Retiro

Nuestros adultos mayores merecen, más que cubrir sus necesidades básicas, poder gozar de una mejor calidad de vida y una mayor productividad.

Radiografía

Los sistemas de retiro del Gobierno, que incluyen a los empleados del ELA, los maestros y la judicatura, quedaron insolventes en 2017 cuando el Gobierno tuvo que radicar quiebra bajo el Titulo 3 de PROMESA. El déficit actuarial rondaba los $50 mil millones. A pesar de varias reformas realizadas, entre ellas la aprobación de la Reforma 2000 y la Reforma del 2013, donde parte de los empleados pasaron de un plan de beneficio definido a uno de contribución definida, el colapso de los sistemas no se pudo contener.

Las razones para dicho colapso fueron varias: planes diseñados en el pasado cuando la expectativa de vida era más baja que por años no fueron enmendados, aportaciones del Gobierno que no eran suficientes para cubrir las obligaciones, multitud de leyes de retiro temprano que pusieron aún más presión en los planes, entre otras. Los activos de los planes no fueron suficientes para pagar las pensiones que se proyectaban.

Dado lo anterior, se liquidaron los activos de los sistemas y el Gobierno se movió al modelo de “paygo”, donde anualmente se presupuesta el pago de las pensiones. También se creó un plan de aportaciones definidas (cuentas estilo 401(k)) por la Ley 106-2017 que reconstituyó los Sistemas de Retiro.

A pesar de que en recientes enmiendas aprobadas para lidiar con el problema se aumentaron las pensiones mínimas, aún hay retirados del gobierno con pensiones de alrededor de $500 mensuales. Esto como sabemos, no es suficiente y no representa un retiro digno para nuestros empleados.

Por otro lado, como parte de la reestructuración de la deuda bajo PROMESA, los retirados se consideran acreedores no asegurados del Gobierno, al igual que otros bonistas. Debido a esto, como parte del Plan Fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal ha incluido una disminución de un 8.5%, a las pensiones de más de $1,200.

Nuestra Administración se opondrá a cualquier disminución en las pensiones. Entendemos que aún la cantidad de $1,200 es una sumamente baja, esto tomando en cuenta, entre otros, los aumentos que vemos en servicios médicos, medicinas y otras necesidades de nuestros retirados.

Objetivo

1. Asegurar el pago de las pensiones de nuestros retirados a través del envío puntual de las aportaciones para realizar el pago pay-go. 2. Evitar reducciones a las pensiones como parte de la reestructuración de la deud. 3. Evolucionar paulatinamente del programa pay-go a la creación de un fondo de retiro que garantice el pago de las pensione. 4. Mejorar las pensiones de nuestros retirados .

Estrategias

1. Discutiremos con la Junta de Supervisión Fiscal otras opciones para sustituir cualquier reducción de las pensiones. 2. Analizaremos alternativas para gradualmente movernos del plan pay-go a un fondo de retiro que garantice el pago a nuestros pensionados.

Como parte de los acuerdos negociados con los acreedores de COFINA, la obligación se redujo a un 53.65% del 5.5% del IVU hasta un máximo de $420 millones en el año 2019 ($454 millones en el año 2021). Esta cantidad aumenta 4% anual hasta alcanzar $992.5 millones en el año 2058. Esto significa que poco más de la mitad del 5.5% del IVU se utilizará para el pago de COFINA y la diferencia ingresa al fondo general. Una alternativa es que parte de esa diferencia se utilice para crear un fondo para el pago de las pensiones. 3. Estudiaremos alternativas para, una vez el

Gobierno haya completado la reestructuración de la deuda, haya salido de la quiebra y su situación financiera esté estable, consideraremos establecer un “cost of living allowance” o COLA a ser provisto a nuestros pensionados. El sistema tomará en cuenta diversos factores, entre ellos la cantidad de la pensión

Indicadores Clave de Desempeño

1. Porciento de entidades gubernamentales que cumplen a tiempo con su responsabilidad de hacer. las aportaciones para el pago de las pensiones 1. Monto acumulado en el fondo de reserva para pagar pensiones en el futur.