Sensor Boletin Electronico Julio by CIEDD

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DIRECTORIO

ÍNDICE Editorial Presentación por el Director General del CIEDD| Lic. Moisés Bailón Jiménez. Artículos de Opinión

Los Derechos Humanos en la agenda legislativa en el proceso de la transición política | Dip. Pavel Renato López Gómez

Alternancia política | Dip. José Antonio Hernández Fraguas

La figura del Cabildo Abierto en la Reforma Constitucional | Lic. Jessica J. Hernández García

La actualización de Sensor, Boletín Electrónico será mensual, por lo que su información es periódica y depende de las fuentes citadas. Es posible que el tiempo de actualización entre fuentes y Boletín varíe, siendo así que la información aquí presentada solamente es una referencia y no puede considerarse oficial.

La reforma y los retos del gobierno de transición | Dr. Víctor Raúl Martínez Vásquez

Composición de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca | Tomás Alejandro González Martínez

DIRECTORIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DOCUMENTAL PARA EL DESARROLLO (CIEDD)

A propósito de los retos de la transición y la reforma política | Dr. Arturo Augusto Cano Cabrera

La reelección legislativa y la reforma electoral pendiente: ¿cuál debe ir primero? | Mtro. Fernando Dworak Camargo

Lic. Gabino Cué Monteagudo Lic. Gerardo Cajiga Estrada Lic. Moisés Bailón Jiménez C. Ernesto Rojas Ayuzo Mtro. Samael Hernández Ruiz Mtro. Alfredo Zetina Moguel

Los retos de la transición democrática en Oaxaca | Mtro. Juan Pablo Morales

Transición democrática y el árbitro electoral: avances y retos | Lic. Víctor Leonel Juan Martínez

Perspectivas de la consolidación de la democracia en Oaxaca | Lic. Oscar Camarillo Maldonado

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca Director General del CIEDD Director de Captación y Procesamiento de Datos Director de Estudios Económicos Políticos y Ambientales Director de Diagnósticos y Estudios Estadísticos

“Sensor” Boletín Electrónico de Política y Gobierno STAFF SENSOR Coordinación General: Juan Pablo Vasconcelos Méndez Edición: Ludivina Rangel Bretón | Rodrigo Álvarez Sánchez Diseño: CMartín Hernández Arias | Victor D. Cruz Martínez En la cubierta Fotografía: Victor D. Cruz Martínez Arte: CMartín Hernández Arias Colaboradores de Esta Edición: Dip. Martín Vásquez Villanueva | Dip. Luis de Guadalupe Martínez Ramírez | Dip. Pavel Renato López Gómez | Dip. José Antonio Hernández Fraguas | Lic. Jessica J. Hernández García | Dr. Víctor Raúl Martínez Vásquez | Dr. Arturo Augusto Cano Cabrera | Mtro. Fernando Dworak Camargo | Mtro. Juan Pablo Morales | Lic. Víctor Leonel Juan Martínez | Lic. Oscar Camarillo Maldonado | Adriana Vasconcelos Ramírez | Tomás Alejandro González Martínez | Cristopher Carranza Matadamas www.ciedd.oaxaca.gob.mx | ciedd.oaxaca.gob@gmail.com | www.twitter.com/@ciedd_oaxaca

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 64

El sector industrial: Un ejemplo de Transición en la Economía Oaxaqueña | Adriana Vasconcelos Ramírez

Fotografía, perspectiva humana. Talento Oaxaqueño | Cristopher Carranza Matadamas

Indicadores económicos

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El Consejo de la Judicatura: El gran pendiente de la Reforma Constitucional en Oaxaca | Dip. Luis de Guadalupe Martínez Ramírez

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El Congreso y la transición democrática en Oaxaca | Dip. Martín Vásquez Villanueva P A R A

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CONVOCATORIA

El Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD), te invita a participar con nosotros como:

COLABORADOR E INSTANCIA PROVEEDORA DE INFORMACIÓN de Sensor Boletín Electrónico de Medio Ambiente y Cambio Climático del mes de Agosto. Tema:

Energías Renovables y Cambio Climático Envíanos tu colaboración a:

c i e d d . o a x a c a . g o b @gmail.com Fecha límite:

30 de julio de 2011 Extensión y formato:

1000 palabras (dos cuartillas) Programa:

Word Tipo de Letra:

Arial 12 puntos Fecha de publicación:

15 de Agosto de 2011 Anexos opcionales de apoyo:

Material audiovisual Fotografías Sitio de internet Artículos y notas informativas sobre sus proyectos

La selección de las participaciones y el espacio al cual serán destinadas es decisión del CIEDD, por lo cual se seleccionarán aquellas que serán publicadas en el Boletín y otras que lo harán en una sección destinada para ello en la página de internet del Organismo, con lo cual, aseguramos su difusión, siempre que ésta se encuentre en parámetros editoriales adecuados.

PRESENTACIÓN

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De esta forma, Oaxaca consolida sus instituciones y posiciona su legislación a la vanguardia respecto de otras, y de la federación misma, para dar visión, rumbo y salida a los grandes pendientes del desarrollo. Es así, que en los próximos días, el Congreso del Estado tendrá la ardua tarea de continuar su labor para discutir y en su caso aprobar modificaciones a más de dieciocho leyes secundarias para asentar un novedoso marco legal que dará sustento y motor a esta gran reforma. Agradecemos a cada uno de los colaboradores invitados, a los legisladores, consejeros electorales, funcionarios de la administración pública local, académicos y especialistas, que con su participación enriquecen la opinión pública, pero sobre todo, fortalecen el acervo documental del proceso de construcción de la gran reforma política oaxaqueña.

Lic. Moisés Bailón Jiménez Director General del CIEDD

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Fue el pasado seis de abril, con el voto unánime de cada una de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, como se aprobó la reforma constitucional, después de varios meses de intenso diálogo y negociación, en donde nadie fue excluido del proceso y cada una de las posturas y visiones sentaron las bases para un nuevo marco legal que fortalece las miras hacia una mayor democracia.

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El nuevo andamiaje constitucional propuesto por el primer mandatario, Lic. Gabino Cué Monteagudo, enriquece la vida pública y favorece la relación entre gobierno y sociedad, para resolver los pendientes en materia de gobernabilidad, transparencia, autonomía, relación entre poderes, austeridad y rendición de cuentas.

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La reforma política y los retos de la transición son los temas a tratar en el primer número de Sensor: Boletín Electrónico de Política y Gobierno. Con ello, el Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD), reúne estudios, análisis y reflexiones de legisladores, consejeros electorales, académicos, funcionarios públicos y especialistas sobre la reciente reforma política.

* Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado de Oaxaca

DEMOCRÁTICA EN OAXACA Dip. Martín Vásquez Villanueva*

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EL CONGRESO Y LA TRANSICIÓN

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Es común que cuando los teóricos de la ciencia política y los analistas en general se refieren a la transición democrática de los países y los estados, piensen exclusiva o preponderantemente en el papel del Poder Ejecutivo.

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l caso de Oaxaca demuestra lo contrario: si bien en la esfera del Ejecutivo ha habido siempre, desde la administración pasada, un interés especial en impulsar una reforma del Estado y abrir espacios a la transición democrática, en realidad no ha sido menor ni mucho menos el rol del Poder Legislativo. La reforma política y de Estado que se consumó en Oaxaca el pasado mes de abril, por ejemplo, fue el producto de un prolongado esfuerzo de debate, conciliación y conjugación de posiciones de parte de ambos poderes y al interior del propio Congreso del Estado. La reforma constitucional redefinió los equilibrios de los poderes; dio mayor agilidad al trabajo legislati-

vo; dio mayor operatividad al Poder Ejecutivo; amplió la autonomía del Poder Judicial; reforzó los instrumentos de democracia directa; consolidó el régimen de protección de los derechos humanos; preservó a los órganos autónomos del Estado; y dio mayores atribuciones a los poderes municipales. Pero fue una reforma de amplio consenso, muy lejana de los escenarios de mayorías automáticas del pasado, cuando el Congreso simplemente convalidaba decisiones externas. La reforma de Oaxaca no es la reforma del Ejecutivo en turno. A eso me refiero cuando hablo de un Congreso diferente, un Congreso plural por mandato de la propia ciudadanía, un Congreso obligado al debate y a la negociación, para no caer en la ato4

nía política y la parálisis legislativa. Es un Congreso que ha jugado y está jugando un papel determinante en la transición democrática de Oaxaca. Para empezar, inició la reforma en su propia casa, al seno del propio Legislativo, reformando la ley para pasar de ser un órgano de gobierno vertical y estático como lo fue la Gran Comisión, a un órgano horizontal y rotativo como la Junta de Coordinación Política. Proveyó de la adecuada asistencia técnica a todas las comisiones para dar más seriedad y profesionalismo al trabajo legislativo y algo también muy importante: creó la Contraloría Interna para que la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficaz y austero de los recursos públicos comience en el propio Congreso.

Con responsabilidad se ha creado una cultura de división, equilibrio y, de manera transparente, contrapeso y colaboración de poderes, como funcionan las democracias modernas en el mundo.

La Ley que crea el Conservatorio de Música del Estado de Oaxaca, que dará un impulso formidable a la cultura musical en el estado. Será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con presencia de la sociedad civil en su órgano directivo, que garantizará la solvencia económica de esa institución más allá de los relevos y los sellos sexenales. Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así

Ley que establece las Bases Generales para la expedición de Bandos de Policía y Buen Gobierno, pues en un estado con 570 municipios, la cuarta parte del total nacional, no puede ser que en una materia tan importante como la seguridad pública municipal y el buen gobierno no haya ninguna legislación que siente las bases generales, los criterios rectores para todos y cada uno de los gobiernos municipales en estas materias tan sensibles. Criterios generales de eficacia de gestión, transparencia administrativa y respeto escrupuloso a los derechos humanos. Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal 5

y Municipal del Estado de Oaxaca, pues no puede ser que no exista una ley que establezca la obligación del gobierno de resarcir e indemnizar al ciudadano por cualquier quebranto a su patrimonio por una acción u omisión gubernamental. Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con lo cual Oaxaca será el segundo estado del país que legisla para responsabilizar al Estado del fomento a la lectura y la protección del libro como un bien público. Será un paso decisivo a favor de la cultura, pues además de establecer un precio único a los libros para evitar abusos contra los lectores, se creará un Consejo Estatal de Fomento de la Lectura y el Libro que articulará las políticas públicas en la materia. El Congreso de Oaxaca además ha sido un artífice de la cogobernabilidad en la vida municipal, siempre tan complicada en Oaxaca, coadyuvando a la superación de conflictos en decenas de ayuntamientos.

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Una Nueva Ley Pecuaria, para crear un nuevo marco que dé más apoyo y competitividad a la ganadería oaxaqueña, hoy abandonada bajo una legislación anacrónica con casi 40 años sin reformarse.

como de la Ley de Archivos del Estado, para cubrir una laguna legal, un vacío jurídico donde hoy día el Periódico Oficial del Gobierno, a pesar de ser una persona jurídica colectiva legalmente ajena al gobierno se conduce como un apéndice de él, como una dependencia oficial, y no responde de sus actos ante nadie. Con esta reforma a la Ley de Transparencia se obliga al Periódico Oficial a responder cualquier requerimiento de información de parte de la ciudadanía.

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Entre las más importantes destacan: Reforma a la Ley de Seguridad Pública, para responder a los reclamos de un tiempo sacudido por el crimen organizado y evitar que esa espiral alcance a Oaxaca.

Dip. Martín Vásquez Villanueva / Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado de Oaxaca

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Por parte de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han impulsado importantes iniciativas que hoy están ya en comisiones para su dictamen, debate y posterior aprobación.

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Se aprobó un esquema de refinanciamiento de la deuda pública para aligerar el peso de su servicio, aprovechando las condiciones favorables del mercado financiero.

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De esta manera se han aprobado leyes trascendentales como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, con especial acento en el gasto social y de inversión.

La reforma política y de Estado que se consumó en Oaxaca el pasado mes de abril, por ejemplo, fue el producto de un prolongado esfuerzo de debate, conciliación y conjugación de posiciones de parte de ambos poderes y al interior del propio Congreso del Estado.

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA: EL GRAN PENDIENTE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN OAXACA Dip. Luis de Guadalupe Martínez*

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* Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LXI Legislatura del Estado de Oaxaca.

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De acuerdo con el Artículo 102 de la Constitución oaxaqueña, reformado el 6 de abril del 2011 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de abril del mismo año, el nuevo sistema para el nombramiento de los magistrados, tanto del Tribunal Superior de Justicia del Estado como de los tribunales especializados –Contencioso Administrativo, de Fiscalización y Constitucional–, impone al Gobernador del Estado la emisión de una convocatoria pública para la selección de aspirantes. El Consejo de la Judicatura deberá certificar el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicar los exámenes de oposición. De entre los ocho aspirantes propuestos por el Consejo de la Judicatura, el Gobernador enviará al Congreso una terna para que los elija con el voto de las dos terceras partes de los diputados que se encuentren presentes.

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en tiempo, no así los otros dos Poderes; por lo tanto, a la fecha de la ratificación del nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia y de la elección de entre la terna enviada por el Ejecutivo respecto del magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no estaba instalado solemnemente el Consejo de la Judicatura como lo establece el Segundo Párrafo del Artículo Transitorio Quinto. Aun cuando hubiera estado instalado, el Consejo de la Judicatura carece de existencia y de reglas para establecer sus atribuciones, estructura y su funcionamiento en la Ley Orgánica del Poder Judicial; por lo tanto, no hay disposiciones legales que regulen la evaluación de los aspirantes inscritos ante la Convocatoria Pública del Gobernador; b) el Artículo Transitorio Décimo Primero establece que en tanto se expidan las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos generales a que se refieren los preceptos constitucionales que se reforman por el presente decreto, seguirán aplicándose los vigentes, en lo que no se opongan a las presentes reformas. Es claro que mientras no se expida la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial –la cual es una disposición legal–, en la que se establezca la regulación de la evaluación y, en general, la actuación del Consejo de la Judicatura, no puede aplicarse el nuevo sistema en lo que atañe al nombramiento de los nuevos magistrados.

Dip. Luis de Guadalupe Martínez | Presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LXI Legislatura del Estado de Oaxaca.

Es cierto que se dijo en los debates que dichos nombramientos debían esperar a la apertura e instalación del Consejo de la Judicatura y a que tuviera las disposiciones legales para su funcionamiento, dado que dichos nombramientos no son urgentes, pues en tales casos, las vacantes se cubren con jueces habilitados como magistrados; sin embargo, el espíritu del mencionado Artículo Transitorio Décimo Primero no es derogatorio del sistema antiguo en tanto el nuevo órgano administrativo de la jurisdicción cuente con una Ley Orgánica que lo regule. Lo que sí deja lugar a la contradicción o al menos a la incongruencia, es la duración del cargo de los nuevos magistrados pues, si fueron nombrados mediante el sistema antiguo, debía aplicarse la duración establecida en ese sistema y no el de ocho años que corresponde al nuevo sistema.

l anterior sistema contemplaba el nombramiento de un magistrado con la sola voluntad unilateral del Gobernador del Estado y sólo dejaba al Congreso su ratificación. A falta de convocatoria pública no había la posibilidad de que cualquier abogado interesado pudiera ser considerado en su aspiración y, a falta de Consejo de Judicatura, no había evaluación. El 6 de julio de 2011 –tres meses después de la Reforma Constitucional– ante la existencia de dos vacantes en el Poder Judicial, el Congreso aplicó el sistema antiguo para ratificar el nombramiento de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado que hizo el Gobernador y para elegir a otro más para integrarse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de entre la terna propuesta por el Gobernador. Para dictaminar, la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura discutió la aplicación del sistema antiguo aparentemente derogado con la reforma y se decidió por aplicarlo fundado en dos argumentos:

Sentado lo anterior, es oportuno comentar que el Consejo de la Judicatura sigue siendo un tema pendiente en la Reforma Constitucional. Dicho órgano es el encargado de la administración del Poder Judicial y permite que los magistrados se dediquen a la labor jurisdiccional sin distraerse en las cuestiones administrativas. Ese órgano funciona a cabalidad como administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se trata de una administración bastante extensa y compleja, no así en las entidades pequeñas con una estructura humana que bien puede ser administrada por los propios magistrados sin que im-

a) El Artículo Transitorio Cuarto de la Reforma Constitucional concedió a los Poderes el improrrogable plazo de treinta días naturales para nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura. El Poder Judicial lo hizo 8

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plique distracción de sus funciones jurisdiccionales. El Estado de Oaxaca es una entidad con estructura administrativa media, que si bien le llegó el Consejo de la Judicatura muy temprano, no lo requiere todavía. El problema mayor de este órgano en Oaxaca es su alto costo de existencia y de funcionalidad. Se trata de la integración de cinco consejeros con nivel de magistrados, sueldos homologados y tal vez un poco más, como ocurre en algunos estados de la República; con un aparato burocrático equivalente a dos salas que tanto hacen falta para la pronta impartición de la justicia en Oaxaca y que no se crearán para darle lugar al Consejo de la Judicatura. El Poder Judicial en Oaxaca cuenta con un Fondo de Administración de Justicia mermado que en nada consuela o alivia su respaldo económico y tendrá que exigir al Congreso lo que hasta ahora se le ha regateado: su independencia económica para que logre en verdad su independencia cuando menos del Poder Ejecutivo. Sólo así el Consejo de la Judicatura podrá justificar su existencia y su gasto en Oaxaca. Ya está la propuesta en el Congreso para que en la Constitución local se establezca para tal fin el 1.5% del presupuesto anual general del Estado de Oaxaca. 9

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* Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del Estado de Oaxaca.

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA AGENDA LEGISLATIVA

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Dip. Pavel Renato López Gómez *

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EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN POLÍTICA

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La pobreza, la desigualdad, la marginación, la violencia política y los añejos problemas agrarios en nuestro estado, ponen en el centro de la transición política la importancia de los Derechos Humanos. En esta perspectiva, el presente ensayo se enfoca en la discusión de tres temas que definen la agenda legislativa en la materia.

Martínez V. Víctor R., “¿Qué ha cambiado en diez años?”, en Noticias, 29/03/2011. | 2 Hernández, Raúl, “Oaxaca, último lugar nacional en bienestar social”, en Noticias, 13/04/2011. | 3 http://www.conapo.gob.mx/index. php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194. | 4 Martínez V., Op. Cit.

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El Diagnóstico

Dip. Pavel Renato López Gómez | Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del Estado de Oaxaca.

a promoción y defensa de los derechos humanos ha sido una de las dolencias de los oaxaqueños. En el pasado régimen autoritario, la violación de los derechos humanos fue sistemática y en distintas vertientes: el abandono de los conflictos agrarios, la violencia política, los vacíos jurídicos y la persecución de los disidentes al régimen autoritario, son tan sólo algunos aspectos de la violación de los Derechos Humanos en el Estado de Oaxaca. Frente a esta realidad lacerante, la LXI Legislatura adquiere un compromiso trascendental, porque en ella se deposita la responsabilidad de sentar las bases constitucionales de la transición política; es decir, diseñar las reglas de convivencia de la sociedad oaxaqueña. Cumplir con esta expectativa –mandato de la ciudadanía expresado en las urnas– es muy difícil. Lo es por la complejidad de la sociedad oaxaqueña y también por la expectativa que genera en la población la novedad del cambio político, donde se concibe, equivocadamente, que dicha alternancia es la llave mágica para la solución de los grandes males heredados por más de setenta años de ejercicio autoritario del poder.

Oaxaca adolece, de manera estructural, el problema de la pobreza, la desigualdad y la marginación social. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en el estado hay 3’801,962 habitantes. Oaxaca es el tercer estado mexicano más pobre, con una población de un 1’644,104 indígenas, de los cuales 849,067 son mujeres, quienes en condiciones deplorables tienen acceso limitado a la educación, la salud, la impartición de justicia; sufren de discriminación y enfrentan las consecuencias de 364 conflictos comunitarios existentes en nuestro estado, de los cuales 36 representan un alto grado de violencia.1 Oaxaca es el último estado en bienestar social. Su fuerza productiva descansa en la actividad primaria (el 32% de su Población Económicamente Activa se dedica al campo) y con una tendencia creciente hacia el subempleo y el desempleo, donde 21 de cada 100 trabajadores no perciben ingreso alguno.2 Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Oaxaca cuenta con 174 municipios de muy alto grado de marginación, lo que representa el 30.5% del total de la población, y 289 municipios con alto grado de marginación que representa el 50.7% de la población. Al paso de los años, lejos de disminuir, esta problemática registra un aumento alarmante.3 El 62% de la población vive en la pobreza, situación que nos coloca en el tercer lugar nacional. En materia educativa, el 16.3% vive aún en analfabetismo mientras que el índice nacional es del 6.9%. El 13.9% de la población de 25 años o más completa la educación secundaria. A nivel regional, de los 570 municipios, apenas 93 de ellos supera el promedio de escolaridad del estado.4 12

La Agenda Legislativa

Desarrollo Social Desde la actual legislatura se vigilará la aplicación de los programas sociales tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado. Especial atención merecerán los rubros de salud y educación.

Las reformas constitucionales que proponemos tienen el carácter de transversalidad, porque la promoción y defensa de los derechos humanos repercuten en los ámbitos de desarrollo social, económico, cultural y político.

Una de las asignaturas pendientes del Congreso del Estado es la revisión del Código Penal, por lo que es necesario emprender reformas legales necesarias para garantizar una impartición de justicia equitativa para todos los oaxaqueños.

En materia de derecho a una vida libre de violencia, fortalecer el marco normativo para la prevención, protección, asistencia y erradicación del maltrato contra los oaxaqueños en condición de extrema pobreza, marginación y desigualdad. En este sentido, es necesaria la revisión de la Ley de Derecho y Cultura Indígena y del Código de Procedimientos Electorales de nuestro estado, para ampliar los derechos de la mujer en la política y en el marco de sus usos y costumbres. De la misma manera, es de alta prioridad el combate de la discriminación y violencia sicológica en los centros escolares y en la sociedad, sobre todo, entre la población juvenil. En tal sentido, se contempla la presentación de la Iniciativa de Ley para erradicar el Bullying en el Estado de Oaxaca, pues empieza a ser práctica generalizada entre la población juvenil este tipo de actos discriminatorios.

Elaboración del Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos; Iniciativa de Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y su reglamento respectivo; e Iniciativa de Ley para erradicar el Bullying en el Estado de Oaxaca.

Conflictos agrarios

Lo anterior, con la finalidad de dar certeza jurídica para la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Oaxaca.

El Congreso tendrá principal observancia en la solución de los conflictos agrarios; para ello, se dará puntual seguimiento, control y evaluación de los acuerdos alcanzados en dichos conflictos, de tal forma que se garantice el respeto al territorio de cada pueblo y/o comunidad.

Forma parte de la agenda legislativa la formulación de una consulta con sectores especializados a fin de generar una iniciativa de ley que permita la creación de Servicios Médicos Forenses en las regiones del estado, ya que la ausencia de estos centros permite que particulares usufructúen con estos servicios, mismos que en gran parte del estado se realizan al aire libre y en cementerios.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos establecerá enlaces y relaciones institucionales con organizaciones de la sociedad civil e institutos de investigación y educación superior; las comisiones permanentes de esta Legislatura; las comisiones de derechos humanos 13

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Según denuncias de organismos civiles, en el sexenio pasado se cometieron en promedio 46 feminicidios al año y, en lo que va del actual, se han documentado por lo menos 25 feminicidios. Por ello, es urgente impulsar desde la Cámara una reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a fin de que se tipifique el delito de feminicidio en el territorio oaxaqueño. En el mismo sentido, la Comisión Permanente de Derechos Humanos prepara la presentación de:

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Discriminación

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Justicia

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En materia educativa, se ha presentado un punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara de Diputados con el fin de crear un programa de rehabilitación de la infraestructura educativa de los niveles preescolar, primaria y secundaria con la participación de los tres niveles de gobierno.

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Esta realidad lacerante nos obliga a emprender reformas constitucionales y formular políticas públicas encaminadas a combatir la discriminación, la desigualdad y la marginación social, así como garantizar una educación de calidad y acceso a los servicios de salud para las mujeres indígenas oaxaqueñas.

Cerroni, Umberto, “Política. Métodos, teorías, procesos, sujetos, instituciones y categorías”, México, Siglo XXI editores, 1997.

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tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores; así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de generar propuestas legislativas que beneficien a las mujeres indígenas de Oaxaca. Es importante mencionar que la función de la Comisión Permanente de Derechos Humanos será establecer los vínculos necesarios con las instituciones, tanto estatales como nacionales, involucradas con la migración de mexicanos, tanto en el país como en el extranjero, con el fin de preservar la integridad de los oaxaqueños migrantes, independientemente del espacio geográfico en el que se encuentren.

Conclusión Dice Humberto Cerroni que “un derecho, supone un sujeto capaz de exigirlo”5. En Oaxaca, la promoción y defensa de los derechos humanos ha sido una especie de dádiva otorgada por el gobierno estatal. Sin embargo, el conflicto del 2006, configuró una conciencia social que concibió la necesaria transformación política del estado por medio de las reglas de la democracia. Lo anterior no nos permite aseverar que en Oaxaca la sociedad civil sea un actor determinante en la vigilancia del ejercicio gubernamental. Hace falta caminar mucho para romper la cultura del proteccionismo en la población indígena, garantizar el trabajo de ciudadanos organizados en grupos y centros de trabajo que promueven la participación política a la vez que vigilan la actividad gubernamental en diferentes temas. En materia de Derechos Humanos, las organizaciones civiles ocupan un lugar importante y, con ellos, deberá haber una coordinación efectiva para la difusión, promoción y defensa de los derechos del hombre. La transición política nos obliga a sentar las bases constitucionales para una nueva relación entre gobernantes y gobernados; pero también, a combatir los vicios heredados del pasado régimen autoritario que tuvo su característica distintiva en la corrupción y la impunidad. Combatirlos y erradicarlos es responsabilidad de todos. 14

Para dar inicio, tratemos de dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿qué entendemos por alternancia política? Si la respuesta es que ésta consiste únicamente en el arribo al poder por parte de un individuo con ideas políticas antagónicas a las de su predecesor, estaríamos pecando de una visión por demás corta y miope. Para un servidor, en cambio, es la posibilidad de renovar usos y costumbres políticas; es revisar el andamiaje que da sustento a nuestra convivencia; es reencontrarnos unos con otros para que, en el respeto irrestricto al derecho ajeno, reconstruyamos de manera urgente el tejido social en toda la geografía oaxaqueña.

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*Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de la LXI Legislatura del Congreso Local.

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ALTERNANCIA POLÍTICA

Dip. José Antonio Hernández Fraguas*

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Dip. José Antonio Hernández Fraguas | Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de la LXI Legislatura del Estado de Oaxaca.

enemos la obligación de hacer posible una verdadera división de poderes en la que la total autonomía de cada uno de ellos asegure un equilibrio perfecto. La alternancia política se materializó por mandato de una sociedad y no por instrucciones de una persona o grupo en particular. Nadie pues, puede asumirse como depositario de la voluntad popular. Esa es la primera lección que se nos ha dado por parte de la sociedad: nunca más un ejercicio autoritario del poder. La sociedad oaxaqueña votó por más y mayor participación ciudadana en el ejercicio del poder público: desde la planificación y la elaboración de políticas públicas hasta su implementación pasando, por supuesto, por la correspondiente y obligada vigilancia de

los recursos que en ellas se aplican. Estamos ante la emergencia de un nuevo tipo de ciudadano más crítico, más informado, más demandante. En este entorno, el papel del Poder Legislativo adquiere importancia relevante, toda vez que, por su naturaleza misma, es la correa de transmisión (o así debería serlo) entre la sociedad y los otros dos poderes. Es así por definición y a ello debemos avocarnos los integrantes de la actual legislatura. Pero, y es aquí donde deseo hacer mayor énfasis, debemos hacerlo con responsabilidad y con altura de miras, escuchando a los distintos estratos de la sociedad, acercando al quehacer legislativo a los distintos grupos de la sociedad organizada para que con el conocimiento y la experiencia que han acumulado podamos legislar de manera objetiva y comprometida desde el 18

punto de vista social, produciendo al final de todo proceso legislativo las respuestas esperadas por la sociedad y no únicamente acuerdos de cúpula para satisfacer egos personales o de grupo. Para lograr lo anterior debemos abrir los debates de comisiones al escrutinio de la sociedad en general y, aún más, programar el desarrollo de sesiones ordinarias en distintos puntos del estado, con una agenda predeterminada para dar orden a los trabajos que en ellas se realicen. Trabajos que, por supuesto, tendrán mucho que ver con la particularidad misma de la región así como con temas de debate estatal. Se hace necesario entender ya que la agenda legislativa se debe confeccionar a partir de la demanda ciudadana y no con las necesidades políticas de partidos o grupos.

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Nuestro estado se ha quedado al margen del desarrollo, ya no digamos nacional sino también del regional. Para comprobar lo anterior, basta con asomarnos un poco mas allá de nuestras fronteras para atestiguar el hecho de que nuestros vecinos se han desarrollado con índices superiores al nuestro. Esta situación obedece al hecho de que hemos sido incapaces de propiciar un proceso de evolución integral

en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Evolucionar, ésta es la palabra clave para un servidor, y a ella nos debemos remitir todos aquellos que deseamos un estado más próspero y con índices de desarrollo comparables a los de nuestros vecinos. Evolucionar en las tareas del orden público como en la esfera privada. Evolucionar en las tácticas y estrategias de acción de los grupos tradicionales en nuestro universo político. Me refiero por supuesto a los maestros, me refiero al MULT, a Antorcha Campesina y a muchos grupos más. Evolucionar para entrar de lleno a la generación de más y mejores empleos. 19

Evolucionar para permitir la creación de la infraestructura necesaria para generar o fortalecer polos de desarrollo: me refiero a la carretera a la Costa y al parque eólico en el Istmo, sólo por mencionar dos de los más importantes. Evolucionar para hacer posibles universidades públicas y privadas así como institutos tecnológicos a la altura de nuestras necesidades. Y en la tarea de propiciar esta evolución, los diputados estamos obligados a convertirnos en detonantes ineluctables de este por demás necesario proceso y sólo lo vamos a lograr si mas allá de nuestras filias políticas o de nuestros intereses de gremio nos asumimos como lo que somos, representantes del pueblo oaxaqueño.

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El papel del Poder Legislativo en la alternancia deberá ser el de dar orden y concierto a la estridencia generada por la contienda política. Es nodal generar los acuerdos políticos necesarios entre los distintos partidos en ella representados, dejando de lado protagonismos y elevando el nivel del debate: de nada servimos atrapados en la confrontación cotidiana, nada aportamos si no somos capaces de transitar en el acuerdo permanente.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España.

Reforma Constitucional Lic. Jéssica J. Hernández García*

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La figura del Cabildo Abierto en la

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El pasado seis de abril de 2011, las y los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado aprobaron la Iniciativa de Reforma Constitucional presentada por el Gobernador Gabino Cué Monteagudo a través de la cual se modificaron 33 artículos de nuestra Constitución Local.

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Antecedentes del proceso legislativo, Dictamen de la Comisión de Estudios Constitucionales.

Lic. Jéssica J. Hernández García | * Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España.

on ello se logró un avance significativo en temas importantes como fiscalización y rendición de cuentas; fortalecimiento del Poder Judicial; autonomía presupuestal; control constitucional; autonomía de los Órganos del Estado; derechos humanos; y mecanismos de democracia directa. La Exposición de Motivos de dicha iniciativa señala, en particular, la obligación de los Ayuntamientos para celebrar sesiones de Cabildo Abierto con la participación de la ciudadanía, para que la toma de decisiones sea a través de procesos deliberativos. De esta forma, se incluye al Cabildo Abierto como un instrumento de democracia participativa. Así pues, la reforma establece en el Artículo 25 constitucional, Apartado C, Fracción V, la obligación para que los Ayuntamientos realicen de manera periódica sesiones de Cabildo Abierto, en donde las y los ciudadanos puedan participar con voz pero sin derecho a voto, en temas de relevancia para el munici-

pio, siempre y cuando este tipo de sesiones sean convocadas de manera previa. Es importante mencionar que la iniciativa fue enriquecida por parte del legislativo conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, en una dinámica de reflexión y análisis en materia de participación ciudadana. En el caso que nos ocupa, este mecanismo fue perfilado para que el ciudadano se encuentre con su gobernante en un “espacio de intercambio de ideas y rendición de cuentas que fortalezcan la gobernabilidad”1. Asimismo, la reforma dispone que los ciudadanos podrán manifestar su opinión sobre las diferentes problemáticas en su municipio y proponer soluciones, siguiendo los criterios y procedimientos regulados por una ley secundaria para ejercer una Democracia Directa. La figura del Cabildo Abierto queda plasmada en los artículos 23, 24, 25, Apartado A, Fracción IV, de nuestra Constitución Local, como una obligación y como una pre22

rrogativa de las y los ciudadanos para participar en la sesión abierta. Finalmente, en el mismo Artículo 25, Apartado C intitulado De los Mecanismos de Participación Ciudadana, Fracción V, se establece la obligación de los Ayuntamientos y en su caso de los consejos municipales para celebrar sesiones de Cabildo con carácter público, dejando en claro que la ciudadanía solo tendrá derecho a voz pero no derecho a voto.

¿Cuáles son los antecedentes de esta figura en América Latina, y por qué su importancia?

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Cabe mencionar que en esa época existían dos tipos de Cabildo: Cerrado o Concejo Municipal, y el Cabildo Abierto; éste, a diferencia del primero, contaba con la participación limitada por parte de los habitantes de la ciudad y las sesiones eran reguladas por medio de ordenanzas impuestas por el gobierno colonial.

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Como sabemos, el Cabildo Abierto se desarrolló en la España medieval y posteriormente esta institución llega con los españoles a América. Se implementa durante la Colonia para que diversos grupos sociales locales, con cierto estatus, pudieran participar en la toma de decisiones sobre temas que involucraran sus intereses, aunque excluyendo de todo tipo de participación a mujeres, población indígena y población afroamericana. La corona española mantenía una constante pugna en defensa de sus intereses.

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¿Cómo se lleva a cabo el Cabildo Abierto en la Actualidad? La experiencia colombiana Para ejemplificar el desarrollo de este instrumento de participación ciudadana, me permitiré citar el caso colombiano. En 1991, la Constitución Política de Colombia en su Artículo 103 adopta el Cabildo Abierto como uno de los mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía; mecanismo que actualmente está regulado por la Ley 134 de 1994; el Decreto 2629 de 1994 del Ministerio del Interior; y la Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia No. C-180/94. La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana o Ley 134, define en su Artículo 9 al Cabildo Abierto como “… la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad”. Al igual que lo establecido en nuestra Constitución Local, el constituyente colombiano deja la regulación de los mecanismos de participación ciudadana sólo para el legislador ordinario y no faculta a los Ayuntamientos para reglamentarlo. El Título IX de la Ley 134 dispone que al menos deben celebrarse dos sesiones en cada periodo de sesiones ordinarias de los consejos municipales, en las que se tratarán asuntos que los residentes del municipio soliciten sean analizados y sean propios de su competencia. Establece también que la solicitud debe ser presentada en la Secretaría Municipal por al menos cinco de cada mil habitantes del censo electoral del municipio y por lo menos con quince días de anticipación al inicio del periodo de sesiones. La solicitud debe estar debidamente motivada para que pueda ser discutida en Cabildo Abierto. 24

Algunos comentarios sobre la reglamentación del procedimiento en Oaxaca Partiendo de que el Cabildo Abierto tiene un espíritu democrático y participativo, que es un espacio en donde la ciudadanía tiene la oportunidad de expresar y deliberar sobre sus inquietudes y necesidades colectivas, la regulación del procedimiento en Oaxaca debe establecer claramente la obligación de la autoridad municipal para permitir y facilitar la participación de las mujeres, así como de las minorías, tanto en los Ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos como por el de usos y costumbres. Como bien sabemos, la mujer es sujeto de una marcada discriminación en nuestro estado, se le excluye de la toma de decisiones en favor de su género y de su comunidad; esta situación es notable en los municipios que se apegan al derecho consuetudinario generando un retroceso marcado en el ejercicio de los derechos fundamentales y político-electorales de las mujeres indígenas. Es por ello que la ley secundaria deberá establecer de manera clara y detallada el procedimiento que asegure la participación de mujeres, hombres y minorías en cada uno de los municipios y que no permita discriminación alguna, para así lograr un gobierno municipal incluyente en el que desemboquen todas las voces. 25

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Durante la semana siguiente al término del Cabildo, se verificará la sesión pública a la cual serán invitados los voceros. Allí, el Presidente dará respuesta escrita y razonada a los planteamientos y solicitudes ciudadanas. Lo no previsto será reglamentado por parte de los concejos municipales.

En cuanto al Decreto 2629 de 1994, el gobierno colombiano creó el Fondo para la Participación Ciudadana, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito al Ministerio de Gobierno, con el objeto de financiar programas que capaciten, promuevan, difundan y hagan efectiva la participación ciudadana; así como el análisis y evaluación del comportamiento participativo y comunitario.

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En caso de que las sesiones se lleven a cabo fuera del recinto municipal, el Cabildo podrá sesionar en cualquier sitio ubicado dentro del territorio municipal, con la presencia del respectivo concejo municipal o distrital, o la junta administradora local, según el caso.

Deja en claro que el Congreso no otorgó la fuerza vinculante a las deliberaciones populares en Cabildo pues “su propósito esencial es ampliar los escenarios de participación de los ciudadanos y en concreto, que la comunidad política de manera directa y pública, intervenga y decida acerca de los asuntos propios de la respectiva población”.

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A solicitud expresa de quienes solicitaron intervención o de su vocero, previa autorización de la autoridad municipal, podrá citarse a funcionarios municipales, con cinco días de anticipación, para que concurran al Cabildo y respondan oralmente o por escrito sobre hechos relacionados con el tema autorizado. Si las o los funcionarios no asistieren deberán ser amonestados.

Es interesante la postura que toma la Corte Constitucional de Colombia al otorgar el carácter deliberante y no vinculante al Cabildo Abierto, en tratarlo como un “escenario del tratamiento popular a los problemas nacionales, regionales o locales, según el caso”.

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La celebración de los cabildos abiertos deberá ser difundida por los concejos municipales a través de la publicación de dos convocatorias en un medio de comunicación idóneo.

Por su parte, la Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia No. C-80/94, resuelve que debe entenderse por Cabildo Abierto: “…la congregación del pueblo soberano para discutir libremente, acerca de los asuntos que le interesen o afecten. Se constituye además, en la garantía constitucional de las reuniones políticas de carácter deliberante”.

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Dicha Ley permite que las organizaciones civiles participen en todo el proceso de convocatoria y celebración e indica las materias que serán objeto de este tipo de sesiones, es decir, cualquier asunto de interés para la comunidad, pero con sus excepciones, dentro de las cuales se encuentra la de presentar proyectos de ordenanzas, acuerdos o cualquier otro acto administrativo. A las sesiones abiertas podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto; sin embargo, se designará un vocero por parte de quienes lo solicitaron, habiendo la posibilidad de que tendrán voz quienes se inscriban a más tardar tres días antes de la realización del Cabildo pero presentando para ello un resumen escrito de su futura intervención.

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LA REFORMA Y LOS

RETOS DEL GOBIERNO DE TRANSICIÓN Dr. Víctor Raúl Martínez Vásquez

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El régimen autoritario

Los diputados recibían las iniciativas del gobernador y las aprobaban sin modificar una coma.

A un año de que la Coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” obtuviera el triunfo en las elecciones del 4 de julio de 2010, es pertinente hacer un alto en el camino para revisar los retos que tiene la transición política de Oaxaca.

Los jueces de consigna, aquellos que obedecían fielmente las instrucciones del gobernador, formaban parte del sistema autoritario para castigar a los opositores al Ejecutivo.

Antes de entrar en materia, conviene aclarar que venimos de un régimen que hemos denominado gobernadorismo autoritario, que es personalista, se centra en el gobernador, se funda más en el temor que en el consenso, en el ejercicio discrecional de la ley más que en un real estado de derecho, en el uso patrimonial del poder y los recursos públicos, y no en una concepción republicana en la que éstos son de todos y no del gobernante; prefiere el ocultamiento y manipulación de la información pública por lo que es reactivo a la rendición de cuentas, a la libertad de prensa y a la transparencia. En el “gobernadorismo autoritario”, los otros poderes del estado, el legislativo y judicial, y el resto de las instituciones públicas, están sometidas al gobernador. Este régimen tiende al control y a la manipulación clientelar del ciudadano más que a su participación informada, libre, organizada; su visión de la sociedad es maniquea; su actuación es parcial más que neutral, o se goza de sus favores o se sufre de sus aversiones. Lo tienta más la represión y la venganza que la justicia, el recurso de la fuerza más que la utilización del diálogo, la conciliación y el acuerdo; es egocentrista más que pluralista. El déspota que corona el vértice de la pirámide usa el poder para su beneficio más que para el de los gobernados. En el pasado oaxaqueño, durante décadas, el Poder Legislativo y el Judicial estuvieron sometidos al Ejecutivo.

Las instituciones autónomas creadas en décadas pasadas, estaban totalmente sometidas al gobierno que las utilizaba como mascarada. El Ejecutivo carecía realmente de contrapesos, lo que daba pie a que los funcionarios corruptos se enriquecieran escandalosamente a costillas del pueblo de Oaxaca, sin rendir cuentas a nadie y gozando de impunidad. La ciudadanía por su parte carecía de mecanismos que le permitieran tomar parte en las decisiones trascendentales y remover al gobernador cuando éste, como ocurrió en el 2006, atentara contra su propio pueblo.

La transición democrática La transición democrática alude al paso de un régimen autoritario a un régimen democrático. En mi opinión, la transición política democrática de Oaxaca, en la fase actual, debe tener como propósito, desmantelar el régimen de “gobernadorismo autoritario” para dar paso a uno distinto, caracterizado por una nueva relación entre los poderes del Estado, mayor protagonismo e independencia del Poder Legislativo, más autonomía del Poder Judicial, mayor apego a la legalidad, el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos. Debe ahora privar el principio de “máxima publicidad”, por ello la transparencia se convierte en un objetivo central de la acción pública, así como la rendición de cuentas por medio de la cual se informa y explica a la ciudadanía. La ciudadanía debe cobrar ma28

yor protagonismo. Desde luego que ello se traduce asimismo en una mayor libertad de opinión, organización y de prensa. La transición democrática requiere de una reforma radical al andamiaje jurídico autoritario para ponerlo en clave democrática. Por ello las primeras reformas constitucionales que el Ejecutivo envió al Legislativo el primero de diciembre del 2010 y que fueron discutidas, reforzadas y aprobadas por el Congreso del Estado el 6 de abril del 2011. Son en esencia cinco los ámbitos de la Reforma Constitucional: una nueva relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; el fortalecimiento del Poder Judicial; la autonomía de los Órganos del Estado; la instauración de mecanismos de democracia directa; y una nueva gestión pública con orientación social. Por lo que toca al Congreso, se le da la facultad de ratificar al gabinete, una tarea que no contemplaba la anterior legislación y propicia un mayor diálogo entre los poderes. El titular de la Auditoría Superior del Estado será nombrado(a) por el Congreso. Asimismo, se propone la llamada Iniciativa Preferente que le otorga al Ejecutivo la posibilidad de proponer por esta vía al menos una iniciativa constitucional y dos iniciativas de ley o decretos en cada periodo ordinario de sesiones del Congreso. En lo sucesivo, con la Reforma Constitucional, se abre la posibilidad de que los secretarios y servidores públicos que determine el Gobernador del Estado y a petición del Congreso, dialoguen directamente con los representantes populares sobre la agenda común entre ambos poderes. Esto será fundamental en los nuevos tiempos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo podrá asimismo vetar total o parcialmente una determi-

nada ley o decreto con excepción a las que se refiere el artículo 53 de la Constitución local.

Se plantea asimismo la figura de la audiencia pública para que las autoridades estatales y municipales permitan al ciudadano presentar directamente sus demandas y propuestas. En el caso de los gobiernos municipales, se plantea de manera complementaria la figura del Cabildo en Sesión Abierta: una sesión en la que los ciudadanos puedan, de manera periódica, participar con voz aunque sin voto. 29

Con estas propuestas, se pretende sentar las bases para crear una nueva constitucionalidad que permita transitar a un régimen más democrático, transparente, eficaz, como lo ha venido demandando la ciudadanía.

Los Retos

Desde luego que no son pocos los retos que esta Reforma habrá de enfrentar: el primero de ellos es convertir las reformas constitucionales en leyes. Existe un periodo corto de tiempo para ello que vence en teoría el 6 de octubre. El segundo reto es la ingeniería de las nuevas instituciones que se habrán de crear o modificar, lo cual

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En este último aspecto, como lo han venido planteando organizaciones de la sociedad civil y académicos, la reforma propone instaurar mecanismos de democracia directa como el plebiscito para aprobar medidas administrativas en el ámbito del Poder Ejecutivo; el referéndum positivo para aprobar o rechazar normas de carácter general; la revocación de mandato del gobernador cuando este cometa violaciones graves contra la Constitución.

Se establece asimismo el principio de evaluación y control de confianza para crear una Ley que permita evaluar y certificar a los servidores públicos.

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Entre los tribunales especializados, además del Contencioso Administrativo y el Electoral, se contará con un Tribunal de Fiscalización del Tribunal Superior de Justicia que se encargará, entre otras cosas, de conocer controversias con la Auditoría Superior del Estado, resolver impugnaciones respecto la cuenta pública del estado y las de los municipios, y conocer de las inobser-

En materia de transparencia, se integraría la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública con facultades para vigilar en este aspecto a todos los poderes públicos. Con estas propuestas se avanza en la Reforma Política del Estado transitando así a un modelo más democrático, con un mayor equilibrio entre los poderes, más transparencia y rendición de cuentas y una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

En cuanto a la administración pública del estado, la Reforma Constitucional plantea incorporar los principios de austeridad y planeación, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para evitar el despilfarro y los gastos superfluos y así lograr que los recursos del gobierno del estado sean optimizados en beneficio del interés público.

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Un aspecto fundamental en manos de la Sala Constitucional será la atención del juicio para la protección de los derechos humanos, al que podrá recurrir la ciudadanía ante el incumplimiento de las recomendaciones hechas a la autoridad por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

En la Procuraduría se propone transparentar el actual proceso de elección del Procurador a través de convocatoria pública y la creación del Consejo de la Procuraduría, un órgano de control y vigilancia de esta institución.

Esta misma figura se plantea que sea obligatoria para los órganos constitucionales autónomos y las entidades e instituciones que así lo determine la ley.

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Los magistrados se elegirán por el Congreso, previa convocatoria del Gobernador del Estado y revisión de su documentación por parte del Consejo de la Judicatura. Se abrirá asimismo una Sala Constitucional encargada de garantizar la constitucionalidad de las leyes locales y conocer de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se le presenten.

Por lo que toca a los Órganos Autónomos se ampliarán sus facultades. Así, el Instituto Estatal Electoral tomará en sus manos la organización y celebración de mecanismos de participación ciudadana por lo que se propone cambie su nombre por el de Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Otra figura fundamental para promover la vigilancia y los contrapesos ciudadanos al poder público son los Consejos Consultivos Ciudadanos que se proponen en la Reforma Constitucional a fin de que sean un puente de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía.

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Por lo que hace al Poder Judicial, una parte de su debilidad está en el aspecto financiero. A partir de la aprobación de la reforma, su presupuesto no podrá ser inferior al año anterior y gozará de autonomía para su ejercicio. Se creará el Consejo de la Judicatura, que será el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia. Este órgano, integrado por cinco miembros y en el que tendrá un representante el Poder Ejecutivo y otro el Legislativo, gozará de independencia técnica, de gestión, y capacidad para emitir resoluciones y acuerdos generales. Entre sus funciones se encuentra administrar la carrera judicial.

vancias en que pueda incurrir la Auditoría Superior del Estado.

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enfrentará la necesidad de su diseño, reglamentación, operación. El Consejo de la Judicatura es una de ellas en lo inmediato. Otras están por venir en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Poder Judicial, etc.

Otras reformas deberán discutirse en el futuro entre las que destacan aquellas vinculadas con los pueblos indios, la equidad de género, el tema electoral, entre otros.

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Son muchos los cambios que debemos promover como sociedad y gobierno si realmente queremos avanzar en la transición democrática, para que esta primera etapa de reformas constitucionales no sea letra muerta.

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La cultura política autoritaria no se ha ido; permea no sólo algunas estructuras de gobierno, sino también en instituciones sociales como la escuela, la familia, los sindicatos y aún en organizaciones sociales que pretenden imponer su voluntad por la fuerza sin considerar la opinión de la ciudadanía.

La sociedad civil también es aún poco participativa; de poco servirán las reformas constitucionales si no tenemos una ciudadanía organizada y proactiva, demandante y propositiva.

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Dr. Víctor Raúl Martínez Vásquez / Coordinador de Asesores del C. Gobernador de Oaxaca

Las propias estructuras gubernamentales construidas e integradas en el pasado, no han logrado una sensibilización en torno al cambio que espera la ciudadanía.

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Un tercer reto es la falta de experiencia en algunos de los procedimientos de participación ciudadana que habrán de ponerse en práctica como el plebiscito y el referendo. Poco hemos experimentado también en lo que se denomina como Cabildo Abierto. Las audiencias públicas y otros mecanismos de participación ciudadana deberán tener un sistema de seguimiento de sus resultados.

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Tomás Alejandro González Martínez* | Jefe del Departamento de Estudios de los Poderes del Estado del Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD).

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Composición de la LXI Legislatura del Estado de Oaxaca

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Un problema surge cuando se busca establecer un vínculo futuro: convertir no las expectativas, sino la acción, en el eje rector de una discusión cuyos efectos todavía no se pueden ver. Bajo la idea de los <<retos de la transición y la reforma política>> no son los hechos políticos los que fijan un derrotero, sino la inocencia de la palabra reto. ¿Qué es aquello incierto de algo que provoca, amenaza o desafía? Tres vertientes que indudablemente apuntan a la indeterminación del futuro. Lo plausible, en todo caso, es ejercer un análisis que vaya a contracorriente de furtivas esperanzas; las disciplinas económico-administrativas y sociales tienen que elaborar programas de investigación que examinen, desde el presente, algo que sabemos no se encuentra claramente establecido. Desafortunadamente, la investigación es otro rubro por atender.

Doctor en Sociología por El Colegio de México (COLMEX), Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede México y actual catedrático de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca.

A PROPÓSITO DE LOS RETOS DE M Á S I N F O R M A C I Ó N

Dr. Arturo Augusto Cano Cabrera

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LA TRANSICIÓN Y LA REFORMA POLÍTICA

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W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X V I S I T A I N F O R M A C I Ó N M Á S P A R A

trucción de consensos institucionalmente requeridos y conteniendo la idea del monopolio legítimo de la violencia.

ara poder hablar de transición y reforma política se tienen que problematizar como dos procesos independientes, sin obviar su mutua implicación; cada uno atiende a realidades políticas que indudablemente son subsidiarias de un proceso mayor y más complejo: el fortalecimiento institucional de la vida democrática de la sociedad, en este caso, la oaxaqueña.

Al conocer la intención de estos eventos el problema no es de retos, sino de riesgos; el riesgo tiene como horizonte de explicación la posibilidad de que dichos procesos pueden consolidarse o no consolidarse, establecerse en el corto, mediano o largo alcance, fortalecerse o, en su caso, retornar a viejas formas de ejercicio de las responsabilidades públicas. También puede suceder cualquier fenómeno no previsible hasta el momento.

De esta forma, hay que estar atentos al fluir de cada uno de estos procesos. Es sabido que la transición en nuestro país, dentro de la literatura especializada, ha sido un proceso lento. Incluso, se habla hoy en día de postransición, cuyo fin último es la consolidación democrática, misma que tampoco da visos de afianzamiento.

Las acciones encaminadas recientemente en la vida política de Oaxaca apuntan, con cierto optimismo, a impulsar nuevos procesos políticos que buscan rediseñar la vida político institucional en la entidad. Sin embargo, no ha quedado claro si se está apuntando a corregir los fallos históricos o a hacer aplicaciones cosméticas de corta tarea.

La reforma política, por su parte, busca la actualización de las funciones y responsabilidades del Estado; particularmente ampliando los derechos fundamentales al fortalecer el Estado de Derecho. Esto último, bajo el velo de la cons38

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Esta duda razonable es legítima cuando se observa que las actuaciones de los actores políticos tienen una interpretación distinta a las acciones emprendidas. Pero más preocupante aún es la vida institucional: partidos políticos que operan sin ser tales; legisladores que no especifican si ejercen su representación popular ante sus electores; si el bien común se construye bajo un interés general o una fuerza plural que avasalla a su oponente; una oposición política que apuesta a la ingobernabilidad; la desconfianza que sigue permeando sobre la procuración de justicia; la incierta actuación de la administración pública; la disyuntiva que todavía permea con respecto al cargo ejecutivo; movimientos sociales que no rompen sus esquemas corporativos y grupos de presión que buscan colonizar la vida pública. Todo un coctel de dudas que requieren de mediciones de mediano plazo para ver si se camina por una senda democratizadora.

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Ante una ecuación compleja, como la referida, se hace evidente la diferencia entre riesgo y reto, éste último siempre cuenta con un umbral de frustración que lo hace arribar al ejercicio discrecional de la fuerza; mientras que el riesgo tiene abierta la posibilidad de decidir conforme a cada etapa evaluada. Así, el vínculo hacia el futuro se mantiene abierto y, en el ánimo político y público, se arriba al consenso como forma de entendimiento socialmente construido. 39

su desenvolvimiento. En cambio, cuando el Estado deja de ser una instancia de control para ser una organización subsidiaria de un número indeterminado de procesos sociales: educación, religión, economía, derecho, arte, ciencia, etc., todo acto gubernamental se transforma en un esfuerzo mientras que, en la visión anterior, significaba una imposición.

Queda por hacer la reflexión en torno al vínculo Sociedad-Estado. Los cambios institucionales impulsados en un escenario de riesgo tienen como telón de fondo a la sociedad oaxaqueña y ésta genera sus propias expectativas. Aún y cuando se busque una integración sistémica con los objetivos de gobierno, la lectura tradicional ha sido la de subordinar a la sociedad al control del Estado; con ello, se han producido dispositivos de control y un ejercicio irresponsable del poder político que ha dado pie a ejercicios de dominación. Dicha visión, se encuentra determinada en una sociedad de riesgo que mira a la complejidad como la pauta de

De esta forma, la sociedad se convierte en sensor del quehacer gubernamental y hace sujeto de crítica cada una de sus acciones y con ello pone de relieve algo conocido: toca a la colectividad la continuidad, supresión o evolución de su régimen de gobierno. La sociedad oaxaqueña ha sido invitada, por medio de la democracia, a esta nueva realidad al abrir sus propios umbrales y será la que en el futuro evalúe los efectos de la transición y la reforma política. Así que todo acto emprendido en este momento será la realidad de un porvenir.

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La transición y la reforma política deben por lo tanto realizarse en situaciones de riesgo, rediseñar las instituciones locales para que apunten a prácticas y reglas de integración colectiva. Si este no es el objetivo, las frustraciones continuarán con la pesada carga que subyace todavía en el horizonte estatal.

La sociedad oaxaqueña ha sido invitada, por medio de la democracia, a esta nueva realidad al abrir sus propios umbrales y será la que en el futuro evalúe los efectos de la transición y la reforma política.

Dr. Arturo Augusto Cano Cabrera | Doctor en Sociología por El Colegio de México (COLMEX), Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede México y actual Catedrático de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca.

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*Coordinador Académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

LA REELECCIÓN LEGISLATIVA Y LA REFORMA ELECTORAL PENDIENTE:

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Mtro. Fernando Dworak*

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¿CUÁL DEBE IR PRIMERO?

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Si nuestro sistema electoral se puede destacar frente a los de otros países es por el grado de protección –y quizás hasta de blindaje– que se le brinda a los partidos políticos: cuentan con recursos públicos, el monopolio de la representación e incluso parecieran inatacables. Además nombran a los árbitros: los consejeros del Instituto Federal Electoral.

http://www.ifes.org/publication/998e28b22943e28ed7738dc88d474a09/Informe_IFES_I.pdf

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Es indignante el alto costo de nuestra democracia. Sin embargo, si deseamos abaratarla sería conveniente cuestionar las razones de ello en lugar de creer que se puede resolver el problema por algo que se ha llamado la “voluntad política” de los legisladores. De acuerdo a un estudio de la Universidad de California1, el voto en México es 18 veces más alto que el promedio de Iberoamérica en términos de financiamiento público. Por ejemplo, cada sufragio cuesta aquí 17 dólares, comparados con 29 centavos de dólar en Brasil, 41 centavos de dólar en Argentina y 2 dólares en Colombia. El mismo estudio señala que el promedio de gasto electoral en la región es de 123 millones de dólares contra 465 millones en México. A pesar de las presiones de movimientos ciudadanos, analistas políticos y líderes de opinión por disminuir los costos, la reforma electoral de 2007 fue una simulación. La fórmula de asignación de recursos públicos para los partidos representó un ahorro magro. Además, se transmitieron en 2009 más de 23 millones de spots de febrero a julio, contra 800,000 durante 2006.

Mtro. Fernando Dworak | Coordinador Académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

i se combina lo anterior con la prohibición a la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, se tiene un sistema que premia la irresponsabilidad donde los actores políticos no tienen incentivos reales para hacer cambios de fondo.

¿Cómo llegamos a este punto? Durante los años noventa del siglo pasado las reformas electorales otorgaron recursos públicos a los partidos para tener condiciones de competencia equitativas. Hoy día el financiamiento sirve, entre otras cosas, para afianzar grupos clientelares al interior de los partidos. Y es ejercido con alta discrecionalidad.

Mucho se habla de que, antes de restaurar la reelección inmediata de alcaldes, tendrían que hacerse reformas a numerosos temas, como la modernización del Congreso, una reforma electoral que reduzca los gastos de campaña y muchos otros aspectos de nuestro diseño electoral.

¿Es factible reducir el gasto de los partidos? Podría serlo si pensamos en reformas previas a manera de condiciones necesarias. Lo anterior, por dos razones: en primer lugar, la fórmula de asignación de recursos está plasmada en la Constitución Política. Su reforma necesitaría la aprobación de las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la ratificación de la mitad más una de las legislaturas locales. Es fantasioso suponer que los partidos reducirán su financiamiento si no son responsables electoralmente de cuanto hacen o dejan de hacer.

El presente artículo busca mostrar que, si bien la reelección no garantizaría por sí misma los cambios, al no aprobarla asegura que aquellos nunca se den. Al contrario, la restauración de la posibilidad de premiar o castigar a través de la continuidad podría generar conductas que ayudarían a concretar las reformas en otros rubros, como sería para este caso la agenda electoral.

Conviene, para la segunda razón, recurrir a un principio de mercadotecnia para explicarla. Cuando se lanza un producto al mercado, las campañas introductorias son costosas por la necesidad de posicionarse. Los gastos se concentran en exposición mediática y mensajes que capturen la atención.

Financiamiento de partidos y gastos de campaña

Una vez ganado el posicionamiento, las campañas subsecuentes son más baratas, basándose en la identificación entre los consumidores. Por ello se usarán frases que recurren a la familiaridad como, digamos, “fórmula mejorada”. 44

Conformación y estabilidad de los institutos electorales

Este principio se aplica para los gastos de campaña en una democracia que tiene políticos responsables. Por ejemplo, si un diputado novato desea continuar con su carrera, debe posicionarse ante el electorado para ganar la identificación y apoyo necesarios para reelegirse. De esa forma presentará iniciativas e ingresará a las comisiones que correspondan a los intereses de su distrito, además de involucrarse en actividades de gestoría para dar resultados. Esto también aplica para otros funcionarios electos, como los alcaldes.

¿Qué podría pasar con la reelección? Un legislador o alcalde que realice un trabajo eficaz y no sea necesariamente sumiso tendría la capacidad de chantajear a su dirigencia con ser candidato independiente. Y la amenaza sería creíble: su trabajo previo haría que su campaña requiera mucho menos recursos. Con el tiempo las rebeliones podrían ser más frecuentes, orillando a que los institutos tengan que generalizar las primarias. Incluso sería más factible una ley de partidos.

En otros países las autoridades electorales son más estables pues los diversos candidatos, al competir por el mismo puesto en numerosas ocasiones, ya conocen a los árbitros y confían en ellos. Por el contrario, en México los principales actores en las elecciones son los partidos, pues éstos tienen el control sobre quiénes acceden a los cargos de elección popular. Y por si fuera poco, tanto dirigencias como candidatos tienden a involucrarse sólo en un proceso electoral.

No todos los legisladores o alcaldes se darían cuenta de esto de inmediato. Incluso muy pocos se atreverían a tanto. Sin embargo, con que uno lo haga otros aprenderán: la reelección no es una condición suficiente, pero sí necesaria.

Si tenemos en cuenta que un arreglo institucional es fuerte cuando los mismos actores tienen la capacidad de darle seguimiento a lo largo del tiempo, respetando cuanto acordaron, se aprecia mejor la magnitud del 45

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Y a esto, ¿por qué en las demás democracias rara vez son las instituciones electorales un motivo de conflicto? ¿Será porque los partidos de otros países sí confían en sí mismos? Entonces, ¿se podría hablar de que existe una naturaleza “mexicana”, complementaria o quizás paralela a la que conocemos simplemente como “humana”? En realidad, una explicación coherente no tiene por qué recurrir a la metafísica o a la psicología.

Los partidos tienen otro elemento de control: el financiamiento para las campañas. De esa forma hay quienes argumentan, y con razón, que los partidos seguirían usando ese recurso para mantener la cohesión de legisladores y alcaldes.

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Sistema de financiamiento

Hoy día, cuando la pluralidad política es un hecho, sigue imperando esa desconfianza. Y una vez más, el recurso vuelve a ser reestructurar al IFE. Sin embargo, nadie se pregunta cuáles son los orígenes, razones o carácter de tan escasa confianza. Como máxima, algún académico contestó hace años que era escasa confianza a ellos mismos y que eso no lo podría resolver reforma alguna.

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Si tuvieran que presentarse a sus electores para ser nuevamente electos, se verían obligados a acotar sus privilegios. Además los electores tendrían otros elementos para evaluarlos más allá de las dádivas y las promesas.

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¿Por qué tenemos un órgano electoral demasiado grande y complejo si lo comparamos con los que tienen otras naciones? La respuesta oficial es: antes de 1996, los partidos que en aquel momento se encontraban en la oposición dotaron al Instituto Federal Electoral (IFE) de autonomía, con el fin de que los comicios arrojasen resultados confiables y de manera transparente. Es decir, el organismo en cuestión es enorme pues los partidos desconfiaban unos de otros.

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A la fecha en que se escribió el presente texto, los diputados todavía se encontraban en negociaciones para renovar a tres consejeros del Instituto Federal Electoral, no obstante estamos a meses de que se rebasó el plazo estipulado en la Constitución Política.

Por esto nuestros candidatos requieren de tantos recursos, los cuales se gastan mayormente en los medios, porque así lo exigen los arreglos institucionales: cada tres años se tienen que realizar cientos de campañas introductorias.

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problema en México: cada nuevo grupo de líderes partidistas y de legisladores tiene la necesidad de adaptar las instituciones a sus requerimientos particulares, y no tienen por qué respetar los pactos alcanzados por sus antecesores.

rado tiende a sentir identificación por uno u otro instituto político o candidato gracias a su desempeño. Al contrario, en México se tienen estructuras partidistas débiles y con poco arraigo, pues no hay interés en hacer verdadero trabajo de base por la no reelección. De esa forma, los partidos son rehenes de líderes carismáticos y ellos sí se ven afectados enormemente cuando aparecen las “campañas negras”. Sólo de esa forma se pueden entender las reacciones de Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial de 2006.

De esa forma, se entienden mejor las motivaciones de los legisladores para renovar al IFE de la manera en que lo hicieron en 2007 y por qué hoy se encuentran trabados en la negociación de tres de ellos. En otras palabras, los partidos no desconfían entre sí por razones existenciales, sino porque, al contrario de lo que sucede en una democracia funcional, no pueden negociar en un largo plazo.

Los cambios realizados en 2007 en materia de propaganda negativa ignoran de qué se trata la competencia electoral. Ahora bien, ¿significará esto que tendremos mejores campañas, basadas en mensajes políticos claramente definidos?

¿Qué solucionaría la reelección en este caso? Por sí misma, nada. Sin embargo permitiría que los actores políticos mantengan su palabra más allá de un mandato. Esto fomentaría la selección de consejeros electorales con mayor estabilidad en sus encargos.

La experiencia de 2009 ya ha mostrado que eso no fue así: mientras no haya responsabilidad de los representantes ante los representados al volver a competir por un mismo puesto en la siguiente elección, las campañas se van a basar en promesas. De esa forma, refleja inocencia pensar que los partidos van a dejar de recurrir a la mercadotecnia como lo han venido haciendo, tan sólo porque ya no compran los spots. Y con la prohibición a la propaganda “negra”, lo que hemos visto son mensajes sin contenido.

Campañas negativas

La reelección traería mayor competitividad a las campañas. Un legislador o alcalde que pueda volver a competir por el mismo puesto se encontrará expuesto a ataques de opositores que, esta vez, sabrán que él o ella son los enemigos a vencer. Hoy día eso no importa: todos se van al terminar el mandato. De esa forma tendrá que defenderse de todo tipo de ataques a lo largo de su gestión: no sólo en elecciones. La ciudadanía comenzaría a distinguir entre tipos de campaña negra, como en toda democracia.

La reforma electoral de 2007 elevó a rango constitucional la prohibición a terceros de contratar o difundir mensajes en radio o televisión mediante los que se pretenda influir en las preferencias de los electores, o beneficiar o perjudicar a cualquier partido o candidato a cargo de elección popular. Además, la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Aunque son polémicas, las así llamadas “campañas negras” son un recurso habitual en una democracia. A través de ellas, el electorado adquiere información sobre sus candidatos que no requeriría a través de los spots. Por lo tanto son uno de tantos recursos de ataque a los oponentes, a los cuales los increpados deberán mostrar capacidad de respuesta. A final de cuentas, así también se pueden deducir qué tan buenos gobernantes podrían ser.

Conclusiones El diseño institucional no ofrece respuestas terminantes, toda vez que opera en un entorno incierto. En ese sentido no existen las panaceas: eso corresponde más bien al pensamiento mágico. La reelección inmediata de legisladores y alcaldes es una condición necesaria para otros cambios, toda vez que posibilitaría conductas que hoy día no se pueden presentar.

¿Y por qué en otros países no se rasgan las vestiduras como los políticos mexicanos? Porque, salvo se trate de un escándalo mayúsculo, este tipo de propaganda sólo afecta marginalmente la tendencia de votación. ¿La razón? Las estructuras partidistas son sólidas y el electo46

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Politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y especialista en Desarrollo Económico y Político por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente, Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

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Un paseo histórico y teórico sobre los conceptos de alternancia y transición a la democracia inevitablemente nos lleva a revisar las obras de Juan J. Linz, Guillermo O’ Donell y Phillipe Schmitter, Adam Przeworski, Laurence Withehead, Giovanni Sartori , Josep Colomer y, en México, las obras de María Amparo Casar, José Antonio Crespo y recientemente de Sergio Aguayo, quienes han explicado el fracaso de la transición democrática en México a través de cinco variables: 1. Los cambios en la estructura económica; 2. Las crisis económicas, las disputas del poder y el fortalecimiento de los gobernadores; 3. El peso del factor externo: el papel de la información, las ideas y las negaciones; y 4. El incremento de la autonomía y 5. El poder de personas y grupos: la partidocracia mexicana.

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Mtro. Juan Pablo Morales García*

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LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN OAXACA

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Por otra parte, el politólogo y sociólogo de la Universidad de Columbia, Juan J. Linz, nos recuerda en su clásico libro “La quiebra de las Democracias”, que históricamente varios problemas recurrentes obstaculizaron la consolidación de nuevos regímenes democráticos tales como: 1) La euforia inicial y las imágenes de apoyo amplio a la democracia dan la sensación de que con buena voluntad se pueden resolver los problemas acumulados en vez de captar la complejidad de los problemas sociales; 2) Los líderes del nuevo régimen democrático han tenido tiempo de reflexionar sobre los problemas de la sociedad y sus soluciones, pero no han confrontado la tarea de formularlos en términos precisos; 3) Las nuevas democracias son con frecuencia instituidas por coaliciones en las que incluso grupos minoritarios, cuya fuerza es aún desconocida, quieren ser escuchados; y 4) El deseo de legislar sin los recursos necesarios para impulsar nuevas medidas. Cuando ocurren estos problemas, dice Linz, el resultado será frustración y descontento dentro de la coalición democrática, pudiendo llevar al colapso del régimen. En un momento político como el que vivimos en Oaxaca, que aspira a una verdadera transición democrática, las instituciones importan y mucho para poner límites a los actores políticos y poderes fácticos, sin embargo, esto no es suficiente porque también es necesario “erradicar” las prácticas políticas del pasado y los excesos en las formas de gobierno y cabildeo en la que los nuevos administradores pueden incurrir. Al respecto, la politóloga del CIDE, María Amparo Casar, ha concluido que “ningún arreglo institucional por sí mismo garantiza la conducción eficaz de un gobierno, ni la armonía entre la clase política, ni mucho menos la cooperación entre adversarios”.

Mtro. Juan Pablo Morales García | Politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y especialista en Desarrollo Económico y Político por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente, Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

n la Ciencia Política existe un consenso entre los llamados “transitólogos” respecto a que si los poderes no colaboran y no se forman las mayorías necesarias para aprobar ciertas reformas es porque el sistema político está mal diseñado. Peor aún, si ese sistema permanece igual y sólo ha habido un cambio en las élites políticas gobernantes, estaremos hablando de una mera “alternancia”. Mientras que si se logra un cambio institucional profundo e impacta directamente sobre la cultura cívica y las prácticas ciudadanas estaremos hablando de una “transición” de un régimen autoritario a uno democrático.

Por ello, los retos de la transición oaxaqueña demandan una combinación entre el diseño y aplicación de instituciones y la formación de una cultura política de ciudadanos. Para Oaxaca es importante el fortalecimiento de las instituciones y dejar atrás los intereses de pequeños grupos y familias al interior de los partidos políticos, alimentadas y fomentadas por el antiguo régimen que hoy se resisten a una democratización y que practican pésimamente lo que en muchos años denunciaron. La autonomía a organismos clave, como el órgano electoral, la Comisión de Derechos Humanos y la Auditoría Superior del Estado es un reclamo ciudadano y no un derecho de exclusividad de los partidos políticos que en perspectiva histórica han socavado los cimientos democráticos en México.

Las experiencias pasadas en otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y más aún en Guatemala, país más parecido a Oaxaca, han mostrado que las decisiones para cambiar el statu quo han dejado de tomarse no por las fallas del sistema, sino porque adoptarlas no ha estado en el interés de las fuerzas políticas, porque las élites piensan que la situación actual las beneficia y ante ello quedaron por muchos años en una simple alternancia política y no en una transición democrática real.

Por otra parte, la Cultura Política implica la formación de ciudadanía. De acuerdo con Sergio Aguayo, “la 50

¿Oaxaca estará lista para una verdadera transición?

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transición se facilita cuando la ciudadanía supera las negaciones, confronta viejos paradigmas y los sustituye con valores nuevos: derechos humanos, elecciones confiables, equidad de género y respeto a las diversidades”. En este canal, la profesionalización, la transparencia y la ciudadanización del servicio público es imprescindible para garantizar imparcialidad, objetividad y

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certeza en los procesos de toma de decisiones.

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Al final, como este autor reconoce, “la transición no solamente es la lucha por las elecciones. Actores de lo más diverso le han arrebatado al Estado cargos públicos, presupuestos y concesiones” y hoy quieren hacer lo mismo al chantajear puestos, exigir posiciones en una regresión burda y de la que la ciudadanía está cansada. En conclusión, Oaxaca debe trabajar muy fuerte sobre ambos retos: instituciones y ciudadanía, y guardar en mente que ambas se dan a diferentes ritmos y costos. Un cambio en la cultura política no se da en automático sino requiere además de los incentivos institucionales correctos, de un proyecto de educación y socialización que involucra un cambio de valores y un tiempo prolongado.

*Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y

EL ÁRBITRO ELECTORAL

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Lic. Víctor Leonel Juan Martínez*

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El 4 de julio de 2010, la ciudadanía oaxaqueña con una histórica participación en las urnas, puso fin a un régimen autoritario y dio paso a la alternancia en la gubernatura, al tiempo que votó por una composicion plural en el Congreso y por un mapa municipal pluripartidista.

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Ciudadanía e instituciones: paso a la democracia La importancia de esta institución lo es porque en el caso mexicano y el oaxaqueño, lo electoral es algo más que las elecciones: en el ámbito nacional constituyó por mucho tiempo el espacio que al desarrollarse modificó otros ámbitos de la vida nacional: el debate de la cosa pública, el funcionamiento de las instituciones, el surgimiento del pluripartidismo y la emergencia de organizaciones políticas, la generación de una cultura política y de una participación ciudadana. En el estatal, además, ha sido una vía efectiva para luchar contra el autoritarismo; mostrar la pluralidad de pensamiento y proyectos políticos; hacer escuchar la voz de los sectores más marginados; hacer real y operativa la política del reconocimiento a la diferencia; dar representación política a la población indígena y hacer efectiva la autonomía y el derecho a la determinación de municipios y comunidades indígenas.

Lic. Víctor Leonel Juan Martínez | Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

l mensaje de los oaxaqueños fue de pluralidad, participación y rechazo al despotismo, pero el mandato de las y los oaxaquenos iba más allá. Ya en 2006 la crisis politico social de ese año, había mostrado la debilidad de las instituciones, el autoritarismo del entramado jurídico y su obsolescencia, así como una carencia de cultura política democrática. La mayor crisis estatal y la amplia movilización social fueron, en buena medida, consecuencia de las condiciones anteriores. La lección de la gente en las calles en 2006 y en las urnas en 2010, representa la imperiosa necesidad del fortalecimiento de instituciones, la revisión profunda del marco jurídico, la gestación y arraigo de una cultura democrática y una relación basada en el respeto, la justicia y el compromiso social entre gobernantes y gobernados.

Entonces, que el Consejo General del órgano electoral sea integrado por personas sin vínculos orgánicos con los partidos, es un triunfo de la ciudadanía que se obtuvo después de muchos años de lucha. Situación que debe mantenerse y defenderse como premisa básica que garantice que la decisión ciudadana en las urnas será respetada. Lamentablemente, en nuestra entidad se había actuado de manera contraria a lo esperado. La historia del IEE se ha caracterizado por estar al servicio del gobernante en turno, además de que en su integración han privado los intereses partidistas, antes que los principios democráticos básicos que le dan sustento. No es un asunto menor. El bienestar colectivo, el evitar conflictos postelectorales y disminuir los riesgos de violencia, pasan necesariamente por lograr una plena institucionalización del IEE.

En este contexto, una de las exigencias del pueblo oaxaqueño en general y una demanda particular de la sociedad civil en los últimos años, es la necesidad de contar con instituciones democráticas sólidas. Sin duda, una de éstas es el órgano encargado de organizar los procesos electorales: el Instituto Estatal Electoral y ahora también, merced a las reformas constitucionales del mes de abril, de Participación Ciudadana (IEEPCO). 54

do a la organización y vigilancia de los procesos electorales. Pero, en una democracia, si bien el sufragio y su respeto es el momento culmen de un ejercicio ciudadano, no puede restringirse a ella. La participación ciudadana precede y trasciende a la emisión del voto. En este sentido el IEEPCO debe asumir este compromiso de vinculación permanente y dialogante con la sociedad civil, además de generar políticas y acciones para la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía.

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En ese sentido es necesario retomar sin vacilaciones el Exhorto Ciudadano al IEEPCO que en mayo presentó al nuevo consejo de esta institución un colectivo de organizaciones conformado por: Asamblea Mixe por el Desarrollo Sostenible, A.C. (ASAMDESC); Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE); Espiral por la Vida, A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C. (CAMPO); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. (CONSORCIO); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO DH); Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, A.C. (IDEMO); Servicios del Pueblo Mixe, A.C. (SER-MIXE); Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA); y Tequio Jurídico, A.C.

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En Oaxaca hace rato que hay la exigencia de contar con un órgano electoral confiable, con verdadera autonomía, ciudadanizado. Ahora esta situación se fortalece con los recientes cambios constitucionales que han establecido mecanismos de democracia directa. Con sus limitaciones, las nuevas disposiciones le otorgan nuevas facultades, pero además, la necesidad de establecer una relación clara, transparente y de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.

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Son seis los puntos propuestos y que reflejan en mucho el conjunto de aspiraciones y demandas largamente construidas por la sociedad oaxaqueña: 1) Ciudadanizar y despartidizar al Instituto Estatal Electoral; 2) fortalecer los sistemas normativos internos indígenas; 3) vigilar que los partidos cumplan los criterios de equidad y paridad; 4) promover la participación ciudadana; 5) impulsar iniciativas para la reforma electoral y de participación ciudadana; y 6) fortalecer la relación con la sociedad civil. Hasta ahora, la responsabilidad del órgano electoral se ha limita55

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El Instituto Electoral y los pueblos indígenas

Siendo que el 73% de los municipios oaxaqueños se inscriben en este régimen, los canales institucionales carecen de eficacia jurídica. Es hasta 2008 cuando se establecen medios de impugnación para las inconformidades en este régimen, sólo que éstos están lejos de tener un proceso adecuado a la problemática. Y en los tribunales, los magistrados dictan resoluciones apegados a la tradición monista y liberal del entramado jurídico mexicano, cuando el régimen citado tiene otra lógica, principios y esquemas. Es urgente entonces, establecer mecanismos institucionales que permitan atender la problemática que se ha presentado en este régimen, no como concesión graciosa, sino como el derecho que tienen y les es reconocido por la Constitución mexicana y del estado, así como por instrumentos internacionales como la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos Indígenas y resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que establecen que se debe garantizar el acceso de los indígenas a la jurisdicción estatal, así como que los partidos políticos no son la única vía para acceder a la representación política. Este es uno de los más serios retos del IEEPCO, pero también de los tres niveles de gobierno, partidos políticos, congresos federal y estatal, tribunales electorales y, por supuesto, de municipios y comunidades. La alta conflictividad y violencia lo han convertido en un problema de Estado. Para atenderlo se requiere un diálogo interinstitucional, interdisciplinario e intercultural. De éste depende garantizar la autonomía municipal, el respeto a los derechos de libre autodeterminación y la estabilidad política y social de Oaxaca.

En 1995, Oaxaca se colocó a la vanguardia de la política del reconocimiento a los derechos indígenas al hacer efectivo el derecho a la autonomía: elegir a sus autoridades locales conforme a sus propias reglas. Tres lustros después se presentó una inusitadamente alta conflictividad en los comicios municipales de 2010: 50 elecciones anuladas, movilizaciones y altos costos sociales. Las explicaciones van más allá de argumentos generalizadores y simplistas que los reducen al conflicto entre facciones. Hay una serie de procesos externos e internos (migración, lucha por la equidad de género, distribución de participaciones municipales, creación de nuevos asentamientos, conflictos agrarios y religiosos, etc.) que están incidiendo en las elecciones, pues es el momento en que se hacen visibles. Sin embargo, lejos de atender estas situaciones, las diferencias se atienden en la coyuntura y con prácticas y esquemas que corresponden a la lógica de la disputa entre partidos, más que a la realidad de estos municipios. Sin caer en esencialismos, ni descalificaciones a ultranza, se requiere conocer con claridad cómo se realizan estos procesos; cuáles son sus ejes rectores y principios organizativos; cómo se construye y ejerce la ciudadanía ahí. Sobre todo si partimos que hay una tensión permanente entre los derechos individuales, que se encuentran inmersos en el andamiaje constitucional y jurídico del Estado mexicano; y la primacía de los derechos colectivos, que son la base del régimen de normas de derecho consuetudinario. Sin embargo, el reconocimiento dejó una laguna que explica en mucho los problemas presentados posteriormente: la ausencia de canales institucionales para encauzar las diferencias en ese régimen. En el Consejo General del IEE se ha obviado la demanda de que en su seno estén representados los municipios y comunidades indígenas. Además, hay una injerencia constante de partidos políticos y organizaciones sociales que polarizan el conflicto y obstaculizan el consenso, siendo que por ley no deben intervenir. Estos actores deben asumir su compromiso y responsabilidad, garantizando la autonomía de estos municipios. 56

La transición, desde la ciudadanía y las instituciones P A R A M Á S I N F O R M A C I Ó N V I S I T A

Hace un año, los ciudadanos dieron un voto de castigo a un régimen que había obviado los principios éticos de la política. Un año después, los vaivenes de los actores políticos, las vacilaciones en la toma de decisiones, la ausencia de compromiso de los actores políticos, asi como las inercias autoritarias, obstaculizan la transición democrática. Por eso, un reto de la ciudadanía es contribuir y defender al órgano electoral como un espacio que preserve su autonomía. La mejor forma de contribuir a la transición democrática por parte de gobiernos, actores y partidos políticos, es garantizando la independencia del instituto. El mayor compromiso y reto de los consejeros es la profesionalización y ciudadanización plena, como ejes garantes de una actuación sustentada en principios democráticos. Retomando el Exhorto Ciudadano: “el IEEPCO representa en sí mismo, un avance para las demandas e intereses de la ciudadanía. En adelante tendrá que consolidarse como una autoridad con fuerza moral y política, haciendo efectivos los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, equidad y objetividad, que durante muchos años fueron letra muerta en la legislación electoral”.

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Las democracias contemporáneas, más allá de concebirse como actos de triunfos o derrotas electorales, constituyen procesos más complejos que los derivados del “tema electoral”. Las referencias de una sociedad moderna o una sociedad con visión de cambio, se relacionan con la aspiración de sentirse representada en el gobierno que ha elegido. Para lograrlo, se construyen mecanismos e instrumentos institucionales, de grupo, partidistas, de alianzas, coaliciones o grandes movimientos sociales, derivados muchas veces de coyunturas, “hartazgos” o simplemente de la construcción de sistemas de representación más acordes a reclamos ciudadanos.

* Abogado y Diplomado en Políticas Públicas.

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CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN OAXACA Lic. Oscar Camarillo Maldonado * 59

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PERSPECTIVAS DE LA

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Lic. Oscar Camarillo Maldonado | Abogado y Diplomado en Políticas Públicas.

Las transiciones democráticas construidas a partir de una base ciudadana traen ya una expectativa mayúscula, sobre todo si consideramos el anhelo social y, como en el caso de Oaxaca, una participación histórica en los comicios registrados el 4 de julio de 2010. Sin embargo, un punto central y trascendente es, una vez dada la transición, cómo se asume la consolidación de la democracia. Como señalara Leonardo Morlino, la consolidación de la democracia se trata del “proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático,

encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis”; sigue mencionando el autor que es como si se tratara de una ampliación progresiva de la legitimidad del régimen, ya que si bien se da un paso importante en la transición a la democracia, es en el proceso de consolidación de esa transición en la que se define si se reproduce una democracia estable, pero también la democracia en una sociedad puede no consolidarse y padecer inestabilidad o crisis recurrentes, aún cuando la transición haya sido democrática. Sobre esta base se transita, como lo han señalado Morlino y Juan Linz, ha60

cia una “morfología genética” del cambio político, a través de una serie de fases que los autores citados estructuraron muy bien, al establecer el conjunto de secuencias lógicas de un cambio político: crisis, colapso, transición, consolidación y, por último, profundización de la calidad democrática, mismas que son referencias teóricas aplicables al caso Oaxaca y que podrían reconocerse fácilmente. Los retos de la democracia son amplios. Su consolidación, como básico, presupone la existencia de un régimen político que ha logrado institucionalizar los requisitos

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El Enfoque Estructural defiende la idea de que sin un crecimiento económico sostenido y con una desigualdad social creciente, una democracia tiene pocas posibilidades de consolidación; es fundamental el desarrollo de ésta

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En este sentido, un proceso de consolidación exitoso asume una doble

En primer lugar, el imperio del Estado de Derecho. Es fundamental aplicar desde la Constitución hasta la última

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Especialistas en estos temas han

La forma de gobiernar va a ser muy importante en esta etapa de consolidación. Hay ciertos elementos que tendrán que hacer diferencia con gobiernos pasados para que las cosas tengan un rumbo distinto en Oaxaca.

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mínimos para la instauración de un régimen democrático, la presencia de garantías institucionales a libertades básicas, como la libertad de expresión o la libertad de asociación, impulso a las garantías sociales traducidas en acciones de gobierno, garantías mínimas de seguridad, mecanismos plurales de participación ciudadana. Hablar de consolidación requiere que la incertidumbre de los resultados en los procedimientos de toma de decisiones sean ya hechos institucionalizados y aceptados por la sociedad.

Con base en esta idea es posible definir que “consolidación democrática” es el proceso en el cual las reglas democráticas son institucionalizadas en leyes o normas constitucionales, y son aceptadas e internalizadas no sólo por la sociedad civil, sino también por la sociedad política, como los mecanismos óptimos para la resolución pacífica de los conflictos y para la expresión de las demandas. Una consolidación democrática efectiva implica no sólo el beneficio político de una participación política libre y justa, como la que ya sucedió en Oaxaca en el proceso electoral pasado, sino también que los beneficios económicos sean accesibles para todos los miembros de la sociedad que se traducirá en las tareas del nuevo gobierno.

tarea: consolidar una democracia política, es decir, institucionalizar las reglas del juego democrático; y consolidar una democracia social, que sin duda Oaxaca reclama ancestralmente. Las democracias jóvenes o procesos democráticos de la tercera ola democratizadora, como ha señalado Samuel Huntington y Andrea Schedler, deben poner atención y cuidado en ciertos aspectos como: a) procesos para prevenir el colapso de las jóvenes instituciones democráticas; b) procesos para prevenir la erosión del respaldo democrático; c) procesos para completar la expansión democrática a todas las áreas de una sociedad; d) procesos para profundizar la democracia; y e) procesos para organizar la institucionalidad democrática.

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señalado que en estos fenómenos políticos coinciden en ver a la consolidación democrática como un proceso en el que intervienen una multiplicidad de factores que interactúan entre sí. Se enmarcan en este proceso dos enfoques: un Enfoque Estructural y un segundo Enfoque Institucional. El Enfoque Estructural defiende la idea de que sin un crecimiento económico sostenido y con una desigualdad social creciente, una democracia tiene pocas posibilidades de consolidación; es fundamental el desarrollo de estrategias que permitan que la sociedad haga suyos los programas sociales y económicos, no sólo a través de políticas asistencialistas y populistas que sólo satisfagan necesidades a corto plazo pero sin ningún desarrollo. El Enfoque Institucional, por su parte, defiende la idea de que la institucionalización de las reglas del juego democrático favorece el tránsito a una sociedad políticamente equilibrada y económicamente fructífera; y en ese sentido, fortalece a una democracia naciente; es decir, las políticas públicas se deben traducir en razones de estado, jurídicamente reconocidas, y no sólo en acciones de gobierno mediáticas que se agoten a los tres o seis años.

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norma vigente; respetar y hacer respetar la ley será una obligación y un reto. Luego, una efectiva División de Poderes; hay que separar las decisiones entre poderes y la independencia y autonomía será fundamental. También lo referente a Órganos Autónomos; la creación de estos organismos obedece a una razón: la vigilancia y regulación de ciertas materias que se les delegan pero que en su marco de actuación no interviene ningún otro Poder (Legislativo, Ejecutivo o Judicial); entonces dichos órganos tendrán que jugar un papel fundamental si de democracia se trata. Finalmente, respeto a los derechos fundamentales; elecciones periódicas confiables, como expresión legítima de la voluntad popular, y una Reforma política y administrativa acorde a las demandas de la sociedad, con estructuras de gobierno eficientes y funcionales, austeras y racionales. La democracia, como señala Bobbio, es la mejor forma de gobierno, pero presenta varios riesgos que sin duda se vivirán en Oaxaca y en los cuales debemos cuidar en no incurrir (los “efectos perversos” les llama el mismo autor), como son: La ingobernabilidad, que proviene de la desproporción entre las demandas cada vez mayores de una sociedad civil cada vez mayor, hechas a la capacidad del sistema político para responder adecuadamente a ellas. El clientelismo que desplaza a la relación pública entre representantes y representados, y los recursos públicos se utilizan por funcionarios y políticos como “recursos privados” a cambio de “favores” políticos de los ciudadanos. El surgimiento de poderes paralelos e invisibles que a falta de una presencia más efectiva del Estado legítimo pretenden asumir tareas de dominación con los ciudadanos (grupos de narcotraficantes, guerrillero-terroristas, justicia privada, economía informal, organizaciones sociales, etc.). La consolidación de la democracia es una corresponsabilidad entre

gobierno y sociedad; su vigencia temporal o permanente dependerá de la toma de grandes decisiones, de los grandes consensos, de negociaciones permanentes y de la desaparición de los viejos vicios de gobierno anquilosados, que permitan aspirar a una sociedad más justa y constantemente representada.

La democracia, como señala Bobbio, es la mejor forma de gobierno, pero presenta varios riesgos que sin duda se vivirán en Oaxaca y en los cuales debemos cuidar en no incurrir

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Adriana Vasconcelos Ramírez

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EL SECTOR INDUSTRIAL: UN EJEMPLO DE TRANSICIÓN EN LA ECONOMÍA OAXAQUEÑA

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Las teorías del desarrollo, partiendo desde la visión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), permitían formular hipótesis para describir los procesos de convergencia-divergencia de los países con intercambios comerciales. A partir de dichos supuestos, los países se podían clasificar en dos grandes grupos: los del centro, que eran aquellos con un importante grado de crecimiento económico y perfeccionamiento industrial. En el otro extremo, se encontraban las regiones de la periferia, que eran aquellas con bajo crecimiento y con una economía marcadamente agrícola. En el caso de nuestro continente, la corriente cepalina consideró por ejemplo, a Estados Unidos en el centro y a las naciones latinoamericanas en la periferia.

La suma de los porcentajes no da el 100% debido a que 2,289 personas no especificaron en qué sector económico estaban ocupadas, lo que representó el 0.15% del total. Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, Gobierno del Estado de Oaxaca, Oaxaca, pág. 182. Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Economía. Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI). http://www.contactopyme.gob.mx/parques/ intranets.asp 1 2 3

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xisten otras corrientes de pensamiento que explican que algunos países con menor desarrollo han centrado sus economías en el sector terciario, es decir, en el turismo, comercio, transportes, servicios gubernamentales, entre otros, y por lo tanto, han pasado de ser economías agrícolas a ser economías de servicios. Dicho proceso ha sido llamado terciarización deformada de la economía, lo que ha implicado una transición compleja para que algunos países puedan desarrollar sectores industriales sólidos y adecuados para el mercado mundial al que ahora se enfrentan.

embargo, si realizamos un análisis un poco más profundo y contrastamos esos resultados con los que arrojó la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del mismo instituto, encontramos lo siguiente:

Partiendo de estos supuestos, se puede comprender mejor el comportamiento de los agentes económicos (personas, empresas y países). En el caso especifico de nuestro boletín, en el que se abordan los retos de la transición, nos parece interesante analizar esa misma perspectiva pero desde la conversión en Oaxaca de los sectores económicos.

Por lo tanto, aunque la industria en Oaxaca es la segunda actividad con mayor aportación al PIB, es la que menos gente emplea, lo que nos permite darnos cuenta, de forma general, que no es el área con mayor dinamismo; las razones para ello son variadas, pero principalmente se debe a que no cuentan con suficiente personal capacitado, son empresas familiares pequeñas, existe poca tecnología de punta y la inversión, local, nacional y extranjera, no tiene el tamaño necesario para impulsarla.

Según el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) del estado en 2009 se integraba de la siguiente forma: el sector primario aportaba 9.87%; el secundario 20.10%; y 70.03% era proporcionado por el sector terciario. Esta primera división nos puede llevar a las siguientes conclusiones: 1) que el sector agrícola se encuentra en una situación complicada, a pesar de que es la actividad tradicional de los habitantes de Oaxaca; 2) que el sector industrial tiene una participación considerable en la economía; 3) que el sector servicios, representado principalmente en la entidad por el turismo, es el sostén de nuestras actividades económicas. Sin

En el primer trimestre de 2011, en el estado la población total ascendió a 3 millones 820 mil 653 habitantes, de los cuales 1 millón 505 mil 612 estaban ocupados; siguiendo esa línea, la proporción de ocupación en Oaxaca por sector de actividad económica era: 501 mil 122 personas, el 33.28%, laboró en el sector primario; 281 mil 476, el 18.70%, en el industrial; y 720 mil 725, el 47.87%, trabajó en el terciario1.

En ese contexto se han hecho esfuerzos por mejorar su desempeño. Un ejemplo importante fue la instalación de tres parques industriales y un parque tecnológico en nuestro territorio, los cuales son: Oaxaca 2000 en Magdalena Apasco, Etla; Complementario de Salina Cruz; Parque Industrial Tuxtepec y Parque Tecnológico de la Mixteca. La superficie conjunta de estos espacios suma 129.6 hectáreas en promedio, que albergan a 44 empresas de los siguientes giros: agroindustriales (café, hule, maderas, salsas y conservas); derivados de petróleo (emulsiones y pinturas); agregados pétreos y, en menor medida, maquila-textil y tecnologías de información2. 66

Pero entonces, ¿Cuál es la importancia de los parques industriales para el crecimiento y desarrollo de nuestra entidad? Si partimos de la definición del Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI) encontramos lo siguiente: “La superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la planta industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación. Busca el ordenamiento de los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas urbanas y conurbadas, hacer un uso adecuado del suelo, proporcionar condiciones idóneas para que la industria opere eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de un ambiente confortable. Además, coadyuva a las estrategias de desarrollo industrial de una región”3. Por lo tanto, las compañías situadas en esas zonas poseen mayores ventajas, ya que optimizan sus procesos productivos con el uso eficiente de sus factores (tierra, trabajo, capital); además de la oportunidad de crear un cluster (cadenas de empresas que buscan el desarrollo conjunto para ser más competitivas) que disminuya los costos de fabricación. Los empresarios que deciden instalarse en un parque contribuyen de forma especial al desarrollo regional y estatal, al incrementar la inversión y con ella el empleo y la calificación de sus trabajadores, aunado al impacto positivo en las localidades. Sumado a lo anterior, con una buena administración, sus beneficios tienden a aumentar en el mediano plazo.

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Ibíd.

Adriana Vasconcelos Ramírez | Jefa del Departamento de Análisis Económico del Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD).

El Parque Industrial de la Mixteca está localizado en la zona Noroeste del estado, a 10 minutos de la Ciudad de Huajuapan de León, cuenta con una extensión de 15,400 metros cuadrados, incluyendo una nave tecnológica de 400 metros cuadrados. Este parque se creó para la instalación de empresas desarrolladoras de software, aprovechando el capital humano de alta calidad de la Universidad Tecnológica de la Mixteca4.

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El Parque Industrial y Complementario de Salina Cruz se encuentra a 5 Km. de la Ciudad de Salina Cruz y al lado del Puerto.

El Parque Industrial de Tuxtepec localizado hacia el Noreste del Estado, es una zona con gran riqueza agrícola, ganadera y forestal. Este parque cuenta con una superficie de 270.9 hectáreas y tiene actualmente 6 empresas operando. Su vocación productiva se orienta a la agroindustria.

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El Parque Industrial y Complementario de Salina Cruz se encuentra a 5 Km. de la Ciudad de Salina Cruz y al lado del Puerto. Tiene una extensión de 262.7 has. y una zona de reserva de 1,106.7 has.; es ideal para las empresas que requieran utilizar la vía marítima para recibir insumos o componentes, para la comercialización de sus productos a un menor costo, o para acceder a la región sureste del país por vía marítima.

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El Parque Industrial y Maquilador “Oaxaca 2000” fue creado en 1998 y se localiza a 21 Km. (20 minutos) de la Ciudad de Oaxaca en Magdalena, Etla. Tiene una extensión de 56 has.; actualmente allí operan 10 empresas, cuenta con todos los servicios y áreas para la pequeña, mediana y gran industria; una de sus principales ventajas es el acceso a la supercarretera que comunica a la Ciudad de Oaxaca con la de México.

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¿Sabías qué…?

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Es así como, a pesar de que los parques industriales han atravesado épocas complicadas, son una muy buena opción para quienes deciden crear una empresa o hacer que crezca la que tienen; en este sentido, se espera que el sector industrial en Oaxaca continúe su camino en ascenso con el apoyo de todos los actores involucrados, donde, especialmente los inversionistas de diversos giros, tamaños y procedencia, tienen un papel trascendental para que el estado comience una senda de mejora constante.

Fotógrafo: Cristopher Carranza Matadamas

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FOTOGRAFÍA, PERSPECTIVA HUMANA Talento Oaxaqueño

Uno de los fotógrafos del sureste del país con más estilo, creatividad y técnica es el oaxaqueño Cristopher Carranza Matadamas, nacido el 25 de octubre de 1987 en la capital del estado. Él define un gusto peculiar por la fotografía de paisajes, de modelos y la foto-ilustración, lo cual es perceptible en su colección; la cual está compuesta por más de 5 mil. Actualmente cursa el séptimo semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico, ha colaborado para revistas como Así somos y El Cantor. De la misma forma es el fotógrafo oficial de Oaxaca 4x4 A.C. Y en esta ocasión muestra parte de su material a los lectores de Sensor.

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Indicadores | Indicadores Económicos

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Tipo de cambio | Fuente: Banco de México. Serie histórica del tipo de cambio peso dólar desde 1954. Junio 2011. Nota: La cotización no se emite en fin de semana. | http://www.banxico.org.mx/graph/test/?s=SF63528,CF372,1&period=Dia&l=es

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Oro | Fuente: Banco de México. Tipos de Cambio Metales Preciosos, Onza Oro. Junio 2011. http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF336&sector=6&locale=es

| Indicadores

Petróleo | Nota 1: Los precios son los aplicados en México, exceptuando la Frontera Norte y el Valle de México; los cuales incluyen IVA. | Nota 2: No se incluye el precio promedio de junio de 2011, porque será publicado hasta el 22 de julio del presente año. | Fuente: PEMEX. Indicadores Petroleros 2006-Junio2011. Los precios promedio ponderados efectivamente realizados, se publican mensualmente. http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=16&catID=12155

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Indicadores Económicos

Café | Nota: Los días 25 y 26 de junio corresponden al sábado y domingo, por lo cual no hay cotización. | Fuente: SAGARPA-ASERCA. Reporte semanal del mercado Agropecuario Internacional, del 20 de junio al 1° de julio de 2011. http://www.aserca.gob.mx/sicsa/boletineszip/futuros.pdf

Indicadores | Indicadores Económicos

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Nivel de ingresos | Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/enoe/infoenoe/TriPreliminar.aspx?s=est&c=14042&p=