Un futuro par a l as víctimas del conflicto armado en Colombia
población que ha sido víctima de desplazamiento forzado en comparación con la población general.
Por su parte, el Conpes 4031 de 2021 señala como uno de los principales problemas el insuficiente acceso de las víctimas de desplazamiento forzado a los derechos que les permitan su estabilización socioeconómica, y estima que el 63 % de los hogares pertenecientes a esta población estarían por debajo de la línea de pobreza y el 23 % por debajo de la línea de pobreza extrema. De esta forma, y por las razones anotadas, la CSPPDF considera que resulta fundamental para el desarrollo económico y social del país que el próximo gobierno otorgue una alta prioridad a la política social con un acentuado énfasis en las víctimas del delito de desplazamiento forzado. En este contexto, es necesario resaltar que para avanzar decididamente en tal propósito se ha de consolidar un verdadero sistema de verdad, justicia, reparación integral y de garantías de no repetición —con la imputación y juzgamiento de los máximos responsables, la valoración de los daños acaecidos y la adecuada reparación a las víctimas por la vía judicial y la administrativa, entre otros—, como condición necesaria para la construcción de una paz sostenible y una inquebrantable justicia social a favor de las víctimas en el país. A esta condición necesaria se suma el requisito adicional de que los próximos gobiernos tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a los objetivos de la Ley de Víctimas antes de la finalización de su prórroga en el año 2031, lo que implica la asunción de compromisos y esfuerzos no interpuestos efectivamente hasta ahora en el país. A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la política pública de víctimas relacionadas con los componentes de prevención y protección, financiación, ayuda humanitaria, educación, vivienda, generación de ingresos, restitución de tierras, protección de tierras, indemnización y reparación colectiva.
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