Reclutamiento y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros y las estrategias para infiltrar en la comunidad � � � �

a los talleres, característica identificada por el consultor en varias regiones del Pacífico litoral y en los valles interandinos. El reciente caso de los líderes desaparecidos del Consejo Comunitario de la cuenca del río Yurumanguí (Abencio Caideco y Edinson Valencia), se unen a la cadena de muertos y desplazados fruto de las presiones por parte de los grupos armados en confrontación. Quien no se somete a las voluntades de los grupos armados y de los intereses económicos que los soportan son eliminados.

Reclutamiento y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros y las estrategias para infiltrar en la comunidad

La cifra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) presionados y vinculados al conflicto armado se ha incrementado en el último decenio del conflicto, tal como señalan los líderes entrevistados y las personas que participaron en los talleres. La falta de información, y su consecuente disgregación, dificulta el debate nacional del fenómeno con las instituciones del Estado, tal como lo presentan los alegatos presentados en el informe (CONPA-CEV) 2021 y (PCN) 2021, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Sin embargo, algunas cifras oficiales son presentadas en el Auto 251 de 2008, y más recientemente, en el Informe sobre el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados.

Otras cifras son las siguientes:

De los 460 niños, niñas y adolescentes, atendidos por el programa del ICBF, manifiestan haber sido reclutados en el período comprendido entre el 26 de septiembre de 2016 y hasta el 31 de

diciembre de 2020, 151 tienen pertenencia étnica (21.7 %). En este sentido, se reconocen como indígenas 86, principalmente de los pueblos Achagua, Andoke, Awa Kwaiker, Coreguaje, Cuiba, Curripaco, Embera, Embera Chami, Embera Katio, Inga, Kubeo, Murui, Nasa, Páez, Piapoco, Sikuani, U`Wa, Uitoto y Yukuna. (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 2021, p. 99).

Por otro lado, 65 niños, niñas y adolescentes se reconocen como afrocolombianos; sin embargo, no se especifica su pertenencia a consejos comunitarios.

Negación de derechos étnico-territoriales (consulta previa, títulos colectivos, reparación y restitución)

De acuerdo con el informe CONPA (2021), a fecha del 2020, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reporta que 204 títulos han sido expedidos como medida de protección legal de los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades negras en Colombia. Estos títulos integran un total de 5.733.003 ha, lo que corresponde a una partición del 5.0 % de la extensión territorial del país. Esto es un fuerte indicador de la negación del derecho, si se considera que esta población corresponde aproximadamente al 15 % del total nacional y que, debido a la Ley 70, tendría que haberse titulado, teniendo en cuenta datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2017), como mínimo, cerca de 10 millones de hectáreas tan sólo en la región del Pacífico. La negación del derecho, los lentos procesos de titulación y los procesos de desposesión, luego de la adjudicación de los títulos, son indicadores claves de la resistencia a

la protección de los derechos territoriales de las comunidades negras en el país.

Desplazamiento forzado (DF) y confinamiento forzado (CF) como parte de los procesos de despojo y desterritorialización en áreas de interés por sus recursos o su posición geoestratégica

Según cifras oficiales de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), de las 9.078.038 personas desplazadas de manera forzada de sus hogares y sus territorios, entre 1985 y octubre 2020, 1.286.818 fueron personas afrodescendientes. Es decir, aunque según las cifras oficiales del censo los afrodescendientes representaban solo 10,6 % de la población del país en 2005 –y poco más de 6% en 2018–, representan 14,5 % del total nacional de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia (CONPA, 2021). Por supuesto, este porcentaje ha ido subiendo. Mientras en 2003 los afrodescendientes representaban 6 % de la población desplazada, en 2007 esa cifra había subido a 14 % (Corte Constitucional, 2009). En 2008, CODHES reportó que los/las afrodescendientes representaban 22,5 % de la población desplazada, lo cual significaba que el 12,3 % del total de la población afrodescendiente estaba en situación de desplazamiento ese año (CODHES, 2008 en Rodríguez et al, 2009 and PCN et al 2009). En 2013, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-025 reportó que 50 % de los desplazamientos de comunidades afrodescendientes se caracterizaban por ser desplazamientos masivos.

Mientras los últimos años han visto una pequeña disminución en las cifras globales de desplazamiento, ahora que nos encontramos en el periodo post acuerdo de paz, el porcentaje

de víctimas que son afrodescendientes sigue subiendo. En 2018 representaban 24,2 %, en 2019 un 25,8 % y a fecha de corte de agosto de 2020, un 37,8 % (SISDHES-CODHES, 2021).

Incluso con estas cifras alarmantes, se estima que puede haber un subregistro de víctimas afrodescendientes de desplazamiento forzado. Si se aplica la metodología territorial desarrollada por la organización AFRODES para identificar los “territorios afrodescendientes”, es decir, los municipios con mayor población negra, con presencia de títulos colectivos de tierras y con mayor cantidad de procesos organizativos afrodescendientes (citado en Corte Constitucional, 2009), se puede mostrar el impacto aún más desproporcionado del desplazamiento en aquellos territorios.

En su informe a la Comisión de la Verdad (CEV, 2021), CONPA identifica 302 municipios del pueblo negro en el país (municipios con títulos colectivos afro, consejos comunitarios, población mayor a 20 % o 50 % de afrodescendientes), donde residen el 92,6 % del total de población del país. Entre 19852020 en estos municipios se produjeron 5.186.233 víctimas de DFI que representaría el 58,6 % del total nacional de víctimas de DFI (CONPA, 2021).

Si se miran otros hechos victimizantes, se pueden mostrar patrones parecidos que dan cuenta del impacto desproporcionado del conflicto en los cuerpos y territorios negros: reclutamiento forzado, confinamiento, homicidios, violencia sexual, etc.

Como se ha señalado en el aparte del marco conceptual, el proceso de desterritorialización que genera este delito y violación del derecho fundamental de las comunidades negras,

como grupo étnico, tiene como fin acceder a los territorios y sus recursos. Esto se puede comprobar a partir del desarrollo de grandes megaproyectos de infraestructura portuaria, como es el caso de Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCB) y proyectos agroindustriales como la caña de azúcar en el norte del Cauca, la palma en Tumaco y el Chocó con la ganadería extensiva en el sur del Cauca y norte del país.

El confinamiento forzado y su particularidad para las comunidades negras como mecanismo de resistencia y autoprotección en el territorio

El CF es una:

[…] modalidad de desplazamiento forzado interno en el que las comunidades continúan en una parte de su territorio, pero perdiendo la movilidad sobre el mismo y en algunos casos la autonomía para poder decidir sobre aspectos básicos de su vida social y cultural. (Auto 005/09, párr. 116)

La Unidad de Víctimas registró 114.102 eventos de confinamiento que afectaron a cerca de 88.204 víctimas de confinamiento. Por su parte, y para el 2021, la Defensoría del Pueblo demostró que en el

[…] primer semestre, se registraron 68 eventos de confinamiento, que obligaron a 36.101 personas, de 192 comunidades, a quedarse dentro de sus territorios. La mayoría de estos eventos, relacionados con el interés de los grupos armados ilegales por los cultivos para uso ilícito, la disputa por el control del narcotráfico y de las rutas de contrabando, y la extracción ilícita de minerales. (Comunicado 96, Defensoría del Pueblo, 2021, p. 1).