Centro de Investigación para la Acción Femenina Santo Domingo República Dominicana AÑO XXXIII NÚMERO 1 NOVIEMBRE 2013
Quehaceres
25 DE NOVIEMBRE
Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
EDITORIAL Es este el cierre de un doloroso recuerdo de Manolo Tavárez Justo y sus 28 compañeros asesinados en las “escarpadas montañas de Quisqueya“ donde marcharon para exigir con su lucha y su sacrificio la vuelta al gobierno libérrimamente elegido por el pueblo, no solo por el terrible dolor de ver que el grito de “NI una Muerta Más “ no solo no se cumple sino que pasan de 100 las mujeres que de enero a octubre han sido víctimas de maridos, exmaridos, novios y exnovios, fieles exponentes de esa masculinidad tóxica que trasmite y reproduce el Patriarcado. Y aún hay más dolor. La aberrante Sentencia 168 del Tribunal Constitucional que promueve el genocidio civil de miles de dominicanos de ascendencia haitiana hiere de muerte el Estado de Derecho y nos deja a todos, no solo a los que se pretende desnacionalizar indefensos, huérfanos de justicia y sin ninguna de las garantías que años de civilización, nos habían legado. Nunca antes tomó tanta fuerza la frase del poeta John Donne “La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca pregunten por quién doblan las campanas: doblan por ti.” Y todavía queda más dolor, pues como bien denunciara a el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”, los niños, niñas, o adolescentes que han sido traumatizados por el abuso sexual clerical en vez del apoyo solidario que merecen solo han encontrado “la irresponsabilidad criminal con que las autoridades de la Iglesia Católica siguen manejando los casos de pederastia sacerdotal. Es entonces este Quehaceres, que conmemora una vez más el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un Quehaceres lleno de hondos pesares que solo se alivian un poco gracias a esa omnipresencia “del amor que nos hace siempre ser mejores” materializada en el libro “Mañana te escribiré otra vez” en el que Minou Tavárez Mirabal amorosamente recoge una buena parte de las cartas que intercambiaron Minerva y Manolo antes de que la cruel mano del tirano y más tarde las de sus herederos troncharan su jóvenes y promisorias vidas.
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1. Maritza Feliz, 2. Mercedes Pappaterra, 3. Mariví Arregui, 4. Antonia Ferreira, 5. Sergia Galván, 6. Carmen Alonso, 7. Isis Montes de Oca, 8. Ana Teresa Rodríguez, 9. Miriam Zapata, 10. Elsa Ramírez, 11. Maritza Burgos, 12. Magaly Pineda, 13. Nelsy Aldebot, 14. Ángela Hernández, 15. Virginia Álvarez
Historia de noviembre Es curiosa la manera en que las historias se pierden o distorsionan, no ya de generación en generación, también a pocos años de sucedidas. En estos comienzos de noviembre, me sorprendió que algunas de las jóvenes mujeres activistas que se han incorporado a la causa de la demanda por los derechos humanos de las mujeres, desconocen la crónica verdadera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si no la saben ellas, que será del resto, me dije, comprometiéndome a relatar las circunstancias en que se instituyó ese día conmemorativo. El Día Internacional por la No Violencia Contra las Mujeres, se decidió durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en julio de 1981 en Bogotá, Colombia, y sus promotoras fueron las dominicanas Magaly Pineda y Ángela Hernández que participaban en el mismo. En esa reunión, se pensó en la necesidad de un día emble-
mático y para esos fines, se solicitó a todas las participantes de la región que sugirieran una fecha simbólica para sus países. Así, casi al finalizar el encuentro, se eligió unánimemente el 25 de noviembre, propuesto por las compañeras dominicanas, en memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, en 1960. Magaly Pineda, conocida activista política ya para la época por su participación desde la universidad en el movimiento de resistencia contra la dictadura de Trujillo, ya al frente del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), del que fue su creadora y ya con un accionar desde el feminismo. Al regreso del Encuentro, Magaly propuso un espacio de coordinación nacional para realizar la primera actividad pública del 25 de noviembre en República Dominicana, realizándose una semana de denuncia, incorporando también violencia en el trabajo, violencia social,
violencia sexual y violencia doméstica. Posteriormente, siendo Gladis Gutiérrez diputada por el PLD, presentó la propuesta al Congreso dominicano que determinó, también a unanimidad, el carácter oficial del 25 de noviembre como fecha conmemorativa nacional del Día de la No Violencia Contra la Mujer. Lo demás es historia, y más de 10 años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, declaró para el mundo entero, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse anualmente cada 25 de noviembre. En aquellos años, muchas dominicanas estuvimos de acuerdo que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debía encabezar la agenda de las latinoamericanas y caribeñas y seguimos a Magaly y a Ángela en su propuesta. Hasta hoy, en que aún reivindicamos el origen feminista de esta historia. Susi Pola
¡Viva el Amor que siempre nos hace ser mejores! 53avo Aniversario de las Bodas de Minerva Mirabal & Manolo Tavárez Justo. Estoy segura de que la mayoría de los aquí presentes además de la nostalgia han llegado aquí como yo misma llego a ustedes desde estas cartas: en busca del mensaje de dos de nuestros héroes nacionales. Ambos, como saben, fueron asesinados por agentes del Estado y a pesar de las certezas acerca de quienes dieron las órdenes, de quienes fueron sus ejecutores y sus cómplices, para escándalo y vergüenza de cada uno de los que estamos aquí algunos de ellos siguen todavía presentes en la vida pública. La justicia no nos dejó el alivio que sanara nuestras heridas y que nos permitiera crecer como país, como comunidad política, como nación de un mundo más que complejo. Y no existe un solo país en ese mundo que haya podido superar el horror y la muerte sin justicia. Todo el que lo desconozca fracasará. Esa es una de
las razones por las que he apoyado la creación de una Comisión de la Verdad, aún con el temor de que quienes la nombren incluyan en ella a autores del oprobio. Todo ha sido el resultado -amplificado con los añosde conductas que demostraron su fracaso casi de inmediato. Es verdad que ética y política no son lo mismo. Pero caminan juntas. Si las confundimos construimos figuras que terminan siendo absolutamente incapaces de enfrentar los desafíos de una política democrática. ¿Qué ha sido nuestra historia política sino la repetición cíclica de la construcción de impunidades desde que quedó instalada la idea del “borrón y cuenta nueva” para ganar una elección? Nuestra práctica política no se concibe sin la adhesión al caudillo, sin la cercanía a los peores hábitos, sin cargar y arrastrar el pesado fardo de los crímenes, las cárceles, las torturas. Hasta un día.
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Buscando las “escarpadas montañas de Quisqueya” observamos la grave crisis institucional que hoy vivimos. No hace falta ser expertos para hacer tal reconocimiento. Hace falta ser honestos. Nuestro poder legislativo es, a todas luces, una muestra del deterioro institucional. La forma en que se están realizando los debates, el irrespeto a los reglamentos y a la ley, que por su frecuencia ya ni siquiera llaman la atención, debe ponernos en alerta. La situación y la legitimidad de las llamadas Altas Cortes resultan para todos tan preocupantes, que ni vale la pena mencionar. Los partidos políticos, importantes instituciones de la democracia, se debaten en una crisis cuyos voceros se empeñan en negar pues todavía consiguen votos en las elecciones. Pero los partidos no son sólo para ganar elecciones. Los partidos deben ser la expresión de la sociedad política, organizada para tener un mejor país y para tener más democracia. Es una mala señal que los debates políticos se hayan trasladado a los tribunales porque estos no pueden ser el lugar de ejercicio de la política: la judicialización de la política no es buena ni para la política ni para los tribunales. La crisis de los partidos políticos es, en mi opinión, uno de los peligros mayores que debemos enfrentar y lo digo con responsabilidad porque siento que estamos llegando al punto en que a estas instituciones se les está agotando la oferta.
Así, la democracia y las más importantes reivindicaciones sociales se han ido quedando relegadas mientras las instituciones se han ido transformando en servidoras de intereses cada día mejor identificados y más temidos. El primer paso para ascender hoy a las “escarpadas montañas de Quisqueya”, para alcanzar su Pico Duarte, la más elevada de todas, quizás consista en reconocer que la línea que nos divide ya no es la que trazaron los llamados grandes caudillos. Hoy, avanzado el siglo XXI, tenemos el desafío de reconocernos en lo que en realidad debe unirnos: la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra la pobreza, la justicia, la democracia y la paz. Algunos se preguntarán si estas cartas son en sí mis-
mas un documento político. La respuesta es no pero también es sí. Este epistolario de amor nos muestra el carácter, el temple, la nobleza y la verticalidad de esos dos seres que lo dieron todo para que fuéramos lo que todavía no somos. Cincuenta años después de Manaclas1, frente a estas “escarpadas montañas de Quisqueya”, la unidad de quienes creemos y luchamos por la democracia es urgente, porque de nuestra cultura dos veces milenaria aprendimos que sólo se cambia lo que se ama. Y también que, como dice el Evangelio, no se pone el vino nuevo en odres viejos. Y Todo el que lo desconozca fracasará. ¡Viva Manolo Tavárez Justo! ¡Viva Minerva Mirabal! ¡Viva la República Dominicana!
Fragmentos de las palabras de Minou Tavárez Mirabal en la presentación del libro “Mañana te escribiré otra vez” MINERVA Y MANOLO. CARTAS 20 de noviembre de 2013. Universidad Autónoma de Santo Domingo.
1. El 21 de diciembre Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo), líder del Movimiento 14 de Junio y viudo de Minerva Mirabal, es fusilado en Manaclas, San José de las Matas, en la Cordillera Central junto a 28 combatientes integrantes de una resistencia armada en demanda del retorno a la vida constitucional tronchada por el Golpe de Estado al gobierno libremente elegido del Presidente Juan Bosch en septiembre de ese mismo año.
“La Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres no parte de cero, se basa en los compromisos asumidos por el Estado dominicano ante la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos” Es una ley integral, amplia y complementaria, que actualmente se encuentra en espera de aprobación en la Cámara de Diputados de la República. En opinión de Alina Ramírez, abogada e integrante del Foro Feminista y del equipo redactor de este proyecto de Ley, “es de las pocas leyes que se ha formulado de manera multisectorial, con un equipo conformado por sociedad civil y el Estado, por personas con diferentes experiencias relacionadas con el tema. En esta propuesta de Ley se vinculó la práctica
y la teoría, el enfoque de derechos y la realidad”. Señala que el trabajo y los procesos de consulta fueron amplios, por lo que la Cámara de Diputados tiene en sus manos una ley que no fue hecha por unos consultores en sus computadoras, sino que parte de la realidad y de las lecciones aprendidas en la aplicación de la legislación vigente, lo que le da riqueza. En conversación para Quehaceres, Alina Ramírez destaca los alcances de esta ley, así como el proceso vivido por los diferentes
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mujeres, como la violencia gineco-obstétrica, la ciberviolencia y el acoso laboral.
sectores que han incidido en ella, y el papel desempeñado por el movimiento feminista y la sociedad civil para tener una ley que responda a las necesidades de protección contra la violencia, con inclusión social.
También estamos planteando medidas o penas alternativas a la cárcel, porque consideramos que no todo nivel de violencia es igual, y por tanto, aunque todo acto de violencia debe ser sancionado y nunca conciliado, hay casos en que la sanción puede ser distinta de la privación de libertad. La ley plantea penas alternativas, como trabajo comunitario y asistencia obligatoria a terapia reeducativa.
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P: ¿Por qué otra Ley de protección a la mujer? R: Lo que hay actualmente como entramado institucional y legal, no es suficiente, no ha sido efectivo para enfrentar de manera contundente la violencia contra la mujer. Sabemos que en el fondo lo que hay es falta de voluntad política para enfrentar este problema social, no se ha dado respuesta efectiva, y por eso esta ley intenta atar los cabos sueltos, suplir los vacíos existentes y avanzar en los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres que sufren violencia por su condición de género, por ejemplo en la estrategia de prevención, en definir la responsabilidad de los diferentes actores responsables en atender a las mujeres que sufren violencia, en la asignación de presupuesto, pues si no hay recursos económicos será sólo una ley más sin aplicación en el país. En esta Ley además se incluye la protección, a través del mandato de medidas especiales, a colectivos de mujeres que enfrentan mayores niveles de violencia ante la concurrencia de múltiples condiciones de exclusión y discriminación social, como la diversidad funcional o
discapacidad, el estatus migratorio irregular, la seroprevalencia positiva (VIH+), o la diversidad sexual. Alina precisó que “no se está derogando ninguna ley, por el contrario, se toman decretos ejecutivos como los de la creación de las Casas de Acogida y de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI), y se les amplia cobertura y/o atribuciones, al tiempo que se les da rango de ley, asegurando así la continuidad institucional. Retoma y articula normativa e instituciones ya creadas pero que en la práctica no han funcionado o lo hacen en contextos de muchas restricciones, de allí la necesidad de fortalecerlas, tal es el caso de las normas contra la violencia de género e intrafamiliar vigentes en el área de la salud”. En otras palabras, esta ley no parte de cero, se basa en los compromisos asumidos por el Estado domi-
nicano ante la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos, en la legislación vigente y en las necesidades de protección de los derechos de las mujeres identificadas en diferentes estudios. Se revisaron leyes más avanzadas de otros países, se consultó a expertos y expertas, entre las que figura Ana Carcedo, reconocida abogada costarricense experta en feminicidio, quien consideró que esta propuesta de ley sobre violencia contra las mujeres se trata de toda una política pública, dado lo abarcador de su contenido. Esta ley tiene también un efecto reeducativo, las personas difícilmente cambian un comportamiento abusivo por convicción, muchas veces el poder persuasivo para evitar el delito está en el temor a la sanción. En ese sentido se han incluido también tipos penales que no han sido contemplados en el Código Penal y que constituyen manifestaciones de violencia contra las
P: ¿Cuál ha sido el proceso para la redacción de esta ley? R: En el año 2011 la Procuraduría General de la República, de manera específica la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxana Reyes, inició un proceso de consulta, de análisis crítico sobre la Ley 24-97. Convocó entre otros al Ministerio de la Mujer, a la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, así como a organizaciones feministas y de la sociedad civil, fue un proceso amplio donde se analizó la situación de la violencia contra la mujer y las debilidades y fortalezas de la Ley 24-97. Cabe recordar y destacar que la Ley 24-97 es un hito en la historia de la República Dominicana, antes de esta ley nunca se había considerado la violencia contra la mujer como un asunto de justicia y un problema social. Pero, la Ley 24-97 fue una modificación al Código Penal y por tanto su naturaleza es penal, se trata de la persecución del
delito y sanción al culpable, de tal manera que no contempla todas las demás estrategias que requiere el abordaje efectivo de la violencia contra las mujeres, como la prevención y la atención integral, y es en este contexto es que se da ese proceso de consulta y análisis de las limitantes de la Ley 24-97. Por otro lado, en el año 2011, el Senador por San Juan de la Maguana Félix Bautista formula un anteproyecto de Ley sobre feminicidio y convoca a un conjunto de instituciones del Estado y de la sociedad civil para escuchar sus opiniones. Aprovechando puntos de coincidencia entre ambos esfuerzos, se decide redactar una propuesta de Ley que retomara esos puntos e incluyera todas las demás propuestas surgidas en el espacio impulsado por la Procuraduría Adjunta de Asuntos de la Mujer. Así, y gracias a la intervención determinante de
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Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres?
Profamilia, se estructura el equipo redactor de la propuesta de ley, el cual quedó integrado por representantes de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de la Mujer, el Foro Feminista, la Colectiva Mujer y Salud, y la Asesora del Senador Félix Bautista. Ese proceso de redacción, que contó con el apoyo de UNFPA y AECID, fue acompañado todo el tiempo de la consulta, aprobación y retroalimentación del conjunto amplio de instituciones del Estado y de la sociedad civil involucradas y con experiencia diversa en materia de violencia contra las mujeres, como el CEG-INTEC, PACAM, NAM, CIPAF, Ministerio de Salud Pública, entre otras.
R: La ley fue aprobada en el Senado el 14 de noviembre del 2012 y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, y allí está en manos de la Comisión de Equidad de Género.
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P: ¿Cuál es la situación actual de la Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y
La diputada Dra. Magda Rodríguez, quien preside la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, ha manifestado que dicha comisión está trabajando arduamente en favor de la ley, realizando vistas públicas y escuchando a todas las instancias relacionadas con esta problemática y esperamos, de acuerdo con sus palabras, que antes de que finalice este año, la misma sea aprobada. En estos momentos el movimiento feminista y de mujeres mantiene una actitud de atenta vigilancia al tratamiento que se da a esta Ley en el Congreso. Es
imperioso que las mujeres dominicanas conozcan el contenido de este proyecto de Ley, se apropien de ella y demanden su aprobación. La Ley para la Prevención Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres implica la superación de la Ley 24-97, en la medida que amplia y articula la respuesta del Estado para enfrentar y en definitiva eliminar este problema que lesiona derechos humanos de las mujeres y afecta a toda la sociedad. Esta Ley crea las condiciones para romper la espiral de violencia que victimiza a miles de mujeres dominicanas y que cada año alimenta las estadísticas y nos presenta al mundo como uno de los países con mayores tasas de feminicidios. Es hora ya de que el Estado Dominicano y en este momento el Congreso Nacional cumpla la promesa de “cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres” aprobando esta Ley.
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FEMINICIDIOS Enero - Noviembre 2013
126 Feminicidios
Fuente: Procuraduría General de la República y Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres.
De enero a septiembre del 2013 se resgistraron
54,260 denuncias de violencia
45,541 de violencia de género e intrafamliar y
8,719 de delitos sexuales (violaciones, acoso sexual, incesto, agresión sexual).
Edad promedio de las víctimas
26
años Edad promedio del victimario
37
años Diferencia promedio de edad
11
años Existen:
17
unidades especializadas
2
Refugios
15
provincias no cuentan con Unidades Especializadas
Declaración de organizaciones de la sociedad civil dominicanas al conmemorarse los 53 años del asesinato de las hermanas Mirabal Una vez más, las mujeres dominicanas, integradas en diversas organizaciones de la sociedad civil, unimos nuestras voces y voluntades para rendir homenaje a las Hermanas Mirabal, mujeres que han marcado un referente internacional en la lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, así como a aquellas que han caído en las acciones de lucha para poner fin a toda forma de violencia y de violación a los derechos humanos o que han dedicado sus vidas a promover los derechos económicos, políticos y sociales en aras de fortalecer la democracia y la equidad en el mundo. Este 25 de noviembre, 18 organizaciones de mujeres y de hombres nos hemos concentrado en este parque para poner en evidencia las principales formas de violencia que hoy nos afectan, unir nuestras voces, análisis, expresiones culturales y compromisos de construir una República Dominicana donde las personas puedan vivir dignamente y gozar del
respeto de sus derechos, independientemente de sus diferencias. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, encuentra al país institucionalmente débil, marcado por rasgos burocráticos, asistencialistas, clientelistas y centralistas; donde la corrupción y la impunidad están a la orden del día, siendo esto un obstáculo para la aplicación de políticas públicas, principalmente aquellas transversales de género, ya que esto no ha sido una prioridad para el gobierno. La violencia contra las mujeres constituye una de las principales manifestaciones de violación a los derechos humanos en el país. De acuerdo a datos suministrados por la Procuraduría General de la República, desde enero del 2005 al 22 de noviembre del 2013, 1,708 mujeres han sido víctimas de feminicidios, lo cual representa un problema de desarrollo al no poder garantizar con medios adecuados el derecho a la vida de las
mujeres, sobre todo de aquellas en condiciones de pobreza. Según datos de la Procuraduría General de la República al 19 de noviembre del año 2013 se han reportado un total de 68,197 denuncias de violencia contra las mujeres, y de éstas, solo en la Provincia Santo Domingo, se realizaron 21,401 denuncias de género. En el primer semestre del año, enero a junio, se produjeron 5,019 denuncias de violencias de género, físicas, verbales y sicológicas y de 19,246 de violencia intrafamiliar, entre físicas, verbales y sicológicas. Es decir, un total de 24,265 denuncias por violencia contra la mujer que, además de las 30,763 órdenes de protección emitidas, conforman el mapa de casi diez mil mujeres por mes, en la ruta crítica de la violencia. República Dominicana está entre los países con mayor tasa de feminicidios según declaraciones de ONU Mujer, cuatro de cada diez asesinatos de mujeres por sus parejas se dan cuando estas se encuentran en proceso de separación del agresor, lo que representa un 40.46 %. Pero este 25 de noviembre queremos destacar como violencia el alto costo de la vida, la mala distribución de los recursos, falta de energía eléctrica, los feminicidios, el machismo, el incremento de la pobreza, que afecta especialmente a las mujeres del campo, el desempleo, aumento de la violencia y el embarazos en adolescentes, baja inversión en la producción agrícola, vivienda y salud, la ineficiencia del sistema judicial, el incumplimiento de las leyes municipal y de
educación en lo relativo a una mayor inversión presupuestaria en educación con equidad de género, el arraigo de la corrupción, inseguridad ciudadana, la indiferencia de la mayoría de los congresistas y el gobierno, a los reclamos de la población de que en el país se cumplan las leyes y se respeten los derechos humanos de las mujeres. A esta situación agregamos la mala calidad de los servicios básicos, falta de tierra y de inversión para la producción y mercadeo, deficiente atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y envejecientes, así como la limitación en la currícula del sistema educativo del componente de género, violencia y derechos sexuales y reproductivos. En otro orden, de acuerdo a un estudio de UNFPA y
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ONU-SIDA-RD, las mujeres víctimas de violencia son dos veces más propensas a infectarse de VIH. La falta de relaciones de poder equilibradas con los hombres, impide la negociación del uso del condón, lo que constituye un factor que pone a estas mujeres en mayor riesgo para infectarse. La violencia hacia las mujeres tiene diferentes matices: las discapacitadas son más discriminadas, marginadas e invisibilizadas, lo cual la convierte en una presa fácil para ser acosadas, abusadas y violadas. Las maestras además de sufrir las mismas violencias que todas las demás mujeres, son las únicas empleadas
públicas que deben pagar a un sustituto cuando se enferman o tienen licencia de parto. El alto índice de embarazo en las adolescentes y jóvenes representa una de las mayores brechas sociales que perpetúa el círculo de la pobreza y es una de las grandes causas de la deserción escolar. Las mujeres dominicanas que residen fuera del país no escapan a la violencia de género, tales como el chantaje para quitarle los papeles o denunciarla con las autoridades en caso de estar ilegales, el secuestro, impedimento para hablar con sus familiares, la trata de mujeres… Actualmente se encuentra en el Congreso una propuesta de “Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradica-
ción de la Violencia contra las Mujeres”, a partir de la cual se procura atención integral a las víctimas y la definición de políticas preventivas. La misma fue realizada bajo el consenso de un amplio grupo intersectorial e interinstitucional del sector público y privado, no obstante este proceso, parte de los acuerdos fueron violados, cuando se introdujo la propuesta de ley sin la sanción a la violencia obstétrica y el reconocimiento a la libertad reproductiva. La prevención de la violencia de género, no será posible si no se hace una intervención consciente, activa y asertiva de la masculinidad en este proceso, ya que este es un problema social que afecta no solo a las mujeres, sino también a los niños, niñas, adolescentes, personas envejecientes, a la naturaleza y a los propios hombres, que fruto del machismo se relacionan de manera incorrecta. Hoy más que nunca rendimos honor a Florinda Soriano, Mamá Tingó y a las Hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. 25 de noviembre 2013 Organizaciones:
Cloc - Vía Campesina - Articulación Nacional Campesina - Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM-RD - Foro Feminista - Junta de Mujeres Mamá Tingó - Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, CE-MUJER - Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF - Unión Democrática de Mujeres, UDEMU - Colectiva Mujer y Salud Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS Mujeres en Desarrollo, MUDE Red de Mujeres Organizadas por el Empoderamiento y la Igualdad de Género, REDMOEIG Centro de Masculinidad Solidaria y Estudio de Género - CENSEL Ciudad Alternativa - Asociación Nacional de Enfermería - Asociación de Mujeres Técnicas, AMUTEC - Asociación Tú, Mujer
“Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida”. Convención para reducir los casos de apatridia. Fragmentos del voto disidente de la Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez Nuestra discrepancia la hemos dividido en dos partes. Primero nos referiremos a los aspectos de índole procesal que no han sido observados por el consenso. Luego invocaremos los motivos que nos llevan a apartarnos del criterio de la mayoría también en términos del derecho sustantivo. El Tribunal Constitucional no se declara incompetente, pero tampoco explica qué circunstancia especial o particular tiene este caso que justifique un cambio de jurisprudencia La sentencia del consenso de este tribunal constitucional se aparta de precedentes anteriores en lo relativo
a la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de los casos de acción de amparo contra los actos u omisiones de la Administración Pública. En lo que respecta al punto en discusión, este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciar la incompetencia para conocer de estas acciones, en aplicación del artículo 75 de la Ley núm. 137-11, de modo que se ha procedido a declinar por ante la jurisdicción contencioso administrativo. Al no hacerlo, en la especie, se están derogando las reglas de competencia, lo cual es una materia de orden público. En amparo no se dilucidan los hechos, y en la especie, el consenso de este Tribunal ha procedido a examinar cuestiones de legalidad ordinaria El consenso dedica las
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50 páginas del Título III, relativo al incumplimiento de los requisitos legales de parte de la recurrente para la obtención de la cédula de identidad y electoral, a abordar un asunto que, en primer lugar, no debió conocer, pues era competencia del Tribunal Superior Administrativo. Al pronunciarse sobre los requisitos legales para la obtención del acta de nacimiento, el consenso inobserva precedentes anteriores, en materia de competencia, pues tanto el artículo 31 de la Ley núm. 659 del mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), como el Código de Procedimiento Civil en sus artículos del 214 al 251 otorgan competencia al Juez de Primera Instancia para conocer de las falsedades de las actas de nacimiento. Esto, junto a otros motivos, nos coloca en la firme determinación de emitir el presente voto disidente. Cuestiones de índole sustancial Nos referiremos a los aspectos de índole sustantivo que ha tocado el consenso, pues al ser definitivas e irrevocables, y tener carácter vinculante las decisiones de este Tribunal Constitucional, mal haríamos si no exponemos los criterios jurídicos que también en el orden sustantivo nos separan de la decisión, sobre todo en cuestiones tan fundamentales como el concepto de nacionalidad, la adquisición de la nacionalidad dominicana, la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la noción de tránsito, la figura del “margen de apreciación”, el estado o condición de apátrida, entre otros. Un caso de desnacionalización La suscrita siempre ha sostenido que en la presente revisión de sentencia de amparo no están envueltas cuestiones meramente migratorias, por cuanto no se trata de los derechos de una indocumentada, sino del despojo de la nacionalidad a quien un oficial del Estado Civil inscribió como dominicana, amparado en la Constitución que regía al momento de su nacimiento y en una normativa legal que rigió hasta el dos mil cuatro (2004). El análisis no ha debido ser si a la recurrente le corresponde la nacionalidad dominicana, pues ya la tiene, sino, insisto, si los mecanismos empleados por la Junta Central Electoral en la especie violentan sus derechos fundamentales. Sobre la adquisición de la nacionalidad dominicana. En cuanto a la adquisición de la nacionalidad dominicana, la sentencia de este tribunal constitucional, de cuyo contenido nos apartamos totalmente, expresa lo siguiente: a) En la República Dominicana, la nacionalidad de una persona puede adquirirse a través de la de sus progenitores, es decir, mediante consanguinidad o “el derecho de la sangre” (jus sanguinis); y, también por el lugar del nacimiento, o sea, por “el derecho del
Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez
Magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández
suelo” (Jus soli). Aparte de estas dos modalidades existe una tercera, denominada “naturalización”, mediante la cual el Estado otorga soberanamente la nacionalidad a los extranjeros que la solicitan y satisfacen las condiciones y formalidades que correspondan en cada país. Asimismo, la Ley de Inmigración núm. 95, del catorce (14) de abril de mil novecientos treinta y nueve (1939), en el párrafo del Art. 10 disponía que “Las personas nacidas en la República Dominicana son consideradas nacionales de la República Dominicana, sean o no nacionales de otros países. Consecuentemente, deberán usar documentos requeridos a los nacionales de República Dominicana”. En el presente caso se despoja a la recurrente de la nacionalidad dominicana que adquirió en base al principio del jus soli, sustentándose para ello en la condición migratoria de sus padres.
“todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida”. Asimismo, el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional alega que ninguno de los citados mandatos internacionales aplica al caso que nos atañe, ni a ningún otro caso de similar o de igual naturaleza. En efecto, tal negativa por parte del Estado dominicano de otorgar su nacionalidad a los hijos de extranjeros en tránsito bajo ninguna circunstancia genera una situación de apatridia. Conviene superar la creencia errónea de que el Jus Sanguinis excluye al Jus Soli. Por lo general, ambos criterios (jus soli y jus sanguinis) no se excluyen, sino que son combinados por las legislaciones de la mayoría de los países. La suscrita entiende que las medidas de la Junta Central Electoral que dieron al tras-
La recurrente Juliana Deguis al ser desprovista de la nacionalidad dominicana queda apátrida Tal como el consenso de este tribunal señala, en virtud del artículo 1 de la Convención para reducir los casos de apatridia,
te con la situación que padece Juliana Deguis, y las que también está dictando este tribunal en la presente sentencia, al extenderse de manera indeterminada en el tiempo, dejan a la recurrente y a miles de personas que serán afectadas por los efectos de este fallo, en un estado de inseguridad jurídica mientras tanto se resuelvan sus casos, permaneciendo como apátridas. La sentencia contiene medidas contradictorias con sus fundamentos y su parte resolutiva Es ostensible que el fallo incurre en manifiesta contradicción cuando al afirmar que el acta de nacimiento de la recurrente es irregular y que no le corresponde la nacionalidad dominicana, se “proceda a someter dicho documento al tribunal competente, tan pronto como sea posible, para que este determine su validez o nulidad”. Entre las causas que originan tales contradicciones está el hecho de que este tribunal constitucional ha resuelto cuestiones de legalidad ordinaria estando apoderado de un recurso de revisión de sentencia amparo. Finalmente, y dado los motivos expuestos en el contenido de este voto, reiteramos nuestro desacuerdo rotundo con la sentencia alcanzada con los votos favorables de la mayoría de jueces de este tribunal constitucional. Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza.
Nota: Se han eliminado los numerales originales de los párrafos con fines de edición.
Declaración Foro Feminista Dominicano Sobre Sentencia No. 0168 del Tribunal Constitucional El Foro Feminista Dominicano por medio de la presente declaración RECHAZA de forma contundente la Sentencia No. 0168 del Tribunal Constitucional, dictada el 23 de septiembre de 2013, sobre proceso masivo de desnacionalización de dominicanas y dominicanos, por considerarla contraria al Estado de Derecho. Estimamos como sumamente preocupante el hecho de que sea el tribunal que está llamado a garantizar la vigencia y cumplimiento del mandato constitucional el mismo que haga caso omiso de los preceptos que la norma suprema contiene y protege, equiparándose a un golpe de estado a la seguridad jurídica. Creyentes en el sistema universal e interamericano de los derechos humanos de todas y todos, compartimos el criterio que ha externado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la decisión, en el sentido de que es inaceptable que se modifique retroactivamente la normativa vigente desde 1929 hasta 2010, despojándose a miles de ciudadanas y ciudadanos dominicanos de su nacionalidad y convirtiéndolos en apátridas con todas las consecuencias que este hecho implica, sobre todo para las mujeres y niñas. Esta decisión del Tribunal Constitucional establece un nefasto precedente violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual República Dominicana es signataria, siendo la misma parte del derecho interno con rango constitucional. Específicamente, en el casoYean y Bosico c. República Dominicana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- recomendó al Estado dominicano adecuar su legislación y sus prácticas migratorias de conformidad con las disposiciones de la convención. No obstante ello, intervino una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la que estableció que “el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad si no adquieren la del Estado en donde nacieron”, poniendo hoy en entredicho la obligación de acatar las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos a los que se ha sometido. Resaltamos que el derecho a la nacionalidad de toda persona es un derecho humano fundamental que forma parte incluso de la propia identidad y a partir del cual es que se pueden ejercer los demás derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como es el caso de los derechos civiles y políticos. Esta sentencia, por tanto, condena a la muerte civil a miles de seres humanos lo cual es inconcebible en un llamado Estado Democrático y Constitucional de Derecho. Es igual de preocupante el que no se haya tomado en cuenta a la hora de decidir el principio de interpretación favorable de las normas, consagrado en el artículo 74 de la Constitución dominicana, el cual dota a los tribunales de márgenes de apreciación que deben inclinarse hacia la norma jurídica más protectora o que mejor garantice el ejercicio de un derecho fundamental, única excepción precisamente al principio de irretroactividad de la ley. Por el contrario, los jueces del tribunal, a excepción de dos magistradas a través de sendos votos disidentes, como ya han señalado expertos en la materia, han puesto por encima de la preservación del derecho fundamental de la persona un método de interpretación distinto al que la Constitución establece, es decir, un método que va en detrimento de la protección de derechos fundamentales consagrados. El Foro insta al Tribunal Constitucional dominicano a rectificar este precedente ante la oportunidad de conocer un caso similar por medio de una decisión que sí esté fundamentada en los principios constitucionales que hoy han sido violentados. Reiteramos que ningún Estado que haya aceptado la competencia de la CorteIDH puede vía jurisprudencial sentar precedentes al margen de las decisiones vinculantes de este organismo, ya que esta competencia jurisdiccional implica que sus sentencias son obligatorias y forman parte del bloque constitucional de derecho. Queremos resaltar, finalmente, el impacto específico que tiene la decisión en las mujeres bajo la condición de apatridia. Las mujeres apátridas son más vulnerables en razón de que al no poder contar con la protección jurídica y social del Estado se pueden más fácilmente convertir en víctimas del crimen organizado, como redes de trata para la explotación sexual con fines comerciales. Al mismo tiempo, tienen un acceso mucho más restringido al sistema público de salud, dificultando esto la pronta atención de enfermedades que pueden ser mortales, así como implicando una barrera para que puedan denunciar situaciones de violencia, debilitando los esfuerzos llevados a cabo para disminuir los feminicidios, y además enfatizando la situación de pobreza extrema de estas mujeres y sus familias. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de mujeres del país, y la región, para que continúen uniendo sus voces de rechazo contra esta horrorosa decisión por todas las vías posibles.
Proyecto:
“No Más Violencia: la contribución de las TIC a la Lucha para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres en República Dominicana” PROYECTO “NO MÁS VIOLENCIA: LA CONTRIBUCIÓN DE LAS TIC A LA LUCHA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN REPÚBLICA DOMINICANA” Es preciso que todos y todas reconozcamos que en la raíz del problema de la violencia se encuentran las actitudes machistas que siguen prevaleciendo en la sociedad. Urge cambiar el paradigma cultural de la autoridad y el control masculino sobre las mujeres, evidenciar su carácter opresor y promover nuevos modelos de ser hombre, nuevos modelos de masculinidad y nuevas formas de relación entre los hombres y las mujeres. De ahí la importancia de incluir estos temas en el sistema educativo y realizar campañas amplias de sensibilización a través de los medios de comunicación, dirigidas a contrarrestar el machismo cultural y a promover la igualdad y la equidad entre los géneros.
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TAMBIEN EN EL CIBER ESPACIO De manera creciente las TIC y las Redes Sociales se han ido convirtiendo en mecanismos para ejercer violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo el uso de las TIC con fines de acoso sexual, explotación sexual, pornografía infantil, la trata de mujeres y niñas, y nuevas formas de violencia como el acecho y el acoso cibernético y violaciones a la privacidad que comprometen la seguridad de las mujeres y de las niñas. Aunque la República Dominicana es un país con buenas conexiones, con una amplia gama de servicios y una red pública de centros de telecentro, y cuenta también con numerosa organizaciones de mujeres y feministas, se ha hecho poco todavía para utilizar los beneficios de las nuevas tecnologías y especialmente de Internet como herramienta en la lucha contra la violencia basada en el género tanto en la vida
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cotidiana como en Internet. El Proyecto “¡No más Violencia!: La contribución de las TIC a la lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres
en República Dominicana”, que implementa el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) con la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO y el apoyo financiero del Programa de Participación de UNESCO (2012-2013) tiene como objetivos estimular el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres en la República Dominicana. Con esos fines el proyecto ha desarrollado actividades destinadas a capacitar a mujeres organizadas –jóvenes y adultas- en el uso estratégico y creativo de las TIC para contribuir a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, a sensibilizar a operadores de telecentros y centros comunitarios para
ofrecer de manera periódicas jornadas informativas en línea sobre los servicios que ofrece el Estado y la Sociedad Civil para apoyar a las mujeres víctimas de violencia y promover campañas para prevención de la violencia contra las mujeres incluyendo
la violencia por Internet través de la Web, la telefonía celular y las redes sociales. Entre las actividades del proyecto destacamos: CAMPAMENTO DE VERANO “PROGRAMANDO PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA” Por primera vez en el país se impartió un curso de Introducción a la Programación -iniciando con el lenguaje HTML- para adolescentes, enfocado en la lucha contra la violencia de género. El curso impartido por la Técnica en Software Yasselys Delgado, se celebró durante el mes de agosto y tuvo una duración de dos semanas y sorprendió por la rápida apropiciación que las jóvenes participantes hicieron de las bases del lenguaje, fortaleciendo así la propuesta de muchos exper-
tos sobre la importancia de incluir la programación en el currículo educativo desde temprano. Las chicas participantes son integrantes de los clubes de Matemáticas, Ciencia y Tecnología “SUPERMATICAS” que impulsa el CIPAF en la
Regional 10 del Ministerio de Educación y pertenecen al Instituto Tecnológico Dr. Fabio A. Mota, Liceo Pedro Mir, Politécnico Colombina Canario y Liceo San Vicente de Paul.
LIDERESAS DE ORGANIZACIONES FEMINISTA Y DE MUJERES SE ENTRENAN EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES Más de 30 destacadas dirigentes del movimiento feminista y de mujeres participaron en el taller “Comunicando A Través de las Redes Sociales” para conocer la el impacto y la evolución de Internet y la Web 2.0 así como el concepto y filosofía de redes sociales, sus características y como pueden convertirse en un instrumento importante en la lucha contra
la violencia de género. Los talleres se realizaron los días 27 y 28 de Septiembre y 3 de Octubre.
TALLERES: “LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Los centros de acceso comunitario a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), o telecentros se han desarrollado como alternativa de acceso universal a las TIC en toda la región de América Latina y el Caribe, frente a las limitaciones económicas que tienen los hogares para disponer de computadoras y acceso a Internet, en especial los hogares pobres y ubicados en zonas rurales. En nuestro país el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) viene impulsando -desde el año 2005- una iniciativa denominada Centros de Capacitación en Informática, mejor conocidos como los CCI; los cuales se han concebido fundamentalmente como espacios públicos gratuitos de capacitación y alfabetización digital. Hasta el momento se han instalado aproximadamente 900 CCI desplegados en las 32 provincias del país y cuyos beneficiarios principales han sido niños, niñas y jóvenes. Partiendo del papel estratégico que cumplen los CCI en los barrios de Santo Domingo, se consideró de suma importancia que dichos centros puedan contribuir a la difusión de información relevante para prevenir la violencia de género por lo que, durante el pasado mes de agosto, se impartieron dos talleres en los salones del INDOTEL ha cerca de 40 facilitadores de CCI ubicados tanto en el Gran Santo Domingo como
en Boca Chica, Bani, San Cristóbal y La Victoria.
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PLATAFORMA EN LÍNEA PARA VISIBILIZAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN REPÚBLICA DOMINICANA
Dominicana” estará ubicado en el Observatorio de Violencia contra las mujeres del programa “Ciudadanía Activa” que coordina la Colectiva Mujer y Salud: http:// www.colectivamujerysalud. org/Observatorio/index. php/features
Este otro componente del proyecto “¡No más Violencia!: La contribución de las TIC a la lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres en República Dominicana”, se concibe como un mecanismo para darle voz y protagonismo a las propias mujeres y organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales) que luchan contra la violencia en el país, de forma que puedan hacer sus denuncias de agresión e incluso hacer sus quejas en cuanto al tratamiento que el Sistema de Atención a Víctimas de Violencia del Estado Dominicano ofrece. Las denuncias se podrán hacer a través de diferentes canales: vía computadoras, celulares, twitter, facebok, a través de un formulario diseñado para estos fines. Además del formulario de denuncia, de su georefenciación a través de mapas digitales y de la difusión de reportes, se trabaja para que esta plataforma pueda ofrecer información de los servicios presenciales que
presta la Dirección Nacional de Atención a Víctimas: http://www.dnav.gov.do/ presencial.html
El “Mapeo de la Violencia de Género En República
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Panel: “VIOLENCIA Y CIBER VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”. Durante el Foro de Organizaciones Feministas celebrado el pasado domingo 13 de octubre, previo a la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de CEPAL se desarrolló un panel sobre Violencia y ciber violencia contra la mujer” que estuvo integrado por destacadas ciber feministas de la región, durante el mismo la Ing. Amparo Arango presentó, a nombre de CIPAF y de la Comisión Nacional para la UNESCO, la ponencia “Mapeando la Violencia contra las mujeres” sobre la plataforma en línea de denuncia de todas las formas de violencia que sufren las mujeres dominicanas, incluyendo el registro de los feminicidios, y cuyos resultados puedan ser visualizados a través de un Mapa Digital.
También participaron en el panel Beatriz Alarcón de Colnodo, Colombia; Dafne Sabanes Plou del Programa Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progre-
so de las Comunicaciones (APC), Argentina, Magaly Pazello, de Brasil e Irma Lima, de la Colectiva Feminista, de El Salvador
CONCURSOS UNIVERSITARIOS PARA DISEÑAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y APLICACIONES WEB QUE APOYEN LA LUCHA POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. En coordinación con las Escuelas de Comunicación Publicitaria y de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en cumplimento de uno de los objetivos del proyecto se abrieron en el presente cuatrimestre dos concursos dirigidos a estudiantes de ambas escuelas para el diseño de campañas multimedia y de aplicaciones Web y/o para móviles. En el concurso de la Escuela de Comunicación Publicitaria participaron estudiantes que cursan la asignatura Comunicación Gráfica IV y el objetivo era diseñar campañas web para sensibilizar, prevenir, denunciar e informar sobre la violencia contra la mujer, incluida la violencia en el Internet. Las campañas
podían estar dirigidas a la población en general, mujeres viviendo en situación de violencia y a mujeres jóvenes para conocer y prevenir violencia desde el noviazgo
o a hombres para conocer, prevenir y cambiar. El jurado estuvo integrado por el destacado publicista Freddy Arturo Ginebra y la galardonada fotógrafa y diseñadora feminista Lorena Espinoza, quienes otorgaron un premio único de RD$40,000, al estudiante Javier Eduardo Delmonte Félix. La propuesta para las y los estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) fue la de diseñar aplicaciones para web y/o móviles que pudieran contribuir a informar sobre las diversas formas y espacios en que se da la violencia de género, que informen y orienten sobre servicios de protección y apoyo a mujeres víctimas de violencia o que alerten y difundan información sobre prevención de la violencia contra las mujeres en Internet y las Redes Sociales. Para este concurso se presentaron 11 proyectos que destacaron por la creatividad y la innovación. El jurado compuesto por la Ingeniera Amparo Arango y los profesores de UNIBE Ingenieros Jorge Vega y Benjamín Alcántara otorgaron el primer premio, dotado con RD$20,000 pesos a Sterling Michel Díaz de Oleo. En segundo y tercer lugar resultaron ganadores Miguel Augusto Canot Concepción, Bismark Esmarlyn Montero Hernández y Elisaul Morillo Espinosa. Se otorgó también Mención de Honor al estudiante Hugo Andrés Guerrero Portilla. El ceremonial de premiación se celebró el martes 3 de diciembre próximo pasado, en el auditorio de UNIBE y el fondo para los premios fue aportado por el Programa de Participación de la UNESCO, a través de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO.
Declaración del Foro Feminista sobre los abusos sexuales sacerdotales
República Dominicana: ¿Paraíso de la impunidad para los agresores sexuales de menores? En los últimos meses el país ha sido testigo tanto de los escándalos de pederastia sacerdotal que involucran a los dos polacos y al padre Johnny de Constanza, como de las denuncias del personal médico sobre el alarmante número de embarazos en niñas menores de 16 años atendidas en hospitales públicos. En la mayoría de los casos, los responsables de estos embarazos son hombres adultos que superan en cinco años o más la edad de la menor, lo que constituye una violación del Art. 396 de la Ley 136-03 que se penaliza con prisión de 2-5 años; en muchos casos de adolescentes embarazadas –así como en todos
los casos de pederastia sacerdotal- se han violado asimismo artículos varios del Código Penal. Ante ambas situaciones, el Ministerio Público ha declarado su intención de sancionar ejemplarmente a los culpables de estos crímenes, sin que hasta el momento haya un solo implicado enjuiciado o siquiera formalmente imputado. El reciente descargo judicial de Alberto Cordero Reyes, el cura acusado el año pasado de abusar sexualmente de una menor de 15 años en Bonao, y el silencio mediático ante las múltiples irregularidades que caracterizaron su proceso judicial, alimenta los temores de que también los
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del mismo sexo (Roberto Francisco Daniel). Mientras tanto, las niñas de demás imputados quedarán 13 y 14 años embarazadas por hombres adultos siguen impunes. Recordemos que en el caso del Padre Johnny llegando por docenas cada día a los hospitales del todavía no se ha conocido la querella, que Alberto Gil país, sin que se anuncie la primera persecución judisigue sin ser imputado por cial; el periodista polaco la justicia polaca y que ya Piotr Krysiak denuncia que ha quedado abundantemente claro que el ex–Nun- la Procuraduría se niega a responder preguntas o procio nunca va a pisar un porcionar información algutribunal de justicia, ni aquí na sobre el caso de Alberto ni en ninguna parte. Gil; la Iglesia dominicana En efecto, tanto el Cardenal como el Procurador han sigue sin desautorizar a los tenido la gentileza de infor- más de 20 curas párrocos marnos que al ex-Nuncio le de la zona de Bonao que corresponde ser “juzgado” organizaron turbas de creyentes para incidentar cada por un tribunal eclesiástiuna de las audiencias del caso Cordero Reyes o a los altos funcionarios eclesiásticos que proporcionan el dinero para (intentar) sobornar a las familias de las víctimas en Constanza, en Juncalito, en Bonao y quién sabe cuántos sitios más. Está clarísimo que el Ministerio Público, que ha agradecido públicamente a las autoridades eclesiásticas nacionales por su “ayuda” co del Vaticano -el de la antigua Inquisición- que no en los casos de los polacos, no se atreve a mencionar impone penas de cárcel siquiera el hecho de que sino castigos canónicos. dichas autoridades proEn otras palabras, lo peor tegieron a los pederastas que le puede pasar a este individuo es ser excomulga- extranjeros, escondiendo do, si bien tanta severidad las pruebas que poseían y facilitando su huida del resulta improbable visto país, lo que las convierte en que la Iglesia no ha considerado conveniente aplicar cómplices de sus crímenes y, por tanto, pasibles de soeste castigo a ningún cura pederasta, ni siquiera a los metimiento judicial. ¿Cuántos pederastas más están condenados en tribunales encubriendo actualmente europeos o estadounidenses por violar a docenas de el Cardenal y los obispos, cambiándolos de parroquia menores. Curiosamente, el como hicieron con el cura Vaticano sí ha sido raudo a la hora de excomulgar a de Bonao, poniendo en duda las acusaciones en curas acusados de apoyar su contra y presionando a el derecho al aborto (Malas víctimas y sus familiares nel Pousa), la ordenación de mujeres (Greg Reynolds) para que desistan de las acusaciones, como se ha o el amor entre personas
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denunciado tanto en Bonao como en Juncalito y en Constanza? Sabemos que la única manera de reducir las agresiones sexuales contra menores, disuadir a agresores potenciales, y animar a las víctimas y sus familias a seguir denunciando estos crímenes, es extirpando de raíz el cáncer de la impunidad que ha corroído a la justicia dominicana a lo largo de la historia. La impunidad es un obstáculo de primer orden para la erradicación de la violencia sexual, por lo que se puede afirmar que el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes no logrará sus objetivos en tanto no se apliquen las sanciones correspondientes a los agresores sexuales. A los medios de comunicación les cabe la responsabilidad de divulgar las informaciones pertinentes y evitar que se repita la vergonzosa experiencia de violencia, silencio e impunidad del orfanato católico de San Rafael del Yuma. A medida que nuevos escándalos políticos ocupan la atención de los medios, afirmamos nuestra decisión de mantenernos vigilantes para evitar que las agresiones sexuales a menores caigan de nuevo en el silencio y el olvido que ya se empieza a percibir. El Foro Feminista comparte la indignación del pueblo dominicano frente a estos crímenes execrables, reconoce la valentía de quienes se han atrevido a denunciarlos y demanda que las autoridades judiciales cumplan al pie de la letra sus responsabilidades. Basta ya de promesas huecas. Basta ya de impunidad. Foro Feminista 28 de octubre 2013
Centro de Intervención Conductual para Hombres
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Otro enfoque en la lucha contra la violencia basada en género
ninguna disposición legal que les obligue a someterse a tratamiento para cambiar, asumiendo la responsabilidad de su conducta. El Centro de Intervención Conductual para Hombres surge con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia basada en género, y reeducar la conducta agresora de hombres. Como una de las estrategias de este programa, se ha diseñado una sesión de acogida para recibir a los usuarios, donde se toma en cuenta los niveles de resistencia a cambiar una conducta violenta. De acuerdo con Vergés, la sesión de acogida contempla el inicio del camino hacia la aceptación del programa por motivos propios, asumiendo la responsabilidad de su conducta y abriendo la posibilidad a un cambio.
Es necesario que las mujeres sean conscientes de su derecho a no ser violentadas y a denunciar a tiempo el abuso, con lo que las conductas agresoras de hombres podrían ser detectadas en un momento de menor riesgo o peligrosidad. Así lo expresó Luís Vergés, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres (CICH), entidad que opera como dependencia de la Fiscalía del Distrito Nacional, señalando que sólo así se reducirá la violencia basada en género. Desde la fundación del centro en el 2008 hasta el 2012, alrededor de 4,760 hombres con conductas agresoras han ingresado a la institución, de los cuáles 2,751, el 58%, ha completado el ciclo satisfactoriamente, siendo intervenidos con programas psicológicos y educativos encamina-
dos a reeducar y eliminar la conducta agresora. El 42% no asistió nunca, y en opinión de Vergés, se trata de que no se emitiera
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Además de los servicios de rehabilitación de las conductas agresoras, la entidad realiza otras labores preventivas de violencia en la familia, como un programa de intervención comunitaria con contenidos básicos para lograr la detección temprana de cualquier manifestación de la violencia en las relaciones de pareja y de familia. Indica Vergés que en el 21% de los casos tratados, el primer episodio de violencia ocurrió durante el noviazgo, subiendo a un 28% los que tuvieron conducta violenta durante el primer año de matrimonio, y el 25%, entre el segundo y el quinto año. El 49% presenta los celos como el principal motivo utilizado como excusa para maltratar a su pareja, y un 58% el abuso del alcohol, mientras que el rango de edad que presenta una mayor cantidad de hombres con conducta
agresora, está entre los 30 y 40 años. Vergés consideró necesario introducir los datos del centro en la base de datos de los sistemas de información, para el diseño de políticas públicas dirigidas a proteger el derecho de las mujeres a no ser violentadas. También enfatizó en la urgencia de expandir la cobertura de los CICH a nivel nacional, así como en mejorar los criterios de referimiento por parte de jueces y fiscales, para superar las inconsistencias que se observan en los referimientos y seguimiento a los casos, que presentan un alto porcentaje de deserción, con personas que nunca asisten al proceso terapéutico. El Centro se encuentra ubicado en la Calle Yolanda Guzmán casi esquina 27 de Febrero, al lado de la fiscalía del sector María Auxiliadora.
El 25 de noviembre Latinoamérica se unió para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Bajo el lema “Latinoamérica: Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” se lanzo en América Latina el capítulo regional de la Campaña global para luchar contra la violencia contra mujeres, niñas y jóvenes. En el afán de generar tanto la conciencia pública sobre el problema que representa la violencia de género como la voluntad política que implique un aumento de los recursos y de políticas para prevenirla y erradicarla, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, lanzó esta campaña global en febrero de 2008. La Campaña sostiene que la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en cualquiera de sus formas es una violación de dere-
chos humanos inaceptable, inexcusable e intolerable. La campaña hace un llamado a la acción de gobiernos, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, ciudadanía en general y del propio Sistema de las Naciones Unidas para trabajar de manera conjunta en la
eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en el mundo. Además, mantiene que es necesaria la responsabilidad de todos y todas para construir una sociedad igualitaria y no violenta. De carácter multianual, esta Campaña se extiende hasta el año 2015 con
vistas a reconocer que las múltiples conexiones que tiene la violencia contra las mujeres pone en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para ese mismo año. Las últimas encuestas aplicadas en la región muestran que en cinco países de
América Latina (el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, México, Perú y República Dominicana) el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que sufren o han sufrido alguna vez violencia física por parte de una pareja oscila entre el 16% en República Dominicana y el 42,3% en Perú. Por otra parte, entre un 5% y un 11 % de las mujeres identifica haber sufrido violencia sexual, mientras el porcentaje de mujeres que reportan haber sufrido violencia emocional varía de un 26% en República Dominicana a más de 60% en Colombia y en el Perú. http://www.un.org/es/ women/endviolence/index. shtml
“En todas las esferas de la vida de las mujeres y las niñas, está presente alguna forma de violencia”
Quehaceres Publicación del
Centro de Investigación para la Acción Femenina
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, ¡Dominemos la tecnología! invitó a llevar a cabo una acción diaria para ayudar a eliminar la violencia contra las mujeres. Cada acción diaria exploró un aspecto de la violencia contra las mujeres y su interconexión con los derechos a la comunicación. Cada acción ofreció una mirada estratégica y creativa a diferentes plataformas de comunicación en línea y fuera de internet. ¡Dominemos la tecnología para eliminar la violencia contra las mujeres! La campaña también destacó historias acerca de cómo la violencia dirigida a mujeres y niñas en internet y mediante el uso de tecnologías móviles afecta de manera significativa su capacidad para ejercer plenamente sus derechos humanos fundamentales – tanto en línea como en los espacios físicos. https://www.takebackthetech.net/es
DIRECTORA EJECUTIVA Magaly Pineda Calle Hernán Suárez, Bloque III N°5, Cacique II Teléfono (809) 535-2696 Fax (809) 535-2599 cipaf@claro.net.do www.cipaf.org.do
AÑO XXXIII NÚMERO 1 NOVIEMBRE 2013 EDITORAS INVITADAS Melania Febles y Yaneris González PORTADA Lorena Espinoza y Colectiva Mujer y Salud DIAGRAMACIÓN Ivelisse Alvarez IMPRESIÓN Editora Búho