Debilidad jurídica de los territorios de los grupos étnicos como evidencia de omisión dolosa del Estado � � � � � � � � � � � � � � � �

civiles, al tiempo que se legalizan los procesos de despojo y se consolidan capitales obtenidos durante el conflicto.

Debilidad jurídica de los territorios de los grupos étnicos como evidencia de omisión dolosa del Estado

La cooptación del Estado por parte de pequeños grupos racistas, que promueven ideologías racistas con fines económicos, es también evidente en la sistemática negación de derechos para otros grupos, cuando estos derechos riñen o amenazan los intereses de los factores reales de poder que controlan el Estado y sus instituciones. La Ley 70 de 1993 y su implementación a través del Decreto 1745 de 1995 pone luz sobre este asunto.

El Estado colombiano es signatario del Convenio 169 de la OIT, con lo que se ve obligado a garantizar el derecho de propiedad y posesión de las tierras que ocupan, así como el acceso a aquellas que utilizan de alguna manera (Parte II Tierras, Convenio 169 – OIT/1989). En el caso de las comunidades del pueblo negro, esta obligación internacional se materializa, al menos en lo legal, en el decreto 1745 de 1995 que reglamenta el capítulo 3 de la Ley 70 de 1993. 30 años después de la expedición de esta norma aún hay comunidades a las que les ha sido imposible gozar del derecho a la propiedad y muchas, pese a tener el título de propiedad, no han podido acceder a la posesión efectiva de sus territorios. Tal es el caso de las comunidades del consejo comunitario la Gloria y la Esperanza en Buenaventura, entre otros presentados en el informe CONPA-CEV (2021), explicados ampliamente en el capítulo sobre casos territoriales.

De acuerdo con el informe de CONPA (2021), a fecha del 2020 la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reportó que 204 títulos

han sido expedidos como medida de protección legal de los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades negras en Colombia. Estos títulos integran un total de 5.733.003 ha, lo que corresponde a una partición del 5 % de la extensión territorial del país. Esto es un fuerte indicador de la negación del derecho, si se considera que esta población corresponde aproximadamente al 15 % del total nacional y que, debido a la Ley 70, tendría que haberse titulado, teniendo en cuenta datos del World Wildlife Fund (2017), como mínimo, cerca de 10 millones de hectáreas —tan sólo en la región del Pacífico—.

La negación del derecho, los lentos procesos de titulación y los procesos de desposesión luego de la adjudicación de los títulos, son indicadores claves de la resistencia a la protección de los derechos territoriales de las comunidades negras en el país.

Pese a esto, se ha convertido en tema de discusión a nivel nacional las cinco millones de hectáreas de tierras tituladas a los afrocolombianos. Terratenientes articulados al partido de gobierno de los últimos 20 años niegan haber concentrado la propiedad, tal y como lo sostienen informes oficiales de entidades competentes y centros de investigación, al tiempo que señalan a las comunidades negras e indígenas como los terratenientes del país. Lo anterior evidencia la persistencia del racismo institucional como expresión de la instrumentalización del Estado en la negación sistemática de derechos orientada a facilitar la desposesión.

Combatiendo a las mujeres negras como objetivo militar

La vida de las mujeres y el pueblo negro afrodescendiente ha estado atravesada por un continuum violento, enmarcado

en discriminaciones de raza, género y etnia dentro de una matriz de poderes que han sustentado el devenir de sociedades procapitalistas como la colombiana. Este continuum violento tiene, actualmente, un propósito genocida.

Al analizar las violencias desde la experiencia étnica (como pueblo), y de género en perspectiva étnica (como mujeres racializadas/engenerizadas, parte de un pueblo), se develan patrones que dieron origen a la configuración de un sistema de género y una racionalidad “blanca-mestiza”, fundamentados en la deshumanización, mercantilización y la cosificación de las mujeres y hombres negros (Hernández Reyes, 2018), que determina ese continuum histórico violento con sus orígenes en el proceso de la trata transatlántica y esclavización, reproducido sistemáticamente por relaciones interseccionales de poder que tácitamente sirven a los intereses del capital.

Para el caso de las mujeres descendientes de África en Colombia, el orden social que las ubica en un lugar de deshumanización no es sólo de carácter patriarcal binario-heterosexual, es también de carácter racial. En este sentido, de la misma manera en que se las ha racializado, se las ha “engenerizado” (generalidad de codificación desde el género como una subcategoría), poniéndolas en el lugar más vulnerable en la escala de colonialidad de la violencia. En esta perspectiva, las Violencias Basadas en Género (VBG) juegan como instrumento dentro de las acciones del genocidio, a partir de la implementación de diferentes estrategias, desde las diversas formas de violencia sexual hasta las formas menos evidentes, pero igualmente brutales, de la violencia económica, ambiental, cultural, que no sólo se enfocan en sus cuerpos físicos, sino también en las características vitales de su constitución identitaria y de agencia.

En el marco del autorreconocimiento como pueblo, componentes como el territorio, la comunidad, la familia, las tradiciones, valores y prácticas culturales ancestrales, el conocimiento y sus formas de producirlo, transmitirlo y cuidarlo, la espiritualidad como componente articulador y armonizador, son todos constituyentes identitarios de las mujeres negras afrodescendientes. Por lo tanto, cualquier afectación a uno o varios de ellos afectará las necesidades fundamentales para el buen vivir, los derechos fundamentales para el ejercicio del ser autónomo en libre determinación y la unidad del ser en su identidad individual y colectiva.

Es por esto que, en el momento en que las negras toman relevancia como mujeres negras afrodescendientes, se colocan también ellas en el centro del proceso libertario, al igual que dentro del ojo del terror ontológico del sistema. La violencia sobre los cuerpos de las mujeres se encarga de recordar que las pretensiones de movilidad hacia la zona del ser en libre determinación son una audacia que no les será permitida. Violar, mutilar, asesinar los cuerpos que reproducen la vida es una forma de establecer un control totalitario sobre la existencia y cualquier posibilidad de acceder al ser en libre determinación. Todas las formas de violencia contra las mujeres negras afrodescendientes tendrán entonces un efecto directo en las condiciones de existencia y pervivencia del pueblo negro afrodescendiente, por lo que es posible establecer la afirmación de que cualquiera, o todas las formas de violencia contra ellas, tienen directa o indirectamente un impacto genocida.

Durante la esclavización fueron plenamente documentadas las formas de brutalización de los cuerpos de las mujeres africanas y las renacientes esclavizadas. Éstas formas de violentar

con crueldad sus cuerpos, de las que dan cuenta informes, testimonios y documentos, producidos por diversas fuentes para evidenciar lo sucedido durante el llamado conflicto armado interno, son estrategias de terror con función de vaciamiento (Vergara, 2014) del ser en libre determinación, (su ser mujer y su ser afrodescendencia), como acto calculado para mantenerlas vacías de poder, y mantener el control, literalmente vaciando sus cuerpos: abriendo sus vientres preñados, violando y empalando, mutilando sus partes sexuales para no dejar nada que pueda reproducir la osadía de ser, de la misma manera que a los territorios se los explota y se extrae de sus entrañas todo lo que tienen, dejando sólo aridez y desolación, un vaciamiento.

Estas atrocidades se cometen contra cuerpos y territorios racializados, codificados en el campo del no-ser, legitimados en los imaginarios recreados por el racismo liberal discursivo moderno y los intereses generales del capitalismo neoliberal colombiano, para aniquilar cualquier intención de existencia humanizada y politizada que permita el establecimiento de su condición como pueblo.

El alcance destructivo de la imposición colonial en las mujeres y sus cuerpos-territorios, hace instrumental el sometimiento, tanto de hombres como de mujeres, ubicados en la zona del no-ser en el sistema de género/colonial/moderno. La colonialidad del poder y la modernidad ordenan las disputas por el control para ejercer el dominio y la opresión capitalista de donde provienen la racialización y la engenerización a partir de la cual, hombres y mujeres africanos/as y sus renacientes en la diáspora, fueron deshumanizados/as. Racialización y engenerización son, pues, dos procesos cruciales de colonización y sostenimiento de las condiciones propias de la colonialidad,

que dejan como consecuencia la pérdida del ser en libre determinación, pérdida que significa genocidio.