CONTRA LA POLÍTICA DE DESMANTELAMIENTO, REGRESIVAS, ASISTENCIALISTAS Y CLIENTELARES. 18 de enero de 2015 AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA A LA TITULAR DE LA CDI AL CONGRESO DE LA UNIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
HERMANAS Y HERMANOS INDÍGENAS DE MÉXICO Y DEL MUNDO A LA SOCIEDAD EN GENERAL
Mujeres Ayuuk, Ch´ol, Chatino, Cucapá, Nahua, Hñahñu, Ñuu savi, Maya peninsular, Mazahua, Ñomndaa, Me'phaa, Ocumiche, Ódami, Purhépecha, Rarámuri, Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil, Wirarika, Ayuujk y Dixhzaa, integrantes de diversas redes a nivel regional y nacional, organizadas en el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, ante los hechos que vienen ocurriendo en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) denunciamos con gran preocupación el papel que está desempañado la actual administración del gobierno federal hacia los pueblos indígenas y en particular, hacia las mujeres indígenas de este país. A casi 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés (16 de febrero de 1996) en los que se plasmó la exigencia de los pueblos por construir una nueva relación con el Estado a partir de una reforma constitucional que reconociera a los pueblos como sujetos colectivos de derecho y se les garantizaran derechos fundamentales; y se demandó la transformación de las instituciones como el entonces Instituto Nacional Indigenista para superar las políticas paternalistas y tutelares que durante mucho tiempo impidieron el desarrollo de los mismos con sus características culturales e instituciones propias, sujetándolos a políticas integracionistas y de mero folklor, otorgándoles sólo dádivas para que no se acabaran de extinguir a 500 años
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de ser colonizados o en el mejor de los casos, para que dejaran de ser pueblos y se redujeran a sólo poblaciones, por cierto las más empobrecidas del país. Con esa visión, el Gobierno Federal se comprometió a crear una "nueva" institución que velara por dicho desarrollo tan anhelado y se instituyó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Desafortunadamente, una vez más somos testigas del desinterés y falta de compromiso del Gobierno Federal para impulsar el referido desarrollo y dicha visión se redujo a la sola denominación de esa Dependencia. Como redes de mujeres indígenas hemos monitoreado el desempeño de la CDI y nos hemos encontrado que sigue limitada presupuestal y programáticamente reproduciendo el trato discriminador, excluyente y racista hacia los pueblos y particularmente las mujeres. Así desde los primeros días del año hemos escuchado noticias de despidos masivos de personal de gobierno que atiende los sectores más desfavorecidos, afectando sus derechos laborales y la calidad de la atención. Se aprueban reglamentos que prohíben el uso de las muchas lenguas que se hablan en México, imponiendo el español como única lengua nacional y se desmantelan a las radios indigenistas que han sido importantes y únicos medios de difusión del pensamiento de los pueblos indígenas, en sus lenguas y para sus integrantes; así como espacios de expresión nacional de la diversidad cultural de nuestro país. De igual manera de meses atrás, se viene documentando la falta de apoyo presupuestal para la implementación de proyectos sociales y culturales en y para los pueblos indígenas. Además, se retrocedió en las acciones afirmativas para fortalecer las capacidades de las mujeres indígenas al "integrar" el enfoque de género a todos los programas y acciones ya que se invisibiliza al dispersarse los recursos y no integrar más que numéricamente la participación de las mujeres; en general la reducción de recursos y nos afecta ya que también queremos ser sujetas de atención en programas productivos, de acceso a la tierra, tecnología y comercialización, así como en la vertiente cultural, de comunicación y ambiental, entre otras. Lo que resulta verdaderamente preocupante y ofensivo es que son las instituciones, las obligadas de garantizar los derechos humanos, sean las principales violadoras de los mismos. Estas acciones hacen evidente la violación del derecho a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado cada vez que se tomen medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas. Por ello con indignación denunciamos y exigimos: Primero.- Respecto al despido injustificado de personal de áreas estratégicas de instituciones en estados como Veracruz, la península y Oaxaca. El pasado 18 de diciembre, en el estado de Oaxaca, nos amanecimos con la noticia de que 40 trabajadores y trabajadoras eventuales y de confianza de la Delegación 2
de la CDI habían sido despedidos, bajo el argumento de que se trataba de instrucción directa de las oficinas centrales de México, presionando a las y los trabajadores a firmar la renuncia, pues en caso contrario, se devolvería sus respectivas liquidaciones a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público1. Las y los trabajadores afectados han denunciado a la vez, que asocian el despido con el hecho de no simpatizar o militar con el Partido del Gobierno Federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)2, hecho que no nos extraña puesto que en Oaxaca este es un año electoral. Esta violación a los derechos laborales afecta la integridad de los/as trabajadores/as, principalmente de mujeres, y adultas/os mayores e impactan directamente al desarrollo de sus familias, además del de los pueblos originarios, hacia quienes va encaminada la labor de la CDI3. Por lo anterior exigimos la invalidez de las renuncias forzadas y reinstalación inmediata de los y las trabajadoras de la CDI, así como el cese al despido masivo de personal en puestos estratégicos de la CDI y de otras Secretarías, que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Segundo.- Respecto a políticas y presupuestos destinados a mujeres indígenas Tomando en cuenta que se hacen indispensables políticas y presupuestos destinados estratégicamente al empoderamiento de las mujeres indígenas para que dejen de ser víctimas de violencia y discriminación, preocupa que, con el Plan de austeridad del Gobierno Federal se reduce significativamente el presupuesto destinado a los Pueblos indígenas, lo que en consecuencia afecta a las mujeres indígenas, así como los avances que en materia de género se ha logrado, limitando con ello el ejercicio de los derechos políticos, económicos sociales y culturales. Un pronunciamiento dado el 22 de septiembre de 2015, por la Iniciativa Valor al Campesino (IVC) expresa que rechaza el recorte al presupuesto rural 2016 y se opone a su enfoque regresivo, asistencialista y clientelar, argumentando que el anuncio de la SHCP de reestructurar el presupuesto 2016 con base en el Presupuesto Base Cero (PBC) resultó únicamente un pretexto más para el recorte presupuestal, ya que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC Rural; Anexo 11) contenido en el PPEF 2016 sigue siendo inercial: es un presupuesto para la desigualdad, la dependencia alimentaria, la malnutrición, el deterioro ambiental, la descoordinación institucional, la ineficiencia, la opacidad, el clientelismo y el dispendio, que conduce a la pulverización de dicha política pública.
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http://pagina3.mx/2015/12/despido-masivo-en-la-cdi/
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/20/despide-cdi-a-40-empleados-adscritos-a-launidad-de-oaxaca-6747.html 3
http://www.cencos.org/comunicacion/instalan-planton-por-despidos-en-cdi-de-oaxaca 3
Por lo anterior exigimos alto a la política clientelar y de reducción de presupuestos dirigidos a pueblos indígenas. Reconocimiento y asignación de presupuestos para proyectos impulsados por las mujeres indígenas para el respeto a sus derechos. Tercero.- Respecto a las reformas a la Ley Federal de telecomunicaciones y radiodifusión. El 14 de julio de 2014, entraron en vigor las reformas, adhesiones y derogaciones a la Ley Federal de telecomunicaciones y radiodifusión en contra posición al principio de progresividad de los derechos humanos, pues representan una regresión en materia de reconocimiento de los derechos lingüísticos. En especial, el artículo 230 de dicha ley obliga a las radiodifusoras del país a transmitir únicamente en español, definiéndola como "La lengua nacional" y pasando por alto que el artículo 4 y 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos4 otorgan el mismo estatus de lenguas nacionales a las lenguas indígenas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Estas acciones del gobierno federal constituyen una transgresión a los estándares más elevados de derechos de los pueblos indígenas, plasmados en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Por lo anterior exigimos respecto a los acuerdos internacionales que en materia de derechos de los pueblos indígenas se ha firmado y se dé marcha atrás al contenido del citado artículo. Alto a la discriminación lingüística en la ley de telecomunicaciones. Cuarto.- Respecto al desmantelamiento de las radios indígenas. Otra acción gubernamental preocupante es el desmantelamiento de las radios indígenas de la CDI, como es el caso de la Radiodifusora Cultural Indigenista XEJAM "La Voz de la Costa Chica" de Jamiltepec, Oaxaca, espacio donde se difunden las voces de los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca. Recientemente fueron despedidas 4 personas, entre ellos a su director general5, con este hecho se niega la posibilidad a los pueblos de crear, difundir, reproducir y recibir información. Por lo anterior, demandamos alto al desmantelamiento de los medios indígenas y comunitarios. Reinstalación de la Radio XEJAM. Respeto al derecho de administrar y operar nuestros propios medios de comunicación. Quinto.- Nos sumamos a la exigencia de una movilización nacional para el respeto de los derechos de los pueblos originarios.
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[1] Ley General de Derechos Lingüísticos, DOF. 2003
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http://www.noticiasnet.mx/portal/en/node/321989 4
Sexto: Por último, consideramos necesaria la mirada internacional para atender y visibilizar esta violación sistemática a nuestros derechos como mujeres y pueblos indígenas, por tal razón reiteramos la exigencia de que se concrete la visita oficial a México de la Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpus, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN LAS MUJERES Y PUEBLOS INDÍGENAS! Red de Jóvenes Indígenas Nääxwiin; Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red de Mujeres de la Red de Radios Comunitarias de México A.C. (Red Mujeres AMARC), Red de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de abogadas indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Curso de Alta Formación para Líderes Indígenas (CAFOLI), Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas de Guerrero (REMJINA), Red de Mujeres Jóvenes de los Pueblos Indígenas y Afromexicanas de Chiapas (REMIAC), Red Oaxaqueña de Mujeres Jóvenes Trenzando Saberes (TRENZANDO), Red Péepeno'ob de Campeche y Yucatán, Grupo Impulsor Voces Juveniles de Oaxaca, Juventudes Indígenas y Afrodescendientes en Conexión (JINACO), Red de Jóvenes por la Pluralidad Justicia e Interculturalidad, Red de Mujeres Tejiendo Saberes, (REMUTESA), el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (CEPIADET A.C.) el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir AC (ILSB) y el Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos A.C.
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