“Estamos cansadas de contar mujeres muertas”
DIÁLOGOS DE GÉNERO Y COOPERACIÓN
Entrevista con
ANA CARCEDO
La feminista denuncia el privilegio de los hombres en escribir y administrar la Ley Ana Carcedo (Madrid, 1949) defiende los derechos de las mujeres desde el activismo y desde la Academia, siempre con una visión integral. Desde la sociedad civil, preside el Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), que lucha por la defensa y promoción de los derechos de las mujeres para la consecución de sociedades justas, inclusivas e igualitarias. En las aulas, es investigadora y docente en la Maestría Centroamericana en Estudios de la Mujer que imparte la Universidad de Costa Rica, país en el que reside. En su Estado de acogida, se esfuerza por conseguir que el femicidio -asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer cometido por un hombre- sea incluido como un indicador negativo de desarrollo. De hecho, el eje de su discurso gira en torno a la prevención de estos asesinatos. En esta línea, en la actualidad trabaja en el diseño de un protocolo de investigación vinculado a cada femicidio, que permita identificar qué se podría haber hecho de forma diferente para evitar la muerte de esa mujer. Ana quiere contar mujeres vivas, que lograron vivir.
E
l Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo acogió los pasados 19 y 20 de mayo la actividad ‘Estado inclusivo e igualdad de género: políticas públicas en el marco de los ODS’. Durante las jornadas, más de 50 expertas y autoridades de 15 países analizaron en clave regional los avances y las estrategias llevadas a cabo por los Estados para erradicar las desigualdades y brechas de género. La entrevista a Ana Carcedo tuvo lugar durante este encuentro. Ana no emplearía la terminología ‘violencia de género’ para explicar a un niño o a un adolescente este tipo de violencia. “Hablaría de violencia contra las mujeres.Y más a niños, que no tienen la cabeza cuadriculada con lo que la sociedad dice que hay que entender de este asunto”. Nuestra entrevistada está convencida de que comprenderían muy fácil que se trata de “aquella violencia que se comete contra una mujer por ser mujer”. En este punto explica que “vivimos en una sociedad en la que las mujeres estamos subordinadas”. Ana les consultaría a los niños si en su escuela, kínder o colegio, juegan a levantar las ‘enagüitas’ a sus compañeras, para después preguntarles si las niñas hacen eso con ellos. Con este ejemplo, Ana les mostraría que existe violencia contra las mujeres. “Es la violencia que deriva de la posición de subordinación social que tenemos las mujeres”. Nuestras sociedades hoy en día no aceptan que exista esta violencia específica contra las mujeres. Sin embargo, Ana denuncia que a veces se recurre al símil fácil, vertiendo comentarios del tipo “es que a un hombre también le puede pasar, es que también hay hombres maltratados…” Entonces encontramos, continúa, que “podemos tener un montón de mujeres asesinadas por sus compañeros pero siempre habrá alguien que
diga que las mujeres también pueden matar a un hombre. Sigue siendo un reto fundamental a nivel cultural que se acepte, que se entienda que existe esta violencia específica contra las mujeres y que no es una cuestión de que se llevan mal en la pareja”.
“Sigue siendo un reto que se entienda que existe una violencia específica contra las mujeres” Aterrizando el debate a la realidad de América Latina y el Caribe, Ana puntualiza que “a pesar de haber sido aprobada Belém do Pará , los parlamentarios no aceptaron plantear las primeras leyes en términos de violencia contra las mujeres y las tradujeron a violencia doméstica, violencia intrafamiliar… como si en la familia todos estuvieran en la misma situación de poder, algo que no es cierto”. Ana es muy tajante al afirmar que en el actual tejido social “los señores están por encima de las mujeres y las personas adultas por encima de los jóvenes y de los adolescentes”. Este desequilibrio de poder hace que “no puedas colocar como iguales a los que la sociedad coloca en situación desigual porque aumentas la desigualdad”. Para ella, con las leyes que sitúan en el mismo plano a hombres y a mujeres, “se ha fomentado la visión de que es un problema de pareja, un problema de familia, de mal genio, de falta de educación y no de direccionalidad de esta violencia”.
“No es lo mismo tener a una feminista que a una funcionaria apoyando a una mujer” Además, se lamenta admitiendo que “hay un movimiento muy fuerte de backlash, de reacción de los sectores más anti derechos que defiende que si hay un Instituto de la Mujer, debería haber un Instituto del Hombre… lo que hay es un Estado del hombre”, concluye.
“Tenemos un montón de mujeres asesinadas por sus compañeros pero siempre habrá alguien que diga que eso a un hombre también le puede pasar” Ana insiste en que cuando hablamos de mujeres que están viviendo alguna situación violenta, ya sea en la pareja, en el trabajo o en el vecindario, “los grupos de autoayuda han demostrado ser lo más eficiente”. Nos explica que con su organización, CEFEMINA, llevan años trabajando con esa propuesta grupal obteniendo resultados muy alentadores. Así, con esta técnica, “dos de cada tres mujeres salen de la situación de agresión”, informa. Nos cuenta que las organizaciones feministas fueron las primeras en ofrecer orientación psicológica, apoyo emocional, orientación legal, gestión de recursos y apoyo a las hijas e hijos de mujeres maltratadas.
En su opinión “son las organizaciones feministas, y no el Estado, las que pueden colocarse en el mismo plano que las mujeres”. En todo caso reconoce que estos servicios, a pesar de que fueron moderados fundamentalmente desde el movimiento feminista, ahora el Estado está asumiendo estas funciones. Esta circunstancia, en su opinión, tiene sus luces y sombras: “no es lo mismo tener a una feminista apoyando a una mujer que tener a una funcionaria de una institución que le han encargado esa función pero que a lo mejor no está muy convencida”. En lo que se refiere a garantizar la seguridad de las mujeres expuestas a violencia, Ana ve mucho más decisivo el papel del Estado. El Estado, según ella, está muy obligado a ofrecer servicios y recursos que suplan la violentación del derecho, o que por lo menos les permita a las mujeres restituir sus derechos de seguridad y de orientación legal.
‘‘En el femicidio, cuando llega la policía judicial a recoger la información, muchas veces ese espacio ya está contaminado”
En este sentido sostiene que, aunque los albergues están muy extendidos, deberían ser una “excepcionalidad muy excepcional” y no el recurso cotidiano, por ser además “muy caros”. Si hay una mujer que está en riesgo porque conoce a su agresor y conoce su riesgo, “el Estado debería dirigirse a controlar a ese agresor”. Sobre esta cuestión recuerda que hay varios informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, relatorías sobre acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia, de las mujeres que viven violencia sexual… “Los obstáculos recorren todo el ciclo de judicialización de la violencia: desde no existir leyes o las que haya sean inadecuadas (porque son limitadas, porque presentan demasiados obstáculos…) pasando por la capacidad que tiene la policía judicial para hacer la investigación y construir el caso”. En este punto, subraya que en el caso del femicidio, cuando llega la policía judicial a recoger la información muchas veces ese espacio está ya contaminado, e incluso en algunos países lo contamina la propia policía, asegura. “Llega antes la cámara de televisión o el vecino de al lado que los organismos de investigación judicial. Encontramos, por tanto, dificultades de todo tipo en el transcurso de la investigación. Pero uno que nos preocupa fundamentalmente es que nos hemos dado cuenta de que las primeras personas que llegan, muchas veces plantean una hipótesis de cómo se produjo esa muerte que se convierte en la línea de investigación. Cuando lo que habría que hacer sería ampliar la visión”.
“Si una mujer no se deja hundir por la violencia, no va a ser considerada como una mujer maltratada. No la van a creer”
© www.desacatofeminista.com
Ana contextualiza la problemática remarcando que “ha habido unos esfuerzos muy importantes tanto en la región centroamericana como en la sudamericana para formar a agentes estatales en la investigación de la violencia contra las mujeres y la violencia femicida”. Acerca de la iniciativa, destaca que fue una acción apoyada por la Cooperación Española que contó con la participación de un equipo de forenses españoles. Pese a los avances en la materia, reconoce que “en este momento tenemos dos protocolos de investigación judicial pero de ahí a que se implementen queda mucho. Además tenemos la dificultad de encontrarnos gente que se dedica a administrar justicia, que en la cabeza tiene lo que tiene… y encontramos que hay una tolerancia tremenda con los homicidas y los agresores: esto no es suficientemente grave… esta mujer no responde al estereotipo de mujer agredida entonces no la creo… En lugar de venir llorando y con un moratón, es una mujer segura de sí misma.
De esta forma encontramos esa contradicción de que si una mujer no se deja hundir por la violencia, no va a ser considerada una mujer maltratada y entonces no la van a creer”.
“Es contradictorio, desde el punto de vista de los derechos humanos, pensar en el costo económico de la violencia” En lo que se refiere a los costos económicos de la violencia contra las mujeres en una sociedad, Ana asegura que “es un poco contradictorio, desde el punto de vista de los derechos humanos, pensar en el costo de la violencia. Como dijo una amiga mía en Costa Rica ‘cuesta menos una mujer muerta, que una mujer policonsultante’. Es mejor prevenir que atender”. En todo caso, admite que “hay cifras escandalosas de lo que puede llegar a costar, porque incluyen todo, desde lo que le cuesta a la institucionalidad dar respuesta en salud, en justicia, en seguridad… ”
hasta mediciones que registran lo que les cuesta a las mujeres: disminución de sus ingresos por vivir violencia, la pérdida de trabajos, costos extra que tienen que destinar a atender sus complicaciones o las de sus hijos…” En América Latina y el Caribe, la cuestión económica no está colocándose todavía en primera línea. En todo caso, ella preferiría que se colocaran otras cosas como la seguridad de las mujeres. Ana repasó las buenas prácticas y experiencias desarrolladas en la región. Durante este recorrido, comenzó destacando el ejemplo de El Salvador, un país que está implementando un paquete de medidas destinado a “garantizar la autonomía económica de las mujeres, con un apoyo más efectivo a las medianas y a las pequeñas empresas”. En los casos de Honduras y Costa Rica ilustró los avances conseguidos en el registro de datos administrativos vinculados a un femicidio. El éxito de estas acciones pasa por “analizar uno por uno los homicidios de mujeres para determinar cuál fue un femicidio y cuál no”.
La importancia de estas experiencias radica en que se ha conseguido cruzar los datos recopilados por las asociaciones feministas con las informaciones recabadas por el Estado. Con estas averiguaciones compartidas “ya no sucede lo que ha ocurrido durante mucho tiempo de encontrar cifras oficiales, datos del movimiento feminista… No obstante, estos ejemplos no macan la trayectoria de la región “más bien la tendencia es la contraria, se ha ido ocultando cada vez más información”. Finalmente Ana cierra su intervención hablándonos de los proyectos en los que está participando en Costa Rica, que tienen como objetivo incluir el femicido como un indicador negativo de desarrollo.
“Nos referimos al femicidio en el que el Estado estaba al tanto de que la mujer estaba en riesgo”, matiza. Con el fin de afinar con los resultados de las investigaciones, Ana nos cuenta que han diseñado “un desagregado de indicadores para identificar mejor la edad, los grupos de riesgo…” El objetivo es acabar con los femicidios, prevenirlos. El mensaje de Ana es alto y claro: “estamos cansadas de contar mujeres muertas. Queremos contar mujeres vivas, que lograron vivir”.
Una entrevista realizada por Clara Belda
© Nadia Martinez Rodriguez