LECCIONES DESDE EL PATÍBULO por Iñigo del Guayo Castiella Nombre: Diego Mañas Martínez
4ºC
Comente, por favor, este texto, tratando de conectar su contenido con los conocimientos que usted tenga de derecho constitucional y administrativo. Del texto se observa que Tomas Moro fue víctima del sistema instaurado por Enrique VIII, el regalismo absolutista. Su muerte fue provocada por la disputa de Enrique VIII con el Papado por la titularidad de la Iglesia de Inglaterra, llevando el absolutismo a su máxima expresión, pues el Rey; con la reforma ya era la máxima personalidad, tanto política como religiosa del reino. La división de poderes que se instauró después de la Revolución Francesa acabó con las injusticias del absolutismo. El hombre ha buscado poner límites al poder absoluto ejercido por los gobernantes y este objetivo solo se consigue con la división de poderes. El principio de separación de poderes es una manifestación del Estado de Derecho. Así existen tres poderes en el Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, donde cada uno de ellos tiene encomendada una función distinta que desempeñan de forma independiente. Poder Legislativo: dicta normas jurídicas. Poder Ejecutivo: se ocupa de su aplicación Poder judicial: controla y supervisa el respeto a la Ley y su aplicación Lo que se trata es de evitar la acumulación de poder en una sola institución. El poder del Estado no es un poder único. En el Estado español existen varios poderes: 1. 2. 3. 4.
Poder Legislativo (Parlamento) Poder Ejecutivo (Gobierno) Poder Judicial (Jueces y Ministerio Fiscal) El Tribunal Constitucional, ejerce el poder sobre la constitucionalidad de las normas (no es parte del Poder Judicial) 5. La Corona, ejerce el poder representativo del Estado (representa y modera). Ahora el titular del poder es el pueblo, no el gobernante, de manera que el gobernante que ejerce el poder en nombre de la ciudadanía ha de dar cuentas permanentemente de cómo gestiona ese encargo temporal que le confiere el pueblo.
El principio de división de poderes posibilita el Estado de Derecho que rige en la actualidad. La Constitución Española en su artículo 16.2 afirma que “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, proclamando así el derecho fundamental de la libertad ideológica y religiosa; que el absolutismo no respetó al condenar a muerte a Moro por defender su propia conciencia.