Sensor Agosto 2012 by CIEDD

DIRECTORIO

ÍNDICE Editorial 5

Presentación | Lic. Gabino Cué Monteagudo Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

Artículos de Opinión

Unas reflexiones en torno a la sucesión presidencial 2012 | Mtra. Ana Mireya Santos López

El voto: prerrogativa ciudadana| Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto

Las reformas electorales en méxico: un acercamiento a su evolución y sus pendientes | Mtro. Gustavo Meixueiro Nájera

Dos caras de la democracia mexicana| Mtro. Juan Pablo Morales García

De la movilización al sufragio: la ruta democrática | Mtro. Víctor Leonel Juan Martínez

¿Servirá para algo la reforma electoral? | Mtro. Fernando Dworak Camargo

Prevención y solución de controversias en materia de derecho electoral indígena | Dr. Roberto Ehrman

Democracia y realidad social: ¿Conceptos encontrados?| Mtro. Iván Escoto Mora

La miopía democrática y el cambio climático | Mtro. Edgar Jiménez Pérez Campos

Contexto democrático: uno de los factores estructurales para la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) | Lic. Adriana Vasconcelos Ramírez

La miopía democrática y el cambio climático | Mtro. Edgar Jiménez Pérez Campos

Senadores por Oaxaca electos para la LXII y LXIII Legislaturas del congreso de la Unión

Diputados Federales por Oaxaca en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión

Integración preeliminar de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca Director General del CIEDD Coordinación General de SENSOR

“Sensor” STAFF SENSOR

Edición: Ludivina Rangel Bretón | Rodrigo Álvarez Sánchez Diseño: CMartín Hernández Arias | Víctor D. Cruz Martínez | Oscar Cruz Mora Reproducción y asistencia de diseño: Jorge Nájera En la cubierta Fotografía: Víctor D. Cruz Martínez Arte: CMartín Hernández Arias Colaboradores de Esta Edición: Constancio Carrasco Daza | Arturo Sánchez Gutiérrez | Mtra. Ana Mireya Santos López | Roberto Heycher Cardiel Soto Gustavo Meixueiro Nájera | Juan Pablo Morales García | Víctor Leonel Juan Martínez | Mtro. Fernando Dworak Camargo Roberto Ehrman | Iván Escoto Mora | Edgar Jiménez Pérez Campos | Adriana Vasconcelos Ramírez www.ciedd.oaxaca.gob.mx | ciedd.oaxaca.gob@gmail.com | www.twitter.com/@ciedd_oaxaca

Indicadores 47

Indicadores Económicos

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Lic. Francisco Javier Sarabia Martínez

El proceso electoral: una oportunidad para fortalecer nuestra democracia| Dr. Arturo Sánchez Gutiérrez

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Lic. Gabino Cué Monteagudo Lic. Gerardo Cajiga Estrada Lic. Moisés Bailón Jiménez

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DIRECTORIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DOCUMENTAL PARA EL DESARROLLO (CIEDD)

El reto de la regulación de las candidaturas ciudadanas | Mtro. Constancio Carrasco Daza P A R A

La actualización de Sensor, Boletín Electrónico es mensual, por lo que su información es periódica y depende de las fuentes citadas. Es posible que el tiempo de actualización entre fuentes y Boletín varíe, siendo así que la información aquí presentada solamente es una referencia y no puede considerarse oficial.

CONVOCATORIA

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El Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD), te invita a participar con nosotros como:

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES Sensor, Boletín Electrónico, agradece la invaluable colaboración de las destacadas personalidades que han participado con sus ideas y textos en este número:

COLABORADOR E INSTANCIA PROVEEDORA DE INFORMACIÓN de Sensor Boletín Electrónico del mes de agosto.

Tema:

Medio Ambiente y Gobierno Envíanos tu colaboración a:

c i e d d . o a x a c a . g o b @gmail.com Fecha límite:

30 de agosto de 2012 Extensión y formato:

Así como de los fotógrafos y artistas que lo han ilustrado: Sergio Girón | IFE (Oaxaca) | IEE | Martín Hernández Arias Este esfuerzo de difusión, divulgación y análisis es producto de cada una de sus aportaciones y sugerencias. Cordial y respetuosamente, Coordinación General de Sensor

3 cuartillas Programa:

Word Tipo de Letra:

Arial 12 puntos Fecha de publicación:

15 septiembre de 2011 Anexos opcionales de apoyo:

Material audiovisual Fotografías Sitio de internet Artículos y notas informativas sobre sus proyectos La selección de las participaciones y el espacio al cual serán destinadas es decisión del CIEDD, por lo cual se seleccionarán aquellas que serán publicadas en el Boletín y otras que lo harán en una sección destinada para ello en la página de internet del Organismo, con lo cual, aseguramos su difusión, siempre que ésta se encuentre en parámetros editoriales adecuados.

EDITORIAL

P A R A M Á S I N F O R M A C I Ó N V I S I T A

Con la participación de importantes especialistas en la materia electoral, el Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD), presenta su nuevo número de “Sensor: Boletín Electrónico de Política y Gobierno”. Esta nueva edición ofrece a nuestros lectores un estudio sobre losprocesos electorales, las reglas que los determinan, así como los avances y retos que caracterizan a cada jornada comicial. Asimismo, se enfatiza la enorme relevancia que para los oaxaqueños reviste el proceso electoral que se realizará en la entidad en 2013, donde se renovará el Congreso del Estado, así como los gobiernos de 152 municipios regidos por el sistema de partidos políticos y 418 ayuntamientos electos por el sistema de usos y costumbres. A través de “Sensor” correspondiente al mes de agosto, ponemos al alcance de la ciudadanía oaxaqueña, un importante compendio de artículos de opinión elaborados por destacados especialistas y analistas políticos, cuya calidad, pluralidad y profesionalismo proporcionan una lectura sólidamente estructurada que busca promover la cultura democrática, estimular el ejercicio de un debate político de altura y alentar la investigación sobre el tema electoral. Lic. Gabino Cué Monteagudo. Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.

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Presentación

EL RETO DE LA REGULACIÓN DE LAS

CANDIDATURAS

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CIUDADANAS

Mtro. Constancio Carrasco Daza Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

SUMARIO. Introducción. I. Los derechos políticos como derechos humanos. II. Las candidaturas ciudadanas vistas desde los organismos internacionales. III. La regulación de las candidaturas ciudadanas en la Ley para las Elecciones de Poderes Federales de 1918. IV. Requisitos para el registro en el ámbito comparado. V. Asignatura pendiente: Vía Legislativa. Introducción Las candidaturas ciudadanas se excluyeron durante un largo período del sistema electoral mexicano, pero a partir de abril pasado (2012), se vislumbra un nuevo escenario para su regulación, porque las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de Unión aprobaron recientemente la reforma constitucional al artículo 35, fracción II, que las permite. Tal reforma hoy en día sigue el proceso de votación en las entidades federativas, lo que significa que el proceso legislativo está en curso, el cual una vez aprobado de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Federal, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo primero transitorio de dicha reforma. Tal determinación exige reflexionar y debatir sobre la regulación en que debe enmarcarse el ejercicio efectivo de las candidaturas ciudadanas. I. Los derechos políticos como derechos humanos Los derechos políticos son derechos humanos que garantizan al ciudadano de un Estado, la capacidad de actuar, decidir, participar e influir en la administración de los poderes públicos, a través de los cuales se organiza. Tales derechos implican el «principio de ciudadanía», porque con ellos se “persigue fundamentar un nuevo grupo de derechos humanos, los que podemos denominar «derechos de participación política… [que presuponen el] ineludible carácter social y político del ser humano y ofrece una respuesta al problema del estatus que deben tener los seres humanos en tanto que miembros de una comunidad”.1 Son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano, que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana,2 los cuales tienen reconocimiento no sólo en el ámbito local y regional, sino también en el derecho comunitario en una dimensión global.

Vid.: GONZÁLEZ AMUCHÁSTEGUI, Jesús, “Las teorías de los derechos humanos” en RAP Revista de Administración Pública. Los derechos humanos: Teoría, praxis nacional e internacional, núm. 105, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2000, p. 39. 1

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, párrafo 140. Asimismo, se refirió que los derechos con los que se relaciona, son la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático.

Para TOURAINE, “el régimen democrático es la forma de vida política que da mayor libertad al mayor número, que protege y reconoce la mayor diversidad posible”, y en la que “la idea de democracia no puede separarse de los derechos, y por consiguiente no puede ser reducida al tema del gobierno de la mayoría”, por tanto, debe garantizarse el establecimiento y tutela de los derechos en un sistema democrático. Vid: TOURAINE, Alain, “¿Qué es la democracia?”, 2ª reimp. de la 2ª ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 23 y 37. 3

De esta manera, en México, los derechos políticos se regulan en el artículo 35 de la Constitución General y se denominan «prerrogativas ciudadanas». Entre otros, se encuentran: votar en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

la que destaca como eje rector un ciudadano activo en la toma de decisiones en el Estado del que es parte; por tanto, el reconocimiento de ese derecho en los asuntos públicos, configura indiscutiblemente, la esencia fundamental de un sistema democrático.3

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisa en su artículo 21, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y de acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas, sustentado en que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, cuya voluntad se expresa mediante elecciones auténticas, periódicas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

El papel de los organismos internacionales y tribunales en el reconocimiento de las candidaturas ciudadanas ha sido relevante, aun cuando no decisiva para su implementación efectiva, veamos por qué:

II. Las candidaturas ciudadanas vistas desde los organismos internacionales

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A partir de las anteriores premisas, la participación ciudadana constituye el elemento esencial de una democracia en

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o El artículo 25 se refiere al derecho de las personas a participar en los procesos que constituyen la dirección de los asuntos públicos. (arábigo 2).

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o El artículo 25 del Pacto reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y ser elegido y el derecho a tener acceso al servicio público. (arábigo 1).

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En similares términos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) como la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 23), reconocen el derecho de los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso en igualdad de condiciones, a las funciones públicas del país.

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A nivel global se emitió la Observación General No 25: El derecho a participar en los asuntos públicos, derecho al voto y el derecho de acceso a la función pública (Art. 25): 12/07/1996 , aprobada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con arreglo al párrafo 4 del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre el derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, el cual precisa que:

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o Las condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos protegidos por el artículo 25 deben basarse en criterios objetivos y razonables. (arábigo 4).

En el ámbito de la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido a nuestro país recomendaciones trascendentales en el tema. En 1998 en su informe estableció:

la negativa de establecer las candidaturas independientes, no vulneraba la ley que precisaba que sólo los partidos políticos podían postular candidatos al Congreso. 5

o El derecho a votar en elecciones y referendos debe estar establecido por ley y sólo podrá ser objeto de restricciones razonables. (arábigo 10).

[…] toda candidatura independiente es invalidada desde un principio. Hasta ahora no ha sido posible encontrar en México una fórmula que garantice la estabilidad y consolidación del sistema de partidos, que resulte compatible con la garantía constitucional que tienen los ciudadanos para ser votados para cargos de elección popular, sin tener que hacerlo obligadamente bajo las siglas de algún partido político. Por ello recomendó:

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha hecho pronunciamiento de obligatoriedad respecto de la positivización de las candidaturas ciudadanas, dado que su argumentación tampoco ha sido dirigida a ello. Veamos por qué.

o El derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva a exigir a los candidatos a ser miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos. (arábigo 17). De igual forma estableció en el párrafo numerado con el arábigo «4», que “Las condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos protegidos por el artículo 25 deben basarse en criterios objetivos y razonables”, por lo que el ejercicio de estos derechos por parte de los ciudadanos no puede condicionarse por la ley, puesto que sus restricciones deben encontrar sede constitucional.

Que [el Estado mexicano] adopte las medidas necesarias para que la reglamentación del derecho a votar y ser votado, contemple el acceso más amplio y participativo posible de los candidatos al proceso electoral, como elemento para la consolidación de la democracia. La propia Comisión, al resolver el caso Ríos Brito vs. Argentina, consideró que

En el caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos,6 estableció que el registro de candidatos exclusivamente a través de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas y sociales, y que ninguno de los dos sistemas: el de nominación exclusiva por parte de partidos políticos y el que permite candidaturas independientes, resulta en sí mismo más o menos restrictivo que el otro, en términos de regular el derecho a ser elegido, consagrado en su artículo 23 de la Convención.

El máximo intérprete del ámbito regional también expresó en la sentencia citada, que ambos sistemas –uno construido sobre la base exclusivamente de partidos políticos y otro que admite también candidaturas ciudadanas–, pueden ser compatibles con la Convención y, por tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en manos de la definición política que haga el Estado, de conformidad con sus normas constitucionales.7

Las candidaturas ciudadanas estuvieron positivizadas en la legislación mexicana, concretamente, y de forma precisa, a partir de 1918; empero, con la adopción del «sistema de partidos», aquéllas se desvanecieron de las normas electorales. La figura de los partidos políticos se estableció en México en 1911, al expedirse la Ley Electoral –antes no se reconocían formalmente–. A partir de ese año, se les confirió el derecho a postular candidatos, coexistiendo con el hasta entonces único sistema: candidatos no pertenecientes a partido político. Circunstancia, que también se reconoció en la Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente de 1916, pero no se estableció su naturaleza jurídica, los requisitos para su constitución, ni derechos ni obligaciones.

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Ídem.

De esta manera, aconseja ponderar a partir del desarrollo histórico-político de los Estados parte, expandir los derechos fundamentales de votar y ser votado, lo que debe generar una nueva reflexión sobre la pertinencia de que los candidatos sean postulados exclusivamente por partidos políticos frente al derecho que tienen los ciudadanos de no afiliarse a los institutos políticos, para postularse en las elecciones . III. La regulación de las candidaturas independientes en la Ley para las Elecciones de Poderes Federales de 1918

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Ibídem., párrafo 204. También precisó que “en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación”. Ídem. 7

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6 Sentencia del 6 de agosto de 2008, párrafos 193 y 200.

Si bien, los mencionados organismos comunitarios no se han pronunciado en forma terminante sobre la obligación de contemplar en las legislaciones internas la figura de las candidaturas ciudadanas, no menos verdad es que los reconoce como un medio adecuado que posibilita de mejor manera la consolidación democrática y el pleno ejercicio de los derechos políticos, al ampliar el espectro que se dirige hacia una mayor participación ciudadana como elemento esencial de la democracia participativa.

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Resolución núm. 26/88. Caso “Ríos Brito vs. Argentina”, 10109. 13 de septiembre de 1988, párrafos 9, 10 y 11. 5

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4 Adoptada en el 57º periodo de sesiones y aprobada por el Comité el 12 de julio de 1996.

En este sentido –dijo la Corte– los Estados deben valorar, de acuerdo con su desarrollo histórico y político, las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros.8

La Ley para las Elecciones de Poderes Federales de 1918, reguló las candidaturas independientes para Presidente de la República o Senador en los artículos 107 y 108. En principio les otorgó los mismos derechos conferidos a los candidatos de los partidos políticos y precisó como requisitos legales para el respectivo registro, que fuesen:

o tener un programa político al que deben dar publicidad; y o se sujetaran a los requisitos previstos en las fracciones VII y VIII del artículo 106 de la misma ley, esto es: o registrar su candidatura durante los plazos fijados por la ley (si se trata de candidatos a Senadores o Presidente de la República se hará en la capital del Estado, y si es de Diputado se hará en la cabecera del Distrito Electoral correspondiente); y o nombrar a sus representantes en las diversas municipalidades, dentro de los plazos fijados por la ley, sin perjuicio de modificarlos oportunamente. De la misma manera, les concedió el derecho a vigilar los actos electorales correspondientes a su elección, acreditando haber registrado su candidatura. Lo anterior, enfatizó como requisito necesario para contender como candidato ciudadano el apoyo de determinado número de ciudadanos; tal regulación se mantuvo hasta 1946, cuando el legislador eliminó la «candidatura independiente» de los ordenamientos legales. IV. Requisitos para el registro en el ámbito comparado La admisión de la figura jurídica de las candidaturas ciudadanas, exige en el sistema que se adopte la regulación y establecimiento de ciertos requisitos para hacer efectivo su registro, los cuales se determinan de manera libre por cada país, pero en la mayoría de los casos, se fijan en forma proporcional y objetiva a fin de otorgar equidad en la contienda y certeza en el proceso electoral.

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o apoyados por cincuenta ciudadanos del Distrito, quienes debían firmar su adhesión voluntariamente en un acta formal;

9 GARCÍA OROZCO, Antonio, –recopilador y estudio introductorio–, “Legislación electoral mexicana, 1812-1979”, Ediciones de la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, 2ª ed., México, 1978, p. 299. 10 FUENTE: ACE Electoral Knowledge Network, “Guiding Principles of Parties and Candidates”, en http://aceproject.org/ epic-es.

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También hay que distinguir otro grupo de países que exigen mínimos requisitos de registro, como Francia, Guyana Francesa, Nepal y Pakistán. Como se observa, cada país es libre de determinar la regularidad sobre los requisitos para el registro de candidaturas ciudadanas, pero domina la presentación de un número de firmas de respaldo. V. Asignatura pendiente: Vía Legislativa Es el legislador ordinario, el ente que habrá de trazar, en caso de la aprobación de la reforma de las candidaturas ciudada-

Ante ello, el reto del legislador consistirá en operativizar y hacer posible las candidaturas ciudadanas, con el fin de proteger la equidad en la contienda, de manera que deben precisar criterios proporcionales que coadyuven a materializarlas y que efectivamente respondan al respaldo social que les otorgue identidad. Asimismo, deberá prever lo conducente para determinar las condiciones de acceso a medios de comunicación y financiamiento, para que la regulación de las candidaturas ciudadanas permita que quienes contiendan sin representar algún partido político, una competencia justa, sin olvidar bajo ninguna circunstancia, los procesos de responsabilidad y rendición de cuentas a los que también deben estar inmersos los candidatos ciudadanos.

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De manera similar, existen países que exigen ambos requisitos; entre esos países se encuentran Alemania, Australia, Belice, Bulgaria, Canadá, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Lituania, Países Bajos, etc.

De la misma forma en que no existe en el orden comunitario a través de los distintos mecanismos de interpretación, directrices para la adopción de las candidaturas ciudadanas, en igual sentido tampoco se impone ni se precisa requisito alguno para su viabilidad e implementación real, por lo que en todo caso, se debe partir de parámetros objetivos que permitan una competencia que reconociendo las diferencias, entre candidatos ciudadanos y de partidos políticos salvaguarde el principio de equidad.

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De igual manera, es exigencia para el registro de la candidatura, el requisito de depósito económico, tal y como sucede en Bahamas, Egipto, India, Papua Nueva Guinea, República Checa y Ucrania, por mencionar algunos.

nas, la regularidad de los requisitos que deberán exigirse a quienes aspiren a participar en los procesos comiciales sin la postulación de partido político alguno, a fin de que defina el pleno ejercicio del derecho político a ser votado en supuestos de esa naturaleza.

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En el derecho comparado, el requisito que impera para el registro de candidatos ciudadanos, lo constituye la presentación de la lista de firmas de apoyo a la candidatura que se postula, cuyo número o porcentaje es determinado de forma particular por cada sistema electoral. Países como Albania, Bélgica, Chile, España, Marruecos, Paraguay, Rumania y Suiza entre otros, exigen este requisito.

EL PROCESO ELECTORAL:

UNA OPORTUNIDAD

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PARA FORTALECER NUESTRA DEMOCRACIA

Dr. Arturo Sánchez Gutiérrez Investigador Asociado de El Colegio de México. Fungió como Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral durante el período 2003-2010

a elección presidencial de 2012 ha sido observada como otro momento definitorio de la ruta que seguirá la democracia mexicana. Después de la experiencia de 2006, de la reforma electoral de 2007, del conflicto entre los medios de comunicación y las autoridades electorales, y después de varios años de crítica constante al Instituto Federal Electoral, resulta históricamente indispensable que la elección de este año salga bien. En realidad, las preocupaciones de hace algunos meses sobre la calidad de este proceso, se han disipado. En la medida en que la autoridad electoral ha planeado y ejecutado, paso a paso, todos los procedimientos necesarios para garantizar la realización de la elección, se ha recuperado la confianza en que prevalecerán las características de calidad que han caracterizado a estos procesos en el pasado. Sin duda, el Instituto Federal Electoral seguirá enfrentando presiones importantes cada día hasta que concluya el proceso electoral. Incluso después, cuando se termine de fiscalizar los gastos que los partidos y candidatos hayan realizado en este proceso, el IFE seguirá enfrentando las versiones contrarias de los partidos sobre su forma de tomar esas decisiones y de aplicar o no sanciones. Sin embargo, hoy en día el proceso marcha en orden y las presiones y tensiones están justamente donde se espera que estén: en las campañas de los candidatos presidenciales, en los spots que cada partido difunde y en las múltiples quejas que se presentan entre los contendientes ante el IFE. Pero a estas alturas nadie duda de que habrá una elección de calidad y de que la noche del 1 de julio conoceremos quién será el Presidente de México para el sexenio 2012-2018. Las casillas se instalarán, contarán con la documentación necesaria y por la noche, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) empezará a arrojar los resultados casilla por casilla.

La elección de 2012 está en marcha y en la dirección correcta. Las lecciones están a la vista. Incluso el Poder Legislativo discute ya una reforma política más. México experimenta un proceso vivo de cambio que sólo requiere de dos cosas: el voto ciudadano para definir con certeza quienes serán nuestros gobernantes, y de la participación organizada para impulsar el tipo de cambios que ahora se requieren.

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Por otro lado, la reforma electoral del 2007 dejó pendientes procesos de reglamentación que resultan fundamentales para facilitar el trabajo de las autoridades. Tal es el caso de la urgencia de establecer en la ley las reglas que deberán aplicarse para respetar el derecho de réplica, y brindar certeza jurídica a los medios de comunicación, electrónicos e impresos. Otro ejemplo es la necesidad de reglamentar el

La agenda del cambio en este sentido también está puesta sobre la mesa: candidaturas independientes, iniciativa popular, plebiscito, etc., etc. Sin embargo, en este nivel la democracia se fortalecería siempre y cuando la ciudadanía se fortaleciera para incrementar sus espacios de participación. Ese parece ser el reto de las nuevas generaciones del cambio.

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Con todo, el otro motor del cambio, una vez que los procedimientos se han perfeccionado, debe ser la participación creciente de la ciudadanía en la elección. Ninguno de los cambios realizados tienen sentido si los invitados a la fiesta de la democracia no asisten a la jornada electoral. El tema puede verse desde el otro punto de vista: ninguna crítica al sistema electoral sería válida si no se basa en una amplia participación electoral. Incluso aquellas críticas relacionadas con el nivel de partidización de las autoridades electorales podrían sostenerse sin una participación ciudadana creciente.

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A estas alturas, la elección del 2012 ya arroja algunas lecciones que requieren de reflexión y de la eventual construcción de una nueva reforma. Sin duda, un ejemplo de ello es la necesidad de repensar el esquema de comunicación política a través de spots, o la necesidad de asegurarse de que las normas que buscan la equidad en la competencia no terminen por afectar o limitar la libertad de expresión de los actores políticos, de los gobernantes, de los medios de comunicación y de las autoridades electorales mismas. Otras lecciones están relacionadas con la forma como los partidos deben enfrentar el reto de garantizar las cuotas de género entre sus candidatos, o la conveniencia de ampliar las opciones para que los mexicanos en el extranjero voten con mayor facilidad. Al respecto, por ejemplo, resulta estimulante que el Instituto Electoral del Distrito Federal haya establecido la modalidad a través de INTERNET, para que los “chilangos” en el exterior emitan su voto.

Por todo lo anterior, creo que es válido concluir que los procesos electorales mexicanos han sido la fuente que gradualmente ha nutrido a nuestras leyes y han fortalecido nuestra democracia. Esa es una virtud de nuestro proceso transformador y también es válido concluir que el perfeccionamiento debe seguir.

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artículo 134 de la Constitución. Hasta ahora su aplicación ha dependido de diversas interpretaciones que han hecho de ese artículo el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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México ha fortalecido su democracia en cada elección. Por dolorosas que hayan sido las lecciones, las normas electorales han perfeccionado los procedimientos electorales y los mecanismos de actuar de las autoridades. Más allá de las pasiones que genera la emoción del triunfo o la frustración de la derrota, el proceso de perfeccionamiento de nuestra democracia se ha expresado en las constantes reformas al Código Electoral, promovidas por unos y otros partidos. Cada cambio buscó resolver problemas manifiestos en elecciones anteriores. Cuanto más problemáticas ha sido una elección, mayor complejidad presentan las reformas a la ley.

UNAS REFLEXIONES EN TORNO A

LA SUCESIÓN

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PRESIDENCIAL 2012 Mtra. Ana Mireya Santos López Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca

l escenario que presenta el país antes de las elecciones federales del 2012 es sumamente complejo, pero hay formas concretas para legitimar el proceso electoral próximo, cosa que es de suma importancia y preocupación porque contribuirá directamente a un mayor nivel de cohesión social, elemento fundamental para un país como México, que enfrenta una serie de dificultades sabidas por todos, como son la delincuencia organizada y la pobreza extrema, que cuando se combinan con la falta de legitimidad de las estructuras de gobierno, amenazan la paz y tranquilidad sociales. El esfuerzo para legitimar la elección presidencial es urgente, y sólo será posible a través de la implementación de una serie de acciones concretas para asegurar que la transición a la democracia siga su camino en nuestro país. De no ser así, la crisis se profundizará y cada día será más difícil conservar la confianza de la ciudadanía en el sistema político imperante. Tal como lo plantea el Consejero Electoral federal, Lorenzo Córdova Vianello,

“Decir que el proceso electoral de 2012 va a ser complicado es una obviedad. Toda elección conlleva un momento de complejidad particular en la vida política de un país, pero cuando además están en juego —como ocurrirá el 1 de julio del año próximo— todos los cargos de elección popular federales y elecciones concurrentes en más de una decena de entidades federativas, la apuesta es muy alta y la tensión y la confrontación inevitablemente tienden a multiplicarse. Pero además de la cantidad de cargos que estarán en disputa (en primer lugar, por supuesto, la Presidencia de la República), las elecciones de 2012 se realizarán en un contexto político, social, económico y de seguridad sumamente complicado y hasta adverso”. 1 En México, lo que se busca evitar en el 2012 es una crisis dual, donde la percepción sería la falta de legalidad junto con legitimidad. En este seguimiento de ideas, la regeneración del sistema de gobierno que podría ayudar a fortalecer no sólo la legalidad y estado de derecho, sino la legitimidad de la estructura política nacional, tendría que involucrar, necesariamente, un cambio en la forma de hacer política y de concebir y vivir el servicio a la sociedad a través de los puestos de elección popular. Córdova Vianello argumenta precisamente que “[h]ace falta una renovación en la manera de concebir a la política y a los cargos públicos. Hace falta construir una verdadera ética pública, entendida precisamente como el ejercicio de la función pública a partir de la responsabilidad, no como el ejercicio de las convicciones y de los intereses privados o de partido”2. Por lo que ahora, se debe exigir un comportamiento ético y apegado a la legalidad de las y los candidatos para cargos públicos.

1 Córdova Vianello, Lorenzo, “Un complejo panorama electoral”, El Universal, 29 de junio de 2011, www.eluniversal.com.mx/editoriales/53509.html. 2 Córdova Vianello, Lorenzo, “Ética de la responsabilidad”, El Universal, 20 de octubre de 2010, www.eluniversal.com.mx/editoriales/50311.html. 3 Córdova Vianello, Lorenzo, “Pragmatismo vs. principios ideológicos”, El Universal, 23-marzo-2011, www.eluniversal.com. mx/editoriales/52122.html. 4 González Oropeza, Manuel y Martínez Sánchez, Francisco, “El Derecho y la Justicia en las Elecciones de Oaxaca”, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011, p. 412 5 Ackerman, John M. (coord.), “Elecciones 2012: En busca de equidad y legalidad”, México, IIJUNAM-Instituto Belisario Domínguez-Senado de la República, 2011, Serie Doctrina Jurídica, núm. 589, p. XI.

El multicitado autor también afirma que “una de las principales afecciones del sistema democrático es el vaciamiento ideológico y programático que caracteriza la discusión política en general y a los partidos políticos en particular,” y confirma que la “orfandad ideológica es algo que atraviesa todo el espectro del sistema de partidos”3.

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El artículo 41, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Instituto Federal

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En este contexto, resulta imprescindible contemplar el marco jurídico vigente en la materia electoral para resaltar el papel de las instituciones relevantes en la sucesión presidencial del 2012.

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“La finalidad esencial de la justicia electoral ha sido la protección auténtica o tutela eficaz del derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de garantías a los participantes (partidos políticos e, incluso, funcionarios electorales, así como, según el caso en los distintos regímenes electorales, ciudadanos y candidatos) a efecto de impedir que pueda violarse la voluntad popular, contribuyendo a asegurar la constitucionalidad y legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad, transparencia y, en general, justicia de los comicios”. 4

Una de las encomiendas más importantes de las instituciones electorales es precisamente velar por la calidad de los comicios. Cabe decir que las reformas de 2007-2008 a la Constitución Federal y al Código Electoral Federal (COFIPE), son particularmente importantes. Lo relevante de las reformas, como lo han descrito los expertos en la materia, fue la prohibición de la contratación de espacios en radio y televisión por los partidos políticos y las reglas sobre el uso de los medios de comunicación en las campañas5.

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En un escenario tan complicado como el que impera en México, las instituciones electorales surgen como una respuesta para mejorar el funcionamiento mismo del gobierno. Aparte del Instituto Federal Electoral, es también fundamental el papel de los tribunales federales electorales en asegurar la legitimidad de los comicios presidenciales. En palabras del Magistrado Manuel González Oropeza:

En este sentido, es necesario hacer una reflexión sobre el papel de las instituciones electorales en el proceso comicial del 2012, particularmente, en asegurar su legitimidad. Es relevante señalar que existen por lo menos dos facetas de la legitimidad, lo que podríamos llamar la legitimidad de origen, por una parte, y la legitimidad de ejercicio, por otra. La legitimidad de origen se refiere al proceso que lleva al poder a la persona que gane en los comicios.

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Electoral, es la única autoridad para administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado al derecho de los partidos políticos nacionales; deberá sancionar las infracciones a lo dispuesto en el mismo artículo sobre los medios de comunicación, incluyendo por ejemplo, la suspensión de difusión de toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, o el uso de propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones o a los partidos o que calumnien a las personas. W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Nos permitimos citar al doctor John M. Ackerman: “[M]ás allá de lo que se pueda opinar a favor o en contra del modelo en sí mismo, lo más importante es que el modelo que hoy se encuentra plasmado en el texto constitucional se respete y su cumpla. Hace pocas cosas más dañinas para el Estado de derecho y la convivencia democrática que permitir la flagrante y transparente violación cotidiana de los principios constitucionales. Sin duda, la impunidad y la simulación son más dañinas de lo que podría llegar a ser la supuesta ‘sobrerregulación’ contenidas en las normas electorales”6.

Bajo estas consideraciones, se puede afirmar que la importancia del tema de la legitimidad de los comicios presidenciales del 2012 es innegable. Además, tampoco es suficiente velar por la legalidad de las elecciones, puesto que la legitimidad va más allá que el estricto apego a la ley.

Además, es urgente que la ciudadanía vote de forma libre e informada, así como garantizar que la voluntad ciudadana se respete en los resultados electorales.

6 Ibidem, p. XXIII.

Finalmente, desde el punto de vista de la autora, si no se cumple primero con la constitución, no podemos hablar de legitimidad, por lo que lo legal es condición previa a lo legítimo. Sólo así podrá ser posible alcanzar la estabilidad y equidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de gobierno, algo que todos anhelamos.

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En tal estado de cosas, consideramos que los organismos o institutos electorales, las y los operadores del sistema de justicia electoral, los partidos políticos, y las y los ciudadanos, tienen que regir sus actuaciones no sólo bajo las normas relevantes, respetando así la legalidad, sino también bajo un concepto más dinámico y ético de ciudadanía que sentará las bases para la legitimidad de las elecciones presidenciales.

EL VOTO:

PRERROGATIVA

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Oaxaca del Instituto Federal Electoral

ctualmente, existe un consenso entre los ciudadanos y ciudadanas sobre la idea de que la democracia es necesaria para el desarrollo del país, pero ¿todos entendemos lo mismo por democracia? Para algunos significa el reclamo de derechos; para otros la libertad de definir la profesión que le convenga; algunos pensarán que la democracia se agota en las elecciones y una buena parte considera que la democracia es exigir el respeto de sus derechos civiles y el derecho a ser tolerado. Bueno, la democracia es todo eso y más. Sin embargo, un acontecimiento típico de las democracias son las elecciones, aunque nada simple, pues pocos son los fenómenos sociales como éste que convocan a tantas personas en un mismo momento determinado a cumplir con un objetivo específico: elegir. El mecanismo para convertir los votos en escaños se denomina sistema electoral y su efectividad es de la mayor rele-

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CIUDADANA

vancia para la construcción de la confianza ciudadana sobre los órganos electos. Las elecciones son un método para elegir personas que representarán los intereses colectivos, pero también son un acto de vinculación entre los individuos y su comunidad; son un refrendo del compromiso que los ciudadanos y ciudadanas hacen con la República y sus instituciones. Votar en las elecciones significa manifestarse expresamente en favor del método civilizado y pacífico para la toma de decisiones. En nuestro país, la compleja red de instituciones electorales ha evolucionado aceleradamente en las últimas décadas. Nuestra Constitución Política dispone que nuestro voto es un derecho y una obligación pero en este espacio quiero hacer énfasis en el sufragio como un derecho. En este contexto, los ciudadanos y ciudadanas debe resolver entre dos opciones: votar o abstenerse. Si esto último es nuestra decisión, renunciamos entonces a la posibilidad de influir en la determinación de cuáles proyectos se harán realidad para mejorar

nuestras condiciones como país, como entidad o como municipio. A su vez, con la abstención se delega esa posibilidad en los que sí votan.

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Si se decide votar se enfrenta otra disyuntiva: a quién elegir. La respuesta dependerá de cada votante, pero lo que se debe considerar para tomar esa decisión es siempre el interés colectivo, es decir, votar no por lo que me conviene a mí, sino por el proyecto que conviene a mi comunidad, a mi municipio o a mi país.

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Existe otra posibilidad, la de anular el voto. En este caso aún cuando ejerzamos el derecho a elegir no estaremos contribuyendo a construir la decisión en conjunto sobre quien o quienes serán las autoridades.

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Hay algunas posiciones que se han manifestado en favor de anular el voto (voto blanco), porque consideran que la clase política es pragmática e inmoral y el voto blanco serviría para manifestarse en contra de la partidocracia. Esta postura, aunque respetable, no toma en consideración algunos argumentos como los siguientes:

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1.- Nuestro sistema legal atribuye el triunfo de las elecciones a aquellos candidatos que más votos obtengan, sin importar la cantidad proporcional de estos en relación al número de votantes registrados, por lo que de cualquier forma al computar los votos válidos se otorgará el triunfo a un candidato o candidata, independientemente de los votos nulos y la abstención. 2.- El sistema electoral mexicano no contempla una diferencia entre voto blanco y voto nulo, por lo que no se sabrá, en el momento de procesar los votos en la casilla, cuáles fueron anulados voluntariamente y cuáles no. No sucede como en el caso de Colombia, donde con cierta cantidad de votos blancos se invalida una elección para el efecto de que los partidos políticos presenten nuevos candidatos. 3.-Si las élites políticas son tan pragmáticas, como se presume por quienes sostienen esa posición, desde la perspectiva de esas élites será irrelevante la cantidad de votos emitidos en esa forma. Por lo anterior, representa más beneficio a la democracia que los ciudadanos acudan a las urnas y voten por algunas de las opciones, pero además, tomando en consideración que el sistema de partidos políticos en México es fuerte, se hace necesario que los ciudadanos y ciudadanas colonicen a los partidos políticos, tomen el control y se postulen a través de estos a los cargos de elección popular.

LAS REFORMAS ELECTORALES EN MÉXICO:

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UN ACERCAMIENTO A SU EVOLUCIÓN Y SUS PENDIENTES Mtro. Gustavo Meixueiro Nájera Director de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP)

a reforma electoral es un proceso inacabado y en constante debate y discusión. Desde hace más de 30 años, cuando se realizaron las modificaciones originadas por la falta de espacios políticos para una oposición al régimen del partido dominante, se han venido llevando a cabo transformaciones para adecuar nuestro régimen de partidos y de competencia electoral a los reclamos de distintas organizaciones políticas y de la sociedad. Sin embargo, hoy en día, aún con las reformas recientes de 2007, diferentes actores se muestran insatisfechos con el sistema electoral y de partidos que prevalece. El reto es lograr modificaciones que dejen satisfechos tanto a los partidos políticos como a la sociedad en su conjunto. Mucho se dijo que aquella crisis de institucionalidad que se presentó durante la elección de 2006, pasando por la calificación de la elección, hasta la toma de protesta del Ejecutivo en turno, se debió a que no se contaba con el marco jurídico adecuado para enfrentarla. Después de un complejo proceso de discusión de la reforma electoral de 2007, las elecciones de 2009, en opinión de algunos, mostraron que aún se requieren adecuaciones. Dichas reformas no sólo se circunscriben a la competencia electoral, sino que se extienden a lo que los americanos han llamado accountability, es decir, la rendición de cuentas del representante hacia sus electores. a) Antecedentes y evolución Como es fácil de entender, las reformas electorales son actualizaciones a la legislación que rige los procesos de elección de representantes. La mayoría de las naciones las llevan a cabo periódicamente en atención a las necesidades y circunstancias políticas de su desarrollo social. Vale decir, la decisión de modificar las reglas electorales de un país obedece tanto a los reclamos sociales como a las necesidades de legitimación de los gobiernos en un momento determinado del desarrollo social. Los primeros cambios en el sentido de una apertura democrática, que pretendía el fortalecimiento del régimen surgido del movimiento revolucionario que inspiraba los planes y programas de gobierno de las tres décadas posteriores al levantamiento armado, se dieron en un ambiente controlado, en un clima de relativa paz social, en un contexto internacional que planteaba las líneas del desarrollo modernizador en los primeros años de las posguerra de la Segunda Guerra Mundial y en el marco del desarrollo económico del periodo conocido como “sustitución de importaciones”.

1 Francisco José Paoli Bolio, “Etapas de cambio de las instituciones políticas en el México contemporáneo”, en Manuel Carrasco (coord.), Derecho Constitucional para el siglo XXI, vol. II, Sevilla, 2006, pp. 3095-3115. 2 Irma Méndez de Hoyos, “Las reformas electorales en México y el surgimiento y transformación del Instituto Federal Electoral”, Revista Iniciativa, no. 13, Instituto de Estudios Legislativos. www. cddiputados.gob.mx. 3 Alejandra Sota y Benjamín Hill, “La representación proporcional en el diseño institucional mexicano”, www.diputados.gob.mx.

En 1946 se modificó la constitución para suprimir la reelección consecutiva a nivel municipal, hasta entonces en vigor. En 1953, a tono con las tendencias de naciones más avanzadas, se aprobó el voto de las mujeres, aunque todavía no serían objeto del escrutinio popular, más que muy localizadamente.

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El resultado más importante de la reforma de 1977 fue el proceso de apertura de la competencia electoral. La introducción del sistema de representación proporcional dio incentivos a los partidos para participar en las elecciones, y estimuló con ello el aumento gradual de la competitividad electoral, especialmente cuando este sistema se extendió al nivel municipal

Un cambio positivo incluido en la reforma en comento fue el relativo a la composición de la Cámara de Diputados. El sistema combinó 300 curules de mayoría con los de representación proporcional, que aumentaron de 100 a 200, de manera que el número de diputados pasó de 400 a 500, elevando a su vez su importancia conceptual sobre el número total de diputados de la cámara (de 25% anteriormente, a 40% con las nuevas reformas).

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Esta reforma tuvo un carácter único y fue considerada como el punto de partida de la liberación de la arena electoral mexicana con un sello básicamente incluyente.2

Más adelante, la reforma electoral de 1986 incluyó cambios a seis artículos de la Constitución y una nueva ley electoral, el Código Federal Electoral (CFE). La reforma también abolió el registro condicionado de partidos, una medida destinada a moderar el surgimiento de partidos. Cabe hacer mención que estos cambios se dieron en el marco de una profunda crisis económica que sufrió nuestro país en la década de los años 80, y del enfrentamiento político entre los miembros del partido gobernante, que culminó con la disputa entre dos proyectos de nación distintos.

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La sucesión presidencial de 1976 se significó por la ausencia de participación de los escasos partidos políticos reconocidos entonces. La candidatura única del representante del partido gobernante preocupó a la elite política, que a partir de entonces buscó una reforma electoral de mayor significación. En 1977 se planteó el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas como forma de dar acceso a genuinas representaciones políticas y sociales de nuestro país.

El 30 de diciembre de 1977 se promulgó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE). La reforma electoral que promovía esta ley ofreció a los partidos de oposición nuevas oportunidades de participación. Introdujo por primera vez el concepto de representación proporcional al Poder Legislativo, al definir que por esa vía serían electos 100 diputados –en vez de los 41 “diputados de partido”– la cuarta parte de la Cámara, cuyo número ascendió también al pasar de 196 a 300 diputados de mayoría y que daría un total de 400 asientos; aquellos diputados surgirían de cinco circunscripciones plurinominales en las que se elegirían 20 escaños, en cada una, de acuerdo con el porcentaje de votación.3

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En 1964 se dio la primera reforma electoral que abría espacios a la oposición; aunque limitada y constreñida a la representación en la Cámara baja del Congreso; fue una modificación que permitió la presencia de diputados de un partido diferente al del titular del Ejecutivo. Sin embargo, tardó cerca de tres lustros más la llegada de una reforma electoral que transformara radicalmente la imagen de la política partidista de México, al pasar de un sistema de partido hegemónico, al de un sistema de partidos políticos con presencia de un partido dominante primero, y posteriormente a un sistema que permitiera una real de competencia entre las distintas fuerzas políticas.

en 1983. El registro condicionado tuvo el efecto de ampliar el espectro de partidos en las elecciones, permitiendo así la participación de organizaciones de derecha e izquierda que habían sido excluidos de la arena electoral.2

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X V I S I T A I N F O R M A C I Ó N M Á S P A R A

Esta reforma tuvo, sin embargo, dos características importantes para el mantenimiento del control parlamentario por parte del partido gobernante: por un lado, permitía la participación del partido mayoritario en la repartición de diputados de representación proporcional y por el otro, incorporaba la llamada “cláusula de gobernabilidad”, que garantizaba la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al partido que obtuviera una mayor votación nacional.4 Después del rompimiento de la Corriente Democrática del PRI y la polarización de los proyectos políticos antagónicos que representaban los antiguos correligionarios, la campaña electoral de 1988 hizo evidente la necesidad de más cambios y de mayor profundidad en materia electoral. Más aún, la tensión social y política, habida cuenta de un proceso electoral confuso y sospechoso de fraudulento, motivó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari a iniciar una reforma electoral, entre 1989 y 1990, que incluyó cambios constitucionales y la apro-

bación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la cual, inesperadamente, se convirtió en la primera de una serie de reformas electorales que alcanzaron su culminación en 1996, como veremos más adelante.

votación para ese partido hubiese rebasado el 35%. Es decir, si el partido mayoritario obtenía 40% de los votos, automáticamente tendría 261 diputados, 52.2% de los asientos de la asamblea, lo que significó una sobrerrepresentación mayor a 12%.

El cambio más importante introducido por la reforma electoral de 1990 fue, sin duda, la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que reemplazó a la Comisión Federal Electoral, directamente dependiente del Secretario de Gobernación. El segundo cambio importante introducido por la reforma de 1990 fue la creación de un cuerpo permanente, dentro de la estructura del Instituto, responsable de todas las tareas técnicas y administrativas: la Junta General Ejecutiva.

Las consecutivas modificaciones o formas en las que evolucionó la “cláusula” continuaban con los mismos problemas de representación que tenían las anteriores reformas y que pueden resumirse en la siguiente forma: no se había logrado establecer un sistema electoral que tradujera votos a curules en forma precisa y equitativa.5

En 1989 se había hecho una reforma a la ley electoral de tal manera que, además de asegurar la mayoría absoluta de los diputados para el partido más grande, se le otorgarían además dos diputados por cada punto porcentual en que la

Ídem.

Efrén Arellano Trejo, La reforma electoral y el nuevo espacio público, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 51, agosto de 2008. 6

En 1996 se introdujeron dos modificaciones que definitivamente acercaban la legislación electoral a la intencionalidad de ofrecer un marco jurídico más

El principal tema, por tanto, de la reforma electoral de 2007, supuso la regulación de los medios en las campañas electorales. Vale la pena recordar que

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Los cambios en materia de financiamiento a los partidos, el acceso a medios de comunicación y los gastos de campaña representaron un avance importante respecto a leyes previas, que habían tendido a reproducir la posición hegemónica del partido gobernante. Sin embargo, durante la siguiente década vendrían todavía mayores cambios en esos mismos rubros.

El proceso electoral de 2006 mostró algunas de las debilidades del sistema electoral, provocando un conflicto social de tensiones desconocidas. Tal situación requirió de nuevas reformas, como la de 2007, que se incorporaron al largo listado de reformas político electorales. En las elecciones presidenciales de 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) elaboró un dictamen para calificar dichas elecciones. En él, validó la cancelación de promocionales de propaganda negativa debido a que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía la “obligación para que la propaganda electoral evite cualquier ofensa, difamación o calumnia, que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones o terceros.”6

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La reforma electoral de 1996 es quizá, junto con la de 1977, una transformación del orden jurídico y del marco legal electoral mexicano, ya que terminó con la participación y control gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales que se había mantenido por varias décadas. El gobierno cedió el dominio sobre la administración electoral y aceptó no estar ni siquiera representado con voz en los órganos electorales. El cambio más importante derivado

Más tarde, las elecciones del año 2000 habrían de producir un fenómeno nuevo en la política mexicana: la alternancia en el poder. Cabe apuntar que este cambio fue posible, entre otras cosas, gracias a las reformas electorales que alentaron una mayor participación ciudadana, así como la confianza de los ciudadanos en los órganos encargados del proceso electoral.

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Dos modificaciones adicionales hicieron de la reforma de 1993 una transformación importante de las reglas electorales. Por un lado, los cambios en el método para seleccionar a los funcionarios de casilla. Se introdujo un proceso aleatorio de selección a fin de garantizar la imparcialidad de los funcionarios electorales, la secrecía del voto durante la jornada y la confianza en el conteo y validación de los votos. Por otro lado, la introducción de observadores electorales nacionales.

Finalmente, sólo los miembros no partidistas del Consejo General –los Consejeros Electorales– mantuvieron voz y voto dentro del mismo, incluso sus facultades se ampliaron y por primera vez se establecieron comisiones especiales conducidas por dichos Consejeros, con el fin de evaluar el desempeño de los directivos responsables de la administración electoral. Además, de acuerdo con las nuevas reglas aprobadas en 1996, estos altos funcionarios miembros de la Junta General Ejecutiva tenían que ser propuestos y aprobados por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo General, lo que representó un paso decisivo hacia la imparcialidad del personal responsable de administrar las elecciones.

justo en términos de representatividad. En primer lugar, se fijó un límite para la asignación de asientos en la cámara a la que puede acceder un solo partido ya sea por la vía de distritos de mayoría como por el sistema de representación proporcional de hasta 300 lugares. En segundo lugar, se estableció que ningún partido podría contar con un número de diputados electos que signifique una sobrerrepresentación de más de ocho por ciento respecto de los votos que obtuviera.

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La reforma de 1993 estableció también, por primera vez, límites en los gastos de campaña. Este cambio representó un reconocimiento de las condiciones desiguales de la competencia que habían predominado por décadas y abrió la posibilidad de hacer campañas políticas en condiciones más justas.

de la reforma de 1996 fue, indudablemente, la nueva composición del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Como resultado de la reforma, el representante del Poder Ejecutivo fue excluido del Consejo, y los representantes del Poder Legislativo perdieron su voto, aunque mantuvieron la prerrogativa de ser miembros del Consejo General con derecho a voz. Los representantes de los partidos políticos permanecieron como parte del Consejo pero sin derecho a voto, como se había aprobado desde 1994.

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La creación del instituto electoral fue el inicio del proceso de ciudadanización, tanto del propio instituto como de los procesos electorales en su conjunto. La reforma electoral de 1993 continuó en el reconocimiento de las demandas políticas de la sociedad. Uno de los cambios más importantes de dicha reforma fue la introducción de límites al control gubernamental sobre la estructura administrativa electoral del Instituto Federal Electoral.

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la iniciativa fue discutida y presentada por la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión, órgano plural encargado del proceso de Reforma del Estado. El primer objetivo de la reforma fue disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales mediante una nueva forma de cálculo del financiamiento público anual para actividades ordinarias de los partidos políticos e imponer límites mucho menores a las aportaciones privadas que pueden obtener los partidos, así como reducir las campañas presidenciales a 90 días y para el Congreso de la Unión a 45. El segundo objetivo fue fortalecer las atribuciones del IFE y del TRIFE. Para este segundo organismo, la iniciativa propuso perfeccionar su facultad para decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución Federal; y para ambos, la renovación escalonada de consejeros y magistrados electorales. El tercero, impedir que actores ajenos al proceso electoral incidieran en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como no electorales. Otras de las modificaciones que se realizaron son: el derecho de los partidos políticos nacionales al uso permanente de los medios de comunicación social; se otorgaron facultades al IFE para la administración del tiempo correspondiente a los partidos y para sus propios fines en radio y televisión; se prohibió a los partidos políticos para contratar o

adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Las innovaciones introducidas por las reformas constitucionales plantearon la necesidad de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo aspecto más relevante es el mandato para que el IFE elaborara un reglamento y creara un Comité de Radio y Televisión. Así, la tercera generación de reformas electorales daba respuesta a dos de los grandes problemas que enfrentaba la democracia mexicana después de la elección presidencial de 2006: el dinero, y el uso y abuso de los medios de comunicación. La reforma electoral aprobada en el Congreso por todas las fuerzas políticas ahí representadas, suscitó una inmediata respuesta por parte de los principales afectados: los empresarios de los medios de comunicación. Sin embargo, en el ánimo de los legisladores federales y de los partidos políticos predominó la idea de evitar la posibilidad o el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, pudieran influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales. En este recuento es importante mencionar que en fecha reciente acaban de ser aprobadas por el Congreso de la Unión algunas reformas que, si bien no son en esencia de naturaleza electoral, sino que forman parte de la Reforma Política, de aprobarse por la mayoría de los congresos de las entidades federativas, repercutirán directamente en el sistema actual de partidos políticos. El pasado 19 de abril el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado de la República en materia de reforma política. Los cambios que se incluyeron son a)iniciativa presidencial preferente; b)candidaturas independientes –sujetas a la

reforma a la legislación electoral respectiva ; c)iniciativa popular; d)designación del presidente sustituto; e)revisión de la cuenta pública; f)ratificación de comisionados de órganos reguladores del Estado; f)toma de protesta del presidente frente a eventualidades; h)cancelación de la cláusula de gobernabilidad de la ALDF; e, i)sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Entre las disposiciones constitucionales que pese a haber sido aprobadas por el Senado no fueron avaladas por la Cámara de Diputados se encuentran las siguientes: a)reglas específicas sobre consultas populares; b)reelección inmediata de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; c)reconducción presupuestal como resultado de la formulación de observaciones por el Ejecutivo; c)vigencia automática de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior en caso de no haberse aprobado la ley y el presupuesto correspondientes; d) restricciones a la afiliación corporati

7 Participación del diputado Eduardo de la Torre Jaramillo en el Tercer Foro Regional de Información y Comunicación en Materia Electoral, celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 18 de abril de 2008, cfr. en Pliego Moreno, Iván H., El proceso de aprobación de la reforma político-electoral 2007, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Reporte CESOP, no. 20, marzo, 2009.

Pablo Javier Becerra Chávez, “La agenda pendiente de la reforma electoral federal”, UAM-Iztapalapa, www.bibliojuridica. org/libros/4/1797/14.pdf.

va a partidos políticos; e)el tema de las candidaturas independientes locales queda sujeto a la expedición de las reformas respectivas a nivel estatal.

Cámara de Diputados se reduciría a 400 legisladores, en la proporción tradicional: 60% mayoría (240 diputados) y 40% de representación proporcional (160 diputados).8

b) Pendientes de la Reforma electoral y del sistema de partidos

c) Comentarios finales

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En cuanto a la reforma del Poder Legislativo una propuesta que tiene muchos adherentes es la disminución de 100 diputados de representación proporcional, con lo cual la

Así, las adecuaciones que se vislumbran tienen al ciudadano como su foco de especial interés, y es que diferentes grupos organizados de electores con un nivel mayor de sofisticación reclaman la segunda vuelta, la reelección de legisladores y de ayuntamientos, disminuir el tamaño de las cámaras, disminución de recursos otorgados a los partidos políticos, el plebiscito y el referéndum, la modificación de la forma de elegir a los consejeros electorales, mayor transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

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Por otra parte, parece necesario avanzar en la unificación de calendarios electorales y en la racionalización de gastos que realizan los institutos locales en tareas que ya realiza a nivel federal el IFE. Además, la compactación de calendarios electorales permitiría que los partidos destinaran más tiempo a su desempeño en los espacios de gobierno y representación parlamentaria que a la confrontación.

Este último punto generó una fuerte protesta por parte de comunicadores así como de un segmento de académicos y especialistas porque en su opinión atenta contra la libertad de expresión. La reforma, de avance para algunos y de retroceso para otros, tuvo una primera prueba de fuego con la elección intermedia de 2009, y tras ella, se volvieron a alzar voces de dirigentes de partidos, legisladores, especialistas y académicos para convocar nuevamente a una serie de reformas.

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En materia de fiscalización de los recursos destinados a los procesos electorales, incluidas desde luego las campañas y pre-campañas, parece ser una demanda social la necesidad de disminuir el dinero público que va a los partidos, aumentar la capacidad de fiscalización del IFE sobre el dinero no público que ingresa a los partidos, una fiscalización rigurosa de las precampañas, en las que suele gastarse mucho dinero, reducir la duración de las campañas electorales y regular los procedimientos necesarios cuando un partido pierde el registro, en lo referente a los bienes que adquirió con el financiamiento público y a la fiscalización de sus gastos en el proceso en que perdió el registro.

Sin embargo, como se comentó, el marco jurídico y la solidez de los órganos electorales se pusieron nuevamente en tela de juicio con el resultado de la elección de 2006, lo que trajo a la mesa de discusión nuevas reglas que permitieran dotar de mayores instrumentos al Instituto Federal Electoral (IFE) para sancionar a los partidos políticos por sus infracciones y para fiscalizar los recursos públicos que se les otorgan. Los dos pilares de la reforma del 2007 fueron, por un lado, la disminución de los recursos otorgados a los partidos y la disminución de los tiempos de campaña; por otro lado, un nuevo modelo de comunicación de los partidos y de sus candidatos que les permite utilizar en mayor medida los tiempos oficiales del Estado mexicano y que les prohíbe a ellos o a través de particulares, contratar tiempos en radio o televisión.

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Existen todavía, además, temas sustantivos que enfrentar en el futuro cercano. En opinión de algunos actores: la inadecuación de las viejas instituciones de un régimen autoritario, la subsistencia de una cultura política autoritaria que anhela el retorno del “hombre fuerte”; el alejamiento, tanto de actores políticos como de ciudadanos, de una cultura de la legalidad, así como la enorme influencia de los poderes fácticos y el profundo resentimiento social que algunos actores utilizan en su propio beneficio.7

Desde hace poco más de 30 años, en México se han venido llevando a cabo modificaciones a la legislación electoral para adecuarla a las demandas de la sociedad. Esta serie de continuas reformas, tuvo una primera culminación con la adecuación de 1996, que en cierto modo permitió una composición plural y diferente de la Cámara baja en las elecciones de 1997 y, posteriormente, con la confianza ciudadana depositada en el órgano electoral encargado de organizar las elecciones, la alternancia en el Poder Ejecutivo en el año 2000.

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Como se ha hecho evidente, las distintas reformas electorales de los últimos treinta años han contribuido al fortalecimiento del régimen democrático. Sin embargo, todavía hay varios asuntos pendientes, tanto en su adecuada implementación –caso del control de gastos de campaña– como en la consideración misma de ser incluidas –caso de la reelección legislativa y de las candidaturas independientes–.

DOS CARAS DE LA

DEMOCRACIA

Mtro. Juan Pablo Morales García Actualmente Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca

l proceso electoral federal 2012 abre un reto doble para el fortalecimiento de la Democracia mexicana: por un lado responder a las urgentes demandas ciudadanas y por otro lado evitar caer en las antiguas prácticas que nos han mantenido en el atraso. La Democracia en nuestro país no se limita a campañas llenas de compromisos y culpas, discursos repetidos y bullyng en redes sociales con un desenlace mediático el día de la jornada electoral y un llamado a una nueva reforma electoral. La Democracia en México a estas alturas se debe entender como un tema de acciones sustantivas de impacto directo a la economía, de educación y formación ciudadana. Adam Przeworski ha definido la Democracia como la “institucionalización de la incertidumbre”, pero hoy nuestro país parece adolecer de un exceso de “incertidumbre institucionalizada” que ha judicializado los procesos electorales y que muy probablemente llevará esta elección federal a definirse en los Tribunales ante un escenario de alta competitividad, ambigüedad en la Ley y el uso inédito de nuevas tecnologías de información1. De acuerdo con Luis Rubio, la pregunta importante es si México se encuentra en una fase incontenible

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MEXICANA

Przeworski, Adam, “Democracy and the Limits of Self-Government”, New York:Cambridge University Press, 2010. 1

2 Rubio, Luis, “De la falsa monarquía al feudalismo imperfecto”, Revista Nexos, México, D.F. Octubre, 2011.

Colomer, Josep M ed., “Personal Representation: The neglected dimension of electoral systems”, Essex, UK, ECPR Press, 2011. 3

de deterioro político o si estamos enfrentando procesos difíciles de ajuste que nos permitan consolidar una Democracia efectivamente representativa donde el ciudadano dé certeza a los procesos de formación de Gobierno2.

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Sin embargo, de acuerdo con Josep M. Colomer, los procesos electorales y la certeza de ellos son tan sólo el primer paso para la implementación de un régimen democrático; la Democracia en su amplia definición implica una parte “sustantiva” . Una noción sustantiva de democracia distingue entre las reglas procesales y los resultados que se producen. Bajo este argumento, México no sólo puede ser un país democrático porque celebre elecciones abiertas, libres y transparentes sino que también tiene que ver con el bienestar de sus ciudadanos, acceso a empleos, salarios dignos, educación de calidad, servicios de salud eficientes, respeto a los derechos humanos y a la naturaleza, entre muchos temas más que hoy se discuten en Alemania, Finlandia, Japón, Suecia y demás países considerados con alto índice de desarrollo democrático y donde la ciudadanía es el principal capital para su funcionamiento.

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Dentro de esta visión sustantiva y sustentable de la Democracia, la formación ciudadana para su fortalecimiento resulta imprescindible. ¿Podemos tener una democracia sin demócratas? ¿Se puede concebir una Democracia sin ciudadanos conocedores de sus virtudes y defectos? Desde mi punto de vista no es posible, por ello el Estado debe desarrollar capacidades y competencias para el ejercicio de una ciudadanía democrática para las nuevas generaciones, para las futuras y futuros ciudadanos, en un esfuerzo conjunto entre los Poderes del Estado, las Organizaciones Civiles y todo el Sector Educativo incluidos los Padres de Familia. ¿Aspiración romántica de la Democracia? Si así lo fuera la Democracia Mexicana tendría que quedar como siempre en ello, en una aspiración.

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Finalmente, la Democracia no sólo es la lucha por las elecciones. Este momento representa una oportunidad para la definición de la Democracia Mexicana en un escenario de reconfiguración del Estado mexicano, donde la pregunta es ¿qué tipo de Democracia queremos? Una exclusivamente basada en lo procedimental donde los partidos políticos sean quienes definan hasta el último espacio de gobierno en un oligopolio de autorepresentación de intereses o apostamos por una Democracia Sustantiva donde el ciudadano sea el factor primero y último en la toma de decisiones de gobierno y donde la educación y formación ciudadana definan nuestro rumbo de país.

DE LA MOVILIZACIÓN AL SUFRAGIO:

LA RUTA DEMOCRÁTICA

n el primer trimestre de 2012, se registraron en Oaxaca 150 movilizaciones —marchas, plantones, toma de oficinas públicas, bloqueos a calles y carreteras— (Noticias, 4/abril/2012). Una cifra que parecería hablar, por un lado, de una intensa dinámica de movilización social en defensa de los derechos ciudadanos pero que, por el otro, también señala la falta de canales institucionales para la expresión de las inconformidades y las demandas sociales, así como la debilidad de la representación política. A poco más de un año del gobierno de la alternancia, ésta dinámica podría también arrojar una lectura equivocada: la inutilidad del sufragio que en 2010 derrotó a un régimen autoritario y apostó por un cambio democrático, ya que, dado que el cambio de partido en el poder no ha respondido a las expectativas, se reivindica a la movilización social como recurso de mayor eficiencia para demandar la atención gubernamental.

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Mtro. Víctor Leonel Juan Martínez Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca

Sin embargo, habría que recordar que en 2006 miles de oaxaqueños se movilizaron en contra del régimen y se adueñaron del espacio público. Más allá de sus yerros y limitaciones, mostraban el rechazo a un régimen autoritario que personificaban en la figura del entonces gobernador Ulises Ruiz. Tras meses de ingobernabilidad, la respuesta fue policiaca antes que política. El contexto nacional y estatal impidió la caída del gobernante. Las amplias expectativas generadas por el nivel que alcanzó la movilización, terminó en frustración: la experiencia parecía probar que ni la movilización social ni los canales institucionales servían para encauzar la demanda ciudadana. En cambio, en 2010, la asistencia masiva a las urnas logró, pese a las condiciones adversas para la entonces oposición, la alternancia en el gobierno estatal. Con ello podría deducirse que las elecciones son la única vía para el cambio social y político.

Movilización social o sufragio, es entonces la disyuntiva que se plantea a la ciudadanía. Que la gente se vuelque a las calles o acuda a las urnas, es un buen paso para la construcción de un ciudadano crítico y responsable y un excelente principio para la construcción democrática, pero es parte del proceso, no su consolidación.

Sin embargo, siendo el ejercicio del voto el momento cumbre de un proceso democrático, no nace ni se agota en él. Hay un sinnúmero de acciones de la ciudadanía que anteceden y trascienden al voto, pero éste constituye el elemento esencial para dar sentido a unas y a otras. No participar en los procesos electorales, implica dejar la toma de decisiones sobre el devenir del país en manos de una clase política que si bien puede tener diferencias agudas entre sus distintos sectores, responde de manera casi unánime a los intentos de ponerles coto, de democratizar la vida pública, de hacer prevalecer los intereses de la sociedad antes que los que derivan de cotos partidistas o facciosos.

En la medida en que asumamos estas responsabilidades, podemos vigilar, acotar y evaluar a nuestros gobiernos. Si se articulan el sufragio y los canales institucionales, con el elemento activo y transformador en que se constituyen los movimientos sociales, podremos participar, en lo individual y en lo colectivo, en el debate y la toma de decisiones sobre nuestro devenir y en la apropiación del espacio público. Traducir esas miles de voces que constantemente se manifiestan y movilizan en votos libres, informados, razonados, sería una aportación importante a la construcción democrática. De ahí que es urgente y necesario, que la ciudadanía defienda los avances, apoye el proceso de transición en Oaxaca, luche por no ceder los espacios conquistados. Los procesos electorales, como el que vive México en este 2012, constituyen un reto y una oportunidad para ello. Es hora de la definición ciudadana: dejar las decisiones en manos de élites que en los últimos años se han visto desinteresados en atender los intereses de la sociedad; o participar activamente en la construcción de un país más justo, incluyente y democrático.

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El problema es que en ocasiones se confunde el medio con el fin. El voto no sólo es un medio de elección; el sufragio permite a la sociedad acercarse y participar en las decisiones del gobierno. El voto es un arma fundamental en la lucha democrática, puede ser instrumento de premio o castigo para la actuación de gobiernos, la capacidad y trayectoria de los políticos, los yerros de los gobernantes.

De la resolución a problemas particulares a la construcción de una agenda colectiva. De las consignas a la formulación de principios y valores. De las reacciones coyunturales a los procesos de largo aliento. De los discursos a la agenda y a la cultura política democrática.

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Y debe acudir a ejercer un voto informado y razonado cuando se presenten los comicios.

Y ese es el principal reto de la ciudadanía. Cómo transitar del papel reactivo al activo. De la protesta a la propuesta. Del bloqueo de las calles a la responsabilidad cotidiana con la ciudad, los derechos propios y de los otros.

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En este espacio entre la movilización social y el ejercicio del sufragio, debe transitar la ciudadanía. Ello conlleva responsabilidades y riesgos. El primero es desestimar una vía para privilegiar sólo la otra. Y son complementarias antes que antagónicas. La ciudadanía debe buscar los canales adecuados para una vigilancia crítica del actuar gubernamental; una participación activa a través de canales institucionales, sin desestimar la movilización social cuando lo requiera la defensa de sus derechos y para incidir en la toma de decisiones.

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Por otra parte, el voto, aunque es decisivo para la consolidación democrática, no basta por sí mismo para cambiar el estado de cosas.

Aún cuando existen espacios y organizaciones que trabajan diariamente por construir ciudadanía en la búsqueda del bienestar colectivo; una buena parte de la intensa movilización social se encamina más bien a la búsqueda de satisfacer problemas concretos, demandas particulares de pequeños grupos: vecinos, productores, organizaciones sociales, sindicatos, gremios. En algunos casos, incluso, obstaculizan y atentan contra los derechos de la colectividad, como en prácticas que lo mismo hace el magisterio, los concesionarios de taxis o los dueños de autobuses del servicio urbano.

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Por supuesto, en un país con un débil entramado institucional, una desfasada estructura jurídica y una clase política ajena a los problemas sociales, la movilización de la ciudadanía es imperativa.

Finalmente, la ciudadanía se construye en el día a día. Con la toma de conciencia de la participación en la colectividad; la asunción de responsabilidades en la construcción de una mejor calidad de vida, como parte de una sociedad a la que pertenecemos.

¿SERVIRÁ PARA ALGO

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LA REFORMA ELECTORAL?

Mtro. Fernando Dworak Camargo Consultor y coordinador académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

El 27 de septiembre de 2007 quedó ratificada la reforma constitucional en materia electoral. Para efectos de este artículo, no va a ser de interés elogiar o condenar los cambios realizados según los diversos argumentos que se han venido presentando. Más bien, aquí se plantea hasta qué punto esto representa una solución o un avance, así como si los cambios que impulsó tienen la posibilidad de mantener su continuidad más allá de 2009 y 2012. Para cada tema seleccionado se hará una descripción, seguida de un análisis sobre el problema a enfrentar y los efectos que podría traer.

I. Financiamiento de los partidos En este rubro se estableció una nueva fórmula para el financiamiento público anual de los partidos. Según ésta, cada ciudadano inscrito en el padrón aportará, anualmente, 35 pesos con 40 centavos. Por otra parte, en cada año electoral donde se renueven los poderes Ejecutivo y Legislativo se otorgará el 50% de esta cantidad; y en aquellos donde sólo se elija la Cámara de Diputados, la reducción sería del 70%. Además, se establecen mayores límites al financiamiento privado. Esto se reflejaría en una reducción de más del 85% del monto absoluto que cada partido podría recibir anualmente por estos conceptos. ¿Cuál es el problema? Como ocurre con el resto de los temas de la reforma del Estado, en lo electoral se tienen demasiados “como”, pero no los suficientes “por qué”. Gracias a ello, a menudo se pretende combatir los síntomas antes que las causas de los problemas. Por lo

tanto, cualquier reforma que se haga bajo esta dinámica sólo podrá ser un remiendo mas nunca una solución. Y el tema del financiamiento de los partidos no es una excepción: en lugar de intentar rebasar los costos por decreto, cabría preguntarse por qué se gasta tanto. Me gustaría ilustrar el problema a través de un principio de mercadotecnia: cuando se lanza un producto al mercado, las campañas introductorias son altamente costosas y requieren, además de grandes erogaciones en medios, un despliegue de todos los recursos disponibles, ya sean económicos o de comunicación. Una vez que se ha ganado posicionamiento, las campañas subsecuentes tienden a ser más baratas, se basan en la identificación que ha nacido entre los consumidores y se recurre a frases como “dos por uno”, “fórmula mejorada” o “25% adicional”. Lo anterior también se aplica para el comportamiento de los legisladores y

autoridades municipales en una democracia sólida. Al menos, las dinámicas son similares. Si, digamos, un diputado novato desea continuar con su carrera, va a tener que posicionarse ante el electorado para ser reelecto. De esa forma, presentará iniciativas e ingresará a las comisiones que correspondan a los intereses de su distrito, además de involucrarse en la gestoría. Con ello puede presentarse a los siguientes comicios con cuentas confiables que rendir. Y esto no es muy distinto para el caso de las autoridades municipales, con la diferencia de que sus actividades son más visibles para el ciudadano medio. Si se sigue este argumento, es posible apreciar la verdadera magnitud del problema: los candidatos mexicanos requieren tantos recursos –los cuales se gastan en su mayor parte en los medios– porque así lo exigen los arreglos institucionales: se tienen que sostener, cada tres años, cientos de campañas introductorias para los diversos cargos de elección popular.

Y este problema no va a tener solución si no se piensa en la reelección de los legisladores y autoridades municipales como el elemento que, gracias al posicionamiento de éstos y sus contendientes a través de un trabajo evaluable, abaraten los costos.

e la duración de las campañas. Probablemente se requiera pensar en precondiciones para realmente abaratar los costos, como la reelección legislativa y de las autoridades municipales, en lugar de pretender hacerlo por decreto. II. Duración de campañas

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¿Qué tan buena solución representa la reforma? Aunque será positivo tener menos días para las campañas, esto no significa necesariamente que disminuyan los costos. Es más: los diversos candidatos enfrentarían una mayor presión por posicionarse en menos tiempo. Y eso podría implicar, irónicamente, que recurran todavía más a los medios electrónicos.

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¿Cuál es el problema? Si se sigue el argumento de que las campañas en México, al tener que posicionar siempre rostros nuevos, requieren enormes recursos, también se puede explicar que necesiten más días que en el resto del mundo.

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¿Qué tan buena solución representa la reforma? Por lo pronto, la fórmula de financiamiento público anual sólo ofrece un ahorro de 200 millones de pesos: en el marco del presupuesto de un Estado, es muy poco. Y todavía falta por dejar en claro si el ahorro en años electorales es, al menos, proporcional al que se dejaría de gastar en medios o a la reducción

Se acorta la duración de las campañas presidenciales a casi la mitad de días: de 186 a 90. El mismo plazo máximo se tendrá para el caso de las cámaras del Congreso en ese año. Para las elecciones intermedias, las campañas tendrán una duración de 45 días.

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Por lo tanto, y al contrario de lo que se nos quiere hacer creer, las campañas en México no son tan caras porque nos estemos “norteamericanizando”. En realidad, nuestro vecino del norte tiene características únicas que hacen sus campañas costosas. Principalmente, hay elecciones cada dos años, lo cual hace que el legislador tenga que estar constantemente en campaña si desea mantenerse en su asiento. No menos importante es el hecho de que las fuentes de financiamiento sean primordialmente privadas. Como nuestro país no comparte estas variables, no hay elementos para hacer una comparación que resista a un análisis serio.

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III. Instituto Federal Electoral ¿Por qué tenemos un órgano electoral demasiado grande y complejo, si lo comparamos con los que tienen otras naciones? La respuesta oficial es: antes de 1996, los partidos que en aquel momento se encontraban en la oposición dotaron al Instituto Federal Electoral (IFE) de autonomía, con el fin de que los comicios arrojasen resultados confiables y de manera transparente. Es decir, el organismo en cuestión es enorme pues los partidos desconfiaban unos de otros. Hoy día, cuando la pluralidad política es un hecho, sigue imperando esa desconfianza. Y una vez más, el recurso vuelve a ser reestructurar al IFE. Sin embargo, nadie se pregunta cuáles son los orígenes, razones o carácter de tan escasa confianza. Como máxima, alguien contestó que era a ellos mismos y que eso no lo podría resolver reforma alguna. Y a esto, ¿por qué en las demás democracias rara vez son las instituciones electorales un motivo de conflicto? ¿Será porque los partidos de otros países sí confían en sí mismos? Entonces, ¿se podría hablar de que existe una naturaleza “mexicana”, complementaria o quizás paralela a la que conocemos simplemente como “humana”? En realidad, una explicación coherente no tiene por qué recurrir a la metafísica o a la psicología.

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Si tenemos en cuenta que un arreglo institucional es fuerte cuando los mismos actores tienen la capacidad de darle seguimiento a lo largo del tiempo, respetando cuanto acordaron, se aprecia mejor la magnitud del problema en México: cada nuevo grupo de líderes partidistas y de legisladores tiene la necesidad de adaptar las instituciones a sus requerimientos particulares, y no tienen por qué respetar los pactos alcanzados por sus antecesores. De esa forma, se entienden mejor las motivaciones de los legisladores para renovar al IFE de la manera en que lo hicieron. En otras palabras, los partidos no desconfían entre sí por razones existenciales, sino porque, al contrario de cómo sucede en una democracia funcional, no pueden negociar en un largo plazo. Dicho esto, pasemos al análisis.

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En otros países las autoridades electorales son más estables pues los diversos candidatos, al competir por el mismo puesto en numerosas ocasiones, ya conocen a los árbitros y confían en ellos. Por el contrario, en México los principales actores en las elecciones son los partidos, pues éstos tienen el control sobre quiénes acceden a los cargos de elección popular. Y por si fuera poco, tanto dirigencias como candidatos tienden a involucrarse sólo en un proceso electoral.

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A. Renovación escalonada del Consejo General La reforma establece la renovación escalonada de los consejeros electorales. La nueva duración del mandato de los consejeros será de nueve años.

las presiones de los intelectuales, líderes de opinión y académicos al respecto estaban destinados a fracasar: no hay forma de presionar o influir en los legisladores si no se tiene la capacidad de reelegirlos o no.

¿Cuál es el problema? Los legisladores argumentan que renovaron al Consejo General porque tuvo lugar una nueva reforma electoral. No obstante, se trata de una excusa: al no haber acordado ellos la instalación del actual, no tenían por qué sostener su permanencia. Y si a eso se le agrega el hecho de que su remoción era bien vista por algunos liderazgos partidistas, fue más fácil.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Sabiendo que estos cambios no tienen su continuidad garantizada al no haber legisladores profesionales, se debe reconocer que el arreglo pactado podría ser más estable: cada legislatura nombrará dos consejeros, liberándose tensiones que puedan surgir después de cada proceso electoral. También el nombramiento o ratificación del consejero presidente cada inicio de sexenio obedecería a ese razonamiento.

Como muchos han señalado, coincido en que la renovación del Consejo General fue una violación a la autonomía del IFE. Sin embargo, si no se detectan los aspectos de nuestros arreglos institucionales que propiciaron esto, se corre el riesgo de que el problema se vuelva a repetir. Y dicho sea de paso,

No obstante, persiste el riesgo de que una nueva crisis electoral pueda tirar estos arreglos en el futuro. Y bajo ese escenario las excusas, ya sean basadas en hechos reales o tan sólo sean suposiciones, saldrán sobrando –tal y como nos tocó ver en los días pasados.

B. Atribuciones del Instituto Federal Electoral

¿Cómo habrían de serlo, si el ciudadano no tiene elementos de control sobre ellos, al no haber reelección inmediata? Por lo tanto, es probable que cualquier mecanismo que diseñen sin esta precondición no sea más que una farsa.

La reforma establece que el Estado deberá destinar, tanto durante los procesos electorales federales como los estatales y en el Distrito Federal, el tiempo que dispone en radio y televisión para que los partidos difundan sus mensajes durante las campañas.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Tal y como han venido diciendo algunos especialistas, la creación de la Contraloría Interna nombrada por la Cámara de Diputados puede

Sin embargo se lee también que, cuando a juicio del IFE el tiempo total en radio y televisión asignado fuese insuficiente para sus propios fines o los de las otras autoridades electora-

En primer lugar los británicos son gobernados por un régimen parlamentario, con un bipartidismo fuerte que se rota el poder entre sí. Es decir, el electorado de ese país tiene claro que en las siguiente elecciones, que pueden tener lugar en un periodo de entre tres a cinco años, competirían por el gobierno el actual primer ministro –quien además es el líder del grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes y dirigente

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A. Tiempos oficiales

Se menciona que la legislación británica prohíbe la contratación de spots políticos en medios electrónicos, propiciando así un acercamiento de los partidos con el electorado. En contraparte las organizaciones mediáticas tienen que brindar, de manera equitativa y gratuita, tiempos de transmisión a todos los partidos. Ahora, veamos las características del Reino Unido y sus diferencias con México.

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¿Cuál es el problema? Los partidos difícilmente van a rendir cuentas con estos arreglos institucionales, y no precisamente por falta de voluntad política o porque el IFE tenga o no los recursos para vigilarlos. Más bien, tienen incentivos para ser y mantenerse opacos porque no son responsables.

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma electoral se lee: “La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comunicación”. Para ver hasta qué punto se cumplen estos objetivos, se tratará primero el uso de tiempos oficiales para los spot de campaña y después la eliminación de las llamadas “campañas negativas”.

Hay quienes argumentan que se puede eliminar el uso de spots televisivos en campaña porque otros países lo han logrado, sin preguntarse sobre las condiciones específicas que permitieron tomar esa decisión. Para ilustrar este problema se citará una entrevista hecha a la viceministra británica de Asuntos Exteriores, Meg Munn, publicada en el diario Reforma.

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IV. Los medios y las campañas También se establece un órgano técnico para la fiscalización de las finanzas de los partidos nacionales. Sería designado por las dos terceras partes del Consejo General del IFE. Para el cumplimiento de sus objetivos no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

¿Cuál es el problema? Retomemos el argumento, expuesto al inicio de este artículo, de que una campaña introductoria requiere enormes recursos, tanto económicos como mediáticos. Y para que se logre el posicionamiento de manera eficaz, es indispensable una exposición masiva en los medios electrónicos. Por lo tanto, el uso extensivo de tiempos en radio y televisión no es sino una necesidad

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Se crea una Contraloría Interna, dotada de autonomía técnica y de gestión, para la fiscalización y vigilancia de los ingresos y egresos del IFE. El titular será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados.

Los órganos autónomos se crearon para sacar el manejo de algunos temas del ámbito de las decisiones políticas. Por ello, el nombramiento de un contralor por un poder político va a restarle necesariamente autonomía al IFE en decisiones como, digamos, fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. ¿Cómo se animarían a ello, si tienen a la Contraloría Interna como una espada de Damocles?

les, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que le ley le confiera.

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De acuerdo con las reformas, las autoridades electorales podrían intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que señalan la Constitución y la ley. Sin embargo, todavía están por verse los alcances reales de esta disposición, pues quedarían plasmadas en el COFIPE.

convertirse en “una pistola que amenace de manera constante y latente las decisiones del IFE” como decía Luis Carlos Ugalde, ya que será un instrumento de presión a la actuación independiente de los consejeros.

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del partido gobernante– contra el líder del grupo parlamentario opuesto, quien también preside a su respectivo instituto político. De esa forma, no es tan necesario gastar en medios para posicionar a candidato alguno: simplemente, se establecen algunos espacios en ley para las transmisiones. Por otra parte, en México se observa una carrera sexenal entre los diversos precandidatos de los partidos, quienes buscan recurrir lo más posible a los medios electrónicos para posicionarse. Y muchos de ellos suelen llegar a la recta final, en el quinto año de gobierno, con un perfil muy bajo ante la ciudadanía. En consecuencia, la necesidad por invertir en medios es mucho mayor. En segundo lugar, los miembros de la Cámara de los Comunes británica tienen un trabajo de base firme. Aunque este sistema hace que los partidos tengan mayor identificación ante el electorado, gracias a que quienes tienen mayor exposición son los competidores para ser primer ministro, el trabajo individual ayuda en algunos distritos a mejorar la votación para uno u otro partido. Con estas características, el legislador no necesita tanto gasto en medios –a menos, claro que sean transmisiones locales. El contraste con México no puede ser mayor. Como se ha venido argumentando una campaña introductoria, para candidatos que no van a volver a competir por el mismo puesto, siempre va a ser mucho más onerosa. Por último, el sistema de medios en el Reino Unido, la British Broadcasting Corporation (BBC, por sus siglas), es una entidad pública. Al rotarse dos partidos en el gobierno y conocerse los actores, no se necesita instituto electoral autónomo alguno para definir tiempos o asuntos similares. ¿Qué tan buena solución representa la reforma? La reforma adoptada, al usar los tiempos oficiales para las transmisiones de los partidos en campaña, simple y llanamente significó la transferencia de costos de los spot: en ningún momento significó su reducción. Por lo tanto, permanece el problema de la sobresaturación mediática en tiempos de campaña. Incluso, según algunos analistas, los partidos dispondrían de todavía mayor tiempo de exposición que antes. Sin pretender hacer una apología de los medios de comunicación durante el proceso de aprobación de esta reforma, queda claro que bajo esta interpretación el problema de fondo es otro. Lamentablemente nadie, salvo algunos comentaristas y de manera superficial, se preocupó por señalarlo.

B. Campañas negras

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Como se puede observar, los cambios realizados ignoran de qué se trata la competencia electoral. Ahora

V. Homologación de calendarios electorales Según la reforma, las elecciones locales tendrán lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Sin embargo, los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan con la fecha de la jornada electoral, no estarán obligados por esta última disposición. ¿Cuál es el problema? Tal y como se ha venido diciendo en el debate académico, el hecho de que varios procesos electorales tengan lugar en un año determinado hace que se acorten los tiempos para la negociación política a nivel federal. Es decir: si tienen lugar –digamos– cuatro o cinco fechas de votación a lo largo de un año, sus resultados van a ser una y otra vez objeto de

VI. Nuevos partidos y candidaturas independientes La reforma establece que corresponde únicamente a los partidos el derecho de solicitar el registro de candidatos a puestos de elección popular. Por otra parte, y como organizaciones de ciudadanos, sólo éstos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. En consecuencia, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente en su creación, así como cualquier forma de afiliación corporativa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué significan realmente las candidaturas independientes? Que puede competir una persona sin el respaldo de un partido. ¿Es importante este tema en una democracia consolidada? Realmente no: al no tener un instituto político detrás, por lo general estas personas realizan campañas meramente testimoniales.

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Al contrario, en México se tienen estructuras partidistas débiles y con poco arraigo, pues no hay interés en hacer verdadero trabajo de base por la no reelección. De esa forma, los partidos son rehenes de líderes carismáticos –y ellos sí se ven afectados enormemente cuando aparecen las “campañas negras”. Sólo de esa forma se pueden entender los gritos en el cielo de AMLO.

Sobre la prohibición de que particulares puedan comprar espacios en los medios durante las campañas, se ha sugerido en diversos espacios sobre la conveniencia de que la iniciativa privada aprenda a invertir en política, aprendiendo de qué se trata. Esperemos que, tras este golpe, tomen esto en cuenta.

Pensemos mal: ¿no sería un incentivo para que los partidos locales o los gobernadores puedan cambiar su fecha de comicios locales antes de la primera semana de julio? Eso podría tener como efecto el que los resultados de esas elecciones puedan presentarse como un adelanto de lo que sucedería en los comicios federales.

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¿Y por qué en otros países no se rasgan las vestiduras como los políticos mexicanos? Porque, salvo se trate de un escándalo mayúsculo, este tipo de propaganda sólo afecta marginalmente la tendencia de votación. ¿La razón? Las estructuras partidistas son sólidas y el electorado tiende a sentir identificación por uno u otro instituto político o candidato gracias a su desempeño.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Si bien se homologan los calendarios electorales al primer domingo de julio en años que no tengan elecciones federales, preocupa el hecho de que los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan con la fecha de la jornada electoral, no estén obligados a cambiar su fecha.

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¿Cuál es el problema? Aunque son polémicas, las así llamadas “campañas negras” son un recurso habitual en una democracia. A través de ellas, el electorado adquiere información sobre sus candidatos que no requeriría a través de los spot.

Lamentablemente no: mientras no haya responsabilidad de los representantes ante los representados al volver a competir por un mismo puesto en la siguiente elección, las campañas se van a basar en promesas. De esa forma, refleja inocencia pensar que los partidos van a dejar de recurrir a la mercadotecnia como lo han venido haciendo, tan sólo porque ya no compran los spots. Y con la prohibición a la propaganda “negra”, lo que veremos en la tele va a ser completamente deslactosado en cuanto a sus contenidos.

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Además, la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

chantaje para algún partido representado en el Congreso de la Unión, bloqueando los acuerdos.

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Se eleva a rango constitucional la prohibición a terceros de contratar o difundir mensajes en radio o televisión mediante los que se pretenda influir en las preferencias de los electores, o beneficiar o perjudicar a cualquier partido o candidato a cargo de elección popular.

bien, ¿significará esto que tendremos mejores campañas, basadas en mensajes políticos claramente definidos?

de una forma distinta. De esa forma, tanto la expectativa de candidatos independientes, como la creación cada tres años de un nuevo partido, han ayudado a liberar presiones ante el desencanto hacia los institutos políticos existentes.

¿Por qué en México parece ser importante este debate? Porque la imagen de los partidos existentes se encuentra muy desgastada, y se piensa que la existencia de un candidato “ciudadano” o un nuevo partido con –digamos– un discurso “fresco” o con “caras nuevas” mejoraría las cosas en el país.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Si va a ser más difícil que aparezcan nuevos partidos, y éstos eran una válvula de seguridad, esto podría hacer que crezca el es desencanto hacia el sistema político en su conjunto. Obviamente, se beneficiarían más aquellos candidatos que enarbolen un discurso contra la “corrupta partidocracia”. Y como curiosidad, sería interesante ver si el PRI comienza e emprender una reforma interna por aquello de que se elimina toda afiliación corporativa, empezando por sus sectores campesino y obrero.

Sin embargo, el problema es otro: si los partidos respondieran a la ciudadanía a través de la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales, se comportarían

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Sin embargo, los candidatos independientes tienen la capacidad de ganar algún espacio cuando existe entre el electorado un hartazgo frente a los partidos. Y es en ese escenario cuando aparecen las Cicciolinas, los Fujimori, los Chávez o los Correa.

¿Qué podría pasar con la presente reforma? Una transformación institucional que no se pregunta por las causas que la motivaron no sólo va a resultar ineficaz a largo plazo, sino también podría llegar a generar problemas aún más graves. Y en este caso la reforma electoral ofrece algunas soluciones, claro, pero en algunos puntos importantes sólo representa parches y remiendos. Se ha vuelto común culpar al Congreso y a lo que se viene llamando “partidocracia” sobre estas reformas. Sin embargo, casi nadie se pregunta por qué nuestros legisladores actúan de esa forma, pensando que es porque así son las personas en lo individual. Más bien, hay que darnos cuenta que, aun cuando entren nuevos rostros, se van a comportar de manera muy similar porque no son responsables. Dicho de otra forma: es hora ya de pensar en la reelección de los legisladores como la precondición para responsabilizarlos.

Sólo hay una forma en que esta reforma vaya a prosperar: que los diversos actores sociales generen una presión para ello. Esperemos que estén a la altura, porque de lo contrario tendremos una pifia más.

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE

DERECHO ELECTORAL INDÍGENA

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Dr. Roberto Ehrman*

* Presidente de Dynamis Consultores, firma especializada en cabildeo, cabildeo presupuestal, y análisis y elaboración de políticas públicas. Es miembro de la Asociación Mexicana de Cabildeo (PROCAB). Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Venecia (Italia), Coordinador y profesor del Diplomado en Cabildeo en la Universidad Iberoamericana, Coordinador del Diplomado en Evaluación de Impacto de Políticas Públicas y docente de Análisis Político en Universidad Anáhuac del Norte.

“Que la libre determinación es a los pueblos indígenas lo que la libertad es a los individuos: su razón de ser y estar sobre la Tierra”1

partir de la reforma constitucional de 2001 con el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse según sus costumbres, tradiciones, necesidades y prioridades, controlando sus asuntos internos y aplicando su propia normatividad, es obvio que podrían y tendrían que surgir casos de conflicto entre dicha protección constitucional y otras normas del mismo rango. En estos casos, se tiene que decidir por jerarquizar algún derecho por encima de otro, los dos siendo, sin embargo, del mismo nivel y de la más alta categoría. Nos estamos refiriendo al conflicto entre la protección de dos bienes jurídicos tutelados en el orden constitucional, la libre determinación del individuo y la protección de la comunidad en el sentido de preservar la pluralidad étnica y cultural del Estado mexicano. Con referencia a lo anteriormente expresado, resulta en principio contraproducente argumentar que es imposible que exista un conflicto entre normas del mismo rango, en particular entre normas constitucionales. En el caso de la protección de los derechos de las comunidades indígenas sí existe un conflicto potencial, no se puede negar, al contrario tiene que reconocerse, de otra forma, se establecería a priori una jerarquía de normas que impediría el análisis de cada caso en concreto y decidir al respecto. Citando al jurista italiano Zagrebelski: “La asunción del pluralismo en una Constitución democrática es simplemente una propuesta de soluciones y coexistencias posibles, es decir, un ’compromiso de las posibilidades’ y no un proyecto rígidamente ordenador que pueda asumirse como un a priori de la política con fuerza propia de arriba hacia abajo. Sólo así podremos tener constituciones ’abiertas’, constituciones que permitan, dentro de los límites constitucionales, tanto la espontaneidad de la vida social como la competición para asumir la dirección política, condiciones ambas para la supervivencia de una sociedad pluralista y democrática”. 2

Por ello, resulta indispensable no sólo dejar de negar la existencia de dichos conflictos o contradicciones, sino de aceptarlos como parte del carácter actual de la Carta Magna. Dicho carácter es precisamente lo que permite la convivencia entre poblaciones diferentes con normatividades diversas que conforman lo que representa la realidad mexicana: una nación compuesta por una pluralidad de grupos étnicos que conlleva además la pluralidad jurídica y la diversidad de sistemas de derecho y derechos.

1 Dr. Jorge Alberto González Galván. La Corte y los Indígenas. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nueva Serie, Año XXXVI. Num.107, 2003. Pág. 726. 2 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, España, Ed. Trotta, 2008, p. 3 3 En este caso no cabría la participación política de las mujeres en condiciones de “igualdad” frente a los hombres, debido a que violentaría, en muchos casos, las normas políticas consuetudinarias que caracterizan a los pueblos y comunidades. Mejor sería, en su lugar: “garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones”, acentuando el concepto de “equidad” en lugar de “igualdad”, así como está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 2, par. A, fracc. III.

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El proceso deberá ser llevado a cabo por parte de las autoridades electorales del estado en conjunto con las autoridades indígenas, de manera respetuosa, y tomando mucho cuidado de las diferencias de orden cultural y de los muchos perjuicios y difidencias alimentadas por años de explotación y abusos. De hecho las poblaciones indígenas, han servido tradicionalmente como carne de cañón para las batallas electorales, y como moneda de cambio para recibir, por parte de quienes

Debido a que desde el inicio de la aplicación de los medios de impugnación, con el recurso de revisión, el Consejo General del Instituto Electoral es la autoridad responsable de decidir al respecto, resulta indispensable integrar en el Consejo uno o más representantes del pueblo o comunidad, con voz pero sin voto, para evitar un posible conflicto de intereses. Mismos que tendrán que ser electos por las mismas comunidades y pueblos sin pasar por “filtros” político-partidistas. Asimismo, y debido a que los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca son sujeto de derecho público con personalidad jurídica propia, se vuelve fundamental agotar previamente todas las instancias y procedimientos contemplados por los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades para, en última instancia, atraer el caso por parte del Tribunal Electoral de Estado, el cual tendrá la res

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Para ello, se vuelve indispensable llevar a cabo una compilación de los sistemas normativos internos de cada pueblo y comunidad y verificar su existencia práctica, debido a que, con el proceso de modernización y urbanización, hay muchas comunidades que ya han dejado de existir como tal, integrándose en un contexto de valores sociales y políticos que ya son modernos.

En segundo lugar, respecto a los procedimientos de impugnación en caso de controversias electorales en las comunidades indígenas, y en virtud de que se trata, y tiene que tratarse, de estudios de casos, desde un inicio resulta indispensable por parte de la autoridad electoral estatal, tener un entendimiento lo más real y preciso posible de los hechos, desde el punto de vista de alguien que conozca la situación, la cultura y el idioma de dicha comunidad. Los peritajes culturales, lingüísticos o antropológicos son una herramienta importante en que puedan sostenerse los(as) juzgadores(as) que tengan frente sí dichos casos.

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En principio, hay que subrayar que el territorio constituye el elemento fundamental para el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, se vuelve indispensable, por parte del Estado en conjunto y en acuerdo con las autoridades indígenas, hacer claridad y definir con precisión el contexto territorial y distrital en el cual se ejerce la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

nada tienen que ver con ellos, lucrosos ingresos de los programas sociales, federales y estatales.

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Con base en lo anterior señalamos en nuestra contribución, algunas sugerencias prácticas con el objeto de mejorar la prevención y gestión del conflicto electoral.

ponsabilidad de buscar la conciliación entre las agencias y núcleos que conforman las municipalidades.

Con base en lo anterior, se sugiere crear una Sala especializada en solución de controversias en materia de derechos electorales indígenas en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

3 En este caso no cabría la participación política de las mujeres en condiciones de “igualdad” frente a los hombres, debido a que violentaría, en muchos casos, las normas políticas consuetudinarias que caracterizan a los pueblos y comunidades. Mejor sería, en su lugar: “garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones”, acentuando el concepto de “equidad” en lugar de “igualdad”, así como está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 2, par. A, fracc. III.

Los Jueces deberán analizar la legitimación activa de manera flexible por las particularidades que revisten esos grupos o comunidades, y las posibilidades jurídicas o fácticas que tengan sus integrantes para allegarse de los elementos necesarios para acreditarla, debiendo evitar en lo posible, exigir requisitos o medidas que son propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción electoral, que puedan impedir la impartición de justicia y el ejercicio de algún derecho o su reconocimiento a favor de los mencionados grupos o comunidades. Finalmente, el Tribunal Electoral, como los demás órganos jurisdiccionales, tiene la obligación de recibir demandas en lenguas indígenas. Sería muy importante difundir entre los pueblos y comunidades indígenas del estado que el Tribunal apoya dicha disposición. Así también, es sumamente importante difundir las sentencias del Tribunal que afecten a los pueblos indígenas, en su idioma, no sólo de forma escrita sino oral, para asegurar su mayor conocimiento entre la población. No se puede reconocer la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, sin el esfuerzo de conocer y entender sus principios de naturaleza política y social, para ello es indispensable crear instituciones comunes, que favorezcan una efectiva comunicación entre culturas que se saben diferentes pero que quieren coexistir sin la prevaricación, la violencia y el asistencialismo hipócrita e ignorante que caracterizó las gestiones gubernamentales anteriores.

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De no ser posible, tendrán caso por caso que elegir entre los bienes jurídicos tutelados, tomando particular cuidado de no atentar contra la preservación de los derechos colectivos de la comunidad y de su identidad cultural .3

Derechos de los

Niños y Niñas Oaxaca

consúltalo en línea http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx

DEMOCRACIA Y REALIDAD SOCIAL:

¿CONCEPTOS ENCONTRADOS?

o es posible tratar el tema de los procesos electorales y el fortalecimiento de la democracia en México, sin antes analizar el concepto de “democracia” y preguntarnos cómo se entiende en nuestro país.

Desentrañar el contenido del término resulta complejo. En estas líneas sólo se apuntan algunas interrogantes que quizá permitan a otros repensar sus alcances. En México, el máximo ordenamiento jurídico es la Constitución; en ella se plasma un ideario de principios orientadores de la estructura del Estado. Éste ordenamiento está compuesto de dos ámbitos identificados por los teóricos del Derecho. Se dice que la parte orgánica establece la distribución operativa de los aparatos de gobierno, incluidos aquellos encargados de llevar a cabo las elecciones. La parte dogmática establece el conjunto de valores que nutren la forma de vida nacional; en ella se reconocen los derechos fundamentales y se delinean las reglas mínimas que ordenan las relaciones de los hombres con las autoridades; se fijan los límites del ejercicio del poder frente a las prerrogativas ciudadanas; se definen las libertades inexorables y las garantías personales de los individuos y de la sociedad en su conjunto, pero también, se consignan las obligaciones de cada ciudadano, como lo es la participación en la vida democrática del país. El artículo 40 del máximo ordenamiento de la Federación dispone: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, democrática y federal”. Pero ¿cómo debemos entender la “democracia” dentro del Estado mexicano?

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Mtro. Iván Escoto Mora* *Profesor de la Carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

1 En discurso pronunciado por Pablo González Casanova en la Segunda Conferencia Internacional “Juárez, Bolivar, Lincoln, Martí”, celebrada en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 2 HABERMAS, Jürgen, “Teoría de la acción comunicativa”, Ed. Taurus, España, 2002.

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

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El artículo 3 de la Constitución afirma que en nuestro país la democracia ha de entenderse como “un sistema de vida

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Sería saludable preguntar cómo es que perciben los diversos grupos sociales la vida democrática en que nominalmente se les ha asegurado que viven, muy a pesar de la realidad que los enfrenta a un rosario de vicisitudes desatendidas dentro de los esquemas democráticos de masas escogidas y dirigidas, en los que no existen recursos suficientes para dar respuesta a los reclamos de las “grandes-minorías”, aisladas, desorganizadas y pragmáticamente prescindibles para los grupos de poder beneficiarios de los procesos electorales.

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Argumentativamente, parecería que no existe mayor complicación al plantear lo anterior pero, cuando la teoría se lleva al escenario de la materialidad, surgen una avalancha de interrogantes que representan diversas dificultades en el terreno de la aplicación porque, en un Estado que suma millones de voces, de intereses y de circunstancias, ¿cómo garantizar la participación generalizada? ¿Cómo asegurar la satisfacción de necesidades disímbolas e incluso encontradas? ¿Cuál es la efectividad de la participación de los individuos en el cumplimiento de sus demandas personales y colectivas?

Es necesario vincular los conceptos con la realidad, volver real su contenido. Pablo González Casanova, ha afirmado que “el pensamiento vinculado a la acción le da otro sentido a la palabra”1 . Nosotros podríamos señalar que el pensamiento unido a la acción reconstituye su contenido, dotando a la idea de sentido en el terreno efectivo de lo social.

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La noción más básica del concepto de “Estado” nos lleva a pensar en una forma determinada de organización social y política. Un Estado democrático implica la intervención de los miembros de la sociedad dentro de la vida pública; su incidencia en la toma de decisiones; su participación en los procesos de administración y ejercicio del poder.

Pareciera inocuo hablar de conceptos en un mundo en el que urgen acciones que cierren las brechas entre las ideas y la realidad pero, tendríamos que considerar que existe una relación entre el pensamiento, el lenguaje y las acciones. Advertir tal relación sería útil para reconstruir los dogmas y acercarlos a la actualidad de lo cotidiano.

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Los legisladores que acuñaron tal frase muy probablemente tenían razón al advertir que la democracia no sólo debe ser un sistema jurídico o un régimen político sino toda una forma de vida; un conjunto de factores interrelacionados que en suma, tendrían que producir un resultado común: el mejoramiento en las condiciones de vida de todos los sectores poblacionales. Pero en la práctica, ¿cuál es el producto de las consignas y aspiraciones constitucionales? ¿Cómo aprecian los diferentes grupos humanos la democracia en nuestro país? Sería difícil apurar una respuesta unívoca; apenas y podríamos señalar que cada sector difiere en opinión de conformidad con los resultados que observa a su alrededor.

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Para Jürgen Habermas la acción comunicativa cobra especial relevancia en el “mundo de vida”2 porque es en ese mundo en el que interactúa una multiplicidad de actores comunicantes, con sus conceptos simultáneos, tratando de contextualizar su existencia. La vida en comunidad implica la configuración de una infinidad de conceptos que rigen la convivencia en grupo. Los actores sociales tratan de apegarse a esos conceptos, contenedores de una compleja estructura ideológica que, en cada perspectiva, se aprecian con diferentes aristas. Se decreta constitucionalmente que nuestro país es una democracia; que esa democracia es una forma de vida tal que hace de la participación un derecho pero también una obligación; además, se asegura que el sistema democrático nacional tiene por objeto producir el desarrollo económico, social y cultural del pueblo. ¿Pero qué pasa cuando la vista se posa fuera del dogma y observa la realidad? A más de doscientos años del grito que anunció nuestra independencia; a más de sesenta años de que se garantizara la igualdad entre los derechos civiles de hombre y mujer; a más de quince años de que fuera reconocida constitucionalmente la existencia de los pueblos originarios y su derecho a la autodeterminación, podemos seguir preguntando: ¿cuál es el sentido de las palabras y los conceptos que construyen cuando se les encara con el acontecer nacional? En la actualidad las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia; los defensores de los derechos humanos y activistas en favor de la diversidad sexual son impunemente ejecutados; la discriminación religiosa, la intolerancia, el odio descarnado, siguen sembrando a diario decenas de muertos. El proceso electoral que se avecina representa una oportunidad para refundar nuestra democracia, para hacer de la acción política el instrumento que dote de sentido social a los desgastados discursos de un Estado que, en ocasiones, luce ajeno de la necesidad social. Sería deseable encontrar el camino para sensibilizar el objeto planteado por el Derecho y lograr hacer efectivos sus postulados. Un primer paso es, probablemente, reconocer las flaquezas, corregirlas, construir poco a poco una democracia sólida que garantice el bienestar de todos los pueblos y todos los hombres, una democracia que, en suma, sea un verdadero sistema de vida.

Indicadores Económicos

| Indicadores

Comportamiento de la cotización diaria del Tipodel de Cambio Precio de Físicos Internacionales Café - dólar en 2012 México peso Mayo-Junio,

13.8

Nota: Los porcentajes indican laMarzo variación del precio -Mayo, 2012 en la última semana de referencia. $13.77

215.00 13.7 Cotización Mayo 2012.

210.00 13.6 13.5 13.4 13.3

190.00

$187.61 21.11%

Cotización $187.61 8.9% Marzo 2012.

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Cotización Abril 2012.

195.00

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Dólares por quintal Pesos por dólar

200.00

13.2

185.00

13.1

180.00

175.00

12.9

170.00

$12.99

$12.96

12.8 165.00

$175.07 -7.06%

$12.81

$157.19 1.47% 12.6 155.00 410374 1041 410454 1049 1089 12345678 91 410534 01 11 211057 31 41 410614 51 61 711065 81 92 410694 02 12 221073 32 42 410774 52 62 721081 82 93 410854 03 1

Nueva York Arábica Día

Colombiano Arábiga

Brasil Arábiga

sultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF373&sector=6&locale=es | Nota: La cotización del tipo de cambio no se emite en fin de semana

Precio al público de Productos Petrolíferos

| Nota 2: Las cifras que aparecen en la gráfica corresponden a los precios que presentaron las cotizaciones el último día del mes de referencia.

Enero 2011- Mayo 2012

$10.84 10.8

$10.54

10.6 10.4

Pesos por litro

10.2

$10.14

$10.18

10 Pemex Premium

9.8 9.6 9.4

$9.20

Pemex Diesel

$8.84

Pemex Magna

9.2 9 8.8

40544 40575 40603 40634 40664 40695 40725 40756 40787 40817 40848 40878 40909 40940 40969 41000 41030

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Fuente: Banco de México, serie histórica del tipo de cambio desde 1954, marzo - mayo, 2012 | http://www.banxico.org.mx/SieInternet/con-

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12.7 160.00

Mexicano

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205.00

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DEMOCRÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO Mtro. Edgar Jiménez Pérez Campos Doctorando en Derecho Europeo por la Universidad Complutense de Madrid e Integrante del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid

a existencia del cambio climático y que éste sea de origen antrópico o no, es un debate que muy poco ha llegado a darse en la comunidad científica y política mexicana. En la mayoría de los círculos científicos y políticos mexicanos se da por hecho la existencia de un cambio climático y que éste está teniendo lugar por hechos directamente relacionados con la acción del ser humano; lo anterior ha quedado demostrado en diferentes foros nacionales e internacionales, así como en las regulaciones al respecto que han ido emergiendo recientemente. En un plano internacional y local existen algunos gobiernos, colectivos, institutos y organizaciones, que están luchando en distintas líneas contra el cambio climático y para generar un marco normativo efectivo; sin embargo, hasta el momento éste no se ha podido lograr. En México, país que lidera en cuestiones de cambio climático y de medioambiente, han habido avances en el marco regulatorio a pesar de que la efectividad de los programas medioambientales existentes sea cuestionable1. Ahora bien, dando por hecho la existencia de un cambio climático (con base a las afirmaciones científicas que al respecto existen)2 ¿qué incidencia tiene una democracia en el problema del cambio climático? En términos generales no está claro si una democracia es el mejor tipo de gobierno para atacar el problema del cambio climático y no existe tampoco una respuesta fácil a este planteamiento. La relación que existe entre la sostenibilidad ambiental con las instituciones políticas, apunta a que las democracias son mejores; además que éstas son las que en mayor proporción firman más convenios internacionales y tienen mayor presión para hacerlos cumplir dentro de sus territorios. Se debe tener en cuenta que, ser una democracia estable, es un camino bastante difícil; asimismo, el hecho de ser una democracia no significa la solución al problema del cambio climático, pero sí da la oportunidad de repensar qué es la democracia. La democracia no debe verse como algo inmutable, sino como un proceso de constante construcción, evolución y deliberación ciudadana. Una democracia tiene múltiples componentes y va más allá del proceso electoral a pesar de que ésta es una imagen común. El “cortoplacismo” es un componente inherente a la práctica democrática que incide directamente en el problema del cambio climático y que impide que éste sea atacado frontalmente (al igual que otros problemas globales). El cortoplacismo lleva a los actores políticos a no concentrarse en los asuntos para los cuales han sido encomendados y mirar solamente en lo que les beneficiará con réditos económicos o políticos a corto plazo. La facilidad para saltar de un puesto público a otro, hace que se preocupen más de su continuidad dentro de la estructura gubernamental, que en gene-

1 Olguín Vargas, María Amelia, “Choque ambiental de Leyes”, Cámara Revista de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, Número 10, Año 1, Febrero 2012. pp. 34-45 2 Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2007, Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (editores) IPCC, Ginebra, Suiza. 3 Dalton, Russell J “Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation”, Political Studies, Vol. 56, 2008, p. 76-78.

rar y aplicar efectivamente decisiones de gran envergadura, cuyos efectos sólo podrían ser palpables a largo plazo. La temática del cambio climático debe pensarse en términos a los que no está acostumbrada ni la vida democrática ni la participación ciudadana y es totalmente anacrónica con los tiempos electorales.

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Desafortunadamente, hoy en día este tema no es una prioridad; las mentes de los políticos parecen estar distraídas por la crisis económica, por el momento electoral, por compromisos con los poderes fácticos, etc. ¿Debemos esperar a que haya un mejor momento y así obligar a meter en agenda los cambios necesarios para afrontar efectivamente este problema?

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En una democracia, la economía impacta en la forma en que se priorizan los problemas. Existen urgencias actuales debido a la crisis económica, de recuperar el empleo, la recuperación económica, erradicación de la pobreza, mismas que relegan el cambio climático de la agenda política; aunado a la existencia de quienes piensan que la solución al problema del cambio climático está en la supresión o limitación de las actividades económicas. Se debe acabar con la idea de que el progreso humano va de la mano con la explotación de los recursos naturales así como del deterioro medioambiental.

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Una democracia deliberativa aumentaría la calidad y la sostenibilidad de las decisiones ambientales que son tomadas por los políticos; las decisiones políticas en materia medioambiental deben ser lo más inclusivas posibles, dar voz a quienes no son escuchados, a quienes sufren de los problemas y pensando en las generaciones futuras. Se necesita redefinir la democracia desde la trinchera de la política ambiental; empero, las democracias aún continúan con políticos cortoplacistas, ello aunado a las dificultades estructu-

El líder democrático debe fomentar y potenciar la participación ciudadana, debe actuar frente a las cuestiones trascendentales que afectan a los gobernados y el ciudadano, a su vez, debe mantenerse informado para poder tomar decisiones que se gesten desde la esquina deliberativa, con imparcialidad, tomando en cuenta la evidencia científica en búsqueda del beneficio social y no desde los grupos de poder que actúan solamente en beneficio propio.

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¿Cómo se debe fortalecer la democracia para atacar el problema del cambio climático? La democracia necesita transformarse de simples compromisos hechos al aire y con visión a corto plazo, hacia verdaderas acciones que vinculen y que ofrezcan al ciudadano las facilidades necesarias para poder deliberar sobre el tema. La democracia debe y requiere de la participación pública; necesita de una deliberación constante por parte de los ciudadanos. Coincido con DALTON, cuando afirma que la democracia carece de sentido, a menos que los ciudadanos participen en una deliberación de las políticas públicas y que ésta genere la estructura de actuación del gobierno3.

rales locales, nacionales e internacionales, limitando así los efectos de los compromisos.

CONTEXTO DEMOCRÁTICO:

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UNO DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES PARA LA ENTRADA DE INVERSIÓN

EXTRANJERA DIRECTA (IED) Lic. Adriana Vasconcelos Ramírez Jefa del Departamento de Estudios Económicos del Centro de información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD)

n la actualidad, dado el fuerte proceso de integración socioeconómica que atraviesan los países del mundo, los intercambios no solamente se centran en la transferencia de productos y servicios, sino también existe una transferencia cultural. Sin embargo, para el caso de este apartado nos centraremos en el papel que juega el intercambio comercial, específicamente el grado al que han llegado ciertas empresas para exportar sus productos o, en un caso más avanzado, instalar filiales en otros países con el fin último de bajar sus costos y aumentar sus beneficios; sin dejar de lado, según la teoría, la contribución al desarrollo del país receptor de esa inversión. Es importante mencionar que la dinámica de intercambio comercial comenzó a tomar mayor relevancia como motor de la riqueza de una nación durante el periodo comprendido del siglo XVI al XVII, el cual es reconocido en la historia económica por el dominio del pensamiento mercantilista; los mercantilistas no eran economistas propiamente; en su mayoría, eran personas dedicadas a los negocios o a la banca. Su doctrina se centraba en la idea de que la riqueza de un país consistía en la posesión de metales preciosos y, por ello, el intercambio adquiría más relevancia. Sin embargo, se destaca que, entre otras premisas, contemplaban también la poca importancia respecto a que sus habitantes tuvieran bajos salarios, siempre y cuando la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) reflejara una tendencia positiva.

Foto: Sergio Girón

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De esta forma, los estados del norte del país históricamente han tenido mayor capacidad para atraer IED, ya que ofertaban ventajas sobre los del sur, aunque esto no implica que en el sur-sureste no se realizaran inversiones de este tipo. En el caso particular de Oaxaca, tenemos claros registros desde 1999 (La Secretaría de Economía Federal (SE) es la encargada de vigilar todo el proceso concerniente a la entrada de IED en México, así como de regular la correcta competencia de las empresas entrantes, evitando prácticas de comercio internacional desleal; esto a través de la Comisión Federal de Competencia Económica), en los que se muestra la participación en el mercado local de empresas cuyos capitales son, principalmente, procedentes de Estados Unidos y Canadá, enfocados a la explotación de minerales.

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Sin embargo, el hecho de que una gran empresa decida instalarse en un país

El proceso de estudio mencionado se basa en la evaluación de factores estructurales en el país receptor con el fin de generar certidumbre. En este sentido, se han definido algunos que los empresarios valúan, en mayor o menor medida y de acuerdo a sus necesidades, para decidir si se instalan o no; por lo que apoyados en la teoría

sobresalen por ejemplo: 1) Estabilidad política y social; 2) Infraestructura y recursos naturales; 3) Disponibilidad de recursos humanos calificados; 4) Disponibilidad de mano de obra.

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En este sentido, el proceso de producción o de dotación de un servicio tiene un valor estratégico para las compañías, ya que éstas buscarán disminuir los costos y las externalidades negativas, para aumentar al máximo el margen de beneficios aprovechando la apertura comercial que algunas naciones han establecido y, mediante este mecanismo, buscan zonas óptimas para la instalación de sus inmuebles.

ajeno al origen de su capital, conlleva al análisis de múltiples factores para concretar tal decisión, es un proceso complejo en el cual se estudian aspectos cuantitativos y cualitativos. En la misma temática, México y, por ende sus estados, no están exentos de dicho análisis; nuestro país experimenta la entrada, no sólo de bienes y servicios, también está la llegada de filiales que buscan un campo idóneo para, principalmente, mejorar su eficiencia en el proceso de producción, tal es el caso de las empresas ensambladoras de automóviles o de las dedicadas a la manufactura de textiles, que son las que mayor participación tienen en IED.

P A R A

Actualmente las transacciones entre países son parte de la vida diaria en el sistema económico abierto que prevalece en la mayor parte del planeta y que pretende, entre otras cosas, acercar a los consumidores con el producto final. Hoy en día, por ejemplo, adquirimos productos y servicios hechos en otras partes del mundo o en el mercado local, los cuales satisfacen nuestras necesidades y deseos a un precio que, quizá, estamos dispuestos a aceptar.

Periodo 1999-2011 45

Número de Empresas

35 29

30 25

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía Federal. Dirección General de Inversión Extranjera.

18 13

12 Número de empresas con

10 5 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

en Oaxaca

1 Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Consultado el 17 de mayo de 2012 en http://www.economia.gob. mx/comunidad-negocios/inversionextranjera-directa/estadistica-oficialde-ied-en-mexico.

Aquí algunas cifras más al respecto: En Oaxaca, las nuevas inversiones en 2011 representaron 4.6 millones de dólares, a los que se le suman 2 millones de dólares más por concepto de cuentas entre compañías. De éstas la mayor participación por país emisor de IED fue Canadá, cuyas empresas representaron inversiones por 5.8 millones de dólares en 2011, seguidas por empresas estadounidenses que representaron 0.8 millones de dólares; por lo tanto, para el año citado, solamente estos dos países participaron en este proceso; contrario a lo que sucedía en años anteriores .

Periodo 2004 - 2011

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía Federal. Dirección General de Inversión Extranjera. Nota: En la gráfica aparecen los países con IED más representativa en la Entidad en el periodo especificado; lo anterior de una selección de 20 naciones con participación en el mercado oaxaqueño. 2

Ibíd.

22.0 20.0 18.0 Millones de Dolares

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Sin embargo, si tomamos el periodo de referencia que nos proporciona la SE, como se puede apreciar en la gráfica 1, en nuestro estado después de 2006 inició una tendencia importante hacia la salida de IED, habiendo en dicho año 42 empresas registradas, bajando posteriormente hasta un total de 12 compañías para el 2011. Por otro lado, también es importante destacar que, como se puede apreciar en la gráfica 2, para 2009 se tiene un registro de una entrada única de 21.1 millones de dólares procedentes de Países Bajos, la cual se hizo a través de cinco empresas incrustadas en el sector servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles1.

16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 Canadá Países Bajos Estados Unidos España Reino Unido

6.0 4.0 2.0 0.0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Indicadores Económicos

| Indicadores

Comportamiento de la cotización diaria del Tipo de cambio peso-dólar en mexico Abril-Junio, 2012

14.4 14.3

$14.39

$14.30

14.1 14 13.8

Cotización Junio 2012.

13.7 13.5 13.4 13.3

$13.41

$13.40

Cotización Mayo 2012.

13.2 13.1 13 12.9

$12.99

$12.96

12.7 123456789

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Día

23763.06

24000

23000

22696.3

22685.43

22636.71

22393.1

22286.72

22355.03

22000

21353.78

21000

21456.67 21295.46

$21,433.33

20000

19000

19122.66

18000

17648.98 17000 01/06/11 02/07/11 02/08/11 02/09/11 03/10/11 03/11/11 04/12/11 04/01/12 04/02/12 06/03/12 06/04/12 07/05/12 07/06/12

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Comportamiento mensual del Tipo de la Onza Oro en México, 2011-2012

V I S I T A

12.8

Cotización Abril 2012.

I N F O R M A C I Ó N

13.6

M Á S

Pesos por dólar.

13.9

P A R A

Cotización Julio 2012.

14.2

MAYORÍA RELATIVA FÓRMULA 1 2

SUPLENTE PARTIDO PROPIETARIO PRD Robles Montoya Ángel Benjamín Hernández Ruiz Félix Benjamín Vicente Castillo Mariano PRD Romero Lainas Adolfo

PRIMERA MINORÍA FÓRMULA 1

PARTIDO PROPIETARIO PRI Pérez Magaña Eviel

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

SENADORES POR OAXACA ELECTOS PARA LA LXII Y LXIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

SUPLENTE Toledo Luis Jorge

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

• • •

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Suplente: Jorge Toledo Luis. Afiliación política: Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Actividad política: 2009 - febrero de 2012. Diputado federal en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. 2010. Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca y candidato al gobierno de Oaxaca. Noviembre 2005 - enero 2009. Secretario de Obras Públicas del Estado de Oaxaca. Diciembre 2004 - octubre 2005. Director General del Instituto de la Vivienda de Oaxaca. 2003 - 2004. Diputado federal en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión. 2002-2003. Presidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec. ¥  Consejero político municipal del PRI en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, consejero político estatal y nacional del PRI; miembro del sindicato de transportistas; secretario de educación de la CTM Oaxaca y delegado del PRI en Oaxaca. 1994. Coordinador general de activismo político en la campaña a la presidencia de la República del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León. 1989- 1990. Secretario de trabajo en la Unión de Camioneros CTM en Tuxtepec, Oaxaca.

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Eviel Pérez Magaña Senador de Primera Minoría por el estado de Oaxaca

DIPUTADOS FEDERALES POR OAXACA EN LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN MAYORÍA RELATIVA PROPIETARIO Soto Martínez José Martínez Martínez Jesús Luis Bautista Cuevas Gloria Diego Cruz Eva Antonio Altamirano Carol Romero Guzmán Rosa Elia Gurrión Matías Samuel Jarquín López Hugo Méndez Martínez Mario Rafael Valencia Ramírez Aida Fabiola Guzmán Díaz Delfina Elizabeth

M Á S I N F O R M A C I Ó N

PARTIDO MC MC PRD PT PRD PT PRI PRD PRD MC PRD

P A R A

DISTRITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V I S I T A

Circunscripción

Lugar en lista

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

1 10 5 6 6 10

PARTIDO PRD MC PRI PT PAN TOTAL

Propietario Cruz Mendoza Eufrosina González Manríquez Víctor Rafael Vásquez Villanueva Martín de Jesús García Fernández María de las Nieves Serrano Toledo Rosendo Gabriel López Rosado TOTAL DIPUTADOS POR OAXACA 7 3 3 2 2 17

Partido PAN PAN PRI PRI PRD PRD

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X V I S I T A I N F O R M A C I Ó N P A R A

M Á S

DIPUTADOS FEDERALES POR OAXACA EN LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN MAYORÍA RELATIVA

José Soto Martínez Diputado por el Distrito I con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec

I N F O R M A C I Ó N

Elecciones 2012 José Soto Martínez, candidato a Diputado Federal por el Distrito I por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 46,174 votos a favor, representando el 31.10% del total del cómputo.

M Á S

P A R A

Profesión: Licenciatura en Contaduría, Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Suplente: Adriana Soto Martínez. Afiliación política: Movimiento Ciudadano (MC).

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Actividad política: 2009-2012. Suplente de la Diputada María Guadalupe García Almanza de la LXI Legislatura Federal. 2009. Candidato a la Diputación federal por el Distrito 01 por Convergencia. 2008. Coordinador Nacional de Convergencia de Trabajadores y Productores. 2005-2007. Subsecretario de Enlace en la Secretaría de Economía. 2003-2004. Diputado federal Distrito I e integrante de las Comisiones de Recursos Hidráulicos y Transportes. 2000-2003. Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar. 1999-2000. Delegado regional de Gobierno en la Cuenca del Papaloapan. 1996.- Secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar. 1996-1998. Diputado local de la LVI Legislatura del estado, por el XXV distrito electoral con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa. 1991-1993. Fundador y tesorero del Consejo de Administración de la Unión de Crédito Agropecuaria Comercial de Tuxtepec. 1982.- Secretario de Finanzas de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico de Tuxtepec. 1969-1982. Sub-inspector de la Unión Nacional de Productores de Azúcar.

Lugar de nacimiento: San Carlos Yautepec. Suplente: Lucio García Enríquez. Afiliación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Elecciones 2012 Juan Luis Martínez Martínez, candidato a Diputado Federal por el Distrito II por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 51,421 votos a favor, representando el 38.67% del total del cómputo.

Actividad política: 2004-2016. Dirigente de Confederación Nacional de la Productividad (CNP).

Gloria Bautista Cuevas Diputada por el Distrito III con cabecera en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León Lugar de nacimiento: Huajuapan de León, Oaxaca. Suplente: Alma Delia Gómez Ignacio. Afiliación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD). Elecciones 2012 Gloria Bautista Cuevas, candidata a Diputada Federal por el Distrito III por la coalición Movimiento Progresista, electa con un total de 53,115 votos a favor, representando el 35.81% del total del cómputo.

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Juan Luis Martínez Martínez Diputado por el Distrito II con cabecera en Teotitlán de Flores Magón

Actividad política: 2012. Coordinadora del Módulo de Desarrollo en Tamazulapan Villa del Progreso. 2010. Delegada Nacional del PRD 2009. Candidata a Diputada Federal por el Distrito III con cabecera en Huajuapan de León por el PRD. 2008. Presidenta del Comité Regional De Izquierda Democrática Nacional.

Eva Diego Cruz Diputada por el Distrito IV con cabecera en Tlacolula de Matamoros

M Á S I N F O R M A C I Ó N

Elecciones 2012 Eva Diego Cruz, candidata electa a Diputada Federal por el Distrito IV por la coalición Movimiento Progresista, electa con un total de 44,188 votos a favor, representando el 36.30% del total del cómputo.

P A R A

Lugar de nacimiento: Córdoba, Veracruz. Profesión: Licenciada en Derecho UABJO 1993-1998. Suplente: Leticia González Yescas Afiliación política: Partido del Trabajo (PT).

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Actividad política: 2010. Secretaria de Acción Femenil y Programas de la Mujer Campesina de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Oaxaca CNC. 2007-2010. Diputada local por el distrito de XIX de la Legislatura LX del Congreso del Estado de Oaxaca. 2006. Candidata a Diputada Federal suplente por el Distrito IV Tlacolula de Matamoros. 2005-2007. Subdelegada de Gobierno en Ocotlán. 2004-2007. Diputada local suplente por el Distrito XIX Ocotlán-Zimatlán. 2004.- Delegada de la Convención Estatal para la Elección Interna del Candidato del PRI a la gubernatura del estado. 2000-2001. Secretaria de Gestión Social en el Comité Estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 1999-2005. Vicepresidenta de la Organización Unión de Mujeres Campesinas Productoras de Oaxaca (UMCPO). 1993-1994. Secretaria de Acción Femenil del Frente Juvenil Revolucionario. 1992-1993. Secretaria de Acción Femenil en la “Vanguardia Juvenil Agrarista” de la Confederación Nacional Campesina en Oaxaca.

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

• •

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Rosa Elia Romero Guzmán Diputada por el Distrito VI con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco Lugar de nacimiento: Santiago Juxtlahuaca. Profesión: Educación Técnica. Suplente: Luz Gómez Solano. Afiliación política: Partido del Trabajo (PT) Elecciones 2012 Rosa Elia Romero Guzmán, candidata a Diputada Federal por el Distrito VI por la coalición Movimiento OAXACA DISTRITO 06 - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

Actividad política: 2006-2009. Diputada Federal por el Distrito VI de la LX Legislatura. 2006. Coordinadora Regional Unión General de Obreros y Campesinos de México. 1996-1998. Asesora de la Presidencia Municipal de Santo Domingo Tonalá.

Samuel Gurrión Matías Diputado por el Distrito VII con cabecera en Juchitán de Zaragoza Nombre: Samuel Gurrión Matías. Lugar de nacimiento: Juchitán de Zaragoza. Profesión: Licenciatura en Derecho. Suplente: María Luisa Matus Fuentes. Afiliación política: Partido Revolucionario Institucional (PRI). Elecciones 2012 Elección validada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (acuerdo del expediente SX-JIN-18/2012), el 30 de julio de 2012. Samuel Gurrión Matías, candidato a Diputado Federal por el Distrito VII por el Partido Revolucionario Institucional, electo con un total de 57,430 votos a favor, representando el 38.97% del total del cómputo. OAXACA DISTRITO 07 - JUCHITAN DE ZARAGOZA

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X V I S I T A

Elecciones 2012 Hugo Jarquín López, candidato a Diputado Federal por el Distrito VIII por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 69,696 votos a favor, representando el 39.13% del total del cómputo.

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

Hugo Jarquín López Diputado por el Distrito VIII con cabecera en Oaxaca de Juárez Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Profesión: Licenciado en Administración de Empresas UABJO Suplente: Ricardo Coronado Sanguinés. Afiliación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Actividad política: 2011-Actual. Consejero Nacional del PRD. 2006-Actual. Dirigente Estatal de la organización “8 Regiones”. ¥  Integrante de Izquierda Democrática Nacional (IDN). ¥  Dirigente estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza.

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

V I S I T A

Actividad política: 2009. Candidato a Diputado Federal por el principio de mayoría relativa del PT por el Distrito IX por el partido Convergencia. Primer Concejal de Zimatlán de Álvarez. 1996-1996. Presidente Municipal de Zimatlán de Álvarez. ¥  Dirigente Estatal de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

I N F O R M A C I Ó N

Elecciones 2012 Mario Rafael Méndez Martínez, candidato a Diputado Federal por el Distrito IX por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 50,382 votos a favor, representando el 35.84% del total del cómputo.

M Á S

Lugar de nacimiento: Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Profesión: Licenciatura en Ciencias Sociales Escuela Normal Superior 1982-1986 y Licenciatura el Pedagogía, Escuela Normal Superior 1993-1997. Suplente: Eli Eduardo Vásquez Ramírez. Afiliación política: Partido de la revolución Democrática (PRD).

P A R A

Mario Rafael Méndez Martínez Diputado por el Distrito IX con cabecera en Santa Lucía del Camino

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X V I S I T A I N F O R M A C I Ó N M Á S P A R A

Aida Fabiola Valencia Ramírez Diputada por el Distrito X con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz Lugar de nacimiento: San Agustín Loxicha. Profesión: Licenciada en Administración de Empresas, Universidad Mesoamericana, 2002. Afiliación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD). Elecciones 2012 Aida Fabiola Valencia Ramírez, candidata electa a Diputada Federal por el Distrito X por la coalición Movimiento Progresista, electa con un total de 38,877 votos a favor, representando el 31.42% del total del cómputo.

Actividad política: 2011-2012. Coordinadora del Módulo de Desarrollo Sustentable en Miahuatlán. 2010. Candidata a Diputada local por el Distrito VIII con cabecera en San Pedro Pochutla por el Partido Convergencia. 2009. Candidata a Diputada Federal por el Distrito X con cabecera en Miahuatlán. 2007. Candidata a Diputada local por el Distrito VIII con cabecera en San Pedro Pochutla por el PRD. 2003-2006. Suplente del Diputado Federal por mayoría relativa Benjamín Hernández Silva, por el Distrito X con cabecera en Miahuatlán.

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

V I S I T A

Actividad política: 2012-2015. Diputada Federal por el Distrito XI Pinotepa Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. 2011-2012. Directora de Desarrollo Familiar y Comunitario del Sistema DIF Oaxaca. 2003.- Candidata a Diputada Federal por el Distrito XI con cabecera en Pinotepa Nacional. 2002-2004. Presidenta Municipal de Villa de Santiago Jamiltepec.

I N F O R M A C I Ó N

Elecciones 2012 Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, candidata electa a Diputada Federal por el Distrito XI por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 69,539 votos a favor, representando el 46.15% del total del cómputo.

M Á S

Lugar de nacimiento: Santiago Jamiltepec. Actividad profesional: Profesora. Suplente: Yuridia Sánchez Soriano. Afiliación política: Partido de la revolución Democrática (PRD).

P A R A

Delfina Elizabeth Guzmán Díaz Diputada por el Distrito XI con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN)

Eufrosina Cruz Mendoza Diputada Federal por representación proporcional

Elecciones 2012 Víctor Rafael González Manríquez, Diputado Federal del Partido Acción Nacional (PAN) por representación proporcional de la tercera circunscripción. Actividad política: 2010-2012. Subsecretario de Bienestar Social en el estado de Oaxaca. 2010. Candidato a Diputado Local por el Distrito VI con cabecera en Santo Domingo Tehuantepec. 2009. Candidato a Diputado Federal por el Distrito V con cabecera en Santo Domingo Tehuantepec. 2004. Precandidato a la gubernatura por el estado de Oaxaca. 2002-2004. Presidente municipal de Salina Cruz. 2000-2001. Miembro activo del Partido Acción Nacional. 1999. Coordinador del grupo “Amigos de Fox”, zona Istmo.

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Lugar de nacimiento: Distrito Federal. Actividad profesional: Empresario de la Industria de la Construcción. Afiliación política: Partido Acción Nacional (PAN).

V I S I T A

Víctor Rafael González Manríquez Diputado Federal por representación proporcional

I N F O R M A C I Ó N

Actividad política: 2010-2012. Diputada local de la LXI Legislatura del Congreso de Oaxaca por el PAN. 2010-2011. Coordinadora de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. 2010-2011.- Presidente del LXI Legislatura del Congreso de Oaxaca. 2008. Candidata a ocupar el cargo de presidente municipal en Santa María Quiegolani.

M Á S

Elecciones 2012 Eufrosina Cruz Mendoza, Diputada Federal del Partido Acción Nacional (PAN) por representación proporcional de la tercera circunscripción.

P A R A

Lugar de nacimiento: Santa María Quiegolani. Profesión: Licenciada en Contaduría, UABJO. Afiliación política: Partido Acción Nacional (PAN).

Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Profesión: Médico Cirujano, UABJO. Suplente: Mónica Clara Molina. Afiliación política: Partido Revolucionario Institucional (PRI). Elecciones 2012 María de las Nieves García Fernández, Diputada Federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por representación proporcional de la tercera circunscripción. Actividad política: 2009-2011. Presidenta Nacional del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., (ICADEP). 2000-2003. Diputada Federal de la LVIII Legislatura por el estado de Oaxaca. 1998-2000. Diputada local de la LVII Legislatura en el estado de Oaxaca. 1997-1998. Coordinadora de los programas estatales de la mujer del CDE del PRI en Oaxaca. 1995-1998. Secretaria general de la CDE del PRI en Oaxaca. 1994. Se unió a la Asociación Cívica Política Pro México. 1992-1995. Secretaria de Salud del gobierno de Oaxaca. 1992.- Secretaria de Gestión Social del CDE del PRI en Oaxaca. 1989-1991. Coordinadora de programas UNICEF en la Secretaría de Planeación del gobierno de Oaxaca. 1989. Secretaria de Finanzas de la sección XXVIII en la SNTSS en Oaxaca. 1988.- Coordinadora del programa de activismo político del CDE en Oaxaca. ¥  Secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en el estado de Oaxaca. ¥  Integrante de la Agrupación Política Feminista y de la Asociación de Médicas Oaxaqueñas, del grupo del Colegio México de Oaxaca.

Martín de Jesús Vásquez Villanueva Diputado Federal por representación proporcional Lugar de nacimiento: Santo Domingo Tehuantepec. Profesión: Médico Cirujano, ITESM, Nuevo León. Afiliación política: Partido Revolucionario Institucional (PRI).

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

María de las Nieves García Fernández Diputada Federal por representación proporcional

Elecciones 2012 Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Diputado Federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por representación proporcional de la tercera circunscripción. Actividad política: 2010-2012. Diputado local Distrito VI Santo Domingo Tehuantepec. 12/08/2010. Electo coordinador de la bancada priísta en el Congreso local. 2006. Director de los Servicios de Salud de Oaxaca. 2005. Miembro del Consejo Político Nacional y del Consejo Político Estatal del PRI. Dirigente del Movimiento Territorial. 2002-2004. Presidente Municipal de Santo Domingo Tehuantepec. 1998-2000. Delegado Regional de Gobierno con sede en Tehuantepec.

Rosendo Serrano Toledo Diputado Federal por representación proporcional

Elecciones 2012 Gabriel López Rosado, Diputado Federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por representación proporcional de la tercera circunscripción.

Actividad política: 2009. Coordinador de Brigada de la Sección XXII del SNTE. 2008-2012. Coordinador del Fondo de Resistencia de la Sección XXII del SNTE

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Lugar de nacimiento: Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Afiliación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).

V I S I T A

Gabriel López Rosado Diputado Federal por representación proporcional

I N F O R M A C I Ó N

Actividad política: 2009. Presidente de la Mesa Directiva del VI Consejo Estatal del Partido Revolución Democrática en el estado de Oaxaca. 2008-2012. Secretario General del Comité estatal del PRD en Oaxaca. 2004-2007. Diputado local de la LIX Legislatura del Congreso del estado de Oaxaca. 1986. Secretario General de la Delegación de la Secundaria Técnica número 5 de Ciudad Ixtepec. 1986. Miembro activo de la Sección XXII del SNTE.

M Á S

Elecciones 2012 Rosendo Serrano Toledo, Diputado Federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por representación proporcional de la tercera circunscripción.

P A R A

Lugar de nacimiento: Ciudad Ixtepec. Actividad profesional: Maestro de Historia a nivel secundaria. Afiliación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).

INTEGRACIÓN PRELIMINAR

DE LA LXII LEGISLATURA

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Cámara de Diputados

1.8%

3.4%

3.6%

Número de diputados 224 diputados 107 diputados 95 diputados 30 diputados 18 diputados

19.0%

17 diputados 9 diputados

21.4%

6.0%

44.80% Ilustración: Ludivina Rangel Bretón | CMartín Hernández

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN

DISTRITO

PAN

Aguascalientes

Jiménez Esquivel María Teresa

PAN

Aguascalientes

González Serna José Ángel

PAN

Baja California

Gastélum Buenrostro Juan Manuel

PAN

Coahuila

Dávila Delgado Mario Alberto

PAN

Coahuila

Torres Cofiño Marcelo de Jesús

PAN

Coahuila

Quintana Salinas Esther

PAN

Chihuahua

Angulo Parra Carlos Fernando

PAN

Chihuahua

Gámez Gutiérrez Blanca Amelia

PAN

Distrito Federal

Sotomayor Chávez Jorge Francisco

PAN

Guanajuato

Villarreal García Ricardo

PAN

Guanajuato

Vargas Martín Del Campo Elizabeth

PAN

Guanajuato

Rodríguez Vallejo Diego Sinhue

PAN

Guanajuato

Carreño Muro Génaro

PAN

Guanajuato

Gómez Ramirez Raúl

PAN

Guanajuato

Oviedo Herrera J. Jesús

PAN

Guanajuato

Oliveros Usabiaga José Luis

PAN

Jalisco

Borboa Becerra Omar Antonio

PAN

México

Díaz Trujillo Alberto

PAN

Nuevo León

Niño De Rivera Vela Homero Ricardo

M Á S

PAN

Nuevo León

Fuentes Solís Víctor Oswaldo

PAN

Nuevo León

Coronado Quintanilla Alberto

PAN

Nuevo León

López Cisneros José Martín

PAN

Nuevo León

Robledo Leal Ernesto Alfonso

PAN

Nuevo León

Larrazábal Bretón Fernando Alejandro

PAN

Puebla

Jiménez Castillo Blanca

PAN

Puebla

Lorenzini Rangel Julio César

PAN

Puebla

Ortiz Mantilla María Isabel

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

PARTIDO

P A R A

INTEGRACIÓN PRELIMINAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADO (A)

PARTIDO

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN

DISTRITO

PAN

Puebla

Gordillo Castillo Néstor Octavio

PAN

Querétaro

Aguilar Vega Marcos

PAN

Querétaro

García Ramírez José Guadalupe

PAN

San Luis Potosí

Azuara Zúñiga Xavier

PAN

San Luis Potosí

Almaguer Torres Felipe de Jesús

PAN

Sinaloa

Félix Bustillos Edgar

PAN

Sinaloa

Peña Avilés Gerardo

PAN

Sinaloa

Heredia Lizárraga Martín Alonso

PAN

Sonora

Reina Lizárraga José Enrique

PAN

Sonora

Galindo Delgado David Cuauhtémoc

PAN

Sonora

López Noriega Alejandra

PAN

Sonora

Zepeda Vidales Damián

PAN

Sonora

Othón Zayas Máximo

PAN

Tamaulipas

Salinas Mendiola Glafiro

PAN

Tamaulipas

Prieto Herrera Humberto Armando

PAN

Tamaulipas

Llanas Alba José Alejandro

PAN

Tamaulipas

García González Carlos Alberto

PAN

Tamaulipas

Orta Coronado Marcelina

PAN

Tamaulipas

Pacheco Díaz Germán

PAN

Veracruz

Barrios Zaleta Fernando

PAN

Veracruz

Alonso Morelli Humberto

PAN

Veracruz

Acosta Croda Rafael

PAN

Veracruz

Serralde Martínez Víctor

PAN

Veracruz

López Landero Leticia

PAN

Veracruz

Cárdenas Guízar Gabriel de Jesús

PAN

Yucatán

Paz Alonzo Raúl

PAN

Primera

Sánchez Ruiz Mario

P A R A M Á S I N F O R M A C I Ó N V I S I T A W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

DIPUTADO (A)

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X V I S I T A I N F O R M A C I Ó N M Á S P A R A

PARTIDO

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN

DISTRITO

55 56 57 58 59 60

PAN PAN PAN PAN PAN PAN

Primera Primera Primera Primera Primera Primera

2 3 4 5 6 7

Pérez Camarena Carmen Lucia Villalobos Seañez Jorge Iván Pantoja Hernández Leslie De la Rosa Anaya Andrés Cortes Berumen Isaías Reza Gallegos Rocío Esmeralda

PAN

Primera

Castaños Valenzuela Carlos Humberto

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN

Primera Primera Primera Primera Segunda Segunda Segunda Segunda Segunda Segunda Segunda Segunda

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Urciel Castañeda María Celia Dorador Pérez Gavilán Rodolfo Zamora García Alfredo Licea González Margarita Villarreal García Luis Alberto Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Camarillo Ortega Rubén Yamamoto Cazares Beatriz Eugenia Muñoz Márquez Juan Carlos Anaya Cortes Ricardo Arguelles Loya Consuelo Salinas Garza José Arturo

PAN

Segunda

Ramírez Diez Gutiérrez María Concepción

75 76 77 78 79 80 81

PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN

Segunda Segunda Segunda Segunda Segunda Segunda Tercera

10 11 12 13 14 15 1

Flores Flores Enrique Alejandro Sampayo Ortiz Ramón Antonio Sada Pérez Verónica López López Raudel Jiménez Cerrillo Raquel Anaya Llamas José Guillermo Cruz Mendoza Eufrosina

DIPUTADO (A)

PARTIDO

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN

DISTRITO

PAN

Tercera

Bueno Torio Juan

PAN

Tercera

Zavala Peniche María Beatriz

PAN

Tercera

Rosiñol Abreu Jorge

PAN

Tercera

García Rojas Mariana Dunyaska

PAN

Tercera

Chan Lugo Sergio Augusto

PAN

Tercera

Ricalde Magaña Alicia Concepción

PAN

Tercera

Aquino Calvo Juan Jesús

PAN

Tercera

Valladares Couoh Cinthya Noemí

PAN

Tercera

González Manríquez Víctor Rafael

PAN

Cuarta

Adame Alemán Juan Pablo

PAN

Cuarta

Pedraza Aguilera Flor de María

PAN

Cuarta

Cortázar Lara Gerardo Maximiliano

PAN

Cuarta

Romero Sevilla Leonor

PAN

Cuarta

Micalco Méndez Rafael Alejandro

PAN

Cuarta

Rodríguez Doval Fernando

PAN

Cuarta

Saldaña Hernández Margarita

PAN

Cuarta

Ramírez Romero Luis Miguel

PAN

Cuarta

Aguilar Rodríguez Aurora de la Luz

100

PAN

Quinta

González Carrillo Adriana

101

PAN

Quinta

Rivadeneyra Hernández Alfredo

102

PAN

Quinta

Sosa Govea Martha Leticia

103

PAN

Quinta

González Morfín José

104

PAN

Quinta

Alvarez Tovar Martha Berenice

105

PAN

Quinta

Mondragón González Ma. Guadalupe

106

PAN

Quinta

Rivera Villanueva Erick Marte

107

PAN

Quinta

Lugo Barriga Patricia

P A R A M Á S I N F O R M A C I Ó N V I S I T A W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

DIPUTADO (A)

INTEGRACIÓN PRELIMINAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 2 3 4 5 6

PRI PRI PRI PRI PRI PRI

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN Aguascalientes Baja California Baja California Baja California Baja California Baja California

PRI

8 9 10 11 12

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

PARTIDO

DISTRITO

DIPUTADO (A)

1 1 2 3 4 6

Moreno Montoya J. Pilar Castillo Valdez Benjamín Schroeder Verdugo María Fernanda Hirata Chico Gilberto Antonio Cabañas Aparicio María Elia López Alvarado Jaime Chris

Baja California

Robles Aguirre Mayra Karina

PRI PRI PRI PRI PRI

Baja California Sur Baja California Sur Campeche Coahuila Coahuila

1 2 1 1 2

PRI

Coahuila

14 15 16 17 18 19 20 21 22

PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI

Coahuila Colima Colima Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas

5 1 2 2 3 4 5 6 7

PRI

Chiapas

24 25 26 27 28

PRI PRI PRI PRI PRI

Chiapas Chiapas Chihuahua Chihuahua Chihuahua

11 12 1 2 4

Elizarrarás Cardoso Sandra Luz Martínez Mora Óscar Francisco Berzunza Novelo Landy Margarita Elizondo Ramírez Irma Flores Méndez José Luis De las Fuentes Hernández Fernando Donato Juan Marcos Issa Salomón Aguayo López Miguel Ángel Zepeda González Francisco Alberto Gómez Gómez Pedro Pino Escobar Heidi Gutiérrez Alvarez Harvey Gómez Gómez Luis Ochoa Gallegos Williams Oswaldo Grajales Palacios Francisco Pariente Gavito María del Rosario de Fátima Pérez Anzueto Hugo Mauricio Díaz Athié Antonio De Jesús Fuentes Téllez Adriana Duarte Murillo José Ignacio Murguía Lardizábal Luis Alfredo

PARTIDO

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN

DISTRITO

DIPUTADO (A)

PRI

Chihuahua

Athié Flores Kamel

PRI

Chihuahua

Domínguez Zepeda Pedro Ignacio

PRI

Chihuahua

Velázquez Ramirez Diana Karina

PRI

Durango

Mercado Gallegos Sonia Catalina

PRI

Durango

Vitela Rodríguez Alma Marina

PRI

Durango

Escajeda Jiménez José Rubén

PRI

Durango

Herrera Delgado Jorge

PRI

Guanajuato

Barrera Barrera Petra

PRI

Guanajuato

Garza Moreno María Esther

PRI

Guanajuato

Velázquez Díaz María Guadalupe

PRI

Guanajuato

Rangel Segovia Alejandro

PRI

Guanajuato

Navarrete Vital Ma. Concepción

PRI

Hidalgo

Badillo RamÍrez Darío

PRI

Hidalgo

Muñiz Martínez Dulce María

PRI

Hidalgo

Velasco Orozco Víctor Hugo

PRI

Hidalgo

Miranda Munive Emilse

PRI

Hidalgo

Rojo García de Alba José Antonio

PRI

Hidalgo

Hernández Morales Mirna Esmeralda

PRI

Hidalgo

González Vargas Francisco

PRI

Jalisco

Padilla Navarro Cesario

PRI

Jalisco

Pérez de Alba José Noel

PRI

Jalisco

Arellano Guzmán Salvador

PRI

Jalisco

González Reséndiz Rafael

PRI

Jalisco

Salgado Peña Abel Octavio

PRI

Jalisco

Chávez Dávalos Sergio Armando

PRI

Jalisco

Alcalá Padilla Leobardo

PRI

Jalisco

Mendoza Curiel Ma. Leticia 79

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Montes Alvarado Abraham

V I S I T A

I N F O R M A C I Ó N

Chihuahua

M Á S

PRI

P A R A

57 58 59 60 61 62

PRI PRI PRI PRI PRI PRI

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco

PRI

64 65 66 67 68

DIPUTADO (A) Delgadillo González Claudia Gauna Ruiz de León Celia Isabel Barba Mariscal Marco Antonio Niaves López Ossiel Omar Córdoba Díaz Luis Armando Magaña Zepeda María Angélica

Jalisco

Barajas Del Toro Salvador

PRI PRI PRI PRI PRI

México México México México México

2 3 4 5 6

Liceaga Arteaga Gerardo Francisco Rangel Espinosa José Carreño Mijares Angelina Zacarías Capuchino Darío Ruiz Moronatti Roberto

PRI

México

Del Moral Vela Paulina Alejandra

70 71 72 73 74 75 76 77

PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI

México México México México México México México México

8 9 10 11 12 13 14 16

PRI

México

79 80 81 82 83 84

PRI PRI PRI PRI PRI PRI

México México México México México México

19 21 22 23 24 25

Calzada Arroyo Marco Antonio Manzur Quiroga José Sergio Flores Gómez José Luis Cruz Alvarado Sánchez Brenda María Izontli Navarro De Alva Cesar Reynaldo Moreno Árcega José Isidro Márquez Velasco Silvia Ponce Orozco Norma Maldonado Hernández Fernando Alfredo Ugalde Alegría Aurora Denisse Ruiz Sandoval Cristina Gualito Castañeda Rosalba Gómez Carmona Blanca Estela González Martínez Olivares Irazema Román Bojórquez Jesús Tolentino

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

11 12 13 15 16 17

M Á S

DISTRITO

P A R A

PARTIDO

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN

DISTRITO

DIPUTADO (A)

PRI

México

Barrueta Barón Noé

92 93 94 95 96

PRI PRI PRI PRI PRI

México México Michoacán Michoacán Michoacán

37 40 1 4 5

Fernández Clamont Francisco Javier Hernández Tapia Gerardo Xavier Barrera Estrada Rodimiro Romero Valencia Salvador Hernández Iñiguez Adriana

PRI

Michoacán

Olvera Correa Luis

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI

Michoacán Michoacán Michoacán Michoacán Morelos Nayarit Nayarit Nayarit Nuevo León Nuevo León Nuevo León Nuevo León Nuevo León Nuevo León Oaxaca

8 9 10 12 4 1 2 3 2 3 5 9 11 12 7

González Farías Eligio Cuitláhuac Quintana León Socorro de la Luz Núñez Aguilar Ernesto Ortiz García Salvador Ocampo Gutiérrez Laura Catalina Rocha Piedra Juan Manuel Gómez Olguín Roy Argel Núñez Sánchez Gloria Elizabeth Caballero Garza Benito Guerra Garza Abel Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto González Valdez Marco Antonio García García Héctor Treviño Villarreal Pedro Pablo Gurrión Matías Samuel

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

Zamora Morales Fernando Barrera Fortoul Laura Bernal Bolnik Sue Ellen Carbajal Hernández Juan Manuel Curi Naime Alberto Rellstab Carreto Tanya

V I S I T A

26 27 28 33 34 35

I N F O R M A C I Ó N

México México México México México México

M Á S

PRI PRI PRI PRI PRI PRI

P A R A

85 86 87 88 89 90

113 114 115 116 117 118

PRI PRI PRI PRI PRI PRI

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla

119

PRI

120 121 122

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

PARTIDO

DISTRITO

DIPUTADO (A)

1 2 3 4 5 6

Vargas Vargas Laura Guadalupe Márquez Martínez José Luis Díaz Palacios Víctor Emanuel García Hernández Josefina Sánchez Romero Carlos Doger Guerrero José Enrique

Puebla

Morales Flores Jesús

PRI PRI PRI

Puebla Puebla Puebla

8 13 14

123

PRI

Puebla

124

PRI

Puebla

Allende Cano Ana Isabel García Olmedo María del Rocío Guevara González Javier Filiberto García de la Cadena Romero María del Carmen Campos Córdova Lisandro Arístides

125

PRI

Querétaro

Barcenas Nieves Delvim Fabiola

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI

Quintana Roo Quintana Roo San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí Sinaloa Sinaloa Sinaloa Sinaloa Sinaloa Sonora Sonora Tamaulipas

1 2 1 2 3 4 7 3 4 5 6 7 4 6 5

Quian Alcocer Eduardo Román King De la Rosa Raymundo Nava Gómez José Everardo Martínez Cárdenas Esther Angélica Bautista Villegas Óscar Terán Juárez Jorge Terán Guevara María Rebeca Inzunza Montoya Alfonso Rubio Lara Blas Ramón Valdés Palazuelos Jesús Antonio Corrales Corrales Francisca Elena Torres Félix Sergio Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Félix Chávez Faustino Francisco Cárdenas Del Avellano Enrique

PARTIDO

ESTADO óO CIRCUNSCRIPCIÓN

DISTRITO

DIPUTADO (A)

147

PRI

Veracruz

Montano Guzmán José Alejandro

148 149 150 151 152

PRI PRI PRI PRI PRI

Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz

9 14 15 18 19

Charleston Hernández Fernando Hernández González Noé Diez Francos Juan Manuel López Landero Tomás Garay Cabada Marina

153

PRI

Veracruz

Vázquez Saut Regina

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI PRI

Veracruz Yucatán Yucatán Yucatán Yucatán Zacatecas Zacatecas Primera Primera Primera Primera Primera Primera Primera Primera

21 1 2 3 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8

Vázquez Parissi Ponciano Sosa Altamira William Renan Ordaz Martínez María del Carmen Sahui Rivero Mauricio Vela Reyes Marco Alonso Bonilla Gómez Adolfo Flemate Ramirez Julio Cesar Beltrones Rivera Manlio Fabio Quiñones Canales Lourdes Eulalia Galván Villanueva Raúl Santos Corona Nakamura María del Rocío Castro Trenti Fernando Jorge Ayala Robles Linares Flor de Rosa Flores Sandoval Patricio Amaya Araujo María Elvia

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

De la Cruz Requena Rosalba Sánchez Santiago María Guadalupe Pazzi Maza Zita Beatriz Ruiz Arriaga Genaro Hernández Burgos Gaudencio Arrollo Ruiz Alma Jeany

V I S I T A

6 1 1 3 5 6

I N F O R M A C I Ó N

Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz

M Á S

PRI PRI PRI PRI PRI PRI

P A R A

141 142 143 144 145 146

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X

P A R A

M Á S

I N F O R M A C I Ó N

V I S I T A

W W W . C I E D D . O A X A C A . G O B . M X