Indignadas

Centro de Investigación para la Acción Femenina

Santo Domingo República Dominicana AÑO XXXII NÚMERO 1 NOVIEMBRE 2012

Quehaceres

EDITORIAL

El miércoles 11 de julio del 2012 marca un hito en la lucha contra la violencia de género en la República Dominicana, con una preparación de muy pocas horas, cientos de personas, abrumadas por la ola de violencia que en medio año había llevado a la tumba a más de 100 mujeres, exigió frente al Congreso Nacional acciones eficaces y contundente para detener la violencia contra las mujeres.

Bajo el lema “Feminicidios, tragedia y emergencia nacional” más de 60 organizaciones convirtieron el DIA de LUTO NACIONAL en la mayor y más extendida muestra de repudio a la violencia de género. Las organizaciones expresaron: “Los feminicidios se han convertido en una tragedia tristemente cotidiana a la que urge buscar solución. La escalada de los últimos años en el número y la ferocidad de estos asesinatos dejan pocas dudas de que nos enfrentamos a una verdadera emergencia nacional, cuya solución no se puede seguir postergando. El feminicidio es ahora la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva, lo que remite a una grave crisis social, de salud pública y de seguridad humana.”

Apenas un mes y días después, de nuevo la indignación convocó a hombres y mujeres a las puertas del Congreso, para protestar ahora por la muerte de la joven de 16 años Rosaura Almonte, a quien a pesar de que el protocolo universal establecía interrumpir su embarazo debido a la gravedad de la leucemia que padecía, por presiones de diversos sectores y en contra de la expresa petición de su madre y de amplios sectores de la población le fue negada esta posibilidad. Rosaura (Esperancita) se convirtió así en la primera víctima del artículo 37 de la nueva Constitución, su joven vida y sus sueños truncados como dice conmovedoramente su madre en la entrevista que concediera a Quehaceres.

Y como si fuera poco la situación de desasosiego y tribulación, nueva vez nos encontramos INDIGNADAS frente al Congreso al conocer que legisladores y legisladoras aprobaron, alegremente, sin debate y en primera lectura, un proyecto de Código Penal que contiene disposiciones retrógradas que nulifican los pocos avances logrados en los últimos años, tales como la eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres, la reducción de la pena al acoso sexual, el solo considerar “grave” la violencia intrafamiliar cuando se cause la muerte de la víctima y penalizar la interrupción del embarazo en todas las circunstancias, es decir aun en peligro de la vida de la madre.

Allí estuvimos y allí estaremos, cuantas veces sea necesario y muy especialmente el 25 de noviembre, Día internacional de la No violencia contra las Mujeres, demandando, exigiendo tal como lo hiciera el Foro Feminista a los señores y señoras legisladores: “Están ustedes aun a tiempo de impedir la aprobación de un Código Penal retardario, violador de normas internacionales y constitucionales, pero sobre todo de un Código Penal que no responde a la realidad de violencia, inseguridad y maltrato que viven las mujeres dominicanas y en especial las mujeres mas pobres y desamparadas.

Demandamos de ustedes escuchar el clamor de la ciudadanía y modificar o eliminar todas las disposiciones contenidas en el proyecto de Código Penal que implican retroceso e impunidad ante el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

LAS HERMANAS MIRABAL en la resistencia y la memoria histórica

Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal son hoy en día símbolo de resistencia en el mundo. En la República Dominicana van un poco más allá, ellas representan todo lo bueno de los dominicanos y las dominicanas, son leyenda, son, la contraparte femenina de la trinidad fundadora de la República.

NUNCA MÁS El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana es una institución que nace con el objetivo de educar en derechos y conciencia democrática a través de la verdad histórica de la resistencia dominicana a las dictaduras del pasado siglo XX. En el Museo se presenta la faceta política de Patria, Minerva y María ¡Vaya que hemos Teresa Mirabal, sus prinavanzado como Nación, cipios, sus inquietudes, tenemos tres madres de sus aspiraciones. Al visila Patria! tar el Museo se encuentran testimonios de famiUna Patria con granliares y amistades, docudes desigualdades y con mentos, fotografías y un mucho por avanzar, pero impresionante holograma con libertades cívicas, con un mensaje de derechos políticos, y Minerva Mirabal. algunos derechos econóMinerva, quizás las micos, sociales y cultura- más destacada de los les. Aún nos falta mucho, líderes del movimiento la democracia es siempre de resistencia interna a perfeccionable. la dictadura que tomó el Las Hermanas Patria, nombre 14 de Junio, se Minerva y María Teresa dirige al visitante y le fueron parte importante habla de porqué resistir, de la resistencia a la de a qué resistir y de la dictadura de Trujillo que conciencia de qué resistir conquistó esos derees una nueva forma de chos, y lo pagaron con vida, una vida entregasus vidas. da al futuro.

Minerva, fue asesinada junto a sus hermanas Patria y María Teresa Mirabal por órdenes directas y expresas del tirano Rafael L. Trujillo Molina. Seis meses después, en mayo de 1961, el tirano fue ajusticiado y se cumplieron las proféticas palabras de Minerva a un amigo: “Si me matan, yo sacaré mis brazos de la tumba, y seré mas fuerte”.

Y tenía razón, las Hermanas Mirabal siguen vivas en el recuerdo, son un símbolo de resistencia, que cada día se hace más global y no por ello menos nuestro, símbolo de lucha y de esperanza por un futuro mejor.

Con el tiempo siempre surgen esfuerzos interesados por tergiversar la verdad histórica, el Museo de la Resistencia es guardián de ésta, para que no se olvide, para que no se repita.

Su memoria es la memoria de todas y todos, recordarlas es sinónimo de NUNCA MÁS.

Calle Arzobispo Nouel No.210, Ciudad Colonial Santo Domingo, República Dominicana 10210 T. 809.688.4440 www.museodelaresistencia.org

Nuevos escenarios para el feminicidio en la R. Dominicana Cuando en violencia contra la mujer se habla de escenarios, se hace referencia a “los contextos socioeconómicos, políticos y culturales en los que se producen o propician relaciones de poder entre hombres y mujeres particularmente desiguales, y que generan dinámicas de control, violencia contra las mujeres y femicidio que adoptan o incluyen características propias”1.

En la región de Centroamérica y en R. Dominicana, en principio se consideraban cuatro tipos de feminicidio, el íntimo, cuando es cometido por un hombre con el cual la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar o afín; el no íntimo, cuando el feminicida no tenía relaciones íntimas, de familia o afín, con la víctima, agregándole con ataque sexual o sin él, dependiendo de la circunstancia, y el feminicidio por conexión o conexo, cometido por un hombre que mata a otra

mujer que tenga que ver con la propia, para “castigarla”, o porque se interponían para apoyar a la amenazada.

En los primeros estudios realizados por Profamilia, en 2002 y 2004, sobre el feminicidio se tomaron en cuenta estas clasificaciones, de acuerdo a los escenarios presentados para ambas investigaciones y a la clasificación que a comienzos de los noventa, Ana Carcedo proponía desde su investigación en Costa Rica.2 Estas categorías tradicionales, sin embargo, se han quedado cortas con la aparición en los últimos años de una serie de contextos diferentes en los que ocurren los feminicidios y como concepto, el escenario de femicidio se ha convertido en un instrumento teórico y metodológico que trasciende la visión tradicional, permitiendo además operativizar la definición teórica de feminicidio.

Actualmente se consideran feminicidios aquellos homicidios de mujeres ejecutados en los siguientes escenarios: • Muertes violentas de

mujeres por parte de hombres miembros de pandillas y maras cuando ellas pertenecen o están relacionadas con éstas.

• Muertes violentas de mujeres por parte de hombres o redes y asociaciones nacionales e internacionales delicti-

mujeres por hombres en el contexto de relaciones de pareja, actuales o previas, aún cuando éstas fuesen ocasionales o esporádicas.

Muertes violentas de mujeres por hombres que no son sus parejas en contexto de relaciones familiares, incluyendo parentesco por afinidad.

Muertes violentas de mujeres “en la línea de fuego” de un hombre que agrede, mata o intenta matar a otra mujer.

Muertes violentas de mujeres resultado del acoso sexual de hombres conocidos (vecinos, compañeros de trabajo, de la iglesia, entre otros).

Muertes violentas de mujeres resultado del ataque sexual de hombres conocidos o desconocidos.

Muertes violentas de mujeres por parte de clientes sexuales.

Muertes violentas de mujeres por parte de explotadores sexuales y redes de trata para explotación de todo tipo.

Muertes violentas de

vas cuando media control de género.

• Muertes violentas de mujeres por parte de hombres en venganza contra otras personas.

• Muertes violentas de mujeres por parte de hombres que dejan en sus cuerpos y o en el entorno del crimen mensajes y signos de misoginia; • Muertes violentas de mujeres que evidencian ensañamiento, torturas, mutilación, descuartizamiento, utilización de múltiples métodos, aunque no se establezca el móvil.

Estos escenarios no son excluyentes y frecuentemente se presentan situaciones en que se entrecruzan y obligan a abordar el análisis de estas violencias desde la diversidad de las dinámicas que se generan en las relaciones desiguales entre géneros, causando muchos de los feminicidios que se dan en el país y en la región.

El estudio “Indicadores psicosociales en hombres

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feminicidas internos en los Centros de reclusión del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria”, preparado por el Dr. Luís Vergés, del Centro de Intervención Conductual para Hombres, con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, dice que el 70 por ciento de los casos de violencia feminicida estudiados, a partir de 59 casos con internos en las cárceles dominicanas, ocurre como resultado de un proceso de escalada y no como un acto criminal casual de un día. Indicador que señala como las violencias que anteceden al desenlace fatal, pueden dar pautas acerca del mismo, si tuviéramos un sistema fundamentado en la prevención.

En el panorama inmediato, los últimos meses hemos tenido referentes a través de la prensa, de feminicidios ejecutados en el marco de acciones verdaderamente crueles que nos remiten a un incremento de las violencias más allá de la frecuencia y que deben alertarnos sobre la importancia de ir definiendo estos nuevos escenarios para la prevención que es hora de empezar a establecer.

POR SUSI POLA 1

2

Carcedo. 2007. Marco teórico de la investigación Femicidio en Centroamérica. CEFEMINA. San José. Mimeo, citado por Pola Z., Susi. 2008. El Femi(ni)cidio en R. Dominicana. 2000-2006. San José, C.R. : Asociación Centro Feminista de Información y Acción. Costa Rica.

Carcedo, Ana. 2002. Feminicidio en Costa Rica 1990-1999.

Organización Panamericana de la Salud, Programa Mujer y Salud. Costa Rica. Citada por Pola Zapico, María Jesús. 2002.

Feminicidio en R. Dominicana.

Un estudio de los casos ocurridos en los Distritos judiciales de Santo Domingo y Santiago en el período enero diciembre 2001.

“Nuestra política frente a los feminicidios ha sido un fracaso”

El trabajo de Yenni Berenice Reynoso Gómez como servidora pública, la ubica entre las mujeres jóvenes más emblemáticas de la República Dominicana.

La licenciada Reynoso, nació en Puerto Plata y se crió en Santiago, ambas provincias ubicadas al norte de República Dominicana, es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA); cursa una maestría en Ciencias Penales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Tiene una especialidad en Derecho Procesal y Derecho Constitucional en la

Universidad Nacional de Costa Rica; una Especialidad en Femicidio en el Centro de la Cooperación Española, en Antigua Guatemala; una Especialidad en Investigación en

International Law Enforcement Academy; y una

Especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal, en la Escuela Nacional del Ministerio Público y la Universidad APEC1.

“El siete de septiembre del 2010, luego de someterse a un concurso de oposición fue designada como Procuradora Fiscal de Santiago, convirtiéndose en la primera fiscal designada por méritos en una fiscalía grande, la fiscal más

Quehaceres 4 joven del país y la primera mujer que ocupa esa posición en la historia de la Justicia de Santiago”2.

Su brillante gestión como Fiscal de Santiago y muy especialmente en dos de los casos más controversiales ocurridos en la provincia de Santiago, la acreditan como una mujer a la que no le tiembla el pulso.

Uno de ellos fue el ocurrido en octubre de 2005 cuando le tocó dirigir la investigación, de uno de los hombres más ricos de esa ciudad: Adriano Román y su red de sicarios, por el intento de feminicidio de su esposa Miguelina Llaverías, en la cual Reynoso logró que Román y sus cómplices fueran condenados a 30 y 20 años de prisión.

El otro caso, fue el de Pedro Luís Báez Sánchez por la muerte de Gleiry María Muñoz Báez, en cual Yenni Berenice decidió desacatar la orden de libertad emitida por el juez Gabriel Marchena Adames, quien dispuso la libertad provisional para un hombre que asesinó a su ex mujer en presencia de sus tres hijos.

En diciembre de 2011, el entonces procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, nombra a Yenny Berenice, fiscal del Distrito Nacional de Santo Domingo y desde su traslado a esta la Fiscalía, su trabajo se ha enfocado en acciones con las comunidades donde hay mayor incidencia de casos de violencia de género o intrafamiliar, ya que en pala-

bras de la fiscal lo que genera un feminicidio es una situación de violencia de género o intrafamiliar por lo que el problema debe atenderse desde la prevención para evitar las muertes.

“Algunas de las cosas que encontré fue que no se levantaban estadísticas con indicadores, lo cual no permitía hacer una prevención estratégica y focalizada. Cuando empezamos a hacer el levantamiento pudimos identificar indicadores claros en la población vulnerable y un dato preocupante: no se daba atención a víctimas en horario nocturno, ni los fines de semana, ni los días feriados. Esta fue una de las primeras medidas que cambiamos”.

Según la Magistrada, las estadísticas también han permitido identificar los sectores del Distrito Nacional donde hay mayor incidencia, para trabajar el tema de prevención en las comunidades con charlas y talleres que involucran a todos sus sectores: Junta de vecinos, clubes e iglesias.

Desde Marzo 2012 han visitado 11 comunidades.

“Se les habla del tema de la violencia de género e intrafamiliar, desmontando el mito de que se trata de tema entre marido y mujer. Nos hemos enfocado principalmente en Cristo Rey y Los Girasoles por ser los sitios donde se registran la mayor cantidad de casos”.

Pero no solamente es importante la sensibilización externa, por lo que la Fiscalía también trabaja con su personal mediante un sistema de vigilancia permanente, realizando auditorias aleatorias, para obser-

var cómo son manejados los casos.

“El servidor público debe rendir cuentas, pero además el manejo incorrecto de una situación que te cuesta una vida tiene que ser fiscalizada muy de cerca. Por eso estamos trabajando en capacitar al personal, porque por ejemplo encontramos un criterio de que a veces se decía que un caso era leve porque solo tenía un certificado médico de tres días y la herida era en el cuello, pero nadie te hace una herida en el cuello para asustarte…”.

Otro de los avances es que en la Fiscalía se han comenzado a ver estos delitos desde una visión más amplia al asumir que estos casos son de acción pública y aunque la víctima desista hay que continuar con el proceso.

“Hemos hecho un trabajo de sensibilización de quienes laboran en el sistema sobre el por qué una víctima desiste, incorporando el tema de la realidad socioeconómica, la dependencia emocional y el síndrome de la mujer maltratada, entendida como una consecuencia de los maltratos a las que son sometidas las mujeres en situación de violencia”.

La atención a víctimas se ha complementado con la reactivación de una línea vida que no funcionaba desde el 2009 y a través de esta actualmente se le da asistencia a 65 casos de emergencia al mes más allá del Distrito Nacional.

También en materia de prevención, la Fiscalía tiene una campaña de sensibilización permanente en centros comerciales y tiendas por departamento

con brochures y camisetas alusivos al tema de la violencia.

Aumentar los estándares de calidad en las

investigaciones de los casos ha sido otra de las medidas preventivas, ya que según la Fiscal “las investigaciones descansaban mucho en las pruebas testimoniales, sabiendo que el testimonio de una víctima de violencia de género e intrafamiliar es muy vulnerable, por lo que estamos practicando más pruebas científicas que nos permitan llevar el caso más allá de su testimonio y nos permita sostenerlo”.

Además, aunque el Código establece que se hagan acuerdos en caso de violencia intrafamiliar, en la Fiscalía no se hacen suspensiones condicionales de los procesos, ni acuerdos para cumplir penas condicionales.

Un insumo importante para la elaboración de un plan estratégico contra la violencia ha sido un estudio realizado, por el Centro de Intervención Conductual para Hombres que trabaja el tema de la masculinidad violenta, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

“Este estudió reveló que de 59 feminicidas ya condenados que se estudiaron, el 60% eran militares o policías, comerciantes y choferes, y esa es una población a la que se le esté prestando atención especial, no en forma discriminatoria

por ser de uno de esos oficios, si no que se ha estado trabajando, tanto con las fuerzas armadas como con la policía, en alianzas estratégicas, desarrollando un programa de charlas y talleres permanentes, y se está incentivando al Ejército Nacional, para que abra una oficina de política de género que nos ayude a coordinar acciones claves”.

Otra medida implementada por la Fiscalía es la prohibición absoluta de que la víctima entregue la cita de la denuncia a su agresor directamente. Ahora esto lo hacen alguaciles y mensajeros.

Detección y combate de los feminicidios

En el protocolo de atención que se aplica, toda víctima que ingresa a la unidad de atención es avaluada con un cuestionario para medir el nivel de riesgo en que se encuentra y según la Magistrada, “cuando ya ha habido agresiones físicas, persecuciones, consumo de drogas, consumo de alcohol, anuncio de un posible divorcio que por lo general es seguido de una amenaza, esto nos permite determinar el riesgo y remitir a la víctima a la casa de acogida, aunque hay un problema porque muchas veces no hay cupo y tratamos de ubicarlas en otro lugar para que no regresen a su casa. Además, aunque la casuística es muy diversa el 98% de los casos presenta rasgos que te indican una alerta, como lo es el de la separación”.

Algo innovador es que la Fiscalía tiene un proyecto de trabajo con las víctimas colaterales del feminicidio

Quehaceres 5 sobre cómo prestar algún tipo de asistencia psicológica a niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que según estadísticas 800 niños y niñas quedaron en la horfandad en el 2011 a causa de los feminicidios registrados en el país.

“La desprotección de niños, niñas y adolescentes que muchas veces van a vivir en un hogar sustituto, casi siempre con una tía o la abuela materna y que por éstas no tener sensibilidad frente al tema o por el dolor que le causó el feminicidio, muchas veces convierten en víctimas a niños, niñas y adolescentes, recalcándoles que su padre es un asesino”.

Desde el punto de vista legal, la Fiscalía también se ha enfocado en demostrar a jueces y juezas, a pesar de que no se tiene una ley que tipifique la muerte de una mujer como un feminicidio, el criterio de que este crimen es el resultado de una acción premeditada y que la historia de violencia de las víctimas demuestra que el feminicidio no es un hecho espontáneo, por lo tanto no debe ser castigado con una pena de 20 años como un homicidio simple, si no con una pena más severa como la de asesinato.

Para la Magistrada, no se justifica que República Dominicana no tenga una política para la principal causa de muerte de las mujeres.

“Nuestra política frente a los feminicidios ha sido un fracaso y no lo digo por pesimista, sino por lo que reflejan las estadísticas. Tenemos un problema grave y hay que aceptar

que la política del Estado dominicano frente a la violencia de género e intrafamiliar es deficiente”.

Para la Fiscal del Distrito Nacional, no hace falta diagnosticar lo que ya está diagnosticado, si no pasar a acciones específicas y contundentes por parte de todos los sectores. “El tema de ir a las comunidades no es una función del Ministerio Público, sino del Ministerio de Educación o del Ministerio de la Mujer”.

La magistrada se pregunta, ¿cómo es posible que todavía la currícula educativa intermedia, básica y universitaria no tenga una materia sobre equidad de género? y considera que es posible desmontar la cultura machista y que se entienda que la mujer tiene

derechos, a través de la educación formal, familiar y comunitaria.

Para Reynoso tiene que haber un organismo rector que asuma el tema y determine una serie de acciones que sean coordinadas, ya que “los feminicidios no se resuelven con una acción.

Tiene que estar la parte represiva que le corresponde al Ministerio Público, pero también debe haber una prevención estratégica, una persecución eficaz y sobre estas dos vertientes desarrollar programas que permitan combatir el problema”.

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Biografía de la fiscal Yenni Berenice Reynoso Gómez http://elsoldesantiago.com/2011/ 12/biografia-de-la-fiscal-yeniberenice-reynoso-gomez/ Jenni Berenice nueva fiscal del Distrito Nacional http://elnacion a l . c o m . d o / n a c i o nal/2011/12/28/1063 Jenny-Berenice-nueva-fiscal-delDistrito-Nacional.

CAROLINA ACUÑA DELGADO

FEMINICIDIOS:

Quehaceres

Tragedia y Emergencia Nacional DÍA DE LUTO NACIONAL, 11 DE JULIO 2012

Al Congreso Nacional Dominicano, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a la sociedad dominicana.

Las entidades abajo firmantes, representantes de cientos de organizaciones, redes y coaliciones a nivel nacional y de la diáspora dominicana en los Estados Unidos, conmovidas e indignadas por la tragedia de los feminicidios, que ya suman 108, hemos declarado el día de hoy miércoles 11 de julio, de luto nacional y hacemos entrega de este documento apelando a que se declare el país en emergencia nacional frente a los feminicidios.

Con más de 100 casos hasta la fecha, los feminicidios se han convertido en una tragedia tristemente cotidiana a la que urge buscar solución. La escalada de los últimos años en el número y la ferocidad de estos asesinatos deja pocas dudas de que nos enfrentamos a una verdadera emergencia nacional, cuya solución no se puede seguir postergan-

do. El feminicidio es ahora la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva, lo que remite a una grave crisis social, de salud pública y de seguridad humana.

Si bien es cierto que las autoridades, como el país en pleno, reconocen la gravedad de la situación, todavía no se ha pasado del plano de las lamentaciones al de la acción efec-

6 tiva, aún cuando somos compromisarios de convenios internacionales que comprometen al país a erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

Esto último demanda presupuestos adecuados, una legislación mejorada y esfuerzos inter-institucionales que evidencien una clara vocación de enfrentar la situación con hechos y no solo con palabras.

Lamentablemente, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no han mostrado hasta ahora la voluntad política requerida para poner fin a esta tragedia.

La realidad es que durante los 15 años de vigencia de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (Ley 24-97) hemos visto un incremento constante de los índices de violencia contra las mujeres y las niñas, sin que ningún gobierno haya dedicado la atención y los recursos necesarios para enfrentar la crisis. La lucha contra el feminicidio y la violencia de género en sentido general ni siquiera tiene presupuesto propio, debiendo mendigar recursos internacionales para ofrecer respuestas que han resultado a todas luces insuficientes.

Consecuencia de esto es que en la actualidad el país apenas cuente con un par de refugios para mujeres maltratadas y sus hijos e hijas; que persista la igualmente escandalosa carencia de centros de atención para víctimas, todavía inexistentes en la mayoría de las provincias; que el Ministerio de Salud siga sin involucrarse en la respuesta de atención con-

tra la violencia de género, rehusándose a poner en práctica las Normas de Atención en Violencia en Salud; que no existan programas para atender a los más de 800 niñas y niños que cada año quedan en la orfandad a consecuencia de los feminicidios; que no se hayan puesto en marcha programas de prevención ni campañas amplias de sensibilización a nivel nacional; que se sigan implementando normas jurídicas desfasadas y contraproducentes, como la conciliación de las víctimas con los agresores o la práctica absurda de pedir a las víctimas que entreguen las citaciones judiciales a sus agresores, entre otras.

La lucha contra la violencia de género, en tanto producto de la cultura machista y patriarcal, requiere además medidas de más largo plazo para enfrentar de una vez por todas las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, incluyendo medidas para reducir la pobreza y la dependencia económica que obliga a tantas mujeres a permanecer con sus victimarios, así como la inclusión de nuevos componentes en el currículo escolar dirigidos a fomentar los valores de la igualdad, el respeto y la no violencia en la nuevas generaciones.

La creciente conciencia ciudadana y el trabajo perseverante de las organizaciones de mujeres son imprescindibles pero no son suficientes. Tampoco se puede seguir delegando la atención del problema en la Procuraduría para Asuntos de la Mujer o en el Ministerio de la Mujer, entidades por demás menesterosas que

no cuentan ni con una fracción de los recursos necesarios para hacer frente a la situación. En efecto, el Ministerio de la Mujer tiene el segundo presupuesto más bajo de la administración pública y la Procuraduría de la Mujer ni siquiera tiene presupuesto propio.

El momento actual demanda la clara voluntad política y el compromiso de todos los poderes del Estado, de todos los ministerios y entidades gubernamentales actuando de manera concertada, con visión clara y planes de largo plazo. De manera particular reclama la acción decidida del Congreso Nacional, que tiene en sus manos la responsabilidad de asignar los presupuestos, aprobar las reformas legislativas necesarias y fiscalizar el adecuado cumplimiento de sus disposiciones. Urge pues, que este Congreso actualice la legislación contra la violencia de género a la mayor brevedad y que incluya una partida específica para el combate a la misma en el presupuesto del próximo año, que debiera ser declarado Año de Lucha Contra la Violencia Machista.

El feminicidio y la violencia de género constituyen una grave crisis cuya solución ha sido inexcusablemente postergada por aquellos llamados a enfrentarla. Todos los sectores de la sociedad dominicana, a través de sus organizaciones ciudadanas, reclaman hoy que se declare el fenómeno de los feminicidios como una emergencia nacional y que las autoridades responsables tomen todas las medidas necesarias para ponerle fin a esta tragedia.

Más de 60 organizaciones, además del Foro Feminista y el movimiento de mujeres, firmaron rechazando la violencia de género contra las mujeres y los feminicidios.

Fotos: Lorena Espinoza, acento.com.do, participacionciudadana.com, lastresjuanas.blogspot.com, www.joserafaelsosa.com, guasabaraeditor.com, periodistasenespanol.org

Obligarla a esperar es criminal ¡Que le den la quimio ya!

Hace ya una semana que se debió iniciar el tratamiento de quimioterapia a “Esperanza”, la joven embarazada afectada de una leucemia agresiva, que pone su vida en peligro inminente. Esta semana perdida, este tiempo desperdiciado, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para esta joven mujer, por lo que no podemos menos que preguntarnos: ¿Por qué esperan? Si los especialistas consultados han recomendado de manera casi unánime que se proceda de inmediato con la, ¿por qué dilatan? Si la joven, su madre, sus médicos y hasta el Ministro de Salud Pública han solicitado que se inicie el tratamiento, ¿por qué no proceden? ¿Se trata solo del temor a posibles consecuencias jurídicas o debemos atribuir a presiones furtivas, a intimidaciones subrepticias, la parálisis que afecta a los responsables

17 de Agosto 2012

de prestar atención médica a la joven enferma?

Este caso pone de nuevo sobre el tapete los dilemas humanitarios, las artimañas políticas y las confusiones jurídicas engendradas por el Art. 37 de la nueva Constitución, tal cual fueron vaticinados por los sectores que se opusieron a este artículo.

También obliga a reconsiderar las razones por las cuales han fracasado todos los intentos de modificar el Art. 317 de nuestro Código Penal, que penaliza el aborto sin excepción, un adefesio jurídico adoptado en el primer Código dominicano de 1884, que es una copia casi textual del Art. 292 del Código Penal francés de 1832.

Es decir que en pleno siglo XXI, en materia de aborto la República Dominicana se rige por un Código Penal decimonónico y un artículo constitucional medieval, que equipara el valor jurídico y ético de un embrión al de una mujer embaraza-

Quehaceres 10 da. La situación de “Esperanza” pone de manifiesto las horribles consecuencias de anteponer los dogmas religiosos particulares a los derechos fundamentales de carácter general.

Paradójicamente, la “defensa de la vida” queda evidenciada como apología de la muerte;

los “valores morales” en que se sustenta el Art. 37, al atar las manos de los médicos, conducen a actos de negligencia criminal. Con razón que los promotores del Art. 37 no han dicho ni una palabra frente a esta situación. ¿Qué pueden decir? ¿Qué moral van a defender? ¿Qué ética de la vida van a pregonar?

El caso de “Esperanza” obliga a las autoridades públicas, a la clase médi-

ca y a la ciudadanía en general a enfrentar de una vez por todas a los sectores retrógrados responsables del Art. 37 y a buscarle una solución racional al problema del aborto terapéutico. Una solución basada en normas jurídicas fundadas en derechos, no en fanatismos religiosos.

Lo primero y más urgente es que se inicie la quimioterapia de “Esperanza” y que los responsables médicos puedan aplicar los protocolos de atención universalmente establecidos en estos casos, sin temor a represalias de ningún tipo. Pero no basta con esto. El caso de “Esperanza” se seguirá repitiendo hasta tanto no se revisen las normas legales que dieron lugar a esta situación.

El Congreso y los partidos políticos no pueden seguir ignorando los derechos de la mitad de la población dominicana. A ellos, al Estado y a las autoridades competentes los responsabilizamos de lo que pueda ocurrir con la salud y la vida de esta joven.

En una república laica y democrática, el caso de “Esperanza” nunca hubiera ocurrido.

Asegurémonos que no vuelva a ocurrir.

FORO FEMINISTA SANTO DOMINGO 23 DE JULIO 2012

A Esperancita la mató el Artículo 37, lo que constituye un feminicidio de Estado. A pesar de que el protocolo universal establece interrumpir el embarazo en el estado en que estaba, eso no se hizo por presiones de sectores que impusieron dicho artículo en contra de la petición de su madre y de amplios sectores de la población. Había conciencia de que el embarazo la ponía en alto riesgo, pero prefirieron arriesgar su vida e imponerle una inmolación a realizarle el aborto terapéutico. Lo que se hizo con Esperancita constituye un acto de tortura, cruel e inhumano.

Estamos conmovidas e indignadas, el Estado tiene que responder por la vida de Esperancita y por las potenciales víctimas que seguirá llevándose el Artículo 37, esa muerte no puede quedar impune.

FORO FEMINISTA

LOS SUEÑOS DE

“Esperanza”

Rosaura Almonte, conocida por la opinión pública como Esperanza, seudónimo que no le hizo justicia, nació el 2 de abril de 1996. Esta joven de 16 años que se crió en el Municipio Pedro Brand, a 25 kilómetros del Distrito Nacional de Santo Domingo, de ser una desconocida pasó a ocupar los espacios de la prensa por padecer de leucemia y estar embarazada, condición que le costó la vida.

Sobre las causas de su muerte hay opiniones divididas. Por un lado, en el medio digital 7dias.com en fecha 23 de julio de 2012, se señala que “la joven de 16 años, solo identificada como Esperancita, padece leucemia y está embarazada de nueve semanas. Los médicos del Centro Médico Semma, donde se encuentra ingresada desde hace varios días, se han negado a iniciar el tratamiento de quimioterapia o interrumpir el embarazo escudándose en el artículo 37 de la Constitución, relativo al derecho a la vida”.

Sin embargo, según información publicada en el periódico Hoy en fecha 17 de agosto de 2012, el personal médico que la trataba declaró que la joven murió por “leucemia e incluso abortó antes de fallecer”.

Hay que decir que Esperancita o Esperanza fue el seudónimo que le pusieron médicos y médicas a Rosaura para “protegerla del escándalo y de la opinión pública”, dado su caso.

Irónicamente a la joven no le gustaban los apodos, ni que la llamaran de otra forma que no fuera por su nombre…

Desde 2006 Rosa Hernández madre de Rosaura, llevaba a su hija al Semma por “cierta debilidad” y el diagnóstico que le dieron siempre fue el mismo: una fuerte anemia. “Yo no me explico cómo mi hija andaba caminando con ese mal”. (Dice Rosa refiriéndose a la leucemia que seis años después le diagnosticarían en la misma clínica).

A Rosaura le comenzaron a realizar múltiples análisis y exámenes que además de confirmar su enfermedad revelaron que estaba embarazada, noticia que sorprendió a Rosa. “No es cierto que ella llegó muriéndose al Semma, como se dio a entender en varias informaciones de prensa, el 2 de julio llevé a mi hija por un dolor de cuerpo y fiebre, no puedo decir

que tenía más nada, porque ni siquiera lo del embarazo yo lo sabía”.

forman en risas y otras veces en llanto. Recuerda que de niña, Rosaura era muy inquieta y se sabía defender muy bien. “Ella mordía a los niños cuando le agarraban sus muñecas, pero también

Ante la noticia del embarazo, Rosa dice que se sintió un poco mal porque no se lo esperaba pero aún así le brindó apoyo a su hija. Sin embargo, una vez confirmada la leucemia, también dice que le manifestó a los médicos que si su hija estaba tan enferma lo mejor era interrumpir ese embarazo que apenas era de cuatro semanas.

El padre del futuro bebé, un joven de 21 años con quien Rosaura sostenía un noviazgo de más de un año, también era de la opinión de que si la vida de la joven peligraba le hicieran el aborto. Sin embargo, estas declaraciones nunca fueron reseñadas en prensa, como tampoco quién era esta joven ni cuáles era sus sueños.

Hablar de su hija, produce en Rosa Hernández un encuentro de emociones que a ratos se trans-

lloraba de nada”.

Rosaura fue la hija única de Rosa Hernández, quien es maestra de educación básica en el colegio Eduardo Brito del Municipio Pedro Brand, uno de los municipios más pobres de Santo Domingo.

“Tenía 8 años cuando llegamos a este municipio, estudió en la Escuela Eduardo Brito hasta octavo y se llevaba mejor con los varones de su curso, por considerarlos menos chismosos”, dice su mamá con una media sonrisa.

Rosaura quería ser arquitecta. “Leía muchos artículos sobre arquitectura. Ella tenía muchos sueños…” cuenta Rosa con la voz quebrada.

En su cuaderno de poemas hablaba de sus dos grandes amigas: Lorena y Yessemil y sus escritos reflejaban a una joven llena de vida.

Al hablar de la relación de Rosaura con su

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familia, Rosa dice que su hija era muy querida y que en especial Alex de 18 y Angelito de 16 sufrieron mucho con la muerte de su prima.

“Mi hija tenía muchos ganas de vivir, incluso hospitalizada me decía: mami, menos mal que estás consiguiendo todo el dinero de las medicinas. Mami, no gastes todo el dinero para que cuando salgamos vayamos a comprar los útiles escolares, porque yo estoy en cuarto mami y ya yo voy a terminar”.

(Cuenta Rosa entre llantos).

Pero Rosaura nunca volvió a su casa y se quedó con la ilusión de culminar sus estudios, de reencontrarse con su papá, Antonio Almonte a quien no veía desde que tenía tres años; y de conocer los ríos de Lomas de Cabrera, el pueblo natal de su mamá. Al menos, tuvo tiempo de despedirse de Rosa con la frase que siempre le decía: “te amo mami”.

Con voz llorosa pero determinada, la mamá de Rosaura dice que “llegará el día en que se sepa lo que pasó de verdad con mi hija”.

CAROLINA ACUÑA DELGADO

EL 17/08/2012 06:50 P.M.

¿Quiénes son responsables de la muerte de Esperancita?

Murió Esperancita.

Hoy es día de luto y vergüenza para el país.

Había conciencia de que el embarazo la ponía en alto riesgo, pero prefirieron arriesgar su vida e imponerle una inmolación a realizarle el aborto terapéutico. Lo que se hizo con Esperancita constituye un acto de tortura, cruel e inhumano.

A falta de la divulgación completa y transparente de resultados de autopsia –cosa poco probable en este país de jerarcas todopoderosos y autoridades miedosasquizás nunca sepamos a ciencia cierta lo que ocurrió. Pero de confirmarse que la paciente murió de hemorragia uterina tras la expulsión espontánea del embrión, sus médicos, las autoridades de salud y los defensores a ultranza del derecho a la vida del cigoto, tendrán mucho que explicar.

En efecto, a los fanáticos religiosos que promovieron el Art. 37 de la Constitución y que duran-

te años han bloqueado la despenalización del aborto terapéutico les corresponde una grave responsabilidad moral por esta tragedia. Pero en última instancia, las mujeres dominicanas que mueren porque se les niega el derecho a interrumpir un embarazo que amenaza su salud son víctimas de feminicidio de Estado.

Al mantener vigente la prohibición absoluta del aborto, las autoridades dominicanas violan flagrantemente el Art. 42 de la Constitución que, a nombre del Derecho a la integridad personal, establece que nadie puede ser sometido a procedimientos que impliquen la pérdida o disminución de su salud, como tampoco podrá ser sometido a procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Como es bien sabido, en el caso de Esperancita, dichas

Quehaceres 12 normas prescribían la interrupción del embarazo y el inicio inmediato de la quimioterapia, cosa que por supuesto no se hizo.

Las miembras de la Colectiva Mujer y Salud estamos conmovidas e indignadas, como lo está ese amplio sector de la sociedad dominicana que no acaba de entender el razonamiento moral que en nombre de la vida le niega a la persona enferma el acceso oportuno a tratamiento médico.

Entendemos que el Estado dominicano tiene que responder por la vida de Esperancita y por las potenciales víctimas que seguirá llevándose la arcaica e inhumana legislación dominicana. Esta muerte no puede quedar impune.

Demandamos que el caso de Esperancita se investigue hasta las últimas consecuencias y se establezcan las responsabilidades de lugar. El Congreso Nacional tendrá en la recién iniciada legislatura la oportunidad de corregir la infamia del Art. 317 del Código Penal y restituir a las mujeres dominicanas el derecho a la vida.

Esperemos que las nuevas autoridades se comporten a la altura que las circunstancias históricas les demandan y corrijan de una vez por todas esta grave afrenta a la dignidad y a los derechos de las mujeres.

COLECTIVA MUJER Y SALUD REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN PÚBLICA EL ESTADO DOMINICANO IRRESPETA GRAVEMENTE LA VIDA Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES En cumplimiento de sus principios éticos y políticos de acción, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, articulación regional de organizaciones que defienden la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, expresa su profunda pena e indignación por el fallecimiento de Esperanza, adolescente embarazada a quien el Estado dominicano negó el aborto terapéutico que requería con urgencia, puesto que sufría leucemia.

Al mismo tiempo, el sistema de salud de dicho país retrasó inútilmente su tratamiento de quimioterapia para proteger al producto de la gestación, lo que hizo progresar aceleradamente su enfermedad hasta producirse el desenlace ya conocido. Esto fue una forma de violencia y tortura inaceptables.

Denunciamos, por lo tanto, que su muerte es un femicidio ejecutado por alianzas político-religiosas que, al mantener en República Dominicana leyes que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, y al aprobar el Artículo No. 37 de la Constitución que establece “que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”,niegan a las mujeres priorizar por su propia vida.

Como articulación regional de organizaciones históricamente comprometidas con la autonomía de las mujeres sobre su vida, su sexualidad y reproducción, la RSMLAC expresa que el Estado dominicano no puede sustraerse de cumplir con la protección del derecho a la vida de las mujeres consagrado en el ordenamiento jurídico internacional que él mismo ha ratificado. Asimismo, está obligado a respetar el artículo 42 de la Constitución del país, que señala que la integridad personal debe estar garantizada, por lo cual nadie puede ser sometido a procedimientos que impliquen la pérdida o disminución de la salud, cual fue el caso de Esperanza.

La persistente y perversa intervención de la jerarquía católica y sectores aliados, con la imposición de dogmas y códigos morales sobre una ciudadanía diversa, están sobre la base de estos hechos dolorosos que han culminado con la muerte/femicidio de Esperanza, y que pueden volver a ocurrir afectando, en especial, a las mujeres pobres, a las adolescentes, y en general a todas aquellas que carecen de información y medios suficientes para acceder a abortos seguros.

Lo que pone de manifiesto la injusticia social que rodea al aborto clandestino, pues en situaciones de clandestinidad, las mujeres que tienen recursos siempre podrán acceder a intervenciones seguras sin que recaiga sobre ellas ninguna condena social ni riesgo de vida.

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, por lo tanto, hace llegar su apoyo y solidaridad a todas las mujeres dominicanas y a las organizaciones que trabajan en su defensa, y se compromete a continuar luchando para exigir el pleno respeto del Estado laico y el rechazo a todo tipo de fundamentalismos.

Asimismo, y en consonancia con la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, persistirá en la denuncia de las leyes punitivas que atentan contra el derecho humano de las mujeres a la salud, contra su libertad y dignidad, tal como ha sido reconocido internacionalmente por el informe provisional de fecha 3 de agosto de 2011, de Anand Grover, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE - RSMLAC SANTIAGO, AGOSTO 2012.

Foro Feminista RECHAZAMOS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL Y DEMANDAMOS RESPETO A DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES El Foro Feminista declara como inaceptables, por desconocedoras de derechos humanos de las mujeres las disposiciones contenidas en el Proyecto de Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura en el mes de octubre por la Cámara de Diputados.

El texto aprobado contiene artículos que representan retroceso y negación de derechos fundamentales de las mujeres, derechos que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como los consignados en la Ley 24-97 que introdujo modificaciones al Código Penal vigente. Destacan entre esas disposiciones, las siguientes:

ELIMINACIÓN DE LA SANCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

En el texto de la propuesta de Código Penal elimina la sanción a la violencia de género contra las mujeres. Es decir que de aprobarse ese Código Penal sólo se reconocerá como violencia contra las mujeres la que se produce entre miembros de una familia, desconociendo la realidad de violencia que

enfrentan diariamente las mujeres en otros ámbitos de socialización, como centros educativos, organizaciones sociales, comunitarias o políticas.

Esto constituye un grave retroceso respecto a al 24-97.

Quehaceres 13 prisión menor. La reducida sanción a este tipo de violencia ignora la dimensión y nocivas repercusiones que tiene el acoso sexual en la vida de quienes deben enfrentarlo.

la misma que se estipula para quien comete un robo simple.

SE SANCIONA COMO FEMICIDIO SÓLO EL ASESINATO DE UNA MUJER CUANDO ES COMETIDO POR SU PAREJA ACTUAL O PASADA Aunque incorpora la figura del femicidio, el nuevo proyecto de

SÓLO CONSIDERA GRAVE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CUANDO SE CAUSE LA MUERTE DE LA VÍCTIMA, UNA INCAPACIDAD PERMANENTE O POR MÁS DE 90 DÍAS

La propuesta de Código Penal condiciona a “daños corporales de consideración” las circunstancias agravantes de la violencia doméstica o intrafamiliar. Sólo se considera agravante cuando causa la muerte a la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días. En contraste, en la 24-97 las agravantes dependen de las circunstancias en que se comete el hecho, como portando armas o en presencia de niños/as, condiciones referidas a los hechos cometidos por el agresor y no a los daños ocasionados y verificables en el cuerpo de la víctima.

REDUCE LA PENA AL ACOSO SEXUAL

El acoso sexual se sanciona en este proyecto de Código Penal con un día a un año de prisión menor, es decir, la cuantía más baja de penas dentro de la escala de

ENCUBRE UNA VIOLACIÓN SEXUAL A UNA MENOR DE EDAD

Dentro de las infracciones de la sección “puesta en peligro de los menores de edad”, se ubica el atentado sexual contra una persona menor de edad quien ha sido sustraída de la casa parental, castigándose ese hecho con una pena de dos a tres años de prisión menor. Esa sanción es diez veces más baja que la establecida para la violación de un/a menor de edad y

Código Penal lo restringe a la relación de pareja, con lo cual excluye todos los asesinatos de mujeres que se producen por su condición de mujer fuera de ese vínculo.

SE SANCIONA LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS

Se mantiene la retrógrada criminalización del aborto, desatendiendo reclamos sostenidos y fundamentados de las mujeres por la eliminación de esas penas, en

reconocimiento de una realidad de miles de dominicanas de escasos recursos que cada año arriesgan su salud y sus vidas con abortos clandestinos e inseguros. La penalización del aborto en todas las condiciones constituye una violación a derechos humanos de las mujeres: su derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la dignidad, a la libertad de conciencia y de cultos, y derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

A través de estas disposiciones u omisiones el proyecto de Código Penal desconoce convenios internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado dominicano, así como a la misma Constitución de la República que en su Artículo 42 inciso 2) establece lo siguiente: “Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.

Frente a esta grave amenaza, demandamos de la Cámara de Diputados la modificación o eliminación de las disposiciones contenidas en el proyecto de Código penal y que implican retroceso o impunidad ante la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

SANTO DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE, 2012

ENFOQUE DE GÉNERO EN LA LEY…

Siempre un desafío para el Estado La lucha por la transversalización de la perspectiva de género en el repertorio legislativo de América Latina y e Caribe, ha sido un proceso largo y difícil, pero que resulta fundamental para poder visualizar las inequidades entre hombres y mujeres y abrir caminos para su superación. Se trata de un enfoque cuya efectividad, en materia legal, necesariamente depende de que sea asumido desde el Estado. En República Dominicana, ésta sigue siendo una lucha contracorriente, pues aun cuando han habido avances en áreas muy específicas, pareciera que se estuviera sosteniendo una herejía y cada vez que se hacen propuestas partiendo de este enfoque es necesario ir al campo de batalla una y otra vez a este respecto.

En materia de violencia de género, República Dominicana ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem Do Pará) en 1996, y en 1997 se adoptó la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, que vino a modificar el Código Penal, introduciendo reformas legislativas con cierto enfoque de géne-

ro, que para la fecha eran avanzadas. Esto produjo la instauración posterior de todo un sistema de atención a casos de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, aunque solo desde las instancias penales.

Partiendo de lo anterior desde inicios de 2011 se gestó una iniciativa de creación de una Ley integral que abordara la problemática de la violencia contra las mujeres, la cual regularía el accionar estatal desde diferentes sectores que pudieran diseñar y ejecutar políticas públicas al respecto, y que no solo se aborde el problema desde la parte coercitiva y sancionadora, incluyendo así los componentes fundamentales de la prevención, la atención y la búsqueda de la erradicación de este fenómeno social.

El proceso de materialización de esta iniciativa legal resultó muy interesante, debido al carácter multisectorial de los participantes en la misma y el estilo democrático que primó durante el proceso convocado por iniciativa de la Procuraduría General de la República a un equipo interinstitucional e intersectorial, que estuvo compuesto de parte del Estado por: la

Quehaceres 14 Procuraduría General de la República (institución convocante), Suprema Corte de Justicia, Ministerio de la Mujer, la oficina del Senador de San Juan de la Maguana; y por parte de la sociedad civil por: Profamilia, Colectiva Mujer y Salud, Centro de Estudios de Género de INTEC, Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM) y el Foro Feminista; con el interés de hacer un debate consensuado, para construir un marco legal adaptado a las nuevas circunstancias en las que se viene desarrollando la violencia basada en género.

Este proceso consistió en un trabajo de redacción, debate y diversas consultas tanto a los-as actores-as del sistema que trabajan el tema conforme la normativa vigente, como también a expertos-as internacionales; además se hizo una revisión de toda la normativa penal y procesal penal vigente, analizando en qué forma se está garantizando la perspectiva de género.

El proceso culminó en julio de 2012, con el depósito del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres ante el Comisión de Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, justo en medio del período de transición entre el gobierno saliente y el entrante, para que antes de que finalizara la legislatura correspondiente, el Poder Ejecutivo hiciera el depósito del proyecto ante el Congreso de la

República. Sin embargo, al final, el proyecto de ley entró al Congreso a través del senador de San Juan de la Maguana, quien había participado en los debates durante algunos meses y se adelantó a la Comisión en el depósito del mismo por ante el Senado de la República, haciendo extracción de los artículos atinentes a la violencia contra la libertad reproductiva, muy específicamente el impedimento de la interrupción del embarazo.

Actualmente, el proyecto de ley está siendo conocido por la Comisión de Familia y Equidad de Género del Senado, a la espera de que se invite a una Comisión Asesora proveniente del equipo interinstitucional e intersectorial que elaboró la propuesta. Los artículos que fueron extraídos están siendo sopesados por la Comisión apoderada para ser reintroducidos a petición de las organizaciones que trabajaron en la propuesta y de algunos organismos internacionales que se han manifestado al respecto.

La ley adoptada será de carácter orgánico, por lo cual entra en un nivel más difícil para su modificación posterior, pues se requerirá de las 2/3 partes de votos favorables en cada cámara para ello. Sus disposiciones serán de orden público, de interés social y de aplicación en todo el territorio nacional, orientadas a la regulación de políticas públicas para garantizar al reconocimiento, respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En la propuesta de ley se definen los diferentes ámbitos en los cuales aumenta el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres a

ser víctimas de violencia y por tanto requieren de la intervención del Estado a través de políticas públicas. Dentro de los diferentes ámbitos se señalan algunos que resultan innovadores para la legislación dominicana, como son la violencia en el ámbito comunitario1, violencia en el ámbito educativo2, violencia en el ámbito institucional3, violencia mediática4, ciberviolencia5, violencia transfronteriza6, violencia ginecobstétrica7.

Por otro lado, el proyecto establece que la violencia contra las mujeres puede manifestarse de diferentes formas o tipos, como son la física, sicológica o emocional, sexual, contra la libertad reproductiva o económica y patrimonial.

La mencionada violencia contra la libertad reproductiva implica el impedimento a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos; también las acciones u omisiones que discriminan y transgreden los derechos de las mujeres a acceder a los métodos anticonceptivos, el derecho a disfrutar del progreso científico en materia de salud reproductiva y al derecho de acceder a los tratamientos de problemas de infertilidad y de prevención de la transmisión vertical del VIH. La violencia contra la libertad reproductiva se manifiesta también a través de la prohibición de la interrupción del embarazo en casos de incesto, violación o cuando peligra la salud o la vida de las mujeres.

Una de las innovaciones que promueve este proyecto de ley es la tipi-

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Carteles de Mujeres revueltas. Diseño: Norca Amézquita. Fotografía: Fer Figheras

ficación del feminicidio para el caso del homicidio de una o varias mujeres, en nueve situaciones específicas, en condiciones que se enmarcan como un crimen de género.

También en este proyecto de Ley, se instaura la creación de un Fondo especial para mujeres víctimas de violencia, que saldrá de los fondos obtenidos por las sanciones económicas impuestas por infracciones cometidas a la propia ley, y tendrán por objetivo aportar al financiamiento de los programas y servicios contemplados en la misma.

Además, se establecen cuatro tipos de programas especializados relacionados a esta materia: Programa de recuperación integral para las mujeres víctimas de violencia; Programas de intervención para hombres con conductas agresoras; Programas de protección para niños, niñas y adolescentes victimas feminicidio; y Programas de autocuidado y apoyo para el personal que trabaja en violencia contra la mujer.

Igualmente, se establece una responsabilidad social para empleadores/as y medios de comunicación frente al compromiso de prevención, detección, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Además, por primera vez, se configura el procedimiento a seguir en casos de acoso laboral y las sanciones que este conlleva.

En definitiva, con la aprobación de este proyecto de ley se llenarían muchos vacíos que tiene el actual sistema de prevención, detección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las muje-

res, debido a su operatividad preponderantemente coercitiva.

Está claro que queda un largo y arduo camino por recorrer para que las conquistas jurídicas se reflejen en cambios sociales y políticos. Pero también es seguro que los logros alcanzados a través de la aprobación de normativa con enfoque de género, asegura la igualdad de derecho, y se constituye como base esencial en la construcción de la igualdad de hecho.

1

Se refiere a los actos colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito público.

2

Definida por conductas cometidas por el personal docente, administrativo o estudiantil que atenten contra la autoestima o la integridad emocional o sicológica de las alumnas, mujeres del personal administrativo y maestras, a través de cualquier manifestación de violencia, basada en el género, en el ámbito académico.

3

Configurada por actos u omisiones de las y los servidores públicos, profesionales, personal o agentes pertenecientes a cualquier institución pública o privada que discriminen, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, además, los actos de violencia que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, religiosas, deportivas y de la sociedad civil, incluye también los actos de violencia cometidos contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas.

4

Comprende la publicación o difusión de mensajes o imágenes, visuales o audiovisuales estereotipados o misóginos que promuevan de manera directa o indirecta, relaciones de dominación o discriminación hacia las mujeres, o bien denigren, injurien, difamen, deshonren, humillen o atenten contra la dignidad de las mujeres, legitimando la desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales generadores de violencia contra las mujeres.

5

Comprende toda conducta atentatoria contra el bienestar emocional, sicológico o económico de las mujeres, empleando medios electrónicos.

6

Configurada por uno cualquiera de los tipos de violencia enumerados en la propuesta de ley, en los casos en que involucra como víctima o sujeto agresor a personas caracterizadas como “habitantes fronterizos”, conforme la definición establecida en el Reglamento de la Ley General de Migración;

7

Es la violencia ejercida en los centros de atención a la salud, cuando es realizada por el personal de salud, expresada en un trato deshumanizado, negligente, humillante, grosero, discriminatorio o misógino.

CLAUDIA SALETA

CAMPAÑAS QUE UNEN AL MUNDO PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Siempre se ha dicho que para la lucha de la violencia contra las mujeres son ellas quienes deben involucrar y/o motivar a los hombres. Sin embargo, desde 1991, en Canadá, la Campaña del Lazo Blanco (WRC) por sus siglas en inglés, es impulsada por hombres que decidieron que tenían la responsabilidad de instar a otros, a todos los hombres a hablar sobre la violencia contra la mujer.

Un símbolo sencillo, como lo es usar un lazo blanco, hoy día compromete a miles de hombres en toda Canadá, Australia, el Reino Unido y más de cincuenta países a “nunca cometer, tolerar o permanecer en silencio acerca de la violencia contra las mujeres y las niñas”.

Aunque también participan mujeres en la WRC, la atención se centra en educar a los hombres y los niños

mediante la discusión del tema, la producción de materiales educativos y el trabajo en asociación con organizaciones de mujeres, el sector empresarial, medios de comunicación y otros socios para crear un futuro sin violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 06 de diciembre, aniversario de la masacre de 1989 en la Escuela Politécnica de Montreal, Canadá,donde Marc Lépine de veinticinco años de edad, armado legalmente con un rifle semi-automático y clamando que estaba “luchando contra el feminismo” disparó contra numerosas estudiantes, matando a catorce de ellas antes de suicidarse, la campaña del lazo blanco se hace más visible con movilizaciones

y actividades alusivas a la violencia contra la mujer.

Aunque no descartan su preocupación por los actos de violencia de las mujeres contra las mujeres o contra los hombres, quienes dirigen la WRC consideran que éstos actos no son tan frecuentes como la violencia de los hombres contra las mujeres y que a diferencia de la violencia de algunas mujeres contra los hombres, la violencia cometida por algunos hombres contra las mujeres, es socialmente aceptada y está profundamente arraigada en las creencias de la superioridad y del supuesto derecho que ellos tienen de controlar la vida de “sus” mujeres.

La meta de la WRC es que cada vez más hombres y niños de cualquier tendencia política, religiosa, grupo étnico y racial participen en esta campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Di NO – ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres Desde 2008 BanKi-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, emprendió Di NO- ÚNETE, una campaña enfocada en prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todos los lugares del mundo.

Di NO-ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres ,ha desarrollado un trabajo en África, Asia y América Latina y el Caribe, haciendo un llamado a los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y a todo el sistema de las Naciones Unidas para unir fuerzas con el fin de atender lo que consideran una pandémica mundial contra mujeres y niñas.

En América Latina y el Caribe, los tres pilares de ÚNETE son: No más impunidad, buscando fortalecer las instituciones públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas implementando leyes y servicios públicos existentes que brindan atención a las víctimas/sobrevivientes.

No más víctimas, promoviendo un enfoque preventivo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, trabajando en escuelas y comunidades para transformar las relaciones de género y promover la resolución de conflictos sin violencia.

Es responsabilidad de todos, motivando la movilización social y la participación proactiva de socios no tradicionales, especialmente hombres jóvenes.

Para 2015, Di NO-ÚNETE se enfoca en alcanzar los siguientes cinco objetivos en todos los países:

• Adoptar y hacer valer las leyes nacionales para tratar y castigar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

• Adoptar e implementar planes de acción nacional de sectores múltiples.

• Fortalecer la recopilación de datos sobre el predominio de violencia contra mujeres y niñas.

• Aumentar la conciencia del público y la movilización social.

• Tratar la violencia sexual durante conflictos.

CAROLINA ACUÑA DELGADO

Quehaceres Publicación del

Centro de Investigación para la Acción Femenina

DIRECTORA EJECUTIVA Magaly Pineda

Calle Hernán Suárez, Bloque III N°5, Cacique II Teléfono (809) 535-2696 Fax (809) 535-2599 cipaf@claro.net.do www.cipaf.org.do

AÑO XXXII NÚMERO 1 NOVIEMBRE 2012

EDITORA Carolina Acuña Delgado FOTOGRAFÍA Lorena Espinoza

DIAGRAMACIÓN Ivelisse Alvarez IMPRESIÓN Editora Búho