Junta de Supervisión Fiscal

supervisión fiscal

Radiografía

Durante el verano del 2016 el Congreso de los Estados Unidos, con la ayuda del Departamento del Tesoro federal, aprobó la ley conocida como PROMESA para darle a Puerto Rico un régimen de quiebra, esto debido a que Puerto Rico fue excluido del Título 9 del Código de Quiebra Federal, que permite a las ciudades buscar protección contra acreedores en un proceso de reestructuración de deuda.

PROMESA inclusive, es más amplia que el Título 9. Bajo éste, solo las ciudades y entidades públicas pueden radicar quiebra, sin embargo, los estados no están incluidos. PROMESA, basándose en la cláusula territorial de la Constitución americana, permite que los territorios, incluyendo a Puerto Rico, tengan un marco de referencia (framework) legal para reestructurar sus deudas y así poder lidiar con sus problemas financieros. La ley contempla dos procesos: uno en consenso con los acreedores, y otro presidido por un juez con una paralización automática de las gestiones de cobro por parte de los acreedores y la redacción de un plan de ajuste de la deuda.

En el 2015, Puerto Rico tuvo que notificar a los mercados que no podía pagar la deuda pública que había emitido, esto debido a la grave crisis fiscal por la que atravesaba. Esta realidad no surgió en el 2015, sino que fue el resultado de la acumulación de varios factores a través de los años, entre ellos:

El Gobierno central llevaba años cerrando sus presupuestos operacionales con déficits fiscales, gastando más de lo que recaudaba durante el año. En parte, para cubrir estos déficits operacionales

y proveerle liquidez al Gobierno central se emitió deuda, hasta el punto en que en los años más recientes el crecimiento de la deuda llegó a ser mayor que el crecimiento de la economía.

Por más de una década, la economía de Puerto Rico no tuvo crecimiento según muestran los indicadores de la Junta de Planificación. Esta situación causó una baja en recaudos por concepto de contribuciones, exacerbando el déficit.

Los sistemas de retiro tenían una deuda a los pensionados mayor que los activos con los que contaba, lo que representaba un déficit actuarial de cerca de $50 mil millones. Debido a esta situación, en la actualidad se utiliza el mecanismo de pay-go.

Dentro de esta difícil situación financiera es que PROMESA es aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. La legislación, si bien ayudó al Gobierno de Puerto Rico a comenzar el proceso de reestructuración de la deuda que había sido declarada impagable, también le impuso al Gobierno una Junta de Supervisión Fiscal, nombrada por el Presidente de los Estados Unidos, que le quitó al Gobierno el control de sus finanzas en muchas instancias. Si bien es cierto que no estamos de acuerdo con la imposición de esta Junta, también es cierto que Puerto Rico necesita moverse hacia adelante y no seguir gastando recursos combatiendo las decisiones de la Junta en los tribunales. Tenemos que agilizar las gestiones para concluir las negociaciones con los acreedores para reestructurar la deuda, lograr 4 años fiscales con presupuestos balanceados y acceder a los mercados de capital a tasas razonables. Solo logrando estas metas podremos enderezar nuestras finanzas públicas y dar por terminado el rol de la Junta.

Objetivo

Lograr los propósitos de PROMESA: 4 presupuestos operacionales balanceados, reestructuración de la deuda y acceso a los mercados financieros a tasas razonables. De igual forma, alcanzar la salud fiscal del ELA para así promover el desarrollo de la economía, la creación de empleos y la prestación de los servicios esenciales a los puertorriqueños.

Estrategias

1. Nos reuniremos con la frecuencia que sea necesaria con la Junta de Supervisión Fiscal y su Directora

Ejecutiva, para planificar con fechas específicas los procesos de renegociación de deuda, y darle celeridad a los mismos. 2. Revisaremos el Plan Fiscal 2020 para validar los indicadores económicos utilizados y determinar su razonabilidad, de forma que la cantidad indicada para el pago de la deuda reestructurada sea una cantidad que el Gobierno pueda pagar, evitando así una segunda vuelta de reestructuración. 3. Revisaremos detalladamente la razonabilidad de las propuestas de reestructuración que aún están en proceso, incluyendo la de la Autoridad de Energía

Eléctrica y la de las Obligaciones Generales del ELA, incluyendo la deuda de la Autoridad de Edificios

Públicos, entre otras. 4. Realizaremos reuniones con los grupos de bonistas que aún esperan para terminar negociaciones, de forma que podamos retomar las discusiones e impartir la premura que tiene Puerto Rico de concluir este proceso. 5. Discutiremos con miembros del Congreso y del

Departamento del Tesoro federal enmiendas a

PROMESA que propondremos para asegurarnos de que se le devuelvan poderes al Pueblo de Puerto

Rico.