Introducción

L

a Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento

Forzado (CsPPdF) es una iniciativa de la sociedad civil de carácter autónomo, constituida en 2005, que tiene como mandato velar por los derechos de la población desplazada por el conflicto armado interno (Anexo). Esta tarea la realiza por encargo de la Corte Constitucional mediante Auto 109 de 2007, en su carácter de acompañante permanente y veedora del proceso de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (eCi) de la población en situación de desplazamiento forzado por el conflicto interno (Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004).

En desarrollo de este objetivo y aclarando que la CsPPdF no representa a la población desplazada ni a sus organizaciones, presenta a los candidatos a la Presidencia de la República para el periodo 2022-2026 el documento titulado Un futuro para las víctimas del conflicto armado en Colombia: recomendaciones de política pública, que contiene las principales conclusiones derivadas de los 18 años de existencia de dicho Estado de Cosas y de los 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Asimismo, presenta un conjunto de sugerencias para que, al finalizar la vigencia de la prórroga de dicha ley en el 2031, se haya superado el Estado de Cosas Inconstitucional.

La CsPPdF considera que este es uno de los principales desafíos que enfrenta el país en los próximos años, teniendo en cuenta que 9.250.453 víctimas del conflicto interno (19,2 % de la población total colombiana) están inscritas en el Registro Único de Víctimas (ruv), de las cuales 8.231.887 (17,1 %) corresponden a población desplazada. Además, de acuerdo con la información más reciente de víctimas incluidas en la base del Sisbén IV con corte a enero de 2021, el Gobierno Nacional señaló:

La población desplazada es un 19,6 % más pobre monetariamente en comparación con la población general y un 11,28 % más se encuentra en pobreza extrema (el 23,75 % de los desplazados se encuentran bajo la línea de pobreza extrema). Lo anterior evidencia un mayor nivel de vulnerabilidad económica de la

población que ha sido víctima de desplazamiento forzado en comparación con la población general.

Por su parte, el Conpes 4031 de 2021 señala como uno de los principales problemas el insuficiente acceso de las víctimas de desplazamiento forzado a los derechos que les permitan su estabilización socioeconómica, y estima que el 63 % de los hogares pertenecientes a esta población estarían por debajo de la línea de pobreza y el 23 % por debajo de la línea de pobreza extrema.

De esta forma, y por las razones anotadas, la CsPPdF considera que resulta fundamental para el desarrollo económico y social del país que el próximo gobierno otorgue una alta prioridad a la política social con un acentuado énfasis en las víctimas del delito de desplazamiento forzado.

En este contexto, es necesario resaltar que para avanzar decididamente en tal propósito se ha de consolidar un verdadero sistema de verdad, justicia, reparación integral y de garantías de no repetición —con la imputación y juzgamiento de los máximos responsables, la valoración de los daños acaecidos y la adecuada reparación a las víctimas por la vía judicial y la administrativa, entre otros—, como condición necesaria para la construcción de una paz sostenible y una inquebrantable justicia social a favor de las víctimas en el país.

A esta condición necesaria se suma el requisito adicional de que los próximos gobiernos tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a los objetivos de la Ley de Víctimas antes de la finalización de su prórroga en el año 2031, lo que implica la asunción de compromisos y esfuerzos no interpuestos efectivamente hasta ahora en el país.

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la política pública de víctimas relacionadas con los componentes de prevención y protección, financiación, ayuda humanitaria, educación, vivienda, generación de ingresos, restitución de tierras, protección de tierras, indemnización y reparación colectiva.