de San Pedro

Ap?stol, Ocod?n, era contraria a la Ley Electoral, porque D?az hab?a sido miembro del club pol?tico felicista, por haber su ministrado alimentos a las tropas enemigas y por haber ocu pado el puesto de presidente municipal durante el periodo de gobierno soberanista. Por consiguiente, anulaba la elecci?n y ordenaba la detenci?n y el encarcelamiento de D?az.17 Se exigieron reiteradas garant?as no s?lo a las autoridades municipales, sino tambi?n a todos los que trabajaban en cual quier puesto de la administraci?n estatal que fueran pol?tica mente puros o en caso contrario que fuera en favor del cons titucionalismo. Todos ellos deb?an prestar juramento de que cumplir?an las disposiciones consagradas en el Plan de Gua dalupe.18 Se requer?an informes de cada futuro bur?crata acerca de sus antecedentes morales y pol?ticos, su nivel de edu

caci?n y su ocupaci?n en los ?ltimos cinco a?os.19 Antes de pagar cualquier salario se requer?a prueba de autorizaci?n del nombramiento; los empleados deb?an jurar el secreto acerca de los planes y proyectos del gobierno, y ning?n empleado deb?a desempe?ar m?s de un puesto oficial (aunque en la pr?c tica esto no se cumpl?a muy estrictamente).20 Al control sobre la selecci?n del personal acompa?aba el estricto control ejecutivo de la funci?n y jurisdicci?n de las autoridades municipales. El decreto relativo al municipio li bre, de diciembre de 1914 (publicado en Oaxaca en noviem

bre de 1915), asentaba el principio de que:

el municipio independiente es la base de la libertad pol?tica de los pueblos, as? como la primera condici?n de su bienestar y pros

peridad, puesto que las Autoridades Municipales est?n m?s ca 17 PO, iv, num. 17, abril 26, 1917.

18 PO, ii, num. 4, febrero 3, 1916.

19 AGEO, Legajo "Departamento del Estado: Secci?n de Goberna ci?n, 1916".

20 PO, iv, num. 25, marzo 23, 1916; Isaac Oliv? desempe?aba los car gos administrativos de secretario de despacho del gobernador, y presiden

te de la Comisi?n Agraria local en 1917, PO, iv, num. 14, marzo 29,

1917.

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pacitadas, por extrema proximidad al pueblo, para conocer sus necesidades, y, por consiguiente, para atenderlas y remediarlas con eficacia. . . [Por eso, los diferentes estados de la Federaci?n adoptar?n] para su r?gimen interior la forma de gobierno re publicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi?n territorial y de su organizaci?n pol?tica el Municipio Libre, administrado por Ayuntamientos de elecci?n popular directa y sin que haya autoridades intermedias entre ?stos y el Gobierno del Estado.21

Se ha demostrado ya que en la inmensa mayor?a de las mu nicipalidades del estado nunca hubo elecciones populares di rectas, en los cinco a?os de administraci?n constitucionalis ta. Pero adem?s se daba el caso de que la "independencia" municipal estaba sometida a constante vigilancia y aun mu chas veces a violaci?n directa por las autoridades militares locales. La exigencia inicial de informes mensuales acerca de las actividades de todas las ramas del gobierno municipal se revis? despu?s y qued? en un informe semanal detallado. A los presidentes municipales se les daban instrucciones de no inmiscuirse en los asuntos de otros ayuntamientos. Se exig?a el cumplimiento estricto de todos estos decretos ejecutivos, y a las autoridades municipales se les prohib?a contratar abogados para interceder ante el gobierno del estado en su favor.22 A los funcionarios municipales se les multaba u obli gaba a dimitir por su incumplimiento.23 Pero la peor amena za a la autonom?a municipal era el dictatorial abuso de poder por las autoridades militares. La detenci?n, el encarcelamiento

o la ejecuci?n arbitrarias de civiles por sospechas de conni vencia con los rebeldes y el saqueo, el pillaje y la "confis caci?n" de bienes y mercanc?as de las casas privadas y los establecimientos comerciales eran pr?ctica com?n, e intro dujeron un nuevo verbo en el vocabulario del mexicano medio:

"carrancear".24

21 PO, i n?m. 10, noviembre 18, 1915.

22 PO, ii, n?m. 7, febrero 17, 1916, n?m. 12, marzo 23, 1917, n?m.

13, marzo 30, 1916; PO, m, n?m. 25, diciembre 23, 1916.

23 PO, ii, n?m. 10, marzo 9, 1916, n?m. 21, mayo 25, 1916.

24 AHDN, Leg. 213, ff. 78-79, carta an?nima a Carranza de Ejutla, septiembre 29, 1918.

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Otra causa de antagonismo entre las autoridades munici pales y las militares era el af?n por parte del r?gimen consti tucionalista de limitar las posibilidades de peculado y corrup ci?n que anteriormente hab?an tenido los funcionarios de los ayuntamientos locales. Los presidentes municipales, por ejem plo, anteriormente no ten?an sueldo, pero se les permit?a im poner contribuciones especiales a manera de "donativo vo luntario" para su propio ingreso personal. El sistema estaba expuesto al abuso, y uno de los primeros actos del r?gimen carrancista fue decretar que en lo futuro el presidente muni cipal y los miembros del poder judicial local ser?an pagados de los fondos municipales, de acuerdo con la capacidad de generar ingresos fiscales el municipio. Se regular?a estricta mente el gasto municipal, y la caja del municipio deb?a pre sentar todos los documentos y recibos pertinentes antes de que se autorizara el pago.25 Con el fin de demostrar la serie dad de sus intenciones, las autoridades militares procesaron al tesorero y al presidente municipales de Tehuantepec por desfalco.26 La decisi?n de las autoridades constitucion?listas de tener la rienda corta a los presidentes municipales se deb?a en par te, a la convicci?n de que el poder pol?tico local que hab?an gozado con el r?gimen anterior los hab?a convertido en "ca ciques y c?nicos explotadores del pueblo", y en parte al de seo de educar y politizar a la poblaci?n ind?gena de Oaxaca

y proporcionarle un espacio material y moral m?s estimulante.

Para Agust?n Castro era de primordial importancia que la administraci?n del estado se llevara a cabo siguiendo "la senda honrada y dif?cil de reconstrucci?n" y de acuerdo con un es tricto c?digo moral. Dec?a que la justicia constitucionalista era igualitaria y se impartir?a "lo mismo al grande que al chi

co, lo mismo al pobre que al rico". El ciclo de corrupci?n

que perpetuaba el monopolio de los recursos econ?micos por una peque?a ?lite local deb?a terminar. Por consiguiente, todos

los funcionarios estatales deber?an hacer de modo que el ne potismo y el favoritismo quedaran erradicados en el nombra 25 M?rquez, 1916, p. 178; PO, i, num. 9, noviembre 11, 1915.

26 PO, ii, num. 9, enero 21, 1916.

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miento de funcionarios estatales y municipales, que ser?an los

encargados de crear un nuevo universo moral.27 El presidente municipal de Juchit?n qued? probablemen te muy sorprendido cuando el gobernador Castro rechaz? una

solicitud de rutina, para la autorizaci?n de abrir una cantina en lugares propiedad de la municipalidad, fund?ndose en que la propiedad municipal deber?a dedicarse a "fines m?s no bles".28 Despu?s de esto se distribuy? a las autoridades mu nicipales una serie de circulares en las que se les recordaban sus responsabilidades en el campo de la higiene p?blica, se les advert?a de los peligros del alcohol (en particular los peli gros que presentaba la ingesti?n excesiva de alcohol en los funerales) y su obligaci?n de imponer una prohibici?n a cos tumbres tan "b?rbaras" como las corridas de toros y las peleas

de gallos.29 Sin embargo, se contrarrestaban las prohibicio nes y proscripciones con folletos y hojas sueltas de informa ci?n al p?blico, dando toda suerte de consejos a los habitan tes de las localidades, desde los "Beneficios del pl?tano" hasta

la "Selecci?n de semillas".30 La creaci?n de una "Oficina

de Informaci?n y Propaganda" en enero de 1916, y la subsi guiente de "juntas de propaganda" regionales, ilustraban el reconocimiento por el r?gimen de la necesidad de comunicar

a los habitantes de Oaxaca los beneficios de la cornucopia constitucionalista.31

Pero desafortunadamente, Agust?n Castro no pudo trans mitir esta energ?a moral a sus sucesores o subordinados. Los funcionarios locales siguieron siendo multados o despedidos por inmoralidad, pero las actividades ilegales de la jerarqu?a 27 PO, h, n?m. 2, enero 13, 1916.

28 PO, ii, num. 11, marzo 4, 1916.

29 Se impuso una prohibici?n temporal a la venta de alcohol en la ca pital del estado, en julio de 1916; AGEO, varios, PO, ni, n?ms. 19 y 22, noviembre 16, diciembre 7, 1916.

30 PO, m n?ms. 9 a 15, de marzo 2 a abril 13, 1916.

31 PO, ii, n?m. 1, enero 6, 1916. Uno de los regimientos de la Divi si?n 21 se denominaba "Orden y Moralidad". Parece haber habido una desviaci?n en la senda de la rectitud moral marcada por el r?gimen ca rrancista en Oaxaca. El presupuesto municipal para la ciudad de Oaxaca, en junio de 1918, comprend?a las tarifas a imponer a las tres clases de bur

deles y prostitutas, PO, v, n?m. 24, julio, 13, 1918.

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del mando militar carrancista quedaron sin castigo.32 Los delitos que entra?aban graves penas, inclusive la ejecuci?n sumaria, eran el hurto, la deserci?n y el suministro de armas

al enemigo. S?lo un caso recibi? publicidad en el periodo de gobierno preconstitucional, en las p?ginas del Peri?dico Ofi cial: la encarcelaci?n de un soldado culpable de hurto, que sin duda sirvi? tanto de ejercicio de propaganda como de lec ci?n ejemplar para la tropa. Quiz? valga la pena anotar que incluso en este caso, la parte culpable hab?a robado propie dad perteneciente a su comandante en jefe.33 Los jefes del ej?rcito ten?an que guardar un dif?cil equilibrio entre la dis ciplina militar y la ceguera a las indiscreciones para asegu rarse la lealtad de sus tropas, pero no cabe duda de que el equilibrio se romp?a siempre en favor de las tropas durante el periodo de gobierno militar en Oaxaca. En un caso ilus trativo, el jefe d? armas de Ejutla recibi? ?rdenes de sus su periores de Oaxaca, de investigar una queja del hacendado Enrique Arag?n: sus soldados hab?an robado pertenencias, entre ellas rifles, herramientas, caballos, mu?as, alimento y ropa, de su propiedad, y deb?a castigar a los culpables (con la ejecuci?n si fuera necesario), porque un caso como ?ste "re dunda en descr?dito del buen nombre de nuestra causa". El jefe de armas, Luis Avenda?o, replic? primeramente que el "reaccionario" Arag?n ment?a, despu?s reconoci? que ha b?a robado algunos caballos, pero aduc?a que no era un deli to grave, pues "ya bien sabe usted lo que es la tropa". Esto pareci? convencer a las autoridades militares, y el asunto que d? as?.34 Si el robo era cosa frecuente en la graduaci?n m?s baja del ej?rcito constitucionalista, no le iban a la zaga el peculado y la venalidad de los grados superiores. Las fortunas perso nales del generalato carrancista en toda la Rep?blica se ama saron mediante una combinaci?n de pr?stamos, pagos espe ciales, la pr?ctica tradicional de hinchar la n?mina de las tropas 32 El recaudador de rentas del distrito de Etla fue despedido por ma los manejos en junio de 1917, PO, iv, n?m. 26, junio 28, 1917.

33 El caso del soldado Jacinto Pinto, del regimiento "Leales de Tlal nepantla", se consigna en PO, v, n?m. 9, febrero 28, 1918.

34 AHDN, Leg. 211, ff. 161-166, abril 1, 1916.

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y la gesti?n de monopolios comerciales.35 En Oaxaca eran pr?cticas favoritas la imposici?n de "multas" y la "confis caci?n" de las propiedades de "elementos reaccionarios" que apoyaban el Movimiento pro Soberan?a, y los "acuerdos" con comerciantes locales para el transporte ilegal de mercan c?as en trenes y barcos expropiados para usos militares.

La escasez de alimentos y art?culos b?sicos de consumo en el istmo de Tehuantepec hizo que Agust?n Castro prohibiera en abril de 1916 exportar del estado ma?z, frijol, arroz, az? car, papa, ch?charo, harina de trigo, caf? y otros art?culos de

primera necesidad. El elevado precio de los cueros de reses en el mercado nacional y el internacional en la segunda mi tad de 1915 tambi?n pon?a en peligro la alimentaci?n local, puesto que los rancheros del istmo reaccionaron a las opor tunidades del mercado haciendo gran matanza de reses, lo que a su vez hizo prohibir su exportaci?n de la naci?n ente ra.36 Algunos comerciantes istme?os de los puertos de Sali na Cruz y Puerto ?ngel, en el Pac?fico, obviaban la prohibi ci?n mediante "acuerdos" con los jefes de armas locales.37 Agust?n Castro estaba decidido a desalentar aquellas pr?cti cas ilegales y exigi? una vigilancia m?s estrecha de las acti vidades portuarias, as? como la verificaci?n regular de las mercanc?as que sal?an del estado. Este intento de apretar los controles dej? parad?jicamente a los comerciantes vulnera bles a?n m?s a merced de las autoridades militares locales, que ahora pod?an poner multas arbitrarias, detener y encar celar. Esto era ya una pr?ctica corriente entre los jefes del ej?rcito. El ingl?s E.J. Ansell, comerciante en caf? en el istmo protest? en?rgicamente por la "confiscaci?n" forzosa de 2 800 pesos, hecha por el general Heriberto Jara en Jaltipam, Ve racruz. Era un hecho particularmente grave porque se trata ba de barras de plata, art?culo cada vez m?s raro y que era vital para los comerciantes en caf?, debido a la negativa de los productores cafetaleros de la sierra oaxaque?a a aceptar 35 Se dec?a que Obreg?n hab?a amasado unos 45 millones de pesos con el comercio del garbanzo en 1918. Richmond, 1976, pp. 200-202.

36 PO, ii, n?ms. 8 y 14, febrero 24, abril 6, 1916.

37 PO, ii, n?m. 23, junio 8, 1916.

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ninguna de las variedades de billetes de banco constitucion? listas en circulaci?n.38 La ca?da de la ciudad de Oaxaca, en marzo de 1916, y el subsiguiente dominio del vital enlace ferroviario entre Oaxaca

y Puebla proporcionaron nuevas ocasiones de peculado y co rrupci?n tanto a los jefes militares como a los administrado res de ferrocarriles. ?stos sol?an ofrecer recursos pecuniarios

ilegales a los mejores postores para transportar mercanc?a; si se ve?an en peligro declaraban que la mercanc?a era pro piedad de jefes militares, que a su vez, y por acuerdo previo, hab?an solicitado el uso del material rodante para fines mili tares. Carranza llam? la atenci?n de Agust?n Castro hacia estas pr?cticas; ?l neg? conocerlas, pero prometi? de todos modos investigar y erradicarlas.39 Pero el sucesor de Agust?n Castro en el gobierno militar, el general Juan Jim?nez M?ndez, result? mucho menos escru puloso que su predecesor, y decidi? a aprovechar su autoridad para su propia ganancia pecuniaria. Antes de su nombramien to como gobernador hab?a mandado la fuerza constituciona lista que fue la punta de lanza en la segunda invasi?n a la Sierra Ju?rez, entre octubre y diciembre de 1916. El ?xito militar m?s importante de la campa?a hab?a sido la ocupa ci?n de Ixtl?n, cuartel general de las fuerzas serranas de la Di visi?n Sierra Ju?rez. Se hab?a extra?do el mineral por orden del caudillo serrano Guillermo Meixueiro despu?s de la eva cuaci?n por Oaxaca de la mina de Natividad, al parecer con el prop?sito inicial de tener un fondo de reserva para las fa milias de los serranos que hab?an perdido la vida luchando por el Movimiento pro Soberan?a. Jim?nez M?ndez orden? el traslado del mineral en tren de mu?as de Ixtl?n a Oaxaca

y de all? a la ciudad de M?xico, donde se cambi? por provi siones de az?car, cerveza, tabaco, harina de trigo y otros ar t?culos que escaseaban en Oaxaca. Esta mercanc?a se vendi? despu?s en el mercado negro en Oaxaca, y los beneficios fue 38 PRO.i^O, 204/362, Ansell a Hohler, diciembre 26, 1915; para la de tenci?n de comerciantes en Salina Cruz, PO, n, n?m. 23, junio 8, 1916.

39 AHDN, Leg. 212, ff. 44-45, febrero 12, 1917. Agust?n Castro a Ca rranza, febrero 12, 1917.

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ron a parar directamente al bolsillo de Jim?nez M?ndez.40 Tal vez sea ap?crifo el dato, o al menos adornado de acuer do con la propaganda del Movimiento pro Soberan?a, pero hay pruebas de que los jefes militares de Oaxaca estaban exi giendo y extorsionando a los miembros de la comunidad que pose?an grandes intereses en el comercio, la miner?a o las tie rras locales, los "adinerados" que constitu?an la ?lite social y pol?tica, y a quienes llamaba frecuentemente Jim?nez M?n

dez "burgueses reaccionarios". Una de las primeras accio

nes de M?ndez en su calidad de gobernador fue pedir al pre sidente Carranza que la circular publicada por Gobernaci?n

el 29 de marzo de 1917, en que se ordenaba la devoluci?n de todas las propiedades "intervenidas" en el curso de las

perturbaciones revolucionarias a los propietarios registrados, no se aplicara en Oaxaca. Debido a la "cr?tica situaci?n eco

n?mica" de Oaxaca, M?ndez ped?a tambi?n que se intensi

ficara la pol?tica de confiscaci?n de su gobierno, puesto que "gran n?mero (de los) adinerados del lugar encu?ntranse le vantados en armas, perjudicando grandemente (la) labor (de) este Gobierno"; y aduc?a que el producto obtenido de las pro piedades agr?colas y el ingreso producido por las rentas de

las propiedades urbanas y rurales ayudar?an considerablemen te a su acosada administraci?n. El argumento era convincente

y se le concedi? el permiso.41 Asegurada esta aprobaci?n pol?tica, las autoridades carran sistas procedieron a ensanchar la aplicaci?n de la carta de la Ley Econ?mico-Coactiva de 1861, que dio al gobierno del es tado de Oaxaca facultades para subastar, administrar o in cautarse de cualquier propiedad cuyo impuesto anual sobre el valor registrado no se pagara en 15 d?as a partir de la pri mera notificaci?n oficial.42 Debido a la pr?ctica com?n de los propietarios de subvaluar sus propiedades para los fines fis cales y al aumento del valor de la tierra desde que se hab?a 40 Ibarra, 1975, p. 179; el mineral de La Natividad se usaba tambi?n para comprar armas y pertrechos.

41 AHDN, Leg. 212, if. 64-69, Jim?nez M?ndez a Carranza, abril

1917.

42 La Ley de Facultad Econ?mico-Coactiva, en PO, iv, n?m. 19, mayo

10, 1916.

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hecho el ?ltimo censo completo de las propiedades en 1894, Agust?n Castro hab?a decretado que el impuesto predial en el estado se cargar?a a la tasa de 0.5% del valor registrado en 1894, quintuplicado, hasta que pudiera realizarse el nue vo censo proyectado.43 Los primeros propietarios que padecieron las consecuen cias del estricto cumplimiento de los impuestos prediales fue ron los enemigos pol?ticos del r?gimen carrancista. Las casas

privadas y los terrenos urbanos propiedad de los hermanos Guillermo y Luis Meixueiro, Jos? In?s D?vila, F?lix D?az, Pedro Castillo y Onofre Jim?nez en la ciudad de Oaxaca y sus alrededores fueron incautados en enero de 1917.44 Des pu?s se utiliz? ampliamente este procedimiento, no s?lo con los enemigos pol?ticos del gobierno, sino en las compa??as na cionales y las de propiedad de extranjeros, y con los propieta rios grandes y peque?os. Entre 1917 y 1920, en las zonas bajo la jurisdicci?n del gobierno preconstitucional, se fallaron m?s de 600 causas contra propietarios registrados por no pagar impuestos a la propiedad, cuyo valor registrado en catastro oscilaba entre 26 y 34 784 pesos.45 El hecho de no haberse hecho p?blico el ingreso fiscal generado por la aplicaci?n de la Ley Econ?mico-Coactiva, ya fuera por el pago de los im puestos atrasados, por p?blica subasta, o por convenios de arrendamiento, hace dif?cil sustanciar las suposiciones de que hubo venalidad en las autoridades militares. Pero las ocasio

nes eran de considerable importancia.46 43 Agust?n Castro estimaba que la tierra hab?a aumentado hasta quin ce veces su valor desde el censo de 1894. PO, m, n?m. 16, octubre 26, 1916. El proyecto para el nuevo censo, de acuerdo con la Ley de Catastro de septiembre de 1914, se anunci? en Oaxaca en abril de 1916.

44 ?stos fueron los dirigentes del Movimiento pro Soberan?a: Guiller mo Meixueiro pose?a tres casas, tres terrenos y un lote (deb?a 2 239 pesos

de impuestos sobre la propiedad); Luis Meixueiro pose?a una casa (deb?a 729 pesos); Jos? In?s D?vila pose?a dos casas y dos lotes (deb?a 555 pesos); F?lix D?az pose?a tres casas (deb?a 174 pesos); Pedro Castillo pose?a una casa (deb?a 106 pesos) y Onofre Jim?nez pose?a un terreno, por el cual s?lo deb?a 12 pesos de impuestos, PO, iv, n?m. 1, enero 4, 1917. Un lote era aproximadamente de 100 hect?reas.

45 PO, iv-vm.

46 El hedor a corrupci?n invad?a la Rep?blica. El c?nsul ingl?s en

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La administraci?n de justicia tambi?n daba margen. El ar t?culo 80 de la Constituci?n Pol?tica de Oaxaca dispon?a la elecci?n directa de los jueces de primera instancia en cada distrito administrativo del estado, y la elecci?n directa de al caldes en cada municipio. En enero de 1916, Agust?n Castro declaraba que, debido a las "circunstancias anormales" y al peligro de que las elecciones locales para la judicatura agita ran "pasiones pol?ticas", los jueces de primera instancia se r?an nominados por el Ejecutivo, y los jueces auxiliares (en lugar de los alcaldes) ser?an seleccionados de una "terna" re gida por los presidentes municipales (que a su vez, como recordaremos, estaban estrictamente sometidos al juicio pe ricial del gobernador militar en persona). Se renunci? a la disposici?n de que se creara un Tribunal Superior de Justi cia, m?xima autoridad judicial y ?ltima corte de apelaci?n en Oaxaca. Los ciudadanos empe?ados en alg?n litigio ten dr?an el derecho de apelar ante el propio gobernador, quien no obstante proclamaba que "debe respetarse la teor?a de la separaci?n de los poderes, tan ben?fica para conservar la li bertad de los pueblos". De acuerdo con la pauta de la centra lizaci?n de toda la autoridad pol?tica y judicial, la jurisdic ci?n sobre las fuerzas de polic?a locales pas? de las autoridades

municipales a una Inspecci?n General de Polic?a, nombrada (naturalmente) por el gobernador.47 Aun estando el control del poder judicial tan firmemente en manos de las autoridades militares, hab?a casos en que alg?n jefe militar segu?a interfiriendo en las funciones del po

der judicial local. Era un problema nacional, y de tal enver gadura que hizo al Primer Jefe Carranza expresar p?blica mente su preocupaci?n y desaprobaci?n y decretar que toda declaraci?n y proclamaci?n de jefes militares en cuestiones ajenas a su competencia no eran v?lidas.48 Hubo relajacio nes del control estricto sobre las funciones judiciales en Oaxaca Tampico comentaba el "terrible estado de cosas" en el puerto en mayo de 1917, "del funcionario m?s alto hasta el mandadero m?s bajo, es un latrocinio incesante", PRO..F0 371, 26911/116927.

47 PO, ii, n?m. 4, enero 27, 1916.

48 PO, ni, n?m. 10, septiembre 15, 1916.

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al extender el r?gimen su poder?o, pero el proceso no hab?a terminado, ni mucho menos, para 1920. En respuesta a una iniciativa de Carranza, Agust?n Castro fij? las regulaciones para una Administraci?n de Justicia Com?n en el estado en noviembre de 1916, que todav?a dejaba el nombramiento de jueces de primera instancia en manos del Ejecutivo y, mien tras restablec?a el principio de que el alcalde era representante directo del municipio, permit?a su nominaci?n "de conformi dad con las disposiciones que dicte el Ejecutivo".49 El Tribu nal Superior de Justicia fue finalmente creado en noviembre de 1917, y el decreto nacional del mismo mes que implanta ba la Ley Org?nica del Poder Judicial de la Federaci?n fue debidamente reproducido en Oaxaca en octubre de 1918. La Ley Org?nica determinaba las reglas de procedimiento a se guir por la administraci?n federal de justicia dentro de la Rep?blica, bajo la firme directiva de la Suprema Corte, en cargada de nominar a los magistrados de los tribunales de los nueve circuitos distribuidos por toda la Rep?blica y a los jueces de distrito (de los cuales hab?a dos en Oaxaca, uno de ellos en la ciudad hom?nima y otro en Tehuantepec), de acuer do con los principios de los art?culos 94 a 107 de la Consti tuci?n de 1917.50 Los tribunales de distrito, presididos por jueces de distrito, tendr?an jurados tomados de listas de ciu dadanos responsables, que supieran leer y escribir, y serios, compiladas por los residentes municipales para cada munici pio, y que se presentar?an el 15 de junio de 1918. La inercia con que se dio cumplimiento a estas disposiciones en Oaxa ca, puede calcularse por el hecho de que para fines del pe riodo de gobierno preconstitucional, s?lo se ten?an listas de jurados potenciales para la ciudad de Oaxaca, dos distritos electorales y dos municipios.51 Es patente que el deseo de Carranza de lograr en marzo de 1916, la "completa independencia del Ramo Judicial" en

Oaxaca parec?a poco sincero. Hay pruebas de que las deci 49 PO, m, n?m. 21, noviembre 30, 1916.

50 Ley Org?nica de noviembre 2, 1917, publicada en PO, v, n?ms.

41-43, octubre 24, 1918.

51 PO, vi, n?ms. 18, 37, 41, 42 y 44, 1919.

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siones tomadas por el poder judicial local en Oaxaca pod?an ser revocadas o anuladas por las autoridades militares. En marzo de 1918, Le?n Esper?n, miembro de rica familia, con vastos intereses mineros en la sierra Mixteca y que pose?a una hacienda de beneficio y una fundici?n de hierro en Tlaxiaco, fue detenido por orden de las autoridades militares y amena

zado con que si no pagaba 10 000 pesos de plata, quedar?a preso para siempre. De acuerdo con sus derechos constitu cionales, Esper?n busc?, y se le concedi?, el amparo del juez distrital y fue debidamente puesto en libertad. El mismo d?a que fue puesto en libertad lo detuvo nuevamente el inspector de polic?a, acusado de "contacto con reaccionarios", y obli gado a entregar 5 000 pesos. Escribi? a su hermano, en la ciudad de M?xico, su determinaci?n de salir de Oaxaca en cuanto le fuera posible para escapar a otros abusos, que de c?a abundaban en Oaxaca, y unirse a una creciente comuni dad de miembros de profesiones liberales, oaxaque?os auto exiliados de su estado nativo.52 La impunidad con que los jefes militares constitucion?lis tas manejaban su autoridad personal fue perjudicial para el restablecimiento de la ley y el orden en el estado. El c?nsul ingl?s Cunard Cummins comentaba a principios de 1919 que en Oaxaca "el esp?ritu del desorden aumenta en lugar de dis minuir". El agente de minas ingl?s Henry Domville, repre sentante de una compa??a minera canadiense que pose?a un grupo de minas en San Mart?n de los Cansecos, en el distrito de Ejuda, dej? de notificar a las autoridades militares los hurtos

y ataques de bandas rebeldes en los terrenos de la compa??a porque un destacamento de tropas constitucion?listas no le daba ninguna seguridad. Al contrario, "ambas partes roban y saquean por doquier, se estacionan, hecho bien conocido por los ind?genas de la regi?n' '. La falta de seguridad en aque 52 AHDN, Leg. 213, ff. 19 y 20, marzo 7, 1918. Las ?ltimas palabras de Esper?n parecen indicar que se estaba interceptando el correo, "no puedo

decir todo lo que ocurre en Oaxaca. . ."; Leg. 213, ff. 49-56, en ?l hay una lista de unos 160 individuos, con detalles de sus actividades y su para dero en ese entonces. Muchos eran profesionales, y a todos Jim?nez M?n dez los consideraba "reaccionarios", ?ntimamente relacionados con el Mo vimiento pro Soberan?a.

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lias tierras hab?a obligado a comerciantes, mineros y hacen dados de las zonas alejadas del valle central (Ejutla, Ocotl?n, Miahuatl?n, Zimatl?n, Tlacolula) y de partes de la Mixteca a refugiarse en la ciudad de Oaxaca; "prefer?an afrontar los gastos e incomodidades de irse antes que quedarse en lugares donde las autoridades militares hab?an estacionado fuerzas".53

Hay, pues, pruebas suficientes para justificar la presun ci?n del hecho de que la pr?ctica del Constitucionalismo en Oaxaca fue m?s rapaz que radical. En su detenido estudio del periodo constitucionalista de la revoluci?n, Charles Cum berland pon?a de relieve seis campos de pol?tica y pr?ctica dom?stica que fueron seriamente revisados: la relaci?n entre Iglesia y Estado; la cuesti?n agraria; la propiedad de los yaci mientos del subsuelo; el trabajo; la educaci?n y la pol?tica.54 El examen de la aplicaci?n en Oaxaca de estas ?reas espec?fi cas de pol?tica, puede contribuir a ilustrar el impacto que caus?

el carrancismo en la sociedad provincial entre 1915 y 1920.

La REPRESENTACI?N POL?TICA

Como ya he indicado, las autoridades militares de Oaxaca no quer?an ni pod?an permitir la libre elecci?n de represen tantes a niveles federal, estatal o municipal. Las elecciones municipales proyectadas, constantemente, se estaban pospo niendo y la legislatura del estado estuvo cerrada en todo el periodo preconstitucional de gobierno hasta las elecciones de noviembre de 1920. Pero se hicieron preparativos para la re

presentaci?n de Oaxaca en las elecciones federales al Con greso y al Senado nacionales que se celebrar?an en febrero de 1917, despu?s de promulgada la Constituci?n de Que r?taro. El gobernador Castro anunci? la divisi?n de Oaxaca en 17 distritos electorales. La raz?n oficial de la reorganiza

53 PRO.P0 206/31, Domville a Commins, enero 27, 1919. No com part?an la opini?n de Domville sobre la seguridad que proporcionaban las tropas constitucion?listas a los habitantes de Pochutla, Salina Cruz y Mi dan tongo (Nochixtl?n), quienes ped?an que se retirasen las guarniciones.

AHDN, Leg. 212, ff. 79-80, 85-86, y Leg. 213, ff. 29 y 30.

54 Cumberland, 1972, p. 213.

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ci?n de los distritos electorales (aument? su n?mero de 16 a 17'para las elecciones de 1912) era el incremento de la po blaci?n del estado respecto de la registrada por el censo de 1910, pero es evidente que uno de los fines principales era el de dividir los antiguos distritos electorales de Tlaxiaco (Mix

teca) e Ixtl?n (Sierra Ju?rez), que eran los centros de apoyo al Movimiento pro Soberan?a. Los pueblos anteriormente in corporados al distrito electoral de Tlaxiaco se repartieron entre

los distritos de Nochixtl?n y Teposcolula, mientras que los

del anterior distrito electoral de Ixtl?n se incorporaron a Etla,

Choapan y Tuxtepec.55 El caso es que la reorganizaci?n re sult? superflua, ya que las elecciones que se ten?a pensado hacer no se celebraron sino en julio de 1918, y s?lo en 4 de las 17 nuevas divisiones electorales (el distrito central, Juchi

t?n, Tlacolula y Zimatl?n), clara indicaci?n de los l?mites de la autoridad pol?tica carrancista dentro del estado.56 Sin embargo, el ejemplo m?s patente de la ausencia de re presentaci?n democr?tica de los intereses oaxaque?os en los asuntos nacionales es la elecci?n de delegados para asistir a la Convenci?n Constitucional que se reuni? en Quer?taro en diciembre de 1916. Se les ha calificado "de las elecciones m?s

limpias jam?s celebradas en M?xico". Sin duda tal cosa no es cierta por lo que hace a Oaxaca, donde las elecciones se caracterizaron por una combinaci?n de "politiquer?a", in competencia administrativa y franco fraude electoral.57 El decreto dado por Carranza el 19 de septiembre de 1916 hizo ver bien claro que las elecciones no ser?an libres ni re 55 PO, iv, n?m. 8, febrero 22, 1917, la categor?a de distrito electoral

les fue devuelta a Ixd?n y Tlaxiaco para las elecciones estatales de noviembre

de 1920, PO, i, n?m. 20, septiembre 23, 1920.

56 Richmond, 1979, p. 64; Niemeyer, 1973, p. 36, indica que se cele braron elecciones en 216 de los 244 distritos electorales de la Rep?blica, y especula que "es dudoso que hubiera podido reunirse un grupo m?s re presentativo en Quer?taro".

57 AGEO, la informaci?n de esta parte procede de un legajo marcado "Congreso 1916" y contiene la correspondencia de las autoridades mili tares con los presidentes municipales de Ocotl?n, Ejutla, Jamiltepec, Ju quila, Zimad?n, Miahuad?n, Nochixd?n, Cuicad?n y Tlacochahuaya (Tla colula); lamentablemente, el legajo no contiene detalles de las elecciones efectuadas en Juchit?n y Tehuantepec.

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presentativas. Los candidatos eran obligados a prestar jura mento de lealtad al Plan de Guadalupe (y por ende al propio Carranza), y a dar pruebas "con hechos positivos'' de su ad hesi?n a la causa constitucionalista. El decreto se reprodujo en el Peri?dico Oficial de Oaxaca el 28 de septiembre, dando a las autoridades militares menos de un mes para organizar las elecciones, dispuestas para el 22 de octubre. Se envi? copia del decreto a los presidentes municipales de las cabeceras de los distritos pol?ticos donde dominaban los constitucionalis tas; y se reconoc?a francamente que 10 de aquellos distritos (Ixtl?n, Villa Alta, CKoapan, Nochixtl?n, Putla, Teposcolu

la, Tlaxiaco, Huajuapan, Silacayoapan y Coixtlahuaca) no

estaban protegidos por el constitucionalismo. Incluso en las zonas comprendidas nominalmente dentro de la jurisdicci?n carrancista la confusi?n era grande. El presidente municipal de Cuicatl?n envi? un telegrama al gobernador Castro s?lo cinco d?as antes de la fecha oficial de las elecciones pidiendo detalles del procedimiento para la nominaci?n de candida tos, la organizaci?n de las elecciones, y hasta la fecha en que ?stas se deb?an celebrar. Por consiguiente, las elecciones no se celebraron, sino el 10 de noviembre. Confusi?n semejante reinaba en los distritos de Juquila y Jamiltepec, que para los fines de las elecciones hab?an sido incorporados a un distrito electoral. El presidente municipal de Juquila envi? un tele grama a Castro el 29 de octubre inform?ndole que acababa de recibir la copia del decreto y le preguntaba cu?ndo deb?an celebrarse las elecciones. El presidente municipal de Jamilte pec preguntaba m?s o menos lo mismo el 9 de noviembre.

El secretario de Castro, J.M. M?rquez, replic? secamente que la fecha de las elecciones hab?a pasado y que ya era tarde pa ra realizarlas. Esto provoc? la intervenci?n del ministro del Interior, Jes?s Acu?a, quien dio instrucciones al gobernador Castro el 14 de noviembre ?6 d?as antes de la fecha en que iba a celebrarse la Convenci?n en Quer?taro? para que hi ciera que resultara "electo" un delegado de Jamiltepec y Ju quila. El 21 de noviembre, el presidente municipal de Jamil

tepec anunciaba que hab?a sido electo D?maso G?mez, sin

dar detalles de la elecci?n. Pero G?mez no particip? en la Con venci?n, puesto que el art?culo 9 del decreto original de Ca This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:52 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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rranza exclu?a la participaci?n de los delegados que no estu vieran presentes en la sesi?n inaugural.

S?lo en 6 de los 15 distritos electorales apresuradamente organizados se efectuaron las elecciones en la fecha especi ficada: el Distrito Central, Miahuatl?n, Ocotl?n, Tlacolula, Nochixt??n y Zimatl?n. Pero incluso en esos distritos hab?a algunas irregularidades alarmantes. En Tlacolula se celebra ron las elecciones el 22 de octubre, pero los votos no fueron contados, sino el 26 de noviembre, debido a la "desaparici?n" del presidente municipal; esta dilaci?n administrativa "me nor" no impidi? al delegado "electo", el abogado Celestino P?rez, participar en la Convenci?n. En Ejutla, que formaba parte del distrito electoral de Miahuatl?n, las elecciones sim plemente no se celebraron; sin embargo, no se impugn? la "elecci?n" del delegado Luis Espinosa, un periodista chiapa neco que era tambi?n mayor en el ej?rcito constitucionalista.

En Nochixt??n, el delegado electo Manuel Garc?a Vigil no particip? en la Convenci?n, porque no pudo lograr el permi so necesario del ministerio de Guerra.58 A consecuencia de

aquel visible manipuleo electoral, Oaxaca s?lo fue "repre sentado" por 9 delegados en Quer?taro. S?lo 2 de los dele

gados participaron activamente en los debates, y ninguno de

los dos era de Oaxaca: Espinosa, de Chiapas, y el "repre

sentante" del Distrito Central, general Salvador Gonz?lez Torres, de Michoac?n, que desempe?? el papel de segundo vicepresidente de la Convenci?n.59

58 Rojas, 1965, p. 2, en su biograf?a de Garc?a Vigil da a entender que la negativa se deb?a a la asociaci?n de ?ste con el opositor Partido Liberal Constitucionalista (plc); tambi?n pide que creamos que Garc?a Vigil de todos modos hubiera rechazado esa nominaci?n dados los vocingleros pre parativos de las elecciones.

59 Para los antecedentes de Espinosa y Gonz?lez Torres y su partici paci?n en los debates v?ase Niemeyer, 1973, pp. 40-41, 54, 76-77, 153, 156, 207, 213; los delegados de Juchit?n y Tehuantepec, Jos? G?mez y Cris?foro Rivera Cabrera, trataron de persuadir a la Convenci?n para que creara un estado federal aparte en el istmo de Tehuantepec, Ram?rez, 1970, pp. 211-214.

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El anticlericalismo El renacer del anticlericalismo radical como tabl?n impor tante en la plataforma constitucionalista ha sido ampliamente

reconocido. El hecho de que Oaxaca tambi?n fuera conocida por su apego al catolicismo parec?a augurar amargos choques

entre las autoridades militares carrancistas y los fieles de Oaxa ca. Pero si bien el esp?ritu de anticlericalismo fue trasmitido

por las autoridades militares en Oaxaca, la ?ndole y la inten sidad de su aplicaci?n fue menos grave de lo que pod?a espe rarse, y depend?a, en ?ltima instancia, de la disposici?n de los jefes militares que ten?an el mando entonces. Al iniciarse la administraci?n preconstitucional en Salina Cruz, Agust?n Castro hizo ver expl?citamente que "el gobierno no ha tenido ninguna inegerencia [sic] respecto a los cultos en el Estado", y reconoc?a que todos los pueblos ten?an una (y a menudo

dos) iglesias cat?licas. Declaraba que su gobierno se ocupa ba tan s?lo en el estricto cumplimiento de las Leyes de Re forma y "lo ?nico que s? se opone y se ha opuesto es a los abusos del Clero". Por consiguiente, su respuesta a las soli citudes de sociedades religiosas de la regi?n del istmo para

que les permitiera celebrar una misa p?blica en honor del santo

patrono local, fue que su gobierno "no reconoce las socie dades religiosas ni se opone a la pr?ctica de las mismas".60 La determinaci?n que ten?a Castro de castigar los abusos del clero se manifest? durante la campa?a para tomar la ca pital del estado en los comienzos de 1916, en que orden? la

ejecuci?n del cura p?rroco de Miahuatl?n por esconder "reac cionarios" en su casa.61 Las autoridades militares de Oaxaca cre?an firmemente que el clero estaba de parte de los rebel des y los alentaba, y esto provocaba acciones m?s dr?sticas entre los subordinados de Castro. El coronel Luis M?reles, el primer jefe carrancista en ocupar la ciudad de Oaxaca, "descubri?" que los sacerdotes de la ciudad hab?an apoyado abiertamente a los soberanistas, e inmediatamente orden? la

60 Las solicitudes proced?an de los pueblos de Ixtaltepec y San Jer?ni mo, distrito de Juchit?n, PO, i, n?m. 11, noviembre 25, 1915.

61 AHDN, Leg. 211, f. 45, Agust?n Castro al secretario de Guerra,

enero 31, 1916.

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clausura de todas las iglesias, y citaba como pruebas el des cubrimiento de armas y pertrechos ocultos bajo algunos alta res.62 Despu?s de su nombramiento como gobernador, Jim?

nez M?ndez incurri? en la ret?rica anticlerical y xen?foba del tiempo para pedir la expulsi?n de seis sacerdotes extranjeros

por atacar la pol?tica constitucionalista, e insist?a en que se llevara un registro de los sacerdotes y las iglesias de cada

municipalidad.63

Buena parte de la ret?rica anticlerical de los constitucio n?listas se deb?a a la suposici?n de que la Iglesia Cat?lica era inmensamente rica. En todo M?xico era creencia extendida

que la base de esa fabulosa riqueza eran los latifundios. Por lo tanto, el celo revolucionario de los jefes constitucion?lis tas hab?a provocado una ola de ocupaciones y confiscaciones de los edificios eclesi?sticos, que se dedicaban despu?s a diver sos empleos de beneficio social (como escuelas u hospitales), o los usaban las tropas constitucion?listas como cuarteles (como

en el caso del palacio del arzobispado en Oaxaca, que tam

bi?n sirvi? de cuartel general para las operaciones militares entre 1916 y 1919).64 Con el fin de imponer alguna autori dad central y de reducir los excesos de sus jefes regionales,

Carranza reinvoc? y resucit? la legislaci?n nacionalista de

Ju?rez en 1859, el decreto de Lerdo de 1874 y la ley porfiria na de 1902 para restablecer el principio de "dominio direc to" de la naci?n sobre toda propiedad eclesi?stica, y encar gaba al ministerio del Interior (Gobernaci?n) la vigilancia de las pr?cticas religiosas y a Hacienda la responsabilidad de man tener y reparar las iglesias.65 Es dif?cil determinar en qu? grado practicaron el anticleri calismo las autoridades militares en Oaxaca. La persecuci?n de los cl?rigos fue cierta, sin duda, y el caso m?s conocido es el del propio arzobispo, Eulogio Gillow. Su activo apoyo 62 M?rquez, 1916, p. 183. Castro orden? que las iglesias se reabrieran el 27 de abril.

63 AHDN, Leg. 212, ff. 75-76, Jim?nez M?ndez a Carranza, mayo 20,

1916.

64 PO, vi, n?m. 5, enero 30, 1919.

65 PO, hi, num. 16, octubre 26, 1916, estos principios se incorporaron a los art?culos 27 y 130 de la Constituci?n de 1917.

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a la campa?a de F?lix D?az en las elecciones para la guber natura en Oaxaca en julio de 1911 lo hab?a hecho persona

non grata para los carrancistas, y hab?a huido despu?s de la ocupaci?n de Oaxaca en 1916 al refugio favorito de los ene migos pol?ticos de la revoluci?n: Estados Unidos. Su propie dad privada cerca de Puebla fue "intervenida" y el palacio arzobispal, y otras propiedades urbanas utilizadas por el cle ro de Oaxaca, se expropiaron para que sirvieran de hospita les y cuarteles. Por ?rdenes de Carranza, el palacio qued? desocupado en 1919, pero segu?a sin reparar en 1920, aun que lo hab?an devuelto a los representantes del arzobispo.66 La otra ?nica propiedad privada "intervenida" durante el periodo de gobierno preconstitucional en Oaxaca, pertene ciente al clero secular, fueron tres casas en Oaxaca misma, con un valor total de 7 356 pesos, y que fueron subastadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Econ?mico-Coactiva por falta de pago del impuesto a la propiedad en 1917.67 Todas las pruebas existentes indican que el clero y las pro piedades de la Iglesia no padecieron indebidamente a manos del r?gimen constitucionalista en Oaxaca. Aunque la legisla ci?n anticlerical y social (en particular el divorcio) sin duda le enajenaba a los sacerdotes, hay pocas pruebas de que alg?n sacerdote prestara apoyo activo al Movimiento pro Sobera n?a. En las memorias de quienes participaron en este movi miento, s?lo se menciona a un sacerdote como participante activo, aunque siempre se ta?eran las campanas de las igle sias y se dijeran misas de celebraci?n en Tlaxiaco al anun ciarse "victorias" de las fuerzas soberanistas en la Mixte ca.68 Las condiciones fueron tales que Edward Rickards, un 66 PRO.FO 204/302, Leg. 8, "Oaxaca 1919"; para el apoyo de Gu?low a F?lix D?az, v?ase Archivo Alfredo Robles Dom?nguez, vol. iv, Leg. 18.

67 PO, iv, n?ms. 46 y 52, noviembre 15, 1917, diciembre 26, 1918.

68 V?zquez Cruz, 1959, p. 228, cita el caso del P. Velasco, de Topil tepec (Teposcolula, Mixteca Alta) y relata el serm?n del sacerdote de Jux tlahuaca (Tlaxiaco), en que atacaba al carrancismo (p. 115); por su parte, V?zquez Cruz ataca a Carranza por el hecho de que "los templos han si do profanados" (p. 192); en la sierra Ju?rez, Ibarra siempre advert?a a los sacerdotes locales de la presencia de las tropas carrancistas y les acon sejaba que ocultaran sus posesiones y huyeran, Memorias, 1975, p. 159;

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sacerdote cat?lico romano que llevaba muchos a?os viviendo en Oaxaca (y hermano del vicec?nsul ingl?s en Oaxaca, Cons tantine Rickards), pudo presentar las relaciones entre la Iglesia

y las autoridades militares de Oaxaca en 1920 como "cor diales", y la actitud de los distintos jefes como "complacien te y atenta".69 En el estudio del impacto que tuvo el anticlericalismo en Oaxaca habr? que atender en definitiva a la influencia de la Iglesia dentro del estado en v?speras de la Revoluci?n. Se ha demostrado que el poder social, pol?tico y econ?mico de la Iglesia hab?a padecido gravemente en la segunda mitad del siglo XIX por la venta de propiedades eclesi?sticas, de acuerdo

con el programa de reforma liberal en Oaxaca entre 1856 y 1876. Y no parece haber recobrado la Iglesia su influencia y autoridad durante el porfiriato, a diferencia de otras partes

de M?xico, y sobre todo en el Baj?o.70

La educaci?n Si el est?mulo al anticlericalismo desencadenado por parte de las autoridades militares en Oaxaca se redujo por la misma debilidad de la Iglesia, el est?mulo a la reforma de la educa ci?n s?lo puede haberse fortalecido por el grave estado de la educaci?n en 1915. Seg?n las estad?sticas disponibles, menos de 5% de la poblaci?n de Oaxaca recib?a educaci?n formal

en 1910, en que se calcula que menos de 50% de la pobla

ci?n ten?a menos de 15 a?os de edad.71 Agust?n Castro fue ciertamente inequ?voco cuando dec?a que la educaci?n era "la piedra angular del edificio que encierra el triunfo definitivo de la gran Revoluci?n mexicana". Por eso declaraba que deb?a ?ste parec?a ser un buen consejo, dada la destrucci?n y saqueo de la iglesia

de Santo Tom?s, en Ixtl?n, por la fuerza expedicionaria carrancista en noviembre de 1916.

69 PRONTO 204/547, Rickards-King, enero 3, 1920, dec?a que "todas las 22 iglesias de la ciudad (Oaxaca) se utilizan para oficios", en septiem

bre de 1919.

70 Berry, 1981, p. 181.

71 Estad?sticas sociales del porfiriato, 1956.

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haber un esfuerzo concertado de parte de todos los revolu cionarios para cumplir aquella parte fundamental de la pol? tica social constitucionalista con el fin de impartir al pueblo de Oaxaca la conciencia de sus derechos y deberes c?vicos, de que era evidente que la inmensa mayor?a no ten?a ning?n conocimiento. Hac?anse eco de sus opiniones sus subordina dos, que inclu?an en sus gestos revolucionarios decretos que autorizaban el aumento inmediato de los sueldos de los maes tros en los pueblos que controlaban.72 No cabe dudar de la seriedad de las intenciones que abri gaba la administraci?n de Castro, de extender y reformar ra dicalmente la educaci?n p?blica en Oaxaca. El presupuesto provisional de egresos para los tres primeros meses de admi nistraci?n preconstitucional en Salina Cruz hac?a un total de 500 000 pesos, de los cuales la mitad se gastaron en la educa ci?n. El gasto anual propuesto para el gobierno del estado aument? en poco m?s de 4 millones de pesos despu?s de ocu pada la capital del estado, y la parte destinada a la educaci?n qued? como antes.73 Ya en noviembre de 1915 publicaba el r?gimen carrancista las reformas detalladas a la estructura, el contenido y el financiamiento del programa educacional que proyectaba. De acuerdo con la centralizaci?n adminis trativa, patente en todos los aspectos de la legislaci?n consti tucionalista, los sueldos de los maestros los pagar?a el Esta do, en lugar del antiguo confuso sistema con el cual pagaban los sueldos en parte el estado y en parte el municipio. Las municipalidades ser?an las ?nicas encargadas de proveer y mantener edificios y materiales. Los estudios por realizar en los seis a?os obligatorios, reflejaban la preocupaci?n moral de la educaci?n social constitucionalista. Adem?s de las cla ses de aritm?tica, ciencias naturales, geograf?a, historia y len

gua, los estudiantes deber?an tener conferencias semanales sobre moral pr?ctica, instrucci?n c?vica y aun econom?a po l?tica, y ser?a comprobado regularmente su comportamiento en clase. El comportamiento pol?tico y la rectitud moral de los maestros tambi?n ser?an objeto de constante escrutinio.

72 PO, ii, num. 2, enero 13, 1916.

73 V?ase cuadro, pp. 274-275.

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El ausentismo (que al parecer estaba muy extendido) y los "f?tiles pretextos" para no cumplir las tareas de manera res ponsable se castigaban con una multa del doble del sueldo diario y se amenazaba a los maestros con el despido inmedia to por otras transgresiones. Se les prohib?a vivir en los locales

de la escuela o utilizarlos con fines que pod?an corromper "la moralidad y buen nombre de los planteles de educaci?n", y estaban sometidos a lo*s mismos requisitos de afiliaci?n pol? tica que otros empleados de gobierno; se daba publicidad a los casos ejemplares de directores o maestros de escuela que hab?an perdido su puesto "por convenir as? a los intereses

de la revoluci?n".74

El designio pedag?gico del constitucionalismo, de ense?ar a la naci?n a "leer, escribir y contar" no se limitaba a los ni?os de escuela, sino que se aplicaba tambi?n a aquellos sec tores de la comunidad que hab?an sido privados de los bene ficios de una educaci?n b?sica o que hab?an quebrantado el c?digo social o moral. La m?s notable innovaci?n educacio nal en Oaxaca durante el gobierno preconstitucional fue la creaci?n de escuelas nocturnas y clases vespertinas para los ciudadanos de la capital del estado mayores de 15 a?os que no hab?an tenido educaci?n formal, y de escuelas primarias dentro de los muros de la c?rcel municipal.75 Pese a estas innovaciones menores y a la inicial agitaci?n de entusiasmo demag?gico, las autoridades militares de Oaxa ca no pod?an para 1920 pretender que hab?an tenido ?xito "difundiendo la luz de la instrucci?n al pueblo oaxaque?o".

El gobierno establecido temporalmente en Salina Cruz anun ciaba orgullosamente la creaci?n de 73 escuelas primarias ("rudimentarias") en la regi?n del istmo en los tres primeros meses de su administraci?n, pero no se hicieron otras decla raciones semejantes durante el periodo de gobierno precons titucional. Los problemas de mayor entidad fueron los eter nos de la falta de autoridad pol?tica y potestad administrativa

y de ingresos suficientes para financiar la ampliaci?n de los 74 PO, ii, n?m. 21, mayo 25, 1916; m, n?ms. 23, diciembre 14, 1916; 9, septiembre 7, 1916 y 12, septiembre 20, 1916.

75 PO, iv, n?m. 45, noviembre 8, 1917; v, n?m. 2, enero, 10, 1918.

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programas de educaci?n. El ambicioso y poco realista presu puesto de egresos para 1916 se redujo radicalmente en 1917, de 4 millones de pesos a 1 H?, y la proporci?n a gastar en edu caci?n baj? de la mitad al sexto.76 La falta de fondos provoc?

la transferencia de las responsabilidades de pagar los sueldos magisteriales a las poco seguras cajas municipales, notoria mente remisas en el cumplimiento de sus responsabilidades de proveer a la educaci?n de sus localidades. El maestro de escuela de la poblaci?n de Guadalupe Etla, en el distrito de Etla, escrib?a entonces desesperado al presidente Carran za, en octubre de 1918, pidi?ndole que intercediera en su favor cerca de las autoridades municipales, que le estaban reteniendo

su sueldo de 1 peso diario porque la escuela hab?a estado ce rrada debido a "perturbaciones revolucionarias".77 Si el suministro de educaci?n elemental no lleg? a cubrir los objetivos marcados, la educaci?n superior padeci? en Oaxa ca a?n m?s dr?sticamente en manos de las autoridades mili tares. El prestigioso Instituto de Ciencias y Artes del Estado,

donde los que aspiraban a profesionales de entre la ?lite pro vincial hab?an sido educados desde 1826, fue cerrado en 1916 en raz?n de ser "un foco de reaccionarios chiquitos" y no vol vi? a abrirse, sino en marzo de 1920. Un destino semejante padecieron las dos Escuelas Normales Superiores del estado.

Los gobernantes Castro y Jim?nez M?ndez rechazaron las solicitudes para que volvieran a abrirse el instituto y los dos colegios, y as? se atrajeron la enemistad del Club Liberal de Estudiantes, que se ocuparon activamente en distribuir pro paganda anticarrancista.78 76 V?ase cuadro citado; el periodo de tiempo inicialmente considera do para los presupuestos provisionales, frecuentemente se ampliaba fun d?ndose en que los municipios no presentaban los presupuestos a la apro baci?n del centro y esto imped?a que se completaran los informes estatales.

77 AHDN, Leg. 213, f. 80, M?nico Aguilar a Carranza, septiembre

9, 1918. Los maestros no eran los ?nicos empleados municipales que

padec?an la falta de pago de su sueldo. Una serie de quejas obligaron al tesorero de estado a expedir un memor?ndum a todas las autoridades mu nicipales, record?ndoles la necesidad de pagar a su personal, PO, vi, n?m.

35, agosto 28, 1919.

78 AHDN, Leg. 212, ff. 16-17, Club Liberal de Estudiantes a Carran

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Ciertamente, no hay pruebas durante el perido examina do de que surgieran los maestros como un grupo de presi?n radical en Oaxaca que participara en la agitaci?n pro refor ma agraria o en la organizaci?n de sindicatos, tendencia que se desarrollar?a en las d?cadas que siguieron al periodo de Ca rranza en todo M?xico y culminaron en el programa de ' 'edu

caci?n socialista" que C?rdenas abraz? despu?s de 1934.79 Pero la importancia de la reforma educacional radical para la pol?tica social carrancista, y para los comandantes milita res de Oaxaca, fue innegable entre 1915 y 1920. Sin embar go, las circunstancias hicieron que su aplicaci?n hubiera de esperar hasta que la regeneraci?n social y pol?tica estuviera bien arraigada tanto en el estado como en la naci?n.80 La REFORMA LABORAL

La actitud de las autoridades militares de Oaxaca en la re forma laboral durante el periodo de gobierno preconstitucio nal reflejaba el ambivalente tratamiento de la fuerza de tra bajo organizada por los l?deres constitucionalistas. Los decretos

de Carranza a principios de 1915, que reconoc?an claramen te la necesidad de "la libertad de trabajo, la justa retribuci?n de ?l. . . (y) la conservaci?n y desarrollo adecuado del traba jador' ', pero que en la realidad se promulgaron como parte de un afortunado intento de utilizar la fuerza de trabajo or ganizada como un pe?n de brega en la lucha pol?tica contra los enemigos convencionistas, fueron debidamente publicados

por el gobernador Agust?n Castro en enero de 1916, aunque se reconoci? p?blicamente al mismo tiempo que esa legisla ci?n s?lo ser?a aplicada "tan pronto como las circunstancias

za, febrero 17, 1917. El Leg. 213 contiene ejemplos de distribuci?n de pro

paganda anticarrancista en Oaxaca en 1918.

79 Raby, 1970.

80 En realidad, antes de finalizar 1920, se hab?an realizado innovacio nes radicales en Oaxaca con la fundaci?n de un cuerpo voluntario de maes tros no profesionales para combatir el analfabetismo del estado; se les lla

maba "Profesores".

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permitan".81 Pero las circunstancias permitieron la creaci?n de una rama de la militante Casa del Obrero Mundial en Sa lina Cruz en noviembre de 1915, y la inauguraci?n de la Fe deraci?n de Sindicatos Obreros de Oaxaca en mayo de 1916, en el local del Teatro Ju?rez, en la capital del estado.82 El est?mulo y aliento dado a la organizaci?n de la fuerza de trabajo urbana fue algo ir?nico, dado que el paso de cara col que llevaban la industrializaci?n y el crecimiento urbano en Oaxaca durante el siglo pasado no hab?a producido la apa rici?n de un proletariado urbano politizado. Pero si la luna de miel entre el r?gimen de Carranza y la fuerza de trabajo organizada fue breve, en Oaxaca casi no se consum? el ma trimonio. La ola de huelgas en la ciudad de M?xico provoca da por la devaluaci?n de la moneda en el verano de 1916 pro

voc? una r?plica airada de Carranza, quien declar? que la

huelga de los trabajadores de Transporte, Agua y Electrici

dad era criminal y antipatri?tica, e introdujo la pena de muerte

para los obreros que resultaran culpables de iniciar huelgas, declarando que el objetivo de la revoluci?n era "la destruc ci?n de la tiran?a capitalista", pero no la creaci?n de la "ti ran?a de los trabajadores". Se declar? "vigente" el decreto en Oaxaca en noviembre de 1916, y le sigui? la declaraci?n de la ley marcial en la ciudad de Oaxaca en agosto, combi naci?n que reduc?a considerablemente las actividades de la incipiente organizaci?n laboral en el estado.83 El ?nico grupo de trabajadores que pudo beneficiarse con el periodo de gobierno preconstitucional en Oaxaca fueron los empleados del Estado (bur?cratas). Para celebrar la ocu

paci?n de la ciudad de Oaxaca en marzo de 1916, los em

pleados del gobierno recibieron un aumento salarial de 100% ;

en mayo de 1916, en vista de la escasez de art?culos de pri mera necesidad en el estado, las autoridades militares esta blecieron un almac?n (con una concesi?n de 25 000 pesos) 81 PO, iv, num. 5, enero 20, 1916, se hallan detalles de las negociacio nes entre los constitucionalistas y la Casa del Obrero Mundial, a fines de 1914 y en 1915, as? como la formaci?n de Batallones Rojos, Hart, 1978,

pp. 127-130.

82 M?rquez, 1916, pp. 174-185.

83 PO, m, n?m. 20, noviembre 23, 1916.

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para uso y aprovisionamiento exclusivo de los empleados del Estado; en febrero de 1917 todos los que trabajaban para el gobierno recibieron generosas concesiones por enfermedad y permiso anual (de hasta mes y medio con paga). Las autori dades de Oaxaca ansiaban que los empleados del Estado no padecieran a consecuencia de la escasez de moneda dentro del estado, y por consiguiente se les eximi? de aceptar forzo samente los bonos emitidos por el r?gimen como pago de hasta

50% del salario (las tropas constitucionalistas tambi?n esta ban exentas).84 La ECONOM?A LOCAL

Las medidas tomadas por el r?gimen constitucionalista para proteger a sus empleados de las dificultades financieras son una clara indicaci?n de las dificultades que encontraba la gesti?n de la econom?a local. Los datos que ofrece Oaxaca impugnan la apreciaci?n de que el r?gimen de Carranza "re sucit? una econom?a destrozada".85 El predominio de la le gislaci?n monetaria y fiscal promulgada entre 1915 y 1920 daba fe del hecho de que los problemas m?s urgentes a que se enfrentaban el gobierno nacional y el estatal eran de or den econ?mico, y que se trataba de reglamentar y controlar la explotaci?n de los recursos econ?micos de la naci?n. Du rante todo el periodo, el r?gimen se esforz? en mantener un precario equilibrio entre el control central de la econom?a para fines de ingresos y pol?ticos, y la promoci?n tentativa de re generaci?n de la econom?a que dar?a las bases para los bene ficios socioecon?micos prometidos por los representantes y apologistas del constitucionalismo. El principio de naciona lismo econ?mico estaba firmemente asentado y era una re definici?n de las reglas con que el capital extranjero y los em presarios individuales pod?an operar en M?xico. Pero la puesta

en pr?ctica de la "reorganizaci?n econ?mica de la naci?n" 84 La imposici?n de la jornada estricta de 8 horas para los trabajado

res de talleres y oficinas benefici? tambi?n a los bur?cratas del estado, PO,

vi, n?m. 17, abril 24, 1919.

85 Richmond, 1976, p. 27.

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se vio frustrada por los eternos problemas del periodo: ines tabilidad de la moneda, interrupci?n del comercio interno e interregional y escasez e inflaci?n en el precio de los art?cu los de consumo b?sicos.

La p?rdida de valor del peso hab?a llegado a un punto cr? tico para el verano de 1916. En 1915, el peso segu?a el pa tr?n oro, con un valor en el mercado de Nueva York de 49 cents (USA). Pese al trastocamiento producido por la revolu ci?n maderista, el valor internacional del peso era todav?a de 40 centavos en mayo de 1913. La guerra civil redujo en for ma impresionante este valor; en abril de 1915, el peso val?a 10 centavos, y para junio de 1916, hab?a bajado hasta 2 cen tavos nada m?s.86 La moneda en met?lico hab?a desapareci do virtualmente de la circulaci?n y hab?a sido remplazada por un n?mero excesivo de bonos y papel moneda emitidos por los

jefes militares locales de ambos bandos en conflicto. Las mo nedas convencionistas y villistas hab?an quedado desacredi tadas a consecuencia de las derrotas militares y pol?ticas en el verano de 1915, dejando en circulaci?n unos 700 millones de pesos en diversas monedas constitucion?listas. La ausen cia de las necesarias garant?as y seguridades y las muchas fal sificaciones hab?an producido una constante depreciaci?n de su valor. El r?gimen de Carranza fij? el valor de los billetes de "papel antiguo" en 10 centavos, pero era del conocimiento general que a los tres meses de empezar 1916 no val?an nada: en todo M?xico comerciantes, tratantes o corredores y hu mildes tenderos se negaban a aceptar los billetes o s?lo los aceptaban a un valor tan bajo como 3 centavos.87 La soluci?n de Carranza al problema de la moneda entra

?aba la creaci?n de una "Comisi?n Monetaria" presidida

por el ministro de Hacienda para vigilar la emisi?n de otros 500 millones de pesos de "papel nuevo" o "infalsificabie", billetes que entraron en circulaci?n el 1 de mayo de 1916.

El objeto de la nueva emisi?n no era cambiar directamente los billetes viejos por los nuevos sino controlar la emisi?n con

el fin de dar a la nueva moneda un valor m?s seguro. Por 86 Kemmerer, 1940, cit. en Richmond, 1976, p. 30.

87 PO, ii, n?m. 19, mayo 11, 1916.

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consiguiente, los nuevos billetes se pusieron en circulaci?n para

el pago de salarios, y los viejos servir?an para el pago de los impuestos federales (con valor de 20 y 10 centavos respecti vamente), con el doble prop?sito de permitir a la Comisi?n Monetaria la acumulaci?n de valores suficientes en oro para garantizar la emisi?n y retirar de la circulaci?n el "papel an tiguo" para el 31 de diciembre de 1916.88 Ya era patente, para fines de 1916, que el valor declarado de la nueva moneda infalsificabie no podr?a sostenerse. En noviembre se declaraban ?nicos medios legales de pago el oro y la plata, y en todo 1917 se hicieron intentos por hacer vol ver a la Tesorer?a los "infalsificabies" para anularlos, per mitiendo su uso en pago de ciertos impuestos federales, desde los derechos de importaci?n y exportaci?n hasta los impues tos del timbre a los metales y el petr?leo. Debido a las insufi cientes existencias de oro y plata, el gobierno restringi? la sa

lida de la plata y prohibi? totalmente la del oro. Los bancos mercantiles de emisi?n estaban sometidos a un control y una reglamentaci?n estrictos, y muchos fueron obligados a liqui dar entre 1914y 1918, si bien nunca se hizo realidad el plan carrancista de crear un solo banco estatal. A pesar de estas medidas, la menor producci?n de oro y plata durante el pe riodo carrancista y la dram?tica fluctuaci?n de su valor en el mercado internacional hizo precaria y compleja la tarea de controlar el abasto de moneda a la econom?a nacional.

El retorno a la moneda met?lica en 1917 fue bueno y ma lo: mientras la inflaci?n y la especulaci?n con el dinero iban poco a poco domin?ndose, la escasez de moneda produc?a un efecto perjudicial en toda forma de negocio.89 88 PO, ii, n?m. 18, mayo 4, 1916; Carranza estaba firme en no que rer negociar pr?stamos extranjeros.

89 PO, iv, n?m. 12, mayo 22, 1917, las cifras de producci?n, en kilo gramos, de los principales metales son las siguientes: _Oro_Plata_Cobre_

?9?? 41 419 2 416 699 48 160 355

1915 7 358 910 052 205 978 1919 23 586 1 988 518 56 172 235 1920 23 370 1 979 972 46 056 900 Fuente: Mexican Year Book, 1920-1921, p. 282.

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Los hechos en Oaxaca durante este periodo indican que la legislaci?n carrancista en materia monetaria encontraba fuerte resistencia. Jes?s Acevedo, quien pas? a ser goberna

dor y restableci? el Estado Libre y Soberano de Oaxaca en mayo

de 1920 despu?s del Pacto de San Agust?n Yataren?, tuvo que apremiar a todos los presidentes municipales del estado para que impusieran multas y, si era necesario, encarcelaran a los ciudadanos que siguieran neg?ndose a aceptar las nuevas mo nedas de plata que hab?an remplazado al antiguo peso de plata,

retirado de la circulaci?n en noviembre de 1918.90

Esta resistencia hab?a sido un fen?meno recurrente durante

todo el periodo de gobierno preconstitucional. La negativa a aceptar los desacreditados y nulos billetes constitucionalis tas la hab?an manifestado los comerciantes del istmo de Te huantepec desde la llegada de un fuerte contingente de tropa constitucionalista a la regi?n despu?s de agosto de 1914. Los comerciantes que operaban dentro del estado ten?an cabal conocimiento de que los campesinos no aceptar?an billetes constitucionalistas de ning?n tipo.91 La llegada del gobierno preconstitucional a Salina Cruz no les hizo ceder en su reso luci?n. Un grupo que representaba "el comercio" de Tehuan tepec se quej? con Agust?n Castro de que el Jefe de Armas local los hab?a obligado a aceptar billetes que ya hab?an sido retirados de la circulaci?n por decreto.92 Las quejas del comercio se enfrentaban a las acusaciones de los civiles de que aquellos mismos comerciantes estaban

amasando enormes ganancias "acaparando" su mercanc?a

hasta que la carencia de los art?culos b?sicos de consumo ha c?a subir el precio. Se quejaban de que el precio de 120 litros de ma?z en la ciudad de Oaxaca en junio de 1917 era de 12 pesos, en comparaci?n con el precio de 1911, que era de 2.50 pesos.93 Las autoridades militares de Oaxaca conoc?an per fectamente "los continuos abusos del comercio" y publica

90 PO, vi, n?m. 28, noviembre 18, 1920.

91 Archivo de Venustiano Carranza, Presidente Municipal de Rinc?n Antonio a Carranza, agosto 28, 1914. En 1925, el papel moneda todav?a no era aceptado, y por lo mismo imposible de hallar, en la Sierra Ju?rez.

92 AGEO, Legajo "Departamento del Estado, 1916".

93 AHDN, Leg. 212, f. 114.

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ron una serie de decretos destinados a controlar la venta y el precio de todas las mercanc?as y, en particular, a aliviar la escasez de art?culos de primera necesidad. Una de las pri meras circulares enviadas a los presidentes municipales por la administraci?n recientemente establecida, les ordenaba im poner multas a todos los comerciantes que no respetaran la legislaci?n existente de pesas y medidas. En enero de 1916 se cre? en Salina Cruz una Comisi?n Reguladora de Precios, y el primero de abril, las autoridades militares prohibieron totalmente la salida del estado de los art?culos de primera ne

cesidad (ma?z, arroz, frijol, az?car, papa, garbanzo, harina de trigo, caf? y grasas animales), y simult?neamente ordena ba a los comerciantes poner a la venta la mercanc?a que tu vieran. Con el fin de facilitar las peque?as transacciones en el mercado local, el gobierno preconstitucional se uni? a otras

administraciones constitucion?listas y emiti? 125 000 pesos en "vales", en denominaciones de 50 y 25 centavos. En ma yo de 1916, la lista de art?culos con precio fijado aument?, y se amenaz? con supresi?n de la licencia para comerciar, no s?lo a los tratantes que quebrantaran el c?digo de precios, sino tambi?n a quienes cerraran sus locales y se negaran a comerciar. Acompa?aba a la legislaci?n una campa?a de pro paganda destinada a persuadir al p?blico de que "el alto co

mercio y los bancos" eran los culpables de la inestabilidad financiera y monetaria, la inflaci?n y la escasez de art?culos, porque se hab?an negado a cumplir la legislaci?n del gobier no, como parte de un plan coordinado para obstruir la "la bor revolucionaria" de la administraci?n constitucionalista.94

La prohibici?n de que salieran del estado alimentos b?si cos y las sanciones a comerciantes locales siguieron en vigor durante todo el gobierno preconstitucional en Oaxaca. A ve ces, y en respuesta a la presi?n local, era posible persuadir a las autoridades de que relajaran la prohibici?n en algunos art?culos de exportaci?n, como en el caso del caf?.95 Los he chos arriba esbozados indican tambi?n que los "convenios" 94 PO, i, n?m. 9, noviembre 11, 1915; AHDN, Leg. 211, f. 94, con tiene una lista de art?culos, precios fijados y multas.

95 PO, ii, n?m. 22, julio 6, 1916.

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entre comerciantes y jefes militares locales permit?an cierta cantidad de comercio exterior, aunque esto sea imposible de cuantificar. Pero parece que las ganancias que se pod?an ob tener con el comercio exterior val?an la pena de correr ries gos. La exportaci?n de ganado en pie del estado era ya para los primeros meses de 1920 una pr?ctica lucrativa, a menu do il?cita, puesto que muchos de los animales hab?an sido ro bados o "importados" de zonas que quedaban fuera del con trol del gobierno estatal. El impuesto de 25 pesos por cabeza de ganado exportado no hab?a logrado detener el flujo, y el peligro de que fallara el abastecimiento de carne para la capital

del estado y de bueyes para los agricultores locales requiri? una prohibici?n total. A su vez, esto provoc? una respuesta

inmediata y hostil de los agricultores istme?os, quienes soste n?an que la prohibici?n les quitar?a su ?nica fuente de ingresos.96

Las medidas puestas en vigor por las autoridades carran cistas en Oaxaca quiz? exacerbaran el conflicto de intereses

entre el r?gimen y los comerciantes y agricultores, pero hicie

ron poco por aliviar la escasez de alimentos que sent?an los habitantes del estado. Hubo las m?s graves hambrunas en 1915 y 1916, que coincidieron con el periodo m?s intenso de actividad militar dentro del estado en toda la Revoluci?n. Las memorias y los relatos contempor?neos dicen lo mismo: Agus t?n Castro inform? a Carranza de la grave escasez de ma?z en la regi?n del istmo en mayo de 1916; Ibarra describ?a el lastimoso cuadro de familias enteras que iban de pueblo en pueblo y de casa en casa en vana busca de alimento, debido al cierre de los mercados locales en la Sierra Ju?rez; y en la Mixteca, las consecuencias de la guerra se agravaban por la sequ?a y la negativa de los corredores locales a aceptar nin guna forma de moneda que no fuera de plata, y obligaba a los habitantes a sobrevivir con hierbas y tunas cocidas. El periodo de hambruna tambi?n coincidi?, y contribuy?, con las epidemias de fiebre tifoidea y viruela en todo el estado.97

96 AHDN, Leg. 214, ff. 6-9, marzo 3, 1920.

97 AHDN, Leg. 211, f. 60, Agust?n Castro a Carranza, junio 20, 1916;

Ibarra, 1975, p. 125; Ibarra, s/f, pp. 250-258; AGEO, Legajo "Epide

mias de tifo y viruela, 1915".

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Aunque persist?an las escaseces, las hambrunas de 1915 y 1916 no se repitieron. Hay buenas razones para suponer que

la depresi?n econ?mica general que caracteriz? a los a?os

constitucion?listas indujo cierto grado de autosuficiencia eco n?mica en las diversas regiones geopol?ticas que forman el

estado de Oaxaca (Valle Central, Sierra Mixteca, costa del

Pac?fico, Istmo). En este sentido puede considerarse que la Re voluci?n, en Oaxaca, repiti? la norma de depresi?n c?clica de la econom?a local decimon?nica.98 Esta hip?tesis parece sustentada por los hechos de Sierra Ju?rez y Sierra Mixteca, en particular en lo relativo a la autosuficiencia en la produc ci?n de alimentos. El gobierno carrancista de Oaxaca supu so que las fuerzas de defensa del estado rebeldes morir?an de hambre cuando huyeron a sus respectivos cerros en 1916, pero sus suposiciones resultaron err?neas. La ?ndole espor?di ca de los combates significaba que la mayor?a de los campesi nos que constitu?an la tropa de los ej?rcitos serranos volv?an a sus milpas cuando no estaban en servicio "activo". Cuan do la producci?n local no bast? para las necesidades, otros art?culos producidos localmente (como minerales y ganade r?a, por ejemplo) pod?an cambiarse por las provisiones y los pertrechos necesarios. En todo el estado, los productores cam pesinos demostraron su resistencia a los trastornos civiles cr? nicos entre 1915 y 1920, del mismo modo que respondieron a la agitaci?n civil end?mica del siglo XIX.99 No obstante, debe subrayarse que para 1920 las bajas en combate, las epidemias, las muertes por hambre y la migra ci?n hab?an hecho estragos en la poblaci?n y la econom?a.

Pero es dif?cil calcular en qu? medida hab?a quedado destruida la base productiva del estado para el final del periodo de go bierno preconstitucional, aunque sin duda el da?o causado

era grande. La tendencia a volver a la agricultura de sub

sistencia significaba inevitablemente que pagar?an las conse cuencias los cultivos especiales destinados al mercado de ex portaci?n, que hab?an sido introducidos en las dos ?ltimas 98Cassidy, 1981.

99 Cassidy, 1981, pp. 200-228; Ibarra, 1975, p. 178; AHDN, Leg. 214, f. 85, noviembre 13, 1919.

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d?cadas del siglo XIX en respuesta a los est?mulos econ?mi cos del porfiriato. Apoya esta hip?tesis un estudio reciente del impacto que produjo la introducci?n del caf? en la econo m?a local de la Sierra Ju?rez.100 Hab?ase introducido el caf? en la sierra en la d?cada de 1870, y para 1900 la producci?n era extensiva en las zonas c?lidas y h?medas de la comarca.

La producci?n no se concentraba en grandes cafetales, sino en tierras que la comunidad daba a cada familia, en las cuales s?lo era posible plantar un peque?o n?mero de cafetos. Para 1910, la explotaci?n del caf? hab?a provocado cambios de mostrables, pero no revolucionarios, en la forma tradicional de interdependencia zonal entre los pueblos de la sierra. Los pueblos no directamente participantes en la producci?n de caf? prove?an de ma?z y del transporte necesario al mercado mayorista de Tlacolula, en el valle de Oaxaca, para los pro ductores. La mayor parte de las transacciones se efectuaban por medio del trueque (el ocote y la sal eran los medios m?s comunes de cambio), y las ganancias que hac?an producto res y tratantes hab?an empezado a engendrar, para comien zos del siglo XX, importantes desequilibrios en la riqueza de los miembros de las comunidades serranas, lo que a su vez ocasion? cierto grado de fatiga en las instituciones sociales tradicionales. Todo este proceso fue seriamente trastornado empero por el recrudecimiento de la revoluci?n y la incipiente

industria cafetalera necesit? bastante tiempo para reponerse del golpe. Hay claras pruebas de que a consecuencia del tras torno, la sierra retrocedi? a una econom?a de intercambio y no fue, sino en los treinta cuando se produjo la monetizaci?n de la econom?a, que signific? la incorporaci?n a la econom?a nacional y el progresivo quebrantamiento de la autosuficien cia econ?mica de la regi?n.101 Los datos con que contamos de las zonas que quedan fue ra de la sierra, donde hab?a habido una sustancial inversi?n de capital en plantaciones y fincas cafetaleras, en los distritos

de Cuicatl?n, Tuxtepec y Pochutla, indican que la explota ci?n comercial en gran escala tambi?n padeci? el impacto de 100 Young, 1976.

101 Young, 1976, pp. 211-239.

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la revoluci?n. En el curso de 1917, 14 propiedades dedicadas a la producci?n de caf? (8 plantaciones, 5 "terrenos y una finca), tan s?lo en Cuicatl?n fueron "intervenidas" por las autoridades militares de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Econ?mico-Coactiva de 1861, por no pagar impuestos sobre la propiedad que ascend?an a un total de 27 948 pesos. No obstante, las condiciones econ?micas reinantes no disuadie ron a aquellos que pudieran estar en posibilidad de invertir en la producci?n de caf?. En septiembre de 1918, Cornelio Cruz tomaba prestados 20 000 pesos para comprar dos fincas cafetaleras en el distrito de Pochutla, en la "tierra caliente" de la costa del Pac?fico. Las condiciones del pr?stamo refle jan la potencial remuneratividad de la producci?n cafetalera o la insania del se?or Cruz. Conven?a en pagar el total de la deuda para finales de marzo de 1920 o si esto resultaba imposible, todo el caf? producido en las fincas pasar?a a ma nos de los acreedores hasta que se hubiera redimido la deu da. En mayo de 1920 hab?a todav?a una deuda pendiente de 18 704 pesos. Cruz no pudo entregar su cosecha y su propie dad fue embargada.102 La depresi?n econ?mica de los a?os constitucion?listas tam bi?n redund? en detrimento de las industrias m?s tradicio nales del estado. La miner?a hab?a estado particularmente su jeta a las depresiones c?clicas de la econom?a local durante el siglo pasado, pero al cambiar el siglo ya resultaba ser la principal beneficiada con el desarrollo econ?mico del porfi

riato, que precipit? en Oaxaca la llegada del Mexican Southern Railway en 1892, y en particular por la construcci?n de rama les que un?an a la capital del estado con los centros mineros

de Tlacolula, Ejutla y San Jer?nimo Taviche, en Ocotl?n.

La legislaci?n federal dio considerable est?mulo a la indus tria. El c?digo de miner?a de 1892 conced?a a quienes obte n?an concesiones mineras exenci?n de impuestos federales y locales, as? como de los derechos de importaci?n sobre mate riales y maquinaria y de los impuestos a la exportaci?n de la producci?n minera. Estos incentivos resultaron eficaces.

En 1898, hab?a un total de 313 propiedades de minas regis 102 PO, i, n?m. 4, julio 3, 1920.

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tradas en Oaxaca, mas para 1904 la cifra hab?a subido a 1 324;

y para 1909, el total llegaba a 1 989.103 Una parte sustancial de los que invert?an en la miner?a en Oaxaca eran extranjeros. En la zona de Taviches se estima ba en 1910 que en una extensi?n de 104 km2 operaban m?s de 40 compa??as norteamericanas. Para 1915, hasta 14 de las 24 concesiones hechas por el gobierno del estado sobera no lo hab?an sido a no nacionales.104 Pero la confianza entre todos los inversores fue declinando marcadamente despu?s

de 1915.

El n?mero total de concesiones mineras otorgadas por las autoridades militares en Oaxaca s?lo fue de8enl916yl917, y si bien la cifra subi? a 19 en 1918 y a 25 en 1919, no puede suponerse que esto significaba el renacer de la confianza en la industria, puesto que en algunos casos se trataba de solicitu des reiteradas en cumplimiento del decreto de abril de 1917, que declaraba nulas todas las concesiones mineras hechas por la administraci?n anterior en virtud de la Declaraci?n de

Soberan?a.105 Del total de 64 concesiones otorgadas entre 1916 y 1920 por el gobierno preconstitucional, s?lo 12 lo fue

ron a compa??as extranjeras. La baja en la proporci?n de in 103 El impuesto sobre propiedades mineras era la mayor fuente de in gresos del gobierno estatal en 1909; el ingreso anual derivado de consu mos y aduanas interiores, y declarado valor del comercio al menudeo, para el periodo de 1904-1909 fue: Impuesto

Ventas Participaci?n sobre

A?o declaradas federal Oro/plata Textiles tabaco Minas Destilaci?n

1904-5 5 808 005 131 622 6215 39 852 66 122 81 479 32 235 1905-6 5 854 422 134 696 2 746 39 100 65 675 34 722 28 725 1906-7 5 819 944 153 920 5 992 37 500 60 831 60 797 30 371 1907-8 6 021 942 127 282 5 523 38 521 69 770 75 255 33 423 1908-9 6 344 714 124 917 280 21378 66 484 83 485 34 562

Fuente: Mexican Year Book, 1910, p. 598.

104 Estas cifras no son completas porque casi las dos terceras partes del Peri?dico Oficial, vol. xxxv, 1915, faltan en el archivo del estado. Por con siguiente, puede suponerse sin riesgo de errar que el n?mero real de con cesiones hechas era cuando menos el doble de esta cantidad.

105 PO, iv, n?m. 17, abril 26, 1917.

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versionistas extranjeros sin duda refleja la influencia de la le gislaci?n nacionalista del periodo carrancista en lo tocante a la propiedad y explotaci?n de los dep?sitos del subsuelo, pe ro en igual grado influ?a la anarqu?a existente en las regiones mineras remotas, y la creciente carga impositiva que sopor taba la industria en general.

El art?culo 27 de la Constituci?n de 1917 era inequ?voco en su declaraci?n de que s?lo los ciudadanos mexicanos por nacimiento o naturalizaci?n ten?an el derecho de adquirir con cesiones para la explotaci?n de minas o dep?sitos de minera les, con la estipulaci?n de que podr?an concederse los mismos derechos a extranjeros: siempre que convengan ante la Secretar?a de Relaciones en con siderarse nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protecci?n de sus gobiernos.

Pero en la pr?ctica, la renuencia de los concesionarios a obe

decer a esos requisitos legales, y la urgente necesidad de ingresos para la Hacienda nacional hicieron que el cumpli miento fuera poco estricto en toda la Rep?blica. En julio de

1918, el ministro de Industria y Comercio reconoc?a que la mayor?a de las compa??as mineras extranjeras no hab?an pre sentado solicitudes al Ministerio de Relaciones Exteriores, y anunciaba una pr?rroga del l?mite de tiempo hasta el 31 de agosto.106 Tambi?n se puso de manifiesto que la aplicaci?n del art?culo 27 entraba en conflicto con el decreto carrancista

de septiembre de 1914, que exig?a la explotaci?n forzosa de todas las minas del pa?s, con la amenaza de que las propieda des ociosas quedar?an sujetas a intervenci?n y a explotaci?n por el gobierno. Esta amenaza pend?a sobre todos los due?os y concesionarios de minas hasta 1920, y se utiliz? principal mente para obligar a las compa??as recalcitrantes a pagar los nuevos impuestos del r?gimen; en la pr?ctica, la amenaza de confiscaci?n se suspendi? muchas veces en favor de una pro longaci?n del l?mite de tiempo establecido para el pago de contribuciones.107

106 PO, v, n?m. 31, agosto 22, 1918.

107 PO, iv, n?m. 12, marzo 22, 1917; vi, n?m. 49, diciembre 4, 1919.

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Los incrementos en las tasas de impuestos para la explota ci?n de minas dictados por la administraci?n constituciona lista impon?an pesada carga a la industria. En 1912, el go bierno de Madero hab?a establecido el impuesto del timbre por valor de 5 pesos a los t?tulos de miner?a por pertenencia (derecho correspondiente a una hect?rea); un impuesto so bre la propiedad (derecho correspondiente a una hect?rea); un impuesto sobre la propiedad de 6 pesos por hect?rea anual mente (para propiedades de hasta 25 ha, con 3 pesos por cada hect?rea adicional), y derechos a la exportaci?n de minerales de oro y plata de 3.5 y de 2.5% sobre las barras de estos me tales, m?s los derechos de importaci?n sobre los suministros y la maquinaria. El 1 de marzo de 1915, el gobierno de Ca rranza public? el primero de una serie de decretos que se pro pon?an aumentar los ingresos fiscales y al mismo tiempo alen

tar la divisi?n de algunas de las grandes concesiones mineras detentadas por compa??as extranjeras. El impuesto del tim bre aument? a 10 peso por hect?rea, y hubo un impuesto anual

progresivo a la propiedad con una base de 12 pesos por con cesi?n, que aumentaba en proporci?n al n?mero de conce siones. Los derechos de exportaci?n subieron a 6.5% sobre las barras de metal, y 8.5% sobre el mineral.108 Las cifras de producci?n nacional para 1915 ilustran la se ria depresi?n de la industria minera por comparaci?n con las cifras para 1910.109 La baja de la producci?n coincid?a con una ca?da en el precio internacional de la plata, de 53 centa vos norteamericanos por onza en 1910 a 49 centavos en 1915.

En abril de 1916, el gobierno respond?a a la presi?n dividiendo

por mitad la tasa de base del impuesto a la concesi?n, mien tras que anunciaba que todas las exportaciones de oro y pla ta quedar?an sometidas a un derecho ad valorem de 10 %. Esta

medida provoc? grandes protestas de las compa??as mineras extranjeras, que se quejaban de que tal porcentaje, si se to

maban en cuenta los mayores costos de la fundici?n y el trans

porte, acabar?a con la remuneratividad. La prohibici?n total a la exportaci?n de barras de oro y plata, impuesta en diciem 108 Mexican Year Book, 1920-1921, pp. 277-278.

109 V?ase nota 90.

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bre de 1916 en respuesta a la crisis monetaria, fue otro golpe a una industria ya maltrecha.110 Los impedimentos econ?micos y los ataques legislativos coincidieron con el resurgir de la violencia y los ataques f?si cos contra los explotadores de minas y sus propiedades en 1915 y 1916. El robo de propiedades y abastecimientos por bandi dos, rebeldes, revolucionarios y soldados constitucionalistas (muchas veces imposibles de distinguir unos de otros) abun daba en este periodo. En Oaxaca, el ingeniero de minas nor teamericano Howard Elton fue "ejecutado" por un Consejo Extraordinario de Guerra de las tropas carrancistas en di ciembre de 1916, acusado de complicidad con los rebeldes so beranistas, acci?n que provoc? protestas de la embajada esta dounidense y caus? preocupaciones a Obreg?n, quien hab?a ordenado se suspendiera la ejecuci?n.111 A consecuencia de la inseguridad de la vida y la propiedad, muchas compa??as se vieron obligadas a suspender temporalmente sus operacio nes, y en algunos casos a abandonar por completo sus pro piedades. La destrucci?n de ferrov?as y material rodante tam bi?n paraliz? bastante la industria, y con frecuencia impuso la suspensi?n total de actividades, ya fuera por falta de los suministros necesarios, ya porque no pod?a sacarse el oro de las minas. El n?mero de carros que operaban en el ferroca rril del sur entre Puebla y Oaxaca se hab?a reducido a 274 en 1917, de un total de 335 en 1911, aunque el movimiento del equipo hace poco confiables estas cifras.112 Las estad?sticas publicadas para la producci?n minera in

dican que la industria nacional se hab?a reanimado para

1919.113 El mercado abierto por la contienda mundial cre? una demanda sin precedentes y provoc? un impresionante aumento en los precios, que al parecer alivi? los problemas

de los a?os de revoluci?n. Pero en Oaxaca, el estado de la

industria de extracci?n parec?a en 1919 peor que en 1915.

En muchas minas se hab?an suspendido las operaciones, y aun 110 PRO.^0 371/480, junio 1, 1916; PO, iv, n?m, 6, febrero 8, 1917.

111 AHDN, Leg. 211, ff. 87-90, Obreg?n a Agust?n Castro, diciembre

8, 1916.

112 Mexican Year Book, 1920-1921.

113 Bernstein, 1966, pp. 118-122.

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que algunas hab?an quedado abandonadas, otras manten?an un personal m?nimo para realizar los trabajos necesarios de mantenimiento y subterr?neos, a fin de que la planta no se inundara. Los campos mineros aislados de Tlacolula, Oco tl?n y Ejutla, en los valles centrales que se extend?an al sur de la capital del estado, eran f?cil presa de las muchas ban das de merodeadores que recorr?an las sierras Ju?rez y Mix teca. Las tropas constitucion?listas no proteg?an de estas in cursiones, y en muchas ocasiones ped?an una "compensaci?n" adecuada a las compa??as mineras para que no se les acusara de complicidad con los rebeldes.114 La Agencia de Miner?a de Nochixd?n, que manejaba solicitudes de concesiones mineras en la Mixteca, y que hab?a seguido operando en los peores a?os de perturbaciones revolucionarias, cerr? en octubre de 1918 debido a las "circunstancias que prevalecen en la re gi?n". Las operaciones de la agencia de miner?a de Ejutla pasaron a la agencia central de Oaxaca en septiembre de 1919 en vista de los continuos ataques rebeldes.115 Las estad?sticas oficiales del n?mero de propiedades de mi nas matriculadas en Oaxaca despu?s de 1920 ilustran la de clinaci?n en la industria local. El total de 1 189 propiedades en 1909 hab?a bajado a 1 526 en 1920 y a 1 501 para fines de 1922. M?s significativa es la reducci?n de la superficie ex plotada. El total de 19 646 ha en 1909 se hab?a reducido a 13 466 en 1920 y a 13 139 en 1922. Sin embargo, es preciso recordar que ?sas eran las cifras de propiedades que hab?an pagado sus impuestos, y por consiguiente no reflejan los ni veles de producci?n. El hecho de que s?lo se registraran 36 t?tulos de concesi?n nuevos en 1922 indica que los inversores no hab?an recobrado la confianza, sobre todo en compara ci?n con el auge presenciado en la d?cada de 1900-1910.116 Los datos del Peri?dico Oficial indican que para 1920, tanto los empresarios individuales como las compa??as mineras te 114 PRO.FO 371 y 206; los extranjeros explotadores de minas padecie ron particularmente de estas incursiones, seg?n los informes consulares ingleses.

115 PO, v, n?m. 49, diciembre 5, 1918; vi, n?m. 19, septiembre 28,

1919.

116 Mexican Year Book, 1910, 1920-1921, 1922-1924.

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n?an grandes dificultades financieras que pod?an eliminarlos

del negocio. En mayo de 1913, un se?or W.R. Wallace to maba prestados 7 400 pesos de Henry Dom ville, el adminis trador, ingl?s, de un grupo de minas situado en el campa mento cercano a San Mart?n de los Cansecos, en Ejutla, para la compra y explotaci?n de dos minas en San Jos?, distrito de Ocotl?n. Las condiciones del contrato obligaban a Wallace a pagar el total del pr?stamo en dos a?os, m?s intereses a una tasa de 10% anual. Para noviembre de 1919 no se hab?an pagado los intereses ni el capital; se embarg? la propiedad de Wallace y despu?s se vendi? en p?blica subasta.117 En febrero de 1920, la sociedad minera de San Juan Tavi che fue declarada oficialmente en bancarrota por su incapaci dad de pagar sus deudas a los acreedores, que representaban en total 279 479 pesos.118 En marzo de 1917, los represen tantes legales de la Corpus Christi Mining Company, propie dad de norteamericanos, que ten?a una planta de fundici?n y procesamiento en Xanica, en el distrito de Miahuatl?n, re cibieron notificaci?n p?blica de que deb?an 1 144 pesos, por impuestos sobre la propiedad y de minas que no hab?an sido pagados desde 1911. Pas? un a?o antes de que las autorida des procedieran, y despu?s se anunci? que dada la ausencia de respuesta de la compa??a y debido al hecho de que la can tidad hab?a aumentado a 2 278 pesos (con la adici?n de mul tas y un aumento en el impuesto federal del timbre en marzo

de 1918) la propiedad ser?a embargada para su subsiguiente venta en p?blica subasta de acuerdo con lo dispuesto en la ley Econ?mico-coactiva. En 1921, la propiedad de la mayor

empresa minera que operaba en Oaxaca, la Compa??a Mi

nera de Natividad y Anexas, de Ixtl?n, fue embargada por tener deudas con la tesorer?a del estado, por la cantidad de 181 580 pesos.119 El gobierno militar de Oaxaca dio poco est?mulo a la in dustria en general. El gobernador Agust?n Castro declaraba 117 PO, vi, n?m. 49, noviembre 22, 1919; i, n?m. 6, agosto 20, 1921.

118 PO, vu, n?m. 8, febrero 19, 1920.

119 PO, iv, n?m. 14, abril 15, 1917; v, n?m. 22, mayo 30, 1918; In forme del Gobernador, p. 11.

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en febrero de 19.16 que uno de los objetivos principales de la revoluci?n era poner fin a los odiosos monopolios. . . los detestables privilegios. . . (y) las onerosas concesiones llevadas a cabo a la sombra de compadraz gos, de parentescos o de influencias, en provecho de unos cuan tos explotadores y en perjuicio de la mayor?a de los mexicanos.

No obstante, reconoc?a que los abundantes y subexplotados recursos minerales y agr?colas del estado no podr?an desarro llarse sin capital, y por consiguiente hac?a una franca invita ci?n a todos los "capitalistas honorables" para que invirtie ran en empresas comerciales e industriales en Oaxaca, con seguridades de que la administraci?n revolucionaria dar?a pro

tecci?n y todas las dem?s garant?as necesarias.120 Innecesario es decir que la ret?rica revolucionaria no po d?a ocultar las duras realidades econ?micas del periodo, y en todo caso, la invitaci?n de Castro no era sustentada por ini ciativas o incentivos legislativos. Al contrario, acompa?aba a estas seguridades la publicaci?n de una circular de Hacien da que prohib?a expresamente al gobierno del estado hacer concesiones que brindaran ventajas econ?micas injustas, como

la exenci?n de impuestos a las empresas industriales nue

vas.121 La determinaci?n de Carranza de establecer un firme

control central sobre la explotaci?n de los recursos econ?mi cos de la naci?n tambi?n dificultaba y aminoraba el papel de las administraciones regionales. El decreto de 31 de agosto de 1916, prohib?a a los gobiernos estatales la promulgaci?n de leyes, decretos y aun medidas administrativas relaciona das con la reglamentaci?n del comercio, la miner?a, las insti tuciones bancarias, las tierras y los bosques nacionales, las tie

rras comunales (ejidos), las aguas bajo jurisdicci?n federal, la pesca en aguas territoriales, la organizaci?n de la mano de obra o la explotaci?n de dep?sitos del subsuelo (carb?n, pe tr?leo e hidrocarburos).122 120 pQ^ n^ num g? febrero 24, 1916, ' 'Importantes declaraciones acerca

de la verdadera misi?n del capital".

121 PO, ii, n?m. 1, enero 6, 1916.

122 PO, m, n?m. 13, octubre 5, 1916.

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Por consiguiente, los gobiernos estatales se ve?an reduci dos a gravar m?s que a estimular la econom?a local, y se les confiaba la imposici?n del estricto control central sobre la apli

caci?n de la abundante legislaci?n fiscal que proced?a de la ciudad de M?xico. Adem?s, las administraciones estatales es taban autorizadas a cobrar impuestos locales, destinados a cu brir los costos administrativos de los estados. Las bases de la recaudaci?n local en Oaxaca se pusieron en diciembre de 1916, y pese a fluctuaciones en los niveles de tarifas, siguie ron en vigor durante todo el periodo de gobierno preconsti tucional. Los impuestos estatales eran una contribuci?n sobre toda propiedad rural y urbana; sobre las ventas; sobre la ex plotaci?n de caf?, tabaco, alcohol y el timbre; sobre hierros de marcar y matanza de reses; sobre una variedad de docu mentos legales (la transferencia de propiedades o bienes ra? ces, las transacciones del registro civil, etc.), y sobre el "ca pital moral" (capitaci?n o contribuci?n para profesionales).

Produc?an otros ingresos la administraci?n de fincas, las multas

y las ganancias de la prensa estatal.123

Pero el hecho de que la autoridad pol?tica del gobierno cons

titucionalista de Oaxaca no se extend?a a la mayor?a de los municipios del estado, estorbaba la recaudaci?n por los re caudadores de rentas nombrados por la administraci?n estatal en las cabeceras de cada uno de los distritos pol?ticos. Los asal tos a las oficinas locales de Hacienda y las fechor?as de los pro

pios recaudadores agravaban la situaci?n. Otro problema para la salud de las finanzas estatales era el aumento de las contri buciones federales, que equival?an de 25-50% de los impuestos estatales en agosto de 1916, y a 60% en marzo de 1918.124 Pero el mayor problema fiscal para la administraci?n estatal segu?a siendo la ausencia de una autoridad pol?tica efectiva, que obviaba todos los intentos de atraer, halagar u obligar a los habitantes del estado, en particular en las zonas m?s cer canas a los centros de actividad rebelde, a responder favora 123 PO, i, n?m. 16, diciembre 30, 1915; in, n?m. 23, diciembre 14,

1915.

124 Circular del Tesorero del Estado a los funcionarios de Hacienda, PO,

vu, n?m. 9, febrero 26, 1920.

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blemente a los dictados de las autoridades militares en la ca

pital del estado. Amenazas repetidas hallaban una reacci?n negativa, hasta que por fin las autoridades concedieron en marzo de 1920 que los impuestos o contribuciones pagados a la administraci?n "ileg?tima" del estado entre febrero de 1913 y septiembre de 1918 no se les cobrar?an de nuevo, y que no habr?a multas por no pagar impuestos, con tal que todos los impuestos a partir de septiembre de 1918 se paga ran por entero antes del ?ltimo d?a de abril de 1920.125 El es tablecimiento de s?lo 146 juntas calificadoras municipales del

catastro, de los 463 municipios que hab?a en el estado, para mayo de 1920 significaba que no podr?a hacerse una evalua ci?n m?s realista de las propiedades urbanas y rurales para fines fiscales.

Como quiera que los ingresos fiscales recaudados en Oaxaca no bastaban a sustentar los gastos de las autoridades milita res, Jim?nez M?ndez pidi? a Carranza, al ser nombrado go bernador, un pr?stamo mensual de 30 000 pesos, no s?lo para cubrirlos gastos administrativos, sino adem?s para "impulsar el desarrollo (de la) riqueza del Estado".126 Pero cualesquie ra que fueran las intenciones de las autoridades militares de fomentar el desarrollo del estado, una comparaci?n del gasto presupuestado del gobierno preconstitucional indica que tanto la capacidad financiera como la voluntad pol?tica hab?an

declinado para 1920. (V?ase cuadro.) Llama la atenci?n la

dr?stica reducci?n en el presupuesto, sobre todo en el caso de Fomento, aunque debe subrayarse que casi 88% del pre supuesto de ?ste en 1915 era para emplearlo en gastos gene rales administrativos del gobierno precontitucional. Sin em bargo, las cifras dan clara medida del ahorro que hubieron de hacer las autoridades militares en Oaxaca, en aquel quin quenio en todas las ramas del gasto p?blico.

Son ejemplo pertinente los egresos para obras p?blicas, que

declinaron de los 30 700 pesos propuestos enl916a8416

125 PO, ii, n?m. 22, junio 6, 1916; m, n?m. 21, noviembre 30, 1916; iv, n?ms. 18 y 29, mayo 3 y julio 19, 1917; vi, n?m. 39, septiembre 25, 1919; vu, n?m. 11, marzo 11, 1920.

126 AHDN, Leg, 212, ff. 64-65, abril 16, 1917.

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EGRESOS PRESUPUSTADOS DEL GOBIERNO PRECONSTITUCIONAL

en Oaxaca, 1915-1920 (En pesos) Rama de Gobierno: Legislativa Ejecutiva justicia Interior Tesorer?a

A?o

1915* - 64 520 133 356 197 088 104 252 1916** 96 800 282 749 403 666 567 430 288 442 1917*** 57 444 95 388 206 228 249 918 191 396

1920_48 678_87 109_207 496 134 319 344

* Presupuesto estimado para los meses de octubre-diciembre, 1915: c?lcul

la base de 12 meses para prop?sitos de comparaci?n.

** Presupuesto estimado para los meses de abril-diciembre, 1916: c?lcul

la base de 12 meses para prop?sitos de comparaci?n. *** Presupuesto estimado para los meses de julio-diciembre, 1917: c?l bre la base de 12 meses para prop?sitos de comparaci?n.

Fuente: Peri?dico Oficial del Gobierno Preconstitucional del Estado de Oaxaca

en el presupuesto calculado para 1917, y a s?lo 3 026 en

El n?mero de personal administrativo empleado pa dinar la labor del departamento baj? de 9 a 3, y los daron se vieron obligados a aceptar una rebaja salari m?nimo. La cantidad destinada para mejoras mater

los edificios p?blicos baj? de 12 000 pesos en 1916 a s?l

en 1917 y 1920. Y as? lo que dec?a Agust?n Castro e de que la Revoluci?n Constitucionalista favorecer?

bellecimiento de los pueblos", no se hab?a realizado par

Se hizo algo en materia de construcci?n de carreter

mentaci?n, pero se dio carpetazo a un plan detal

mejorar los sistemas de drenaje y electrificaci?n en del estado.127

La reforma agraria

Fomento fue tambi?n la entidad que dot? de fon Comisi?n Local Agraria, creada en Oaxaca en novie 1916 para cumplir, dentro del estado, lo dispuesto creto de reforma agraria del 6 de enero de 1915. E de 1917 se hizo una invitaci?n oficial a todos los p 127 PO, in, n?m. 7, agosto 24, 1916.

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Beneficencia Registro

p?blica Pensiones civil Desarrollo Educaci?n Total

- 12 956 33 820 452 388 1 001 368 2 000 000 100 993 13 109 55 010 178 865 2 031 189 4 018 262 66 930 13 134 52 978 109 256 219 400 1 262180 52 965 12 899 48 854 90 898 190 000 1217 248

comunidades legalmente constituidos del estado a presentaran peticiones para la restituci?n de tierr ilegalmente invadidos, enajenados o que padecier trusiones por parte de individuos o autoridades f contravenci?n a la Ley Agraria de 1856; o peticion taci?n de tierras de acuerdo con sus necesidades a Se ha comentado mucho la ausencia de entusias

dero por la reforma agraria como principio fund la pol?tica carrancista antes de 1915. No cabe du a pesar del celo revolucionario de algunos carranc

corporaci?n del agrarismo a la ideolog?a constitucion

una respuesta directa a la presi?n popular pro agr presentada por los contrarios pol?ticos del r?gimen,

ticular por el zapatismo. Por consiguiente, no es d der que las declaraciones carrancistas al respecto f conocida combinaci?n de ret?rica revolucionaria, met?a curar los males agrarios de la naci?n, y pr

tos burocr?ticos que invariablemente difer?an la apl

la legislaci?n subsiguiente. En realidad, la legislac ocupaba del pueblo y otras comunidades agr?colas constituidas, pero pasaba por alto las demandas d tud de medieros, arrendatarios en efectivo y jorn 128 PO, iv, n?m. 4, enero 25, 1917.

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constitu?an una parte fundamental de la infraestructura na cional agraria. Las peticiones para dotaci?n de tierras que no proced?an de pueblos legalmente constituidos eran rechaza das al punto.129 Pese a que la reforma agraria no hab?a sido cuesti?n pro minente en la mayor?a de insurrecciones locales que se en cendieron en Oaxaca durante la fase inicial de la Revoluci?n, la publicaci?n del decreto de reforma agraria en el estado (exactamente un a?o despu?s de la proclamaci?n original) puso en marcha un flujo continuo, m?s que una inundaci?n, de peticiones a la Comisi?n Agraria local reci?n creada.130 Ya antes de crearse esta comisi?n hab?a recibido Agust?n Cas tro multitud de peticiones de los pueblos del istmo de Tehuan

tepec para la concesi?n o restituci?n de tierras ejidales, as? como muchas quejas de pueblos que ten?an disputas por cues ti?n de territorios con los pueblos vecinos.131 Entre 1917 y 1920, la Comisi?n recibi? un total de 40 solicitudes dentro del

estado, y de ellas s?lo hab?an resultado nueve concesiones de tierras para 1920.

Las otras peticiones quedaron detenidas por un pesado pro cedimiento burocr?tico hasta la d?cada siguiente, y algunas a?n m?s, pese a advertencias del presidente de la Comisi?n local a Carranza en el sentido de que la dilaci?n indebida o las resoluciones desfavorables de la Comisi?n Nacional Agraria

producir?an "desagradables efectos" en los pueblos de Oaxa ca, que cre?an que su ' 'justa causa ser?a apoyada por los guar dianes de la Ley Agraria".132 Para seguir adelante con su re clamaci?n se ped?a a los lugare?os que presentaran el t?tulo 129 La petici?n de los terrazgueros de la hacienda de San Jos? Lagarzo

na, en Ocotl?n, fue rechazada sobre esta base, PO, iv, n?m. 37, agosto

30, 1917.

130 Sin embargo, hubo ejemplos notorios de agitaci?n agraria durante la fase maderista de la revoluci?n; para los conflictos en Pinotepa Nacio nal v?ase Archivo de Robles Dom?nguez, vol. iv, Legajo 18.

131 PO, ii, n?m. 5, febrero 3, 1916.

132 AHDN, Leg. 212, f. 63, Isaac Oliv?, presidente de la Comisi?n Agraria local a Carranza, abril 6, 1917; una petici?n de tierra ejidal por los vecinos de Tehuantepec no fue resuelta hasta 1930, Richmond, 1976,

p. 70.

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legal del pueblo, prueba o documentaci?n de la usurpaci?n de tierras, descripci?n geogr?fica o plano de los lugares y un censo demogr?fico detallado del pueblo. Ya con esta infor maci?n, que a menudo supon?a dilaciones mientras se bus caban los documentos legales en el Archivo Nacional, nom br? la Comisi?n local a un ingeniero para que deslindara las tierras, y sobre la base de su informe, la recomendaci?n de la comisi?n local pasaba para su aprobaci?n al gobernador

del estado, de ah? a la Comisi?n Nacional Agraria y final mente al propio presidente.

Algunos casos ilustran las dilaciones y modificaciones de procedimiento a que estaban sometidas las peticiones. El 1 de noviembre de 1916, los pobladores de San Lorenzo Ca caotepec, distrito de Etla, presentaron una solicitud a la Co misi?n Agraria local en que se ped?a la restituci?n de ejidos de que dec?an haber sido despose?dos. Fue rechazada la peti ci?n fund?ndose en que los documentos presentados demos traban que las tierras disputadas estaban en posesi?n legal del

pueblo, y entonces se present? una nueva petici?n para que se les concedieran tierras ejidales, y ?sta fue aceptada. El to p?grafo nombrado por la Comisi?n local inform? en enero de 1917 que las tierras pertenecientes al pueblo sumaban unas 800 ha (en su mayor?a impropias para cultivos), para una po blaci?n de 1 366 habitantes, de los cuales 364 eran cabeza de familia. Los due?os de las haciendas vecinas, La Blanca y Guadalupe, fueron informados de la petici?n, y presenta ron documentos que probaban la legalidad de sus t?tulos, am?n

de las declaraciones previsibles seg?n las cuales los vecinos de San Lorenzo pose?an todas las tierras que necesitaban. El gobernador Jim?nez M?ndez estudi? las declaraciones res pectivas y decidi? conceder 955 ha de tierras cultivables al pueblo, que ser?an expropiadas de las haciendas La Blanca y Guadalupe (mayo de 1918). El expediente pas? entonces a la Comisi?n Nacional Agraria. El top?grafo contratado por la CNA estuvo en desacuerdo con los resultados de las medi ciones anteriores e inform? que el pueblo pose?a 858 ha de tierra (478 de ellas cultivables) y una poblaci?n de s?lo 800 habitantes, 100 de ellos cabeza de familia. Por consiguiente recomendaba (mayo de 1919) que la concesi?n se redujera This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:52 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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a 210 ha, bas?ndose en que 4 ha de tierra cultivable por ca beza de familia eran suficientes para proveer las necesidades b?sicas. La Comisi?n Nacional recibi? tambi?n una carta del embajador de Espa?a en favor de Do?a Mar?a Tr?paga, due ?a de la hacienda La Blanca, donde declaraba que las tierras cultivables de la hacienda eran s?lo 450 ha y que por consi guiente, una concesi?n de casi 1 000 ha de tierras cultivables a San Lorenzo privar?a a Do?a Mar?a y sus seis hijos del to tal de su propiedad. La CNA respondi? que se tomar?an en consideraci?n tales hechos, pero que todas las propiedades si tuadas en territorio mexicano estaban sujetas a la obligaci?n de respetar la ley, independientemente de la nacionalidad de su propietario. Finalmente, en diciembre de 1919, el presi dente Carranza dio su aprobaci?n a una concesi?n de 200 ha, a expropiar por igual de las haciendas La Blanca y Guadalu pe, cuyos propietarios tendr?an derecho a ser indemnizados.

Con estos lentos procedimientos, s?lo 3 447 ha de tierras ha b?an sido redistribuidas en Oaxaca a principios de 1920, lo que representaba menos de 2% del total nacional.133 Es interesante observar que casi 75% de las solicitudes re cibidas por la Comisi?n Agraria local proced?an de pueblos concentrados en las largas ramificaciones de los valles cen trales. Expl?case esto, en parte, por la limitaci?n de la juris dicci?n de las autoridades militares en el periodo de 1916-1920,

y en parte por la naturaleza de la tenencia de la tierra en la segunda mitad del siglo xix. La poblaci?n de los valles cen trales aument?, durante el curso del siglo xix, de aproxima damente 128 000 habitantes en 1826 a 225 000 en 1879 y a 290 000 para 1910. Cualquier influencia que este incremento demogr?fico hiciera pesar sobre el sistema existente de tenencia

de la tierra se atenuaba en gran medida por la subutilizaci?n general de los recursos agr?colas. La ausencia de oportunida des de mercado, debida al lento crecimiento de la poblaci?n urbana en la ciudad de Oaxaca y los deficientes transportes

133 El total de tierras nacionales distribuidas para 1920 se estima en 200 000 aproximadamente, Richmond, 1979, pp. 44-80. La resoluci?n so bre la petici?n de San Lorenzo Cacaotepec, en PO, vu, n?m. 20, enero

21, 1920.

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a otros estados de la Rep?blica provocaban una tendencia de producci?n agr?cola excedente dentro de aquellas zonas f?r tiles, que manten?a bajos los precios y la remuneratividad.

Pese a un visible aumento en el n?mero de haciendas en los valles centrales, datos recientes indican que, lejos de una ten dencia a invadir las tierras de ejidos y fundos legales de los pueblos de valle, los hacendados propend?an a deshacerse de alguna parte de sus propiedades por divisi?n o venta, o bien a distribuir tierras entre medieros y arrendatarios, absorbiendo

as? la mayor disponibilidad de mano de obra casual ocasio nada por el aumento de poblaci?n. Parte de las tierras se ven d?an a especuladores, pero en gran parte las tierras parecen haber pasado a ser propiedad de los pueblos y de campesinos agricultores.134 La divisi?n de fincas en propiedades menores y el frecuente

cambio de due?o pueden verse en las investigaciones de la Comisi?n Agraria local. A consecuencia de la reclamaci?n por los vecinos de Santa Catarina Quin?, en el Distrito Central, de tierras pertenecientes a propiedades contiguas, se descu bri? que las tierras (o parte de ellas) pertenecientes a 3 o 4 propiedades se hab?an dividido ?ltimamente entre herederos a la muerte del propietario anterior (como en el caso de la hacienda La Soledad), o se hab?an vendido en forma de ' 'pe

que?as propiedades" a particulares (como en el caso de la hacienda Mantec?n) o a vecinos del pueblo cercano de La Ci?nega (como en el caso del rancho Zarate). Esto lo tom? en cuenta la Comisi?n Nacional, que redujo la concesi?n ori ginal de 585 ha por la comisi?n local de Oaxaca a 284 ha.135

134 La poblaci?n de la ciudad de Oaxaca apenas se duplic? en el siglo xix: 1794, 19 062; 1826, 18 118; 1910, 38 001. Cassidy, 1981, p. 62.

El n?mero de haciendas en los valles centrales durante el siglo xix ha sido estimado as?: 1827, 68; 1857, 60; 1883, 84; 1913, 88. Cassidy, 1981, p. 50, aunque hay alguna confusi?n acerca de lo que constitu?a una ha cienda. Tannenbaum calculaba en 1929 que una hacienda era una pro piedad de m?s de 1 000 ha; Cayetano Esteva utilizaba una cifra de 500 ha, en 1913, para sus c?lculos en Oaxaca. Vale la pena anotar que la po blaci?n de los valles centrales en el siglo xix parece haber sido menor que la de los periodos prehisp?nico y colonial. Borah y Cook la estimaban en 800 000 en 1963 y Taylor 360 000 en 1972.

135 PO, i, n?m. 13, agosto 5, 1920.

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PAUL GARNER

Una de las haciendas que afectaba la reclamaci?n del pueblo de Santa Mar?a Chichichualtepec, "La Pee", en el distrito de Ejutla, hab?a perdido una parte sustancial de sus tierras entre 1890 y 1907.136 Es interesante observar que la mayo r?a de las reclamaciones se hicieron inicialmente sobre la base

de restituci?n de tierras de que los pueblos dec?an haber sido

privados, pero que en 19 de estos 28 casos la CAL rechaz? las peticiones de restituci?n en favor de la dotaci?n, ya fuera

porque los documentos que probaban el "despojo" no hab?an podido hallarse o porque ese "despojo" se hab?a producido antes de 1856 y por consiguiente quedaba fuera de lo dispuesto

en el art?culo 1 del decreto de enero de 1915.Todas las prue bas con que ahora se cuenta, apuntan hacia el hecho de que el grave conflicto de clases que se desarroll? en otras partes de la Rep?blica (y principalmente en Morelos), entre latifun distas y campesinos despu?s de la expansi?n de las haciendas a expensas de los pueblos, no se dio en el Valle de Oaxaca antes de la Revoluci?n. Sin embargo, los pueblos de los valles centrales aprovecharon la oportunidad que les brindaba la le gislaci?n carrancista para corregir motivos de queja con las vecinas haciendas, que en muchos casos parec?an ser ante riores al periodo de la Reforma, tan s?lo para sentir directa mente la pesada naturaleza de la burocracia constitucionalista.

Conclusiones Actualmente resulta imposible cuantificar el impacto ge neral de cinco a?os de gobierno preconstitucionalista en Oaxa ca. Obstaculizan la investigaci?n la ausencia de detalles esta d?sticos y precisos en lo tocante a los niveles de producci?n y los ingresos y egresos reales del gobierno. No facilitaba la tarea la legislaci?n carrancista del periodo, que decret? que todas las cuentas de la Hacienda nacional ser?an aprobadas exclusivamente por Carranza en persona; un decreto subsi guiente emitido por el gobernador Jim?nez M?ndez en Oaxaca 136 En 1891 la hacienda se hab?a vendido en 15 000; volvi? a ser ven dida en 1907 por s?lo 2 000 pesos, Cassidy, 1981, p. 64.

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dio al ejecutivo derechos semejantes sobre las cuentas del estado.137 Pero las estad?sticas nacionales de la producci?n industrial y agr?cola denotan una impresionante declinaci?n en ese periodo.138 Los datos existentes en Oaxaca indican que la tasa de quiebras en el peque?o n?mero de compa??as industriales y comerciales aument? despu?s de 1917, sobre todo en las que se dedicaban a la explotaci?n comercial de cultivos para exportaci?n, en zonas situadas fuera de los va lles centrales. En 1919 se vieron obligadas a liquidar las com pa??as comerciales ' 'Antonio y Te?filo Yanjo" de Tuxtepec y la Sociedad Illescas y G?ira, dedicada al cultivo de la ca?a en haciendas del distrito de Cuicatl?n. En el mismo a?o su cedi? otro tanto a la Compa??a Industrial de San Jer?nimo, en el istmo de Tehuantepec, y las propiedades de la compa ??a "Maccion Corporation Limited, India Rubber de Ingla terra", en el distrito de Juquila, que se extend?an por una superficie de 19 500 ha y estaban valoradas en 136 140 pesos,

fueron subastadas por Hacienda, por deudas. No obstante, era posible comerciar con ganancia en aquel periodo. Las cuentas publicadas de la jabonera local, Compa??a Jabonera

La Oaxaque?a, para 1918-1919 se?alaban un beneficio co

mercial de 18 226 pesos. Pero esas cuentas se?alan tambi?n que los fondos de los accionistas no estaban representados por

un valor semejante del activo l?quido de la compa??a.139

137 PO, iv, n?m. 21, mayo 21, 1917, n?m. 28, julio 12, 1917.

138 Las cifras oficiales para la producci?n agr?cola entre 1910 y 1922 son (en kilogramos):

Ma?z 3 219 624 240 1 930 121 332 1 550 000 000 2 127 674 430 Arroz 31 033 637 18 214 154 7 198 000 21 147 950

Frijol 163 397 200 132 203 221 71 033 960 137 374 34

Ca?a 2 257 144 953 1274 132 916 2 328 417 248 Cebada 445 396 850 385 618 006 9 929 500 88 157 070 Caf? 35 788 007 47 582 540 29 263 101

Garbanzo 4 131 375_373 50

Fuente: Mexican Year Book, 1922-1924, p. 242.

139 Las cuentas de la compa??a se publicaron en PO yo 31, 1918 y vi, n?m. 24, mayo 31, 1919. En 1918, cionistas ascend?an a 181 878 pesos, mientras que el quinaria, acciones y bienes ra?ces) ascend?a tan s?lo a 1919 el d?ficit se redujo a 25 714 pesos.

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PAUL GARNER

La opinion de la peque?a comunidad extranjera residente en Oaxaca durante el periodo de 1915-1920 era de un pesi mismo nada ambiguo. El c?nsul general suplente ingl?s, ge neral Norman King, hizo una visita a Oaxaca en septiem

bre de 1919 y comunicaba que

el estado. . . se halla en mal?simas condiciones. El ganado bovi no ha sido aniquilado por completo, casi no se ven casas que valgan la pena, salvo aquellas de que se han apropiado los ca rrancistas, los cultivos est?n arrasados, las granjas quemadas y las minas cerradas.

La culpa de este triste estado de cosas deb?a echarse, seg?n ?l, por igual a los rebeldes y al ej?rcito carrancista, al que presentaba como "una turbamulta desharrapada e indisci plinada". Las condiciones generales eran "de anarqu?a. . . y aun cuando se restableciera el orden ahora, ser?an necesa rios muchos a?os antes de poder llegar a algo que se aproxi mara a la anterior prosperidad".140 Edwin Lieuwen comparte esta severa visi?n del efecto que produjo el carrancismo en el estado: El llamado gobierno preconstitucional de Oaxaca se compon?a de un general, en el cargo de gobernador, 3 coroneles y muchos

tenientes. Interesados ante todo en amasar riquezas, los milites gobernantes practicaban el asesinato discernidor para adquirir propiedades e imponer tributos. Deliberadamente dejaban que

se difundiera el bandidaje sin reprimirlo, no fuera a llegar el go bierno * 'constitucional' ' y con ?l el fin de sus intimidaciones y

socali?as y el pago de sus cr?menes.141

Todas las pruebas parecen indicar que el cumplimiento de "la gran obra de reconstrucci?n" que para Oaxaca pensara Jos? Agust?n Castro en 1915, era todav?a un sue?o lejano en 1920. Sin embargo, no puede ponerse en duda el empe?o ideo l?gico inicial de algunos jefes militares y bur?cratas en Oaxaca en favor del h?brido programa social y econ?mico del consti 140 PRO.FO 204/532, Leg. 8, "Oaxaca 1919".

141 Lieuwen, 1968, p. 39.

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AUTORITARISMO REVOLUCIONARIO

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tucionalismo. No obstante, la ret?rica demag?gica y popu lista del915yl916 fue transform?ndolo lenta, pero percep tiblemente en un autoritarismo inflexible, una vez que se reconoci? la magnitud de la tarea emprendida y la de la re sistencia interna. El ejercicio de la autoridad dentro del esta do se restringi? severamente, por una parte mediante el es tricto poder central impuesto por Carranza en las activida des de todas las esferas de gobierno, y por la otra, mediante la resuelta oposici?n de todos los niveles y clases de la pro vincial sociedad oaxaque?a. La Revoluci?n Constitucionalista quedaba impuesta por la fuerza en Oaxaca, pero los m?todos autocr?ticos empleados en su aplicaci?n y el medio ambiente pol?tico y econ?mico en que se produjo, hicieron que para 1920 la causa hubiera ganado pocos partidarios en el estado.

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LA REVOLUCI?N MEXICANA Y LAS POTENCIAS ANGLOSAJONAS El final de la confrontaci?n y el

principio de la negociaci?n, 1925-1927 Lorenzo MEYER El Colegio de Mexico

Pr?logo La pol?tica exterior de la Revoluci?n Mexicana (1910-1940) ha sido objeto de un gran n?mero de estudios, la mayor?a de los cuales se han dedicado a explorar la relaci?n entre el nuevo r?gimen y el poderoso vecino del norte, ya que, des pu?s de todo, Estados Unidos fue el pa?s cuya influencia re sult? decisiva en la marcha de la revoluci?n. Sin embargo, la relaci?n con Estados Unidos no agota el tema. Gran Bre ta?a, por ejemplo, tambi?n tuvo intereses e inversiones sus tantivas en M?xico que fueron seriamente afectadas por la revoluci?n. La pol?tica que Gran Breta?a sigui? para la pro tecci?n de sus inversiones mexicanas no ha sido objeto de es tudio sistem?tico excepto en sus momentos m?s dram?ticos, es decir, cuando en 1913 entr? en conflicto abierto con la po sici?n norteamericana respecto al gobierno de Victoriano Huer

ta; tambi?n durante la Primera Guerra Mundial, cuando los brit?nicos se esforzaron en neutralizar las acciones alemanas en M?xico a la vez que asegurar el abastecimiento ininterrum

pido de petr?leo a los aliados, y finalmente cuando el gobier no del presidente C?rdenas expropi? las compa??as petroleras en 1938. ?stos fueron los momentos cumbre de esta relaci?n,

pero no la agotan.

En este trabajo se aborda uno de esos temas, poco trata dos pero importantes, tanto desde la perspectiva de la rela ci?n anglomexicana como de aquella entre M?xico y Estados Unidos: el momento y las condiciones en que las dos poten 300 This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:57 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

LA REVOLUCI?N MEXICANA

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cias anglosajonas finalmente decidieron negociar con M?xico, y por lo tanto aceptar como leg?timos a los gobiernos surgi

dos de la lucha revolucionaria mexicana. Las m?ltiples re

clamaciones que norteamericanos y brit?nicos ten?an contra M?xico por da?os causados a sus subditos y empresas, pero sobre todo las condiciones en que esos mismos intereses ope rar?an en el futuro,fueron el coraz?n de estas negociaciones.

Desde la perspectiva anglosajona era importante no dejar sen tados "malos precedentes". Dada la estrecha y ambivalente relaci?n entre nortamericanos y brit?nicos ?colaboraci?n apo l?tica y competencia econ?mica? todo estudio que abarque la pol?tica entre M?xico y Gran Breta?a tiene que tomar en cuenta las acciones y reacciones en Washington, la fuerza do

minante en la regi?n.

La relaci?n mexicano-norteamericana del periodo ya est? cubierta por monograf?as de buena calidad y ser?n ellas las que sirvan para tratar la parte norteamericana. La relaci?n anglo-mexicana, por el contrario, deber? ser examinada con material primario por falta de fuentes secundarias. Los ar chivos usados aqu? son b?sicamente brit?nicos, pues el de la Secretar?a de Relaciones Exteriores contiene relativamente pocos documentos al respecto. Quiz? en el futuro, el Archi vo General de la Naci?n en M?xico pueda proveer de mayor material sobre este y otros temas de la historia internacional

de M?xico.

Introducci?n Todas las revoluciones modernas han tenido que confrontar un ambiente externo hostil y en m?s de un caso sucumbie ron ante la presi?n. En t?rminos generales, la acci?n contra rrevolucionaria externa directa siempre ha sido protagonizada

por una minor?a de pa?ses, pero la hostilidad de la comuni dad internacional hacia el cambio ha sido, y contin?a sien do, mucho m?s generalizada. Desde la Revoluci?n Francesa hasta las que actualmente tienen lugar en Ir?n o Centroam? rica, los gobiernos y las clases dirigentes de un buen n?mero de pa?ses se han sentido amenazados por el triunfo de fuer

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LORENZO MEYER

zas que toman el poder por medios violentos y que, adem?s, proponen la transformaci?n sustantiva de las relaciones de dominaci?n internas y externas. Cualquier revoluci?n, en principio, amenaza el conjunto de los beneficiarios del orden establecido, aunque no de la misma manera ni con la misma intensidad. Sin embargo, hist?ricamente, s?lo un pu?ado de pa?ses han actuado abiertamente contra las revoluciones: aque llos que por su cercan?a al foco revolucionario o por su cali dad de grandes potencias con intereses globales, se conside ran directamente amenazados por el quebrantamiento del orden prevaleciente.

Las revoluciones "cl?sicas", como la francesa, la sovi?ti ca o la china, surgieron en sociedades desarrolladas o con los recursos m?nimos necesarios para repeler las agresiones ex ternas, e incluso intentar llevar a los ej?rcitos revoluciona rios m?s all? de sus fronteras y convertirlos en catalizadores de la transformaci?n global del antiguo orden internacional por otro, en principio m?s justo, y que a la vez crease un es pacio geopol?tico que les permitiera sobrevivir y prosperar.

Los ?xitos de esta expansi?n revolucionaria original han va

riado y en todos los casos encontraron pronto sus l?mites. Con el paso del tiempo y el advenimiento del Termidor revolucio nario, surgieron los acomodos entre el antiguo y el nuevo or den hasta llegar a una cierta normalidad en sus relaciones con el mundo externo. En el caso de aquellas revoluciones que tuvieron lugar en pa?ses relativamente peque?os y poco de sarrollados, los llamados perif?ricos, esta expansi?n hacia afue ra, cuando tuvo lugar, fue menos dram?tica y generalmente debi? ser auxiliada por alguna de las grandes potencias.

La Revoluci?n Mexicana surgi? en un mundo particular mente hostil pese a que no manifest? tener un contenido ini cial internacional o universal ?un mensaje? tan claro como el de las revoluciones cl?sicas. En realidad su programa fue muy vago, sobre todo en los or?genes, y b?sicamente se trat?

de una respuesta a las condiciones sociales espec?ficas de

M?xico.

En lo interno, la ideolog?a y la acci?n del nuevo r?gimen mexicano no alcanzaron el radicalismo de otras revoluciones del siglo XX. Sin embargo, en lo internacional su mensaje This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:57 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

LA REVOLUCION MEXICANA 303

fue mas claro, mas radical, y practicamente surgi6 desde inicios del movimiento: el antiimperialismo. La "Doctrin

Carranza" de 1916 fue un llamado a America Latina y todos los pueblos sometidos para formar una gran alianza

ternacional en contra de las potencias imperiales. Esta llamad

casi no tuvo respuesta de parte de aquellos a quienes iba rigida, pero en cambio si la tuvo, y negativa, de las gran potencias, quienes vieron en los principios y en la practi del nuevo regimen una amenaza directa a sus intereses e Mexico, y una mas vaga, pero potencialmente mas daii por el precedente que podia sentar. La expansion hacia af ra de la Revoluci6n mexicana fue, a fin de cuentas, muy bil, casi simbolica, pero cuando se dio, como fue el apoy moral y una modesta ayuda material a los rebeldes de Ni ragua en los afios veinte o a la Republica espafiola en el cenio siguiente, tuvo un claro contenido antiimperialista. E pues, en esta lucha por afianzar la soberania politica y eco mica, en donde los principios y acciones, que Mexico sost vo y llev6 a cabo entre 1910 y 1940, adquirieron un caract

mas revolucionario.

La moderaci6n relativa de la Revoluci6n mexicana en cu

to revoluci6n, se explica basicamente por factores interno o sea por la naturaleza de su liderato, que s6lo excepcion mente represents en forma directa los intereses de las cla

sociales mayoritarias. Quienes surgieron triunfantes de la gu

rra civil, fueron basica, aunque no exclusivamente, lider de extracci6n pequefio burguesa, que debieron recurrir a alianza y a la organizaci6n de sectores de las clases popula y s6lo en esa medida estuvieron dispuestos a reconocerle d rechos y aceptar sus demandas. Sin embargo, esta no es to la explicaci6n, pues los factores internacionales tambien d sempefiaron un papel determinante en la forma y conten que al final adquiri6 el movimiento mexicano.

EL PANORAMA GENERAL

Cuando la Revolucion mexicana se inici6 al finalizar 191 Mexico habia experimentado el periodo mas largo de esta

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LORENZO MEYER

lidad desde su nacimiento como pa?s independiente. Se trat? de una estabilidad de m?s de tres decenios y basada en un control pol?tico olig?rquico y dictatorial personificado por el

general Porfirio D?az, en un desarrollo econ?mico impulsa do por la expansi?n y transformaci?n de la gran hacienda y la mediana propiedad rural, y por el ingreso masivo del ca pital externo. Este capital for?neo tuvo como fuente princi pal a dos potencias anglosajonas, una emergente y otra que hab?a llegado a la c?spide de su poder?o y estaba iniciando su decadencia: Estados Unidos y Gran Breta?a. Estos dos pa? ses, seguidos por Francia, Alemania y Holanda, controlaban m?s del 90 % de las inversiones externas directas e indirectas en M?xico. Las cifras sobre el monto y distribuci?n de esta inversi?n var?an mucho, pero un total de 1 700 millones de d?lares no estar?a muy alejado de la realidad, y en cualquier caso esta inversi?n fue un factor determinante en la transfor

maci?n material de M?xico en los a?os del porfiriato.1 Fue ron b?sicamente las empresas extranjeras, con un generoso apoyo del gobierno federal y con la excepci?n de Yucat?n, las que crearon la red ferroviaria que cubr?a al territorio na cional en 1910 (19 280 km); fueron tambi?n ellas las que revitalizaron la miner?a, aumentaron el comercio exterior, ex

pandieron el sistema bancario, introdujeron los servicios p? blicos y financiaron a trav?s de empr?stitos una buena parte de las obras gubernamentales.

Los ferrocarriles y la miner?a constituyeron las ?reas pre ferentes de los inversionistas extranjeros en el porfiriato, y de hecho ?stas fueron las dos actividades que ligaron a M?xi co con la econom?a mundial. Para 1910, el grueso de las ex portaciones mexicanas era plata y minerales industriales; los productos agropecuarios ven?an en un distante segundo lu gar y las manufacturas eran s?lo una fracci?n insignificante de lo que M?xico enviaba al exterior, pero l?gicamente eran el grueso de lo que importaba. La inversi?n externa total en M?xico en 1910, a precios corrientes, se calcul? en 3 401 mi llones de pesos, de los cuales 1 292 (37.4%) correspondieron 1 El papel y monto de la inversi?n extranjera en M?xico en el porfi riato se encuentra bien analizado en D'Olwer, 1965, pp. 973-1185.

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a inversionistas y empresas de origen norteamericano, en tanto

que la inversi?n brit?nica y canadiense fue de 990 millones (39.1 %), seguida muy de cerca por la francesa que sum? 909 millones (26.7%).2 As? pues, las dos potencias anglosajonas controlaban dos terceras partes de los intereses econ?micos externos en M?xico. La mayor parte de la inversi?n brit?nica se encontraba en los ferrocarriles (40.6%), miner?a (11.9%), bienes ra?ces (9.2%) y deuda p?blica (8.3%); la inversi?n en bancos, comercio e industria manufacturera era insignificante,

en tanto que la petrolera apenas empezaba (5.8%). El pano rama de la inversi?n norteamericana no era muy diferente; como el brit?nico, la mayor parte del capital norteamericano estaba en los ferrocarriles (41.3%), seguido por la miner?a y la metalurgia (38.6%), pero a diferencia de aqu?l, los em presarios de Estados Unidos casi no ten?an nada invertido en servicios p?blicos y, al igual que los ingleses, tampoco se in teresaron mayor cosa en el comercio y las manufacturas; la propiedad en bienes ra?ces tuvo una importancia secundaria (6.3%), en tanto que el petr?leo apenas empezaba a adqui

rirla (3.1%).3

Para los brit?nicos, en 1910 M?xico era un pa?s secunda rio en una regi?n que para ellos no revest?a gran importan cia en t?rminos geopol?ticos y econ?micos. Gran Breta?a s?lo ten?a, en Am?rica Latina, 20% de la inversi?n hecha fuera

de la metr?poli y en M?xico ?nicamente 2.6%. Para Esta

dos Unidos, en cambio, la situaci?n era muy diferente, pues para empezar compart?a con M?xico una frontera casi des guarnecida de pr?cticamente 3 000 km, tres cuartas parte del

comercio exterior de M?xico se hac?a con Estados Unidos (en tanto que con Gran Breta?a s?lo 12%), y los norteamerica nos ten?an en M?xico 45 % de todo su capital externo inver tido en este continente, que a su vez constitu?a casi toda su inversi?n for?nea.4 De los casi 117 mil extranjeros radicados

en M?xico, el grupo m?s importante ?varias docenas de

miles? era el norteamericano en tanto que los subditos bri 2D'Olwer, 1965, p. 1154.

3D'Olwer, 1965, pp. 1137-1141.

4D,Olwer, 1965, pp. 1166-1167; Rosenzweig, 1965, pp. 710-713.

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t?nicos no llegaban a cinco mil.5 En realidad, M?xico era

entonces el ?nico pa?s en donde la inversi?n norteamericana superaba a la brit?nica. Desde luego que esta superioridad era m?s aparente que real, pues aunque no hay datos exac tos, se sabe que parte del capital de varias de las empresas controladas por norteamericanos que operaban en M?xico pro ven?a de Gran Breta?a, en tanto que en muy pocas de las brit?nicas hab?a capital norteamericano. Y esta situaci?n era natural, pues aunque los norteamericanos eran inversionis tas muy din?micos y emprendedores, la econom?a norteame ricana en su conjunto a?n era importadora neta de capital, que en su mayor parte proven?a de Inglaterra.

Fue en estas condiciones de r?pida expansi?n del capital externo en la econom?a y de una cierta rivalidad entre las em

presas y los pa?ses inversionistas, que tuvo lugar la revuelta maderista. Por definici?n, la desaparici?n de la paz y disci plina sociales en M?xico no fueron bien vistas por la mayo r?a de los empresarios extranjeros ni por su gobierno. Hubo excepciones, entre las que destac? la Standard Oil (N.J.), que consider? que el gobierno de Porfirio D?az le hab?a tratado injustamente en beneficio de los brit?nicos y que quiz? los revolucionarios podr?an inclinar la balanza en su favor.6 La Revoluci?n mexicana en su etapa inicial no mostr? un car?cter radical (su problem?tica central gir? alrededor de la necesidad de implementar los procesos democr?tico-liberales consagrados en la constituci?n, pero sistem?ticamente viola dos por la dictadura de Porfirio D?az)7 ni abiertamente an tiimperialista. Es por ello que Estados Unidos y las potencias europeas no reaccionaron en contra de inmediato, y se limi taron a seguir muy de cerca la acci?n y pronunciamientos de las diferentes facciones pol?ticas que interrumpieron violen tamente en el escenario mexicano. Sin embargo, y ante la aparente incapacidad del gobierno presidido por Francisco I. Madero para restablecer plenamente el orden social, los 5 Gonz?lez Navarro, 1957, p. 183; Tischendorf, 1961, p. 143.

6 Con relaci?n a las fricciones entre empresas norteamericanas y el go

bierno de D?az, v?ase Cos?o Villegas, 1963, pp. 251ss; Calvert, pp.

48-84.

7 Al respecto v?ase el libro del propio Madero, 1909.

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representantes de los gobiernos y empresas extranjeras en M?

xico empezaron a manifestar una actitud negativa frente al nuevo gobierno; el embajador norteamericano y decano del cuerpo diplom?tico, Henry Lane Wilson, fue quien se mos tr? m?s pesimista en relaci?n con la capacidad de Madero como estadista y para restablecer la ley y el orden. Cuando en febrero de 1913 tuvo lugar una rebeli?n militar, Wilson, apoyado entre otros por el ministro brit?nico, hizo todo lo que estuvo a su alcance para acelerar el fin del gobierno ma derista, lo que efectivamente logr?.8 La intervenci?n extran jera directa en la Revoluci?n mexicana se inici? entonces.

La toma del poder por el general Victoriano Huerta a tra v?s de un golpe de Estado y el asesinato posterior del presiden

te Madero y del vicepresidente Pino Su?rez, constituyeron los hechos principales en los que se bas? la reci?n inaugura da administraci?n dem?crata en Washington, presidida por Woodrow Wilson, para justificar su negativa a reconocer a la dictadura militar mexicana y en cambio exigir su desapa rici?n.9 El gobierno y los principales intereses brit?nicos no compartieron el razonamiento ni la posici?n del presidente norteamericano. Para ellos, la sociedad mexicana por su bajo grado de desarrollo y por las caracter?sticas raciales y cultu rales de sus componentes, no pod?a aspirar a otro tipo de go bierno que no fuera una dictadura. Desde su perspectiva, la democracia propuesta por Madero y ahora demandada des de el exterior por Woodrow Wilson era ut?pica, e insistir en lograrla s?lo aumentar?a el caos social. En cambio, una ma no fuerte, como la que se propon?a emplear Huerta contra todos los insurrectos, era la v?a m?s expedita para que M?xi co se pacificara y volviera a ocupar el lugar que le correspon d?a como proveedor importante de materias primas en el mer

cado mundial.10

8 En torno a la acci?n intervencionista y antimaderista de Henry La ne Wilson se ha escrito mucho y puede consultarse Fabela, 1958. Desde la perspectiva norteamericana, v?ase el trabajo cl?sico de Ross, 1955.

9 Daniels, 1924, pp. 175-188.

10 The Times, noviembre 3, diciembre 10, 30, 1913. PRO..F0 371, v, 1670, File 6269, p. 7750, informe del ministro brit?nico en Mexico al Fo reign Office, febrero 4, 1913.

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Esta divergencia de pol?ticas entre las dos potencias anglo sajonas, llev? a que el presidente Wilson apoyara indirecta mente a las fuerzas antihuertistas ?cuya acci?n pretendi? influir? y presionar a Gran Breta?a para que ?sta renuncia ra a su idea de fortalecer a Huerta, en quien confiaba para que terminara con la acci?n rebelde y restaurara el statu quo ante. En buena medida la contradicci?n entre Estados Uni dos y el gobierno brit?nico, a la que luego se sumar?a aquella entre las dos potencias anglosajonas respecto de Alemania, fue un elemento que permiti? que en una coyuntura dif?cil la acci?n de los revolucionarios progresara de un modo m?s r?pido del que seguramente hubiera sido posible si la presi?n externa se hubiera unificado en su contra. Es dado suponer, que sin esta contradicci?n entre las grandes potencias y si la visi?n brit?nica hubiera prevalecido, el gobierno militar se hubiera prolongado o incluso se hubiera podido sobreponer a sus enemigos, al menos en el corto plazo.11 Los revolucio narios, por su parte, explotaron estas circunstancias favora bles, pues aprovecharon la buena disposici?n inicial de Wil son, pero sin enajenarse el sentimiento nacionalista que ya era una potente fuerza pol?tica en M?xico. Pese a que objeti vamente lo beneficiaban, Carranza denunci? sistem?ticamente

las acciones norteamericanas contra Huerta en la medida en

que significaban una violaci?n de la soberan?a mexicana. En realidad, y parad?jicamente, fue en 1913 y en los a?os siguien

tes cuando el movimiento revolucionario incorpor? definiti

va y plenamente al antiimperialismo en su proyecto pol?tico.

Cuando el gobierno de Huerta cay?, a mediados de 1914, la intenci?n original del gobierno norteamericano de contro lar el proceso de cambio pol?tico en M?xico choc? abierta mente con los planes y acciones de un movimiento revolu cionario, que a su vez se hizo m?s complejo e impredecible.

El carrancismo ser?a la corriente que finalmente triunfar?a en

la lucha que sigui? a la desintegraci?n de la coalici?n anti 11 Para un an?lisis de las implicaciones que para la Revoluci?n mexi cana tuvo esta contradicci?n en la pol?tica de Estados Unidos y Europa, respecto a la forma de resolver el "problema mexicano", v?ase Katz,

1981.

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huertista. Esta corriente fue, en lo interno, bastante conser vadora, pero sin duda represent? la posici?n nacionalista m?s coherente y sistem?tica. Los m?ltiples conflictos del carran cismo con las potencias extranjeras, sobre todo con Estados Unidos y Gran Breta?a, desembocaron en la elaboraci?n de la llamada "Doctrina Carranza". Como ya se vio, esta pol? tica de Carranza no tuvo pr?cticamente ninguna respuesta positiva por parte de los otros pa?ses latinoamericanos, y a partir de entonces M?xico se volc? sobre s? mismo como la mejor, y quiz? ?nica, defensa de su proceso transformador.

Este aspecto internacionalista de la Revoluci?n mexicana mu ri? casi al nacer. Sin embargo, esta posici?n de Carranza en materia de pol?tica exterior se convirti? en una serie de prin cipios que ninguno de sus sucesores pudo negar, y que se pue den resumir en tres: la igualdad jur?dica de todos los estados,

la no intervenci?n de ning?n estado en los asuntos internos de otro, y el derecho de cualquier estado a controlar sus pro pios recursos naturales, inclusive mediante el cambio de las bases jur?dicas originales. Este ?ltimo punto tuvo su expre si?n m?s acabada en el art?culo 27 de la Constituci?n de 1917,

que abri? la posibilidad de llevar a cabo una reforma agraria y la reintegraci?n a la naci?n del dominio sobre los hidro carburos. Estas alteraciones al sistema de propiedad se basa ron en una premisa fundamental: el derecho de propiedad s?lo se pod?a justificar en funci?n de su utilidad social. Fue ron el caos pol?tico imperante en M?xico y esta legislaci?n

?calificada de inmediato como antiextranjera y anticapita lista? m?s la Primera Guerra Mundial, los factores que lle varon eventualmente al presidente Wilson a abandonar su re lativo entusiasmo e inter?s por el movimiento revolucionario mexicano, y a sustituirlo por la presi?n sistem?tica del De partamento de Estado para evitar que la acci?n nacionalista de la revoluci?n afectara negativamente los intereses crea dos de las empresas extranjeras.12 El triunfo de la R?volu 12 El desarrollo gradual del antiimperialismo de la revoluci?n y los cho ques a que dio lugar, se hallan analizados, entre otros trabajos, en Fabe la, 1959, vol. h, y en Ulloa, 1976. Con relaci?n al petr?leo, que se con virti? en el elemento sustantivo de la diferencia entre el concepto de pro

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ci?n bolchevique en Rusia, y su ataque radical en contra de todo el sistema de propiedad imperante, hizo que la acci?n mexicana apareciera desde entonces como relativamente mo derada, lo que no evit? que las presiones externas en su con tra continuaran.

Es necesario recordar aqu? que las razones del desconten to de los pa?ses con intereses econ?micos en M?xico en esos a?os, se debi? no s?lo a las reformas introducidas por la nue va constituci?n al sistema de propiedad, sino tambi?n a la prolongaci?n de una guerra civil que causaba da?os mate riales a las inversiones extranjeras, que llev? a la interven ci?n gubernamental de empresas propiedad de extranjeros ?principalmente ferrocarriles?, a la suspensi?n de los pagos de una deuda externa cuantiosa, a la creaci?n de un ambien te nacionalista e incluso chauvinista, a un ataque a la Iglesia cat?lica, a un caos monetario que afect? seriamente a las su cursales de bancos internacionales, etc. A esta lista de agra vios, Estados Unidos, Gran Breta?a y Francia debieron de a?adir tambi?n el acercamiento de Carranza a los Imperios Centrales durante la ?ltima fase de la Gran Guerra. Por todas estas razones, la posibilidad de que Estados Unidos solo o en uni?n de otras potencias pusiera fin al "problema mexica no" a trav?s de una soluci?n de fuerza, estuvo presente des de el inicio de la revoluci?n hasta bien entrados los a?os veinte.

La toma del puerto de Veracruz en 1914 y las acciones de fuerza limitadas y con prop?sitos aparentemente muy con cretos, como la "expedici?n punitiva" de 1916, hicieron te

mer a M?xico una ocupaci?n formal del pa?s. En realidad los planes para tal acci?n existieron, pero no las circunstancias para llevarla a cabo.13 La guerra europea y posteriormente la invasi?n de una parte del territorio ruso por los aliados, desviaron los recursos y la atenci?n de los pa?ses que se hu piedad sostenido por la revoluci?n y el defendido por las empresas y go biernos de los pa?ses que controlaban la inversi?n extranjera en M?xico, v?ase Meyer, 1972.

13 Respecto a las posibilidades de una acci?n militar angloamericana

para salvaguardar los recursos petroleros, v?ase O'Brien, 1977, pp.

103-140.

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bieran interesado en poner un punto final violento al desaf?o que para ellos representaban los acontecimientos en M?xico.

A ra?z del conflicto angloamericano con relaci?n al gobierno de Huerta y del posterior intento alem?n por provocar una guerra entre M?xico y su vecino del norte,14 Estados Unidos logr? que a partir de la Primera Guerra Mundial ninguna de las grandes potencias se atreviera a tomar decisiones sus tantivas en relaci?n con M?xico sin contar antes con su apro

baci?n. A los ojos de las canciller?as europeas, M?xico se convirti? desde entonces en responsabilidad norteamericana, situaci?n que el gobierno mexicano se neg? a aceptar, no re conociendo formalmente a Estados Unidos ning?n derecho a reclamar o intervenir en favor de ciudadanos de terceros

pa?ses, lo que hizo particularmente dif?cil la situaci?n de al gunos intereses europeos, sobre todo brit?nicos, pues su go bierno simplemente se neg? a aceptar como leg?timos a los gobiernos posteriores al de Victoriano Huerta.15 En 1915, y siguiendo la l?nea pol?tica adoptada por Esta dos Unidos, el gobierno de su majestad brit?nica otorg? a Ca rranza su reconocimiento defacto, pero a diferencia de los nor

teamericanos, nunca lo dar?a dejare, cosa que, por otra par te, no pareci? preocupar mayormente al gobierno carrancis ta, que sab?a bien que Inglaterra no estaba en posibilidades de actuar directamente en M?xico. A los ojos de los brit?ni cos, M?xico hab?a pasado de ser ejemplo de disciplina y de buena conducta hacia los extranjeros para transformarse en un pa?s de ''dieciocho millones de salvajes" y en donde ser?a necesario dejar pasar toda una generaci?n antes de pensar seriamente en su posible redenci?n.

Para los gobernantes brit?nicos, el futuro de M?xico era en buena medida un asunto de los norteamericanos, pero de safortunadamente Gran Breta?a no pod?a abandonar lo que era suyo y deb?a seguir protegiendo lo que a?n quedaba, en particular la empresa petrolera "El ?guila" que a partir de la revoluci?n, y pese a ella, se convirti? en la inversi?n m?s redituable y estrat?gica de los brit?nicos en M?xico. Esta com 14 Katz, 1981.

15 Tweedie, 1917, p. 199.

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pa??a, cuyo capital social se calcul? en 11.6 millones de d?la res al momento de su operaci?n en 1908, llegar?a a tener un valor en libros de 130 millones de d?lares en 1922, cuando

la producci?n petrolera de M?xico acababa de alcanzar su punto m?ximo; al lado de esta empresa hab?a otras, menos redituables, pero tambi?n importantes por lo que a su valor se refiere y que necesitaban el apoyo de la Foreign Office, como los ferrocarriles Mexicano, de Tehuantepec e Inter oce?nico, la Mexican Light and Power, la Mexican Tramways Co., la empresa minera Santa Gertrudis, la Mexican Land and Colonization Co. y otras.

Para la Foreign Office la mejor manera de asegurar la via bilidad de esas empresas y no sentar ning?n precedente que pudiera ser usado m?s tarde en su contra en M?xico o en otros

lugares, era otorgar el pleno reconocimiento diplom?tico al gobierno mexicano s?lo despu?s de que ?ste se hubiera com prometido formalmente a resarcir a los subditos y empresas brit?nicas de las p?rdidas de vidas por la acci?n revoluciona ria o del gobierno, devueltos los ferrocarriles a sus propieta rios, asegurando que la nueva legislaci?n no tendr?a efectos retroactivos para sus empresas y, en general, comprometer se a respetar las reglas internacionalmente aceptadas sobre el trato a las personas e intereses extranjeros. Carranza, al final de su periodo, dio algunos pasos en ese sentido, pero que no fueron considerados suficientes por los ingleses. Por su parte, el gobierno mexicano se neg? a aceptar un recono cimiento condicionado por parte de los brit?nicos o de cual quier otra potencia. Las posibilidades de un arreglo parec?an muy remotas al concluir la segunda d?cada del siglo.

La rebeli?n militar que acab? con el gobierno de Carran za en 1920 que asegur? la presidencia de la Rep?blica para el general Obreg?n al final de ese a?o, sirvi? de motivo per fecto para que Washington retirara su reconocimiento diplo

m?tico a los nuevos gobernantes mexicanos ?se aleg? que ?stos hab?an llegado al poder a trav?s de un movimiento militar?, y para que los brit?nicos reafirmaran su posici?n negativa. Entre 1920 y 1923 las dos potencias anglosajonas actuaron concertadamente en el caso mexicano, presionan do a Obreg?n para que ?ste aceptara la firma de un tratado This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:57 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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formal que asegurara el respeto a los derechos adquiridos por los extranjeros en M?xico as? como la reparaci?n de los da

?os causados en el pasado. S?lo si cumpl?a estas demandas se proceder?a a reconocerlo. La presi?n fue tan grande que al principiar 1923 Obreg?n acept? llegar a un acuerdo ?no un tratado? con el presidente norteamericano en torno a problemas tales como el pago de reclamaciones y la pol?tica

agraria y petrolera que M?xico seguir?a en el futuro con res pecto a los intereses extranjeros. Los llamados "Acuerdos de Bucareli" permitieron finalmente la reanudaci?n de relacio nes entre M?xico y Washington en septiembre de 1923.16 Los brit?nicos, sin embargo, no se conformaron con lo que consideraron promesas vagas e insuficientes, y siguieron em pe?ados en lograr un tratado formal. Pese a que a partir de 1923 los principales pa?ses europeos reconocieron al gobier no de Obreg?n, los brit?nicos se resistieron. Otra vez vol v?an a estar en desacuerdo las dos potencias anglosajonas en torno a la mejor forma de resolver el "problema mexicano' ', y ahora eran los brit?nicos los que insist?an en negar el reco nocimiento y propon?an la l?nea dura, claro que sin el apoyo norteamericano esta pol?tica no ten?a muchas perspectivas.

Para entonces el ?nico representante diplom?tico brit?nico en M?xico era un encargado de los archivos (los represen tantes consulares seguir?an en ?us puestos) a quien Obreg?n forz? a salir del pa?s de manera poco ceremoniosa. Las rela ciones anglomexicanas llegaron entonces a uno de sus pun tos m?s bajos.17 Para los encargados de los asuntos mexicanos en la Foreign Office, ?sta era la ?nica pol?tica compatible con el inter?s na cional y la dignidad brit?nicas; antes de recibir el reconoci

miento diplom?tico ?y por lo tanto ser aceptado como un miembro respetable de la comunidad internacional?, M? 16 Respecto al contenido y significado de los "acuerdos de Bucareli" y del reconocimiento diplom?tico norteamericano del gobierno de Obre g?n, v?ase Smith, 1972, pp. 190-228.

17 Un buen ejemplo del tipo de problemas entre M?xico y Gran Bre ta?a en esos a?os, y sobre todo de la atm?sfera que envolv?a al trato oficial

entre los dos pa?ses, en Pettus, 1926.

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xico deber?a reconocer y pagar el precio de sus errores pasa dos y comprometerse a enmendar su conducta futura. Desde la perspectiva mexicana, el reconocimiento brit?nico ten?a im

portancia no s?lo porque afianzar?a la legitimidad del nuevo r?gimen, sino sobre todo porque Londres era el centro del mercado de capitales, y si quer?a volver a colocar bonos me xicanos en ese mercado se necesitaba por fuerza el aval del gobierno brit?nico. En realidad, Inglaterra viv?a la dif?cil re cuperaci?n econ?mica de la postguerra, pero su influencia po l?tica en el mercado internacional de capitales segu?a siendo muy grande. Sin embargo, en M?xico se estaba consciente que a?n y cuando las relaciones con Gran Breta?a hubieran sido normales, la persistencia de la insolvencia mexicana al

venirse abajo en 1924 ?por falta de recursos? un acuerdo

reci?n firmado con los banqueros internacionales para reini ciar el pago de la deuda externa p?blica, hac?a poco realista la posibilidad de que el cr?dito de M?xico volviera a resta blecerse en un futuro cercano. En virtud de lo anterior, el gobierno mexicano mostr? tan poco inter?s como la Foreign Office en llegar a un acuerdo con el gobierno de Su Majestad Brit?nica, y para el momento en que el general Plutarco Elias Calles asumi? la presidencia en diciembre de 1924, los c?n sules de M?xico en Inglaterra ya se hab?an retirado de sus puestos ?no as? los brit?nicos en M?xico?, y todo indicaba que, por lo que a los dos gobiernos ata??a, el impasse se pod?a prolongar indefinidamente.18 En la relaci?n anglomexicana, como en otras, los gobiernos eran sin duda los actores decisivos, pero no los ?nicos. Las grandes empresas brit?nicas y canadienses, empezando por "El ?guila" y los ferrocarriles Interoce?nico y Mexicano, has ta las casas comerciales que desde Inglaterra enviaban sus pro

ductos a M?xico, deseaban desde hac?a tiempo que la "de fensa de principios" diera paso a otra m?s realista y que hi

18 En octubre de 1924, en el Foreign Office predominaba la actitud de

que era necesario impedir que M?xico "se saliera con la suya", presio nando a comerciantes e inversionistas para que ?stos, a su vez, exigieran

a las autoridades brit?nicas el restablecimiento de relaciones diplom?ticas, PRO.jPO 371, v, 9575, A5011/4574/24, memor?ndum de Vansittart, oc tubre 27, 1924.

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ciera menos dif?cil su situaci?n. Desde la perspectiva de las empresas, era necesario tener un ministro en M?xico para que los defendiera e intercediera en su favor ante las autori dades mexicanas, a la vez que era necesario contar con la buena voluntad de ?stas para llegar a arreglos espec?ficos en relaci?n con el pago de los da?os sufridos y los adeudos pen dientes. En contraste, M?xico se hab?a resignado a no con tratar empr?stitos extranjeros y a que el grueso de sus expor

taciones fueran a Estados Unidos, por lo tanto no sent?an urgencia de normalizar su relaci?n con Gran Breta?a. De ah? que desde la ?poca de Carranza, la Foreign Office recibiera constantes sugerencias y peticiones en favor de un recono cimiento pronto del gobierno mexicano, incluso si ello im plicaba sacrificar principios. Pocos mexicanos, en cambio, presionaron a su gobierno para que aceptara las condiciones brit?nicas. Para 1925 las empresas brit?nicas se mostraron decididas a desempe?ar un papel m?s activo que acelerara la normalizaci?n de las relaciones entre los dos pa?ses, y que las pusiera al menos formalmente en pie de igualdad con las norteamericanas, las cuales s? contaban con los canales di plom?ticos adecuados para hacer valer sus derechos e intereses.

1925: El fin del "Esp?ritu de Bucareli", la reanudaci?n del conflicto con estados unidos y el restablecimiento de relaciones con gran breta?a El acuerdo De la Huerta-Lamont para la reanudaci?n del servicio de la deuda externa mexicana de 1922, y sobre todo el acuerdo suscrito entre los presidentes de M?xico y Estados Unidos a ra?z de las conferencias de Bucareli de 1923, pare cieron indicar al mundo que lo peor de las relaciones entre

M?xico y Estados Unidos hab?a quedado atr?s. Esta idea se reafirm? a ra?z de un entendimiento informal que tuvo lugar a fines de 1924 entre los representantes de las principales em

presas petroleras en M?xico y el presidente Obreg?n. En vir tud de este acuerdo M?xico dar?a garant?as a los petroleros en torno a su derecho de propiedad y mantendr?a una pol?ti ca impositiva razonable; a cambio de esto las empresas aumen

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tar?an su producci?n.19 En una palabra, todo apuntaba ha cia la consolidaci?n de un modus vivendi entre la Revoluci?n mexicana y Estados Unidos en particular y las grandes po tencias en general. Sin embargo, este mejoramiento en el cli ma de las relaciones entre el gobierno mexicano y el mundo externo era todav?a endeble y no lleg? a resistir el cambio presidencial.

Plutarco Elias Calles asumi? la presidencia en diciembre de 1924 con el apoyo declarado, entre otros, de las organiza ciones agrarias y obreras m?s importantes de la ?poca. El nue

vo mandatario dio a los representantes de estas organizacio nes, en particular a Luis N. Morones, l?der de la poderosa Confederaci?n Regional Obrera Mexicana (CROM), respon sabilidades clave en su administraci?n. Fue as? como Moro nes qued? al frente de una de las secretar?as m?s importantes

del gabinete callista: la de Industria, Comercio y Trabajo.

El coronel Adalberto Tejeda, gobernador y organizador agra rio de Veracruz y notable anticlerical, fue nombrado secre tario de Gobernaci?n, otros l?deres de organizaciones de ma

sas asumieron posiciones en los niveles intermedios de la

administraci?n callista. Fue a iniciativa de Morones, pero con el consentimiento de Calles, que la Secretar?a de Trabajo hizo discretamente a un lado lo acordado por Obreg?n con los nor teamericanos en Bucareli y empez? a dar forma a un proyec to de ley que reglamentara el art?culo 27 constitucional con relaci?n al petr?leo y a las propiedades ra?ces extranjeras. El proyecto de legislaci?n de la fracci?n 1a de ese art?culo bus caba determinar la forma en que los extranjeros que hubie ran adquirido bienes ra?ces en las llamadas "zonas prohibi das" a lo largo de las fronteras y las costas ?cien kil?metros en el primer caso y cincuenta en el segundo? o tuvieran in tereses mayoritarios en empresas agr?colas, transferir?an a los

nacionales mediante venta o cesi?n de dichos intereses. Por su parte el proyecto de ley reglamentar?a el p?rrafo IV de dicho art?culo; insist?a en la necesidad de que las compa??as petroleras cambiaran sus t?tulos de propiedad por concesio nes gubernamentales. A la vez, Calles, apoyado en una re?a 19 Meyer, 1972, v?ase en particular la ?ltima secci?n del cap?tulo v.

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tiva prosperidad de la econom?a, aceler? la reforma agraria y cre? el Banco de M?xico para dotar al pa?s de una banca central, lo que obviamente habr?a de restar poder y funcio nes a los bancos privados, algunos de ellos con intereses ex tranjeros. La creaci?n nacional de una comisi?n de caminos y otra de irrigaci?n lanzaron al Estado por la v?a de la crea ci?n de infraestructura y del activismo econ?mico. Finalmente,

se agudiz? el choque entre Iglesia y Estado cuando este ?lti mo decidi? ?apoyado en las disposiciones contenidas en la Constituci?n de 1917? aplicar una ley que limitaba el n? mero y la condici?n de quienes pod?an ser ministros de un culto religioso.20 A ojos de muchos observadores extranjeros,

Calles era un radical y estaba procediendo en consecuencia.21 Pese a las muchas reservas que la colonia extranjera pu diera haber tenido en torno a Calles, a sus colaboradores y a su pol?tica, los empresarios brit?nicos forzaron a la Foreign

Office a aceptar sin mucho entusiasmo que F. Adams, en ca lidad de representante del Ferrocarril Interoce?nico y de la Me

xican Light and Power, empezara a negociar con el gobierno

de M?xico extraoficialmente y en secreto los t?rminos de una posible reanudaci?n de relaciones. Adams transmiti? a los fun

cionarios mexicanos los principales puntos de la posici?n bri t?nica ?firma de una convenci?n de reclamaciones similar

a la que se hab?a suscrito con Estados Unidos, aceptaci?n de los bonos en manos inglesas que hab?an sido emitidos por

Huerta y desconocidos por los constitucion?listas, y otros pun tos menores? en el entendido de que estos t?rminos eran una

sugerencia del Comit? Internacional de Banqueros y no de la Foreign Office, que era en realidad la verdadera fuente.

20 Krauze, Meyer y Reyes, 1977; Meyer, 1973-1974.

21 La idea de que Calles era un extremista antiextranjero y que una vez en la presidencia pod?a poner en marcha una pol?tica con este sello no era nueva, se la encuentra, por ejemplo, en un comunicado del 22 de octubre de 1923, enviado por el encargado del archivo brit?nico en M?xi co al Foreign Office, PRO.FO 371, v. 8467, A6661/187/26. Una vez que Calles asumi? la presidencia y form? su gabinete, los brit?nicos no tuvie ron duda de que los "bolcheviques constitu?an la fuerza dominante", PRO.FO 371, v. 9563, A7048/12/26, minutas del Foreign Office, diciem

bre 29, 1924.

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S?lo despu?s de llegar a un acuerdo al respecto, declar?

Adams, se podr?a proceder a la reanudaci?n de relaciones; la principal concesi?n inglesa parec?a ser relegar al olvido la expulsi?n poco ceremoniosa de su encargado de archivo du rante el gobierno de Obreg?n. Como era de esperarse, en M? xico se le hizo saber a Adams que independientemente de los t?rminos, era imposible aceptar un reconocimiento condicio nado.22 El presidente Calles, sin referirse a la misi?n de Adams, declar? p?blicamente que correspond?a a Inglaterra y mediante una acci?n "espont?nea", tomar la iniciativa para la reanudaci?n incondicional de relaciones. En cualquier caso, asent? Calles, M?xico no estaba urgido de normalizar sus relaciones con Gran Breta?a, pues ya no era indispensable recurrir a pr?stamos externos para hacer frente a sus proble

mas financieros.23 El tono de la prensa de Londres respecto a M?xico empe z? a cambiar en sentido positivo. De acuerdo con sus an?li sis, la pol?tica de Calles estaba resultando menos radical de lo que se hab?a temido y en cualquier caso no se le pod?a cali ficar de bolchevique.24 Justamente entonces se empezaron a o?r opiniones dentro de la Foreign Office en el sentido de que quiz? y despu?s de todo no fuera imposible otorgar al gobierno

mexicano el reconocimiento incondicional; as? disminuir?an las presiones de los comerciantes y empresarios brit?nicos con

intereses en M?xico, y pese a las declaraciones de Calles, la posibilidad de obtener cr?ditos en el mercado de Londres po dr?a llevar a M?xico a dar una soluci?n positiva a la deman da de Gran Breta?a para que se reconocieran como parte de la deuda externa de M?xico todos los pr?stamos hechos di rectamente por los ingleses a la administraci?n de Victoria no Huerta (dos tipos de empr?stitos, por ocho y dos millones y medio de libras, respectivamente), as? como el pago en efec

22 PRO.i^O 371, v, 10623, A130/57/26, memor?ndum de Vansittart, del Foreign Office, a J.B. Body de la Whitehall Securities, enero 5, 1924; A153/57/26, F. Adams a J.B. Body, enero 7, 1924; A1677/57/26, Adams

a Pa?i, marzo 6, 1926.

23 El Universal, enero 26, 1925; The Times, enero 27, 1925.

24 The Times, febrero 4, 6, 1925.

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tivo de las tierras expropiadas a brit?nicos como parte de la reforma agraria.25 Durante los meses de febrero a abril, los funcionarios me

xicanos y los diplom?ticos "amateurs" ingleses ?con este

t?rmino calific? el c?nsul general brit?nico en M?xico a los empresarios que buscaban afanosamente el acuerdo que per mitiera reanudar las relaciones con M?xico? siguieron in tercambiando puntos de vista tanto en la ciudad de M?xico como en Washington, pero sin llegar a ning?n resultado con creto.

Mientras tanto, la Mexican Land and Colonization, la Land Company of Chiapas y el Michoac?n and Pacific Rail road, continuaron presionando a la Foreign Office, pues sa b?an que sin relaciones diplom?ticas formales con M?xico no podr?an recibir un centavo de compensaci?n.26 Para abril, la Foreign Office lleg? a la conclusi?n de que no hab?a m?s que tres salidas respecto a M?xico: dejar las cosas como estaban, tratar de seguir el ejemplo norteamericano y acordar con M?

xico tanto el reconocimiento como la firma posterior de dos

convenciones de reclamaciones ?una especial y otra gene

ral, siendo la primera la que abordar?a las reclamaciones por da?os causados durante la revoluci?n? o, finalmente, otor gar el reconocimiento si M?xico aceptaba ?nicamente firmar una convenci?n especial de reclamaciones y tratar de resol ver las que quedaran fuera del arreglo por los canales diplo

m?ticos normales.

Desde la perspectiva de los diplom?ticos brit?nicos, el pri mer camino era el ?nico compatible con el honor del gobier no de su majestad, pero s?lo el segundo o tercero ser?an los que llevar?an a M?xico a comprometerse a dar alg?n tipo de 25 PRO.FO 371, v, 10624, A916/57/26, minutas del Foreign Office, fe

brero 23, 1925.

26 PRO.FO 371, v, 10625, A2219/57/26, King, c?nsul general en M? xico a Vansittart, del Foreign Office, abril 8, 1925; A1725/57/26, Michoa c?n andPacif RailroadalForeign Office, abril 2, 1925; A2474/57/26, F.H. Payne de la Mexican Land and Colonization Company al Foreign Office, abril 21, 1925;

A2540/57/26, Sir T. Holdich de la Land Co. of Chiapas a Charberlain, del Foreign Office, mayo 15, 1925; A2123/791/26, Mexican Land and Co lonization Co. al Foreign Office, abril 22, 1925.

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satisfacci?n a los intereses da?ados.27 En cualquier caso, el pago de las reparaciones seguir?a siendo problem?tico, pues M?xico no ten?a recursos para hacer frente de inmediato a las reclamaciones brit?nicas que ascend?an a 109.5 millones de pesos, es decir, casi once millones de libras.28 Mayo result? ser un mes decisivo, pues para entonces era obvio para los brit?nicos que el impasse no se pod?a prolon gar. Por un lado, la prensa mexicana ya hab?a dado cuenta de los esfuerzos de los empresarios brit?nicos por llegar a un acuerdo con M?xico y los estaba explotando en favor de la posici?n mexicana. Por el otro, la inversi?n brit?nica en M? xico, que se calculaba entonces entre 150 y 230 millones de libras (es decir, entre 750 y 1 150 millones de d?lares) repre sentaba un inter?s objetivo que hab?a que proteger, pese a que en el futuro el mercado mexicano resultara poco atracti vo por su pobreza, por el tipo de consumo de su poblaci?n ?90%de ?sta, seg?n los ingleses, estaba formada por "indios flojos, faltos de ambici?n"? y por la fuerte competencia de los productos y comerciantes norteamericanos.29 Resulta in teresante notar que es justamente entonces, cuando el servi cio consular brit?nico se empe?aba en presentar un panora ma tan desolador del mercado de M?xico, cuando las empresas norteamericanas daban pasos nuevos para afianzar su posi ci?n dentro del mismo, pues fue en 1925 cuando la Ford Motor

Co. decidi? establecer la primera planta ensambladora de

autos en M?xico; su ejemplo fue seguido en poco tiempo por otras empresas pero ninguna ser?a brit?nica.

A pesar de que quienes controlaban los bonos emitidos por el gobierno de Huerta demandaron a la Foreign Office que se siguiera negando el reconocimiento a M?xico en tanto ?ste no se comprometiera formalmente a pagarlos, el gobierno

27 FRO.FO 371, v, 10625, A 2187/57/26, memor?ndum de Warner, del Foreign Office, abril 7, 1925.

28 FRO.FO 371, v, 10625, A2435/57/26, King, c?nsul general en M? xico, al Foreign Office, mayo 10, 1925; A2892/57/26, King a Vansittart,

mayo 20, 1925.

29 FRO.FO 371, v, 10625, A2435/57/26, minutas del Foreign Office, firmadas por Craigie, mayo 14, 1925; v, 10628, A2426/216/26, informe del c?nsul L. Pearl Cross al Foreign Office, mayo 11, 1925.

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brit?nico orden? a su embajador en Washington que le in formara al representante mexicano en esa capital que estaba autorizado a negociar los t?rminos para una reanudaci?n de relaciones. El objetivo era lograr exactamente lo que Estados Unidos hab?a conseguido en 1923, o sea que en las notas donde se anunciara la reanudaci?n de relaciones se asentara la acep taci?n de M?xico para crear las dos comisiones de reclama ciones y mencionadas.30 Para entonces, los funcionarios bri t?nicos ya estaban dispuestos a considerar que quiz? desde un punto de vista estrictamente legal no todos los bonos emi tidos por el gobierno de Huerta pod?an ser reclamados, pues algunos se contrataron despu?s de la disoluci?n del Congre so, y por tanto, su emisi?n fue un acto anticonstitucional; otros

bonos amparaban la adquisici?n de armamento que ya era material "de museo" y que desde luego no val?a el monto que se reclamaba. En cualquier caso, M?xico, a trav?s de Pa ?i, se hab?a manifestado en principio dispuesto a negociar estos

problemas.31 A mediados de 1925, cuando la relaci?n anglomexicana pro met?a mejorar, el clima de las relaciones entre M?xico y Es tados Unidos se hab?a deteriorado al punto que el departa mento de Estado consider? adecuado dar a la publicidad una declaraci?n sorprendente y amenazadora, pues se?alaba na da menos que: "The government of Mexico is now on trial before the world." El objetivo de Washington era presionar a Calles al punto de obligarle a no seguir adelante con su pro yecto de expedir las leyes reglamentarias del art?culo 27.32 M?xico rechaz?, desde luego, el juicio norteamericano y pro puso en cambio negociar las diferencias a la vez que sigui? adelante con los proyectos legislativos. La prensa brit?nica hizo eco de las acusaciones norteamericanas; en opini?n de 30 PRO..F? 371, v, 10624, A1865/57/26, Foreign Office a su embaja da en Washington, mayo 11, 1925; v, 10625, A2639/57/26, Foreign Of fice a su embajada en Washington, mayo 22, 1925.

31 PRO..FO 371, v, 10629, A2728/306/26, minutas del Foreign Offi ce, firmadas por Craigie, mayo 28, 1926; A3165/306/26, E. Grenfell, re

presentante de Morgan, Grenfell and Col., a Vansittart, del Foreign Office,

junio 4, 1925.

32 Meyer 1972, pp. 223-233; Smith, 1972, pp. 232-235.

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The Times, Calles estaba alentando la militancia de los obre ros y de los campesinos en contra del capital y los propieta rios para ensanchar su base pol?tica, y sugiri? que mientras se mantuviera una actitud tan irresponsable en M?xico, In glaterra no deber?a otorgar el reconocimiento a ese gobier no.33 La Foreign Office, por su parte, consider? que dadas las circunstancias era prudente informar al departamento de Estado sobre el avance de sus negociaciones con M?xico, e incluso le "invit?" a que diera su opini?n al respecto, aun que los brit?nicos sab?an bien que su posici?n en M?xico se deteriorar?a a?n m?s si se ve?an llevados a identificarse con la posici?n intransigente de Estados Unidos. A Europa en ge neral y a Inglaterra en particular, les conven?a quedarse al margen del problema.34 La mera lentitud de las negociacio nes anglomexicanas dio pie para que los mexicanos sospecha ran que la Foreign Office pretend?a apoyar la "l?nea dura" norteamericana.35

En realidad, las negociaciones se desarrollaban con lenti tud, pero dentro de lo normal. El gobierno de Calles acept? firmar con Gran Breta?a una convenci?n especial de recla maciones una vez que ese pa?s le hubiera reconocido. Los t?r minos de la convenci?n se negociar?an despu?s del restable cimiento de relaciones, pero desde el principio se supuso que ser?an similares a los aceptados por Estados Unidos, Francia y Espa?a; por otra parte M?xico no deseaba la firma de una convenci?n general de reclamaciones con Gran Breta?a, pero a cambio estaba dispuesto a escuchar todas las reclamacio nes que cayeran dentro de ese ?mbito y tratar de resolverlas por los medios diplom?ticos normales.36 As? pues, la posici?n mexicana result? ser la esperada por la Foreign Office, la que,

sin embargo, no cedi? tan f?cilmente, pues a su vez propuso que la reanudaci?n de relaciones se anunciara s?lo despu?s de haberse firmado la convenci?n de reclamaciones. Respecto

33 The Times, junio 17, 1925.

34 PRO.-FO 371, v, 10625, A3017/57/26, Foreign Office a su embaja da en Washington, junio 23, 1925.

35 The New York World, julio 7, 1925.

36 FRO.FO 371, v, 10625, A2927/57/26, embajada brit?nica en Was hington al Foreign Office, junio 9, 1925.

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de las que no cayeran dentro de esa categor?a, Gran Breta?a pidi? que se sometieran a un arbitraje si, pasado un tiem po, no se hubieran podido solucionar por los canales diplo

m?ticos.37

No hay duda que en M?xico se vio con inter?s el restableci miento de relaciones con Inglaterra que crec?a en la medida en que las relaciones con Estados Unidos se deterioraban.

Desde luego que los l?deres mexicanos no pod?an alimentar grandes expectativas respecto de un apoyo de Gran Breta?a frente a Washington, pero al menos se podr?a intentar que jugara un papel de intermediaria y moderadora. En todo caso,

y mientras el arreglo se materializaba, algunos miembros de la colonia inglesa en M?xico continuaban haciendo llegar a Calles muestras de su apoyo individual.38 Para entonces, ya estaba en M?xico Sir F.H. Payne en calidad de agente confi dencial del gobierno de su majestad brit?nica, y no pas? mu cho tiempo antes de que el ilustre y discreto visitante enta blara pl?ticas directas con Aar?n S?enz, a la saz?n secretario de Relaciones Exteriores. M?xico tambi?n envi? un repre sentante especial a Londres, pero las negociaciones impor tantes tuvieron lugar en M?xico. Para agosto los brit?nicos ya hab?an hecho a un lado su exigencia de la firma de la con venci?n de reclamaciones previas a la reanudaci?n de rela ciones, pero insist?an a?n en que M?xico aceptara arbitrar las reclamaciones de tipo general que despu?s de un tiempo razonable no se hubieran resuelto.39 Cuando el cambio en la

posici?n inglesa se formaliz?, M?xico lo acept?, pues despu?s de todo aquellas reclamaciones que no eran producto de la Revoluci?n eran ?nicamente 7 de 164 y su importancia era secundaria.40 37 PRO.FO 371, v, 10626, A3244/57/26, Foreign Office al c?nsul ge neral en M?xico, junio 30, 1925.

38 AGNM/O-C, 104-1-3, num. 9114, Thomas Holdich al presidente

Calles, julio, 1925.

39 PRO.FO 371, v, 10626, A4082/57/26, c?nsul general en M?xico al Foreign Office, agosto 11, 1925; A4172/47/26, Foreign Office al c?nsul general en M?xico, agosto 18, 1925.

40 PRO.FO 371, v, 10620, A555/4419/26, encargado de negocios bri t?nicos en M?xico al Foreign Office, noviembre 5, 1925.

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Al finalizar el mes de agosto, el d?a 28 para ser exactos, los gobiernos de Gran Breta?a y M?xico intercambiaron notas

diplom?ticas en donde nombraban a sus respectivos encar gados de negocios; para tal cargo el gobierno brit?nico desig n? provisionalmente a su c?nsul general en M?xico, Norman King, en tanto que M?xico envi? a Londres a su encargado de negocios en Par?s, Alfonso Rosenzweig D?az. Al d?a si guiente se reanudaron formalmente las relaciones y el lo. de septiembre Estados Unidos dej? de estar a cargo de los asun tos brit?nicos en M?xico. Se iniciaba as? la normalizaci?n de las relaciones entre ambos pa?ses.

La prensa mexicana recibi? bien la noticia del restableci miento de relaciones con Inglaterra despu?s de una interrup ci?n de m?s de once a?os. La prensa inglesa, en cambio, fue tibia y recomend? un "optimismo cauto", pues desde su pers pectiva a?n era prematuro asegurar que habr?a un arreglo con M?xico sobre temas tan complejos como la deuda huer tista, los ferrocarriles incautados, etc. De todas maneras, se suger?a que si M?xico ofrec?a las seguridades necesarias, es decir, si daba una soluci?n aceptable a las reclamaciones, el capital brit?nico podr?a volver a desempe?ar un papel im portante en ese pa?s.41 El Departamento de Estado norteame ricano, por su parte, expres? su aprobaci?n por el restableci miento de los lazos diplom?ticos, pero pidi? a los ingleses que ejercieran una influencia "correcta" sobre Calles.42 Final mente, para su majestad el rey todo el asunto result? desa gradable, pues a fin de cuentas, le pareci? que "fue m?s bien el gobierno mexicano el que sac? la mejor parte en la lucha diplom?tica".43 La Foreign Office no tuvo m?s remedio que admitir que el rey ten?a raz?n, pero asegur? que la culpa no era suya, sino de las circunstancias, pues Gran Breta?a era la que ten?a intereses importantes que defender en M?xico y no al rev?s; adem?s y a fin de cuentas los ?nicos que se 41 The Times, agosto 29, septiembre 18, 1925.

42 PRO.FO 371, v, 10628, A5087/216/26, embajada brit?nica en

Washington al Foreign Office, octubre 1, 1925.

43 PRO.FO 371, v, 10627, A4487/57/26, memor?ndum de Lord Stam fordham a Lloyd Thomas, septiembre 2, 1925.

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hab?an beneficiado por la irregularidad de la relaci?n con

M?xico hab?an sido los comerciantes norteamericanos y alemanes.44 1926-1927: Una crisis con Estados Unidos y una c?lida relaci?n con inglaterra Una vez normalizadas las relaciones anglomexicanas for males y en medio de un ambiente tenso debido al deterioro cada vez m?s abierto de las relaciones entre M?xico y Esta dos Unidos, la Foreign Office orden? a su encargado de ne gocios proceder a recabar la informaci?n necesaria sobre to das las reclamaciones brit?nicas pendientes, a la vez que pre parar el campo para el arribo del nuevo ministro. Londres

tambi?n procedi? a nombrar un c?nsul general ?J.B.

Brown?, para ocupar el puesto que acababa de dejar vacante King. Tanto M?xico como Inglaterra nombraron a sus mi nistros r?pidamente. Por parte de M?xico, el cargo recay? en Gilberto Valenzuela, un pol?tico y miembro destacado del grupo de Sonora, en tanto que el gobierno brit?nico nombr? a un diplom?tico de carrera, Esmond Ovey, que llevaba ya 23 a?os en el servicio exterior, aunque sin ninguna experiencia en Am?rica Latina. Antes de llegar a M?xico, Ovey fue a Lon dres a recibir instrucciones y a entrar en contacto con los re presentantes de las principales empresas brit?nicas con inte

reses en M?xico.

King le prepar? el terreno bien a Ovey, pues logr? que

la Secretar?a de Relaciones aceptara, aunque sin mucho en tusiasmo, que la comisi?n de reclamaciones examinara los casos que se le presentaran sin importar que los tribunales mexicanos tambi?n estuvieran tratando el asunto; es decir, M?xico no insisti? en que primero agotaran los recursos le gales internos como era costumbre.45 Mientras esto ten?a

44 PRO.FO 371, v, 10627, A4487/57/26, Foreign Office a Lord Stam fordham.

45 PRO.FO 371, v, 10630, A5585/4419/26, Foreign Office a Norman King, septiembre 26, 1925; A5612/4419/26, King al Foreign Office, octu

bre 15, 1925.

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lugar, Londres recibi? con benepl?cito la noticia de que M? xico hab?a suscrito un nuevo acuerdo con el Comit? Interna

cional de Banqueros y que en 1926 iniciar?a el pago de su deuda externa.

En t?rminos generales, al concluir el a?o de 1925 los go biernos de M?xico y Gran Breta?a marchaban por el cami no de la reconciliaci?n, aunque a la Foreign Office le parec?a que Calles estaba dando excesivas muestras de simpat?a por las fuerzas de izquierda. La legislaci?n que se preparaba en torno al petr?leo y a la propiedad ra?z, y que tanto hab?a irri

tado a los americanos, tampoco era del agrado de los brit? nicos, y algunas de sus empresas sugirieron a Londres que se protestara porque la llamada "ley de extranjer?a" podr?a tener un car?cter retroactivo.46 La Foreign Office no com parti? estos temores y en cambio supuso que la legislaci?n que finalmente se aprobara no ser?a retroactiva, pero en cual quier caso deber?an de transcurrir varios a?os antes de que los

extranjeros tuvieran que vender sus propiedades y mientras tanto se pod?a negociar con M?xico una soluci?n adecuada.

Fue por ello que a King s?lo se le orden? que: "de manera amistosa" pidiera a M?xico seguridades al respecto para las propiedades inglesas.47 En diciembre, y procedente de Estados Unidos, lleg? por fin a M?xico Esmond Ovey, quien de inmediato se hizo car go de todos los asuntos y King abandon? el pa?s. Ovey se con virti? en la principal fuente de informaci?n para la Foreign Office en relaci?n con M?xico, y su opini?n ser?a decisiva en la toma de decisiones. Si bien es cierto que Ovey no conoc?a Am?rica Latina, s? hab?a tenido una larga experiencia diplo m?tica que inclu?a a pa?ses con un nivel de desarrollo similar al de M?xico. A diferencia de Lionel Carden, el anterior mi nistro brit?nico (1913-1914) y del embajador norteamerica no en ese momento, James Kockwell Sheffield, Ovey ya no 46 PRO.i^O 371, v, 10623, A5815/56/26, Whitehall Securities al Fo reign Office, noviembre 20, 1925; A5599/56/26, The Salinas of Mexico Ltd, al Foreign Office, noviembre 9, 1925; A5671/56/26, Sonora Land and Timber Co. al Foreign Office, noviembre 13, 1925.

47 PRO.FO 371, v, 10623, A5872/56/26, Foreign Office a Norman

King, diciembre 1, 1925.

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mostr? la predisposici?n de sus antecesores en contra de M? xico en general y de su revoluci?n en particular. En tanto que

para Sheffield los mexicanos eran "indios latinos que a final de cuentas no reconocen ning?n argumento excepto el de la fuerza",48 Ovey decidi? mostrar una relativa simpat?a por

M?xico y defini? su papel como el de un "observador ami gable''. En opini?n del ministro brit?nico, la pol?tica de Ca lles era "socialista", pero moderada, y la legislaci?n que se

iba a poner en marcha en relaci?n con el art?culo 27 estaba dirigida en contra de los norteamericanos ?a quienes los me xicanos, en su opini?n, "detestaban cordialmente"? y no con tra los ingleses. En todo caso y desde la perspectiva de Ovey,

la colonia brit?nica en M?xico no compart?a la alarma que al respecto exist?a entre los norteamericanos, empezando por su embajador.49 El ministro brit?nico apenas lleg? a la ciudad de M?xico se dedic? a dar los ?ltimos toques a la convenci?n de recla maciones. En este caso, Ovey no comparti? ni apoy? el punto de vista de la Foreign Office en el sentido de que era necesa rio obligar a M?xico a pagar compensaciones por las ganan cias no obtenidas por las empresas debido a la revoluci?n, ni por las p?rdidas registradas por intereses brit?nicos en com pa??as mexicanas. Pero siguiendo ?rdenes present? estas de mandas. Como era de suponerse, M?xico no las acept?. Con

viene se?alar aqu? el hecho de que M?xico hab?a decidido aceptar las reclamaciones por da?os causados por la revolu ci?n no como una obligaci?n sino como un gesto de buena

voluntad, ex gratia. Desde el punto de vista mexicano las ca t?strofes sociales, al igual que las naturales, eran riesgos que los inversionistas extranjeros deb?an asumir siempre y desde el principio, y que ning?n gobierno estaba obligado a com pensarles cuando ?stos se materializaban. Al terminar el a?o de 1925, y con ?l las sesiones del Congreso mexicano, fue im posible que la convenci?n de reclamaciones con los brit?ni cos se aprobara, y la legaci?n debi? reingresarse a aguardar 48 Smith, 1972, p. 232.

49 PRO.FO 371, v, 11145, A326/48/26, Ovey al Foreign Office, di ciembre 29, 1925.

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al nuevo periodo de sesiones. En todo caso, fue obvio que el retraso no se debi? a que Mexico no deseara cumplir con

lo acordado, sino a las nuevas demandas inglesas y as? lo en tendi? Ovey.50 Por lo que hace a las dos leyes reglamentarias del art?culo 27 que fueron aprobadas al finalizar 1925, el ministro brit? nico reaccion? con calma.51 La ley reglamentaria del p?rra fo I de dicho art?culo ?la "ley de extranjer?a"? daba a las compa??as for?neas hasta diez a?os para vender sus propie dades ra?ces dentro de la llamada "zona prohibida" o en em presas agr?colas en general; en el caso de personas f?sicas, ?s tas pod?an seguir en posesi?n de sus propiedades, aunque no podr?an ser vendidas o heredadas a extranjeros. Por lo que hace a la ley reglamentaria del p?rrafo IV, la nueva legisla ci?n no s?lo insist?a en que las empresas petroleras cambiaran

en el plazo de un a?o sus t?tulos de propiedad anteriores a 1917 por concesiones confirmatorias del gobierno, sino que pon?a un l?mite de cincuenta a?os a dichas concesiones, conta do a partir del momento en que se hab?an iniciado las opera ciones, o sea el llamado "acto positivo"; daba una definici?n muy restringida de dicho acto y no contemplaba el otorga miento de concesiones preferenciales a aquellos propietarios de terrenos petroleros que no hubieran efectuado ning?n "acto

positivo" antes de 1917. Finalmente, ambas leyes conten?an la ya famosa "cl?usula Calvo", o sea, una disposici?n en el sentido de que los propietarios extranjeros deb?an aceptar un trato frente al gobierno equivalente al que recib?an los nacio nales; por lo tanto, en caso de conflicto con el gobierno no deber?an recurrir a la protecci?n diplom?tica de sus gobier nos so pena de perder todos sus derechos.

El gobierno norteamericano protest? formalmente y de in mediato por lo que consider? el car?cter retroactivo de la le gislaci?n, y sus empresas petroleras simplemente anunciaron su negativa a cambiar viejos t?tulos de propiedad.52 Ovey, en 50 PRO..F0 371, v, 1031, A6445, 6503 y 5531/4419/26, Ovey al Fo reign Office, diciembre 21, 24 y 30, 1925.

51 Ambas leyes se encuentran en La industria, el comercio y el trabajo,

1928, pp. 291ss.

52 Meyer, 1972, pp. 233-239.

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cambio, consider? que a los petroleros brit?nicos no les preo cupaba el cambio de t?tulos, sino algo menos dif?cil de nego ciar: el que la nueva ley no les reconociera un derecho prefe rencial sobre aquellos terrenos donde no hubieran efectuado un "acto positivo" antes de 1917. Por lo tanto, el ministro recomend? que no se pusiera en peligro la nueva relaci?n con Calles reclamando como los norteamericanos. Desde su punto de vista los petroleros estaban acostumbrados a negociar y podr?an llegar a un compromiso con M?xico antes de que los cambios legislativos realmente los afectaran.53 Por lo que se refer?a a la llamada "ley de extranjer?a", la Foreign Office, presionada por algunos de los afectados y deseando no sen tar precedentes, pidi? a Ovey que en una nota informara a M?xico que el gobierno ingl?s no se sent?a comprometido por ninguna renuncia que hicieran sus subditos a la protecci?n diplom?tica ?es decir, que Gran Breta?a no se sent?a obli

gada a respetar la "cl?usula Calvo"? y que, por tanto, se

reservaba todos los derechos de esos mismos subditos que pu dieran ser vulnerados por la nueva legislaci?n. La Foreign Office objet?, adem?s, el contenido de tres art?culos de la ley.54 Ovey entreg? la nota, pero tuvo buen cuidado de ha cerlo dentro de un esp?ritu de cordialidad a fin de distinguir la posici?n brit?nica de la norteamericana. El intercambio de

notas habr?a de seguir y, al final, S?enz dar?a seguridades al ministro ingl?s en el sentido de que M?xico no pretend?a for zar a los extranjeros a vender sus propiedades en un plazo perentorio, lo que deprimir?a el mercado. Inglaterra dio a M? xico las gracias por esta aclaraci?n.55 Ovey tampoco mostr? mucho entusiasmo por demandar a M?xico el pago de los bonos emitidos por el gobierno de Huerta y que en su momento no fueron aprobados por el Con greso. De todas maneras en 1926 trat? el asunto con los fun cionarios mexicanos y sugiri? algo que finalmente consigui?: 53 FRO.FO 371, v, 10623, A6500 y 6504/56/26, Ovey al Foreign Of fice, diciembre 24, 1925.

54 PRO.FO 371, v, 11153, A898/86/26, Ovey a Aar?n S?enz, enero

22, 1925.

55 PRO.FO 371, v, 11154, A3032/86/26, Ovey a S?enz, mayo 13, 1826; A3466/86/26, S?enz a Ovey, junio 9, 1926.

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que e! pago fuera ex gratia. El ministro en cambio se preocup?

por defender las propiedades rurales de sus conciudadanos amenazadas por la reforma agraria. Ovey comprendi? que la presi?n de los grupos agraristas era tan fuerte que Calles no pod?a detener la reforma agraria aunque lo deseara; da das estas circunstancias lo m?s que se pod?a lograr era que en el proceso no se violaran las leyes y que eventualmente estos casos se llevaran a la comisi?n de reclamaciones. La co rrespondencia al respecto fue constante, y si bien Ovey no siempre logr? lo que deseaban en julio de 1926 pudo repor tar a sus superiores que por primera vez se hab?a restituido a un propietario un terreno agr?cola ya tomado. Para Ovey esto era un claro indicio de que una "persuaci?n amigable"

pod?a lograr mejores resultados pr?cticos que el enfrentamiento

abierto, como era la estrategia de los norteamericanos.56 El representante del gobierno de Su Majestad Brit?nica no se concret? a presentar formal e informalmente los argumentos

en defensa de los derechos adquiridos por sus conciudadanos en M?xico, sino que decidi? establecer relaciones personales con los principales dirigentes del pa?s para tratar de entender

su punto de vista. Despu?s de un viaje al interior del pa?s, Ovey report? que la situaci?n de M?xico no estaba tan mal como lo har?a suponer una lectura de la prensa inglesa al respecto; en realidad, dijo, lo peor ya hab?a pasado y ser?a bueno empezar a explorar las nuevas oportunidades que se pod?an abrir al capital brit?nico. En este relativo optimismo sobre la vitalidad de M?xico pese a las "tonter?as de la revo luci?n", Ovey no estaba solo, pero lo cierto fue que ning?n empresario importante brit?nico pareci? interesado por ex plotar las nuevas oportunidades.57 56 En relaci?n con el problema de los bonos, v?ase PRO.FO 371, v, 10630, A6062/4419/26, R.L. Craigie, del Foreign Office, a Ovey, enero 2, 1926; v, 11145, A1593/35/26, Ovey a Vansittart, mayo 2, y del Foreign Office a Ovey, marzo 29, 1926. Con relaci?n al problema de las expropia

ciones agrarias, v?ase en la misma colecci?n documental: v, 11148,

Al 144, 1556, 2148, 4248, 2630/14/26, Ovey al Foreign Office, febrero 4, Ovey a S?enz, enero 6, S?enz a Ovey, marzo 30, y Ovey al Foreign Offi ce, abril 24 y julio 10, 1926.

57 PRO..PO 371, v, 11152, A1945:56/26, Ovey al Foreign Office, mar zo 23, 1926; Westminster Gazette, febrero 22, 1926.

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Para los brit?nicos el clima de tensi?n entre M?xico y Es tados Unidos pod?a significar una cierta ventaja a corto plazo

?el gobierno mexicano podr?a ser m?s receptivo a sus de mandas con objeto de desalentar un frente unido angloame ricano?, pero a la larga no les conven?a, pues pod?a desem bocar en la eliminaci?n de un gobierno con el que parec?a entenderse bien; tampoco les conven?a la inestabilidad que

ello causar?a, pues s?lo un ambiente prolongado de normali dad podr?a devolver a M?xico la capacidad de hacer frente al pago de sus deudas. Es por ello que Ovey se propuso, des de una especie de tercera opci?n, hacer lo que estuviera a su alcance para disminuir la tensi?n entre los dos pa?ses veci nos, aunque el embajador americano rechaz? cualquier tipo de mediaci?n formal. En sus propios t?rminos caracter?stica mente brit?nicos, Ovey dijo en privado a un colega que esta ba preparado "para tener simpat?as por los mexicanos con todo y sus defectos, y siento pena por ellos y por su ineptitud

tan obvia y otros defectos. Por otro lado siempre he tenido simpat?a por los yanquis, habida cuenta de sus defectos y virtudes".58 Desde la perspectiva de Ovey, los l?deres mexi canos pod?an parecer radicales, pero en realidad no lo eran.

As?, por ejemplo, la CROM, que aparentemente era la fuerza detr?s del ataque a los intereses capitalistas y extranjeros, en realidad hab?a roto ya las ligas que alguna vez le unieron con el movimiento comunista internacional y, en cambio, estaba dando muestras concretas de moderaci?n, como claramente lo indicaba el apoyo de Luis N. Morones a la empresa petro lera "EL ?guila" en sus recientes conflictos laborales.59 Los brit?nicos negociaron con Calles en todos los frentes.

As?, a cambio de no pronunciarse en torno al problema reli gioso que bien pronto desembocar?a en una cruenta guerra civil, Ovey consigui? que H. Dobson Peacock, ministro an glicano, pudiera seguir oficiando para la colonia angloame ricana en M?xico siempre y cuando el culto tuviera lugar a 58 PRO..F0 371, v, 11145, A896/48/26, Ovey a Esme Howard, de la

embajada brit?nica en Washington, enero 27, 1926; v, 11146,

A2801/48/56, Ovey al Foreign Office, mayo 5, 1926.

59PRO.FO 371, v, 11152, A22811/56/26, Ovey al Foreign Office,

abril 7, 1926.

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puerta cerrada. Claro que hubo l?mites. Cuando los brit?ni cos insistieron en la conveniencia de modificar "ciertas dis posiciones restrictivas" de la ley del 14 de junio de 1926 sobre

pr?cticas religiosas, M?xico le respondi? cortesmente que le era imposible.60 Otro ejemplo que ilustra el af?n negociador de Gran Breta?a y M?xico, fue la interpretaci?n de la "cl?u

sula Calvo". En junio de ese a?o S?enz acept? que si bien

M?xico insist?a en que los subditos brit?nicos no pod?an re currir a la protecci?n de su gobierno para solucionar dispu tas en torno a sus inversiones, tambi?n aceptaba que el go bierno brit?nico de motu propio pod?a hacer interposiciones diplom?ticas, ya que ning?n estado pod?a renunciar a prote ger a sus nacionales, incluso si ?stos no invocaban su ayuda.

A cambio de este reconocimiento, M?xico ped?a a Gran Bre ta?a que la acci?n diplom?tica se efectuara ?nicamente cuando

se hubiera configurado claramente un caso de denegaci?n de

justicia.

La Foreign Office acept? as?, sin mayores dificultades, la posici?n mexicana.61 En julio, Ovey propuso a sus superio res que Inglaterra tambi?n aceptara como un hecho consu mado el que M?xico iba a seguir adelante con su pol?tica de redistribuci?n de la tierra y que, por tanto, continuar?a afec

tando a propietarios brit?nicos; ahora bien en tanto M?xico se comprometiera a compensar a los afectados aunque fuera

en bonos, estaba dentro de su derecho soberano y ya era tiem po de que los terratenientes brit?nicos aceptaran este hecho.

Lo mejor que se pod?a hacer en este campo era tratar de lle gar a arreglos informales en cada caso.62 Esta flexibilidad brit?nica tan contrastante con el pasado inmediato, llev? al presidente Calles a informar personalmente a Ovey que su gobierno estaba dispuesto a buscar una solu

60 PRO.FO 371, v, 11146, A2492, 4597, 5430/48/26, Ovey al Foreign Office, mayo 8, agosto 6 y octubre 12, 1926. AREM, III/515 (72:42), "27"/III-105-5, notas de la Legaci?n Brit?nica a la Secretar?a de Relacio nes Exteriores, marzo 22 y junio 15, y respuesta mexicana de junio 24, 1927.

61 PRO..FO 371, v, 11154, A3467/86/26, S?enz a Ovey, junio 9, 1926; A3506/86/26, Foreign Office a Ovey, julio 7, 1926.

62 PRO.FO 371, v, 11147, A4050/14/26, Ovey al Foreign Office, julio 1, 1926, y Foreign Office a Ovey, agosto 10, 1926.

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ci?n adecuada a las demandas de los ferrocarriles Mexicano e Interoce?nico, de los tenedores de los bonos emitidos por las ciudades de Oaxaca y Puebla durante el porfiriato, de la

Mexican Land and Colonization y de otros intereses menores.63

En vista de lo anterior, a Ovey tanto como a sus superiores en Londres les resultaba desconcertante e irritante la actitud tan intransigente que hab?a asumido Sheffield. El embajador norteamericano, desde el punto de vista de Ovey, no estaba interpretando adecuadamente los deseos de su propio gobier no, pues era obvio que el Departamento de Estado deseaba llegar a una detente con M?xico y que los l?deres mexicanos estaban ya listos para negociar un acuerdo sustantivo al respecto.64 La Foreign Office, sin embargo, no intent? con vencer a los norteamericanos sobre este tema, entre otras co sas porque le pareci? poco probable que Estados Unidos de cidiera usar la fuerza contra Calles. Finalmente, y habida cuenta de las experiencias anteriores, los diplom?ticos brit? nicos tambi?n procuraron que ning?n subdito brit?nico en M?xico usara la crisis mexicano-americana para asegurarse alguna ventaja a costa de sus rivales norteamericanos; pues a la larga ello no traer?a ninguna ganancia y en cambio s? debilitar?a la posici?n de los brit?nicos en M?xico.65 Cuando 1926 estaba por concluir, el ministro brit?nico en M?xico envi? a sus superiores en Inglaterra una evaluaci?n general de la situaci?n mexicana, en donde volvi? a insistir en que pese a los problemas internos que a?n afectaban a M? xico, la larga ?poca de anarqu?a que tanto da?o caus? a los intereses brit?nicos hab?a quedado definitivamente atr?s. Fue

justamente en este informe donde apareci? una nueva eva luaci?n brit?nica de la naturaleza de la Revoluci?n mexica

na. Ovey, como sus predecesores, recurri? una vez m?s a elementos del "car?cter" mexicano ?por ejemplo, la "ines 63 PRO.FO 371, v, 11147, A4601/48/26, Ovey al Foreign Office, agos to 10, 1926.

64 PRO.i^O 371, v, 11154, A3324/86/26, Ovey al Foreign Office, ma

yo 29, 1926.

65 PRO..TO 371, v, 11155, A4265/86/26, minutas del Foreign Office, firmadas por Vansittart, agosto 11, 1926; v, 11148, A4929/48/26, Ovey a Vansittart, septiembre 2, 1926.

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tabilidad natural" del pueblo?, pero esta vez no fueron el elemento explicativo central; m?s importante que la psicolo g?a colectiva fueron los "errores" de la pol?tica norteameri cana hacia M?xico y las debilidades estructurales del sistema pol?tico porfirista.66 Para Ovey, la consolidaci?n del nuevo r?gimen en M?xico era s?lo cosa de tiempo, como tambi?n lo era el que quedara totalmente dominado por la influencia norteamericana. Inglaterra no pod?a evitar este ?ltimo hecho,

pero podr?a tomar medidas para retardarlo, entre otras, tra tar de poner fin a la crisis mexicano-norteamericana antes de

que desembocara en un conflicto serio. Para tal efecto se po d?a sugerir a las partes interesadas que, en relaci?n con el pe tr?leo, se modificara la legislaci?n de diciembre de 1925 de tal suerte que por un lado reafirmara la soberan?a de M?xico sobre su petr?leo, pero que por el otro aceptara respetar todos

los derechos adquiridos legalmente en el pasado. En cuanto a la "ley de extranjer?a", M?xico simplemente podr?a anun ciar que si un propietario afectado por la nueva legislaci?n no pod?a encontrar un comprador nacional adecuado, el Es tado le compensar?a con bonos de la deuda nacional.67 As? pues, para los brit?nicos la soluci?n negociada de las diferen cias entre M?xico y Estados Unidos era de ese modo posible

y deseable.

Las opiniones de Ovey no parecieron hacer mella alguna en Washington, y mientras los norteamericanos se prepara

ban para un choque frontal con Calles, el plazo que el go bierno mexicano hab?a dado a las empresas petroleras para

que cumplieran con los t?rminos de la ley estaba a punto de concluir. Los brit?nicos se mantuvieron a la expectativa, a la vez que daban los toques finales de la convenci?n de recla maciones, pues deseaban que ?sta fuera aprobada durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso mexicano. El ?nico obst?culo por salvar en este caso fue el rechazo de M?xico a la petici?n de que se considerara como reclamantes leg?timos a 66 PRO.FO 371, v, 11156, A6280/50/26, Ovey al Foreign Office, no viembre 4, 1926.

67 PRO.FO 371, v, 11148, A6020/48/26, Ovey al Foreign Office, oc tubre 27, 1926.

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aquellas empresas brit?nicas que por razones de convenien cia se hab?an constituido como mexicanas.68 Finalmente, y sin que M?xico hubiera cedido en lo que consideraba un punto

de principio, se lleg? a la firma de la convenci?n el 19 de no viembre.69 Sin embargo, la aprobaci?n y ratificaci?n del do cumento tard? mucho m?s de lo que cualquiera de sus auto res hubiera esperado, pues el gobierno brit?nico s?lo ratifi car?a este instrumento el 8 de marzo de 1928. Los casos que llegaron a la comisi?n mixta creada por esta convenci?n no fueron simples y por ello las dos partes acordaron prorrogar

la m?s all? del plazo original de dos a?os; este acuerdo se for maliz? el 5 de diciembre de 1932. En total hubo 64 sesiones de los comisionados y se tramitaron 128 casos cuyo monto original fue de 138, 505, 063 pesos, pero al final, M?xico, siguiendo el precedente sentado en los arreglos con otros pa?

ses, s?lo debi? pagar 3 795 897 pesos, es decir ?el 2.74% de lo demandado originalmente!70 La firma de la convenci?n de reclamaciones en noviembre de 1926 coincidi? con el reporte que el Comit? Internacional de Banqueros envi? a la Foreign Office en el sentido de que, pese a ciertas irregularidades, M?xico estaba cumpliendo con lo estipulado en el acuerdo de 1925 firmado con los tenedo res de los bonos de la deuda externa.71 Pese a la tensi?n me xicano-norteamericana, todo parec?a marchar por el camino de la normalidad en la relaci?n anglomexicana, pero al fina lizar ese mes "El ?guila" inform? que hab?a decidido sumarse a la posici?n norteamericana y por lo tanto no cumplir?a con lo dispuesto por la ley petrolera debido a que consideraba que ten?a un car?cter retroactivo, por tanto ped?a a la Foreign Office que le extendiera su protecci?n diplom?tica. A dife rencia del departamento de Estado que apoy? absolutamen 68 PRO..F0 371, v, 11151, A5093 y 5410/50/26, Ovey al Foreign Of fice, septiembre 7, octubre 11, 1926.

69 Diario Oficial, marzo 2, 1928.

70 AREM, VI/364 (72:42) (03)/l, 14-15-5. Cada uno de los casos tra tados por la Comisi?n se encuentran en AREM, VI-42/102, 7 (42-72)/l,

41-5-26.

71 The Times, julio 6, 1926; PRO.i^O 371, v, 11145, A6196/35/26, Morgan, Grenfell and Company al Foreign Office, noviembre 22, 1926.

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te la posici?n adoptada por las empresas petroleras,72 la Fo reign Office reaccion? sin entusiasmo, pues en su opini?n no era evidente el car?cter retroactivo de la ley petrolera de 1925.

En primer lugar, el l?mite de 50 a?os que M?xico pretend?a imponer a las concesiones confirmatorias pod?a ser prorro gado, de ah? que s?lo se pudiera reclamar en el futuro dis tante y cuando se solicitara la pr?rroga y ?sta no se concedie ra. Por lo que hace al requisito de demostrar que el due?o arrendatario del predio petrolero hab?a hecho un "acto posi tivo" antes de 1917 en el terreno que solicitaba en concesi?n confirmatoria, ?ste parec?a razonable pues no se pod?a de fender a quienes s?lo hab?an pretendido especular. En fin, tanto los funcionarios de la canciller?a brit?nica como Ovey consideraron que no era procedente unirse a la posici?n nor teamericana demandando una modificaci?n de la ley. Des pu?s de sopesar los diferentes puntos de vista, el secretario de Asuntos Exteriores de Gran Breta?a decidi? seguir un ca mino intermedio que consisti? en hacer saber al gobierno de M?xico que la nueva legislaci?n petrolera afectaba con un "ri gor innecesario" a los intereses petroleros brit?nicos, pero en vez de protestar formalmente por ello, s?lo pidi? se clarifica ran ciertos puntos de la nueva legislaci?n, en especial la po sibilidad de extender las concesiones confirmatorias m?s all? del periodo original de 50 a?os.73 El gobierno mexicano res pondi? positivamente a las preocupaciones brit?nicas e insi nu? que el plazo sobre las concesiones confirmatorias no era algo irreversible.74 As?, la relaci?n anglomexicana no entr?

en crisis pese a la actitud asumida por "El ?guila".

Al iniciarse 1927, los diplom?ticos brit?nicos ten?an dos pro

blemas inmediatos que resolver. Por un lado lograr que tan 72 Para un an?lisis de la posici?n norteamericana respecto a la legisla ci?n petrolera al finalizar 1926, v?ase Meyer, 1972, pp. 236-239, 251-252.

73 PRO.FO 371, v, 11155, A6215/86/26, Whitehall Securities Corp.

Ltd. al Foreign Office, noviembre 24, 1926; minutas del Foreign Office firmadas por T.M. Snow, noviembre 29, 1926; A6271/86/26, Ovey al Fo reign Office, noviembre 28, 1926, y minutas de T.M. Snow, noviembre 30, 1926; A6373/86/26, Sir Austen Chamberlain a Hoggton, de "El ?gui la", diciembre 13, 1926.

74 Meyer, 1972, p. 250.

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to M?xico como Estados Unidos reaccionaran constructiva mente ante sus diferencias, y por el otro resistir las presiones

de "El ?guila" que insist?a en seguir los pasos de los nortea mericanos suponiendo que al final saldr?a beneficiada con una reafirmaci?n de sus derechos de propiedad.75 En enero de 1927, cuando los marines norteamericanos ya estaban de regreso en Nicaragua, el Departamento de Estado dio a la publicidad un documento preparado meses antes y cuyo t?tulo resultaba muy revelador de sus prop?sitos: Bolshevik Aims and Policies in Mexico and Latin America. En muchos c?r

culos se consider? que se trataba de un paso previo a una ac ci?n directa en M?xico. El embajador norteamericano acon sej? abiertamente a su gobierno que hab?a llegado el momento

de usar la fuerza en M?xico para proteger los intereses ame nazados.76 Afortunadamente Calles decidi? actuar con cau tela, y aunque t?cnicamente las empresas petroleras estaban fuera de la ley, se les permiti? seguir operando, aunque no efectuar obras nuevas. A la vez, el gobierno mexicano pro

puso a su vecino del norte arbitrar las diferencias como la me

jor v?a para resolverlas. La respuesta positiva a la iniciativa de Calles en el Congreso norteamericano y en otros c?rculos influyentes, en particular los banqueros, llev? a eliminar la acci?n armada como forma de resolver "el problema mexi cano". Mientras los petroleros insist?an en pedir mano dura contra M?xico, los representantes del Comit? Internacional de Banqueros negociaban directamente con las autoridades mexicanas y norteamericanas en busca de un tipo de acuer do similar al que desde hac?a m?s de un a?o hab?a recomen dado el ministro brit?nico. En enero de 1927, los banqueros sugirieron a Pa?i y a otros ministros de Calles, la posibilidad de que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley pe trolera y abriera as? la posibilidad de reformularla hasta ha cerla aceptable tanto a los ojos de las compa??as, o al menos 75 PRO.FO 371, v, 11148, A6340/40/26, Foreign Office a su embaja da en Washington, noviembre 29, 1926; A6483/48/26, Ovey al Foreign Office, diciembre 7, 1926; A6676/86/26, minutas del Foreign Office, fir

madas por T.M. Snow, diciembre 20, 1926.

76 Meyer, 1972, pp. 257-263.

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de sus gobiernos, como al propio M?xico. Lo que resultaba esencial desde el punto de vista de los financieros norteame ricanos era transformar la confrontaci?n en una cooperaci?n que permitiera a M?xico concentrar sus esfuerzos p?blicos en el pago de su deuda externa. Para fines de abril, y por el poco entusiasmo que hab?a en el Congreso por una pol?ti ca de "mano dura" hacia M?xico, el presidente Coolidge se vio llevado a aceptar las conveniencias de este nuevo enfo que y en un discurso sugiri? que las diferencias con M?xico se pod?an arreglar a trav?s de negociaciones. Obviamente la posici?n del embajador Sheffield hab?a perdido en favor de la postura conciliadora demandada por los banqueros. Para agosto de 1927, el Departamento de Estado inform? directa mente a los petroleros que el gobierno de Estados Unidos no consideraba que romper sus relaciones con M?xico ni una in tervenci?n fueran la mejor manera de resolver el problema petrolero.77 El 30 de septiembre, los presidentes de M?xico y Estados Unidos celebraron el establecimiento de un servicio de co municaci?n telef?nica entre los dos pa?ses con una conversa ci?n personal en que subrayaban sus mutuos deseos de amis tad. Un paso m?s efectivo para encontrar una soluci?n ne gociada a las diferencias entre los dos pa?ses lo dio Coolidge al nombrar un nuevo embajador en M?xico. A Sheffield lo remplaz? nada menos que con un representante directo de los intereses bancarios, Dwight Morrow, quien hasta ese mo mento hab?a sido un alto funcionario de la casa financiera neoyorquina J.P. Morgan & Co. Morrow lleg? a M?xico con instrucciones de poner en pr?ctica las recomendaciones que ?l hab?a dado poco antes a su gobierno, cuando aun actuaba a nombre del Comit? Internacional de Banqueros.

Morrow encontr? tanto a Calles como a una buena parte de la ?lite pol?tica mexicana muy receptivos a sus argumentos

y dispuestos a poner punto final a la confrontaci?n y nego ciar un arreglo global definitivo. En 1927 el sistema econ? mico y pol?tico mexicanos se encontraban en problemas: la

producci?n petrolera segu?a bajando; la sequ?a hab?a da?a 77 Smith, 1972, pp. 248-254.

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do a la agricultura y a la ganader?a, en especial, en el norte del pa?s; la guerra cristera estaba azotando con furia al cen tro y occidente de M?xico. A la vez, las fuerzas desatadas por

la sucesi?n presidencial de 1928 hab?an causado serias divi siones dentro del grupo gobernante, en particular en el ej?r cito; el general Obreg?n se hab?a impuesto a sus enemigos internos y se daba por sentado su reelecci?n para el sexenio 1928-1934, no obstante que con ello contradec?a abiertamente una de las banderas pol?ticas b?sicas de la revoluci?n. As? pues,

Morrow habr?a de entablar negociaciones con un Calles que

cada vez se alejaba m?s de la imagen de "socialista" con

que hab?a llegado a la presidencia y que en cambio buscaba entendimientos con los intereses creados, nacionales y ex tranjeros.78 La actitud y las acciones de Morrow inmediatamente des pu?s de su arrivo a M?xico y hasta el final de su misi?n, no fueron muy originales pues fueron casi una repetici?n de lo dicho y hecho por Ovey. A diferencia de Sheffield, Morrow se esforz? por presentar la imagen de alguien que ve?a con simpat?a los esfuerzos mexicanos por modernizar el pa?s, es decir, alguien que aceptaba a la Revoluci?n mexicana como un hecho positivo. Sin hablar espa?ol, el embajador busc? acercarse personalmente a los principales actores pol?ticos y escuch? sus opiniones con aparente respeto y comprensi?n.

En relaci?n con sus propios planteamientos, Morrow hizo a un lado el apego al razonamiento jur?dico que hab?a caracte rizado a su predecesor para, en cambio, enfatizar las ventajas de un enfoque pragm?tico seg?n el cual tanto M?xico como Estados Unidos ten?an que ceder algo para ganar algo.

El resultado del enfoque de Morrow pareci? espectacular.

El embajador accedi? a respaldar a Calles frente a sus ene migos internos y a cambio logr? que a fines de 1927 la Su prema Corte de M?xico declarara inconstitucional la proble m?tica ley petrolera. La nueva legislaci?n fue obra conjunta del propio embajador norteamericano y de la Secretar?a de Industria, Comercio y Trabajo. Mientras el nuevo marco ju 78 Respecto a la pol?tica de Morrow y sus efectos sobre la acci?n de Ca

lles, v?ase Ross, 1958.

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r?dico petrolero tomaba forma, Morrow trat? de que las com

pa??as en particular la Standard Oil, asumieran una posici?n constructiva y flexible. Cuando la nueva legislaci?n se apro

b?, ?sta hab?a omitido toda referencia a un l?mite en el tiem

po de los derechos adquiridos antes de 1917, pero mantuvo el principio ?m?s filos?fico que pr?ctico? de la necesidad de que las empresas petroleras cambiaran sus t?tulos origina les de propiedad por concesiones confirmatorias pero a per petuidad. Tambi?n se mantuvo el requisito de demostrar que se hab?a efectuado un "acto positivo" antes de 1917 para poder recibir este tipo de concesiones; en caso contrario, M? xico no confirmar?a los derechos originales, pero otorgar?a preferencia a las empresas que los tuvieran para que solicitaran

nuevas concesiones para la explotaci?n de los hidrocarburos.

Las compa??as petroleras aprobaron el nuevo esp?ritu de la relaci?n mexicano-americana y no se mostraron nada flexi bles; no aceptaron que la nueva ley se adecuara a sus pers pectivas, e insistieron en lo inconveniente de cambiar sus t? tulos por concesiones, incluso si en la pr?ctica resultaban ser lo mismo. Sin embargo, esta vez los banqueros impusieron su punto de vista en Washington y el departamento de Esta do respald? plenamente la acci?n de Morrow. En marzo de 1928 se inform? a los petroleros que si pese a las modifica ciones en la legislaci?n mexicana ellos insist?an en no acatar la, entonces el Departamento de Estado ya no se considera ba obligado a defenderles. Sin alternativa pr?ctica y a rega ?adientes, las empresas empezaron a solicitar la confirmaci?n de sus t?tulos originales de propiedad y el "problema petro lero" dej? de serlo, al menos por lo que a los gobiernos de M?xico y Estados Unidos se refer?a.79 La acci?n de Morrow habr?a de resultar tambi?n decisiva en la crisis que sigui? al asesinato de Obreg?n, el presidente electo, poco antes de la fecha se?alada para asumir el poder en 1928. En medio de la inestabilidad que gener? la desapa rici?n del ?ltimo gran caudillo revolucionario, el apoyo del gobierno norteamericano a Calles fue muy importante para que ?ste pudiera hacer frente con ?xito a una rebeli?n militar 79 Meyer, 1972, pp. 270-279.

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de 1929 encabezada por generales que hab?an estado muy cer canos a Obreg?n, y para facilitar un arreglo entre el Estado y la Iglesia que pondr?a fin al conflicto de los rebeldes coste ros. Para 1930 el reci?n creado Partido Nacional Revolucio

nario ?el partido oficial? estaba echando las bases en la institucionalizaci?n pol?tica del nuevo r?gimen. Morrow

se mostr? orgulloso de lo que hab?a conseguido en tan corto tiempo y se dispuso a marcharse de M?xico. Ir?nicamente, lo ?nico que no logr? el banquero hecho embajador fue lo que m?s directamente le interesaba: que M?xico pagara su deuda externa. Los gastos extraordinarios en que incurri? el

gobierno mexicano a ra?z de la rebeli?n de 1928, m?s los

estragos que hizo en su erario la gran depresi?n a partir de 1930, le impidieron a M?xico hacer los pagos de acuerdo con el compromiso a que se hab?a llegado con el Comit? Interna cional de Banqueros desde 1926 y modificado en 1930. Sin embargo, ni ?ste ni otros problemas m?s serios que tuvieron lugar en los a?os treinta destruyeron ya el acuerdo b?sico al que hab?an llegado Estados Unidos con la Revoluci?n mexi cana. Por ejemplo, cuando M?xico expropi? la industria pe trolera en 1938, las relaciones con Estados Unidos y Gran Breta?a se deterioraron notablemente al punto que M?xico volvi? a romper relaciones con los brit?nicos y el pa?s sufri? serias presiones econ?micas, pero una intervenci?n militar o la amenaza de la misma no fue considerada ya como una alternativa real a la negociaci?n. En esta ocasi?n los que die ron una gran muestra de flexibilidad fueron los norteameri canos, en particular el embajador Josephus Daniels, quienes consideraron m?s importante salvar la pol?tica interamerica na de "Buena Vecindad" que a unas empresas particulares.

Los brit?nicos, que no ten?an entonces una pol?tica similar en Am?rica Latina, no consideraron que ganaran nada sien do tolerantes con M?xico y en cambio consideraron que po dr?an sentar un mal precedente si no se reclamaba severa

mente a M?xico por su acci?n expropiatoria.

Los ingleses pronto descubrieron que la forma y el conte nido de la pol?tica hacia M?xico representada por Morrow era justamente lo que ellos hab?an aconsejado desde hac?a buen

tiempo, de ah? que recibieran con optimismo su designaci?n This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:57 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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como embajador. Desde la perspectiva brit?nica, el proceso de desintegraci?n que hab?a afectado a M?xico a partir de la ca?da de Porfirio D?az hab?a "tocado fondo", la nueva po l?tica mexicana de los Estados Unidos y la decisi?n de los di rigentes mexicanos de volver a la "cordura" podr?an dar a

M?xico los elementos necesarios para recrear un clima de tran

quilidad que permitiera al capital externo volver a explotar con ?xito sus grandes recursos naturales. El asesinato de Obre

g?n ?por quien los brit?nicos no ten?an simpat?as? les preo cup? por un tiempo, pero les alent? la decisi?n de Calles de apegarse a la ley y no usar la crisis como una excusa para reelegirse, lo que dadas las caracter?sticas del pa?s, era una muestra de madurez pol?tica. Todo parec?a indicar, seg?n ei diagn?stico brit?nico, que M?xico se encaminaba en una di recci?n que le llevar?a a dejar atr?s su pasado reciente, ca?ti co y militarista.80 Para Ovey, Estados Unidos en la persona de Morrow, ten?a en ese momento nada menos que la posi

bilidad de "hacer o deshacer" a M?xico.81 Desde el punto

de vista del ministro brit?nico, Washington hab?a aprovechado

bien su oportunidad hist?rica.

Con la llegada de Morrow, la "relaci?n especial" que el ministro de Su Majestad Brit?nica hab?a establecido con Ca lles y con otras autoridades mexicanas, se diluy? hasta casi perderse. Desde la perspectiva mexicana, la necesidad de con vertir a Inglaterra en el intermediario del dif?cil di?logo con Estados Unidos, termin? cuando Sheffield abandon? el puesto y su sucesor se mostr? tan o m?s accesible que el propio Ovey.

En ciertos c?rculos ingleses a?n se jugaba con la idea de apro vechar el antiimperialismo latinoamericano, dirigido b?sica mente contra Estados Unidos, para ampliar los contactos co merciales y pol?ticos entre Gran Breta?a y los pa?ses de Am? rica Latina.82 Sin embargo, en el caso mexicano esta estra tegia era particularmente dif?cil. Tanto los mexicanos como los 80 The Times, octubre 25, 1927; The Economist, marzo 19, mayo 5, ju lio 21, septiembre 8, 1928.

81 PRO.FO 371, v, 13489, A3461/39/26, Ovey al Foreign Office, abril

30, 1929.

82 The Observer, septiembre 26, 1930.

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brit?nicos estaban conscientes de que el inter?s de Gran Bre ta?a en M?xico era recuperar lo perdido, aunque fuera s?lo parcialmente; para entonces tanto el gobierno como los em presarios brit?nicos hab?an aceptado que M?xico, al igual que Cuba, formaba parte de una zona geopol?tica totalmente en manos de los norteamericanos. Si efectivamente hab?a opor tunidades para la inversi?n y el comercio brit?nicos con Am? rica Latina, ?stas se encontraban en Argentina y en otros pa?ses

del Cono Sur, no en la frontera con Estados Unidos.83 Si para los brit?nicos M?xico era un pa?s destinado a ser dominado por Estados Unidos y en donde ellos tendr?an ca da vez menos oportunidades, para M?xico resultaba igual mente claro que una de las pol?ticas centrales de Gran Breta ?a era estrechar cada vez m?s sus ligas con Estados Unidos en prevenci?n de un nuevo conflicto en Europa. As? pues, por lo que a M?xico se refer?a, la pol?tica de las dos potencias

anglosajonas era una de identificaci?n y con muy pocas posi bilidades para quien segu?a buscando elementos que neutra lizaran la influencia norteamericana.84 Adem?s, con el sur gimiento de la Gran Depresi?n las debilidades econ?micas de Gran Breta?a se hicieron muy palpables. En las palabras del ministro mexicano en Londres, "el siglo XX no es (para los brit?nicos) ni el de su apogeo industrial ni el de su gloria militar"; desde luego que su decadencia no iba a ser s?bita, pero era un hecho irreversible y la pol?tica mexicana hacia Gran Breta?a deber?a de tener siempre en cuenta ese hecho fundamental.85

Desde la reanudaci?n de relaciones diplom?ticas entre M? xico y Gran Breta?a en 1925 y hasta 1938, la interacci?n de los dos pa?ses se desarroll? normalmente, aunque no sin 83 AREM, III/510 (42-0) "929"/l, 39-7-7, ministro mexicano en Lon dres a la Secretar?a de Relaciones Exteriores, octubre 17, 1929; B/510 (42-0)

"830"/l, 39-7-8, ministro mexicano en Londres a la Secretar?a de Rela ciones Exteriores, octubre 31, 1930.

84 AREM III/510 (42-0) "930"/l, 3-7-8, Mart?nez de Alba, minis

tro mexicano en Londres, a la Secretar?a de Relaciones Exteriores, junio

23, 1929.

85 AREM, B/510 (42-0) "930'71, 30-7-8, Mart?nez de Alba a la Se cretar?a de Relaciones Exteriores, diciembre 10, 1930.

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contratiempos. Sin embargo, M?xico estaba consciente del hecho de que la existencia de relaciones formales adecuadas con el gobierno de Su Majestad Brit?nica no implicaba que hubiera desaparecido la imagen negativa que sobre M?xico y los mexicanos se hab?a creado en Inglaterra desde 1911.86 La comunidad brit?nica en M?xico segu?a considerando al r?gimen porfirista como el modelo pol?tico m?s adecuado para

el pa?s, aunque a rega?adientes hab?a aprendido a convivir con el nuevo r?gimen. Para los veteranos de este grupo, los gobiernos de D?az o Huerta fueron brutales, pero su estilo era la ?nica manera de impedir que la masa ind?gena volvie ra a caer en el "salvajismo", y al que era proclive, como cla ramente qued? demostrado durante el caos de la revoluci?n, caos que Calles hab?a logrado disminuir notablemente, pero no eliminar del todo. Desde la perspectiva de este peque?o gru

po de subditos brit?nicos radicados en M?xico, la Revolu ci?n mexicana ?el "experimento" mexicano? a?n ten?a que probar ser capaz de llevar a cabo su gran reto: la incor

poraci?n del indio, el triunfo del mestizaje y el surgimiento de una nueva naci?n; s?lo algunos cuantos eran optimistas en este respecto.87 En 1928, cuando tuvo lugar la expropiaci?n petrolera, la presencia brit?nica en M?xico disminuy? a?n m?s. Al per der el control de "El ?guila", como antes el de los ferroca rriles, pr?cticamente no quedaron en M?xico empresas im portantes y productivas controladas por el capital brit?nico.

Teniendo muy poco que defender, excepto principios y los remanentes de una inversi?n de otras ?pocas, el gobierno de su majestad brit?nica y M?xico volvieron a romper sus rela ciones diplom?ticas, pero esta vez la ruptura dur? muy poco,

ya que esta vez los brit?nicos no la consideraron un instru mento de presi?n ?til. La Segunda Guerra Mundial y la parti cipaci?n mexicana en la misma llev? a que Estados Unidos alentara con ?xito a los dos pa?ses a reanudar sus relacio 86 Archivo de la Embajada de Mexico en Londres, III/139 (S-4; 42-0) 1, Secretar?a de Relaciones Exteriores a la Secretar?a de Industria Comer cio y Trabajo, diciembre 17, 1929.

87 Marett, 1939, pp. 4-6, 99-101.

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nes como parte del esfuerzo mundial contra el fascismo.

La d?cada de los cuarenta vio la liquidaci?n por com?n

acuerdo de la mayor?a de las grandes inversiones brit?nicas que se habr?an hecho en M?xico durante el porfiriato. Ha br?an de pasar todav?a un buen n?mero de a?os antes de que los empresarios brit?nicos se volvieran a interesar en M?xi co, pero cuando lo hicieron a partir de los a?os cincuenta fue en peque?a escala y sobre todo en la industria manufacture ra. En todo caso, esta vez ya no pudieron competir con sus antiguos rivales norteamericanos, pues ?stos hab?an ganado definitivamente la partida. En 1950, los intereses norteame ricanos controlaban 70% de la inversi?n extranjera directa en M?xico, en tanto que las empresas anglocanadienses re presentaba ?nicamente 21 %, diez a?os despu?s la diferencia era mucho m?s acentuada, pues mientras a los norteameri canos correspondi? 82 %, a brit?nicos y canadienses apenas

algo m?s que 7%.88 El relativo balance que exist?a al con

cluir el porfiriato entre las inversiones de Estados Unidos y Gran Breta?a o Europa en general, se hab?a perdido defini tivamente. La acci?n nacionalista de la Revoluci?n mexicana y los procesos econ?micos pol?ticos a escala mundial hab?an dejado solo a M?xico frente a Estados Unidos.

Conclusiones La Revoluci?n Mexicana, como todas las revoluciones mo dernas, se vio sometida a fuertes presiones externas que a veces resultaron contradictorias. Quienes dirigieron el movimiento

que acab? con la larga dictadura porfirista no se propusieron en un principio un cambio radical en las estructuras pol?ticas

mexicanas, sino m?s bien hacer efectiva una democracia li beral prometida de tiempo atr?s, y que despu?s de todo era el marco leg?timo desde la restauraci?n de la Rep?blica en la segunda mitad del siglo XIX. Por lo que se refiere a lo eco n?mico y social, las reglas b?sicas que surgieron de la lucha

social iniciada en 1910 ?la Constituci?n de 1917? siguie 88 Sep?lveda y Chumacero, 1973, p. 124.

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ron aceptando el capitalismo como la forma que deber?a re gir las relaciones productivas aunque con limitaciones. En principio, el derecho a la propiedad privada no fue ya acep tado como absoluto, sino que se le condicion? a su contribu ci?n positiva al bienestar de la sociedad en su conjunto, de ah? que se asignara al Estado la tarea de impedir que las fuerzas

del mercado crearan y mantuvieran condiciones de obvia ine quidad social. El Estado fue tanto representante del inter?s nacional como regulador de la relaci?n entre los grupos y clases

sociales. En fin, el nuevo r?gimen que poco a poco surgi? de los restos de la dictadura vencida en 1911, no represent? una fuerza encaminada a la transformaci?n total del orden esta blecido, sino un esfuerzo por aminorar los abusos de un li beralismo que hab?a modernizado al pa?s, pero que a la vez hab?a creado una posici?n en extremo privilegiada para una oligarqu?a latifundista y para un grupo extranjero dominado por intereses dedicados a explotar los recursos naturales del pa?s, particularmente los minerales, y cuyo comercio consti tu?a la principal liga entre M?xico y la econom?a mundial.

A diferencia de la Revoluci?n francesa o de la Revoluci?n bolchevique, la mexicana no constituy? un desaf?o tan radi cal a los poderes dominantes en el sistema internacional. Sin embargo, el nacionalismo revolucionario y el papel asignado al Estado como fuerza moderadora en las relaciones de produc

ci?n, habr?an de llevar a la expropiaci?n de grandes propie dades rurales en beneficio del campesinado sin tierra y, pos teriormente, a la de la industria petrolera en beneficio del propio Estado. Esta interferencia con los derechos de propie dad del gran capital extranjero constituy? el verdadero reto de la Revoluci?n mexicana a los poderes que sustentaban al orden econ?mico internacional establecido.

El hecho de que en un principio las grandes potencias s?lo vieran en la lucha civil mexicana un problema de orden in terno, de polic?a, por la ausencia o impotencia de la autori dad para garantizar el buen funcionamiento de las empresas establecidas, explica en gran medida la reacci?n inicial de las canciller?as de Estados Unidos y Europa. Gran Breta?a y Es

tados Unidos ?los pa?ses con las mayores inversiones en

M?xico? tuvieron el mismo objetivo en relaci?n con los ac?n This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:57 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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tecimiento mexicanos, restablecer la paz lo m?s pronto posi ble para seguir con business as usual. Sin embargo, sus diag n?sticos sobre el origen del mal fueron un tanto diferentes y, por tanto, tambi?n lo fueron sus remedios. Gran Breta?a simplemente propuso volver a alguna forma de dictadura, el sistema que hab?a funcionado muy bien desde fines del siglo pasado y que podr?a volver a funcionar si recib?a un apoyo externo adecuado. En cambio, para el gobierno del presidente Wilson, reci?n llegado al puesto y comprometido con un pro grama interno reformista, esta receta era s?lo un paliativo pues

curaba los s?ntomas mas no la enfermedad social que pade c?a M?xico y, por lo tanto, el orden as? asegurado ser?a pre cario. Esta diferencia de perspectivas llev? a que los brit?ni cos apoyaran a Victoriano Huerta, en tanto que el gobierno del presidente Wilson a los constitucionalistas, ya que ?stos promet?an un m?nimo de reformas para aminorar la gran de sigualdad social y permitir el desarrollo de un capitalismo m?s

din?mico. La diferencia de pol?ticas entre las dos potencias anglosajonas, aunadas a sus viejas rivalidades econ?micas en Am?rica Latina, permitieron a los revolucionarios mexica nos, en particular a Venustiano Carranza, aprovechar algu nas de las contradicciones interimperialistas en su lucha con tra las fuerzas de la reacci?n. Sin esa notable divergencia entre

las potencias en 1913, es posible que la facci?n revolucionaria mexicana no hubiera llegado a imponerse sobre la dictadura militar, al menos no con la rapidez y decisi?n con que lo hizo.

Cuando la Constituci?n de 1917 abri? la puerta a la ex

propiaci?n de las grandes propiedades rurales nacionales y extranjeras, a la protecci?n de los derechos del obrero y a la nacionalizaci?n de la estrat?gica industria petrolera ?total mente en manos de empresas extranjeras, b?sicamente bri t?nicas y norteamericanas?, Estados Unidos inici? un largo y sistem?tico proceso de presi?n para que M?xico no llegara a afectar los derechos adquiridos por las empresas norteame ricanas. Gran Breta?a, desde luego, secund? esta posici?n, y si bien sin mucha convicci?n subordin? sus acciones a los grandes lincamientos de Washington ?necesitaba la coope raci?n plena de Estados Unidos en la guerra europea?, adop t? una posici?n m?s dura y simplemente se neg? a reconocer This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:57 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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de jure y a partir de 1920 incluso defacto, a los gobiernos revolu

cionarios que sucedieron a la dictadura de Victoriano Huerta.

Para los dirigentes revolucionarios, contar con la aceptaci?n de Estados Unidos resultaba vital, pero no tanto como para pagar el precio de un reconocimiento condicionado, pues ello les hubiera restado una gran dosis de legitimidad ante las fuer

zas nacionalistas que hab?an surgido con gran dinamismo.

M?xico y Estados Unidos finalmente llegaron a una solu ci?n de compromisos cuyos t?rminos quedaron plasmados en los acuerdos de Bucareli de 1923. Sin embargo, Gran Breta ?a no sigui? los pasos norteamericanos, sino que insisti? en demandar mayores seguridades no obstante disponer de me nos instrumentos de presi?n, de ah? que sus demandas sim plemente fueran ignoradas por los gobiernos mexicanos e in cluso sus representantes fueron humillados. Para las grandes empresas brit?nicas la situaci?n se hizo entonces casi insos tenible. La concentraci?n del comercio de M?xico con Esta dos Unidos y la imposibilidad de usar directamente la fuerza

para imponer su punto de vista ?para acci?n tan extrema

se necesitaba del consentimiento y apoyo de Estados Unidos, que segu?a tan determinado como siempre a defender su lla

mada "Doctrina Monroe"? les hizo necesario contar con la buena voluntad de los gobernantes mexicanos para nego ciar la recuperaci?n de derechos perdidos, defender los ame nazados y recibir compensaciones por las p?rdidas sufridas.

Es por ello que al iniciarse los a?os veinte, y sin importarles mucho los precedentes que se pudieran sentar, los directivos brit?nicos de las empresas ferrocarrileras, mineras, etc., exi gieron con mayor vigor a la Foreign Office que llegara r?pi damente a alg?n tipo de acuerdo con M?xico y restableciera la normalidad en la relaci?n. La presi?n de estos intereses no disminuy? cuando, en 1925, se perdi? el "esp?ritu de Bu careli" y el gobierno norteamericano empez? a montar toda una campa?a de presiones en contra del gobierno de Calles por su acci?n legislativa en materia de petr?leo y de propie dades ra?ces de los extranjeros.

Al principio de 1925, los gobiernos de Londres y Washing ton ten?an una idea muy semejante en relaci?n con el gobier no mexicano, pero difer?an sustancialmente en c?mo ponerla.

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en pr?ctica. Esta vez fueron los brit?nicos quienes enarbola ron la bandera de la moderaci?n y la negociaci?n de las dife rencias y propusieron a Washington adoptar un nuevo enfo que en torno al "problema mexicano". Por primera vez los diplom?ticos de Londres hicieron un diagn?stico rn?s o menos

realista de la naturaleza y alcances de la revoluci?n, y aun que la segu?an considerando negativa, aceptaron su car?cter irreversible y, por lo tanto, concluyeron que era indispensa ble tratar de negociar la restituci?n o compensaci?n de las propiedades afectadas en el pasado, as? como la situaci?n fu tura de aquellas empresas que a?n era viables, como las pe troleras. Al reanudarse las relaciones diplom?ticas anglome xicanas en 1925, el representante brit?nico adopt? una posi ci?n muy flexible frente a M?xico, que contrast? con la del embajador norteamericano. El enfoque brit?nico consisti? en tratar que las diferencias no se convirtieran en choque de prin

cipios, pues de esa manera las posibilidades de negociaci?n se reduc?an notablemente. El pragmatismo de Esmond Ovey no siempre fue bien recibido por aquellas empresas cuyos in tereses deb?a defender, pero a la larga tuvo ?xito, sobre todo

por el contraste de su actitud con la posici?n cada vez m?s negativa adoptada por los diplom?ticos y por algunos de los empresarios norteamericanos.

Para 1927, un poderoso grupo internacional con base en Estados Unidos, el del International Committee of Bankers on Mexico, logr? que el gobierno de Washington aceptara poner en pr?ctica una posici?n muy similar a la que estaba siguiendo Gran Breta?a y por las mismas razones: para re cuperar los pr?stamos hechos a M?xico en el pasado en las mejores condiciones dentro de lo posible. La Revoluci?n me xicana fue aceptada entonces por los banqueros como un fe n?meno indeseable, pero en donde hab?a campo para la ne gociaci?n. M?xico no hab?a llegado a repudiar la cuantiosa deuda externa que hab?a dejado de pagar en 1914; la conso lidaci?n de nuevo r?gimen era un prerrequisito para la nor malizaci?n de la econom?a y de las finanzas p?blicas, ?nica forma en que podr?a pagar lo que deb?a. La designaci?n de Dwight Morrow, un banquero, como embajador, permiti? poner este proyecto en pr?ctica y cuyo resultado inmediato This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:09:57 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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fue disipar la enorme tensi?n en la relaci?n entre M?xico y Estados Unidos. Es verdad que a?n habr?an de trascurrir va rios a?os antes de que las relaciones entre el nuevo r?gimen y las grandes potencias occidentales se normalizaran perma nentemente, pero las bases quedaron sentadas en esos a?os de 1925 a 1927, aunque a largo plazo el verdadero beneficia rio fue Estados Unidos, no Gran Breta?a, que ya no tuvo ca

pacidad de explotar este "retorno a la normalidad".

SIGLAS Y REFERENCIAS

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LA OBRA SOCIAL DE L?ZARO

C?RDENAS*

Mois?s Gonz?lez Navarro El Colegio de M?xico

En la primera d?cada del siglo XX en el seno mismo de la cla se dominante destaca la oposici?n pol?tica de los hacendados

norte?os, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. En la Revoluci?n Mexicana participaron (para s?lo mencionar

a los primeros presidentes y jefes revolucionarios) numero sos miembros de las clases medias, dependiente como el pro fesor de primaria Plutarco Elias Calles e independiente como el ingeniero Pascual Ortiz Rubio y el abogado Emilio Portes Gil, y peque?os propietarios como Alvaro Obreg?n, Abelar do Rodr?guez y L?zaro C?rdenas. Tal vez los dos personajes m?s carism?ticos de ese movimiento (Pancho Villa y Emilia no Zapata) sean buenos ejemplos de la clase de personas que Madero quer?a figuraran en su movimiento, que no necesi taran del presupuesto oficial para ganarse la vida y aun fue ran capaces de formar "fortunas honradas". En suma, la Re voluci?n mexicana es una alianza de clases, encabezada por la media, si bien el mayor contingente b?lico lo proporciona ron el campesinado y en menor medida los obreros.1 Al iniciarse la Revoluci?n el plan de San Luis Potos? pro pugn? moderadas reformas agrarias, al amparo de la ley de bald?os numerosos peque?os propietarios, ind?genas en su ma yor?a, abusivamente fueron despojados de sus terrenos. Esa alusi?n bast? para que se abriera la compuerta de las quejas campesinas; Zapata en su plan de Ayala, del 28 de noviem * Conferencia sustentada en el Instituto de Cooperaci?n Iberoameri cana, Madrid, el 22 de noviembre de 1983.

1 Gonz?lez Navarro, 1977, pp. 20-21. V?anse las explicaciones sobre siglas y referencias al final de este art?culo.

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MOIS?S GONZ?LEZ NAVARRO

bre de 1911, exigi? la restituci?n de las tierras, aguas y mon tes de que hubieran sido despojados los pueblos y los labra dores pobres; la dotaci?n a quienes de ellas carecieran y las necesitaran, mediante la expropiaci?n de las haciendas, pre via indemnizaci?n, y la nacionalizaci?n de los bienes de ha cendados, cient?ficos y caciques que se opusieran a ese plan.

Carranza se levant? en armas en 1913 como protesta por el asesinato de Madero por Victoriano Huerta; encabez? el am plio y heterog?neo grupo de revolucionarios que tras vencer al enemigo com?n se enfrentaron entre s?. Villa y Zapata se unieron contra Carranza a quien acorralaron en el puerto de Veracruz. Carranza se vio entonces en la necesidad de en

cauzar la legislaci?n social de sus subordinados y enfrentarse a sus enemigos con su propia bandera agraria: seg?n la ley

del 6 de enero de 1915, como los indios por falta de desarrollo

evolutivo no se hab?an adaptado a la propiedad individual, deb?a reconocerse su propiedad comunal. Atribuy? el malestar

agrario al despojo de las propiedades comunales, so pretexto de la ley de desamortizaci?n de 1856, a las concesiones, las composiciones o ventas, apeos y deslindes de las compa??as deslindadoras. Por todo esto era preciso restituir sus tierras a los pueblos y dotar a quienes carecieran de ellas.2 La ideolog?a revolucionaria se fue elaborando al calor mis mo de la lucha. En un principio tuvo un car?cter democr?ti co, rural y agrario (el Norte propugnaba, sobre todo, el frac cionamiento de los latifundios, la reorganizaci?n de los ejidos del Centro y del Sur), nacionalista, laico y anticlerical (esta ?l

tima nota fue menor en el zapatismo). Esta ideolog?a hasta la Constituci?n de 1917 fue obra, aun en sus aspectos m?s ra dicales, salvo Zapata, de una clase media urbana en ascenso que tambi?n pretend?a proteger a las grandes masas campe sinas y a los crecientes grupos obreros, pero respetando e in crementando la estructura capitalista.3 En efecto, la libera ci?n campesina de la hacienda favoreci? la migraci?n a las ciudades de mano de obra libre.

De cualquier modo, Jes?s Acu?a, secretario de Goberna 2 Gonz?lez Navarro, 1977, pp. 22-23, 38.

3 Gonz?lez Navarro, 1977, p. 40.

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LA OBRA SOCIAL DE CARDENAS

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ci?n del Primer Jefe del Ej?rcito Constitucionalista convoc? a un congreso constituyente el 14 de septiembre de 1916. S?lo los constitucionalisas estuvieron representados en ese congreso, formado por una mayor?a de militares, abogados, ingenieros y periodistas, varios profesores, poetas y m?dicos, y tres obre

ros; en suma, una gran mayor?a de la clase media urbana.

El problema principal de esa constituci?n era resolver la te nencia de la tierra. El proyecto presentado por Carranza caus?

una gran desilusi?n porque no atac? el problema de ra?z. Un nuevo proyecto establec?a que la propiedad de las tierras y aguas correspond?a originalmente a la naci?n, la cual hab?a tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a los par ticulares, constituyendo la propiedad privada, la que s?lo po dr?a ser expropiada por causa de utilidad p?blica y mediante indemnizaci?n; la sustituci?n de previa por mediante fue un cambio radical frente a la iniciativa de Carranza. La naci?n

ten?a el derecho de imponer a la propiedad privada las mo dalidades que dictara el inter?s p?blico; con tal fin se fraccio nar?an los latifundios para desarrollar la peque?a propiedad y se dotar?a de tierras y aguas a los pueblos que carecieran de ellas. Por tanto, se confirmaban las dotaciones hechas hasta entonces seg?n la ley del 6 de enero de 1915, la cual fue ele

vada al rango de constitucional. Las aspiraciones campesi

nas del Norte (inclinadas al parvifundio) y las del Sur (partida rias del ejido) transaron en el art?culo 27 de esta constituci?n.4

Caudillos y caciques se enfrentaron entre s?. Carranza ase sin? a Zapata, Calles a Villa, Obreg?n a varios de sus mejo res jefes, hasta que la pol?tica anticlerical de Calles origin? la rebeli?n cristera sobre todo en el occidente del pa?s; Mi choac?n fue uno de los estados m?s activos en ese movimien to. Obreg?n fue asesinado el 17 de junio de 1928, impidien do as? su reelecci?n. Calles explic? el primero de septiembre de ese a?o, que como por primera vez M?xico carec?a de cau dillos esto permit?a el paso a una vida de instituciones. De b?a, por tanto, respetarse el voto de los trabajadores (del campo

y de la ciudad), de las clases medias y submedias y de los in telectuales de buena fe.

4 Gonz?lez Navarro, 1977, pp. 41-44.

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MOIS?S GONZ?LEZ NAVARRO

Al convertirse Calles en el jefe m?ximo (como posteriore mente se le denomin?), llen? el vac?o de poder y domin?, en grado diverso, al pa?s durante los gobiernos de los presiden tes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Ro dr?guez. As? naci? el Partido Nacional Revolucionario (PNR) como coalici?n de los diferentes partidos revolucionarios. Por

tes Gil pas? de la presidencia de la rep?blica a la presidencia del PNR hasta que Calles lo hizo renunciar sustituy?ndolo con el joven ex gobernador de Michoac?n, L?zaro C?rdenas. ?ste ten?a a su favor que complac?a a los ' 'rojos' ' por su obra social como gobernador de Michoac?n y a los ' "blancos" por su lealtad a Calles. Al aproximarse las elecciones presiden

ciales de 1934, Manuel P?rez Trevi?o renunci? a la presi

dencia del PNR y C?rdenas a la Secretar?a de Guerra, cargo que ocup? cuando dej? la presidencia del PNR. Calles pare c?a inclinarse por P?rez Trevi?o, pero ante la creciente insa tisfacci?n por la pol?tica conservadora de Ortiz Rubio y Ro dr?guez se vio obligado a aceptar la candidatura de C?rdenas.

Esta actitud de Calles se explica porque poco despu?s de que nombr? a Portes Gil presidente provisional, Calles le su giri?, sin ?xito, incluyera en el presupuesto diez millones de pesos para el pago de la deuda agraria, con el objeto de dete ner el '"desbarajuste" rural. Al principiar 1930 Calles inten t? terminar el reparto de tierras para dar garant?as al capital;

consecuentemente varios estados dieron por terminada la do taci?n de ejidos. No es extra?o, por tanto, que Calles haya intentado sujetar a C?rdenas mediante el plan sexenal por que era un crimen " hacer experimentos a costa del hombre de las multitudes". Mientras el presidente Rodr?guez caute losamente se limit? a pedir que los estados y los municipios hicieran sus propios planes sexenales, C?rdenas adelant? la idea de que en el siguiente sexenio deber?a resolverse inte gralmente el problema agrario, esto se lograr?a de acuerdo con la doctrina del"se?or general Calles, para hacer de M? xico un pa?s fuerte y responsable". El l?der campesino Gra ciano S?nchez, despu?s de acusar a los funcionarios agrarios de ser unos ' 'perfectos burgueses" y de proporcionar a los campesinos tierras est?riles, logr? que se concediera a los peo nes acasillados el derecho a participar en las dotaciones de This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:10:02 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

LA OBRA SOCIAL DE CARDENAS

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tierras y aguas y la creaci?n del Departamento Agrario. El plan sexenal incluy? tambi?n que el presupuesto anual de dicho departamento no fuera inferior a cuatro millones de pe sos. Adem?s, se declar? un estricto respeto a la peque?a propie dad y que las tierras de los gobiernos federal y de los estados tambi?n fueran objeto de dotaci?n ejidal o de fraccionamiento

entre los peque?os agricultores. Con tal fin, los estados que carecieran de leyes de fraccionamiento las decretar?an antes de un a?o contado a partir de la aprobaci?n de este plan. Ade m?s, se reglamentar?an la ley federal del trabajo para prote ger tanto a los aparceros como a los arrendatarios y la ley federal de tierras ociosas de 1920.

El joven universitario y l?der obrero Vicente Lombardo To ledano critic? este plan porque s?lo era un proyecto de admi nistraci?n de la Constituci?n de 1917. M?s graves eran sus contradicciones y su car?cter abstracto. En suma, era fascis ta porque planificaba conservando la propiedad privada, rea firmaba adem?s la pol?tica imperialista de Estados Unidos so

bre M?xico y el Caribe.

Como el propio presidente Rodr?guez se daba cuenta de las contradicciones que exist?an en este plan y en la constitu ci?n misma, orden? a la Secretar?a de Gobernaci?n las ar

monizara. De cualquier modo, Rodr?guez cre? el Departa

mento Agrario, el cual comenz? a funcionar en los primeros d?as de 1934 y en marzo de ese a?o se expidi? el primer c?di go agrario el cual concedi? el derecho a la tierra a los peones acasillados y sustituy? las categor?as pol?ticas de los poblados por el concepto de n?cleos de poblaci?n, o sea, las reuniones de familias vinculadas socialmente y con arraigo econ?mico

en un lugar.

Por otra parte, Calles pidi? el 20 de julio de 1934 en Gua dalajara que la Revoluci?n se apoderara de la conciencia de la ni?ez y de la juventud. Poco despu?s, el 26 de septiembre de ese mismo a?o, el PNR present? una iniciativa de refor mas al art?culo tercero constitucional para que la educaci?n fuera socialista, excluyera toda ense?anza religiosa, se ba sara en la verdad cient?fica y formara un concepto de soli daridad necesaria "para la socializaci?n progresiva de los me dios de producci?n". El diputado Manlio Fabio Altamirano This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:10:02 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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MOIS?S GONZ?LEZ NAVARRO

pidi? se precisara si se trataba del socialismo ut?pico o del cient?fico. Reconoci? que la Revoluci?n mexicana era capi talista, pues el art?culo 27 constitucional creaba peque?os te rratenientes y el 123 s?lo era obrerista. Luis Enrique Erro respondi? a nombre de las comisiones dictaminadoras que su ta

rea se limitaba a hacer una escuela socialista; pedirle que de

finiera el socialismo era exigirle m?s "de lo exigible en el curso

normal de las cosas". Otro diputado insisti?, contra los ar gumentos de Altamirano, que no pod?a establecerse la escuela socialista en un r?gimen burgu?s, que el prop?sito de esa es cuela era formar en los ni?os el sentido de clase para reali

zar, tarde o temprano, la revoluci?n proletaria. A fin de cuen tas se aprob? la reforma al art?culo tercero porque Calles era un socialista rectil?neo; aprobar ese dictamen significaba con

fiar en C?rdenas y en "el control del se?or general Calles".

El senador Ernesto Soto Reyes record? que cuando C?rde nas fue gobernador de Michoac?n propugn? por la socializa ci?n de las profesiones.

Durante su campa?a electoral C?rdenas ofreci? satisfacer las necesidades de tierras, aguas y cr?dito, en el plazo m?s

breve posible para as? poder adquirir art?culos manufactura dos. Las campa?as antialcoh?lica y antifan?tica completaron su programa agrario. En este ?ltimo punto hubo un cambio fundamental: en lo sucesivo el ejido no s?lo permitir?a la sub sistencia del ejidatario, sino que adem?s aumentar?a la produc

ci?n agraria. Con gran optimismo confiaba en que, a lo sumo en dos a?os, se concluir?a totalmente el reparto de tierras.5 Al asumir la presidencia, el 30 de noviembre de 1934, C?r denas confes? que en algunas regiones del pa?s se hab?a dete nido, por diversas y accidentales circunstancias, la dotaci?n de tierras a los pueblos; ofreci? continuarla para lograr una producci?n eficiente y abundante. Su gobierno no se limita r?a a satisfacer las dotaciones pendientes, sino que se?alar?a nuevas zonas a los campesinos que hubieran sido dotados de tierras impropias para el cultivo, as? como sustituir las que estuvieran comprendidas dentro de las reservaciones foresta les. Al principiar su r?gimen, acaso por el ascendiente de Ca 5 Gonz?lez Navarro, 1977, pp. 45-49.

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lies, en la pol?tica de algunos gobiernos locales predomina un car?cter conciliador y moderado, de acuerdo con la idea de que era preciso incrementar la riqueza nacional, pero sin con siderar al trabajador como una m?quina.

Tal vez por esta raz?n Lombardo Toledano manifest?, el 20 de enero de 1935, que el movimiento obrero no se solida rizaba con el jacobinismo de C?rdenas, que trataba de desfa natizar mediante un "falso socialismo".

En otros estados, en cambio, se multiplicaron las huelgas,

en especial las declaradas por solidaridad. Con ese motivo se acus? a C?rdenas de comunista, cargo que rechaz? por que no pod?a se?alarse una sola frase en que se hubiera de clarado partidario del comunismo, "sistema ex?tico que no responde a las condiciones propias de nuestro pa?s". Asegu r? que en cuanto se realizaran los ajustes necesarios entre el

capital y el trabajo, ?ste gozar?a de todas las garant?as necesa

rias de parte del gobierno y de la lealtad y cooperaci?n de sus obreros. Gracias a los altos salarios de los trabajadores se obtendr?a, adem?s, un aumento en el n?mero de consu midores. Sin embargo, dos meses despu?s, Calles critic? el "marat?n de radicalismo" iniciado en enero de ese a?o con una ola de huelgas, muchas de ellas enteramente injustifica das, sobre todo las declaradas por solidaridad, en un momento

en que el pa?s necesitaba cordura y tranquilidad espiritual.

Hizo responsable de esas huelgas sobre todo a Lombardo To ledano. C?rdenas, gracias a que discretamente hab?a susti tuido a los jefes militares nombrados por Calles por partida rios suyos, ya que para entonces los l?deres obreros se hab?an

convencido de que el presidente los apoyaba, logr? que Ca lles saliera pac?ficamente del pa?s. Poco antes el Sindicato Mexicano de Electricistas promovi?, el 15 de junio de 1935, la firma de un pacto de solidaridad que instituy? el Comit?

Nacional de Defensa Proletaria, integrado por tranviarios, trabajadores de las artes gr?ficas, ferrocarrileros, mineros, elec

tricistas, etc?tera.

Mientras el antiguo l?der de la CROM, Luis N. Morones, apoyaba a Calles en su cr?tica a los l?deres obreros promoto

res de las huelgas, los j?venes apoyaban a C?rdenas en su lucha contra el Jefe M?ximo. El 22 de diciembre de ese a?o,

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MO?SES GONZALEZ NAVARRO

C?rdenas enumer? las verdaderas causas de su distanciamiento con Calles: exterminio de los centros de vicio, cancelaci?n del seguro del pasajero, desplazamiento de la beneficiencia p? blica del general Jos? Mar?a Tapia; suspensi?n de la tala de los bosques de M?xico y Michoac?n, restituci?n de tierras a los pueblos ind?genas del Mezquital, Durango, etc., todo esto se traduc?a en perjuicios directos a los favoritos de Calles. El desenlace fue la expulsi?n de M?xico de Calles y de sus ?ntimos:

Morones, Luis L. Le?n, Melchor Ortega y el general Tapia.

De este modo C?rdenas liquid? a los "socialistas millonarios" que, gracias a los altos puestos que hab?an desempe?ado, se hab?an convertido en pr?speros hombres de negocios.6 Una de las m?s importantes tareas del PNR fue la unifica ci?n campesina cosa que, en v?speras de la elecci?n de C?rde nas, algunos juzgaban imposible porque exist?an numerosas organizaciones, muchas de ellas sin un programa preciso.

Entre las m?s sobresalientes se cuentan la Liga Nacional Cam pesina (LNC), de la cual se desprendi? la Confederaci?n Sin dical Unitaria de M?xico que fracas? porque el Partido Co munista Mexicano, con el cual estaba ligado, interpret? la crisis mundial de 1929 como el fin del capitalismo. M?s per manente, en cambio, fue la Confederaci?n Campesina Me xicana (GCM) que se organiz? en mayo de 1933 en San Luis Potos?. Destacaron en la formaci?n de ?stas tres importantes l?deres de la LNC; el m?s sobresaliente de ellos fue Graciano S?nchez. La CCM oblig? a Calles a aceptar la candidatura de C?rdenas y en su tercera asamblea ordinaria celebrada en la ciudad de M?xico (del primero al tres de diciembre de 1934), propugn? por que la peque?a propiedad perdiera su valor co mercial y s?lo conservara el sucesorio, y su extensi?n fuera igual a la de la parcela ejidal; con esta ?ltima deber?an for marse empresas colectivas, dependientes del Departamento Agrario, con el fin de industrializar la agricultura. Aunque su prop?sito ?ltimo era la organizaci?n colectiva del ejido, en algunos lugares deber?a llegarse a ese objetivo mediante la organizaci?n de cooperativas de compra-venta en com?n.

Tambi?n pidi? simplificar los procedimientos agrarios y con 6 Gonz?lez Navarro, 1977, 70-74.

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LA OBRA SOCIAL DE CARDENAS

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la idea de que el ejido se convirtiera en la ?nica forma de ex plotaci?n de la tierra las disposiciones agrarias colaterales (frac cionamiento de los latifundios y tierras ociosas), deber?an re

fundirse en la legislaci?n ejidal.

El presidente C?rdenas explic?, el 9 de julio de 1935, que hasta entonces los prop?sitos de unificaci?n campesina ha b?an fracasado por obra de quienes s?lo buscaban satisfacer sus apetitos personales. Por esa raz?n se hab?a interrumpido la restituci?n y dotaci?n de ejidos. Urg?a, adem?s, encauzar la legislaci?n agraria o aspectos hasta entonces no previstos: seguro de vida, protecci?n en los casos de enfermedades y ac cidentes de trabajo, seguro por p?rdida de las cosechas, etc.

Para el logro de esos fines era necesario unificar a los ejidata rios en un organismo permanente; esta tarea correspond?a al PNR. Antecedentes de este acuerdo de C?rdenas se encuen tran en su prop?sito de unificar a los campesinos de Michoa c?n cuando gobern? su estado natal. La declaraci?n de prin cipios de la Confederaci?n Nacional Campesina (CNC) inclu?a en su seno a los peones acasillados, los aparceros, los peque ?os agricultores y dem?s trabajadores del campo organizados.

Solidaridad con los obreros, educaci?n basada en el socialis mo cient?fico, el ejido pivote de la econom?a agr?cola, frac cionamientos de los latifundios para su explotaci?n colectiva por los campesinos organizados. En suma, la socializaci?n de la tierra.

Serias diferencias surgieron entre Lombardo Toledano y el PNR poco despu?s, cuando el 17 de febrero de 1936 se ini ci? el segundo y ?ltimo congreso de la Confederaci?n Gene ral de Obreros y Campesinos de M?xico (CGOCM) bajo la presidencia provisional de Fernando Amilpa, con asistencia de 1 500 delegados en representaci?n de 600 000 trabajado res. Al disolverse este organismo naci? la Confederaci?n de

Trabajadores de M?xico (CTM), con Lombardo Toledano

como su secretario general, con el prop?sito mediato de lu char por la total abolici?n del capitalismo, y el inmediato de la liberaci?n pol?tica y econ?mica del pa?s; la lucha por el de recho de huelga, la asociaci?n sindical, combate a todos los credos religiosos y a todas las iglesias, y a quienes pretendie ran anteponer el cooperativismo al sindicalismo y al socialis This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:10:02 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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MO?SES GONZALEZ NAVARRO

mo, la incorporaci?n de los trabajadores al servicio del Esta do al resto de los asalariados, el reconocimiento del car?cter internacional del movimiento obrero y del campesino y ac ci?n directa contra los capitalistas. Como al fundarse la CTM se habl? de convocar a un congreso de unificaci?n campesi na, opuesto o concurrente al PNR, C?rdenas la desautoriz? porque ?l hab?a ordenado al PNR (partido de gobierno) que unificara a los campesinos desde el 9 de julio de 1935. Por tanto, si la CTM compet?a en ese esfuerzo s?lo introducir?a las fatales pugnas internas del proletariado industrial.7 En enero de 1936 estall? una huelga en la vidriera de Monte rrey. Los patrones acusaron a Lombardo Toledano de querer imponerles condiciones contrarias a la ley. La CGCOM replic? que la vidriera no hab?a respetado el recuento de los huel guistas. Los d?as 5 y 6 de febrero los patrones realizaron un paro general en Monterrey, apoyados por la CGT y la CROM,

al amparo de una bandera religiosa, nacionalista y antico munista. C?rdenas se traslad? a Monterrey el 6 de febrero y el 11 de ese mes encareci? a los patrones la necesidad de la cooperaci?n entre el gobierno y los factores de la produc ci?n y la conveniencia de crear una central ?nica de trabaja dores industriales para terminar con las nocivas pugnas in tergremiales. Afirm? el papel del gobierno como arbitro y neg?

que la causa de la agitaci?n social fueran los comunistas, es casos en n?mero y poco influyentes. Los patrones que se sin tieran fatigados de la lucha social podr?an entregar sus indus

trias a los obreros o al gobierno, el paro no era patri?tico.

El Centro Patronal de Nuevo Le?n respondi? indirectamente al presidente, el 19 de febrero, que el comunismo se extend?a por todo el pa?s y, desde luego, no estaban dispuestos a en tregar sus industrias a los obreros o al gobierno. C?rdenas les respondi? el 14 de marzo que la legislaci?n obrera pasaba por un inevitable periodo experimental, que el ?nico m?vil de los patrones era el lucro, y su decisi?n de no entregar sus industrias era la mejor demostraci?n de que ?stas les rend?an "muy estimables" utilidades.8 7 Gonz?lez Navarro, 1977, pp. 75-88.

8 CTM, s/f., pp. 21-28.

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Pocos meses despu?s el Sindicato Mexicano de Electricis tas inici? una huelga contra la Compa??a Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, en virtud de haberse negado la empresa a mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. La huelga se prolong? durante 10 d?as, al final de los cuales la empresa accedi? a las peticiones de los trabajadores. ?sta fue la prime ra victoria de la CTM contra una empresa extranjera, ?stos detentaban la mayor parte de la riqueza nacional. Otra victoria

de la CTM y de C?rdenas fue el pago del descanso semanal.9 Con car?cter experimental a principios de 1937 contendie ron las ligas agrarias, la CTM y los jefes militares de Coahuila,

Distrito Federal y Yucat?n. Satisfecho C?rdenas de ese ex perimento el 31 de febrero de 1937 la CCM, el PNR, la CTM y el PCM firmaron un pacto de frente electoral popular. A fines de ese a?o C?rdenas fue informado por la comisi?n re visora de los principios del PNR de la necesidad de formar un cuarto sector; el presidente en un principio rechaz? esta idea porque el PNR deber?a ser el partido de la vanguardia de los trabajadores, pero despu?s la acept?, a t?tulo experi mental y con afiliaci?n individual. M?s francamente C?rde nas explic? el primero de enero de 1938 que en el partido de los trabajadores en formaci?n deber?a participar la clase me dia que prestaba sus servicios profesionales o trabajo directo y personal en la agricultura, la industria y el comercio, por que tambi?n ellos eran explotados.

La expropiaci?n petrolera decretada el 18 de marzo de ese a?o de 1938 oblig? a C?rdenas a buscar todos los apoyos po sibles para resistir a las compa??as petroleras. Una semana despu?s motu proprio los gobernadores se reunieron con C?r denas para apoyar al presidente. Acordaron que la aplicaci?n de las leyes agrarias quedara bajo su responsabilidad pero coor

dinando sus actividades con el Departamento Agrario y con el Banco de Cr?dito Ejidal, fundado desde 1936, en susti tuci?n del Agr?cola de 1926, obra de Calles y Manuel G? mez Mor?n. Este pas? del liberalismo social al econ?mico, Lombardo Toledano del socialismo cristiano al marxismo. El prop?sito de Calles era formar una clase media rural.

9 CTM, s/f., pp. 11, 104, 105, 477.

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MOIS?S GONZ?LEZ NAVARRO

El 30 de marzo de 1938 el PNR se transform? en el Parti

do de la Revoluci?n Mexicana (PRM). Las ligas de comuni dades agrarias y la CCM formar?an el sector agrario; la CTM,

la CROM y la CGT, el sindicato de mineros y el de electricis tas el sector obrero. El ej?rcito y la marina formar?an el sec tor militar y habr?a un cuarto sector, el popular. El PRM acep t? la lucha de clases como fen?meno inherente al capitalismo y reconoci? como uno de sus objetivos fundamentales la pre paraci?n del pueblo para llegar al socialismo. Propugn? el ejido colectivo, la creaci?n del seguro agr?cola y del seguro social, el rechazo absoluto del arbitraje obligatorio, la progresiva na cionalizaci?n de la gran industria y el desarrollo del coopera tivismo, especialmente el de consumo, como auxiliar del me joramiento econ?mico de los trabajadores.

En el aspecto formal la mayor diferencia entre el PNR y el PRM es el car?cter "indirecto" del segundo. El reci?n for mado sector popular fue la excepci?n porque entonces para pertenecer a ?l era preciso hacer una solicitud escrita por con ducto de alguno de los ?rganos directivos del partido, en los otros sectores, en cambio, la afiliaci?n fue autom?tica.

Aunque en 1929 (los cristeros y la revuelta de Jos? Gonza lo Escobar) representaron un peligro militar mayor que en 1938, C?rdenas a partir de la expropiaci?n petrolera fren? ciertos aspectos de su pol?tica social, si bien el PRM acentu?

su radicalismo verbal. La Oficina de la Peque?a Propiedad

se cre? en mayo de 1938 para combatir las inversiones ilega les al parvifundio, conforme a lo acordado con los goberna dores el 28 de marzo de 1938 para impedir que los rancheros se unieran a la contrarrevoluci?n.

El 27 de agosto de 1938 C?rdenas exhort? a los delegados

a la asamblea constituyente de la CNC a que concedieran puestos directivos en ella a los amigos no campesinos que hasta

entonces los hab?an acompa?ado en su lucha. Al d?a siguiente se constituy? la CNC con cerca de tres millones de campesi nos. Formaron parte de ella las ligas de comunidades agrarias y sindicatos campesinos, cooperativas campesinas, colonias militares y peque?os propietarios aut?nticos. Al d?a siguien te, el 29 de agosto, el secretario general de la CNC, Graciano S?nchez, propugn? el ejido colectivo.

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En el oto?o de 1938, 150 000 empleados del gobierno fede ral reforzaron el sector popular. Mucho se discuti? la inicia tiva presidencial en la c?mara de diputados para crear el Es tatuto Jur?dico de los Trabajadores al Servicio del Estado, especialmente el derecho de huelga frente al Estado. Se dijo entonces que el presidente ya no lo aprobaba; C?rdenas des minti? ese rumor, pero advirti? que no deseaba que los bu r?cratas se adhirieran a ninguna central obrera, por esta raz?n

se incorporaron al sector popular.10 Por otra parte, las autoridades confiaban que el cooperati vismo mejorar?a a los trabajadores, al convertirlos en su pro pio patr?n. En todo el pa?s en 1936-1937 se organizaron 233 cooperativas de consumidores con 10 407 socios y un capital inicial de 1 329 906 pesos.11 Desde 1936 se comenz? a sen tir la necesidad de sustituir la ley de 1933; en 1937 C?rde nas envi? a la c?mara de diputados un proyecto de ley para evitar las simulaciones que convert?an a las cooperativas en empresas capitalistas. A partir del plan sexenal ya no se con sider? el cooperativismo como colaboraci?n entre las clases, sino como un medio de que las cooperativas de consumo ro bustecieran las organizaciones obreras, y las de producci?n protegieran a los trabajadores ocupados en la econom?a pre capitalista. Como la comisi?n dictaminadora de los diputa dos constat? serias discrepancias entre expresiones p?blicas

del presidente y esta iniciativa, entrevistaron a C?rdenas para manifestarle que ese proyecto favorec?a al capitalismo porque amenazaba con disolver las cooperativas que compitieran con las empresas mercantiles; con el pretexto de que esa compe tencia deprimir?a los salarios, C?rdenas les respondi? que los dejaba en absoluta libertad. Al fin de diciembre de 1937 nuevo dictamen pidi? la aprobaci?n de esta iniciativa presidencial, salvo la ampliaci?n de la definici?n de las sociedades coope rativas, conforme a la idea de que ?stas no persegu?an fines de lucro y estar?an integradas por trabajadores. En opini?n de la CTM esta ley todav?a era bastante defectuosa, pero al obligar a los dirigentes a caucionar su manejo, y a sus miem 10 Gonz?lez Navarro, 1977, pp. 89-98.

11 Memoria Secretar?a Econom?a, 1937, p. 192.

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bros a que trabajaran en ellas se avanzaba en el camino de su depuraci?n.12 El 15 de febrero de 1938 se public? esta ley.

Todav?a en abril de 1940 la CTM critic? que las cooperati

vas de consumo contaban con raqu?ticos capitales. Las de pro ducci?n, en cambio, se desarrollaron sobre todo en los trans portes, la pesca, el cultivo del ixtle, los ingenios azucareros de Ayotla (estado de M?xico) y Zacatepec (Morelos). Sin em bargo, tal vez las m?s importantes las cre? directamente el propio gobierno: Talleres de Vestuario y de Equipo y Talle res Gr?ficos de la Naci?n.13

Cuando el 23 de junio de 1937 C?rdenas nacionaliz? los

ferrocarriles el sindicato correspondiente pidi? que, en cum plimiento del plan sexenal, se socializara toda la econom?a.

El 15 de abril del a?o siguiente C?rdenas propuso a la c?ma ra de diputados la creaci?n de la Administraci?n Nacional Obrera de los Ferrocarriles, porque el Estado no estaba ca pacitado t?cnicamente para manejarlos, y, en cambio, el sin dicato hab?a demostrado ser responsable y capaz de prestar ese servicio p?blico. En s?lo una semana ese proyecto fue apro

bado por ambas c?maras.14 C?rdenas inform? al Congreso de la Uni?n, el primero de septiembre de 1938, que gracias a la administraci?n obrera, en el corto espacio de un mes ha b?a disminuido sensiblemente el costo de operaci?n del siste ma y mejorado a tal grado sus finanzas que hab?a pagado sus obligaciones al exterior y los impuestos al gobierno federal.15 Sin embargo, aparte del conflicto entre los peones y los obre

ros calificados, los accidentes de fines de 1938 y principios de 1939 dieron una magn?fica ocasi?n para atacar a la admi nistraci?n obrera que, entre otros problemas, se enfrentaba al de haber mantenido las antiguas relaciones de trabajo; es

ta doble personalidad patr?n y trabajador relaj? enormemente la disciplina.16 Entonces se dijo que dentro del capitalismo ni

siquiera una industria administrada por los obreros pod?a

12 CTM, s/f., p. 853; DdD, 1937, 28 de septiembre, pp. 18-32; 16 de

noviembre, pp. 9-11; 23 de diciembre, pp. 19-32; 29 de diciembre, pp. 7-25.

13 14 15 16

Rojas Coria, 1952, p. 366; Weyl, 1955, p. 274.

CTM, s/f., pp. 275-277; DdS, 1928, 21 de abril, pp. 8-16.

El Nacional, M?xico, D.F., 2 de septiembre de 1938.

Weyl, 1955, p. 277.

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escapar a las leyes de ese sistema.17 Ante la creciente magni tud de estos problemas el presidente previno a los trabajado res, el 1 de septiembre de 1940, contra la lenidad, disimulo, y esquivez a las obligaciones en perjuicio de la colectividad, cuyos intereses deber?an prevalecer sobre los de grupo.18

Varias explicaciones se han dado de este asunto; seg?n un escritor porfirista C?rdenas entreg? los ferrocarriles a los

obreros porque en un principio cre?a que eran capaces de ad ministrarlos, seg?n otros s?lo quiso resolver una emergen cia, pero en opini?n del l?der comunista Valent?n Campa en realidad trat? de maniatar las peticiones sindicales para per mitir que continuaran las tarifas privilegiadas de las compa ??as mineras extranjeras; por tanto, era inexacta la tesis de que la administraci?n obrera de los ferrocarriles fue un "ex perimento socialista".19 C?rdenas tambi?n enfrent? serios problemas con los tra bajadores petroleros, porque se cometi? el error de ofrecerles

poner en vigor el laudo de diciembre de 1937. Seg?n el inta chable testimonio de Jes?s Silva Herzog, aunque la inmensa mayor?a de los trabajadores eran competentes y honorables, algunos de sus dirigentes los defend?an aun cuando no tuvie ran raz?n. Aument? el n?mero de trabajadores y, por supues to, sus salarios, principalmente en beneficio de los emplea dos administrativos. Ante esta situaci?n C?rdenas declar?, a mediados de 1939, que el sindicato deber?a entender que su acci?n no pod?a ser la lucha contra el Estado, por no ser ?ste una unidad capitalista ni un organismo utilitario. C?r denas pidi? a los trabajadores el 26 de febrero de 1940 ur gentes econom?as. En abril de ese a?o el sindicato lejos de aceptar esa petici?n formul? nuevas demandas, como mane jar ellos los organismos directivos y suprimir ciertos descuentos

a sus salarios. El 25 de mayo de ese a?o el presidente lejos de aceptar esas exigencias insisti? en suprimir puestos inne cesarios y el pago del tiempo extra. Trat? de hacerles ver que como la expropiaci?n hab?a significado grandes sacrificios para 17 Alba, 1960, p. 393.

18 DdD, 1940, p. 18.

19 Alba, 1960, pp. 253, 265; Campa, 1955, p. 229.

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todo el pa?s, correspond?a a los petroleros la mayor respon sabilidad en solucionar esos problemas. A mediados de 1940 las tres instituciones descentralizadas que manejaban el pe tr?leo ten?an un d?ficit de 68 millones de pesos; con tal moti

vo plantearon un conflicto de orden econ?mico el 25 de julio de 1940. El presidente dispuso modificar las prestaciones sobre

rentas de casas, suspender el pago del fondo de ahorros, su primir los puestos innecesarios, limitar las vacaciones a seis d?as anuales, suspender el pago de sueldos y gastos a las co misiones sindicales, sin la previa conformidad de las autori dades. El 28 de noviembre de ese a?o (dos d?as antes de que terminara el mandato de C?rdenas) la Junta Federal de Con ciliaci?n y Arbitraje acept? esta demanda presidencial.20 Como se ha visto la expropiaci?n petrolera fue el punto de flexi?n de la obra social de C?rdenas, sujeta a presiones tremendas de las compa??as petroleras. Por ?so se fren? la reforma agraria y aunque el 26 de marzo de 1938 el presi dente concluy? el proyecto de ley del seguro social y ofreci? enviarlo a las c?maras el 1 de septiembre de ese a?o, ya no lo hizo. Seg?n ese proyecto se cubrir?an los riesgos corres pondientes a las enfermedades profesionales y a las no profe sionales, la maternidad, los accidentes de trabajo, la vejez, la invalidez y la desocupaci?n voluntaria. Pero como ni el ma terial estad?stico, ni la experiencia actuarial, ni las posibili dades econ?micas permit?an cubrir de inmediato la totalidad de los riesgos asegurables, se limitar?a a los riesgos m?s gra ves y amplios. Amparar?a a los trabajadores urbanos y rura les que sin grandes dificultades pudieran incluirse en ?l, in clusive aparceros y arrendatarios, considerando como patr?n a quien diera la tierra en aparcer?a o en arrendamiento. Se limitar?a tambi?n la aplicaci?n en raz?n del monto de los in gresos percibidos por los trabajadores para excluir a los que estuvieran en posibilidad de afrontar esos riesgos con sus pro

pias fuerzas.21

20 Silva Herzog, 1941, pp. 214-221, 229, 230, 238, 242, 245, 255, 261-267, 269-274; Weyl, 1955, p. 262.

21 El Nacional, M?xico, D.F., 2 de septiembre de 1938; Memoria Secre tar?a Gobernaci?n, 1938, pp. 200-231.

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LA OBRA SOCIAL DE CARDENAS 369 En la politica sanitaria y asistencial destaca la lucha con tra el alcoholismo. Desde que fungi6 como gobernador mi choacano, no contento con fijar altos impuestos a las canti nas, cervecerias y pulquerias, las oblige a exhibir carteles en los que se leia que los padres disipaban sus ahorros "mien tras las madres y los hijos temblaban de frio en las calles".

El alcoholismo michoacano, segun Cardenas, era producto de la ignorancia del indio, mientras que el norteamericano era resultado de "su propia degeneraci6n". El PNR coinci di6 con el futuro presidente Cardenas cuando en la campafia de este dispuso que no se utilizaran bebidas alcoholicas para atraer a los comitentes. Ya presidente prohibit la venta de bebidas alcoholicas en ffbricas, minas, ejidos, colonias agri colas, en general en los centros de poblaci6n rural, y sobre todo donde mas de la mitad de sus habitantes fueran campe sinos o indigenas.22 Tambien dio especial impulso a la lucha contra la sifilis, dentro del marco de una campaiia nacional antivenerea que, de hecho, se inici6 en los primeros afios de la Revoluci6n. Concretamente las autoridades sanitarias fe derales se propusieron en 1938 rehabilitar a las prostitutas mayores de edad, y aumentar la prevenci6n entre las meno res; al afio siguiente se suprimi6 la zona de tolerancia. Este esfuerzo tropieza, entre otros obstaculos con la falta de coope

raci6n de las autoridades municipales y estatales, porque con frecuencia obtenian buena parte de sus ingresos de los per misos concedidos a la explotaci6n de las prostitutas. Un es fuerzo mas en ese sentido es el reglamento del 26 de enero de 1940, que ademais de derogar el de 14 afios antes para el ejercicio de la prostituci6n estableci6 la obligatoriedad del trata miento medico para quienes padecieran estas enfermedades.23 La lucha contra la tuberculosis tambien mereci6 especial cuidado de parte de Lazaro Cardenas; asi en 1936 se termi n6 el sanatorio de Huipulco destinado a ese fin, y tres afios

despues se creo el Comite Nacional de Lucha contra la Tu berculosis.24 22 GONZALEZ NAVARRO, 1974, I, pp. 284-285.

23 GONZALEZ NAVARRO, 1974, i, pp. 376-381.

24 GONZALEZ NAVARRO, 1974, I, p. 369.

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MO?SES GONZALEZ NAVARRO

Estas campa?as encuadran dentro de una pol?tica demo gr?fica natalista, "gobernar es poblar", natural porque el pa?s

apenas comenzaba a recuperarse de las p?rdidas causadas por la Revoluci?n, los muertos en combate, los menos y las de funciones por las epidemias y la pandemia de la influencia espa?ola, los m?s. C?rdenas atribuy? el incremento de la po blaci?n tanto a las mejoras sanitarias como a la obra social

revolucionaria. De hecho, vislumbr? la "explosi?n" demo

gr?fica que, en cierto modo, arranca a partir de entonces. In cluso el gobernador de Tamaulipas estableci? un impuesto al celibato a partir del 1 de enero de 1938; el producto de ese impuesto se destinar?a a la beneficiencia.25 Lo cierto es que la poblaci?n aument? de 16 552 722 en 1930, a 18 287 647 en 1936 y a 19 653 000 en 1940.26 El Primer Plan Sexenal previo un aumento en los presupuestos federales destinados

a la salubridad de 3.03% en 1933 a 5.5% en 1939 del total del presupuesto.27 Durante la presidencia de C?rdenas los ejidos (7 049 en 1935 y 14 680 en 1940) y los ejidatarios (598 413 en 1935 y 1 601 479 en 1940) se duplican; la superficie de los ejidos aumenta a m?s del doble (11 827 707 en 1935 y 28 922 808 en 1940).28 Asimismo, aumenta el n?mero de huelgas (202 en 1934, 642 en 1935, 674 en 1936, 576 en 1937, 319 en 1938, 303 en 1939 y 357 en 1940), sobre todo si se comparan con las cifras de Calles (7 en 1928), si bien se advierte que dismi nuyen a partir de 1937, despu?s de las huelgas contra la Vi

driera y la Compa??a de Luz. M?s o menos paralelamente aumentan los huelguistas (14 685 en 1934, 145 212 en 1935,

113 885 en 1936, 61 732 en 1937, 13 435 en 1938, 14 486 en 1939 y 19 784 en 1940), en este caso llegan a su m?ximo

en 1935 (el "marat?n de radicalismo" denunciado por Ca lles), frente a s?lo 498 en el ?ltimo a?o de Calles y 227 en 1931 durante la presidencia de Ortiz Rubio. Adem?s, tam

25 Gonz?lez Navarro, 1974, i, p. 25.

26 Gonz?lez Navarro, 1974, cuadro 4, pp. 52 y 53.

27 Gonz?lez Navarro, 1974, i, p. 412.

28 Primer Censo Ejidal, 1937, pp. 36, 37; Segundo Censo Ejidal, 1954,

p. 514.

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bien es claro que la obra social de C?rdenas ayud? a la recu peraci?n de la crisis de 1929, desde luego con la repatriaci?n de numerosos mexicanos de Estados Unidos y con la expan si?n del mercado interno. En efecto, los hombres sin trabajo disminuyen de 191 371 en 1935 a 186 904 en 1936 y a 180 128 en 1937, si bien de nueva cuenta aumentaron (seguramente a causa del desajuste por la expropiaci?n petrolera), en 1938 a 209 332, para de nuevo descender a 198 593 en 1939 y a 184 274 en 1940.29 La obra social de C?rdenas signific? el intento de fortale cer al Estado en beneficio de los trabajadores, dentro del marco capitalista de la Constituci?n de 1917. Favoreci? a la burgues?a

al dejar a los trabajadores bancarios fuera del art?culo 123 constitucional. De hecho, C?rdenas logr? un equilibrio en tre la burgues?a y los trabajadores.30 Lograrlo no fue f?cil, tuvo que vencer la resistencia de la Uni?n Nacional Sinar quista, vigoroso movimiento campesino y artesanal que naci? en 1937 y alimentado por las personas a quienes no hab?a beneficiado la Revoluci?n, la revuelta militar de Saturnino Cedillo poco despu?s de haber decretado la expropiaci?n pe trolera, y al Partido Acci?n Nacional (nacido en 1939 a seme janza de la Acci?n Francesa) que aglutin? bajo la presiden cia de Manuel G?mez Mor?n un grupo de personas ligadas al porfiriato o a gobiernos revolucionarios moderados.

C?rdenas vence a la hacienda, la instituci?n agraria colo nial m?s importante; en ese sentido es indigenista, pero tam bi?n acoge a los espa?oles republicanos vencidos y a nume rosos perseguidos por la barbarie nazi en Europa. Por tanto, en rigor puede calificarse su obra de humanismo proletario.

Corrobora esta tesis su idea de que la Revoluci?n mexica na proclam? la incorporaci?n de la cultura universal al ind? gena, sobre la base de la personalidad racial y el respeto de su conciencia y de su entidad.

El programa de la emancipaci?n del ind?gena es, en esencia, el de la emancipaci?n del proletariado de cualquier pa?s, pero sin 29 Gonz?lez Navarro, 1984, pp. 90-92; Anuario Estad?stico, 1942, p. 431.

30 Gonz?lez Navarro, 1965, p. 226.

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MOIS?S GONZ?LEZ NAVARRO

olvidar las condiciones especiales de su clima, de sus anteceden tes y de sus necesidades que le dan una peculiar fisonom?a.

En suma, la pol?tica indigenista de C?rdenas se bas? en el criterio que el presidente expres? en el Congreso Indigenis

ta Interamericano de P?tzcuaro: "Mexicanizar al indio".31 Objetivamente al vencer a la hacienda facilita el desarro llo capitalista. Que tal vez subjetivamente hubiera deseado otra cosa, lo indican su autobiograf?a, y su radicalismo pos terior: por ejemplo, sus declaraciones del 20 de agosto de 1967;

las autoridades locales no siempre investigaban si las inva

siones de tierras eran ilegales, de todos modos no se justifica

ba el encarcelamiento de quienes, dotados con una resoluci?n presidencial favorable, obraban movidos por la desesperaci?n de que no se cumplieran tales acuerdos; en varias partes, con cretamente en Yucat?n, hab?a miseria injustificada porque a?n pod?a dotarse de tierras a un gran n?mero y se pod?a aumentar la productividad con t?cnica y fertilizantes. Lo an terior no significaba, conclu?a C?rdenas, que M?xico estu viera en v?speras de una resoluci?n, pero s? que era preciso impedir que hubiera m?s campesinos sin tierra que con ella.32

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32 Gonz?lez Navarro, 1977, p. 186.

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LA OBRA SOCIAL DE C?RDENAS 373

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374 MOIS?S GONZ?LEZ NAVARRO

Seis a?os 1940 Seis a?os al servicio de M?xico, M?xico, Talleres Tipogr? ficos La Nacional, Impresora.

Silva Herzog, Jes?s

1941 Petr?leo mexicano, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica.

Weyl, Nathaniel y Silvia

1955 "La reconquista de M?xico (los d?as de L?zaro C?rde nas)" , en Problemas Agr?colas e Industriales de M?xico, M?

xico, vii:4 (oct.-dic).

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EXAMEN DE LIBROS Don M. Coerver y Linda B. Hall: Texas and the Mexican Revolution: a study in state and national border policy, 1910-1920.

San Antonio, Texas, Trinity University Press, 1984, 167 pp.

Este libro trata de la interacci?n de Texas y Estados Unidos durante la ?poca revolucionaria de 1910 a 1920 en M?xico.

Analiza las posiciones respectivas de los gobiernos estatal y federal en llegar a un acuerdo sobre las pol?ticas y medidas m?s adecuadas para resolver la dif?cil situaci?n en la fronte

ra. La investigaci?n de Coerver y Hall est? basada princi

palmente en archivos norteamericanos y, en segundo lugar, peri?dicos, colecciones de documentos publicados, libros y ar t?culos. En particular, han utilizado los papeles de los gober nadores guardados en el archivo estatal de Texas. Tambi?n han hecho uso extensivo de la correspondencia personal de

Osear B. Colquitt en la Universidad de Texas, en Austin, de Hugh Lennox Scott en la Biblioteca del Congreso, y los archivos de la Oficina Federal de Investigaci?n situados en Washington y Fort Worth, Texas.

Los autores muestran que el papel importante que Texas

tuvo durante la Revoluci?n se debi? en gran parte a la impor tancia geogr?fico-hist?rica que la regi?n del R?o Bravo ocup? en las relaciones entre M?xico y Estados Unidos. El r?o no s?lo form? la mitad de la l?nea de demarcaci?n pol?tica entre los dos pa?ses, sino que tambi?n delimit? una zona en que los lazos econ?micos, sociales, religiosos y culturales entre el norte de M?xico y el sur de Texas superaron la importancia jur?dica de la frontera. Cualquier disturbio pol?tico que ocu rriera en un lado de la frontera tendr?a repercusiones al otro lado. Los l?deres y miembros de grupos insurgentes exiliados 375 This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:10:07 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

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EXAMEN DE LIBROS

en los pueblos t?janos utilizaron a Texas como una base para lanzar ataques contra M?xico. Puesto que dos de las princi pales campa?as militares de la Revoluci?n se desarrollaron en los estados mexicanos norte?os de Chihuahua y Coahuila, las ciudades fronterizas, en especial, Ciudad Ju?rez, sirvieron como lugares estrat?gicos para la importaci?n de armas y mu

niciones de Estados Unidos. Las batallas que tuvieron lugar para el control de estos puntos amenazaron extenderse a las poblaciones situadas al otro lado del r?o.

El libro subraya los esfuerzos del gobierno texano por con servar alg?n remedo de orden a lo largo de la frontera con M?xico, as? como para proteger las vidas y propiedades de sus ciudadanos. Los gobernadores Thomas M. Campbell, Os ear B. Colquitt, James E. Ferguson y William P. Hobby es tuvieron en contacto con los acontecimientos revolucionarios y respondieron a los intereses de sus electores en el sur de Texas, una mayor?a de los cuales eran mexicanos. Aunque las autoridades locales en los pueblos generalmente coopera ron con las del estado, hubo conflicto entre las administra ciones estatal y nacional sobre este punto. Los oficiales texa nos fueron m?s determinados que sus contrapartes federales en mantener la paz y poner en vigor la pol?tica norteameri cana de neutralidad. Disputas sobre la respectiva jurisdicci?n de los departamentos gubernamentales (de Estado, de Gue rra, de la Procuradur?a General, de la Tesorer?a y de Comercio

y Trabajo), junto con fallas de comunicaci?n entre ellos, es torbaron los intentos para coordinar las actividades de agen tes al nivel local, estatal y federal.

Cuando el gobierno texano, en especial, durante la admi nistraci?n de Colquitt, intent? forzar a Washington a adoptar

un programa m?s activo referente a la vigilancia y defensa

de la frontera, este ?ltimo resisti? sus demandas debido a con

sideraciones eminentemente pol?ticas. El malentendimiento entre Austin y Washington eman?, de manera fundamental, del hecho de que el gobierno nacional quiso perseguir una pol?tica de watchful waiting con respecto a M?xico en general, mientras que Texas intentaba formular medidas m?s pr?c

ticas para controlar la frontera. Los presidentes William Howard, Taft y Woodrow Wilson no entendieron bien la si This content downloaded from 138.197.149.12 on Sun, 08 Oct 2017 15:10:07 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms

EXAMEN DE LIBROS

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tuaci?n y problemas que Texas experimentaba con M?xico.

No s?lo prefirieron concentrar su atenci?n en los asuntos in ternos de Estados Unidos, sino que su pol?tica exterior fue

orientada b?sicamente hacia Europa. Cuando Wilson deci

di? intervenir militarmente en Veracruz en 1914, su acci?n pareci? confusa e inconsistente a la oficialidad texana, con frontada con dificultades m?s serias e inmediatas. Coerver y Hall relacionan estos conflictos entre las autoridades texa nas y federales con el panorama m?s grande de la guerra civil

en M?xico. La cuesti?n del reconocimiento pol?tico siempre estuvo ligada a la capacidad del gobierno mexicano para paci ficar la zona fronteriza. No obstante, la tardanza o negativa de Estados Unidos en reconocer las diversas facciones revo lucionarias hizo casi imposible lograr la ayuda y cooperaci?n de los mexicanos para patrullar la l?nea divisoria o evitar in cursiones rebeldes a territorio estadounidense. Los autores tambi?n incluyen un cap?tulo que trata de los esfuerzos de Alemania durante la Primera Guerra Mundial para desesta bilizar la regi?n del R?o Bravo con el prop?sito de tener ocu pado a gran n?mero de tropas norteamericanas.

Coerver y Hall dedican poca atenci?n al papel decisivo de Texas en el paso de armas y hombres a trav?s de la frontera.

Este ?ltimo problema no se debi? a un concepto err?neo por parte de las agencias federales acerca de la aplicaci?n de las leyes de neutralidad en casos de violaciones sospechadas, co mo afirman los autores, sino a la vaguedad o imprecisi?n de las prohibiciones en cuanto a la definici?n de una "expedi ci?n hostil", organizada en territorio estadounidense. Tam poco est? explicada adecuadamente la formaci?n y conducta de la pol?tica de neutralidad a nivel federal. Diferencias de opini?n, por ejemplo, entre el secretario de estado Philander C. Knox y el procurador general George Wickersham, cau saron confusi?n acerca de la interpretaci?n y aplicaci?n de la pol?tica de neutralidad a lo largo del R?o Bravo. La opini?n p?blica en los estados y en la totalidad del pa?s tambi?n estu vo dividida con respecto al asunto. Por ?ltimo, el agregado de una breve secci?n de conclusiones generales hubiera ayu dado al lector a tener un resumen de la problem?tica de Te xas dentro del contexto global de la Revoluci?n mexicana.

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EXAMEN DE LIBROS

A pesar de estas omisiones, el bien escrito y organizado texto de Coerver y Hall es una aportaci?n valiosa a la cre ciente historiograf?a sobre las relaciones mexicano-estadou nidenses durante la primera y m?s cr?tica fase de la ?poca re volucionaria en M?xico. Investigaciones futuras sobre el tema tendr?n que efectuar una comparaci?n de la situaci?n de Texas referente a la Revoluci?n con la de los otros estados norteame

ricanos fronterizos de Nuevo M?xico, Arizona y California.

Lawrence Douglas TAYLOR HANSON El Colegio de M?xico

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PUBLICACIONES

ELCOLEGIODE MEXICO Jan Bazant Los bienes de la Iglesia en M?xico, 1856-1875

reimpresi?n ?En que consisti? realmente la desamortizaci?n y la nacionalizaci?n de los bienes de la Iglesia? ?Intervinieron en ella intereses particulares? ?Cu?l fue la magnitud y el resultado del traslado de la

propiedad? La aprobaci?n de las Leyes de Re forma por el segundo imperio, ?qu? signific? en

relaci?n a los bienes de la Iglesia? Para respon

der a ?stas y otras tantas preguntas, el autor pas? varios a?os investigando el tema hasta culminar en esta obra cuya primera edici?n fue publicada

simult?neamente en traducci?n inglesa ganan do en 1975, el premio de historia "Fray Bernar dino de Sahag?n" y cuya segunda edici?n fue cuidadosamente corregida y actualizada por ?l

mismo

Puede usted adquirirlo en la librer?a de El Colegio de M?xico y en otras librer?as.

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historia mexicana Revista trimestral publicada por El Colegio de M?xico

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DIRECTORIO DE HISTORIADORES DEL COMITE MEXICANO DE CIENCIAS HIST?RICAS A LA VENTA EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACI?N Eduardo Molina y Alba?iles, Coi. Penitenciar?a Ampliaci?n

15350-M?xico, D. F. Apartado Postal 1999, M?xico 1, D. Adjunto cheque o giro postal por la cantidad de:

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HISTORIA DE LA ~1

REVOLUCI?N MEXICANA I

Complete su colecci?n, t?tulos disponibles: I Berta Ulloa La revoluci?n escindida tomo 4

Los d?as del presidente C?rdenas tomo 15

Berta Ulloa La encrucijada de 1915 tomo 5

Alicia Hern?ndez Ch?vez La mec?nica cardenista tomo 16

Berta Ulloa La Constituci?n de 1917 tomo 6

Victoria Lerner La educaci?n socialista tomo 17

Alvaro Matute La carrera del caudillo tomo 8

Luis Medina Del cardenismo al avilacamachismo tomo 18

Enrique Krauze y otros

Luis Medina Civilismo y modernizaci?n del autoritarismo tomo 20

Luis Gonz?lez

La reconstrucci?n econ?mica tomo 10 Jean Meyer y otros

Estado y sociedad con Calles tomo 11

Blanca Torres Ram?rez Hac?a la utop?a industrial

tomo 21

Lorenzo Meyer y otros

Los inicios de la institucionalizaci?n. La pol?tica del maximato tomo 12

Olga Pellicer de Brody y Jos? Luis Rey na

El afianzamiento de la estabilidad pol?tica tomo 22

Lorenzo Meyer

El conflicto social y los

Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla El entendimiento con los Estados Unidos y la gestaci?n del desarrollo estabilizador tomo 23

gobiernos del maximato tomo 13

Luis Gonz?lez Los art?fices del cardenismo

tomo 14

I De venta en la librer?a de El Colegio de M?xico y en otras librer?as

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PUBLICACIONES

EL COLEGIO DE MEXICO NOVEDADES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HIST?RICOS Daniel Cos?o Villegas y otros A Compact History of Mexico 2a. edici?n

Jos? Mar?a Kobayashi La educaci?n como conquista. Empresa francis

cana en M?xico 2a. edici?n

Elias Trabulse Francisco Xavier Gamboa: un politico criollo en la Ilustraci?n Mexicana 2a. edici?n

Silvio Zavala El servicio personal de los indios en la Nueva Espa?a tomo II

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