Generación de ingresos

Conclusiones

▶ La PvdF ha sido tradicionalmente una de las poblaciones más vulnerables del país. Las tasas de pobreza y pobreza extrema han sido 1,6 y 2,7 veces, respectivamente, las tasas promedio de la población total del país.

▶ Como consecuencia de la pandemia y de las medidas tomadas para enfrentarla, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron en forma sin precedentes en Colombia, especialmente en zonas urbanas, donde se encuentra ubicada la mayor parte de la población desplazada del país. Es entonces de esperar que la crisis haya golpeado de manera particularmente fuerte a esta población, como se hace evidente en la percepción de pobreza declarada en un estudio exploratorio realizado por la CsPPdF (2021), según el cual el 18,9 % de los encuestados se consideraba muy pobre y un 63,2 % adicional se consideraba pobre.

▶ Al respecto, vale la pena señalar que el Conpes 4031 de 2021 advierte como uno de los principales problemas el insuficiente acceso de las víctimas de desplazamiento forzado a los derechos que les permitan su estabilización socioeconómica y presenta una estimación de la pobreza de esta población, según la cual el 63 % de los hogares estarían por debajo de la línea de pobreza y el 23 % por debajo de la línea de pobreza extrema.

Asimismo, menciona como uno de los problemas la falta de información para identificar con mayor precisión las necesidades de los individuos, su ubicación y sus capacidades, de manera que se pueda brindar una oferta adecuada y oportuna.

▶ El estudio de la CsPPdF (2021) reseña graves afectaciones en materia de pérdida de empleo y de otras fuentes de generación de ingresos, así como dificultades para encontrar unos nuevos empleos un año después de declarada la emergencia, consecuentes con una fuerte caída en los ingresos entre 2020 y 2021. Aunque la adopción de apoyos

gubernamentales monetarios no condicionados fue una política pública en la dirección acertada, resultaron claramente insuficientes en términos de su cuantía mensual y de su reducida cobertura, en la medida en que cerca de una tercera parte de los hogares no recibió ninguna ayuda gubernamental.

▶ Uno de los resultados más críticos de la caída del ingreso de los hogares es el aumento de la inseguridad alimentaria. Durante el primer año de la pandemia, 21,2 %de los hogares solo consumió en promedio una comida al día, 56,6 % solo dos y 21,4 % las tres. Esto tiene consecuencias de largo plazo en el desarrollo especialmente de los niños y niñas.

▶ A pesar de las órdenes de la Corte Constitucional en el sentido de replantear por completo la política de generación de ingresos para la población desplazada, esto solo se ha realizado en forma parcial. Aunque hay medidas para el acceso focalizado o prioritario a los programas generales de generación de ingreso, vía empleabilidad o emprendimiento, así como a programas de capacitación, esto se traduce en un sinnúmero de programas sin conexión clara, que no tienen una adecuada articulación institucional que permita al propio gobierno y a la PvdF conocer la ruta de acceso y los efectos esperados.

Recomendaciones

Renta básica incondicional

▶ La situación de la población desplazada en materia de pobreza y pobreza extrema es incompatible con el goce efectivo de derechos (ged). Los indicadores de superación del eCi en cuanto a ingresos son la no existencia de pobreza extrema y un porcentaje de pobreza monetaria que no supere el del conjunto de la población9 . Es urgente aprobar

9 Aunque no es claro el porcentaje de población víctima de desplazamiento forzado que hoy se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema, este oscilaría entre un 23 %, calculado por el gobierno, y un 40,8 % si se hubieran mantenido las relaciones entre población total y población desplazada existentes en 2013. Esto equivaldría

un programa de renta básica para la PvdF que se encuentre por debajo de la línea de pobreza, como transferencia incondicional, que complementaría otros programas de apoyo a la población desplazada. El monto propuesto de la transferencia es de $ 881.557 al mes para los hogares en pobreza extrema y de $ 507.652 al mes para los hogares en pobreza no extrema (Garay & Espitia, 2021).

La tabla 1 muestra los cálculos para dos estimaciones de pobreza y pobreza extrema, suponiendo un promedio de 4 personas por hogar y 8.219.403 desplazados a enero de 2022.

tAblA 1. estimAcioNes de pobrezA y pobrezA extremA pArA 2022

Pobreza

Valor transferencia por hogar $ (1) Gobierno Nacional (2) Otra estimación (3)

% Hogares Valor

(miles de millones de $) % Hogares Valor

(miles de millones de $)

63,0 1.294.556 833,9 68,0 1.397.299 1022,8

Pobreza extrema 881.557 23,0 472.616 416,6 40,8 838.379 739,1

Pobreza no extrema 507.652 821.940 417,3 558.919 283,7

(1) Cálculo de Garay & Espitia (2021). (2) Documento Conpes 4031 de 2021. (3) Se mantiene relación de 2013.

El costo total oscilaría entre $ 833,9 y $ 1.022,8 miles de millones por mes. En un año ello representaría entre $ 10,6 y $ 12,2 billones

a un total de entre 1.890.462 y 3.353.516 personas, si se toma como cifra de total de desplazados las 8.219.403 registradas por el ruv, con corte a enero de 2022. En cuanto a la pobreza monetaria total, las cifras oscilarían entre un 63 % reportado por el Gobierno Nacional y un 68 % de mantenerse en 2020 las relaciones entre población total y población desplazada existentes en 2013. Esto significa un total de 5.178.223 personas en el primer caso y 5.589.194 en el segundo.

anuales, lo que en términos de Pib ($ 1.177 billones en 2021) equivaldría entre el 0,9 % y el 1,03 % del Pib. De esta cifra habría que descontar los pagos que ya se hacen por otros programas de subsidios, como Familias en Acción, Colombia Mayor, etc., que podrían equivaler a más de 0,4 % del Pib al año para la PvdF.

Programa de empleo y generación de ingresos incluyente

▶ A pesar de la reactivación de la economía en 2021, es claro que no ha habido una respuesta de igual magnitud en la recuperación del empleo, especialmente urbano. La integración laboral de la PvdF ha sido difícil, lo cual se traduce en bajas tasas de participación laboral y altas tasas de empleo informal que afectan en mayor proporción a las mujeres víctimas. Asimismo, muchas micro y pequeñas empresas se vieron aún más afectadas por la crisis generada por la pandemia.

▶ Se propone, entonces, la creación de un programa de empleo financiado estatalmente que integre a la población desplazada —aunque no únicamente— a la realización de un conjunto de obras o al desarrollo de un conjunto de labores que, al tiempo que provean de ingresos a la población, también: 1) contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida —empleos en obras de infraestructura, construcción y mejoramiento de vivienda y sus entornos, obras destinadas a fomentar la externalización de la economía del cuidado—; 2) presten servicios sociales a la propia población desplazada o a otra población vulnerable —salud, educación, cuidado de niños y acompañamiento de adultos mayores—; 3) contribuyan a la recuperación del tejido económico y empresarial — empleos que contribuyan a la recuperación de micro y pequeñas empresas o pequeños emprendimientos con vocación de permanencia—; 4) favorezcan el cumplimiento de objetivos de desarrollo rural y de reconstrucción en los municipios más afectados por el conflicto armado, y 5) aporten al cuidado del ambiente y la seguridad ambiental.

▶ Para garantizar su éxito se debe convocar al sector empresarial agroindustrial, industrial y de logística, a fin de poner en marcha emprendimientos con riesgo compartido, así como apoyar al Estado

en la generación de empleos de última instancia. Debe resaltarse que acompañar y asesorar al desplazado es una función del Estado. Adicionalmente, se debe buscar la articulación de estos proyectos con los incentivos existentes para las medianas y pequeñas empresas, con políticas públicas como la de desarrollo rural y de la economía del cuidado, en cinturones o corredores territoriales en donde ocurre el desplazamiento forzado y en los principales lugares de llegada.

▶ El acceso de la población desplazada a la oferta orientada a la generación de empleo debe incluir un componente de acompañamiento laboral, puesto que el mero acceso a la oferta es insuficiente. Igualmente, la oferta que se brinde debe responder a las características y potencialidades de la región para incrementar la sostenibilidad (Carrillo, 2022, p. 49).

Programa de capacitación especialmente dirigida a mujeres y jóvenes desplazados

▶ En el mediano y largo plazo, la educación de calidad y la capacitación en actividades laborales modernas, en estricta complementación con activas políticas sociales de ingreso, empleo, salud, protección y vivienda, entre otras, contribuyen a garantizar una mejor inclusión laboral e integración local de la población desplazada. Un desplazamiento de muchas décadas como el colombiano hace cada vez más difícil encontrar soluciones duraderas con el retorno o la reubicación rurales de buena parte de la población desplazada, más aún cuando las dinámicas de violencia en los territorios no han cesado.

Pensión solidaria para las personas mayores

▶ El envejecimiento de la población es una realidad. Según datos del ruv, en 2018 un 10 % de la población víctima del conflicto tenía más de 59 años de edad. Se estima para esa fecha que un total de 667.517 personas desplazadas tenía más de esa edad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). La cobertura pensional es baja para el conjunto de la población y más aún para los más pobres y vulnerables. La cobertura y el

monto recibido de programas como Colombia Mayor también son bajos, a tal punto que no alcanzan a igualar la línea de pobreza, ni siquiera la de pobreza extrema10 .

▶ Aun si no se adopta una política de renta básica incondicional para toda la población desplazada bajo la línea de pobreza monetaria, como se detalló anteriormente, se propone la creación de un programa de pensión solidaria para las personas desplazadas mayores de 59 años de edad, que les permita superar por lo menos el nivel de pobreza. Esto implicaría reformas a los actuales programas de apoyo a la población mayor, como Colombia Mayor o los beneficios económicos periódicos (bePs). Igualmente, es necesario definir mecanismos de financiación, puesto que se trata de gastos recurrentes durante largos periodos de tiempo.

▶ El costo mensual de cubrir al total de la población víctima que en 2018 tenía más de 59 años (hoy en día más de 64), mediante una pensión solidaria por el valor de la línea de pobreza, ascendería a $ 192.678 millones —equivalente a 0,2 % del Pib al año—, una vez descontado el valor del subsidio de Colombia Mayor para aquella población que hoy ya lo recibe. Si la pensión cubriera solamente la línea de pobreza extrema, el costo mensual sería de $ 68.063 millones.

10 En 2020, el valor de la línea de pobreza ponderada a nivel nacional alcanzó $ 331.688 y la de pobreza extrema, $ 145.004. El pago mensual de Colombia Mayor es de $ 80.000.

En 2020 se atendieron 359.120 personas víctimas en el programa Colombia Mayor (dnP, 2021, p. 29), esto es, el 54 % de la población mayor.